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Etiqueta: desempleo

Hacia la revolución lúdica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El momento más importante es el momento de la creación, es el momento de la emoción, no cuando la obra se termina y firma puesto que entonces, ya no tiene importancia. Leopoldo Flores Valdés (1934-2016)

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El Cosmovitral Jardín Botánico, en Toluca México, es una obra artística monumental que recoge y expresa la rica tradición muralista mejicana. Una obra excelsa y maravillosa que narra el origen de la humanidad. Fue realizada por el pintor, muralista y escultor Leopoldo Flores Valdés.

En la placa que se erigió en su honor quedó consignada la frase que utilizamos como epígrafe de este artículo, donde se expresa con elocuencia el sentido y el significado del quehacer artístico. Para Leopoldo Flores, el “momento más importante”, en el que se disfruta emocionalmente, se da en el proceso de creación de la obra. El momento en que se concluye y se estampa la firma “no tiene importancia”.

 Efectivamente, es deseable que en el quehacer humano prevalezca la dimensión lúdica sobre la dimensión utilitaria y mercantil. Sin embargo, en el sistema productivista actual, por la primacía que se da al valor de cambio y a la acumulación, el acento se pone en los resultados más que el proceso de producción. El trabajo tiende a degradarse y deshumanizarse ahí donde persisten concepciones y condiciones de trabajo que no contribuyen a la realización emocional y vital del ser humano.

Los avances científico-tecnológicos que aceleran y maximizan los procesos productivos deberían, por eso mismo, contribuir a humanizar el trabajo. Es decir, ofrecer condiciones laborales donde el trabajador-creador (homo faber) disfrute emocionalmente y lúdicamente del mismo (homo ludens). Esta sería, por ejemplo, la sana expectativa de la modalidad de “trabajo en casa”, pero resulta, en la mayoría de los casos, que las jornadas se alargan con impactos negativos para el tejido afectivo familiar.

En el sistema productivo dominante, lo lúdico se concibe al margen del proceso de producción. Por eso se habla del “tiempo libre” destinado a las actividades recreativas. La alternativa sería crear las condiciones óptimas para que el proceso productivo también se convierta en una actividad lúdica, que produzca placer y, como tal, que permita y facilite el despliegue del mayor potencial del ser humano, como sujeto creador-productor. Sin embargo, la tendencia es a hacer del trabajador un apéndice de las nuevas tecnologías, es decir, hacia la robotización del ser humano.

En este aspecto, debemos apostar por la revolución lúdica, que reivindique el derecho que tiene todo ser humano a disfrutar plenamente del trabajo creativo y productivo. Para ello, es necesario que el Estado impulse políticas que garanticen condiciones de trabajo digno. Es decir, que vele por la defensa de los derechos humanos de los trabajadores, y que no permita, bajo ninguna circunstancia, que se aproveche la crisis de desempleo para que se devalúen las condiciones de trabajo, y se legitime la sobreexplotación del trabajador. No habrá verdadera reactivación económica sin trabajo digno y decente.

Asimismo, la crisis fiscal y de la deuda pública no deben convertirse en una excusa más para la sobreexplotación del trabajador público, ahora a punto de ser sometido a los dictámenes de una “Ley de Empleo Público” que pretende precarizar más el salario e impedir la negociación de mejores condiciones para el desempeño de un trabajo digno y saludable. Para ello, hay que contrarrestar la campaña mediática de subterfugios que buscan presentar los derechos de los trabajadores como privilegios inmerecidos.

Hoy, a las puertas de la revolución de la Inteligencia Artificial, se empiezan a ver señales de una “revolución” más, que al parecer tampoco alcanzará a superar las condiciones del trabajo alienado. Todo parece indicar que hay un convenio tácito entre algunos sectores empresariales y gobiernos, dirigido a deteriorar las condiciones de trabajo. La lógica productivista es conducida a los extremos de una sobrexplotación “esclavista” del trabajo humano, algo que también ha evidenciado la pandemia del Covid19.

La revolución de la Inteligencia Artificial tendrá que ser lúdica o no será una verdadera revolución humanista. No podemos permitirnos un avance científico-tecnológico más, acompañado de un retroceso humano y social.

