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Etiqueta: desarrollo

Las universidades públicas convocan a una marcha en defensa de las inversiones del país en educación

Tanto estudiantes como funcionarios docentes y administrativos participan activamente en las marchas que han convocado las universidades públicas. A estas actividades también se unen diversos grupos y colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos y público en general. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Los rectores y la rectora de las instituciones de enseñanza superior mantienen una fuerte posición a favor del desarrollo de Costa Rica

Educación hoy, paz mañana

Por primera vez en la historia democrática de Costa Rica, el Poder Ejecutivo no logra consensuar el acuerdo anual que invierte los recursos públicos necesarios para el correcto funcionamiento de las cinco universidades estatales, al que se le denomina Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Las negociaciones que se dan en conjunto entre las cinco universidades reunidas en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las representaciones del Gobierno, dentro del marco de la denominada Comisión de Enlace, resultaron infructuosas debido a la intransigencia del Poder Ejecutivo para otorgar un aumento que al menos contrarreste el aumento por el costo de vida.

Y es que según el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica, el cual se publicó en el mes de julio pasado, la expectativa de inflación para finales del 2024 será de 3,1 %; el Gobierno dijo a las universidades que solamente propone dar un aumento del 1 % para el FEES, lo que pone en una grave posición el accionar de las universidades, por lo que tal propuesta fue rechazada de forma tajante por el Conare.

Inclusive, el mandato constitucional dicta que el Estado debe aportar el 8 % del PIB para la educación pública, desde donde se obtiene el FEES para las universidades, pero esta ley no se ha cumplido y perjudica el quehacer de las universidades públicas en sus cinco actividades sustantivas: Acción Social, Docencia, Investigación, Vida Estudiantil, y Administración.

Cuadro 1. Información tomada de UCR en cifras, fuente: Oficina de Planificación Universitaria UCR.

De tal forma, las cinco universidades estatales han convocado a una marcha nacional en defensa de la inversión en la educación pública, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de agosto. La comunidad universitaria de la UCR saldrá desde el Pretil de la Escuela de Estudios Generales a las 9 a.m. y se dirigirá hacia el Parque de la Democracia, en San José.

Un aporte económico estatal que viene en declive

Esta movilización social responde a los múltiples intentos del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles, por desfinanciar y desmantelar la educación pública universitaria, en beneficio de algunos sectores privados que quieren lucrar con este derecho constitucional y obtener enormes beneficios económicos.

Cuadro 2. Información tomada de UCR en cifras, fuente: Oficina de Planificación Universitaria UCR.

Por ejemplo, una de las nefastas consecuencias que se obtiene de estas políticas, además de la baja en la calidad de la educación pública, es una amplia desigualdad de oportunidades para las y los jóvenes que buscan, por medio de una carrera universitaria, convertirse en profesionales y así alejarse de la pobreza y de la delincuencia.

Una educación universitaria pública fortalecida es garantía de paz, seguridad, desarrollo e inclusividad para Costa Rica, y los próceres que elaboraron y firmaron la Constitución Política lo tenían muy claro, por lo que buscaron blindar con leyes esa importante inversión en educación que debe hacer el país, para asegurar un buen futuro para todas las generaciones.

¡Una educación superior pública de calidad es de tod@s y es para tod@s! Defendámosla en todos los espacios, incluyendo en las calles… ¡acompáñenos en la marcha del 28 de agosto!

Cuadro 3. Información tomada de UCR en cifras, fuente: Oficina de Planificación Universitaria UCR.

Convocatoria a la marcha: Educación hoy, paz mañana

Cuándo: 28 de agosto, 2024
Hora: 9:00 a. m.

Quiénes: las cinco universidades públicas se encuentran en la Fuente de la Hispanidad

Otto Salas Murillo
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

La democracia del crustáceo y el síndrome Shakira

Manuel Hernández

El Estado Social y Democrático, más allá del Estado Liberal de Derecho, no solo consagra las libertades civiles, sino que, además, reconoce las libertades democráticas y garantiza la realización de los Derechos Fundamentales, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Aquel modelo de Estado asegura el ejercicio de esos derechos, interviniendo el tejido social y económico, mediante la ejecución de políticas y acciones públicas, con la finalidad de alcanzar la libertad y la igualdad real de las personas, y resolver los conflictos sociales, desde la perspectiva de la solidaridad y la justicia social.

