Después de 18 años de fundado el asentamiento campesino El Paraíso se presentan amenazas de desalojo, ya que recientemente patrullas policiales estuvieron rondando la comunidad rural para desalojar a las familias parceleras. Jurídicamente, esta expropiación de la Finca Frank Farah en Venecia de San Carlos está vigente según lo dispuesto por La Gaceta Nº 107 del jueves 5 de junio del 2014 y que está ratificado por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
Es por ello que se remite una solicitud al señor Michael Soto Rojas, ministro de seguridad por parte de la Asociación de Productores del Paraíso, donde se expone todo el proceso legal que se ha llevado a cabo en conjunto con instituciones del gobierno y aparato estatal. Además, se reitera con entero fundamento el decreto N.1490-2020 sobre “disposiciones administrativas para la suspensión de desalojos solicitados por instancias judiciales durante la declaración de emergencia nacional por Covid-19”, esto, con el fin de evidenciar que en estos momentos de crisis sanitaria esta comunidad es doblemente vulnerable.
Adjuntamos la documentación formal anteriormente mencionada:
Señor presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, despachopresidente@presidencia.go.cr
Señora presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Silvia Hernández Sánchez, silvia.hernandez@asamblea.go.cr
Los habitantes costeros de las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas, representados por la abajo firmante Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica (ANHACO), y simpatizantes; expresamos lo siguiente:
Solicitamos respetuosamente convocatoria en urgencia a Sesiones Extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Ley de Protección a las Personas Ocupantes de las Zonas clasificadas como Especiales – Exp. 22.309, el cual ofrece una protección adecuada a este sector vulnerable de la población costarricense.
Deploramos la vergüenza a la que ha sido sometida la población costera (área pública de 50 metros y restringida de 150 metros), zonas fronterizas, y demás zonas especiales; por más de cuarenta años debido a las múltiples interpretaciones legales sobre los derechos de propiedad en las áreas antes descritas dentro del territorio nacional. Situación que es muy preocupante para la imagen y seguridad jurídica del país, así como para los habitantes de esas zonas. Además de la situación histórica que enfrentamos, cargada de incertidumbre por la pandemia.
Se debe dar una protección inmediata a los ocupantes de las zonas clasificadas como especiales, frente a las acciones de desalojo y demolición que buscan algunas entidades públicas, a pesar de que no se ha llevado a cabo el debido proceso de expropiación conforme a la ley, ni se ha realizado correcciones a la caprichosa delimitación topográfica de dichas zonas.
A continuación, añadimos la ley para proteger a las personas ocupantes de las zonas clasificadas como especiales. Expediente 22.309
Alrededor de las 9 a.m. recuperadores y recuperadoras Bribris identificaron el ingreso de maquinaria en la recuperación Kue Bukurkae.
Lunes 8 de marzo del 2021. Aproximadamente a las 9 de la mañana fue identificado el ingreso de maquinaria pesada en la recuperación Kue Bukurkae, a 1 km al este de la entrada al Territorio Bribri de Salitre. Esta recuperación también es conocida como el cañal y fue recuperada por el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre en el año 2014 y la ADI, en ese entonces, otorgó posesión a los y las recuperadoras.
Luego de que el terreno fuera recuperado, familiares de Tahis Vidal -abogada vinculada con terratenientes y condenada por usurpación de Territorios Indígenas en el 2017 – usurparon una parte del terreno. Las usurpadoras son Alejandra Vidal (hermana de Tahis) y su madre.
En la parte usurpada de Kue Bukurka fue donde hoy ingresaron maquinaria pesada para hacer un plano. Quien se apersonó fue Rosa Iris Vargas en compañía de 4 sujetos más, todos reconocidos por ser aliados de personas no indígenas y usurpadoras.
La usurpación e ingreso de maquinaria pesada a las recuperaciones -y en general, en todo el Territorio- es ilegal. Actualmente, este terreno se encuentra en medio de procesos judiciales e incluso el Ejecutivo “lo desalojó” en 2019 y lo otorgó a la ADI según el Plan RTI. Todo ello, faltando a los principios de autogobierno de los Pueblos Originarios y también a los desalojos prioritarios señalados al Ejecutivo por parte del Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre.
Condenamos la usurpación y las acciones de la no indígena Alejandra Vidal y su familia, con el apoyo de Rosa Iris Vargas.
Exigimos al Estado costarricense medidas reales que puedan garantizar nuestra integridad física, vida y la integridad del Territorio Bribri de Salitre. Insistimos en que el Plan RTI no toma en cuenta nuestras necesidades y tampoco reconoce al Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa como Autogobierno de Salitre. Así, trazado el camino la paz no llegará a nuestro Territorio. Paz que es posible únicamente si los usurpadores son expulsados de nuestro Territorio.
Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre
Coordinadora de Lucha Sur Sur Sur.
A través de la Resolución 004-2021-DVUE el Ministerio de Seguridad Pública declara de vulnerabilidad social el desalojo de la recuperación Yuwi Senaglö en el Territorio Cabécar de China Kichá.
