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Etiqueta: desempleo

Que se mueran los pobres…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

“Que se mueran los pobres…” podría ser la versión actualizada de una vieja canción que se popularizó con su estribillo pegajoso y repetitivo: “Que se mueran los feos…, que se mueran todititos, toditos, toditos los feos, que se mueran…”.

Según un análisis de la Universidad de Costa Rica, mientras 87 distritos reportan una morbilidad por causa del Covid 19 de 15 personas por cada 1.000 habitantes, 13 distritos reportan entre 70 y 166 casos; se trata principalmente de distritos del Gran Área Metropolitana con alta densidad poblacional (https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-reporta-una-morbilidad-covid-19-de-392-casos-por-cada-1-000-habitantes/), y algunos con altos índices de pobreza. Otras fuentes destacan que Talamanca es el territorio indígena con más adultos fallecidos por Covid 19.

El Canciller mejicano, Marcelo Ebrad, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas el acaparamiento de las primeras vacunas por parte especialmente de Estados Unidos y algunos países europeos. A estas alturas hay varios países pobres donde no se ha aplicado ni una vacuna (https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox?projector=1) O sea, los pobres que han sido las principales víctimas de la pandemia, debido a sus precarias condiciones socioeconómicas, ahora también serán víctimas de este inhumano acaparamiento por parte de los países ricos.

Para el Ministro sin “cartera”, André Garnier, designado por el gobierno de don Carlos Alvarado como enlace con el sector empresarial (resulta evidente que para este gobierno no es prioridad el enlace con el sector trabajador), el salario mínimo en este país es muy alto. Es decir, “que se mueran lo pobres…”.

La política de desmantelamiento de la institucionalidad social, que congela salarios y plazas en el sector público, ya está afectando servicios básicos como la salud y la educación; traerá como consecuencias una nueva “generación perdida”, como sucedió en la década de 1980, por no tener acceso a educación pública de calidad y contar con menos recursos para la atención en salud.

El sector financiero público y privado no ha estado a la altura de las circunstancias para facilitar el acceso a crédito a tasas razonables y renegociar deudas de pequeñas y medianas empresas que han sido inducidas a la quiebra por la contracción de la demanda en tiempos de pandemia.

Las altas tasas de desempleo que tienden a crecer con la política de contención y reducción del empleo público, así como el creciente subempleo en el sector privado, está conduciendo a una ampliación sin precedentes del sector informal, con impactos especialmente entre las mujeres jefas de hogar, lo que significará un empobrecimiento mayor del que ya se están sufriendo. Es decir, “que se mueran las pobres…”.

“Que se salven los ricos” es la consigna bajo la cual han venido aprobando leyes, a diestra y siniestra, las señoras y señores diputados, particularmente del Partido Liberación Nacional (PLN), secundado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Acción Ciudadana (PAC) y los partidos religiosos fundamentalistas, Restauración Nacional (PRN) y Nueva República (PRN).

El azote “pandémico” neoliberal seguirá cobrando más víctimas en este país. Son las señales que emanan de la actual Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. Los tiempos post-pandémicos serán dolorosamente sacrificiales. Es decir, “que se mueran los pobres…” y que “Dios los coja confesados”.

 

Foto: Semanario Universidad.

UNA: Pronunciamiento del Consejo Universitario

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNA:

25 de febrero de 2021
UNA-SCU-ACUE–2021

Señores
Comunidad Nacional y Universitaria
Señores
Consejo Nacional de Rectores (Conare)
Señores
Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Señores
Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Señores
Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Señores
Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional

Estimados señores:

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo, inciso, de la sesión ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2021, acta n.o 3993, que dice:

APOYO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AL ENCUENTRO MULTISECTORIAL CONTRA EL PROYECTO DE EMPLEO PUBLICO

CONSIDERANDO:

  1. El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, artículo 37, establece que una de las funciones del Consejo Universitario es “pronunciarse y manifestar la posición de la Universidad Nacional en asuntos de importancia nacional e internacional”.
  2. La reunión que se llevó a cabo el día de 25 de febrero de 2021 por organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales y movimiento estudiantil universitario que tomó el siguiente acuerdo:

CONSIDERANDO QUE:

