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Etiqueta: desempleo

Demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de Centroamérica

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Carlos Sandoval García

Este artículo analiza demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de las capitales de Centroamérica a partir de cuatro temas principales: la representación del entorno local y nacional, las demandas y los deseos en torno al futuro, los medios que imaginan para alcanzar o no dichas demandas y factores sociodemográficos. Las colonias seleccionadas fueron El Limón, en Ciudad de Guatemala; Popotlán, en San Salvador; Nueva Capital, en Tegucigalpa; Jorge Dimitrov, en Managua, y La Carpio, en San José. Se parte de tres desafíos teóricos y metodológicos principales. El primero es explorar la vivencia de la política desde la exclusión social. El segundo reto se refiere a trascender la división entre estudios interesados por perspectivas analíticas, más interesados en estudios causales, y aquellos más focalizados en estudios interpretativos, cuya mirada se centra en significados. El tercer reto aspira a contribuir en la construcción de una mirada regional y comparada de las sociedades centroamericanas.

Entre los hallazgos principales, se destaca que un 37.7 % de las personas encuestadas no estudia ni trabaja; solamente un 15 % tiene acceso a la seguridad social. De las personas encuestadas, un 32 % es madre y un 13 % es padre. Un 45 % de las mujeres que son mamás lo fueron antes de los 18 años. En términos de la percepción del entorno, los principales problemas reconocidos son la delincuencia, el desempleo y las carencias de infraestructura pública. Si bien la desigualdad no se tematiza como uno de los principales problemas, cuando se consulta por la distribución de la riqueza en el país respectivo, un 73.6 % considera que es “muy injusta” o “injusta”. Este reconocimiento de la desigualdad coexiste con un arraigado conservadurismo que reconoce en el destino y la autoridad de los padres una legitimidad poco cuestionada.

Este artículo concluye que las principales expectativas y demandas de las personas jóvenes encuestadas se centran especialmente en el empleo, las oportunidades y la seguridad. Frente a estas demandas, el ciclo electoral que inició en Honduras en 2017 y finalizó en Guatemala en 2019 está lejos de ofrecer respuestas de gran calado. Ello profundiza el vacío institucional y a menudo la migración más que una elección se convierte en una obligación.

Este documento del doctor Carlos Sandoval García, compartido con SURCOS por el autor, fue publicado en la página de academia.edu con este enlace: 

https://www.academia.edu/43705312/C_Sandoval_J%C3%B3venes_Centroamerica_ECA

El estudio completo está disponible para descargar en este vínculo:

Demandas-y-expectativas-jóvenes-Carlos-Sandoval-GarcíaDescarga

Imagen: https://www.tvn-2.com/

Reducción de salarios, decisión que enfrenta a trabajadores, protege a ricos y empobrece al pueblo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar*

LA CRISIS

Los procesos económicos críticos son consustanciales del capitalismo, sean producto de sus propias contradicciones o provocadas por los propietarios del capital e instituciones bancarias. La crisis económica mundial entendida como fin de las condiciones que propician la continuidad de las relaciones establecidas. En tal sentido, ha sido interpretada como la debacle absoluta de la economía y así divulgada por todos los medios, los gobiernos y los propietarios del capital. De este modo, la crisis económica y pandémica ha sido la fuente para la creación de miedos, la incertidumbre y la inestabilidad fundamentalmente para los mayoritarios sectores sociales sensibles y vulnerables de la sociedad. Miedos que son usados para la adopción de decisiones y acciones, estatales y empresariales, sobre asuntos políticos y económicos que trascienden la salud pública nacional.

El miedo a quedarse sin salario que es la única forma para el sustento familiar y la vida de millones de personas del mundo, se exacerba con las alarmas de los propietarios y sus acólitos. No obstante, en una sociedad capitalista, interdependiente, mercantilizada y desigual, todos son afectados, aunque con efectos muy diferenciados e incluso contradictorios. Creer que solo los empresarios sufren las consecuencias de la crisis, es un engaño y una distorsión de la realidad.

La reactivación de la economía no se logra con la inversión privada, sino dando trabajo y elevando la capacidad adquisitiva de los trabajadores AUMENTANDO SALARIOS NO CONFISCANDOLOS. Es un crimen de lesa humanidad por ser “… parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque … que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Estatuto de la Corte Penal Internacional, 2002). Cercenar salarios para subsistencia de los trabajadores, así como eliminar la obligación estatal por la salud, la alimentación, el trabajo y vida ciudadana, así como, determinación estatal para que financieras privadas decidan, dispongan y administren los salarios acumulados para supuestas pensiones complementarias, las cuales no devueltas a sus dueños en plena crisis de subsistencia, a la vez que son defalcadas en mercados internacionales y por sus administraciones locales, entre otros latrocinios, son crímenes intencionales y premeditados contra la vida, además de traiciones políticas del Estado contra el pueblo.

Atentar contra los salarios, NO SOLO ES UNA TRANSGRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES TAMBIEN LO ES, CONTRA LOS NEGOCIOS PRIVADOS, EL DINAMISMO ECONÓMICO, LAS RIQUEZAS PRIVADAS Y LOS INGRESOS AL ESTADO. Pero, además minimizar los salarios de quienes han adquirido derechos y compensaciones laborales a través de décadas de trabajo cognoscitivo y especializado, para ser criticados como privilegiados y adversarios, lo cual busca el enfrentamiento entre trabajadores revelando una práctica de naturaleza fascista, que deja incólume al poder de gobernantes y empresarios, que violan derechos, liquidan democracia y pagan salarios miserables, así como crea una imagen ideológica de que la pobreza es el ideal a ser imitado e impuesto a todos los trabajadores.

Los propietarios del capital en Costa Rica, a instancias y la manipulación ideológica de las cámaras patronales, controladas por los intereses de influyentes empresarios, presionan y logran relativizar y flexibilizar las restricciones sanitarias. Ellos, con la complicidad gubernamental, son verdaderos causantes de propagación de la infección viral al obligar a los trabajadores, por subsistencia y hambre, a poner en riesgo la salud familiar y sus vidas.

La crisis y sus efectos no tiene en la pandemia como su única determinación causal, ella ha evidenciado la desigualdad social y la existencia de estructuras sociales excluyentes, por la cual se incrementa y profundiza la pobreza, la enfermedad y muerte en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la pandemia nos muestra fehacientemente que los pobres y trabajadores son el sustento social de la economía nacional y la riqueza privada, a la vez que ha revelado, las contradicciones de económicas de la sociedad y el sistema prevaleciente. No obstante y contradictoriamente, son a los pobres y trabajadores a quienes se les obliga, no solamente a sufrir las más serias consecuencias de la crisis, también se les impone, con su trabajo y salarios, compensar los desequilibrios fiscales del gobierno y subsidiar el sistema de salud, lo cual es una infamia intolerable, inaceptable e imposible, cuando los empresarios son millonarios deudores a la C.C.S.S. a quienes no se les cobra, no se les demandan judicialmente y menos aún, les embargan sus propiedades. Pero, lo más dramático, en la actual crisis económica y sanitaria, es tener un Estado que formal y esencialmente debe garantizar lo público y los derechos igualitarios en la desigualdad sistémica, pero hace precisamente lo contrario, sanciona y sacrifica a los que sustentan el sistema, mientras que exime de todo compromiso y responsabilidad a los protagonistas privados de la crisis, complace a los propietarios del capital en sus negocios y ganancias privadas, así como protege y estimula al sector financiero en su actividad usurera y especuladora que esquilma a los pobres y cercena el futuro de la sociedad.

PRIVATIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAMENTE REGRESIVA

La privatización del bienestar, la política pública y del Estado social han liquidado la democracia en nuestro país, así como el amparo al poder económico, ha creado la dictadura directa y transparente, con una formalidad institucional de democrática. El totalitarismo contemporáneo se ha encubierto de una institucionalidad estatal y una legalidad de apariencia democrática. Los proyectos liberales regresivos e imperiales del poder en Costa Rica, son compatibles con la regresión conservadora y el conocimiento económico vulgar y dogmático del Fondo Monetario Internacional, para imponer el totalitarismo que no lograron en décadas pasadas por la resistencia social y el conocimiento. La radicalidad de conservadores y fascistas, toman de pretexto la pandemia, para aplicar su arcaico y regresivo extremismo político y económico.

La actuación gubernamental y legislativa contra los trabajadores y pobres, es tan grave como el tener un sistema judicial que, amparado en la igualdad de derechos, actúa parcial y parcializadamente contra la ciudadanía y la Constitución de la República, convirtiéndose en una institucionalidad subordinada y cómplice de las transgresiones del poder y ejemplo de vergonzosa regresión de los intereses nacionales y ciudadanos.

Los poderes, político y económico, podrían evitar la mayor tragedia que Costa Rica haya conocido, no a causa de la pandemia, sino por intransigencia y posesividad de quienes se han creído dueños de personas y pueblos.

El desempleo, la reducción de los salarios y su confiscación salarial, SIN AFECTAR A LAS EMPRESAS Y SUS DUEÑOS que evaden ilegalmente sus obligaciones tributarias, ni tampoco intervienen riquezas de los ricos y de las entidades financieras, que empobrecen más a los pobres, es una infamia y una traición política de quienes usurpan la representación ciudadana.

La usurpación del poder político ciudadano y los propietarios del capital, tendrán el poder para modificar leyes a su antojo y disponer de los medios de coacción para imponerse, pero en su ceguera y estupidez, están imposibilitados de ver y comprender la inviabilidad de construir una historia sin pasado, que se suicidan destruyendo cultura, ciencia, economía y humanidad.

El poder estatal y empresarial ya están liquidando en Costa Rica los logros conquistados en el pasado para comprometer dramáticamente nuestro presente y futuro, ignorando la destrucción y devenir trágico que originan, en su patológica alienación por el inmediatismo, lo tangible y el presente.

LA RIQUEZA UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La riqueza propia o heredada, no es ni ha sido, una creación mágica de sus propietarios, pues ninguna riqueza es creada individualmente, todas son creadas socialmente, son muchos sus creadores, aunque privatizada por pocos. Esta es la razón por la que no es posible ampararse en los generadores de la riqueza y eximir a los han generado pobreza, desigualdad e inequidad que nutre la pandemia. Luego, serán los ricos quienes deberán contribuir en paliar la crisis, de otro modo, la debacle y derrumbe del capitalismo será un futuro cercano, donde todos perderán, pero los causantes, los ricos y los poderes políticos que los amparan, desaparecerán de la sociedad y de la historia, para construir un nuevo mundo sin barbaros e ignorantes.

NO ES POSIBLE que aquellos que se han enriquecido con el trabajo ajeno, la especulación y el comercio a costa de los consumidores y del otorgamiento de millonarios y exorbitantes contratos gubernamentales, no se les exija contribución alguna para paliar el empobrecimiento población y el desequilibrio fiscal. LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA GENERADA SOCIALMENTE ES UNA NECESIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y HUMANA. No se reactiva la economía liquidando a la población que crea y reproduce riqueza. La condonación de las deudas a los bancos, la reducción de precios a alimentos de consumo social, la rebaja en los precios de los servicios públicos, el aumentar salarios, eliminar los impuestos al trabajo, devolver a sus dueños los aportes salariales sin condiciones, depositados en las entidades financieras, otorgar préstamos con intereses negativos o no reembolsables, así como el restablecimiento de las políticas públicas y la defensa soberanía y el desarrollo nacional, son las decisiones que el pueblo exige aprobar y establecer para el bien común y la nación costarricense.

* Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Parálisis presidencial – Crónica de una reunión con Carlos Alvarado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Durante los últimos meses he estado en tres reuniones virtuales con el presidente Alvarado. En la segunda y la tercera, acudí en mi condición de miembro del grupo Economía Pluralista. La última tuvo lugar recién el pasado viernes 17 de julio, y en representación de nuestro grupo, asistimos siete personas.

Una vez más, como en las dos ocasiones previas, acudí movido por la convicción de que es mi deber decirle al presidente lo que, humilde y modestamente, creo que debo decirle. Y de ponerme a su disposición, si es que él creyese que algo puedo aportar. Estoy seguro que a mis compañeras y compañeros presentes en la reunión, les animaba la misma intención y voluntad.

Solo que esta vez lo hice también cargado de un pesado sentimiento de escepticismo. Y no gratuito, por cierto.

En las dos reuniones anteriores, a grandes rasgos observé lo siguiente: un ambiente distendido y cordial, con un Carlos Alvarado que escuchaba con atención y se expresaba con inusitada franqueza. En ambas ocasiones salí pensando que algo se había incidido en el ánimo del presidente, y que no era descabellado pensar que tomaría en cuenta siquiera alguno o algunos de los planteamientos que se le presentaron.

De hecho, después de ambas reuniones, Alvarado se dejó decir públicamente cosas que parecían evidenciar que, en efecto, algo habíamos logrado. Pero en ambos casos, aquello no pasó de ser un triste “alegrón de burro”; una cuestión efímera, humo en el viento que rápidamente desapareció para nunca más volverse a ver.

Tuve muy presente eso cuando decidí asistir a esta tercera reunión. Sin esperar nada, tan solo me animaba lo que más arriba indiqué: mi convencimiento de que no debía desperdiciar la oportunidad de expresarle al presidente, aunque no fuera más que encapsulada en apretadísima síntesis, mi preocupación y mis propuestas. O, mejor decir, nuestra preocupación y nuestras propuestas, las del grupo del somos parte quienes ahí estuvimos presentes.

Nuevamente el ambiente fue cordial y agradable, y ello es algo que públicamente agradezco al presidente. Las siete personas que asistíamos a la reunión hicimos nuestra presentación, después de lo cual Carlos Alvarado tomó la palabra para responder a nuestros planteamientos. Y, una vez más, como en las dos reuniones previas, el presidente se mostró elocuente y locuaz, exponiendo con largueza sus puntos de vista, en lo que termina siendo una especie de monólogo, frente al cual no hay posibilidad de reaccionar (o “repreguntar”), ya que la reunión termina cuando el presidente concluye su exposición, después de lo cual solo queda despedirse.