Viernes 19 de febrero de 2021. Tras la presión de organizaciones cabécares de China Kichá, defensoras de Derechos Humanos y sociales nacionales e internacionales, el Estado de Costa Rica declaró de vulnerabilidad social el desalojo de Yuwi Senaglö, recuperación de tierra-territorio desde el pasado 28 de septiembre del 2020 en el Territorio Cabécar de China Kichá. Esta resolución se da en acato a una de las demandas presentadas por los y las recuperadoras cabécares de China Kichá.
El 13 de octubre de 2020 el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) Expediente No. 20-000018-1555-AG-1, mediante resolución 48-2020 acogió la medida cautelar solicitada por Miguel Vargas (como parte actora) y ordena el desalojo de las familias recuperadoras Cabécares (como demandadas). Esta resolución fue ratificada el 1 de febrero de 2021 por el mismo Juzgado, ordenando a la Policía de Proximidad de Pérez Zeledón proceder con el desalojo de las y los recuperadores Cabécar. Ambas resoluciones son contrarias al Bloque de Constitucionalidad y son violatorias de los Derechos Humanos del Pueblo Cabécar de China Kichá.
Ante ello, los y las recuperadoras cabécares, junto a la Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá, presentaron el 16 de febrero una solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del desalojo de Yuwi Senaglö. Solicitud que fue presentada en tres momentos distintos, hasta ser la tercera la respondida a conformidad.
Asimismo, los y las recuperadoras cabécares de China Kichá recuerdan que la declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo corresponde a una de sus exigencias. Por lo que sostienen las demandas aún no satisfechas. A saber:
Demandamos que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la integridad territorial del pueblo Cabécar de China Kichá y sin más dilaciones realice los desalojos administrativos de personas no indígenas que ocupan ilegalmente este Territorio y así devolver la totalidad del Territorio al Pueblo Cabécar de China Kichá.
Denunciamos las irregularidades presentadas en el Expediente No. 20-000018-1555-AG-1 que se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).
Solicitamos al Poder Judicial se investigue una vez más el actuar del Juzgador Jean Carlos Céspedes Mora, encargado de dicho expediente y por fin se establezcan las responsabilidades administrativas y penales del caso.
Que el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires actué de acuerdo al orden constitucional y anule la orden de desalojo en el tanto violenta los Derechos Humanos y colectivos del Pueblo Cabécar de China Kichá.
¡NO AL DESALOJO DE YUWI SENAGLÖ! #NoAlDesalojoDeYuwiSenaglö
*Adjuntamos la resolución del Ejecutivo y una fotografía de la entrada de Yuwi Senaglö.
Adjuntamos la publicación en Facebook del comunicado:
La mañana del 20 de enero, 43 familias fueron desalojadas por las autoridades policiales en Las Orquídeas, Puerto Viejo, Sarapiquí. Estas tienen alrededor de 2 años cultivando plátano, yuca, malanga, palos frutales y pese a eso, les botaron los ranchos, lugar en el que estas personas habitaban. Las personas afectadas indicaron que el INDER, institución que debe velar por el desarrollo rural, desaloja a sus familias y les envía a la miseria.
A continuación puede dar click aquí para ver un video compartido con SURCOS por Albino Vargas Barrantes.
Recuperadores Cabécares de China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur con el apoyo de otras organizaciones invitan al foro virtual: «Amenazas de Desalojo contra China Kichá».
El Consejo Universitario hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a levantar la voz en defensa de los pueblos indígenas. (Fotos: www.surcosdigital.com)
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) repudia la orden de desalojo que emitió recientemente el Tribunal Agrario de San José contra varias familias indígenas cabécares de China Kichá de una finca dentro de su propio territorio, en la zona sur del país.
Las tierras estaban ocupadas por personas ajenas a la comunidad y fueron recuperadas hace más de un año por esas familias.
El Órgano Colegiado le reiteró al Gobierno de la República su deber de garantizar la protección y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica, de respetar la legislación nacional e internacional sobre la materia y asegurar que no exista impunidad ante los atropellos y la violencia a la cual se encuentran sometidas estas poblaciones.
Además, le exigió al Gobierno y al Ministerio de Seguridad Pública tomar las medidas necesarias para que la Fuerza Pública no se exceda en sus competencias y se asegure que no existan actos discriminatorios y persecutorios contra las personas indígenas.
El acuerdo del Consejo Universitario contiene también una solicitud al Ministerio Público para que continúe la investigación del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, al considerar que la desestimación y archivo de este caso genera un ambiente de impunidad en las comunidades indígenas.
Para el Órgano Colegiado, “tanto la desestimación y archivo del caso de Sergio Rojas, como la orden de desalojo contra la población indígena China Kichá representan el racismo, la discriminación, la violencia física y simbólica, el asedio y la intimidación que viven los pueblos indígenas en sus territorios”.
