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Etiqueta: desarrollo sostenible

Día Mundial del Futuro

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

En la 41° Conferencia General de la UNESCO se declaró el Día Mundial del Futuro, a partir del 2 de diciembre de 2022. Es decir, estamos estrenando un día y es hacia el futuro.

Es una invitación abierta a todos los países del mundo a desarrollar sus capacidades y abordar retos, garantizando el desarrollo sostenible para las generaciones futuras.

Constituye una oportunidad propicia para reflexionar sobre las oportunidades y amenazas de la humanidad, así como la aplicación de iniciativas para el futuro, entre las cuales se contemplan la inteligencia artificial, reducción del cambio climático, ciberseguridad, tecnología y la biología sintética.

Precisamente en un día como hoy en que el mundo está con la atención puesta en un torneo de fútbol en el que se dan sorpresas respecto a quienes logran avanzar, de lo que se habla en general es sobre “las nuevas generaciones de futbolistas”, se habla del cambio generacional lo que implica darle oportunidad a los que vienen y avanzarán hacia ese futuro.

En la mayoría de las empresas y organizaciones el tema de nuevas generaciones, es primordial porque en todo sentido se tiene claro que si no hay una sustitución adecuada de generaciones nos estancaríamos y eso sería muy peligroso y hasta caótico.

El día del futuro debe llevarnos a reflexionar sobre lo importante de la educación para las nuevas generaciones para que puedan enfrentar los retos futuros de mejor forma de cómo lo hemos hecho nosotros. Que asuman un compromiso mayor del que nosotros asumimos.

El futuro del mundo, de la sociedad, nadie puede establecerlo, pero lo que es claro es que está en manos de los que vienen detrás de nosotros, por eso lo urgente y necesario que reciban la mejor de las educaciones, especialmente en los campos de la moral, la ética y el crecimiento espiritual.

Si lográramos que los que vienen detrás nos superaran en esos aspectos el futuro estará seguro. Porque a través de ellos acabaríamos con la corrupción que es el peor de los males.

El futuro exige transparencia, honestidad y hacer crecer la verdad en todo sentido. Dios quiera podamos enseñar a los que vienen a que los logren especialmente con nuestro ejemplo.

¿Una SETENA en manos de un político?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

No hay institución que no sea mejorable; siempre hay que aspirar a la inalcanzable perfección. Pero usar como pretexto el que tal o cual ente no nos gusta cómo funciona, según nuestros intereses, para proponer su degradación hacia una simple oficina bajo el alero de cualquier ministro, no tiene sentido.

¡Y eso es lo que están proponiendo hacer con la Setena! Con el organismo encargado de hacer cumplir la Ley Orgánica del Ambiente, en lo correspondiente a las evaluaciones de impacto ambiental, para que éstas sean tramitadas ante un ente donde predominan los criterios científico-técnicos y no los intereses políticos de un ministro de Ambiente, como lamentablemente se está proponiendo en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que se tramita en la Asamblea Legislativa.

De aprobarse algo tan insensato, se estaría ante una clara e inconstitucional REGRESIÓN AMBIENTAL, vergonzosa para un Estado que lucha por hacer del desarrollo sostenible el principio que rige su accionar en estos muy preocupantes tiempos del cambio climático. Si la Setena requiere de más recursos humanos y materiales, ha de atenderse esa demanda, por ejemplo, con el 1% del impuesto a los combustibles sería un aporte formidable, sugerimos. Algunos pensarán que no, pero, de todos modos, por allí ha de caminar las respuestas a ciertos cuestionamientos mal intencionados unos, y nacidos del desconocimiento, otros, jamás erosionándola. Ante eso no debemos ser indiferentes.

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¿Pobreza en Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Defiendan la causa del huérfano y del desvalido;
al pobre y al oprimido háganles justicia.
Salmo 82:3

Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

El lunes pasado, 17 de octubre 2022, se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Este día fue proclamado por la ONU en 1992; pero la primera vez que se conmemoró fue en 1987 en París, cuando más de cien mil personas se reunieron en la Plaza del Trocadero, para manifestarse a favor de los Derechos Humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo.

La convocatoria fue organizada por Joseph Wresinski, fundador del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, quien organizó esta campaña y quiso hacer pública la solidaridad. En un primer momento, se le llamó Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema.

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Aquel día, en la Plaza de Trocadero, se inscribieron los principios de los Derechos Humanos en una losa conmemorativa, que se inauguró como parte de los actos contra la pobreza, y de la que se han hecho réplicas en todo el mundo. Una de ellas está en la sede de la ONU en Nueva York.

Así mismo, esta fecha, tiene como reto alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que «poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo».

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – también conocidos como Objetivos Globales- fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015, como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que, para el 2030, todas las personas disfruten de paz y prosperidad, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

Resulta paradójico-incomprensible que, en una era-mundo caracterizado por el aumento de las tecnologías, recursos financieros y desarrollo económico, haya con constante aumento de la pobreza. Por ejemplo, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, «una de cada diez personas de las regiones en desarrollo viven con menos de 1,90 dólares al día, que es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza. Y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados».

Además, se señala que, la realidad actual muestra que mil trescientos millones (1.300.000.000) de personas siguen viviendo en la pobreza y casi la mitad de ellas son niños y jóvenes.

Sin duda alguna, la pobreza tiene causas multidimensionales e interrelacionadas; no es solo falta de recursos económicos.

Por ello, podemos afirmar que se trata de, entre algunas: condiciones de trabajo peligrosas, viviendas inseguras, falta de alimentos nutritivos, acceso desigual a la justicia, falta de poder político, acceso limitado a la atención médica.

En general, es la falta de las capacidades básicas de los seres humanos empobrecidos/as, para vivir con dignidad. La dignidad del ser humano no solo es un derecho fundamental en sí mismo, sino que constituye la base del resto de los demás derechos fundamentales. Por lo tanto, la «dignidad» no es un concepto abstracto: es inherente a todos y cada uno de los individuos.

En la actualidad, muchas personas que viven en la pobreza persistente ven denegada y violada su dignidad. Es por ello que, “La dignidad para todos en la práctica” incluye la erradicación de la pobreza.

En el caso de Costa Rica, ya desde 2018, según la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Alice Schackelford, erradicar la pobreza, «es una meta factible para Costa Rica … el país dispone de los recursos para cumplir esa meta en 2030. (…) Hay que definir estrategias a mediano y largo plazo para erradicar la pobreza. No podemos pensar que cada gobierno lo va a hacer en cuatro años”.

Pero, al parecer, los gobiernos de turno de Costa Rica no van hacia la meta propuesta, más bien se acrecienta la brecha de pobreza, la desigualdad entre pobres y ricos.

Nos ayudan y dan esperanza los consejos bíblicos.

No obstante, no debemos seguir resignándonos a las interpretaciones equivocadas sobre las palabras de Jesús «a los pobres siempre los tendréis con vosotros”. El llamado de Jesús es a no aceptar este flagelo. Empecemos por denunciar la injusta distribución de la riqueza.

Por ejemplo, el 10% de las personas con mayor riqueza acumula el 50% del total de ingresos en Costa Rica, según un estudio presentado en el Reporte Mundial de Desigualdad 2022 en París. El reporte también muestra que este año, en el país, el 20% del ingreso es acumulado únicamente por el 1% de las personas más ricas; mientras que el 50% de las personas con menor riqueza acumuló el 10% de los ingresos.

Con esta injusta distribución, nunca se va a erradicar la pobreza. Por el contrario, hoy ya la pobreza alcanza a más del 20% de familias en Costa Rica; hay un aumento cada vez mayor del trabajo informal, especialmente de las mujeres.

De acuerdo con los conocedores en la materia, cuando se reducen la pobreza y la desigualdad, tiende también a reducirse otros problemas conexos, tales como la inseguridad ciudadana, el abandono educativo o el estrés patológico y a reducirse los gastos en salud, en seguridad y en administración de la justicia, lo cual puede liberar recursos para reducir el déficit, aumentar reservas y financiar ambiciosos proyectos de inversión, que a su vez pueden generar muchos empleos, según el PNUD.

Retomando el consejo bíblico es, «hacerle justicia al pobre», cuestionando las estructuras de acumulación. De esta forma, podemos ir hacia las metas de erradicar, y plantear nuevos estadios de dignidad para los seres humanos, nuestros prójimos-próximos.