  1. Los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.
  2. En lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de costarricenses.
  3. Los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una virulenta campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, algo absolutamente fuera de toda lógica real.
  4. El gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.
  5. Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.
  6. La estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.
  7. El Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra autonomías constitucionales y contra autonomías institucionales, que tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático y que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  • CREAR UN FRENTE NACIONAL DE DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE QUE INVOLUCRE A COMUNIDADES UNIVERSITARIAS, A ORGANIZACIONES SINDICALES TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO, A ORGANIZACIONES COMUNALES Y DE VECINOS, A MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO, A ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE MUJERES, A ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, A AUTORIDADES MUNICIPALES, A JUNTAS COMUNALES DE SALUD, Y OTRAS.
  • DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA A FIN DE QUE COMPRENDAN QUE EL PROYECTO DE EMPLEO PÚBLICO NO BUSCA MEJORAR LA EFICACIA, NI ORDENAR AL SECTOR PÚBLICO, SINO DESMANTELAR EL ESTADO Y PRECARIZAR CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES DE LA CLASE TRABAJADORA.
  • ENFRENTAR EN FORMA CONJUNTA TODA LA AGENDA LEGISLATIVA QUE EN EL MARCO DEL ACUERDO CON EL FMI PRETENDE CARGAR SOBRE LOS HOMBROS DE LOS SECTORES MEDIOS Y LABORALES EL COSTO DE LA CRISIS ECONÓMICA, POR MEDIO DE UN AUMENTO DE LA CARGA IMPOSITIVA.

4-        DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO DENTRO DE LAS INSTITUCIONES A FIN DE GARANTIZAR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE.

  1. La participación activa del M.Ed. Francisco González Alvarado, rector, la Dra. Carolina España Chavarría y el M.ag. Esteban Araya Salazar, miembros del Consejo Universitario en el Encuentro Multisectorial contra el Proyecto Ley de Empleo Público.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  1. APOYAR LAS INICIATIVAS EMANADAS DE LA REUNION DEL GRUPO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES, COMUNIDADES UNIVERSITARIAS, MUNICIPALES Y MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO LLAMADO PROGRAMA ENCUENTRO MULTISECTORIAL CONTRA EL PROYECTO DE EMPLEO PUBLICO. ACUERDO FIRME.
  2. SOLICITAR A LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL QUE COMUNIQUEN Y DIVULGUEN, EN REDES SOCIALES Y LOS MEDIOS DISPONIBLES, ESTA DECLARATORIA. ACUERDO FIRME.

Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO
Tomás Marino Herrera
Presidente

lsr/w/misdoc/acuerdo/

C:        Contraloría Universitaria
Asesoría Jurídica
Oficina de Comunicación
Oficina de Relaciones Públicas

Encuentro multisectorial contra el Proyecto de Empleo Público. Declaración final

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Las instituciones participantes, organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales, considerando:

Que los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.

Que, en lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de habitantes.

Que los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una fuertísima campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, actuación que se realiza de manera infundada, tergiversando datos o manipulándolos al presentar solo una parte de ellos, para generalizar conclusiones falaces.

Que el gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.

Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.

Que la estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.

Que el Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin un proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra las autonomías institucionales y autonomías constitucionales, pues tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.

Acordamos:

  • Crear un Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense que involucre a comunidades universitarias, a organizaciones sindicales tanto del sector público como privado, a organizaciones comunales y de vecinos, al movimiento estudiantil universitario, a organizaciones feministas y de mujeres, a organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, sector campesino a autoridades municipales, a juntas comunales de salud, y otras.
  • Desarrollar diversas actividades de sensibilización a la opinión pública a fin de evidenciar y demostrar que el proyecto de Empleo Público no busca mejorar la eficacia, ni ordenar al sector público, sino desmantelar el Estado y precarizar condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora.
  • Enfrentar en forma conjunta toda la agenda legislativa que en el marco del Acuerdo con el FMI pretende cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis económica, por medio de un aumento de la carga impositiva.
  • Desarrollar actividades de sensibilización para el mejoramiento del trabajo dentro de las instituciones a fin de garantizar la defensa del Estado Social Costarricense.

POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE

Organizaciones Sindicales

Asociación Nacional de Educadores ANDE
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE
Sindicato de Educadores Costarricenses SEC
Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO
Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA
Central General de Trabajadores CGT
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN
Sindicato Patriótico de la Educación SINPAE 7 de Agosto
Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación SINAPRO
Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones SITET
Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones ANTTEC
Asociación de Abogados y Profesionales del Grupo ICE ABOGAPROICE
Federación Unión Sindical de Trabajadores del Grupo ICE FUS/ICE
Sindicato de Trabajadores de la UNA SITUN
Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica SINDEU
Asociación de funcionarios del TEC AFITEC
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Técnica Nacional UTRA-UTN
Asociación de Profesionales de la UNED UNED-PRO
Alianza Sindical del Poder Judicial
Asociación Nacional de Empleados Judiciales ANEJUD
Sindicato del Poder Judicial SINDIJUD
Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT
Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social SINASSASS
Sindicato de Trabajadores del INA SITRAINA
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses SITECO
Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados SITRAA AyA
Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones FENTRAP
Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda SINDHAC