La legitimidad del Estado Democrático se radica en el cumplimiento de esos intereses y valores superiores.

Un Estado que no cumple esas expectativas pierde legitimidad democrática.

La educación, sin duda, constituye un derecho fundamental de cualquier ordenamiento democrático.

Nuestra Constitución Política no se limitó a declarar la gratuidad y obligatoriedad de la educación, costeada por el Estado.

Con el propósito que ese cometido no se convirtiera en una mera declaración poética, la misma Constitución instrumentó un dispositivo tendiente a darle sostenibilidad presupuestaria a la educación pública, a merced de las sucesivas reformas de su artículo 78.

En un primer momento, a finales del siglo pasado (1997), se enmendó esa norma constitucional, asignándose a la educación pública un presupuesto mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El legislador constituyente no se conformó con ese porcentaje, y varios años después, en 2011, con el objetivo de fortalecer la educación, volvió a reformar la norma constitucional, incrementando en dos puntos porcentuales la asignación presupuestaria, llevándola a un mínimo del 8% del PIB.

Desafortunadamente, la trascendental reforma ha sido impunemente violentada, año tras año, en virtud de que el legislador presupuestario nunca le ha fijado a la educación ni siquiera el porcentaje mínimo que ordena el precepto constitucional.

Por contrario, principalmente, en los últimos cuatro años, la asignación presupuestaria decrece cada vez más, llegándose a fijar una partida muy por debajo, ya no de la última reforma constitucional, sino del 6% de PIB.

Para el próximo período 2025, se estima que la asignación será todavía más deficitaria, marcando ya un punto de inflexión inasumible.

Este insufrible retroceso de los recursos destinados a la educación pública tiene gravísimas consecuencias en el desarrollo económico, social y humano del país, afectando intensamente la condición de los sectores más vulnerables.

Por desventura, ese retroceso no solo erosiona dicho derecho fundamental, sino que también han corrido la misma suerte, otros derechos fundamentales y libertades democráticas, entre ellos la huelga y la negociación colectiva.

El Estado Social y Democrático se viene trasmutando en la democracia del cangrejo, cuyo proceso regresivo aceleró obscenamente la Regla Fiscal, manifiestamente contraria a la Constitución.

Pero, la democracia del crustáceo ha tenido de compañera de viaje, de la mano, sin la cual no hubiera sido posible que involucionara hasta ese punto de retroceso, la pasividad y hasta la indiferencia de la ciudadanía, como si la bronca no fuera con nosotros, contra nosotros, cuya ciudadanía está siendo disciplinada por un bellaco, “outsider” y esmirriado jaguar.

Una ciudadanía, desde el punto de vista político, que sufre el síndrome Shakira: ciega, sorda y muda.

Antón Chéjov respondiendo un cuestionamiento acerca de la “sociedad fallida”, manifestó que la democracia no se adecua a una sociedad de ignorantes, en la que la mayoría ignorante decide su porvenir.

¿Será qué nos convertimos en una “sociedad fallida?”

La pregunta que me formulo, y quiero compartir con ustedes, es la siguiente: ¿Estaremos aun a tiempo de recuperar la democracia?

Y hasta aquí llego, porque como se lamenta la canción de Shakira: “Se me acaba el argumento y la metodología.”

Gandoca no son solo monitos

Roxana Salazar Cambronero
Abogada

Rsc72169@gmail.com

En 1985 el Estado costarricense tomó la decisión de crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Los objetivos de su creación se basaron en garantizar la protección de la riqueza de biodiversidad de la zona.