Costa Rica y el FMI: Los Eslabones Perdidos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Paulino Vargas Solís.
Economista
Director a.i. CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Acuerdo con el FMI… Hay problemas en lo que incluye y, en especial, en cómo lo incluye. Pero el mayor problema está en lo que no incluye, en lo que dejó fuera e ignoró.

¿Por qué desde 2009 la deuda pública ha venido creciendo sostenidamente? Bueno, porque ha habido un déficit fiscal considerable, resultante de una reducción relativa de los ingresos del gobierno, pero, sobre todo, de un incremento considerable de sus gastos corrientes, incluyendo remuneraciones y transferencias. Esa es la respuesta rápida, la usual entre nuestros economistas, pero también es la respuesta fácil y superficial.

Es preciso entonces agregar: la deuda ha crecido también, y principalmente, porque la economía crecía relativamente poco y las tasas de interés sobre la deuda han sido excesivamente altas y, en particular, claramente superiores al propio ritmo de crecimiento de la economía. En esa relación entre tasas de interés sobre la deuda y tasas de crecimiento de la economía está, desde el punto de vista matemático, la clave de la insostenibilidad de la deuda, porque implica un crecimiento automático de ésta por encima del crecimiento de la economía.

Pero en el momento en que entramos a considerar la tasa o ritmo de crecimiento de la economía, volvemos al principio de nuestra historia, ya que si los ingresos del gobierno han tenido un comportamiento insatisfactorio, que agudiza los desequilibrios fiscales, en buena medida es por causa del mediocre dinamismo de la economía. No es difícil entender la razón: una economía dinámica, que crea muchos empleos y pone en marcha un intensificado flujo comercial, con ello mismo genera acrecentados ingresos por concepto de impuestos que desembocan en las arcas públicas.

Pero además acontece que si los gastos los vemos más grandes, es precisamente porque los comparamos con una economía que es más pequeña de lo que debería ser, lo cual, a su vez, es reflejo de su insatisfactorio dinamismo durante más de un decenio. Es decir, también en este caso lo decisivo son las cifras relativas más que las absolutas, o sea, el gasto del gobierno comparado con el tamaño de la economía.

Desde luego, otros factores también inciden. El fraude fiscal, la inequidad del sistema tributario y la baja tasa de tributación son algunos de ellos. De momento omitiré detalles al respecto, pero sí enfatizo: en los tres casos hay sólida evidencia empírica que respalda la hipótesis de que, en efecto, son problemas importantes.

Pero, en fin, y volviendo a lo que más arriba indiqué, la variable atinente al dinamismo de la economía es de decisiva importancia, aun cuando no sea la única que debamos considerar. Y es especialmente importante, si de poner bajo control la deuda se trata.

El caso de Grecia ilustra ese punto con claridad. Se sometió a la población griega a un sacrificio brutal e inhumano, cuyo objetivo era generar un superávit fiscal primario (o sea, un excedente de los gastos sobre los ingresos, sin incluir los pagos por intereses). Lo lograron (a un costo inenarrable), pero ello no impidió que la deuda, expresada como porcentaje del valor de la producción nacional de Grecia (su Producto Interno Bruto, PIB), siguiera subiendo. Hoy es más alta de lo que era al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, a causa de que las políticas de recorte y austeridad aplicadas provocaron un pavoroso desplome de la economía. Al año 2019, el PIB de Grecia era un 23% más pequeño de lo que era en 2007. Con la pandemia ese hueco se amplió a casi 30% en 2020. Ello significa que al hacer la división “deuda/PIB”, el denominador de esa razón (el PIB) se contrajo violetamente, elevando en consecuencia la proporción respectiva. La deuda, que representaba un 126,7% del PIB en 2009, alcanzó un 180,9% en 2019. La crisis asociada a la pandemia del Covid-19 ha agravado la situación, llevando la cifra a 205,2% (los datos provienen del World Economic Outlook Database, del Fondo Monetario Internacional, FMI: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October).

Una primera conclusión que se deriva de lo anteriormente planteado tiene que ver con el hecho de que el problema fiscal es mucho más que un asunto de sumas y restas. No se agota, ni mucho menos, en la mera contabilidad de gastos e ingresos del gobierno. Es una cuestión multifacética y compleja, respecto de la cual destaco aquí solamente lo siguiente: entre los equilibrios (o desequilibrios) fiscales y la economía en general, hay una relación de doble vía. Para bien o para mal, ambos se influyen mutuamente.