Levanta la voz, y hazles justicia;
¡defiende a los pobres y a los humildes!
Proverbios 31:9

El Acuerdo de Escazú; Una oportunidad de mirar hacia el mar

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Silenny Calderón-Montero, Bióloga Marina1
silenny1111@gmail.com

1Escuela de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional, Costa Rica

El 2022 suma otro año en la lucha para amortiguar el cambio climático y sus efectos, los acuerdos y rutas de acción son firmados por las grandes naciones que se codean con la esperanza de detener el reloj climático. La urgencia por un actuar humano tipo “cardumen o colmena” para referirnos a la acción conjunta se ve reflejada en los objetivos y metas ambientales que se plantean en los diversos textos. Lo que ratifica un pensamiento integral, utilizado plenamente en la naturaleza, cada persona u organismo tiene un rol social que es necesario para el funcionamiento del engranaje natural de la vida en este planeta.

Nos recuerda el hecho de que en la naturaleza los procesos son armónicamente dependientes unos de los otros y cíclicamente todas las piezas participan. Es el caso de los peces que se agrupan de forma perfectamente coordinada y sintónica, como si fuese una sola mente abstracta y común de gigantescas proporciones. Lo mismo ocurre en la organización biológica que mantienen las abejas, al conformar estructuras ordenadas que no surgen de posiciones azarosas de sus miembros, sino que cada uno conoce y ocupa el lugar preciso.

Los objetivos establecidos en el Acuerdo de Escazú fungen como pilares para la construcción de una Costa Rica más azul, a la vez que, funcionan como eslabones de una cadena que impulsa un desarrollo más sostenible; el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental. (Bárcena et al., 2021). Donde un objetivo es dependiente del otro.

Si la población no está informada, es porque la información no ha sido divulgada o distribuida de manera eficaz, y es probable que ni siquiera haya llegado a la ciudadanía. por lo que no va haber suficiente participación en la toma de decisiones y la población no será representada correctamente. “No se puede querer o proteger algo que no se conoce, con lo que una no se siente identificada”. Al no contar con la participación ciudadana es más fácil que sea transgredida la justicia ambiental, en especial sí hablamos de países sometidos a la corrupción. En contraste con lo que podría esperarse al defender los derechos ambientales abrigados por una alta participación de la ciudadanía.

Aspectos como la gestión de los recursos marinos, la falta de datos, el ordenamiento pesquero, el manejo de las pesquerías, la situación socioeconómica de los y las pescadoras y sus hogares son temas de importancia que aún no se han abordado con la seriedad del caso en nuestro país. El acceso a la información científica es limitada y se desconocen cuáles son las plataformas o puntos de acceso para la población en general. Aún en la comunidad científica muchas veces hay que pagar ciertos costos para poder tener acceso a información veraz y de fuentes confiables que estén relacionadas con nuestra región. Lo anterior hace referencia a una problemática muy actual: la desinformación, que lamentablemente termina en la mala toma de decisiones en cuanto al manejo de los recursos naturales por parte de los gobiernos.

Un claro ejemplo es la pesca de arrastre. Actividad extractivista que los gobiernos insisten en reactivar, vinculado a los intereses personales de unos pocos, y escudándose en la falta de estudios actuales para el área, pero, sin  tomar en cuenta los registros de información existentes desde hace décadas por investigadores que como Blanco, (2007) consideran que toda la población de camarones se encuentra sobreexplotada desde 1976 y que debe cesar por completo la actividad de pesca de arrastre en el Golfo de Nicoya, no solo por la inexistencia del camarón, sino por el daño que causa sobre la fauna de acompañamiento (FACA) y el fondo marino durante su extracción. Se ha fallado en dar alternativas laborales o de sustento a todas aquellas personas que se dedicaban a esta actividad, y que actualmente se encuentran sin trabajo o con subsidios simbólicos, desmejorando evidentemente su situación y la del cantón de Puntarenas (Murillo, 2018 citado en Obando Campos, 2021).

Otro caso es la pesca de atún. Nuestro recurso marino es prácticamente regalado a embarcaciones de bandera extranjera y vendido a precios desorbitares en los mercados internacionales. Mientras, son intangibles los supuestos beneficios para el estado costarricense, nuestros(as) pescadores(as) viven en medio de la pobreza y el abandono a la espera de políticas ambientales que permitan el desarrollo sostenible de nuestras propias flotas pesqueras.

Ya no hay peces en el mar para que nuestra flota artesanal pueda vender a un buen precio. Los buques pesqueros han arrasado con el recurso disponible y tampoco han dejado a los peces jóvenes para que puedan reproducirse dándole continuidad a la población. Es por eso, que los y las pescadoras deben adentrarse cada vez más en mar abierto para traer el sustento a sus hogares, sus pequeños motores no podrán jamás compararse con las gigantescas embarcaciones de exportación atunero, ni a las redes de kilómetros que utilizan para su faena. El país ni siquiera cuenta con embarcaciones de éstas dimensiones, tampoco con la infraestructura necesaria abastecer la industria como muelles, puertos, centros de acopio o recibidores.

Así mismo, el estado se ha empeñado por mantener vigente y sin modificación la legislación que administra el único recurso marino nacional de potencial económico significativo, el recurso atunero (Pacheco, 2005). En 2002, Incopesca otorgó 54 licencias, por lo que se estima que pudieron haberse pescado cerca de 108.000 toneladas de atún, con un valor superior a 60.000 millones de colones, de los cuales se recaudó apenas 193 millones de colones. De esas 54 licencias, el 50 por ciento se otorgaron gratis, sin pago alguno, gracias a los «incentivos» que forman parte de la Ley de pesca; que permite a los barcos extranjeros registrados en Costa Rica vender al menos 300 toneladas de atún a empresas enlatadoras o procesadoras instaladas en el país a cambio de ese permiso, sin embargo, en el año 2000, diez de este tipo de descargas fueron hechas por barcos que no habían solicitado siquiera licencias para pescar el atún tico (Pacheco, 2005).

Ni Incopesca, ni nadie tiene la posibilidad de determinar cuánto atún se pesca, dónde se ha pescado y en qué sitio se ha descargado, incluyendo alta mar. Es Imposible conocer exactamente hasta dónde llega ese incomprensible «incentivo», o según el interés nacional, hasta qué niveles se estará sobreexplotando el recurso atunero (Pacheco, 2005). Según la ley de pesca y acuicultura de costa rica N° 8436 en el Artículo 51, del producto que se obtenga por los cánones por concepto de registro y licencia de pesca de los barcos atuneros con bandera extranjera, así como de las multas y los comisos generados por la pesca que realicen esos barcos en aguas de jurisdicción costarricense, le corresponderá:

  1. a) 25% a la Universidad de Costa Rica (UCR), para financiar el funcionamiento, la docencia, la acción social y la investigación del Centro Regional Universitario con sede en Puntarenas.
  2. b) 25% a la Universidad Nacional (UNA), para financiar el funcionamiento de la carrera de Biología Marina de su Escuela de Ciencias Biológicas, cuya sede es en Puntarenas; también para el establecimiento, el desarrollo y la protección de un sistema de reservas científicas, marinas y terrestres en el Golfo de Nicoya y las zonas adyacentes.

Todo lo anterior deja al descubierto que a quienes se está «incentivando» es más bien a las transnacionales pesqueras vinculadas a plantas procesadoras instaladas en otros países, beneficiarias directas del pésimo manejo de los recursos naturales costarricenses. Perjudicando a su vez, a sectores claves como la educación, investigación, la organización y la protección ambiental. Sin mencionar aspectos como la vulnerabilidad social de los sectores costeros dependientes de los recursos marinos, y la falta de transparencia por parte de las instituciones y ministerios públicos.

Ya que, es ante la complicidad de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (encargados de velar por que se cumplan los lineamientos del transporte marítimo, y quienes regulan los cánones a cobrar por licencias de pesca y su registro, basados en el cálculo de la capacidad de acarreo real en toneladas) que los atuneros obtienen sus registros anuales reduciendo ”mágicamente” su capacidad real, y claramente, pagando menos por tonelada de registro anual. (Pacheco, 2005).

Ejemplo de ello; el buque Pamela Ann, con bandera de Nicaragua, al que se le cobra por un tonelaje de 420 ton, pero que logró descargar de una sola vez 914 ton. Así mismo, El buque Capt. Joe George de Panamá, es capaz de reportar 420 toneladas de registro y descargar, de una sola vez, 991 toneladas; el Tuna, también de Panamá, se registra con una capacidad neta de 409 y descarga 1.329 ton; al Taurus I, de Venezuela, se le cobra cual si fuera de 441 toneladas, permitiéndosele multiplicar su capacidad al descargar 1.053 toneladas. Y así por el estilo con todos los demás grandes extractores. (Pacheco, 2005).