El Refugio abarca un área territorial que incluye manglares, pantanos, bosque y arrecifes de valor único, en la zona se encuentra la única asociación de yolillo y orey que existe en el país. Otra consideración fue que la zona cuenta con poblaciones de especies en vías de extinción como el manatí, el cocodrilo y el caimán, la danta y diversas especies de monos y felinos. Sin olvidar que en la franja litoral y zona de arrecifes existe un banco natural de ostión de mangle, y criadero de poblaciones como langosta, sábalo. La zona además cuenta playas con potencial turístico sostenible. Pareciera que es algo más que monitos.

En 1992 se publica la novela “La Loca de Gandoca”. Se convirtió en un libro clásico de consulta obligada, trascendió el ámbito nacional. El libro evidenció cómo fuerzas económicas se movían para cambiar el uso del refugio. Se aliaron diferentes personas, con sus propios intereses para cumplir con sus metas económicas.

Apareció nuestra querida Anacristina Rossi e inició una lucha como David para evidenciar lo que estaba sucediendo. Parte de los hechos se han plasmado en la novela.

¿Qué ha sucedido durante este tiempo? Pasamos de un siglo a otro. Se incrementaron los efectos del cambio climático, los residuos no se reducen, tenemos micro plásticos en todo lado, fuimos testigos de una pandemia mundial. ¿Y Costa Rica? ¿Se garantizó la protección del refugio por el que luchaba Anacristina Rossi?

Lastimosamente desde hace varios años venimos recibiendo información de reclamos ciudadanos sobre las afectaciones sobre el sitio. Poco a poco conocemos que las condiciones se han deteriorado, con la indiferencia de los entes a cargo de su protección. Se facilitan actividades que vulneran la riqueza natural del Refugio.

Contrario a lo que se esperaba se han venido confabulando fuerzas del sector público con el sector privado, para no seguir protegiendo “monitos”, facilitando espacios para los negocios, que dicen van a generar empleo y riqueza. Suena como el “BMW” que nos traería el CAFTA. Seguimos esperando, ojalá se haga realidad, ahora tiene que ser uno eléctrico.

Lo que estamos viendo es como una repetición de los hechos de la novela, se están plasmado en situaciones, posiciones y pareciera que incluso los mismos actores, con muy similares intereses económicos. Macondo se repite.

El país representaba un ejemplo de que se podían tomar decisiones para lograr un balance entre la protección ambiental y ser humano. Incluso este mensaje “verde” ha permitido que el país sea un referente obligado para la visitación de turistas de diferentes partes del mundo. Se convirtió en una actividad lucrativa.

La situación pareciera que no es tan maravillosa como se vende. Las diferentes políticas y compromisos país están en sitios web disponibles para consulta. ¿En la práctica como lo vemos?

Frente a estas tristes noticias se nos habla de reverdecimiento de las ciudades, igual que es función del Estado velar por la conservación del ambiente, para mejorar el bienestar y desarrollo social, económico, político y ecológico de la población costarricense.

Las afectaciones al ambiente no son solo en Gandoca Manzanillo, se han venido manteniendo en nuestro país y a nivel mundial. La calidad de vida de los habitantes, nuestra supervivencia depende precisamente de poder proteger a los monitos, de garantizar valiosos recursos como el agua, pareciera que estamos en punto crítico en que debe resolverse para atender nuestro derecho fundamental a un ambiente sano.

Se ha carecido de una constante motivación para que cada uno de nosotros cumpla con el derecho a tener un ambiente sano, y cumplir con obligaciones de hacer realidad ese derecho con compromisos a nivel individual.

Que la factura que paguemos, no nos violente la paz

Licenciado Miguel Ureña Cascante.

Miguel Ureña Cascante

Este martes 23 de julio se reabrió el paso sobre el puente La Amistad, camino a Guanacaste, acceso primario a Nicoya, puente que le costó a Costa Rica miles de toneladas de atún, y por una cantidad importante de años, y a pesar del pago, una obra que se deterioró y fue necesario intervenir.

En los procesos de negociación, siempre uno observa cuánto invierte y cuánto gana, sin duda, se deteriora por diversas razones, hasta el clima mismo ayuda, la sismicidad, la humedad, la sequía, en fin, todo se invierte, se hace, a cambio de una utilidad para el país mismo.