Pero esta vez hubo algo que no se observó en las dos ocasiones previas: excepto por asuntos de muy segundo orden, el presidente fue desechando –literalmente tirándolos al canasto de la basura– cada uno de nuestros planteamientos y propuestas. En algunos casos de forma explícita, en otros por omisión, al silenciar toda posible respuesta respecto de asuntos de mucha envergadura.

La receptividad, siquiera parcial, aunque comprobadamente volátil y transitoria, que percibí en las dos reuniones anteriores, estuvo ausente en este tercer encuentro. Si hubiese sido asunto de dar “atolillo con el dedo”, habría que decir que Alvarado simplemente se lo economizó: no hubo atolillo alguno.

Uno agradece la franqueza de don Carlos, lo cual no carece de significado. No hubo guantes de seda ni disimulo. Y eso es bueno.

Ahora creo saber a qué atenerme: la adhesión del presidente a las tesis económicas ortodoxas y conservadoras, parece estar firmemente establecida.

Don Carlos no cree que el Banco Central deba hacer nada más allá de la insignificancia, perfectamente anodina, de lo que hoy día hace.

Don Carlos cree firmemente que la forma apropiada de enfrentar los graves desequilibrios fiscales que sufrimos es por medio del recorte y la austeridad.

En algunas oportunidades no dejó de admitir que las propuestas formuladas son sumamente imperfectas (por ejemplo, lo del recorte de jornadas laborales), pero, al parecer por razones de realismo político, no se siente en posibilidades, o no tiene la voluntad y disposición, de intentar algo mejor.

Claramente desecha la posibilidad de optar por un esquema de tributación realmente justa y progresiva, como clara y contundentemente se ha creído la narrativa de espantos y aparecidos, que asegura que salirse un centímetro de la ortodoxia prevaleciente traerá catástrofes inflacionarias, y el castigo implacable de los “inversores” y, con ello, huracanes y maremotos.

Los tiempos que vivimos son excepcionales desde todo punto de vista. Está claro que la pandemia del Covid-19, y la profunda crisis económica resultante, plantean un desafío no visto en generaciones. Ello exige un enorme esfuerzo de innovación en materia de política económica. Seguir haciendo lo mismo que siempre se hizo, como si nada estuviese pasando, sería absurdo, irresponsable y peligroso.

Pero eso es lo que la dominante ortodoxia económica impone. Su único activismo, es un activismo de signo negativo y destructivo: recorte fiscal y debilitamiento de la institucionalidad pública, justo cuando ésta más músculo necesita, para responder a las multiplicadas necesidades y demandas que la propia crisis trae consigo. Por lo demás, sus ideas se agotan en una cascada de imposibilidades, un “no se puede” multiplicado al infinito, que es una opción por la parálisis y el inmovilismo, y una aceptación pasiva de los acontecimientos en curso, la cual es, en sí misma, el combustible más poderoso para alimentar el desastre.

Y, tristemente, por las razones que sean (las cuales requerirían una discusión aparte), la mente y el corazón del presidente Alvarado, parece estar completamente atrapadas en las redes paralizantes de esa ortodoxia.

Tal vez don Carlos Alvarado recapacite; tal vez quiera escuchar otras voces e intentar otras opciones.

Creo que todavía está a tiempo. Para mañana podría ser muy tarde.

Texto compartido con SURCOS por el autor y publicado en su blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/07/paralisis-presidencial-cronica-de-una.html?m=1

Los efectos socioeconómicos de la pandemia: hechos y realidades

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

German Masís Morales

Se han cumplido 4 meses del inicio de la pandemia del covid-19, y a lo largo de este período es posible identificar algunos de sus efectos sociales, económicos y políticos, así como las acciones que el Gobierno ha impulsado para enfrentarla, los cuales han quedado expresados en hechos y realidades que conforman un escenario particular de este difícil período.

En aquel momento, se mencionaba la necesidad de valorar cuál sería el impacto de la pandemia sobre los diferentes sectores y sobre la economía en su conjunto y cuáles serían las prioridades de las políticas estatales en esta coyuntura, pero fundamentalmente exhortaba a estar atentos para determinar sobre cuáles sectores recaerán en definitiva los costos económicos, así como identificar los eventuales ganadores y perdedores de la emergencia. (Alterdescr,19-4-2020).

La Realidad Económica: Crisis y Estabilización dirigida por el FMI

La realidad económica revela que el país ha ingresado en un escenario de crisis económica y fiscal en el que tanto organismos internacionales, economistas independientes y las propias autoridades del sector económico coinciden en un decrecimiento de la economía del 3.6%, un elevado déficit fiscal que será de 8.7% y una deuda pública creciente que podría rondar el 70% del PIB, (ElPaís.cr, 12-7-2020).

Frente a esta difícil situación económica, la Administración Alvarado ha propuesto una fórmula de reducción del gasto por varias vías y la obtención de recursos externos con los organismos financieros internacionales. Al respecto el Presidente afirmó en su discurso el pasado domingo 12, que en materia económica nos corresponde tomar medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad económica del país, entre ellas:

– Presentación del II presupuesto extraordinario que incluye una reducción del gasto público en alrededor de 355 mil millones que equivale al 1% de la producción nacional

– Un apoyo financiero de los organismos internacionales para refinanciar la deuda, primero con un crédito especial por $ 504 millones con el FMI y luego con un acuerdo de stand by (Comunicado Presidencial 12-7-2020) con un monto que podría alcanzar los $ 2.000 millones.

“Con la reducción del gasto indicada y con el refinanciamiento de la deuda estaría garantizada la estabilidad para el 2020”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa, dejando establecido que el principal objetivo de su Administración será alcanzar la estabilidad económica luego de la pandemia, para lo que recurrirá invariablemente al financiamiento externo, pese a la recomendación de otras alternativas por parte de algunos economistas y políticos, dirigidas a involucrar al Banco Central en la disponibilidad de recursos para atender la pandemia, con la adquisición de bonos de deuda en un período definido.

Con la prioridad de la estabilización en el período 20/21, la posibilidad de la reactivación económica en algún momento mencionada quedaría eventualmente postergada aunque no descartada, por lo que la recuperación económica podría durar varios años.

El objetivo del proceso de estabilización como lo reconoció el Presidente será “recuperar 1,2 billones de colones o el 3.3% del PIB que la pandemia le quitará al país”, mediante la reducción del gasto y la concreción del acuerdo con el FMI, que debe implicar según éste, “que se convengan metas económicas que debe alcanzar el país, que serían una mezcla de medidas de reducción del gasto, generar mayores ingresos y de eficiencia de la gestión pública” (Comunicado Presidencial12-7-20).

En esa misma perspectiva se inscribe, la pretensión anunciada por el exministro Chávez, relativa a bajar el gasto en un 2.2% del PIB y que un 1.4% de la reducción del gasto provenga de la venta de activos como FANAL y BICSA.