A paso lento se investigan mejores técnicas que puedan beneficiar nuestras flotillas pesqueras. Un mejor aprovechamiento de los recursos, la reconversión hacia artes de pesca más selectivas y amigables con el medio, el ordenamiento espacial marino y la generación de datos son pasos importantes hacia la protección. Tal como la adopción de la técnica de Greenstick, para la pesca de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) aplicada por USA, y en la cual se realizan hasta ahora las primeras investigaciones por parte de Incopesca con miras al ordenamiento espacial atunero (decreto N.º 38681-MAG-MINAE, (Alpízar et al., 2019).

Ante la generación de información de carácter ambiental, los costos por estudios y la falta de ellos a pesar del gran territorio protegido y nuestra enorme diversidad por m2, se vuelve vital la creación de fondos e incentivos por parte del gobierno para la realización de estudios y la generación de información de peso académico, así como su posterior transferencia tecnológica a través de la divulgación de los resultados y experiencias obtenidas.

Otro ejemplo relacionado con la importancia de la generación de datos biológicos se ve reflejado en la población de cocodrilos americanos (Cocodrilo acutus) y la administración que se le podría dar. Pues existe un conflicto que inicia cuando ambas especies (humano-cocodrilo) hacen uso del mismo hábitat para vivir. Pérdidas económicas como la muerte de animales domésticos, sociales como playas que no pueden ser utilizadas por el ser humano debido a la presencia de cocodrilos y un cambio a nivel cultural de las personas que perciben a la especie como una competencia o amenaza son solo algunas de las consecuencias que acarrea la falta de información con respecto a un tema de índole ambiental (Hernández-Jiménez, 2013 citado en Chavarría, 2020).

Algunas actividades como la pesca, el turismo y recreación, además, de establecimientos humanos en las orillas de los ríos, donde hay presencia de cocodrilos, aumentan las probabilidades de que se produzca un ataque al ser humano, dado que el reptil defenderá su territorio, o buscará alimento fácil que brindan los turistas y que ha sido asociado por parte de este animal con la presencia del ser humano (Valdelomar et al., 2012 citado en Chavarría, 2020). La caracterización del hábitat del C. acutus en el Pacífico Central es importante, ya que va a generar información sobre los sitios que más suelen utilizar los cocodrilos de acuerdo a sus requerimientos alimentarios, reproductivos y los sitios de descanso, presentes en el hábitat potencial para esta especie (Hernández-Hurtado et al., 2011 citado en Chavarría, 2020).

Al determinar el estado de las diferentes poblaciones y su proporción de sexos se podría generar un nuevo mercado económico basado en la explotación sustentable y el manejo de las poblaciones de cocodrilo en cautiverio, como es el caso de México específicamente en Chiapas, Sinaloa y Tabasco (Ross, 2011) donde existen granjas que cultivan especímenes para su aprovechamiento comercial de la mano de investigaciones que aseguran la continuidad saludable de la especie silvestre y con un enfoque interdisciplinario sobre el cual debería basarse la conservación de estos reptiles.

Costa Rica es una excelente plataforma para la propulsión tecnológica y económica a nivel ambiental. Si se educa a la población local acerca de la riqueza natural que posee es probable que los diferentes objetivos planteados para el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el cambio climático, como el Acuerdo de Escazú, sean más fáciles de cumplir. Ya que todos tenemos derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

En el campo de acuicultura también hemos ido desarrollando alternativas a la sobreexplotación de los mares, mediante la implementación de tecnologías limpias que van de la mano con la generación de información biológica. Concretamente en la producción de juveniles de peces de Pargo mancha (Lutjanus guttatus) para su cultivo en granjas marinas por MARTEC, una empresa de mano inversora extranjera, gracias al desarrollo tecnológico que fue gestado por la Universidad Nacional (UNA) y el Parque Marino del Pacifico en acción conjunta.

Lo mismo ocurre con las primeras granjas ostrícolas del país, ubicadas en el Golfo de Nicoya. Donde los y las pobladoras se ven beneficiadas por la generación de estudios y el desarrollo tecnológico en el cultivo y producción de semillas de ostra (Crassostrea gigas) por parte de dos laboratorios de producción marina que forman parte de la UNA en Puntarenas. Y que es cultivada en aguas del Golfo por asociaciones de desarrollo que fomentan el crecimiento de la economía local a partir de la creación y fortalecimiento de las capacidades y cooperaciones interinstitucionales (Quesada et al., 2019).

Finalmente, y en otro orden de ideas, siendo costa rica un país “verde” debería ser fácil el acceso a la denuncia ambiental. Sin embargo esto no es del todo cierto, partiendo del hecho de que la naturaleza nos pertenece a todas y todos, y que tenemos derecho a desenvolvernos en un ambiente sano y a la prevención de su deterioro, la mayoría de las veces las personas  que se ven expuestas a contaminación o injusticias ambientales son aquellas más vulnerables, con baja escolaridad y poca solvencia económica, por lo que no pueden acceder a información, leyes o abogados con facilidad para exigir las reparaciones ambientales que les corresponden por derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Constitución Política Costarricense).

En conclusión, la participación ciudadana y la toma de decisiones, no puede darse desligada al acceso de la información o a la justicia ambiental. Para propiciar una verdadera revolución azul hace falta nuestra integración social como “un todo”. El verdadero desarrollo que soñamos para nuestra Costa Rica empieza por exigir que el eje conductor de nuestras políticas y decisiones sea el aprovechamiento de la abundancia y la riqueza natural de manera sostenible y con buenas prácticas. Así mismo, el Estado debe garantizar la educación ambiental como un pilar en la transformación académica, así como brindar soluciones a personas que dependen de los recursos naturales frágiles como la pesca. Se deben fomentar alternativas económicas que reflejen los esfuerzos realizados durante años en materia ambiental, y en definitiva se requiere con urgencia de la ratificación de tratados y acuerdos como el de Escazú, que buscan la participación ciudadana para el fortalecimiento integral de la protección del medio ambiente.

Referencias BIBLIOGRAFICAS

Bárcena, A., Torres, V., Muñoz, L. (2021). El acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Editorial Universidad del Rosario.

Alpízar, B. M., Alfaro-Rodríguez, J., Rojas, M. G., López, E. A., Ramírez, J. V., Quirós, J. A., … & Pesquero, N. N. (2019). INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN.

Chavarría T, R. (2020). Hábitat potencial y uso de hábitat del cocodrilo americano (Cocodrilo acutus) y su relación con la vulnerabilidad de cinco poblados del Pacífico Central de Costa Rica ante posibles incidentes humano-cocodrilos. Proyecto de graduación presentado como requisito parcial para optar al grado de Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales. Facultad de ciencias exactas y naturales, Universidad Nacional, Costa Rica.

Constitución POLITICA de LA REPUBLICA DE COSTA RICA. (1941). Capitulo único. Artículo 50. Consultada en línea el 23 de septiembre del 2022. Disponible en;

http://www.asamblea.go.cr/ca/docs_relevantes/constitucion_pol%C3%ADtica_historico_reformas.pdf

Ley de pesca y acuicultura de costa rica N° 8436. Consultada en línea el 23 de septiembre del 2022. Sistema Costarricense de información jurídica (SCIJ). Disponible en:

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=54688

Pacheco, F. (2005). ¿Nueva Ley de Pesca? Revista Ambientico, 139, 10-12.

Quesada-Céspedes, R., Arias-Valverde, S., Pacheco-Urpí, O., Zúñiga-Calero, G., Pacheco-Prieto, O., Vega-Bolaños, H., Calvo-Vargas, E. & Berrocal-Artavia, K. (2019). Retos de la acuicultura marina litoral: Caso cultivo de ostras en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. En Y. Morales-López (Ed.), Memorias del I Congreso Internacional de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, Costa Rica, 2019 (e212, pp. 1-9). Heredia: Universidad Nacional.

Obando Campos, A. A. (2021). ¿Qué pasó luego de la paralización de la pesca de arrastre? Transformaciones en los medios de vida de los pescadores artesanales y semi industriales a partir de las políticas marino pesqueras en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. Tesis de maestría en Investigación en Estudios Socioambientales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Ross, J. P. (2011). Conservación y gestión de los cocodrilianos en México. Quehacer Científico en Chiapas, 1(11), 7-11.

Tabash Blanco, F. A. (2007). Explotación de la pesquería de arrastre de camarón durante el período 1991-1999 en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 55(1), 207-218.

 

Imagen ilustrativa.

Planes reguladores son vitales para el desarrollo sostenible de las ciudades

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

COMUNICADO PÚBLICO
Plan de Ordenamiento Territorial Pérez Zeledón

La Asociación Montaña Verde ve con expectativa el esfuerzo que se realiza para establecer el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Regulador, agradecemos los esfuerzos que la institucionalidad hace al respecto, la intención es rescatable, sin embargo, también declaramos una preocupación importante en cuanto a la preponderancia que se le debe dar a los temas ambientales y ecológicos en la elaboración de este Plan de Ordenamiento. 