Nosotros seguimos con dudas, de cuánto hipotecamos, a cambio de tan necesario puente.

Hoy después de una inversión millonaria, que no la paga el presidente, la pagamos todos los ticos, se reabre y se pone al servicio de la economía regional, reduciendo el tiempo de llegada a esa linda porción de tierra tica.

Menos combustible, menos tiempo de conducción, menos desgaste vehicular, en fin, eso nos trae beneficio, pero cuánto más pagaremos todos, en ese análisis costo beneficio para tener vigente el uso de tan necesario instrumento.

El Río Tempisque, icono de la región, es sin duda la antesala de las maravillas naturales que resguarda esta tierra tocada y tallada por la mano de Dios, tierra de longevos, zona azul le dicen, porque sus habitantes logran con facilidad como guayacanes superar las expectativas de vida misma.

Tramar de las marimbas, el silbido o grito de un sabanero, palmoteando la coyunda, con el 28 en el cinto, su cutacha y la cubierta en la cintura, con el pañuelo seca su rostro ante su jornal quehacer.

Ni que se diga del potrillo o yegua, para colgar las alforjas y trasladarnos por largas distancias y descansar a la sombra del frondoso árbol de guanacaste, y comerse el gallo pinto con torta de huevo, envuelto en hoja de plátano, y el maduro con natilla y al final el agua dulce o un peinado paz tras.

Manjares de mi tierra, instrumentos para el desarrollo y transporte, que aunque traigan más inversión en turismo, algo se queda como gota de sudor que sacrifica su pueblo, algo debemos pagar, trae desarrollo cuesta, grandes condominios, las lapas y loras deben cuidarse de las hélices de las avionetas, el venado ya no duerme tranquilo, su hábitat esta invadido por el desarrollo. Algo debemos pagar…

Algo debemos pagar, para asegurarnos que las tanquetas de los contenedores viajen menos quizás con rumbo a Peñas Blancas o al mismo aeropuerto para trasladar mercadería para afuera o para adentro.

Algo debemos pagar, no importa si usted está en Limón o en Cartago, la factura llega a Hacienda, y de ahí se pagan los “cincos” de esa reparación.

No hay almuerzo gratis dicen los ancianos, pero cuánto deberemos pagar si son días, meses o años.

Quien diantres lo sabrá, por eso, cuando mire el listón patriótico de la reinauguración, pregúntese qué paga usted, qué paga él, qué pagan ellos, qué pagamos todos.

Adelante Guanacaste, tierra querida y adorada, el folclorista y el gui pi pía, el uyuyuy bajura, el tronar de los cascos de la bestia sobre el pavimento, hoy se hacen notar más que antes, cuando las calles eran de tierra o barro.

Pero nos debemos preguntar, cuando éramos felices y nadie lo sabía, hoy vamos camino al desarrollo, pero ojalá sin combustible en el arroyo, para tener agua limpia y cristalina, y no una factura para toda la vida.

Felices 200 años, feliz reinauguración del Puente La Amistad, que la factura que paguemos, no nos violente la paz.

El Camino de Costa Rica: del Atlántico al Pacífico 

Este octubre, la Asociación Mar a Mar organizará una subasta silenciosa con el objetivo de recaudar fondos para proyectos de desarrollo comunitario de El Camino de Costa Rica.

Con la donación de su producto o experiencia forma parte de este esfuerzo para hacer una diferencia significativa en siete comunidades del país.

Si usted cuenta con algo que desea donar, le invitamos a completar el siguiente formulario por ítem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8kmzpw8WIHiFHo7afqgFuIFXQD3qMweapaPk5LzBgvGZqOg/viewform 

Producto: un artículo tangible como joyería, obras de arte, vestimenta, utensilios de cocina, o cualquier objeto físico que los participantes puedan llevarse a casa.

Experiencia: una actividad o evento único como una cena, escapada de fin semana, clases de cocina o yoga, entradas para eventos deportivos o culturales, o cualquier otra vivencia memorable.