Ello tiene importancia, a la hora de evaluar los efectos esperables que podrían derivar del acuerdo que el gobierno ha negociado con el FMI, en cuanto éste está formulado en términos tales, que claramente sugieren efectos negativos sobre el desenvolvimiento de la economía de Costa Rica en los próximos años, lo que, en bucle de retroalimentación negativa, impactaría sobre las finanzas públicas.

Recordemos que durante todo el período posterior a 2008, el desempeño general de la economía costarricense tendió a ubicarse por debajo de sus estándares históricos previos. Esa pauta se hizo más clara luego de 2013, y todavía más pronunciada luego de 2018. Con la pandemia del Covid-19, la producción nacional sufrió una significativa contracción (estimada por el Banco Central en un -4,5%), la más severa desde la crisis de 1980-82.

Como ya expliqué más arriba, ese crecimiento económico relativamente mediocre, ha impactado negativamente, y de diversas formas, sobre los desbalances fiscales. Pero aquí se hace necesario agregar algo más: el empleo. Puesto que éste determina el ingreso de las personas y los hogares, asimismo influye sobre su capacidad de consumo y, en último término, sobre su capacidad para generarle ingresos al gobierno mediante el pago de impuestos. El problema -muy serio problema- es que desde 2009 en adelante, este año incluido, la situación del empleo en Costa Rica, es terriblemente insatisfactoria, y se hundió en forma cataclísmica en 2020, bajo el impacto de la pandemia.

Nada en lo negociado con el FMI, ni en las leyes y reformas que le acompañan, toma esto en cuenta. Es decir, no hay políticas en materia de reactivación de la economía y creación de empleos. Son como al modo de eslabones perdidos, y su ausencia puede tener graves consecuencias. A lo sumo se reitera la tesis de la “austeridad expansiva”, frecuente en las disertaciones de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, la cual se plantea más o menos así: “el programa de recorte fiscal hará bajar las tasas de interés y devolverá la confianza a los empresarios, incentivando la expansión de la producción y el aumento de las contrataciones de personal”.

Esta es una tesis comprobadamente falaz, ampliamente desacreditada. Lo que sí está bien comprobado, es que, todo lo contrario, la austeridad fiscal tiene efectos depresivos sobre la economía. Y el efecto puede ser aún más problemático en una economía que ha sufrido una severa recesión, y que, además, arrastra graves problemas de empleo.

Según lo negociado con el FMI, el ajuste fiscal propuesto, es decir, la reducción esperada del déficit fiscal es por una magnitud de 4,75% como proporción del PIB, en el quinquenio 2021-2025, la mayor parte del cual (cerca de 3,5%) se concretaría en los tres primeros años. Esa es la magnitud total del recorte a la demanda en la economía, que necesariamente implicará menos ventas paras las empresas y menos flujos de comercio. Difícilmente eso incentivaría la confianza empresarial, ni les induciría ampliar su producción y su empleo.

Es un ajuste menos severo que el que, por ejemplo, se le impuso a Grecia, lo que, en principio, haría esperables efectos negativos no tan groseros. Pero esos efectos inevitablemente se sentirán. Con un agravante: se aplican sobre el telón de fondo de una economía que el año pasado tuvo una contracción significativa, y que arrastra horripilantes niveles de desempleo.

Se abre así una perspectiva preocupante: estancamiento económico y alto desempleo por un largo período, lo cual debilitaría las bases económicas indispensables, sin las cuales la sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve muy incierta.

