Domingo 4 de octubre de 2020. Aproximadamente a las 6:45 de la noche, le prendieron fuego al Kötsíni o Rancho Cultural Comunal, construido por las y los recuperadores Cabécar de China Kichá.
El Kötsíni, se encontraba al costado sur de la plaza del Territorio, a 100 metros del «puesto de control» que mantiene la Fuerza Pública en China Kichá.
Antes del siniestro se observó cerca del Rancho a personas no indígenas y oficiales de la Fuerza Pública; a la par de ese rancho se encuentra un salón que el Pueblo Cabecar amablemente y de buena fe le presta a la Fuerza Pública para que sus oficiales realicen sus necesidades fisiológicas y puedan descansar.
Las organizaciones que suscribimos condenamos estos hechos, que son parte de una campaña sistemática de violencia, organizada por agresores totalmente identificados, que también participaron en los ataques masivos del 7 de marzo y que, hasta el momento, ninguno ha sido procesado judicialmente.
Le recordamos al Estado de Costa Rica, su obligación de garantizar la vida e integridad del Pueblo Cabecar de China Kichá.
Organizaciones firmantes: Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö. Recuperadoras/es Cabécares de Kelpego. Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá. Coordinadora de Lucha Sur Sur.
En un video compartido con SURCOS por el dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) Pablo Sibar comenta acerca del desalojo de Kono Ju y la desestimación del caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz.
Le invitamos a escuchar su exposición:
El video original enviado a SURCOS también puede verse siguiendo este enlace:
– Les acompañan y apoyan personas de otros Pueblos Originarios
Lunes 28 de septiembre 2020. Ejerciendo su derecho humano a la tierra territorio un grupo de 6 familias iniciaron hoy a las 11:26 am la recuperación del terreno «Yuwi Senaglö» que mide 120 hectáreas y está ubicado a un 1 km suroeste del salón comunal.
El terreno era ocupado ilegalmente por Miguel Vargas Mata y anteriormente lo ocupaba la familia cabecar Ramón Ríos Calderón.
Ante la inacción y omisión del Estado de Costa Rica por garantizar el derecho colectivo a la tierra estas familias del Pueblo cabécar decidieron ejercer de forma autónoma este derecho.
Delegadas y delegados de los Pueblos de Salitre, Cabagra, Térraba, Yimba Cajc y Abrojo Montezuma, acompañan esta recuperación.
Los y las recuperadoras de las 5 recuperaciones del territorio de China Kichá manifestamos nuestra oposición a la medida cautelar del tribunal agrario que ordena el desalojo de personas recuperadoras de Kono Jú y consideramos que dicha resolución es contraria a la ley y los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
También expresamos nuestro total repudio y rechazo de la decisión del Ministerio Público de archivar el caso del asesinato por razones políticas del compañero Bribri Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak.
Recordamos al Estado de Costa Rica su obligación y responsabilidad de garantizar la vida e integridad de todos las y los recuperadores de China Kicha y sus acompañantes.
¡No Al Desalojo De Kono Jú! Recuperador@s de Kerpego. Recuperador@s de Kono Jú. Recuperador@s de Sá Sekeirö Kaska. Recuperador@s de Sá Ka Duwé Senagló. Recuperador@s de Yuwi Senaglö. Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), espacio de solidaridad y lucha conformado por distintas organizaciones de Pueblos Originarios y organizaciones sociales campesinas, estamos trabajando en una campaña de solidaridad ante la amenaza de desalojo en Kono Jú, China Kichá, programado para el 28 de septiembre 2020.
El Tribunal Agrario de San José ordenó el desalojo de los y las recuperadoras Cabécar de Kono Jú, pasando por alto que el terreno se encuentra dentro del Territorio Cabécar de China Kichá y, por tanto, pertenece únicamente a este Pueblo Cabécar.