Miembros del Consejo expresaron que, por más de 40 años, el Estado costarricense ha sido negligente en su obligación legal de garantizar la territorialidad indígena, de acuerdo con la Ley N.° 6172, de noviembre de 1977, tras el incumplimiento de las promesas de solución que han realizado las últimas administraciones y la inexistencia de una política pública eficiente en la materia.
En reiteradas ocasiones, el Consejo Universitario se ha pronunciado sobre la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como a los homicidios de líderes indígenas y al papel que debe asumir el Estado costarricense, de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.
Este último acuerdo fue aprobado en la sesión N.º 6439, con base en una propuesta presentada por los miembros Valeria Rodríguez Quesada, Madeline Howard Mora, Teresita Cordero Cordero y Carlos Méndez Soto, la cual toma en consideración la solicitud que al respecto presentaron las escuelas de Antropología y Sociología.
Recuperadores y recuperadoras cabécares de Yuwi Senaglö son agredidos físicamente por turba de 20 personas no indígenas
Jueves 08 de octubre 2020. Al ser las 5 a.m. los y las recuperadoras que se encontraban resguardando el corral en Yuwi Senaglö -terreno recuperado desde el 28 de septiembre- fueron atacados por una turba de 20 personas no indígenas. En ese momento, la presencia policial era de apenas 3 efectivos.
Entre las personas identificadas en la turba se encuentran: Beto Hidalgo, Yeudy Garro Vargas -menor edad-, “Gato” Vargas -hermano mayor de Miguel Vargas-, Antonio López y Alejandro Badilla Salazar. Este último -Badilla Salazar- es el peón de Miguel Vargas que se encontraba en la lechería cuando fue recuperado el terreno y al que la Fuerza Pública decomisa 2 armas de fuego.
Efraín Fernández, recuperador cabécar y Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá, es uno de los principales afectados. Beto Hidalgo le provocó una herida en su cabeza. Al ser las 6:30 a.m. Efraín aún no ha recibido atención médica. También se reportan otros golpes a recuperadores con piedras y otros objetos.
Tras el ataque, la turba ingresó a la casa de Miguel Vargas y ahí se mantiene atrincherada. Situación que genera tensión y una alerta temprana ante la posible escalada del conflicto.
Demandamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública a que garantice la integridad física y vida de los y las recuperadoras cabécares. Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado, en el tanto omite llevar a cabo acciones REALES en los desalojos de personas no indígenas en nuestros Territorios.
Organizaciones firmantes: Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö. Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá. Coordinadora de Lucha Sur Sur
Información tomada de la página de Facebook de Coordinadora de Lucha Sur Sur. Compartida con SURCOS por Uriel Roja.
Jueves 8 de octubre de 2020. Después de que a las 5:00 de la mañana, una turba de 20 personas no indígenas, agrediera físicamente a las y los recuperadores cabécar de Yuwi Senaglö en China Kichá y que los agresores se mantienen campantes en la casa del usurpador Miguel Vargas; las organizaciones firmantes le recordamos al Estado de Costa Rica que:
Desde el 29 de setiembre y durante varios días y en repetidas ocasiones, en conversaciones entre el Gobierno, representado por el viceministro de Seguridad Eduardo Solano y las/os recuperadores de Yuwi Senaglö se convino en los siguientes puntos:
– Miguel Vargas y las personas que se encontraban en la casa, no podían salir de la finca y que, si salían del inmueble, no podían volver a entrar.
– Que el Gobierno se comprometía a no permitir la entrada y permanencia de nuevas personas no indígenas al terreno recuperado, ni a la casa.
Demandamos al Estado de Costa Rica:
– Según los acuerdos citados, RETIRE INMEDIATAMENTE A TODOS LOS AGRESORES que ingresaron el día de hoy al terreno recuperado cometiendo varios delitos. Entre estos agresores se encuentra Alejandro Badilla Salazar, a quien el 28 de setiembre se le decomisó un arma de fuego en este lugar. Además, estos agresores no son parte en esta recuperación, ni tienen ninguna relación con la propiedad.
– El Ministerio de Seguridad Pública brinde un informe detallado del ataque del día de hoy contra las/os recuperadores de Yuwi Senaglö y del actuar de la Fuerza Pública.
-Ya que la Fiscalía de Asuntos Indígenas y la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón se encuentran en el Territorio Cabécar de China Kichá, tomen las declaraciones pertinentes y realicen las gestiones necesarias para establecer las denuncias y responsabilidades penales respectivas ante las diversas agresiones sufridas por el Pueblo Cabécar de China Kichá, incluyendo el ataque del día de hoy.
-Demandamos al Estado costarricense y a la Fuerza Pública a que garantice la integridad física y vida de los y las recuperadoras cabécares. Cualquier agresión en nuestra contra es responsabilidad del Estado, en el tanto omite llevar a cabo acciones REALES en los desalojos de personas no indígenas en nuestros Territorios.
Organizaciones firmantes: Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö. Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá. Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Información tomada del Facebook Coordinadora de Lucha Sur Sur.