Artículo relacionado: Costa Rica y el FMI: un camino trillado, un fracaso seguro

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio digital:
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x.html?m=1

 

SEC: rechazo total a las propuestas que el Gobierno le está presentando al FMI

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el pronunciamiento del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC):
Respecto a la reunión virtual sostenida este viernes con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la cual el SEC participó con otras organizaciones sindicales como la CTRN, BUSSCO, entre otros; el planteamiento que se dejó muy claro por parte del movimiento sindical, fue el rechazo total de las propuestas que el Gobierno les está presentando a este organismo financiero internacional, entre ellas: el proyecto de empleo público, la venta de activos y el desmantelamiento de nuestro Estado Social de Derecho que se ocasionaría con esta negociación. Además incrementaría la pobreza, el desempleo y que ya está provocando una confrontación social en el país.
En su respuesta, los personeros del FMI manifestaron que les interesaba establecer un acercamiento con los grupos sociales y sindicales para conocer nuestra visión del panorama social y económico que está viviendo el país. Manifiestan que el FMI no está exigiendo la venta de instituciones públicas, no pretenden se les culpe de crear crisis en los países acompañado de conflictos sociales.
Para el FMI según las palabras de sus voceros, lo que ellos valoran es que se ofrezcan garantías y sostenibilidad de la deuda y que las mismas deben ir acompañadas de medidas compensatorias sociales que mitiguen la pobreza y el desempleo. Al final del encuentro, indicaron que estarán en el país durante unos días cumpliendo con otras reuniones.
Esperamos que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo no apresuren esta negociación engañando al pueblo y tengan mucha objetividad de las implicaciones negativas que tendría el país al adquirir más endeudamiento.

 

Imagen ilustrativa.

El año que viene, 2021…

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

El año que viene, 2021, presagia una intensa lucha político electoral. Al menos así se presenta el panorama con los Partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que son los que gravitan con mayor peso en el escenario nacional, y son los que de una u otra manera están preparándose de modo más público para la contienda electoral.

Los otros partidos todavía no suenan tambores ni trompetas, pero no han de estar desprotegiendo ese frente de batalla, porque pasado mañana, el viernes 1 de enero, del 2021, como es la práctica del Tribunal Supremo de Elecciones, se publica el calendario electoral, que es la hoja de ruta de las elecciones nacionales, de presidente, vicepresidentes y diputados, que ha de realizarse el primer domingo de febrero del 2022, el 6 de febrero de ese año, y acabarse allí el proceso electoral si alguno de los partidos que participan en las elecciones saca el 40% o más de la votación. Si así no fuere se prolongaría el proceso, solo para la elección presidencial, con los dos partidos que saquen el mayor porcentaje de votación ese 6 de febrero u obtengan más cantidad de votos, hasta el primer domingo de abril, el 3 de abril.

El 6 de febrero del 2022 sí quedarán electos los diputados de la próxima Asamblea Legislativa.

En este sentido, probablemente, ante la crisis que tiene el país, en el campo económico financiero, de finanzas públicas, de carácter fiscal, de desempleo, de crecimientos de las brechas sociales y de las desigualdades sociales y económicas, de no resolverse sustantivamente en estos meses estos problemas, y eventualmente si no se ha resuelto lo de la pandemia, un eje de la campaña electoral va a girar, en los partidos que tengan mayor opción electoral, en solicitar a los votantes que les den la mayor cantidad de diputados posibles, para de esa manera facilitar más y mejor la gobernabilidad nacional y las relaciones políticas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sobre todo que en el 2022, el Partido que gane las elecciones presidenciales va a tener la iniciativa de ley, a partir del mismo 8 de mayo, cuando asuma el próximo gobierno.

Esto significa, que por primera vez, en los procesos electorales, el Partido que elige Presidente va a tener la posibilidad de presentar Proyectos de Ley, a la Asamblea Legislativa, que pueden tener relación con las ofertas y programas electorales que se agitaron y ofrecieron, a los electores, durante la campaña que inicia prácticamente en enero del 2021 y de manera precisa desde octubre del 2021 hasta febrero del 2022.

Importante a destacar es que el calendario electoral, que el Tribunal Supremo de Elecciones aprueba y publica, no sufre modificación alguna durante todo el año, generando confianza pública y política en todo el proceso electoral.

Este Calendario marca las reglas del juego electoral a las que se someten todos los partidos políticos, pero también todos los ciudadanos, todos los votantes, todos los mayores de edad que integran y forman el padrón electoral, todo el Pueblo Electoral, todo el Pueblo en el que descansa la Soberanía Popular, que se delega por la votación en los electos, Presidente y Vicepresidentes, y en los diputados. Este acto es el de mayor expresión de Soberanía Popular que se realiza en el país.