¿Dónde se deben construir las edificaciones comerciales o residenciales para que no afecten el recurso hídrico y mantos acuíferos? ¿hacía donde deben ir las prioridades en cuanto a la agricultura en el cantón, más monocultivos contaminantes o agroecología? ¿Existen o se están priorizando protección a las cuencas tan importantes que se encuentran en el territorio de nuestro cantón? Se incluyen planes de arborización en la ciudad de San Isidro, rescate de espacios verdes, mejora de paisajes naturales y forestales en la ciudad, ¿transformación hacía rutas peatonales en la ciudad en lugar de más contaminación vehicular? ¿Se está contemplando la protección de las montañas que rodean nuestro cantón, evitando las construcciones inmobiliarias que están causando movimientos de tierra y afectación de ríos y cuencas?  estas son algunas de las aristas más importantes a las que debe dar respuesta un plan regulador y que vendrían a impulsar el progreso del cantón.

En un Plan Regulador siempre se incluye la participación ciudadana, que se da tanto durante el diagnóstico como en la fase de propuestas; se escucha a la comunidad, se hace un proceso participativo y se conversa con la gente sobre lo que se encuentra en el diagnóstico, el tamaño mínimo o máximo de un lote que se tiene permitido debido a que está o no en una zona de protección boscosa o de acuíferos. El plan regulador viene a definir cuáles usos están permitidos en una determinada zona.

Uno de los ejes más importante de un plan regulador es el ambiental, que va asociado con el desarrollo sostenible (social, económico y ambiental) y que viene a fortalecer la gestión en esta temática. Un plan regulador, es la herramienta fundamental para generar medidas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales de un territorio.

Esta variable es de suma importancia pues está dirigida a complementar la legislación nacional en temas como la gestión sostenible del recurso hídrico de un cantón, la protección de las zonas de recarga acuífera, la conservación de las zonas boscosas que están fuera de los parques nacionales o áreas protegidas, así como la zona de protección de los causes y los corredores biológicos; todo esto se debe incluir dentro de un Plan Regulador para poder salvaguardarlo. Hay que sumar el apartado del cambio climático, que se desarrolla dentro de las posibilidades legales de un plan regulador, y los servicios ecosistémicos, que consideran el uso de las soluciones basadas en la naturaleza.

Los siguientes son los distintos aspectos relativos al tema ambiental que se deberían contemplar en el Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Zeledón:  Densidad exigida y ocupación territorial propuesta, Estudio de zonificación ambiental, evaluación de la factibilidad vial, agua potable y alcantarillado, aguas llovidas, áreas verdes, ordenanza propuesta, entre otras.

Ante estos elementos mencionados hacemos las siguientes peticiones:

Al Concejo Municipal y a la Alcaldía:

a- Que las organizaciones ambientalistas, actores sociales, ecologistas y académicos sean tomados en cuenta con sus criterios especializados en la elaboración de este Plan de Ordenamiento Territorial.

b- Que se establezca en la agenda relacionada al Plan de Ordenamiento Territorial un espacio para escuchar a quienes trabajan básicamente en temas ambientales y ecológicos.

c- Que se documente como insumo al Plan de Ordenamiento Territorial todos los aportes que se realicen con respecto a temas ambientales.

Hacemos un llamado especial a todas las organizaciones comunales, ADIs, ASADAS, Organizaciones de producción agrícola, cooperativas, Instituciones Académicas y en general todo ciudadano de nuestra región que cuente con aportes sobre temas ambientales que vengan a enriquecer el Plan Territorial.

Hacemos un llamado a estar vigilantes para que este Plan de Ordenamiento Territorial no termine siendo o convirtiéndose en afectación para el ambiente y menos que permita el crecimiento de actividades que afecten la protección ambiental.

Desde Montaña Verde participaremos activamente en las diversas actividades que se convoquen y estaremos atentos a que los resultados sean los que requerimos para seguir protegiendo la riqueza natural de nuestra región.

AMLO opta por intensificar la producción de combustibles fósiles

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

1.Lo primero que nos tenemos que plantear para lograr un desarrollo justo y equitativo.

Ningún país de la Tierra en la actualidad puede aspirar a un auténtico desarrollo económico y social equitativo y perdurable, sin plantearse con seriedad una política de desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza; algunos se refieren a ella como una que sea ambientalmente sostenible.

La razón es muy sencilla, el cambio climático y el calentamiento del Planeta, se han convertido probablemente en las únicas manifestaciones globales indiscutibles. Ni siquiera estamos en capacidad de afirmar que ocurre lo mismo tras el desarrollo de la informática a causa del portentoso crecimiento de la ciencia y la tecnología; este último no abarca en realidad a todas las naciones de la Tierra, ni dentro de cada una de ellas a todos los sectores sociales. En este sentido se afirma que la “globalización” de la información y de las comunicaciones (uno de los efectos más abarcadores del progreso tecnocientífico), ha resultado inmensamente desigual e injusto: la brecha que separa a las naciones ricas de las pobres es hoy inmensamente mayor que nunca; la distancia entre las clases opulentas y los sectores sociales vulnerables al interior de cada país posee igualmente, dimensiones más grandes y colosales que en cualquier otra época de la historia humana.

O sea que, antes de haber logrado alcanzar un desarrollo más justo y equitativo, sostenible y sustentable, merced al sistema productivo propiciado por el ser humano, vivimos la globalización de la contaminación del medio ambiente a causa principalmente de la producción de hidrocarburos, y con ello nos tenemos que enfrentar a la desaparición de muchas especies marinas y terrestres, la grave afectación de los ecosistemas y un largo etcétera. Como ha dicho Roberto Aramayo, especialista en ecología social: “Los datos alarmantes van acumulándose desde hace mucho tiempo. Algunas especies van desapareciendo al modificar su entorno. Pavorosos incendios arrasan terrenos que arden como la yesca por una pertinaz sequía. Tifones y vientos huracanados arrancan todo cuanto encuentran a su paso […] Las inercias de nuestras costumbres, aliadas con los intereses económicos de grandes corporaciones, nos impiden afrontar una emergencia climática que no admite más demoras. No escuchamos a los movimientos que intentan sensibilizarnos y lo pagaremos muy caro.” (Cfr. Aramayo, Roberto R. “Por qué negamos las evidencias del cambio climático y la desigualdad social?”. Nueva Tribuna, 31 de agosto, 2022.)

2. El Petróleo en México.

El petróleo ha sido un combustible que le ha servido a México desde hace mucho tiempo, para impulsar un pujante desarrollo económico, sin poder evitar por eso, la enorme polución y contaminación ambiental que es observable en algunas de las principales ciudades de México.

El 18 de marzo de 1938 el presidente de México, General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo, por parte del Estado mexicano que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria.

A partir de ese momento, el modelo de explotación del hidrocarburo estuvo sustentado sobre los hombros de una gran empresa estatal, cuyo decreto de creación ocurre el 7 de julio del mismo año y fue publicado el 20 de julio; la empresa desde sus orígenes llevó el nombre de Petróleos Mexicanos, mejor conocida como PEMEX.

Con el tiempo la empresa creció exorbitantemente, lo que trajo como consecuencia un enorme gasto público para su sostenimiento, tanto en lo que atañe a la inversión en el recurso humano, como para sufragar el costo de la infraestructura necesaria para toda la logística y operación de la empresa estatal. Adicionalmente, hay que decir que fruto de la concentración del poder político en el Partido Revolucionaria Institucional (PRI), se produjo una enorme corrupción en la amplia cúpula de la empresa y en políticos empresarios que provenían o eran afines al PRI; todos los cuales no dejaron de fagocitarse (o tragarse) la misma para beneficio particular por medios ilegales que, generalmente quedaron impunes. Este hecho impidió que los rendimientos de la empresa pudiesen cumplir cabalmente con la misión para la que había sido creada, a saber, financiar la política social de manera que contribuyera a un desarrollo equitativo de la sociedad mexicana.

3. Los aires neoliberales de la política privatizadora de Peña Nieto.

En el 2004 la producción de petróleo en México alcanza su pico más alto, dentro del mismo esquema de estatismo y burocracia corrupta. A partir de entonces, tanto por estas razones estructurales de la matriz productiva como por las oscilaciones de los precios del crudo en el mercado internacional, la producción de petróleo tendió a decrecer; mientras tanto, los rendimientos continuaron concentrándose en la cúpula del poder y de los políticos empresarios y la corrupción carcomió cada vez más los cimientos de PEMEX.