¡Mil gracias por su valioso apoyo al desarrollo comunitario de Costa Rica!

Compartido con SURCOS por Lorea Pino.

Responsabilidad compartida

Marlin Oscar Ávila
11 de julio de 2024

En Honduras, muchos empresarios consideran que ellos son el factor principal de desarrollo de su país. Piensan, con cierta razón que, al invertir sus ahorros ganados en anteriores negociaciones, en proyectos qu en los actores esenciales del desarrollo. Lo que consecuentemente, les hace creer ser quienes determinen la estrategia en sí misma. Sin embargo, eso no es así. Definitivamente faltan otros actores y elementos esenciales que hacen llegar al cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo parcial o total.

Actualmente se discute entre sectores de las «denominadas fuerzas vivas» (principalmente empresarios) y autoridades municipales de San Pedro Sula, la utilización del área geográfica cubierta por la sierra del Merendón, frente a la ciudad de San Pedro Sula.

En el contexto actual, con su alcalde, Roberto Contreras, tratando de ascender a niveles superiores de poder político, con una ciudadanía poco organizada y poco politizada, y un empresariado muy dinámico, buscando ejecutar proyectos de vivienda e infraestructura turística, sin la debida licencia ambiental por su muy baja conciencia sobre la importancia del equilibrio ecológico, produciendo un alto riesgo hacia la deforestación de la montaña del Merendón, que es parte de la gran Sierra del Merendón.

Una significativa parte de esta montaña está ya deforestada: es la parte más al norte, que no se aprecia desde la ciudad industrial, San Pedro Sula.

El bosque que se observa es lo que ha salvado a la población que habita el valle, en las décadas después del paso del huracán Fifi en septiembre de 1974, cuando se perdió la mitad de la ciudad de Choloma, dejando miles de fallecimientos y desaparecidos, además de la enorme destrucción en todo el Valle de Sula. Una década después, Choloma se levantó invirtiendo su fuerza laboral en la industria «golondrina», la industria de manufactura textil para la exportación. Las primeras compañías extranjeras llegaron a fines de los ochenta, a invertir en condiciones de mucho privilegio para ellas y, considerable daño a la salud de las obreras contratadas en condiciones de muy reducidos derechos y alta vulnerabilidad.

Después de 30 años de explotación y lucha de reivindicaciones de los gremios de trabajadoras asalariadas, se ha logrado que se suscriban contratos donde se consideren e incluyan los derechos laborales de la clase trabajadora asalariada.

Esa masa trabajadora poco o nada se interesa por los destinos de la foresta existente en la montaña del Merendón, aun cuando fue por las tormentas y las presas de árboles arrastrados por las grandes corrientes de agua, las que provocaron el gran desastres del huracán Fifi, sobre el Valle de Sula. Es decir, la sociedad se proyecta a futuro, planifica su desarrollo, muchas veces sin revisar su pasado, pudiendo prever posibles golpes de los fenómenos naturales.

En este momento, los altos riesgos de un desastre lo son, no solamente por falta de prevención, sino además por una deficiente administración pública y coordinación adecuada con la empresa privada.

Se trata no solamente de buscar invertir para obtener rentabilidad o ganancias económicas, se invierte en prevenir las destrucciones de lo construido. Como todos saben, el conservar los bosques permite evitar los desastres atmosféricos, así como ahorrarse en tener que invertir en reconstruir.

Con lo dicho aquí, se puede intuir lo complejo que es administrar el desarrollo de zonas como el Valle de Sula y su cordillera Merendón. Sin embargo, evadir su apropiada administración sería darle la espalda a la rica naturaleza que se posee, pulmón del Valle de Sula.

Es una gran responsabilidad la que tienen las autoridades de los diferentes municipios existentes en esa zona. Esa responsabilidad se debe compartir con las autoridades nacionales en los tres poderes del Estado, puesto que este Valle es parte de la nación hondureña.