– FOTO: Sube a tus redes sociales una foto sosteniendo un cartel que diga: YO DESDE (lugar desde donde envía el mensaje) DIGO NO AL DESALOJO DE KONO JÚ EN CHINA KICHÁ y utilice el hashtag: #NoAlDesalojoDeKonoJu
– FIRME la petición en línea al Estado de Costa Rica para que detenga el desalojo y se garantice la integridad física y territorial del Pueblo Cabécar de China Kichá y se respete su derecho colectivo a la tierra-territorio. https://bit.ly/2RBgtMk
-El día de ayer, martes 01 de septiembre, la Fuerza Pública realizó un supuesto desalojo en el Territorio Bribri de Salitre y lo entregó a la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre. -El Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa demanda que el terreno sea entregado a su legítima dueña, la Bribri Adelita Delgado Rojas que recuperó ese terreno en el año 2014.
Miércoles 02 de septiembre. El Ministerio de Seguridad Pública ordenó a la Fuerza Pública que el día de ayer, martes 01 de septiembre, realizara un supuesto desalojo en la comunidad de Di Sie -Río Azul- del Territorio Bribri de Salitre. El desalojo, del expediente 3146-14, corresponde a un terreno que fue recuperado en el año 2014, por la Bribri Adelita Delgado Rojas, del Clan Sulariwak. Desde entonces, el usurpador William Arias
Valverde continuaba usurpando una parte del terreno y, según la Fuerza Pública, él no se encontraba en el terreno el día de ayer.
Tras el desalojo, la Fuerza Pública entregó el terreno a la Asociación de Desarrollo Integral y no a su legítima dueña: Adelita Delgado Rojas del Clan Sulariwak. Como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa, organización propia del Pueblo y Territorio Bribri de Salitre, rechazamos la entrega a la ADI de un terreno ya recuperado. Ese terreno pertenece a la recuperadora, Adelita Delgado Rojas.
Ya en reiteradas ocasiones, el Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa ha manifestado su rechazo a la Asociación de Desarrollo Integral en el tanto corresponde a una imposición colonial del Estado, además que la ADI ha ejercido violencia contra el Pueblo Bribri que recupera dignamente lo que le pertenece. La ADI de Salitre no es legítima y tampoco corresponde a una autoridad para el Pueblo Bribri de Salitre.
Reiteramos como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre que la paz al Territorio Bribri de Salitre sólo es posible si las personas no indígenas son expulsadas del Territorio. Para ello, el Ejecutivo debe acatar los desalojos priorizados por el Concejo y no llevarlos a cabo en terrenos que ya han sido recuperados por sus legítimos dueños (as) Bribris.
Consejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre Coordinadora de Lucha Sur Sur ¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
El pasado 9 de agosto, se conmemoraron los 10 años desde aquel triste episodio acaecido en la noche del 9 al 10 de agosto del 2010, en el que se desalojó durante la madrugada con efectivos policiales a líderes indígenas costarricences que habían llegado a la Asamblea Legislativa la tarde anterior. Su petición era muy sencilla: exigir la votación de un Proyecto de Ley sobre Autonomía Indígena y mantenerse dentro de las instalaciones del Congreso hasta que el voto tuviera lugar.
Cabe precisar que este proyecto llevaba 16 años discutiéndose y que los dirigentes indígenas únicamente pedían que se votara, sea en contra, sea a favor.
Una vivencia colectiva dolorosa que sigue marcando profundamente a las comunidades indígenas costarricenses
Sobre algunos detalles de este episodio, referimos a esta nota detallada) del Programa universitario Kioscos Ambientales publicada en el 2010. Salvo error de nuestra parte, no se conoce de un análisis que haya detallado la forma muy peculiar con la que varios medios de prensa costarricenses reportaron este hecho, intentando desacreditar a los dirigentes indígenas (y se sugiere a alguna escuela de comunicación colectiva u otra unidad académica pensar en realizarlo en el futuro si no existe).
De manera a conocer el clima durante el cual se dió la discusión intra muros en aquella tarde del 9 de agosto, remitimos a nuestros estimables lectores al acta de la sesión de la Asamblea Legislativa (véase texto completo). También nos parece oportuno referir a este reciente artículo escrito por uno de los líderes indígenas presentes aquella noche, Pablo Sibar, titulado precisamente «Una década de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa» y cuya lectura completa recomendamos (véase texto completo).