Mientras que medidas como el plan PAGAR que pretendía recuperar 226.145 millones de superávits de instituciones autónomas (dos instituciones, el ICT y FONATEL se han opuesto) y destinarlos con prioridad a la atención de la pandemia, aún no han sido ejecutadas.

La realidad social: el bono Proteger para algunos, los costos económicos para todos

Desde el inicio de la pandemia la estimación del Ministerio de Trabajo señalaba, que alrededor de 400 mil a 450 mil trabajadores se verán afectados por despidos, suspensiones de trabajo o recorte de jornadas, por su parte en el mes de mayo el Presidente en su informe mencionaba “que hemos identificado más de 320 mil personas entre cuenta propia y trabajadores informales y que nuestra prioridad han sido las medidas de mitigación del impacto social en las familias, que hemos resuelto con la rápida creación del bono Proteger”.(Informe Presidencial 1-5-2020)

En el mes de junio, la Ministra de Trabajo señalaba que 535 mil personas están recibiendo el bono Proteger y hay otras 400 mil personas lo han solicitado, las que debemos cubrir con el II presupuesto extraordinario, por lo que en definitiva el número de trabajadores afectados podría superar las 900 mil personas. (CRHoy,16-6-2020)

Sin embargo, hasta este mes de julio apenas se haría la segunda y tercera entrega del bono a los primeros 500 mil personas, quedando pendiente la entrega del bono a los restantes solicitantes, cuyos recursos han quedado supeditados a la aprobación de algunos proyectos incluidos en el II presupuesto extraordinario el cual fue rechazado en su primera versión, pero que incluye por ejemplo los75 mil millones transferidos por el INS para financiar la entrega de 200 mil bonos proteger.

Por su parte, la medida para congelar el precio de las gasolinas que iba a aportar inicialmente 20.000 millones mensuales para financiar los bonos, podría ver reducido su alcance debido al menor consumo de combustible.

En consecuencia, pese a que la Administración Alvarado afirma haber tomado medidas extraordinarias en lo social para atender la población con acciones como la distribución de diarios a los hogares por medio de las Escuelas y la entrega del bono proteger, lo cierto es que la cobertura del bono estaría garantizada sólo para cerca de la mitad de la población y el financiamiento del resto de la población podría complicarse y no ser sostenible.

La obtención de mayores recursos tanto para financiar la totalidad de los bonos, como para financiar el gasto de la pandemia, está ligado a la aprobación de proyectos para extraer fondos del sector de los trabajadores públicos, tales como el proyecto de ley para eliminar el pago de anualidades a los funcionarios públicos en los años 2020-21 y 2021-22, el proyecto para rebajar en un 15% las jornadas de los empleados públicos con salarios mayores a 1,5 millones e incluso la aprobación de un proyecto para eliminar al salario escolar la exención del impuesto sobre la renta. Estos proyectos imprescindibles para el Gobierno irán incuestionablemente a reducir los ingresos y beneficios a los trabajadores públicos, sobre los que caerían en definitiva los costos económicos de la pandemia.

La Realidad Política: el escaso capital político del Gobierno y la presión empresarial

Como se ha podido determinar, la mayoría de los recursos que espera disponer el Gobierno dependerá de la Asamblea legislativa y de la aprobación de diversos proyectos que se encuentran o llegarán a la corriente, sin embargo, esa situación coincide con el hecho que a la Administración actual parece habérsele acabado el capital político de que dispuso en los dos primeros años, el que le permitió mediante una alianza con algunos partidos opositores como PLN, PUSC y Renovación, aprobar proyectos como el plan fiscal, la ley para limitar las huelgas y el recorte de las pensiones, entre otros.

Ahora con el ingreso de los partidos opositores en campaña política, a la reducida fracción del PAC se le hará difícil conseguir el apoyo de estos partidos para aprobar los proyectos para atender la pandemia, obtener oportunamente los recursos necesarios y lograr la estabilización económica pretendida.

Por otra parte, pese a que el Presidente ha reiterado que se encuentra al frente de un Gobierno de unidad nacional, “que no fue llamado a Gobernar para un sector en particular, que lanzaremos un proceso para la construcción participativa de la política pública y de que la clave de las decisiones está en repartir las cargas” (Informe del Presidente,1-5-2220), parece evidente que entre los actores sociales el sector empresarial ha tenido preeminencia en las decisiones para atender la pandemia y enfrentar sus costos económicos, logrando que éstos sean asumidos por los trabajadores y no por las empresas.

Al margen han quedado las propuestas de profesionales, organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil que no sólo han efectuado planteamientos y recomendaciones de medidas de política económica y social que distribuyan los costos de la pandemia, generen recursos frescos y propicien la reconstrucción de sectores y actividades afectadas, si no que han solicitado la apertura de un diálogo abierto y multisectorial para construir soluciones, pero unas y otras propuestas han quedado en los archivos del Ministerio de la Presidencia, confirmando la vigencia de una democracia representativa.

La apuesta del gobierno: salvar al capital-COVID19

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

¿Qué sentido tiene sacrificar el trabajo para salvar al capital? La nueva política laboral y salarial del gobierno, para el sector público, es similar a la receta del “baile” a los pobres, en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Se convierten en presa fácil del Covid19 y de la precariedad socioeconómica. En este sentido, este gobierno es homicida por partida doble. No solo mata sino remata.

¿Dónde quedó la sensatez, tan necesaria en tiempos críticos? No alcanzan a entender las leyes del sentido común económico, que apuntan a que limitar la capacidad de consumo de la clase media y los pobres, o sea la mayoría de la población, es ponerse la soga al pescuezo.

Además, es romper con el más efectivo encadenamiento socialmente productivo, que generan las condiciones del asalariado del sector público. Especialmente, de cara al desempleo creciente donde los asalariados públicos cumplen una función fundamental de compensación social solidaria. El salario del sector público se multiplica como los panes y los peces, para paliar las crecientes necesidades familiares y extra-famliares. Romper esa cadena es un contrasentido en tiempos pandémicos.

¿Cuándo van a aceptar que la única salida para atender al problema del desempleo y la seguridad alimentaria de los pobres, especialmente en estos tiempos, es incrementar la renta al capital, cobrar impuestos a los evasores y elusores y erradicar las odiosas exoneraciones?

¿Quiénes están asesorando tan mal a este gobierno que eligió el camino “fácil” de encorralar a los empleados públicos, para irlos trasquilando hasta conducirlos al matadero?

Este gobierno olímpicamente tiró la toalla del control fiscal. Arrinconado en la esquina de los pusilánimes, se dejó azuzar por la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) y la “mala compañía” mediática, para unirse a la campaña de desprestigio del trabajador público, y justificar la precarización del salario a corto plazo y, a mediano plazo, crear condiciones para la privatización de instituciones públicas.

De esta manera, la mesa está servida para el Fondo Monetario Internacional. Pueden devolverlos en el mismo avión que ingresen, con la firma del convenio en letras de oro. Este gobierno resultó más fondista que el Fondo.

La insensatez y testarudez, del tamaño del Estadio Nacional y la Plaza de la Democracia, solo caben en el pequeño recinto de Zapote y en el bunker de Cuesta de Moras. Ni las diez plagas de Egipto parecen suficientes para superar tanta arrogancia.