Incertidumbres de la Ley Jaguar: reflexiones sobre el desarrollo de Costa Rica

Yenén Mejías San Lee

Hace un mes, el poder ejecutivo presentó a la corriente legislativa el proyecto 24364, “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”. Aunque el proyecto aún no se ha votado en el plenario, las consultas de constitucionalidad y las dudas que genera siguen vigentes. Aprovechando la pausa legislativa y en espera de una resolución de la Sala IV, comparto estas reflexiones en la discusión pública desde mi posición como economista.

Según la exposición de motivos, el proyecto de Ley Jaguar busca impulsar el desarrollo de Costa Rica mediante reformas para agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura clave, como Ciudad Gobierno y la Terminal de Cruceros y Marina de Limón. Las reformas se plantean en tres capítulos: el primero pretende fortalecer la fiscalización de la hacienda pública, el segundo optimiza la gestión contractual del sector público, permitiendo la compra y arrendamiento de inmuebles con mayor flexibilidad, y el tercero facilita la ejecución de alianzas estratégicas por JAPDEVA.

Las críticas principales al proyecto se centran en el incremento de la discrecionalidad en la acción pública, lo que podría permitir que el gobierno actúe con demasiada libertad, especialmente en los contratos públicos. Esto es preocupante considerando los escándalos de corrupción relativamente recientes, como el caso “Cochinilla”, que involucró a funcionarios públicos y privados bajo una supervisión inadecuada.

Desde la perspectiva económica, la preocupación sobre la «Ley Jaguar» puede entenderse a través del concepto de “riesgo moral”. Aumentar la discrecionalidad en la acción pública, como propone la ley, puede llevar a decisiones arriesgadas o ineficientes, ya que no estarían sujetas a una supervisión estricta. Esto es similar al clásico ejemplo del mercado de seguros, donde la cobertura puede llevar a comportamientos más arriesgados, afectando a la aseguradora.

El caso «Cochinilla» es un claro ejemplo de riesgo moral, pues los agentes que participaban en las licitaciones coludieron mediante prácticas oligopólicas, y confiados en lo permisivo del sistema, actuaron causando perjuicio al interés público. Curiosamente, fue la Contraloría General de la República quien detectó e informó entre 2018 y 2020 sobre pagos irregulares y otros problemas administrativos a través de informes. Sin embargo, las medidas preventivas fueron insuficientes para detener la corrupción a gran escala, a pesar de los esfuerzos de la Contraloría. Invito a la persona lectora a investigar el caso de Petrobras en Brasil en 2014, un ejemplo internacional relevante para profundizar en esta temática, donde la corrupción y la falta de controles administrativos efectivos causaron problemas a una escala aún mayor.

Eliminar los controles preventivos de la Contraloría y otras barreras podría aumentar la posibilidad de que ocurran nuevos casos de riesgo moral, como los mencionados anteriormente. Estos casos podrían surgir tanto en el presente como en el futuro. En el presente, porque la propuesta de ley no incluye una solución que actúe como un legítimo contrapeso ante la reducción de los controles de la CGR, lo que generará dudas sobre las acciones del gobierno actual, sin importar cuánto afirmen que sus intenciones son las mejores. En el futuro, porque no hay forma de garantizar que los próximos gobernantes eviten cometer actos de corrupción.

Además, este aumento del riesgo plantea una interrogante desde la perspectiva del costo de oportunidad: ¿existe alguna prueba de que habrá una ganancia garantizada en la gobernanza al ejecutar proyectos a costa de restar competencias a la Contraloría? En los debates públicos, esto se repite como un resultado indiscutible, pero sin datos concretos y considerando la idiosincrasia costarricense, tengo mis dudas al respecto.

Desde el punto de vista económico, el impacto esperado en variables como el desempleo, desarrollo regional e inversión es necesario y deseable. Según datos de MIDEPLAN, la construcción de Ciudad Gobierno permitiría al Estado ahorrar $357.8 millones en alquileres, generar más de 3,044 empleos directos e indirectos durante su ejecución y 600 durante la construcción. El gobierno también ha dado cifras prometedoras sobre la inversión en la Terminal de Cruceros y Marina de Limón, lo cual es vital para una provincia rezagada económicamente.