Nótese que este proyecto de ley ha sido mencionado en prácticamente todos los informes oficiales de Costa Rica de cara a las comparecencias ante diversos órganos de Naciones Unidas, a la hora de responder a observaciones que le han hecho los órganos de supervisión sobre la falta de implementación de sus obligaciones internacionales en la materia (Comité de Derechos Humanos, Comité del Pacto DESC, Comité de Derecho del Niño, Comité de la Convención CEDAW sobre la mujer y Comité de la convención CERD – Nota 1).
Con relación a lo sucedido en agosto del 2010 dentro de la Asamblea Legislativa, en este valioso recordatorio publicado hace pocos días, titulado «La persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas costarricenses» y cuya lectura integral también recomendamos (véase texto completo), se puede leer que:
«La respuesta de las autoridades del Congreso no podría haber sido más irónica: ordenaron su desalojo por la fuerza y no votaron el proyecto ni en ese, ni en la siguiente legislatura, para ser finalmente desechado sin justificación clara ni alternativa alguna, a los pocos meses del actual período legislativo (2018-2022).
Con esta experiencia como detonante, se agota para los indígenas la confianza en la institucionalidad pública y en las autoridades políticas, cuya consecuencia inmediata fue la decisión de varios de estos líderes comunitarios y sus familias de iniciar acciones para reivindicar, por la vía de hecho, sus derechos sobre sus propios territorios, mediante las llamadas “recuperaciones” «.
En este artículo publicado hace unos años sobres las distintas luchas emprendidas por las comunidades indígenas en Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que:
«Este desalojo violento marcó la lucha, pues la dirigencia indígena presente decidió que las siguientes acciones de defensa territorial se harían desde los mismos territorios. En este punto, las y los indígenas decidieron retirarse del Valle Central y ejercer la autonomía desde sus comunidades argumentándola desde los marcos jurídicos de la Ley Indígena de Costa Rica N.º 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, en los que se ratifican los derechos territoriales y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos».
Desde entonces, han sido escasas las apariciones de representantes indígenas en el Congreso costarricense, a la vez que las acciones generadas por sus comunidades para recuperar sus territorios han originado un clima de violencia en su contra en algunas regiones de Costa Rica, en particular en una de ellas.
Un errático actuar del Estado costarricense desde el 2010
Este 9 de agosto del 2020, Costa Rica conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con dos dirigentes indígenas de la región de Salitre asesinados en menos de un año (marzo 2019-febrero del 2020): dos hechos sumamente graves, y que se mantienen en una indignante impunidad al no haberse a la fecha identificado a sus autores materiales e intelectuales por parte de las autoridades.
El hecho que ambos líderes fueran objeto de medidas cautelares ordenadas al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde abril del 2015 no hace sino evidenciar la total inoperancia del Estado para resguardar la vida y la integridad física de las personas que defienden los derechos de las comunidades indígenas (Nota 2).
En esta reveladora entrevista a dos dirigentes indígenas costarricenses realizada por LaRevista.cr el pasado 9 de agosto (véase enlace con el audio), se puede escuchar el tipo de percepción que ambos tienen sobre el significado de esta fecha: ninguno encuentra motivo alguno para una celebración.
Foto extraída de nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019
Cabe recordar también que el pasado 2 de julio del 2020, se declaró admisible una petición presentada por la comunidad indígena Terraba contra Costa Rica (véase al respecto nuestra breve nota, titulada «Comunidad indígena Terraba en Costa Rica: Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite petición«).
Iniciativas estatales que «para mí son solo papeles»
En el precitado artículo del líder indígena Pablo Sibar rememorando los 10 años de lo que las comunidades indígenas costarricenses denominan «la arrastrada«, leemos que:
«No entiendo cómo llevamos 10 años y el Gobierno sigue haciendo cosas que se miran muy bonitas, pero yo quiero decirles para mí son solo papeles. Como un Brörán que llevo 40 años de lucha lo que quisiera es escuchar cosas que sean reales, no papeles, no habladas, quisiera que todos los ticos exijan a los Gobiernos que nos den nuestras tierras libres para poder vivir en paz y poder dormir tranquilos, que nuestros territorios, que nuestros hijos, nietos, no sigan llevando el miedo como ese miedo del covid 19 que es lo que vivimos los pueblo indígenas por los terratenientes hace mmmuuucho tiempo«.