La importancia de la votación es esa, la capacidad que tenemos todos los costarricenses que formamos el Pueblo Electoral, de poder elegir las Supremas Autoridades Políticas del país.

El voto en Costa Rica no es obligatorio, es de conciencia. Los que no votan pueden dividirse entre los que se abstienen de ir a votar, a emitir su voto, su decisión de escoger candidatos y de aquellos que asistiendo a las urnas, al recinto de elecciones, anula su voto o vota en blanco, manifestando, quienes anulan o votan en blanco que no están de acuerdo o no simpatizan con ninguno de los candidatos ni de sus partidos políticos.

Los que del todo no llegan a votar a las urnas, los llamados abstencionistas, para mí son aquellas personas o ciudadanos que les es indiferente quien pueda quedar electo, que sienten que ninguno de los candidatos en posibilidad de ser electo les va a afectar en su situación de vida.

Estos votos no cuentan para el resultado final, que se determina con los votos válidamente emitidos a favor de algún candidato y su partido.

Deberíamos avanzar, en el plano electoral, para hacerlos valer, para que pesen en el porcentaje del resultado de elección y para poder también facilitar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, con votos válidamente emitidos, en contra de todos los partidos y sus candidatos. Esto obligaría a todos los partidos políticos a mejorar la postulación de sus propios candidatos y de las ofertas y programas electorales en posibilidad de ejecutar desde el Gobierno o desde la Asamblea Legislativa con sus Proyectos de Ley.

Documento: “Mujeres por Costa Rica ante el COVID-19: medidas para superar la crisis y su impacto en las mujeres”

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Fundación Friedrich Ebert publicó el documento “Mujeres por Costa Rica ante el COVID-19: medidas para superar la crisis y su impacto en las mujeres” de las autoras Ana Leonor Ramírez Montes, psicóloga, docente universitaria e investigadora; Elizabeth Fonseca Corrales, historiadora y ex diputada de la República; Margarita Bolaños Arquín, antropóloga y productora agrícola orgánica; Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga y ex Ministra de Planificación y Política Económica; y Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga y consultora adhonoren de grupos de mujeres.

El documento invita a reflexionar acerca de las condiciones que deben cumplirse para la reactivación económica, la generación de empleo decente, el combate a la pobreza y su impacto en las mujeres. Dichas condiciones son:

  1. “Reconocer que los problemas estructurales del actual estilo de desarrollo económico, causante de una creciente desigualdad social y territorial, ya mostraba una clara tendencia a la desaceleración. Además, evidenciaba un incremento del desempleo, en particular en mujeres y jóvenes, una disminución de la inversión privada y pública, un crecimiento de la deuda pública, entre otros indicadores relevantes”
  2. “El actual estilo de desarrollo ya no estimula el crecimiento y profundiza la inequidad. El crecimiento económico es fundamental, pero para que active transformaciones estructurales debe estar orientado a generar las bases materiales de un desarrollo que combata la desigualdad, avance en la igualdad de género e igualdad territorial, y a la vez, que sea compatible con la sostenibilidad ambiental”
  3. “Debe destacar un robusto sistema educativo que permita incidir en la capacidad creadora y productiva de las personas, pero también en la forja de la identidad personal y colectiva, y en el desarrollo de competencias ciudadanas”

SURCOS invita a consultar el documento a continuación:

ANÁLISIS_MUJERES-POR-COSTA-RICA-ANTE-EL-COVID-19Descarga

UCR: Una política fiscal que minimice su efecto entre los más pobres

Escrito en . Publicado en Derechos.

Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia

Bajar el Impuesto al Valor Agregado y modificaciones en los tramos del impuesto de renta podrían generar montos significativos de recaudación

Según el IICE de la UCR, una reducción de la Canasta Básica Tributaria acompañada de la disminución del Impuesto al Valor Agregado puede generar una significativa recaudación adicional que aliviaría las finazas públicas. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

La pandemia por COVID-19 ha obligado a todo el mundo a someterse a períodos de cuarentena en los que la actividad económica disminuye significativamente, con sus efectos directos en el empleo y en la recaudación de impuestos. Costa Rica debe sumar a esta situación global su propia historia reciente en relación con los tributos. Luego de muchos años de intentos infructuosos para contar con una reforma tributaria, el actual Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que, a criterio de propios y extraños, no alcanza para llenar las crecientes necesidades del Presupuesto Nacional de la República.