El pueblo costarricense enfrenta la más trágica experiencia de su historia. Es la encrucijada de sobrevivir al Covid19 o a la embestida, también letal, del capital que ahora busca estrangular a los asalariados del sector público. Realmente, se trata de un solo enemigo, unido en su estrategia necrofílica (amor a lo cadavérico) por eso lo hemos denominado Capital-Covid19.

Pensábamos que Trump y Bolsonaro eran los regímenes paradigmáticos de la necrofilia. Pues resulta que sus discípulos han resultado bastantes aventajados. Ojalá descubramos también, en nuestros laboratorios sociales, la vacuna contra estas tendencias que ya se han vuelto endémicas y pandémicas.

Del saber del poder al poder del saber en las metáforas populares

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Los propietarios del capital como plañideros lamentan las dificultades de las restricciones impuestas al funcionamiento de sus negocios ante el riesgo de la salud pública, pero sus letanías trascienden el malestar economicista, para manifestar su influencia e intransigencia política contra el Gobierno y particularmente contra las decisiones de las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Los empresarios no sólo influyen en la liberación de las limitaciones de apertura mercantil, sino que exigen que les sea consultada toda decisión que atienda preferentemente la salud pública y no sus negocios, e incluso se atreven querer destituir a las actuales autoridades sanitarias para proponer a otros que sean complacientes con sus intereses, aun cuando se atente contra la salud pública y la vida de las personas. Estas prácticas en la sabiduría popular son metafóricamente calificadas como “lágrimas de cocodrilos”.

La actitud de empresarios y sus Cámaras de propietarios revela que su sensibilidad no es ofrecer trabajo digno a los despedidos ni ofrecer los mejores precios y atenciones a las necesidades ciudadanas, por el contrario, la menor cabida laboral está obligando a que los trabajadores contratados, prolonguen sus jornadas laborales e intensifiquen su trabajo. La motivación para la apertura de los negocios sin restricciones es el restablecer las ganancias, utilidades o excedentes, sin importar las consecuencias en la salud pública de sus decisiones privadas. Dicho breve y popularmente, lo que expresan los propietarios “no es el amor al chancho sino a los chicharrones”.

El poder económico y la “teoría” económica que los ampara ideológicamente, al parecer comparten un pensamiento que se valida a sí mismo, que no requiere renovarse ni actualizarse, porque el poder no lo requiere e incluso puede despreciarlo por tener la capacidad para generar leyes, resoluciones, decretos en su favor, así como imponer condiciones a trabajadores con relativa capacidad organizativa y movilizadora, en un contexto de desocupación, reducción salarial, inseguridad laboral y miedo. El saber del poder, no necesita de la argumentación razonada, lúcida ni contextualizada, como tampoco requiere responder a las críticas, negociar, escuchar y menos aún ser solidarios, porque como dicen los nuestros, “perros que ladran no muerden”.

La prepotencia, unilateralidad y cinismo de los propietarios del capital que, sin compromiso ético ni social, se presentan como las exclusivas víctimas de la crisis sanitaria y los únicos capaces de superar la condición pandémica, cuando son parte de la creación de estructuras de la exclusión y la explotación, sin embargo, amenazan a trabajadores y sus críticos, además de exigir y lograr concesiones financieras, se les otorga millones de dólares en “préstamos” no reembolsables (regalados) y presionan por dictaminar las políticas sanitarias, laborales y sociales del país. Los propietarios del capital, no solo inciden sobre el Estado, quieren ser Estado. Así, parafraseando a Juan Luis de Alarcón y Martínez de 1630, se puede decir que “los muertos gozan de buena salud”.

En el presente crítico, sanitario, económico, político, también se sufre una crisis de la inteligencia. Las teorías o explicaciones de las realidades se han convertido en dogmas, lo nuevo y peculiar pretende ser comprendido con lo viejo y estandarizado, el conocimiento y las iniciativas creadoras son sustituidas por técnicas ajenas a las realidades y sus peculiaridades, las ciencias sociales imitan a las profesiones técnicas, las incertidumbres son sustituidas con infundadas fantasías, ilusiones u otros miedos. Asimismo, los legisladores y gobernantes creen que las sociedades cambian con leyes y decretos, que la democracia es el resultado cuantitativo de las componendas con los ricos y los usureros del sistema financiero. La riqueza privada es ofensiva, inmoral y pone riesgo extinción de la vida y del planeta, e incluso los ignorantes de la historia, de aquellos que detentan el poder económico, estatal y judicial, es tal, que imaginan a los pobres, a los que sufren hambre, los desempleados y los explotados, que son cosas que pueden controlar y supeditar eternamente. No obstante, como ha ocurrido en otros momentos “a todo marrano le llega su noche buena”.

No cabe duda que vivimos una regresión cognoscitiva que se alimenta con las formas mediáticas y de una educación fragmentada, repetitiva, absoluta, descontextualizada de los conocimientos y las realidades. Ello, por supuesto, no hace seres libres sino esclavos del poder, dado que nos necesitan ignorantes, sumisos y temerosos de la violencia. Sin embargo, la dominación omnipotente es una falsa ilusión, porque “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Paralelos en la confrontación al Covid-19 en Centroamérica

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Marlin Óscar Ávila

22 de junio de 2020

La mayoría de los países de América Latina padece del flagelo de la corrupción, por lo que pensar que la llegada de una pandemia como la Covid-19 no fuese aprovechada por los círculos de poder político y empresarial para aumentar sus caudales económicos sería un tanto ingenuo. No ha habido oportunidad en que los círculos de poder, particularmente los más apegados al modelo neoliberal, no hayan aprovechado para enriquecerse ilícitamente. El caso de la empresa de construcción brasileña Odebrecht, quien repartió fuertes coimas en no menos de una docena de países, es uno de los mejores ejemplos de esta campante corrupción. Sin embargo, ninguna de las oportunidades de defraudar los bienes y finanzas del Estado había tenido como denotación salvar vidas humanas de forma global y, el fraude ha sido tan inhumana y grotesca como la que actualmente vivimos con esta pandemia del Covid-19.

Insigth Crime del 9 de junio 2020, dice que “A medida que América Latina emerge como el nuevo epicentro global de la pandemia de coronavirus, la corrupción ha proliferado, con políticos e intermediarios que rápidamente se llenan los bolsillos.”

Centroamérica ha sido una región dominada por líneas ideológicas predominantemente conservadoras desde el siglo XIX. Eso ha hecho que un tramo de territorio continental pequeño [1]y, una población de aproximadamente 50 millones de habitantes, con una densidad no más de 385 hab/km2 en una extensión de 523 000 kilómetros cuadrados,  que sus siete países se constituyeran en repúblicas soberanas, hace poco más de 500 años, sin llegar a unirse en una sola federación para administrar políticamente sus recursos, constituyéndose más bien en un grupo de países en competencia constante por recursos económicos en el mundo global. Todos ellos mantienen una amplia brecha entre ricos y pobres, además de un subempleo y desempleo que ronda el setenta por ciento de su PEA. Sus élites económicas llenas de mezquindad rosan con lo absurdo, incluyendo agendas ideológicas que terminan siendo motivo de manipulación político-económico internacional.