Con relación a las iniciativas que regularmente Costa Rica ofrece a los órganos de derechos humanos como prueba de su firme compromiso con los derechos de las comunidades indígenas, podemos señalar que la misma Defensoría de los Habitantes (DHR) de Costa Rica emplazó recientemente al Poder Judicial a brindar explicaciones sobre la falta de acceso a la justicia a personas indígenas, pese a un sinnúmero de mesas redondas, comisiones, subcomisiones, guías y demás publicaciones en el seno del Poder Judicial desde varios años (véase texto completo de carta remitida por la DHR el pasado 29/07/2020 al Presidente del Poder Judicial).
Como se recordará, en julio del 2018, se aprobó la ley 9593 (véase texto) titulada «Acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas«.
Es de señalar que estos y otros cuestionamientos en Costa Rica se dan en un momento en que, en América Latina, los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación mucho mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas, y con un acceso muy limitado a servicios básicos de salud: incluso cuando los hay, la falta de preparación en el abordaje cultural por parte del personal médico desplegado puede llevar a reducir el alcance de las medidas sanitarias. La desatención a la ya crítica situación por parte de las autoridades estatales es latente en diversas latitudes: en mayo del 2020, fue la misma CIDH la que advirtió sobre la situación en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase texto completo). A modo de conclusión
Con o sin pandemia, la deuda histórica que acumula Costa Rica con relación a sus comunidades indígenas se traduce con el paso del tiempo en un despojo paulatino de sus recursos y de sus derechos, siendo el derecho a la tierra su principal reinvindicación, así como el respeto a su cultura. Esta situación es la que ha originado una atención particular sobre lo que ocurre en Costa Rica por parte de diversos órganos de derechos humanos, tanto a nivel de Naciones Unidas como del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Entre por un lado, comunidades indígenas cada vez más decididas a recuperar – con o sin el concurso del Estado – sus territorios y, por otro, órganos de supervisión internacionales cada vez más atentos a lo que en ellos sucede, las diversas iniciativas propiciadas por el Estado costarricense ya no parecen ser suficientes. En un reciente artículo, publicado por el periodista Diego Delfino, al mencionar algunos de los anuncios hechos por las autoridades el pasado 9 de agosto (véase texto completo), el autor señala de una manera que nos parece muy justa que:
«El tema, es que este paso de pie a logros concretos y no al clásico anuncio conmemorativo que después se queda en lo simbólico hasta que llegue… otro anuncio. Tenemos que reconocer que hasta ahora esa ha sido el modus operandi de nuestro país cuando de abordar este tema se trata«.
Notas
Nota 1: En el 2015, se puede leer en la observaciones finales del Comité CERD al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) que:
«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial«.
En el 2016, se puede leer en la observaciones finales del Comité de Derechos Humanos al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) que:
Preocupa al Comité que el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas aún no haya sido aprobado y que aún no se haya adoptado un mecanismo legal que garantice la consulta previa de los pueblos indígenas en relación a la toma de decisiones que pudieran afectar al ejercicio de sus derechos. A pesar del reconocimiento legal del derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, preocupa al Comité la limitada protección al ejercicio de estos derechos en la práctica y que algunos pueblos indígenas hayan sido víctimas de ataques por conflictos de tierra (art. 27).
El Estado parte debe: a) Agilizar la aprobación del proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas; b) Garantizar la celebración efectiva de consultas previas con los pueblos indígenas con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura, en particular en relación con proyectos que puedan tener un impacto sobre sus tierras o territorios y otros recursos, tales como proyectos de explotación y/o exploración de recursos naturales; c) Garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria; d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques«.