Con vacunas o sin ellas, la pandemia parece que se quedará por mucho más tiempo con la humanidad y, con ello, las consecuencias adversas en la actividad productiva y en el erario público. Es por ello que el Gobierno de la República realizó una propuesta de financiamiento mediante el Fondo Monetario Internacional y la instauración de nuevos impuestos que, en primera instancia, fue rechazada por diversos sectores sociales. A partir de ahí, se propusieron mesas de diálogo para explorar vías alternas al endeudamiento externo para sobrellevar la crisis fiscal.

Ante esta coyuntura, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se dio a la tarea de valorar escenarios relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, con la finalidad de realizar un aporte a la discusión nacional sobre el tema tributario. Para realizar el análisis, el equipo de estudio se estableció dos requisitos fundamentales: progresividad y minimización del efecto sobre los sectores de menores ingresos.

Bajar el IVA, no aumentarlo

En torno al IVA se analizó el impacto de modificar su porcentaje, tanto hacia arriba como hacia abajo, y de transformar la canasta básica tributaria que utiliza el Ministerio de Hacienda, dado que entre sus 189 productos hay algunos que tienen poca participación en el consumo de los deciles de menores ingresos del país.

De acuerdo con el documento generado por el IICE, “la modificación aplicada por el IICE consiste en excluir de dicha canasta los bienes que consume menos del 5% de los hogares de los primeros tres deciles de ingreso”. De esta manera, quedarían 77 productos a los que se les agregaron la telefonía celular e internet y el corte de cabello. Además, en todos los escenarios estudiados, la educación privada pagaría la totalidad del IVA y los productos y servicios que se mantienen dentro de la Canasta Básica Reducida siguen pagando el 1% del IVA.

Con estas condiciones dadas, el grupo investigador asegura que se puede recaudar 240 mil millones de colones adicionales si se mantiene el IVA en 13%. Esa recaudación adicional sería de 150 mil millones de colones reduciendo el IVA al 12% y de 58 mil millones de colones si este impuesto se disminuye al 11%.

A simple vista, pareciera que el mejor camino es mantener el IVA en 13% reduciendo la canasta básica tributaria e incluyendo a la educación privada en el pago completo de este gravamen. Sin embargo, el análisis realizado por el IICE se inclina más por la reducción del IVA al 12% o al 11% porque el impacto es menor entre los grupos de menores ingresos.

“La mejor combinación de progresividad y mínimo impacto sobre los grupos de menores ingresos se logra con el escenario del IVA al 11% con canasta básica reducida. Un efecto más negativo sobre los grupos de menor ingreso surge de la propuesta IVA al 12% con canasta básica reducida, aunque con la ventaja de que logra una mayor generación de ingresos fiscales (casi el doble que la opción IVA al 11%)”, destaca el documento.

Esto queda más claro al observar el siguiente gráfico, donde la población está distribuida en 5 grandes grupos de acuerdo con sus niveles de ingreso. Estos grupos se denominan quintiles. Si bien en todos los casos los quintiles con mayores ingresos (azul y amarillo) aportan más a la recaudación adicional, el efecto sobre los quintiles con menores ingresos (rojo y naranja) es menor al aplicar un IVA del 11%.

Cortesía de Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Impuesto sobre la renta

De acuerdo con el documento, las modificaciones planteadas para el impuesto sobre la renta buscan un mayor nivel de progresividad, de forma que la mayor contribución al aumento en la recaudación proceda de los estratos de mayores ingresos.

Es así como se propusieron dos escenarios: uno donde se aplica una tasa de 30% a los ingresos por encima de los 5.5 millones de colones y donde se agrega un tramo para ingresos en exceso de 7 millones de colones, sobre los que se cobraría una tasa del 35%. Esta modificación generaría una recaudación adicional de más de 19 mil millones de colones.