Organizaciones Sociales

Frente Nacional por la Defensa de la Caja y la Seguridad Social FRENASS
Comisión Nacional de Enlace CNE
Coordinadora Popular de Occidente
Diego Miranda Méndez Regidor Municipalidad de San José
Asociación Nicaragüense inmigrantes en Costa Rica-ANICR

Comunidad Universitaria

Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Nacional
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica FEUCR
Rectoría y Consejo Universitario, Universidad Técnica Nacional

Autonomía universitaria ¿una leyenda urbana?

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Ofrezco aquí algunas reflexiones en relación con el artículo “La leyenda urbana de la autonomía universitaria” (La Nación, 23 de febrero 2021), autoría del abogado Rubén Hernández Valle.

Pero antes, quiero decir lo siguiente: sin duda hay cuestiones que debemos corregir en los sistemas de remuneración de las universidades. Los excesos e inequidades existentes deben desaparecer, y es nuestro deber para con la ciudadanía costarricense garantizar que se corrijan a la mayor brevedad posible. Igualmente tengo claro que las universidades compartimos la responsabilidad de contribuir a resolver los problemas que acongojan hoy día a nuestro país, incluyendo no solo el problema fiscal, sino también -e incluso más importantes- los problemas del desempleo, la pobreza y la marginalidad. Como asimismo sostengo que la mejor forma de hacerlo es garantizando eficiencia máxima en el uso de los recursos que la sociedad costarricense nos asigna, trabajando con esmero y dedicación en función de las necesidades y demandas de nuestro pueblo, y generando propuestas -científica y técnicamente fundamentadas- que contribuyan a encontrar soluciones viables y humanizadas, socialmente justas y solidarias, para los múltiples problemas que hoy enfrentamos.

Aparte lo cual, y ante las aseveraciones de Hernández Valle, yo, que soy solo un humilde economista, quiero respetuosamente plantear lo siguiente:

1) Dice el distinguido jurista, que el artículo 191 constitucional regula las relaciones entre servidores públicos y Estado por medio de un estatuto de servicio civil, sin formular excepciones explícitas. Cierto. Pero también el artículo 84 concede a las universidades potestad para “…darse su organización y gobierno propios”.

2) ¿Cómo podrían darse las universidades una “organización y gobiernos propios” si ello no incluye la posibilidad de regular sus procesos de contratación, estímulo y evaluación del personal? ¿Cómo podría existir tal “organización y gobierno propios” si en una materia tan delicada y fundamental, un ente externo es el que define “la organización y gobierno” que se aplicarán? Importante enfatizarlo: este no es un detalle menor ni accesorio, porque estamos hablando de instituciones dedicadas a la educación superior -incluyendo el nivel de doctorado- y la investigación científica, lo que exige disponer de personal altamente calificado.

3) Con un agravante que Hernández Valle omite: el proyecto de empleo público no solo concede a un órgano externo la capacidad de decidir sobre este delicadísimo aspecto de la “organización y gobierno” de las universidades, sino que, además, introduce la posibilidad de que se ejerzan influencias político-partidarias sobre el nombramiento, la remuneración y evaluación del personal de las universidades. Lo cual pone en grave riesgo el artículo 87 de la Constitución: “La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria”.

4) O sea, y en lo que a las universidades compete, el artículo 191 tiene que ser leído en relación y de forma concordante con los artículos 84 y 87, y teniendo presente lo que es esencial a la naturaleza propia de las universidades públicas: la libertad de cátedra no es un principio abstracto, sino que se encarna en el personal que hace docencia, investigación y extensión. Si el nombramiento, la promoción y remuneración de ese personal, queda en manos de entes externos y politizados, ni hay autonomía ni habrá libertad de cátedra.

5) Asimismo, indica el señor Hernández Valle, que las universidades están sujetas a los principios constitucionales del equilibrio financiero, lo cual, supongo (Hernández no lo indica en su artículo en La Nación) que se refiere al artículo 176 constitucional. Pero este es un principio que rige para la “Administración Pública” (sic) en su conjunto, y es dentro de ese principio general, que debe aplicarse lo que se estipula en el artículo 85, el cual ordena: “El Estado dotará de patrimonio propio” a las universidades, “…y les creará rentas propias”. Además indica: “…mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal”, y reafirma con contundencia: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan” (el énfasis es mío).