Nota 2: Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (que fueron solicitados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena, Jerhy Rivera.
Esta nota fue escrita por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
El modelo que acompaña la idea de un aeropuerto internacional, está totalmente desfasado del nuevo contexto que estamos viviendo en el mundo.
El día 10 de junio, el diputado liberacionista Wagner Jiménez subió un video en su página de Facebook, donde menciona que tuvo una reunión con el Presidente de la República, y que en esta le solicitaba reactivar el proyecto del Aeropuerto Internacional del Sur. Desde hace más de una década se viene hablando de construir un Aeropuerto Internacional en la zona sur de Costa Rica, con el fin de acelerar y atraer el flujo de turistas y mercancías en una zona de histórica vocación agrícola, de conservación ambiental y patrimonio arqueológico, específicamente, en Palmar Sur de Osa.
Éste ha sido un proyecto bastante cuestionado por diversos sectores, tanto de la comunidad nacional como internacional, debido a los posibles impactos sociales y ambientales que una infraestructura de esta magnitud tendría en la zona. En este texto queremos puntualizar los aspectos más preocupantes de este mega proyecto, y por los que fue archivado en el pasado, al mismo tiempo que los actualizamos en este presente pandémico que ha dejado expuesta la vulnerabilidad del actual modelo económico. El Aeropuerto se ofrece como solución de reactivación económica, cuando no es sino una receta fallida que continúa reproduciendo este modelo desfasado que ha maximizado sus consecuencias negativas durante esta crisis económica y sanitaria. Estos puntos son:
Para hacer el Aeropuerto deben desalojar cientos de familias rurales y campesinas.
Como bien se ha dicho en años anteriores, este Aeropuerto se pretende construir en las comunidades llamadas Finca 8, Finca 9, Finca 10 y Finca 11. A pesar de que sus nombre nos pueden hacer pensar que estos son espacios inhabitados, se trata de comunidades rurales ubicadas en Palmar Sur de Osa, las cuales fueron parte de la unidad de producción de banano de la Compañía Bananera de Costa Rica (subsidiaria de la United Fruit Company). Estas fincas están habitadas por cientos de familias rurales y campesinas, las cuales trabajan la tierra bajo distintas modalidades productivas. Muchas de las familias que viven en las Fincas han manifestado su total rechazo ante este proyecto, a través de distintos mecanismos legales y de protesta. Algunas de estas Fincas pertenecen a instituciones como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), en el caso de Finca 10, y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) en el caso de Finca 9. La gran pregunta que despierta la reactivación de este proyecto es ¿Qué va a pasar con todas estas familias? ¿Serán desalojadas o serán reubicadas? ¿Por qué nunca se ha mencionado algo al respecto de esta situación por parte de Aviación Civil?
Este aeropuerto estaría ubicado dentro de la zona más importante de emplazamiento de las esferas de piedra precolombinas, las cuales fueron declaradas Patrimonio Arqueológico de la Humanidad por parte de la UNESCO.
En el año 2007, un titular en el periódico La Prensa de Honduras decía “El presidente anuncia nuevo sitio para aeropuerto en Copán” (Ensemble. 05/07/2020). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró a Copán Ruinas como Patrimonio de la Humanidad en el año 1982, esta organización rechazó la idea del gobierno hondureño, de construir un aeropuerto internacional a catorce kilómetros del Parque de Copán Ruinas, debido a que la vibración de los aviones podría dañar los sitios arqueológicos, como efectivamente ocurrió.
En el caso del Aeropuerto Internacional del Sur, este se encontraría prácticamente en medio de varios sitios arqueológicos, también declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014. Se trata de los sitios Finca 6, Batambal, Grijalba y El Silencio, ubicados en el cantón Osa, donde se encuentran las esferas de piedra precolombinas. Como bien lo dice la experta Ifigenia Quintanilla, estas esferas de piedra son una clara evidencia del trabajo colectivo que realizaban los pueblos originarios del Pacífico Sur de Costa Rica (Quintanilla, I., 19/06/2016).