El otro escenario aplica una tasa de 25% a ingresos superiores a 3 244 001 colones y hasta un total de 4 325 000 colones. Ingresos superiores a este último monto y hasta 5.5 millones de colones pagarían un 30%. A ingresos superiores a 5.5 millones de colones se les aplicaría una tasa del 35%. Esto generaría una recaudación adicional anual de más de 35 mil millones de colones.

Cortesía del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

De esta manera, al combinar un IVA del 11% con una Canasta Básica Reducida y el segundo escenario del impuesto de renta, el Estado obtendría más de 94 mil millones de colones de recaudación adicional. Esa cifra podría duplicarse si se mantiene la segunda propuesta del impuesto sobre la renta unida con un IVA del 12%.

“El IICE comprende que la tarea de manejar un país en las actuales condiciones de pandemia constituye una labor totalmente inédita y que acarrea dificultades de enormes proporciones. También el IICE tiene claro que el proceso actual ha generado consecuencias lamentables para una parte importante de la población y que el establecimiento de nuevos impuestos puede afectar a algunos sectores de la población. Sin embargo, la opción de reducir el IVA genera un beneficio considerable para un sector amplio de la población”, concluye el documento.

Puede consultar el documento de propuestas en este enlace: http://ucr.cr/r/INYu

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Autoritarismo y violencia neoliberal

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

A diferencia de Chile donde el neoliberalismo se impuso como política económica después de un golpe de Estado y una cruel y brutal represión por parte del ejército, encabezado por el general Augusto Pinochet, en Costa Rica se impuso después de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con impactos menos privatizadores pero siempre devastadores en lo social.

El filósofo Constantino Láscaris logró percibir que la oligarquía costarricense, sin seguir el patrón dominante en América Latina, había logrado someter a su pueblo sin necesidad de ejército. Efectivamente, en el país se desactivó el dispositivo militar pero se activó el ideológico y cultural, para contener los impulsos transformadores de gran calado. Se instauró, así, un sistema que privilegia la dominación cultural e ideológica. La violencia asume una dimensión predominantemente simbólica y política, propia de una “cultura autoritaria”.

Así lo constata el sociólogo Manuel Solís: “Ni la insignificancia del ejército ni su abolición pueden identificarse con la desaparición de la violencia política […] El fondo del asunto lo pusieron en palabras los jueces insubordinados del año 2.000, cuando hablaban de una institucionalidad marcada por una cultura autoritaria […] La arbitrariedad, la corrupción y las distintas formas de violencia civiles pueden convivir, e incluso escalar, con un discurso de paz cuando este apuntala una cultura autoritaria” (Solís A. Manuel (2006) La institucionalidad ajena. San José, Editorial UCR, p.529).

Efectivamente, en las últimas cuatro décadas, nuestra oligarquía ha sabido imponernos el derrotero del autoritarismo neoliberal con un discurso de paz. En su primera administración (1986-2000) el expresidente Oscar Arias mientras propiciaba la paz en la región impulsaba la privatización de las telecomunicaciones en el país y un proyecto que pretendía privatizar al ICE, al mismo estilo que hoy proponen algunos economistas, es decir, vendiendo acciones de instituciones públicas al sector privado. En su segundo mandato (2006-2010), enarboló el lema de “paz con la naturaleza”, mientras decretaba la explotación minera a cielo abierto de interés público e impulsaba la firma del TLC con Estados Unidos, para, al fin, lograr privatizar las telecomunicaciones y profundizar el pacto neoliberal.

Hoy la oligarquía y sus voceros persisten en un discurso que “llama a la guerra” contra la institucionalidad social y el empleado público. Nuevamente, apela a La violencia simbólica del discurso del miedo, ahora aprovechando el contexto de pandemia, para crear un enemigo del pueblo: el sector público, y legitimar, así, el rumbo privatizante para dar la última estocada al Estado Social de Derecho.

Se comporta con una alta dosis de desesperación porque se resiste a reconocer el fracaso rotundo de su apuesta neoliberal, que solo ha producido desempleo, empobrecimiento y una escandalosa desigualdad social. Una realidad que la pandemia se ha encargado de mostrarnos en toda su crudeza, y que debería conducirnos más bien a conjuntar voluntades políticas y sociales intersectoriales, para impulsar medidas y acciones alternativas dirigidas a fomentar la equidad para garantizar bienestar humano, social y cultural.