6) Asunto de elemental coherencia: deben cumplirse las obligaciones en materia de equilibrio financiero (artículo 176) -lo cual está más allá de las responsabilidades y potestades propias de las universidades- sin incumplir las obligaciones relacionadas con los presupuestos universitarios (artículo 85). Pareciera que alguna gente considera que cumplir el artículo 176, justifica incumplir el 84.

7) También hace ver el señor jurista, que las universidades no están exentas de la aplicación de la regla fiscal. Al respecto, me animo a indicar: si, podrían estar sujetas, siempre que ello no implique, de una u otra forma, directa o indirectamente, incumplir lo que ordenan los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución (recordemos: la regla fiscal nace de una ley, la 9635, cuya jerarquía es inferior a la de la Constitución). Al margen de lo cual agrego: desde el punto de vista económico, la regla fiscal es un esperpento absurdo, y una antigualla que saca del sarcófago ideas obsoletas y comprobadamente fallidas.

8) También saca a relucir el señor abogado, el artículo 6 del Convenio 98 de la OIT. Afirma entonces que el mencionado artículo 6 “…prohíbe (sic) la celebración de convenciones colectivas en el sector estatal” (el énfasis es mío) ¿Realmente las prohíbe? Transcribo a continuación, en forma literal, ese artículo 6 de ese Convenio 98 de la OIT: “El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto” (el énfasis es mío). Si mi español todavía es el que se habla en el mundo, decir que “no trata” no equivale a decir “que se prohíbe”, mucho menos a la luz de lo que expresan las últimas 15 palabras de ese artículo.

9) Si usted saca un ratito y lee lo que dice ese convenio (puede hacerlo aquí: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243), verá que los artículos 1 al 5 tratan sobre la libertad de sindicalización y la independencia de la organización sindical. Entonces, y según este señor, ¿el artículo 6 conlleva la prohibición de que los trabajadores y trabajadoras del sector público puedan libremente organizarse en sindicatos independientes? De tan absurda y desatinada, la idea es simplemente ridícula, y mucho más lo es a la luz de lo que ese mismo artículo 6 plantea, cuando explícitamente ordena que “…no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto”. Obviamente, “sus derechos” o “su estatuto” son los derechos o estatuto de las trabajadoras y trabajadores del sector público.

10) Un detalle no puede pasar inadvertido: de una forma harto arbitraria, el señor Hernández Valle apela a ese artículo 6 del Convenio 98 de la OIT, para concluir (vergüenza ajena da tan solo repetirlo) que ahí se prohíben las convenciones colectivas en el sector público ¿Por qué no dice nada de todo lo que se ordena en los artículos 1 al 5 de ese mismo convenio? Ahí se protege el derecho a la libre e independiente organización sindical de los trabajadores y trabajadoras. Este derecho, sin embargo, es ampliamente irrespetado en el sector privado en Costa Rica ¿Por qué tanto silencio de Hernández Valle sobre esa penosa realidad? Saque usted sus propias conclusiones.

Compartido con SURCOS por el autor; publicado en su blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/autonomia-universitaria-una-leyenda.html

El ocaso de la segunda república bajo el lente artístico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Rosaura Chinchilla-Calderón
Abogada y profesora universitaria
Rosaura.chinchilla@gmail.com

El arte ha permitido que los pueblos expresen lo que, de otra forma, se acallaría o reprimiría. No obstante, el que se use un lenguaje estético no le quita sordidez a la realidad ni impide que el relato genere angustia o desesperanza en quien degusta la obra. El despertar emociones es parte del reto artístico, aunque se trate de sentimientos que, por ser reflejo del entorno, no son los que se quieran cultivar. Además, cuando el medio que se describe ha fermentado niveles descomunales de putrefacción y cinismo, la belleza de los recursos comunicativos que se usen para trasmitir las ideas no impide que el mensajero pueda estar en riesgo por expresar su visión de mundo.

Externar ideas, máxime cuando estas implican la crítica a un sistema político decadente y opresor, puede implicar el pago de altos precios. Leo en la prensa internacional que un rapero catalán fue detenido, tras refugiarse en un campus universitario, e ingresó a prisión para descontar nueve meses por el delito de injurias cometido contra la monarquía española a través de la letra de sus canciones. La nota es de febrero de 2021 y —dejando al margen la valoración que pueda hacerse de los diferentes géneros musicales o de la crítica de otros trabajos del ahora detenido— si esto sucede en un contexto de democracia formal en donde la globalización ha permitido el acceso a algunos mecanismos de protección para la libertad de expresión, ni qué pensar sobre los efectos que críticas similares han tenido (o pueden tener) en otros contextos o momentos históricos, en donde pensar, expresar y disentir se puede pagar con la vida misma.