La situación vivida hace más de 13 años en Copán Ruinas, es exactamente la misma que la de este aeropuerto del sur. ¿Se le ha consultado su opinión a la UNESCO sobre este proyecto? ¿Se han valorado los impactos que este megaproyecto traería para estos sitios arqueológicos?
Se ubicaría en una llanura que está básicamente al lado del Humedal Térraba-Sierpe, el cual es un sitio Ramsar.
Los sitios Ramsar son humedales de importancia mundial, los cuales se busca que tengan un manejo eficaz, y que se mantengan sus características ecológicas. El Humedal Nacional Térraba-Sierpe fue declarado sitio Ramsar en el año 1995 por su importancia ecológica por ser hábitat de muchas especies, como las aves migratorias, y por aportar ingresos a las familias de la zona. Un aeropuerto internacional que estaría justo al lado de este humedal generaría un impacto directo sumamente grande en los distintos ecosistemas que allí se albergan.
El Aeropuerto en el Sur atraería turismo masivo, emulando el modelo de Guanacaste
El turismo es una industria que depende de la precarización laboral. Por un lado, funciona por temporadas, por lo que las contrataciones no son estables y las personas tienen que estar rotando entre empleos sin consolidar nunca sus garantías laborales. Ese turismo masivo se basa sobre principios de segregación espacial, en el que las bellezas naturales de la zona se convierten en espacios de disfrute exclusivo para turistas, mientras que las comunidades se ven desplazadas a regiones menos atractivas. La cantidad de recursos necesarios para sostener este tipo de turismo es despojado de las comunidades aledañas y de personas migrantes, que son proveedores no solo mano de obra barata, sino que también se ven despojados de grandes extensiones de tierra y del uso del agua potable. Como se ha visto con el caso guanacasteco, este modelo de turismo de enclave ha provocado un sinnúmero de conflictos socioambientales y comunales, lo cual muy posiblemente se repita en el Sur en caso de concretarse este megaproyecto.
Las tierras donde pretenden hacer el megaproyecto son parte de zona que constantemente se inunda
La zona donde planea construirse el Aeropuerto tiene un alto riesgo de inundaciones al ubicarse en el delta de los ríos Térraba y Sierpe, en una de las zonas más húmedas del país y con gran descarga de sedimentos desde la parte alta de la cuenca.
¿Quién financia este proyecto?
El desarrollo de un proyecto de las magnitudes propuestas para el Aeropuerto Internacional requieren de un gasto que el país no está en condiciones de asumir, especialmente cuando el desempleo y la desigualdad socioeconómica van en aumento. La “inversión” dependerá probablemente de adquisición de deuda así como del modelo de concesión de obra pública, que como se ha visto con el caso de la Ruta 27, es un total fracaso para las finanzas públicas y el bolsillo de las y los habitantes. Alrededor del mundo, el giro infrastructural ha mostrado que los mega-proyectos suelen ocupar más tiempo y más dinero que el estipulado al inicio de su formulación; asimismo, su escala moviliza la idea sublime de que serán grandes hazañas por las que los políticos serán admirados y recordados, por lo que son utilizados por los gobernantes para aumentar su popularidad.[3]
Durante y después del COVID-19.
Los primeros casos por COVID-19 en el país fueron detectados en turistas norteamericanos, después de que se expandiera el contagio, el sector turístico fue el que más rápidamente se vio afectado por las medidas de contención del virus, como el cierre de fronteras, playas y bares. Por otro lado, la incertidumbre con respecto a la propagación, inmunidad, y vacunación, así como las transformaciones culturales y económicas que el coronavirus está generando no pueden ser ignoradas. La aparición de este nuevo virus -que no es el primero ni será el último- generará cambios en los estilos de viaje y en las formas en que se consume placer -el producto por excelencia de la experiencia turística-.
La promoción del Aeropuerto Internacional como una salida a la crisis económica es ciega y negligente de todas estas condiciones que existían antes, y que con esta nueva enfermedad se han mostrado de una manera más cruda.
[1] Estudiante del Doctorado en Geografía de Clark University, Massachusetts, Estados Unidos.
