Señalamientos contra presidencia ejecutiva de JAPDEVA escalan a presuntas responsabilidades penales y administrativas
Denuncias apuntan a desviación de poder, afectaciones a la Hacienda Pública y conflictos laborales en la institución portuaria. Así se desprende de un comunicado del Consejo de Delegados y Delegadas de SINTRAJAP.
La comunicación señala una serie de cuestionamientos dirigidos contra la gestión de la presidenta ejecutiva de JAPDEVA, Sucy Wing Ching, han encendido las alertas sobre posibles responsabilidades administrativas y penales en el manejo de la institución. Las denuncias, respaldadas por documentación y testimonios según sus promotores, sostienen que la actual administración habría incurrido en presuntas prácticas que trascienden la ineficiencia operativa y podrían configurar irregularidades graves en el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el pronunciamiento emitido por representantes sindicales, las actuaciones señaladas apuntan a un uso indebido de la estructura estatal para fines distintos al interés público. Entre los aspectos más sensibles se menciona la presunta planificación de acciones destinadas a generar crisis mediáticas con fines políticos, lo que, de comprobarse, podría constituir una desviación de poder y un eventual fraude de ley.
En el plano financiero, las denuncias también advierten sobre posibles afectaciones a la Hacienda Pública. Se señala, por ejemplo, la omisión en el cobro de servicios por el retiro de aproximadamente 16.000 toneladas de acero, así como la supuesta modificación de condiciones tarifarias sin la autorización de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Estas acciones, según los denunciantes, podrían implicar no solo pérdidas económicas para la institución, sino también un ejercicio indebido de competencias regulatorias.
Otro eje de preocupación gira en torno al cumplimiento del deber de probidad en la función pública. El pronunciamiento cuestiona el manejo del Fondo de Ahorro y Capital de los trabajadores de JAPDEVA, así como el condicionamiento del pago de un 3% de reintegro laboral, lo que, a criterio de los firmantes, podría constituir una vulneración de derechos laborales y una práctica de presión indebida sobre el personal.
En paralelo, se advierte sobre un deterioro en la eficacia institucional, particularmente en la ejecución del Canon de Desarrollo destinado a la provincia de Limón. Según las denuncias, el estancamiento en la gestión de estos recursos compromete el cumplimiento del mandato legal de JAPDEVA y afecta directamente las perspectivas de desarrollo regional.
Las acusaciones han derivado en acciones ante instancias como el Ministerio Público y la ARESEP, así como en señalamientos de la Auditoría Interna de la institución, lo que podría abrir la puerta a procesos de investigación más amplios.
En este contexto, el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), a través de su dirigencia, planteó una serie de exigencias, entre ellas la intervención de la Contraloría General de la República en las decisiones tarifarias, la agilización de las investigaciones penales en curso y el pago inmediato de los derechos laborales reclamados. Asimismo, solicitaron el cese de lo que califican como persecución laboral dentro de la institución.
Hasta el momento, la presidencia ejecutiva de JAPDEVA no se ha pronunciado públicamente sobre estos señalamientos. La evolución de las investigaciones determinará el alcance de las responsabilidades en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión de una de las entidades clave para el desarrollo del Caribe costarricense.
Puede ver en SURCOS declaraciones de distintas agrupaciones sociales en torno a este tema:
Crisis institucional en JAPDEVA: organizaciones de Limón exigen un nuevo liderazgo para el Caribe
FONAMAFROCR pide nueva conducción en Japdeva basada en diálogo, respeto y desarrollo para Limón