Así es que, cada país tiene un sistema de salud con ciertas diferencias, dependiendo de negociaciones logradas por las omnipresentes agencias del FMI, BM y BID, en cuanto a “liberalizar” los programas públicos hacia el sector privado. Por este motivo se distingue a los de Nicaragua y Costa Rica, como únicos con sistemas universales de servicios públicos por ser los que más se han resistido a la privatización. Los demás han cedido al fuerte asecho de organismos internacionales para convertir la salud en un negocio privado. Honduras se distingue entre los países que más ha privatizado su sistema, dejando en una calamidad su sistema hospitalario, que pareciera sufrir una grave embolia pulmonar en este momento.  

Es decir, los círculos del poder local han venido haciendo negocio hasta de los “cueros y huesos” del sistema de salud pública que fuera construido en el siglo pasado, pero con la pandemia, el tema de salud pública, resalta internacionalmente y se ha visto como una nueva oportunidad de enriquecerse, aunque esto signifique una violación flagrante al derecho humano, al derecho público y a la esencia del servidor público dentro de las instituciones del Estado, convirtiéndose en una especie de crimen de lesa humanidad.

Insigth Crime continúa diciendo[2] “En Honduras, el gobierno compró pruebas de coronavirus a $ 100 cada una de tres intermediarios que habían comprado las pruebas por solo $ 4 por unidad de China. En Guatemala, el gobierno compró máscaras N95 por 18 veces su valor de mercado a un empresario que previamente había sido condenado por cargos de corrupción.” Pero el gobierno hondureño adquirió, desde mediados de marzo, aproximadamente 7 mil millones de dólares, más que ningún otro país de la región, que aún no se logra saber adónde están, pese a los constantes y variados reclamos de muchos sectores sociales e incluso, de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) en la zona norte. Este lunes 22, su director ejecutivo Pedro Barquero, dijo “Cómo es posible que en medio de la muerte de estas 300 personas se estén mal utilizando recursos públicos pagando 100 mil dólares por una cama en una carpa cuando en el vecino país de El Salvador se gastan 37 mil dólares por cama en una construcción de cemento”, recriminó.[3] En resumen, solicitó transparencia de parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y que rindan cuentas a la población en qué han invertido cada lempira que se les ha asignado. Y es que Invest-H supuestamente compró dos o tres hospitales móviles por 47 millones de dólares entre marzo y abril, sin embargo, solamente se ha visto una carpa de plástica instalada en la zona norte, sin utilidad alguna.

Esta misma fuente, Insight Crime, señaló[4] que “una investigación del sitio de noticias guatemalteco Nómada que encontró que el gobierno guatemalteco aún no ha gastado un solo dólar de dinero de ayuda de varias organizaciones, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en contratos para necesidades de salud pública.”

“La escala exacta del fraude contractual y la interrupción del gasto es difícil de estimar, ya que los gobiernos han limitado la cantidad de información que ponen a disposición del público. Algunos líderes, como el presidente Nayib Bukele en El Salvador, simplemente se han negado a revelar cómo y dónde han asignado contratos y gastos de emergencia.”

Fuertes dificultades se notan en el caso guatemalteco, cuando se califica, al igual que en El Salvador, de ausencia de transparencia en el manejo de los recursos definidos para combatir la pandemia, de muchos millones de quetzales aprobados por su Congreso Nacional. Como sucede en Honduras, el personal sanitario reclama los insumos indispensables, equipos de bioprotección, medicamentos y mascarillas. Esa opacidad existente en estos países del llamado triángulo norte, no hace más que sugerir un alto nivel de corrupción.[5]

Similitudes y diferencias

Los gobernantes, con excepción de Costa Rica, dieron prioridad a lo político, más que a la salud. En toda la empresa privada dominante (poder fáctico) presiona por abrir lo más pronto el mercado, sin embargo, ha sido otra vez, Costa Rica, donde la industria del turismo ha presionado fuertemente, donde no sede ante tales presiones, dando prioridad a la salud pública, en la medida de lo posible. Quien siempre ha dado prioridad a lo económico ha sido el gobierno nicaragüense, cediendo poco a poco las medidas recomendadas por la OMS y OPS para detener la línea ascendente de contagios.

En la región se distinguen tres países por la gravedad de la pandemia con un índice de contagios mayor que los otros cuatro. Panamá, Guatemala y Honduras.  Hoy en día, 22 de junio, 2020, Panamá reporta 26,752 casos; fallecidos, 521; recuperados clínicos, 14,664; pruebas realizadas, 109,990.[6] Guatemala, a 99 días de haberse detectado el primer contagio de coronavirus, la cifra total de casos llega a 12 mil 755, según información del Ministerio de Salud. El 20 de junio, hubo 246 nuevos casos, 31 fallecimientos, pero el día anterior se dieron 34 decesos, con 139 recuperados. [7] Honduras, al día 22 de junio de 2020, contabiliza 13,356 casos de Covid-19, incluyendo los de este día que suman 584 personas, 385 total de fallecimientos, sumando los 32 nuevos de este día, los recuperados aumentaron 69 personas para llegar al total de 1,362. Hay hospitalizados 1,093, de los cuales hay 366 en situación grave y 48 en cuidados intensivos. [8]

En estos tres países las capacidades de atención a nuevos pacientes están en cero (0), aunque en el caso de Guatemala, al cambio de la cúpula ministerial en salud el pasado viernes, se espera abrir algunos espacios y obtención de algunos recursos.

Una de las mayores semejanzas entre estos países es sus niveles de corrupción. Según Transparencia Internacional, de 0 a 100 puntos, Guatemala y Honduras tienen un mismo índice de 26, y Panamá tiene 36 puntos. [9];[10]

Guatemala y Honduras, tuvieron una lucha interna por expulsar los dos instrumentos internacionales que a través de la presión ciudadana local y algunos esfuerzos de la comunidad internacional habían instalado contra la corrupción y la impunidad, el primero en Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, y la MACCIH [11], en Honduras, ambas expulsadas por los círculos de corrupción dominantes en cada Estado el año 2019. Haber logrado la expulsión de unas tres docenas de asesores internacionales de ambos países, consolidó la fuerza de los grupos de poder locales que manejan las redes de corrupción locales. En el caso hondureño, la complejidad es mayor, porque no solamente hay redes de corrupción expertas en extraer fraudulentamente recursos del Estado, como ocurre en Guatemala, en una combinación de la clase político-empresarial y militar construidas en los últimos doce años[12], pero enriquecida por una especie de sinergia entre los mismos actores, constituyéndose en un cartel de producción y comercialización de drogas y otros negocios ilícitos, que incluyen unas redes del crimen organizado, ligados internacionalmente desde Suramérica, hasta los Estados del Norte de América y Europa. El poder constituido en Honduras es como tener un Chapo Guzmán, tomando decisiones sobre una red corrupta y a Pablo Escobar dirigiendo el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional[13], ambos en habitando en el espíritu del presidente de la República de Honduras. Así que el nivel de ética y moral que existe en el actual gobierno no es más elevado que el que pudieron tener estos dos personajes juntos bien conocidos por la DEA[14]. Los escrúpulos que pueda tener el gobernante Juan Orlando Hernández[15], de producir los daños humanos que actualmente se dan en Honduras, por la pandemia, no se diferencian en nada a los escrúpulos que pudiera tener ninguno de los personajes citados arriba, siempre que las consecuencias de sus actos aumenten su ya sustancioso capital.  Lo irónico del caso es, el apoyo irrestricto que ha obtenido, hasta esta fecha, por las actuales autoridades de los EUA.