Cuando asciende al poder el empresario y político Enrique Peña Nieto en el 2012 (no sin serios cuestionamientos de fraude electoral), se aboca a implementar una reforma aperturista para nuevas exploraciones y producción de petróleo, concitando el apoyo de los tres partidos mayoritarios tradicionales, el PRI, el PAN y el PRD.

Tal conformación política le confiere a Peña Nieto inicialmente la mayoría necesaria en el congreso y en el senado, para impulsar una reforma significativa a La Constitución encaminada a abrirle las puertas al capital extranjero y nacional, sin los cuales juzgaba Peña Nieto y la cúpula de políticos empresarios que lo acompañaban, el petróleo mexicano no tenía futuro.

Después de haber alcanzado México una producción de 3.4 millones de barriles diarios en el 2004 (según datos de Pemex), la producción del crudo comienza a descender continuamente hasta llegar en el 2015 a 2.26 millones de barriles diarios. Vale la pena consignar que la producción del 2004 constituía el 33% de los ingresos del Estado.

La argumentación de Peña Nieto en el 2012, cuando alcanza la presidencia de la República, se basó en los siguientes supuestos:

1.México sin el “Know How” (experiencia y conocimiento) y sin poseer las tecnologías apropiadas, la producción inexorablemente continuaría declinando.

2. Lo anterior se amparaba, además en que las nuevas y jugosas reservas de hidrocarburos se encuentran en aguas profundas, o bien en formaciones no convencionales poco accesibles.

3. Era menester de acuerdo con su criterio, por lo tanto, contar con una nueva inyección de capital extranjero y nacional privados, en vista de que el Estado Mexicano se encontraba seriamente limitado para realizarla debido a una cuantiosa deuda externa e interna.

En tales condiciones y contando Peña Nieto con mayoría parlamentaria, puso a caminar la reforma Constitucional desde el 2013, la cual quedó aprobada en agosto del 2014. Fue entonces que comenzaron nuevas adjudicaciones para la exploración y producción de nuevos campos petroleros.

Los resultados fueron decepcionantes. Los números son los siguientes: el gobierno esperaba llegar a producir alrededor de 3.0 millones de barrilles diarios para el 2018, lo que le permitiría a México en el 2025 alcanzar nuevamente los 3.5 millones. Las ambiciosas metas estuvieron lejos de lograse, ya que, en el 2020 se alcanzó apenas la cifra de 1.7 millones de barriles.

El gobierno de Peña quiso sacudirse de la responsabilidad argumentando que, en 2014 se había producido un gran desplome de los precios del crudo a nivel internacional y, en segundo lugar, después de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, se le culpó de la debacle, supuestamente porque el nuevo presidente había propuesto volver al esquema anterior, con algunas variantes como la inversión en el litio para abrir espacio a las tecnologías limpias. Peña Nieto por su parte, quiso ocultar el “festín de Baltazar” con los recursos públicos de su gobierno; las encuestas mostraron en la población un enorme crecimiento de la percepción de que estaba ocurriendo un recrudecimiento de la corrupción. (Cfr. Casar, María Amparo. “México: Anatomía de la Corrupción.” Instituto Mexicano para la Competitividad. CIDE, mayo, 2015). Por añadidura, la apertura propuesta no fue popular, porque fue percibida como un atentado contra las políticas tradicionales de soberanía de la nación mexicana para reservar los recursos del subsuelo y así financiar las políticas sociales. Desde 1938, el entonces presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera y creó PEMEX.

4. La perspectiva de política energética de López Obrador.

El presidente López Obrador, desde la campaña electoral había fustigado fuertemente la contra reforma del gobierno de Peña Nieto. Llegó a considerar que dichos cambios de la gestión anterior, que conllevaban hasta reformas constitucionales representaban un auténtico acto de “traición a la Patria.” Por esa razón entre otras, se propuso iniciar una reversión de esa política neoliberal, que no daba señales de una dinamización de la economía, tampoco de un rescate de la economía basada en la exploración y producción del crudo y ahora del gas natural.

Al efecto López Obrador, prepara las condiciones e inicia una nueva reforma a la Constitución que, al principio tomó en cuenta al sector eléctrico de la economía, principalmente planteando la explotación del litio, pero sobre todo se propuso rescatar para el Estado nuevamente la exploración y explotación de los hidrocarburos (incluyendo al carbón, al petróleo y al gas natural). No obstante, un artículo reciente de la Universidad de Navarra postula que, tanto el estatismo como las nuevas políticas iniciales en pro de las energías renovables enfriaron el interés de los inversionistas privados en relación con el negocio de los hidrocarburos. (Cfr. Rodríguez Garagarza, Eduardo. “La Coyuntura y el Estatismo de López Obrador lastran la apertura petrolera de México.” Universidad de Navarra. 15.02.22).

Una gran parte del sector privado y los tres partidos tradicionales (PRI, PAN y PRD), con mayoría en la cámara baja y en el senado, se opusieron al proyecto de ley presentado por López Obrador este mismo año, dando al traste con la reforma propuesta por el presidente López Obrador.

El plan de López Obrador era más amplio que la reforma a la Constitución. El proyecto contemplaba también construir una gran refinería en Dos Bocas, Tabasco. Adicionalmente, en diciembre del 2021 había iniciado la compra por el Estado mexicano del total de las acciones de la refinería “Deer Park” en Texas. Con la compra exclusivamente de la refinería de “Deer Park” en el 2021, no se terminaba de cerrar la ecuación que buscaba equilibrar el déficit entre el consumo de gasolina en México y la producción nacional de Petróleo. Con la planta de Texas, la producción total de petróleo llegaría hasta 1.2 millones de barriles por día, manteniéndose siempre por debajo del consumo de combustible que demanda 1.4 millones de barriles diarios del crudo. Para cerrar esa brecha fue que decidió construir la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, para sumar otros 340.000 barriles diarios que le permitiría superar la meta establecida para eliminar o al menos reducir la importación de gasolina.

La crítica mas importante desde el punto de vista de un desarrollo ambientalmente sostenible y sustentable radica en que, como el costo de construir esa refinería de “Dos Bocas”, representa una inversión de $9.000 millones (de dólares), quedaría descartada, al menos por ahora la inversión tan ansiada en energías limpias y renovables. El problema central aquí radica como lo ha dicho Green Peace en que, sin una cuantiosa inversión en energías renovables, es imposible que México cumpla con las metas de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero; México en efecto, adquirió ambiciosos compromisos al firmar el acuerdo de París en el 2015, tampoco podrá cumplir con las propias leyes internas que auspician la producción de energías limpias.

El tema no es menor, porque México se había convertido en un ejemplo para el resto de Latinoamérica, tras pasar a ser uno de los principales líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático. En 2017, se unió a una coalición de países a escala mundial, que se proponen eliminar gradualmente la electricidad a carbón para terminar con ella por completo en el 2030. Después de la postergación de las metas para invertir en energías limpias y renovables, no se observa en el horizonte un plan, al menos para el corto y mediano plazo, que permita acometer de nuevo el reemplazo de la producción de contaminantes como son los hidrocarburos, por energías limpias y renovables, con el agravante de que aumentará de forma significativa el costo de la producción de energía, toda vez que la factura de la producción del carbón y del gas representa un costo de más del doble de lo que cuesta la energía solar y eólica. Esta es, por lo pronto la compleja encrucijada en la que se encuentra el gobierno de AMLO. Esperamos mejores perspectivas.

Compartido con SURCOS por el autor.

Exitoso Festival Ambiental de La Gamba 2022

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

El pasado sábado 20 de agosto se celebró el II Festival Ambiental de La Gamba 2022. El Festival tuvo la bienvenida por parte del señor Ronald Moya Díaz, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de La Gamba. Este esfuerzo comunitario contó con el apoyo del Programa de Gestión Local de la Dirección de Extensión Universitaria y de la Sede Universitaria de Neily, ambas de la UNED.

Como parte del Festival se realizaron actividades que tenían la participación de diferentes organizaciones e instituciones; desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p-m- hubo charlas, presentaciones y comidas como parte de las actividades del Festival Ambiental de La Gamba 2022. 

Algunas de las presentaciones y charlas que se impartieron fueron, la charla de la importancia del Corredor Biológico Amistosa; presentación de los resultados del estudio de mamíferos PNPB; presentación de la Ruta Carey; el conversatorio de “intercambio de experiencias”; presentación artística y entre otras. 

Asimismo, entre algunas de las organizaciones e instituciones que participaron del Festival Ambiental de La Gamba 2022 se encontraban, además de la UNED, la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Área de Conservación Osa, Tortugas Preciosas, entre otras.

Un año más la Asociación de Desarrollo Comunal de La Gamba agradece a las personas involucradas en el festival, así como a la comunidad por el apoyo presentado. Se espera que este tipo de festivales y actividades se realicen constantemente para fomentar el espíritu ambiental y generar conciencia sobre los objetivos de desarrollo sostenible.