[2] Docente. Sección de Historia y Geografía, Sede de Occidente. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria. Universidad de Costa Rica.
[3] Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, February .
Imagen: Botas con Machete, Alejandro Ferlini Cartín
Juez Jean Carlo Céspedes Mora que ordeno desalojo, es investigado por el Ministerio Público y organizaciones exigen que sea separado de las causas relativas a tierras en los territorios indígenas
Miércoles 18 de setiembre de 2019. El Juez Agrario del Juzgado Civil, de Trabajo y de Familia (Materia Agraria) de Buenos Aires de Puntarenas, Costa Rica; Jean Carlo Céspedes Mora en la resolución 29 – 2019 del 1 de abril de 2019 había acogido una medida cautelar y ordenado el desalojo de las y los recuperadores Brörán de la Finca Crun Shurin, ubicada en el Territorio indígena de Térraba, al sur del país.
Sin embargo, el pasado 27 de agosto de los corrientes, el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José revocó la sentencia citada y rechazó la medida cautelar que ordenaba el desalojo, este último solicitado por las 5 sociedades anónimas que estaban usurpando el terreno y que son representadas por Eladio Ramírez Gonzales, causa que se tramita bajo el expediente No. 18-000022-1555 –AG-2.
En los considerandos de la sentencia del Tribunal que analizó la apelación planteada por las y los recuperadores de Crun Shurin; el órgano establece que la resolución del Juez Céspedes Mora “carece de un elenco de hechos probados y no probados, debidamente razonados, con los cuales el a-quo podría adoptar la medida cautelar, lo que sería suficiente para anular la resolución apelada. Sin embargo, el Tribunal considera que el a-quo, lejos de resolver la medida cautelar, más bien emite pronunciamiento de fondo sobre el interdicto planteado”
Continúa el Tribunal ”Véase que la medida cautelar solicitada, en este caso, se identifica totalmente con la pretensión de fondo, cual es la restitución y el amparo de la posesión, y el a-quo anticipa el criterio y resuelve dicha pretensión, sin haber evacuado la totalidad de los elementos probatorios”
Por último resuelve el Tribunal “véase que el a-quo duró más de un año, para resolver una medida cautelar atípica, que se suponía era urgente al momento en que fue solicitada; lo cual resulta ilógico, tal y como lo hace ver la recurrente, pues en ese transcurso de tiempo bien pudo haberse realizado el juicio verbal interdictal e, incluso, dictarse la sentencia de fondo correspondiente”; por estos errores del Juez Céspedes Mora es que el Tribunal revoca la sentencia y rechaza la medida cautelar de desalojo. (Se adjunta resolución del Tribunal)
Es importante recordar que el Juez Jean Carlo Céspedes Mora ha sido denunciado por diferentes irregularidades por varias personas y organizaciones de los pueblos originarios del sur, entre las denuncias, destaca que el Juez en cuestión es casado con una hija de Luis Chinchilla, persona no indígena que ocupa ilegalmente tierras en los territorios indígenas de Térraba y Boruca.
El juzgador en cuestión es investigado tanto a nivel penal como administrativo y las irregularidades denunciadas ya fueron comunicadas a la Inspección Judicial, según lo dio a conocer la Fiscalía General de la República, mediante el oficio FGR 298-2018 del 5 de junio de 2019.
Las organizaciones firmantes, han exigido en reiteradas ocasiones, que debido a las irregularidades señaladas y al evidente conflicto de intereses de que es parte Céspedes Mora, el mismo sea retirado del conocimiento de cualquier causa relacionada con los pueblos originarios; sin embargo hasta el momento no hay respuesta de parte del poder Judicial sobre esta exigencia.
Por último, las organizaciones firmantes, expresan su preocupación y malestar, ya que al hoy cumplirse 6 meses del asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Pueblo Bribri de Salitre, el hecho continúa impune y la única respuesta del Poder Judicial es que el hecho está en investigación.
Organizaciones firmantes:
Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa de Salitre.
Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa de Cabagra.