Nicaragua y El Salvador

Los gobiernos de ambos países se han enfrascado en una fuerte controversia con las respectivas oposiciones políticas.

Así que opacaron la capacidad científica instalada existente haciendo caso omiso a instituciones, médicos especializados y asesoría de organismos como la OPS y OMS, buscando protagonismo como “grandes estadistas”, aislados de quienes tienen autoridad científica para tratar el problema grabe de salubridad. Los casos más visibles han sido los del presidente de El Salvador, Nayibe Bukele y de Nicaragua, la pareja gobernante de Daniel y Rosario Ortega. Ambos gobernantes hacen sentir su compromiso por el bien común, por hacerse conocer por sus obras en favor de las mayorías y de los pobres.

Sus diferencias, son en algunos aspectos importantes, como es la experiencia y recorrido político de Daniel Ortega, dirigente del FSLN desde la primera conquista del poder en Nicaragua en 1979 y el alto grado de narcisismo en Bukele, con una corta experiencia en la vida pública.

El presidente Bukele se ha distinguido por muy escasa humildad de gobernante, su manejo de la pandemia inició siendo admirado por tomar medidas tempranas y supuestamente adecuadas. No obstante, más temprano que tarde, su riña con la oposición política, que controla los otros dos poderes del Estado, ha sobresalido más que la solución a la pandemia, que pareciera estar ahora descontrolada. Es una figura mediática que logra atraer la atención pública, pero se le critica por irrespetar el marco legal republicano y por aparecer un tanto opaco en cuanto al manejo presupuestario, así como de inmiscuir a sus parientes en funciones pública. Estos últimos aspectos no lo diferencian del gobierno nicaragüense. En fin, sus diferentes modelos de respuesta a la pandemia, habrá que evaluarlos en unos meses o un año después.

Dejamos a Costa Rica aparte, no por creer que es “la Suiza centroamericana”. Este país ha estado con serios problemas financieros y su presidente, Carlos Alvarado, estaba en muy bajo nivel de popularidad cuando llegó la Covid-19. Fue precisamente la pandemia que le salvó parte de su prestigio, porque a diferencia de las otras administraciones de la región, decidió centralizar en su Ministro de Salud, Daniel Salas, epidemiólogo de profesión, todas las decisiones estratégicas y coyunturales para combatir la pandemia. Ordenó a todas las dependencias del ejecutivo, autónomas y centrales, colocarse a las órdenes de su joven ministro de salud. El otro aspecto que contribuyó, como ocurrió con Nicaragua, es que, pese a las presiones de los organismos multilaterales para que privatizara los servicios de salud pública[16], su clase trabajadora logró resistir las presiones[17], manteniéndose las estructuras de un sistema universal de salud[18].

Es así como, después de Belice, quien tiene apenas cuenta con una extensión territorial de 22 mil 966 kilómetros cuadrados y una población de 383 mil 71 habitantes, siendo el que tiene más bajas estadísticas de contagios, Costa Rica es de los países, a nivel global, que mejor ha controlado la pandemia del Covid-19.

Dignificación de toda una población centroamericana

A Costa Rica como a los demás países dañados en su economía les está quedando un crecimiento significativo de pobreza y desempleo que constituye un reto enorme. Sin embargo, a los países donde sus gobiernos usurparon los recursos sagrados para salvar la vida de sus ciudadanos, le quedará, además de los profundos niveles de pobreza y desempleo, el rescate de su dignidad, investigando y procesando a nivel nacional e internacional a sus gobernantes y empresarios corruptos.

[1] Tiene un territorio de 523 000 kilómetros cuadrados, situada en el hemisferio occidental, desde el istmo de Tehuantepec (situado al sur de México), hasta el Valle del río Atrato, en Colombia, franja territorial con el océano Atlántico a un costado y el océano Pacífico, al otro.

[2] https://www.insightcrime.org/news/analysis/latin-america-corruption-pandemic/

[3] https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/incapacidad-o-corrupcion-o-una-mezcla-de-ambas-dice-pedro-barquero-sobre-compra-de-hospitales-moviles.html

[4] Ídem

[5] https://www.nodal.am/2020/05/guatemala-mal-manejo-de-la-crisis-sanitaria-por-covid-19-por-factor-mendez-doninelli/

[6] https://www.prensa.com/sociedad/data-studio-casos-de-coronavirus-covid-19-en-panama/

[7] https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-guatemala-registra-segundo-dia-de-mas-decesos/

[8] RDS Radio 88.9 FM

[9] https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Percepcin_de_corrupcin_crece_en_Centroamrica

[10] No incluimos el IPC dado sobre Nicaragua, a sabiendas de la campaña internacional contra su gobierno por parte de instituciones como Transparencia I., la OEA, UE y otras, evitando su carga de prejuicio político.

[11] http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/default.asp

[12] https://www.cna.hn/

[13] https://criterio.hn/para-que-ha-servido-el-todopoderoso-consejo-nacional-de-defensa-y-seguridad/

[14] https://notibomba.com/gobierno-de-eeuu-demostrara-que-juan-orlando-hernandez-conspiro-para-el-trafico-de-drogas/

[15] https://notibomba.com/fiscalia-y-la-dea-identifican-que-cc4-es-juan-orlando-hernandez/

[16] https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-de-ccss-rechaza-tercerizacion-y-privatizacion-de-salud/

[17] https://www.elmundo.cr/costa-rica/rodriguez-privatizar-la-caja-afectaria-directamente-a-poblacion-de-menos-ingresos/

[18] https://www.nacion.com/el-pais/privatizar-la-ccss-no-es-prioridad/MMHBEPGUFJDO5HANMBLA7AQ2FY/story/

Sin ruta para reactivar economía y generar empleo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

“No hay una hoja de ruta que permita visualizar la reactivación económica para generar empleo”.

Así lo considera Lenin Hernández Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines al referirse a la tasa de desempleo del 15,7%.

Además, cuestionó que el presidente Alvarado “se lavara las manos diciendo que el Estado no es el que genera puestos de trabajo”.

Según el dirigente sindical el Estado tiene la obligación de generar políticas que promuevan el emprendedurismo para evitar que sean las grandes empresas las que dominen los mercados.

 

Imagen ilustrativa.