El secretario de la Asociación, Marcos Castro, dio lectura al Manifiesto del Festival de La Gamba, que compartimos:

Manifiesto-del-Festival-de-La-GambaDescarga

Le invitamos a ver una muestra del Festival en la siguiente galería fotográfica:

  • Marcos Castro secretario de la Asociación de Desarrollo Comunal de La Gamba.

Alianza GIZ – Del Monte: una solución falsa para mitigar el deterioro progresivo de la subcuenca del rio Volcán

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Oscar Beita (obeita@gmail.com) y Madeline Kiser (kisermadeline@gmail.com)
Movimiento Ríos Vivos

La Alianza GIZ – Del Monte [1] en Buenos Aires de Puntarenas pretende mitigar el acelerado deterioro de los ríos de la subcuenca del río Volcán mediante la conservación y reforestación del bosque y la promoción del ecoturismo en las comunidades de la parte alta de la subcuenca (zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad). Sin embargo, sin cuestionar la acelerada erosión del suelo y sedimentación de los ríos que generan las plantaciones de piña de la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte (Del Monte), ni la intensa extracción de agua para el riego de sus cultivos en el verano, esta iniciativa parece más bien ser otra de las llamadas soluciones falsas para enfrentar la crisis climática [2].

La subcuenca del rio Volcán drena al río General que a la vez forma parte de la gran cuenca del río Grande de Térraba. Tiene un área aproximada de 216 km2 y está compuesta por las microcuencas del río Volcán, río Ángel, río Cañas y la quebrada Morales.  Del Monte tiene casi 2,240 hectáreas cultivadas de piña en esta subcuenca [3]. Desde los años noventa [4], cuando las plantaciones comenzaron a ascender hacia la parte alta (la piña se siembra desde los 375 msnm hasta los 730 msnm), las comunidades denunciaron los severos problemas de erosión y sedimentación, las inundaciones que destruyeron puentes y casas en la comunidad de Volcán, y la abundante extracción de agua mediante siete concesiones de riego (1,270 litros/segundo o 98% del agua concesionada en esta subcuenca) en los tres ríos principales. Así mismo, un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica en el Humedal Térraba-Sierpe mostró desde el 2014 la presencia de residuos de bromacil y ametrina, que se usan en la producción de piña, y que probablemente salieron de plantaciones de la corporación ubicadas en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón [5].

Hace un año Del Monte y el Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania anunciaron la creación de una alianza de tres años para promover la restauración de los paisajes productivos, la conservación del recurso hídrico, y la educación para el desarrollo sostenible en comunidades ubicadas en las cuencas hidrográficas que rodean sus fincas de piña y banano en ambos países, Costa Rica y Guatemala.  En la subcuenca del rio Volcán esta alianza ha motivado a Del Monte para promover la reforestación de fincas ubicadas en la parte alta mediante la donación de árboles de su vivero forestal y su participación en la Comisión Pro-protección y Conservación de la Subcuenca del rio Volcán –una asociación comunitaria formada recientemente y en la que la corporación tiene mayoría de votos; la capacitación de trabajadores y voluntarios de la brigada de monitoreo del Corredor Biológico Río Cañas como guías naturalistas que promueven el senderismo y el avistamiento de aves; la promoción, a través de las redes sociales, de sus refugios privados de vida silvestre Montaña El Tigre y El General [6]; y el fortalecimiento de alianzas e iniciativas con municipalidades y organizaciones locales para promover el turismo rural como es el caso de la llamada “Ruta del Agua y la Biodiversidad” [7].

Una característica común de las soluciones falsas de la crisis climática es que las corporaciones y gobiernos que las promueven no enfrentan directamente las causas de la crisis, y más bien refuerzan el modelo de desarrollo que las genera [8].  En la subcuenca del del rio Volcán, la Alianza GIZ – Del Monte no ha enfocado sus esfuerzos en iniciativas guiadas por los marcos científicos, legales y económicos necesarios (caudales ambientales; Derechos de la Naturaleza; post-crecimiento [9]) para que las comunidades puedan cuestionar la viabilidad y los costos-beneficios sociales, económicos y ambientales del modelo de agroexportación prevalente (monocultivos de piña y caña de azúcar y ganadería). Tampoco ejecuta acciones para reducir la extracción del agua de los ríos, para limitar la siembra de piña en las partes altas, ni para reducir verdaderamente la gran pérdida de suelo por erosión y escorrentía en sus plantaciones.

En contraste, la Alianza GIZ – Del Monte parece buscar posicionar a Del Monte como líder regional en 1) la restauración de los bosques donde se infiltra el agua y se encuentran las tomas de riego de sus plantaciones, y 2) la promoción de una economía basada en el ecoturismo en las comunidades de la parte alta. En otras palabras, la alianza es un mecanismo que usa la corporación para asegurar a sus inversionistas y mercados que tiene suficiente agua para sus plantaciones a medida que cambia el clima y los ríos continúan deteriorándose. En el marco de la gobernanza del agua promovida hasta hace poco por el gobierno, esta “corporativización” de la gestión de la subcuenca del rio Volcán es verdaderamente preocupante porque representa un cambio profundo de paradigma que nos pretende llevar desde una gestión democrática, participativa y legítima del agua, guiada por las instituciones del estado [10], hasta una gestión ilegítima, auto interesada y no democrática dirigida por y para beneficio de las corporaciones [11].

Lea y firme aquí un llamado a desafiar la gestión del agua dirigida por las corporaciones y crear opciones justas.

[1] https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/07/02/fresh-del-monte-y-giz-se-unen-para-promover-el-desarrollo-sostenible-en-centroamerica/

[2] https://www.informa-tico.com/13-11-2020/falsas-soluciones-ambientales-politica-estado-costarricense

[3] Informe técnico: Caracterización Preliminar de la Subcuenca del Río Volcán. Área Funcional (AF) Cuencas Hidrográficas. UEN Gestión Ambiental – Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2020.

[4] https://surcosdigital.com/volcan-de-buenos-aires-hogar-de-una-subcuenca-que-clama-proteccion-en-tiempos-de-crisis-climatica/

[5] https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/05/15/ucr-advirtio-presencia-de-plaguicida-usado-en-pina-en-humedal-terraba-sierpe.html

[6] https://laagendacr.com/refugio-montana-del-tigre-es-el-hogar-de-especies-con-poblaciones-reducidas-y-en-peligro-de-extincion/

[7] https://www.tvsur.co.cr/noticias/colocan-rotulacion-de-la-ruta-del-agua-y-la-biodiversidad-en-buenos-aires/

[8] Crisis Climática y de la Perdida de la Biodiversidad: Características de las Falsas Soluciones. Amigos de la Tierra Internacional, 2020

[9] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00113/full; https://www.garn.org/;  https://www.postgrowthalliance.org/; https://climatejusticealliance.org/just-transition/; https://waronwant.org/our-work/global-green-new-deal

[10] https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16879.pdf

[11] https://www.tni.org/files/download/el-estado-de-las-corporaciones_s_george_tni_fuhem_ecosocial_jun14.pdf

Consideraciones sobre el proyecto AGUA PARA GUANACASTE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Los grandes proyectos de obra pública que se han desarrollado en nuestro país, siempre han sido vistos como parte del proceso de desarrollo que nos hemos propuesto en pro del progreso. ¡Jamás se ha objetado que una carretera, una represa hidroeléctrica, un acueducto, un aeropuerto, un hospital, una universidad, etcétera, pudiese beneficiar a un grupo particular de compatriotas!, por lo cual, para evitar que algunos fueren a resultar “premiados”, lo mejor que se podría hacer es tomar la decisión de no construir la infraestructura pública que se ha propuesto. Y así alegan, que si tal o cual carretera va ser usada por los que no son de nuestra simpatía, pues que no se construya. Si tal o cual proyecto hidroeléctrico o de acueducto va a llevar electricidad y agua a unos habitantes que “de por sí ya son ricos”, pues a detener el progreso… aunque las grandes mayorías se queden sin esos servicios públicos, solo les falta decir irracionalmente.

Por ello, porque algunos prejuicios así hemos percibido en relación con el proyecto Agua para Guanacaste, queremos compartir con ustedes algunas consideraciones que podrían ser de utilidad si así fuere posible. ¡Veamos!