Recuperador@s Cabecares de Kono Ju de China Kichá.
Recuperador@s Bribris de Salitre.
Recuperador@s Broran de Crun Shurin
Recuperador@s Broran de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.
Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
Familias del asentamiento campesino de Paraíso de Marsella de San Carlos denuncian fuertes presiones de ex – diputado Humberto Arce Salas para que los desalojen
Autoridades ceden a las presiones y tuercen los procedimientos
8 de agosto del 2018. El PARAISO DE MARSELLA DE VENECIA DE SAN CARLOS, Costa Rica. Si bien las familias que integran este asentamiento han tenido que convivir desde el año 2007 con el fantasma de ser desalojadas un día cualquiera de sus parcelas, durante los últimos días la angustia y el terror de las familias ha aumentado ante las visitas a sus parcelas por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Don Genaro Baldi Camacho, vocero de la Asociación de productores del Paraíso, asegura que a partir de reuniones que han celebrado con funcionarios de la oficina de Legal de la Regional de la Fuerza Pública de San Carlos, se han enterado de que oficiales del Ministerio de Seguridad están “torciendo los procedimientos” ante las presiones ejercidas por el finquero HUMBERTO ARCE SALAS, dueño de la finca en disputa, ( El finquero ARCE SALAS fue ex – diputado y fundador del gobernante PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC) )
El señor BALDI CAMACHO precisó que el día martes 7 de agosto del año en curso, fueron informados por funcionarios de La Fuerza Pública de San Carlos «que a partir de hoy podemos ser desalojados en cualquier día sin notificación previa», precisamente en estos días de lluvias intensas y poderosas rayerías…
Don Genaro indicó que “les duele en el alma conocer que el cuestionado ex – diputado Humberto Arce Salas, presiona para torcer los procedimientos establecidos y vigentes, en momentos que estamos consternados por una ola de criminalidad… ¡Asesinatos de turistas, asaltos y crímenes que desvelan y alarman a toda la Sociedad.¡¡¡ ¡En esta noche oscura, nuestra patria está de duelo!”
Don Royner recordó además que existe un Acuerdo de EXPROPIACION DE LA FINCA FRANK FARAH adoptado por la Junta directiva de la anterior administración del INSTITUTO DE DESARROLLO RURARL (INDER) cuya validez y eficacia se está discutiendo ante el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GOICOCHEA, bajo el Expediente No. 16-004561-1027-CA, demanda presentada por las familias campesinas contra el INDER y el estado costarricense. Incluso el dirigente precisó que el acuerdo de EXPROPIACION se publicó en el Diario oficial La Gaceta No. 107 del 5 de junio del 2014.
Don Royner indicó que después de QUINCE AÑOS DE OCUPACION de la llamada FINCA FRANK FARAH, que ha transformado una finca abandonada de 100 manzanas en una prospera, fecunda y soñadora comunidad campesina y del hecho de que ha sido evidente y ampliamente conocido por la opinión pública nacional e internacional, la existencia de este añejo y complejo conflicto agrario, al día de hoy el gobierno costarricense no le busque una salida negociada.
Más aún sorprende el hecho de que la actual Administración de Don Carlos Alvarado, que durante la Campaña levantó la bandera de los derechos humanos y la reivindicación del campesinado costarricense y las minorías, privilegie los intereses particulares del finquero Don HUMBERTO ARCE SALAS sobre los intereses y derechos colectivos y ejecute el desalojo de nuestras familias violentando el debido proceso y en derecho a la defensa.
Baldí Camacho concluyo diciendo que están convencidos de que prevalecerá el interés general sobre los intereses de los finqueros particulares y que Don Carlos Alvarado, que está en deuda con el millón y medio de ciudadanos que lo eligieron abra las compuertas de la negociación y el dialogo con las familias campesinas y renuncie a la fuerza y a la represión.
Para más información comunicarse con Don Genaro Baldí Camacho al teléfono 8336 2623 y Don Royner Jimenez Alvarado al teléfono 8437 2524.
Ilustración tomada del documental Botas con Machete.