El pueblo de Costa Rica comprende la necesidad de avanzar y crecer económicamente. La discusión no es si queremos desarrollo, sino cómo lo queremos. La idiosincrasia costarricense valora la transparencia, participación ciudadana y la sostenibilidad en los procesos de desarrollo. Este proyecto de ley choca con un estilo de gobernanza que por décadas, ha preferido procedimientos rigurosos y controles preventivos para asegurar la integridad y eficacia en la gestión pública, aunque el costo sea un crecimiento más lento, es un crecimiento consistente; la historia y los datos respaldan este enfoque. En ese contexto, la propuesta de ley, al reducir los controles de la Contraloría General de la República, plantea serios interrogantes sobre la garantía de transparencia y la prevención de la corrupción. Por tanto, aunque el objetivo de impulsar el desarrollo económico es compartido, es crucial que los mecanismos de supervisión y control se mantengan robustos para asegurar que el progreso se logre de manera ética y sostenible.

Taller: Guía Turística Cultural de Puntarenas 2024

La Asociación de Desarrollo Integral de Puntarenas Centro realizó un taller con el objetivo de promover la Guía Turística Cultural de Puntarenas 2024, elaborada por el ICT, y realizar un mapeo de actores clave.

Se buscó unir esfuerzos y delinear una hoja de ruta para su implementación y maximizar su impacto.

La participación y aporte de las personas asistentes fueron esenciales para el éxito de esta iniciativa, que busca basarse en la riqueza cultural y promover el desarrollo turístico de Puntarenas. El taller fue promovido por Abraham Zárate S., estudiante de Ciencias Políticas UCR.

La UCR es un semillero de calidad para el sector educativo de Costa Rica

La UCR continúa siendo un referente en la educación superior costarricense y contribuye significativamente al progreso del país, a través de una educación inclusiva y de excelencia. Foto Laura Rodríguez, UCR.

La educación pública atraviesa actualmente una de sus peores crisis en su historia; sin embargo, la formación de profesores altamente capacitados por parte de la UCR se convierte en uno de los aportes fundamentales, en la lucha por mejorar esta situación.

En medio de la problemática que se vive en las escuelas y colegios del país, en cuanto a la deficiente formación que reciben las y los jóvenes por parte de un cuerpo docente poco capacitado, a lo que se suma la pobre inversión en infraestructura y la disparidad en el acceso a la tecnología, la Facultad de Educación de la UCR sí cumple su misión de proveer el recurso humano necesario para ayudar a revertir este panorama.

Prueba de ello es que las carreras de Bachillerato en Ciencias de la Educación, con énfasis en Educación Especial; y el Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria, ambas impartidas en la Sede Rodrigo Facio, recibieron el certificado de acreditación oficial por parte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).

La ceremonia de entrega del certificado de acreditación se llevó a cabo a inicios de junio en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica (UCR).

A dicho evento asistieron la M. Sc. Martha Eugenia Picado Mesen, miembro del Consejo Nacional del Sinaes; el Dr. Roberto Guillén Pacheco, rector en ejercicio de la UCR en ese momento y vicerrector de Administración; la Dra. Julieta Solórzano Salas, directora de la Escuela de Orientación y Educación Especial; y la Dra. Nora Cascante Flores, directora de la Escuela de Formación Docente. También estuvieron las representantes estudiantiles Sara Camacho Mata, de Educación Especial, y Montserrat Villacis Llobet, de Educación Primaria.

La reciente acreditación de las carreras de Educación Especial y Educación Primaria de la UCR subraya el compromiso que tiene la UCR con la formación de profesionales capaces de hacer frente a los retos inmediatos. Foto Karla Richmond, UCR.

Un compromiso con la calidad

Precisamente, Sara Camacho expresó con emoción que cursar esa carrera le representó dar un giro de 180º: “es algo precioso trabajar con personas en situación de discapacidad, desde un énfasis de Derechos Humanos o desde el modelo social. Para mí ha sido un cambio radical saber que estas personas lo que necesitan es la eliminación de las barreras que les pone la sociedad y el entorno”.