  1. HOY toda el agua que se aprovecharía proveniente del embalse Arenal (después de generar electricidad en tres plantas del ICE) sigue «cuesta abajo» hasta irracionalmente DESPERDICIARSE EN EL MAR vía río Tempisque, mientras, paradójicamente, cientos de miles de guanacastecos padecen de escasez de agua para consumo humano y producción agropecuaria.
  2. Agua con que se abastecerían decenas de acueductos rurales (asadas) de los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo…, que hoy sufren por no tener acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuadas, incumpliéndose así el derecho humano al agua.
  3. También el importante sector turismo, principal fuente de empleo de la provincia, no solo podría sustituir con esa agua a la de origen subterráneo que hoy utilizan (¡y que no sobra!) sino que también permitiría reactivar proyectos que esperan ser desarrollados y que no lo han sido precisamente por escasez del líquido vital. La mayoría se trata de pequeños hoteles de menos de 30 habitaciones, como es la norma en todo el territorio nacional.
  4. Se estima que unas 400 fincas existentes en las más de 16 mil hectáreas de fértiles tierras de uso agropecuario, que ven limitada su producción por falta de agua, tendrían eventualmente la que necesitan, sin importar quiénes sean los dueños de fincas que podrían abastecerse, para así generar producción y empleo para los guanacastecos.
  5. Agua, tanto la de aprovechamiento agropecuario como la de consumo humano, que independientemente de las tarifas que la Aresep ha determinado para su uso actual otorgada por concesiones, será igualmente sujeto de fijación tarifaria en cuanto el ansiado proyecto entrare en funcionamiento. Es decir, después de construir los cientos de kilómetros de nuevos canales, la represa, el lago artificial de 800 hectáreas, y los acueductos que la trasladarán hacia la margen derecha del río Tempisque. Cumplida esa magna tarea, entonces sí será posible para el organismo técnico del Estado fijar las tarifas que sean necesarias. Antes, sencillamente, es imposible.
  6. El agua de la represa en el río Piedras, también podría, y esperamos que así sea, aprovecharse parcialmente por el ICE para generar electricidad para la región.
  7. De la reserva biológica Lomas de Barbudal, donde se destaca la presencia de unas 250 especies de valiosas abejas, y flora y fauna de la zona de bosque seco, se inundarían 113 hectáreas de un total de 2.279 HECTÁREAS, o sea ¡el 4.9% del área de conservación!, que se compensarían con dos fincas colindantes de unas 500 hectáreas, de características ambientales similares, según fuere estudiado por los equipos de expertos que realizaron la evaluación ambiental.
  8. Es preciso anotar que en la reserva biológica que, repetimos, se inundaría en menos del 5%, se encuentran y no se tocarían, varias asociaciones vegetales como la sabana arbolada, el bosque siempre verde, el bosque ripario al lado de los cursos de agua y principalmente, el bosque tropical seco de mayor extensión. Y sobre la esplendorosa ave “Galán sin Ventura” (Jabiru mycteria) ha de aclararse que por error, hay quienes han afirmado que esta especie en extinción en Costa Rica se vería afectada por el área del embalse que impacta el borde de la reserva, cuando en realidad sus especímenes remanentes NO se encuentran en el sitio, pues entre otros, están ausentes las tres especies de árboles que forman parte de su hábitat de anidación y reproducción, como sí sucede en el Cerro Corral de Piedra y otros ecosistemas del parque nacional Palo Verde, que son determinantes para su conservación.
  9. Es relevante, además, señalar que la evaluación de impacto ambiental la realizaron profesionales de la Organización de Estudios Tropicales (OET) de muy reconocido prestigio e independencia, donde participan universidades costarricenses y estadounidenses, con programas en biología tropical, además de profesionales del ICE y Senara. Estudio de impacto ambiental, que como corresponde al principio del DESARROLLO SOSTENIBLE, valora en una balanza por un lado los impactos y por otro los beneficios sociales y económicos que tendría el proyecto para Guanacaste y Costa Rica. La meta: de garantizar a las futuras generaciones un uso sustentable de los recursos naturales, en este caso muy particular, del agua, lo más valioso que podamos imaginar en tiempos del cambio climático.
  10. Se ha señalado por allí, que pareciere probable que se hubieren detectado algunas inconsistencias en los registros catastrales en los bordes del gran embalse, que, dicho sea de paso, ese lago artificial se convertiría en un atractivo turístico y recreativo de gran potencial. Por razones de técnicas usadas hace muchos años y por errores muy comunes en mapas de catastro, lo que corresponde es hacer las correcciones pertinentes si así se determinare, pero ¡jamás! concluir que por esas particularidades el proyecto no debe construirse. Los guanacastecos no merecen que algo soñado por tantos años, ahora que está a punto de iniciarse, vaya a rechazarse por algo tan intrascendente.
  11. Recordemos: en tan solo dos años, estaremos celebrando el BICENTENARIO de la incorporación, de la anexión voluntaria de la tan querida Región Chorotega a la entonces «incompleta» Costa Rica. Sin duda alguna, porque su vida fue un ejemplo, el Benemérito de la Patria diputado del Partido Confraternidad Guanacasteca, Dr. Francisco Vargas Vargas, muy posiblemente estaría al frente de su pueblo luchando porque se haga realidad ese trascendental proyecto en su todavía olvidada provincia. Por su memoria, por su pueblo, al cumplirse los doscientos años de aquella decisión que vino a transformar nuestro suelo patrio, deseamos infinitamente que en el año 2024 esa fiesta nacional se celebre con la información de cuánto se ha avanzado en la construcción del proyecto. Los guanacastecos, los costarricenses, no podemos desaprovechar esta histórica oportunidad.

Un retroceso ambiental inimaginable

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León, PhD

Al escuchar al señor presidente una presentación y leer luego el proyecto de ley que busca una reforma profunda de la Ley Orgánica del Ambiente (Nº 7554), percibimos que quienes elaboraron dicho proyecto desconocen mucho de las instituciones a las que desean erosionar sus funciones. Y lo hacen, según lo dijera Chaves, para que la comisión legislativa encargada de una “reforma del Estado” cumpla una tarea que, evidentemente, más bien corresponde conocer a la “Comisión Permanente Especial de Ambiente” de la Asamblea Legislativa, donde razonablemente se habrá de conocer los alcances de un proyecto que, entre otras cosas, traslada a un funcionario político dependiente directo del ministro de Ambiente, con “desconcentración mínima”, funciones y resoluciones técnico-científicas que hoy cumplen, colegiadamente, profesionales designados por la legislación que hace 27 años fuere aprobada como un esfuerzo por ubicar a Costa Rica en el camino del DESARROLLO SOSTENIBLE. Ello, como parte de la tarea que los 178 líderes políticos mundiales ratificaron en la cumbre de jefes de Estado de Eco-92 en Río de Janeiro, Brasil, que como uno de sus 27 principios estableció que “Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede considerarse por separado”.

Con esta Ley Orgánica del Ambiente se crearon simultáneamente, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Consejo Nacional Ambiental, el Tribunal Ambiental Administrativo, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), el Fondo de Financiamiento Forestal (Fonafifo), y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), especialmente.

En cuanto al Minae, éste fue resultado de la evolución que se diera del entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (Mirenem) antes precedido por el Ministerio de Industria, Energía y Minas (MIEM) hasta 1990, cuando la cumbre de Eco-92 apenas estaba en etapa de planificación. Frente a la crisis ambiental planetaria, ya para entonces Costa Rica daba un gran paso adelante con la “Estrategia de conservación para el desarrollo sostenible” (Ecodes) concluida en 1990, producto de una gran participación de profesionales de diversos campos del desarrollo, de singular utilidad en esa década.

Con la creación del Minae en 1995, al nuevo ministerio se le asignaron funciones de gran trascendencia, para el país, como fueron el formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental, así como la dirección, el control, la fiscalización, promoción y el desarrollo en esos campos. Tareas vitales a cumplir por lo que se le encarga fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros, y promover y administrar la legislación sobre conservación y uso racional de los recursos naturales, en el marco del DESARROLLO SOSTENIBLE, además de velar por su cumplimiento. No son tareas menores y por ello el ministro de Ambiente, como jerarca, tiene la potestad de dictar, mediante decretos ejecutivos, las normas y regulaciones obligatorias relativas al uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y las minas. Por eso llama la atención que el señor presidente haya afirmado que “se le han quitado sus funciones que habrán de ser recuperadas”, en la presentación del proyecto de ley, pues, al contrario, se trata de un Ministerio de gran trascendencia, donde el jerarca cumple funciones ante la crisis del cambio climático, que son de vital importancia para Costa Rica y el planeta. Solo alguien muy ajeno al ámbito en que se mueve el Minae, podría afirmar tal cosa.