Acuerdo “stand-by” entre el Gobierno y el FMI traerá más miseria, sufrimiento, exclusión y desestabilización social

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

  • Gobierno debe abrirse a la ciudadanía y dejar del secretismo en esas “negociaciones”

  • Ni venta de activos, ni más impuestos a los que menos tienen, ni más recortes al gasto social, ni despidos

Tenemos que ser contundentes y dejar muy bien definida la posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al inminente acuerdo-préstamo conocido en la jerga de los mercados financieros internacionales como “stand-by”, que pretende firmar el actual Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas políticas nada bueno traen para los pueblos que son obligados a asumirlas.

La pandemia del coronavirus covid-19 vino a aportar más dolor y más estrés social a la gran mayoría del pueblo costarricense, el cual ya sufría de alto desempleo e informalidad, alta carestía de la vida, alta evasión-elusión fiscales, alta concentración de la riqueza y alta exclusión socioeconómica, incluida alta depreciación del poder adquisitivo de los salarios.

Es inamisible y lo rechazamos tajantemente que el acuerdo “stand-by”, por un monto de 2 mil 250 millones de dólares, facilitados en tres tercios a lo largo de los próximos tres años, de 750 millones de dólares c/u, suponga un aumento de impuestos de carácter indirecto, como una eventual subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al 15 % y hasta en una cifra superior.

Igualmente resulta inaceptable el planteamiento fondomonetarista de “venta de activos”, considerando que la práctica totalidad de las empresas públicas que todavía siguen siendo propiedad costarricense, son vitales para atenuar el acelerado deterioro de la inclusión social; y, por el contrario, revitalizadas y excluidas de ellas la politiquería, son pilares de la promoción del bien común de las generaciones presente y futura.

Es sumamente peligroso que el planteamiento sobre mayores recortes de gasto pueda incluir fondos destinados, precisamente, a evitar mayores niveles de exclusión social y económica; e, incluso, decisiones que puedan pulverizar la propia Seguridad Social del país y, particularmente, el servicio de Salud; ambos hoy en grave riesgo institucional y de estabilidad financiera.

Por otra parte, no se puede someter al país al flagelo del despido de cientos y cientos, hasta de miles, de personas trabajadoras asalariadas del sector Público, como ha sido la tónica en otros países que se someten a los dictados del FMI, como los de los acuerdos “stand-by”. En este apartado y al igual que en los anteriores, debemos formular una alerta roja a todas las agrupaciones civiles, profesionales y sindicales honestas que tienen mucha responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos por venir.

Sólo es comprensible que se pretenda imponerle al país un convenio tan perjudicial como el “stand by”, a partir de bases ideológicas formadas en el fundamentalismo fiscalista macroeconómico-neoliberal si, por ejemplo, las reservas internacionales en dólares que guarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), están llegando a los 9 mil millones de dólares, cantidad más que suficiente para sustituir esos 2.250 millones $ que vienen a ser como un humillante precio por la venta del país. Al BCCR le quedaría un 75 % de sus reservas. Y éste es tan solo un ejemplo de un abanico de alternativas para el manejo del déficit y de la deuda.

Mucho queda por decir, por plantear, por cuestionar y por demandar. En lo inmediato, el Gobierno de la República, habida cuenta del deterioro de su credibilidad y la pérdida de su propia legitimidad, debe impulsar un real diálogo social, sin exclusiones, para tratar este delicado asunto. Deben tener presente que el buen manejo de la pandemia no les da la autoridad política, suficiente y necesaria, como para comprometer el futuro del país en aras de un marco ideológico excluyente y voraz en cuanto al manejo del déficit fiscal y del endeudamiento público.

San José, lunes 15 de junio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)

Diez propuestas para enfrentar la crisis del COVID-19 con visión social, productiva y solidaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Salud.

Proceso de diálogo y construcción de medidas para enfrentar la crisis causada por la COVID-19

Diez propuestas priorizadas en respuestas inmediatas y procesos transformativos para enfrentar la crisis causada por la COVID-19 desde una perspectiva social, socioproductiva y solidaria.

El sociólogo Carlos Brenes compartió con SURCOS este documento que expresa el proceso de diálogo realizado por el sector de Economía Social Solidaria con el gobierno.

El documento señala en su introducción:

“La grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto que se necesita un nuevo orden mundial. La comprensión más generalizada de la gestión del riesgo de desastres define este como la combinación de dos factores: las amenazas y la vulnerabilidad o exposición a estas. Todo desastre resulta de una alta vulnerabilidad. Esta no tiene que ver solamente con los primeros impactos, sino, también, con las consecuencias socioeconómicas y ambientales de mediano y largo plazos. Comúnmente, existen sectores de la población que son afectados más dramáticamente por los efectos dañinos de los desastres. Estos son los que tienen las posiciones más desventajosas en términos socioeconómicos.

Aunque nuestro Gobierno y la CCSS han demostrado un gran acierto en la conducción del país para mitigar el impacto sanitario de esta crisis, se han puesto de manifiesto vulnerabilidades en nuestro sistema de gestión del riesgo de desastres, esto es, en la preparación para afrontar amenazas más allá de las hidrometeorológicas y geológicas. A estas, entre otras, se suman las amenazas biológicas, que no por primera vez desencadenan emergencias en el mundo y ante las que el país también es frágil. Ha quedado más visible que nunca que cualquier evento destructivo –ya sea un sismo, un ciclón tropical, una sequía o un fenómeno epidémico o pandémico– además del impacto inmediato, genera una devastación socioeconómica, en la que siempre la peor afectación y la mayor desprotección son las que sufren los pobres. Pero también esta crisis ha causado estragos en sectores de los estratos medios.

Ante todo, llamamos a ver detrás de las estadísticas que están evidenciando esta realidad, los rostros humanos: los de aquellos que han perdido su empleo; los de cientos de miles que no lo tenían y han visto frustradas sus expectativas de conseguirlo; los de los que estaban hundidos en el mundo de la informalidad laboral y los de quienes ahora han pasado a sumarse a sus filas. Rostros de personas que dependían de asistencia humanitaria y ahora no pueden ser auxiliados. Son, todas estas, personas que viven la angustia y la desesperación de no tener un ingreso total o parcial que le permita comprar los alimentos de su familia, pagar los recibos de servicios, cubrir los pases para movilizarse, comprar los pañales de sus hijos o de sus padres enfermos. Son las personas que se habían endeudado para montar una pequeña empresa y ahora no tienen cómo pagar el préstamo, porque el emprendimiento se hundió; las personas que adquirieron deudas para responder a necesidades de salud, de vivienda, de estudio propio o de los hijos, entre otras necesidades básicas. Son los rostros de nuestros agricultores y agricultoras desprotegidos, sin seguros de cosecha, sin mercado justo para sus productos, que van perdiendo casas y tierras por el endeudamiento. Y no podemos olvidar los rostros de quienes están totalmente a la orilla, los miles de personas que habitan en nuestras calles, sin poder atender a la consigna del “quédate en casa”, lávate las manos, báñate, utiliza alcohol gel y lava tu ropa al llegar a casa… pues simplemente no tienen casa, ni servicios sanitarios, ni ropa en un armario.

Puede descargar el documento aquí:

DIEZ-PROPUESTAS-PRIORITARIASDescarga