“En tiempos de epidemias es más fácil entender que un mundo construido sobre la indiferencia, la injusticia social y las profundas desigualdades es un mundo sin futuro» (Albert Camus, citado por Nuccio Ordine). Tal parece, que en este país no está resultando fácil hacer entender que llegó la hora decisiva de apostar por la solidaridad, la justicia social y la equidad, es decir, por la Costa Rica post-neoliberal.

 

Imagen: https://revistaconstruir.com/ice-electrifica-zona-rural-con-paneles-solares/

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando inéditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando ineditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)

¿Por qué Costa Rica no es un país “pura vida”?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

Tengo que confesar que nunca me ha gustado el “pura vida” que utilizamos como parte de nuestra idiosincrasia y que hemos proyectado internacionalmente, como signo de identidad propia. Siempre lo he rechazado porque considero que es engañoso y autocomplaciente.

Es oportuno recordar que, aunque aparece como un genuino producto nacional, realmente, se trata de un producto importado de México. Su historia empieza con una película mexicana del año 1956, protagonizada por el comediante, José Hipólito, cuyo alias artístico fue “Clavillazo”. El título de ese filme azteca fue, precisamente, “Pura vida”.

Mi rechazo tiene que ver con que esa expresión se asocia a otra situación que es igualmente engañosa: Que somos una nación muy feliz. Así se ha proyectado en una de esas superficiales encuestas que han caracterizado al país sino como el más feliz, si como uno de los más felices del mundo.

Si analizamos con algún detenimiento nuestra realidad, cada vez hay menos motivos para que la felicidad sea un componente dominante de la gran mayoría de las y los costarricenses.

Debemos de preguntarnos: ¿Cómo pueden ser las mayorías felices en un país que desde hace más de treinta años empezó una cuenta regresiva en los relativos avances en desarrollo humano y distribución de la riqueza, hasta situarnos en el presente, en el poco honroso octavo lugar entre los países más desiguales del mundo?

La pobreza y la desigualdad social han ganado terreno al compás de una creciente e indignante concentración de la riqueza en pocas manos. Y éste, que era un fenómeno notorio antes de la grave crisis actual, la pandemia de la covid-19, lo acrecentó y lo mostró en una dimensión nunca antes conocida ni reconocida.

El país del “pura vida” que muestra el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en su publicidad internacional, desafortunadamente, hace mucho tiempo no es en el que habitan una gran mayoría de las y los costarricenses, que viven bajo las duras condiciones de pobreza que la pandemia ha hecho crecer. Según la última encuesta de hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la pobreza ya llegó al 26 %. Asimismo, ese “pura vida” se queda vacío cuando casi la cuarta parte de la población económica activa (PEA), enfrenta las duras condiciones del desempleo.

Igualmente, ese “pura vida” emerge más como caricatura que realidad alegre y cotidiana, para quienes se les redujo severamente la jornada laboral y, consecuentemente, su salario. O para ese casi 50 % que vive dentro de los trabajos informales que desde marzo generan limitados o nulos ingresos. El hambre y con ella, la desesperación, ya ha estado visitando a muchas familias.

Lo más grave y preocupante es que cuando miramos el horizonte, la incertidumbre de una crisis de múltiples dimensiones (sanitaria, económica, social, política), es lo que está marcando, en forma dominante, el futuro de nuestro país.

Tengo la certeza de que lo único que puede devolver la esperanza como país, como sociedad, es el compromiso general con la solidaridad. No podemos salir adelante con un país formado por corporaciones que no miran más allá de su propio espacio de intereses.

No es posible que salgamos adelante como nación ante esta enorme y desafiante crisis, a cuyo fondo todavía no hemos llegado aún, si quienes habitamos este territorio hermoso y multicolor, no renunciamos a intereses individuales y de grupo, y nos ponemos a trabajar en forma unitaria y solidaria. Tal debe ser la idea-fuerza que nos guíe en bicentenario de Costa Rica. Solo siguiendo ese camino podremos darle sentido como país, a un “pura vida” más democrático y que realmente sea una expresión idiosincrática más cercana a una realidad que hoy es muy lejana.

(17 de octubre, 2020)

 

Enviado a SURCOS por el autor.