Dentro de dichas funciones, el ministro de Ambiente goza de una amplia gama de funciones determinativas, que ejecuta necesariamente para una buena administración, en coordinación con entes con desconcentración máxima, por ejemplo, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), a la que nos referiremos específicamente. Y lo hacemos así, pues no es exagerado afirmar, que constituye la columna vertebral del cuerpo institucional permeado por el concepto de desarrollo sostenible. Ese modelo de desarrollo que enlaza el desarrollo con la protección del medio ambiente. Que nos dice que para alcanzar el desarrollo humano se ha de tener presente la tarea de preservar la capacidad de los ecosistemas, resguardando que los recursos naturales y los servicios del ecosistema no se vayan a agotar, pues de ellos depende la economía, una sociedad justa y el futuro de las generaciones que apenas se levantan y que merecen una herencia ambiental que sustente una mejor calidad de vida.

Cabe anotar, principalmente para los más jóvenes y los desinformados, que antes de que iniciara la ejecución de la Ley Orgánica del Ambiente en 1995, no existía en Costa Rica un organismo con importancia similar a la Setena. No había nada que propiciara un efectivo desarrollo sostenible, que tuviera como guía alcanzar los objetivos de desarrollo humano. Ello mientras se sostiene la capacidad de uso racional de los recursos naturales con el fin de satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Por ello no se debe, como se hacía en el pasado, hablar de que existe un falso antagonismo entre economía y ecología cuando se trata del desarrollo sostenible, pues ambos han de ir de la mano.

Aunque la Setena tiene otras funciones, la escasez de recursos financieros, humanos y materiales que crónicamente padece, hace que casi exclusivamente se circunscriba su accionar a lo relacionado con las evaluaciones de impacto ambiental. A ese procedimiento internacional que se aplica a “las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos”, según dicta el artículo 17 de la Ley que nos ocupa. Evaluaciones que buscan mitigar, evitar e incluso compensar, el impacto que pudieren tener sobre el ambiente y sus recursos ciertas actividades de desarrollo. Y si existiera la decisión política por dotarla de recursos, proponemos que se le asigne el 1% del impuesto único a los combustibles, pues con aproximadamente 5.000 millones de colones, mucho mejoraría su gestión, pues los atrasos que se le achacan en ciertas resoluciones (cuando no se trata de errores de los asesores ambientales y desarrolladores) se deben a la insuficiencia de recursos financieros.

Es pertinente anotar cuán grande era el vacío en relación con las evaluaciones de impacto ambiental de innegable utilidad para proyectos que así lo requerían, como son los turísticos. Cuando se iniciaron las primeras construcciones del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (ley de 1982) durante la administración Calderón Fournier, luego de las necesarias expropiaciones en la zona de bahía Culebra en Guanacaste ejecutado en terrenos del Estado administrados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dentro de los requisitos promovidos por el arquitecto Javier Bolaños, gestor y primer director de ese trascendental Polo Turístico, estaba la obligación de que todo desarrollo turístico en el área del proyecto, tuviera que presentar al ICT, un “Estudio de Impacto Ambiental”. Pues resulta que las buenas intenciones se encontraron con una barrera. Al presentarse los primeros documentos, se encontró con que no existía en el gobierno un ente que pudiese recibirlos, analizarlos, tramitarlos y resolverlos, como lo hace hoy la Setena. Equivocadamente se acudió a la llamada Comisión Nacional de Estudios de Impacto Ambiental (Coneia) en el ámbito del Mirenem, que al rechazar ad portas los documentos que se presentaban a su consideración, explicaron que su deber se circunscribía a desarrollos mineros, como los tajos del Virilla, por ejemplo. Hubo entonces que acudir a la Universidad de Costa Rica para que profesionales de la misma, de manera especialísima, cumplieran con esa labor pionera tan importante.

Pero eventualmente, para satisfacción de los costarricenses y en pleno cumplimiento de convenios internacionales, leyes, decretos, directrices y jurisprudencia del Poder Judicial, se logró avanzar en un área de tanta responsabilidad ambiental. Es la Setena un organismo estatal del Minae, donde la desconcentración máxima busca garantizar que aspectos de tanta importancia como son las evaluaciones de impacto ambiental, sean resueltos por una secretaría técnica multidisciplinaria, donde las resoluciones se sustentan en criterios de carácter técnico y científico, y muy relevante, independientes del poder político. Su autoridad superior la conforma una comisión técnica donde el ministro de Ambiente es representado por un funcionario que ejerce el alto cargo de secretario general, quien preside las sesiones del órgano colegiado y ejecuta los múltiples acuerdos. Los otros miembros, nombrados por seis años y con dedicación exclusiva, son un especialista en ingeniería sanitaria (representante del Ministerio de Salud), un hidrólogo (del AyA), un agrónomo (del MAG), un ingeniero civil (del MOPT), un especialista en desarrollo energético (del ICE) y un representante de las universidades estatales. Por otro lado, la instancia de apelación de sus resoluciones es la persona del ministro de Ambiente como máximo jerarca.

En virtud de que una resolución de dicha Secretaría Técnica es determinante para otorgar o no, la viabilidad ambiental que requiere todo proyecto de más de mil metros cuadrados (no para “una casita de 150 metros cuadrados”), con las consecuencias previsibles de carácter económico, social, ambiental, sanitaria, etcétera, los costarricenses y extranjeros acuden a la Setena para cumplir con la legislación ambiental derivada de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ambiente, decretos sobre procedimientos que se han ido emitiendo conforme se ha desarrollado la experiencia dentro de la Setena, y legislación conexa. Y lo hacen, con la confianza de que los acuerdos del órgano colegiado se sustentan en criterios objetivos, científicos, técnicos, independientes del sentimiento político circunstancial que pudiere privar en ciertos momentos. Aunque lamentablemente ha sucedido, en ciertos momentos la “contaminación política” se ha hecho presente, y ejemplo de ello es una acción ilegal de un secretario general, como sucediera con la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, ejecutada insólitamente, sin gestionar siquiera la correspondiente viabilidad ambiental.

De arrebatarse a la Secretaría Técnica (“Comisión Plenaria”) esa función colegiada para trasladarla a un funcionario dependiente directo del ministro de Ambiente, que difícilmente va estar libre de criterios políticos a favor o en contra de una viabilidad ambiental, se estaría retrocediendo muchos años en el campo de las viabilidades ambientales; sería un evidente caso de regresión ambiental que no merece Costa Rica, un paso atrás devastador. No se trata de una “reforma del Estado” propiamente dicha, sino de algo muy diferente, que contamina fibras sensibles de la estructura ambiental, cimiento del desarrollo sostenible.

Más de medio centenar de proyectos de significativo impacto ingresan anualmente a la Setena, de áreas como infraestructura de servicios, industrias, edificios residenciales, plantaciones agroindustriales, extracción de materiales en ríos y tajos. Al desconocerse lo anotado en este prejuiciado proyecto contra la Setena, un “Superman» sería el único responsable, de resolver según su “sabio entender”, lo que le aconseje una comisión que nacería con un reglamento que habría de publicarse unos nueve meses después del ejecútese a la ley.

Por espacio no podemos analizar otros aspectos que, igualmente no tienen relación alguna con la “reforma” estructural del Estado, sino más bien con la imposición de directrices sobre la gestión del campo ambiental, formuladas sin sustento científico-técnico. Una de ellas tiene que ver con la gestión de las aguas subterráneas, ¡nuestra riqueza más valiosa!, que hoy es bien resguardada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). Pues resulta que en el ocurrente proyecto se le arrebata al Senara, donde las resoluciones obedecen criterios objetivos de profesionales especializados, y muy importante, actuando colegiadamente, la tarea de “administrar” las aguas subterráneas. Función que recaería en la muy incompetente Dirección de Aguas del Minae, que funciona casi en forma unipersonal. O sea, a esa misma Dirección que no se enteró de la perforación de más de 40 mil pozos ilegales, se le encargaría como premio a su incompetencia, el ordenamiento, disposición y organización de las aguas subterráneas, gracias a una reforma que se le haría a la Ley de Aguas. ¡Nada menos!

En fin, el proyecto, pese a lo dicho por el señor presidente Chaves, no debería ser dictaminado en la comisión de “Reforma del Estado”, sino obligatoriamente, en la “Comisión Permanente Especial de Ambiente” de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado liberacionista Gilberth Jiménez Siles pues, como hemos visto, afecta muy sensiblemente la gestión ambiental de Costa Rica. Confiamos que esa será la decisión del Directorio Legislativo, para así tener oportunidad de que los sectores conocedores del tema, puedan exponer ante los señores diputados sus observaciones pertinentes, y se desarrolle un diálogo fructífero entre quienes sí conocen del tema, antes de que se fuere a recomendar al Plenario Legislativo una resolución que podría significar una señal muy distante del prestigio de Costa Rica en el campo ambiental.