Por su parte, Montserrat Villacis destacó la importancia de una acreditación, “que la carrera esté acreditada implica que tiene calidad y que cuenta con todo lo necesario para desarrollarse. Se trata de un proceso de mejora, lo que significa que todos los años está intentando ver en qué se puede mejorar”.

La Dra. Julieta Solórzano subrayó en su discurso la importancia que tiene el compromiso que caracteriza a la UCR con la calidad educativa: “los ejercicios de autoevaluación implican retos importantes para las diversas poblaciones que participan e integran a la carrera. Sin embargo, el compromiso de la unidad académica con la calidad ha sido la constante en cada una de las actividades que emprendemos”.

Asimismo, Solórzano resaltó la trayectoria de la carrera de Educación Especial, que este año celebra su 50 aniversario, y que ha evolucionado para ofrecer una educación inclusiva y equitativa, ajustada a las necesidades individuales de cada estudiante.

El Sinaes conmemora este año su 25 aniversario, siendo una guía para la mejora continua de la educación superior en Costa Rica. Foto cortesía Sinaes.

La Dra. Nora Cascante también hizo énfasis en la excelencia de la carrera de Educación Primaria, que goza de una gran historia desde 1940.

“La acreditación obtenida no sólo es un motivo de celebración, sino también un compromiso para continuar mejorando y ofreciendo una formación cada vez más integral a los futuros docentes del país”, afirmó Cascante.

La UCR es un eslabón importante en la cadena de la educación costarricense

Finalmente, el Dr. Roberto Guillén señaló que la búsqueda constante de la excelencia es una de las tareas que cumplen con creces las universidades públicas.

“Nos caracterizamos porque en los procesos de transmisión del conocimiento procuramos que las personas estudiantes tengan una formación integral, es decir, somos conscientes que existe un compromiso con una educación de calidad, que forme profesionales preparados y preparadas para desarrollarse en la esfera pública o privada, y con bases sólidas, tanto en conocimiento como en valores”, aseguró Guillén.

La carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación, con énfasis en Educación Especial, y la carrera de Educación Primaria han demostrado su compromiso con la excelencia, al obtener nuevamente la acreditación por parte de Sinaes. Este reconocimiento no sólo avala la calidad académica y pedagógica de estos programas, sino que también refleja el esfuerzo colectivo de estudiantes, docentes y personal administrativo.

En un contexto educativo desafiante, la UCR se destaca entonces como un faro de calidad y compromiso, asegurando que sus egresados y egresadas estén preparados para enfrentar y transformar la realidad educativa del país, promoviendo una educación inclusiva y de vanguardia.

Otto Salas Murillo
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Lucha para frenar el proceso de gentrificación que atraviesa Costa Rica

La gentrificación en Costa Rica desplaza a comunidades locales y causa estragos en los ecosistemas a un ritmo acelerado. Todo esto debido a la falta de planificación territorial, la entrega de permisos irregulares, los cambios ilegales en el uso del suelo, un mercado inmobiliario y agentes de bienes raíces voraces sin ningún tipo de regulación. A esto se suma el auge e incremento de alquileres de corto plazo y el enfoque de las políticas públicas en beneficio de proyectos megaturísticos que buscan la atracción de nuevos residentes a las localidades, y priorizando la garantía de los acuerdos de inversión en detrimento de la calidad de vida de las personas que históricamente habitan el territorio.  

El colectivo Anti Gentrificación, le invita cordialmente a leer, firmar y compartir el formulario en petición de la lucha para frenar el proceso de gentrificación que atraviesa Costa Rica.

Ayudemos a que suene fuerte nuestro grito y que se sepa que aquí estamos quienes queremos un mundo mejor. Luchamos por nuestras vidas, por la vida misma. Aquí estamos, y no nos vamos. Vamos con todo, sin miedo al éxito, por el Bien Común.

Petición · Lucha para frenar el proceso de gentrificación que atraviesa Costa Rica – Costa Rica · Change.org

Compartido con SURCOS por Selva Baker.