No por casualidad, en América Latina —tan susceptible a los colonialismos y a sufrir las dictaduras de diferente signo de ellos derivadas— el boom de la literatura se manifestó, entre otras corrientes, a través de la novela histórica y la “novela del dictador”, subgéneros a través de los cuales se fue consolidando la descripción de un contexto específico del quehacer de nuestros pueblos que posibilita la crítica hacia el abuso del poder político y articula formas de oposición o disidencia contra regímenes despóticos.

Si la nómina es larga (en obras, autores y en narraciones) y extiende sus raíces abrazando varios siglos, es porque también el abuso del poder ha carcomido a nuestra adolorida Latinoamérica como un cáncer terminal: desde las obras precursoras de dicho movimiento —como Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento y Amalia (1850) de José Mármol con referencias a la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina— hasta textos cumbres como Tirano Banderas (1926) del español Valle Inclán que describe al tirano ficticio de una isla sudamericana Santos Banderas; El señor presidente (1933;1946) de Miguel Ángel Asturias sobre el régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala; Conversación en la catedral (1969) de Mario Vargas Llosa alusiva a la represión ejercida en Perú por Manuel Odría; Otoño del patriarca (1970) de García Márquez donde se describe a un dictador ficticio que reúne características de Franco en España, Juan Vicente Gómez de Venezuela y Gustavo Rojas Pinilla de Colombia; Yo el Supremo (1974), de Augusto Roa Bastos, sobre la vida del paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia; El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, nuevamente con una simbiosis ficticia de los diferentes políticos autoritarios históricos de la región; De amor y de sombra (1984) de Isabel Allende referente a las fosas comunes y los desaparecidos en el régimen de Pinochet de Chile, sin dejar de lado aportes recientes como En el tiempo de las mariposas (1994) de la escritora Julia Álvarez referente a la dictadura de Trujillo y el asesinato de las hermanas Mirabal; Margarita está linda la mar (1998) de Sergio Ramírez referente a la llegada de Darío a Nicaragua y la vida y asesinato de Somoza en Nicaragua, La fiesta del chivo (2000) y Tiempos recios (2019) ambos de Mario Vargas Llosa, el primero relativo al régimen de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana y el último alusivo al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala.

Es de prever que si las dictaduras han variado en la forma en que acceden al poder (ahora a través de golpes de estado blandos, por ejemplo), también la clasificación del género literario deba expandirse y abrirse para adoptar la crítica a figuras que mueven los hilos de un país, aunque no sean formalmente dictadores.

Advierto que no soy experta en el campo, pero me atrevería a decir que —salvo contadas excepciones dentro de las que destaca El crimen de Alberto Lobo (Gonzalo Chacón, 1928) referida a la dictadura de Los Tinoco— en Costa Rica no existe una tradición importante en este tipo de textos (ni en obras culturales de otra naturaleza que aborden temáticas semejantes). Con ello lejos estoy de insinuar que el arte tico no se ha ocupado del fenómeno porque no hayamos tenido golpes de estado, dictadores o caudillos, ni pretendo adscribirme al mito de la “Suiza centroamericana” sino, más bien, reforzar la crítica, excepcionalmente planteada por Yolanda Oreamuno, respecto al “carácter tico”, más dado a evadir las situaciones grotescas que a enfrentarlas, de allí que se prefiera “esperar a que se despejen los nublados del día” o “serruchar el piso antes que cortar cabezas”. No en vano el “pura vida” es nuestro lema-nación y alimentamos el imaginario nacional con lo de ser “el país más feliz del mundo”. Será por eso por lo que vivimos en el eterno presente, donde los escándalos no duran más de tres días y estamos privados de una memoria histórica y de un patrimonio cultural vigoroso que nos permita hundir las raíces en los aportes de otras generaciones y curtirnos frente a los eternos retornos de las demagogias políticas. Eso podría explicar el por qué el arte con clave de denuncia respecto al abuso de poder nacional también es escaso en nuestro medio.

En los últimos años, sin embargo, el arte, a través de diversos géneros, ha empezado a hurgar en la desmemoria, en el pasado que oculta autoritarismos y desigualdades, en los conflictos políticos contemporáneos, en las tramas de poder y corrupción que nos han marcado y en la denuncia de la realidad en la que convivimos. Me refiero, por ejemplo y obviamente sin ninguna pretensión de exhaustividad, a trabajos como el recogido en el documental El Codo del Diablo (hermanos Jara Vargas, 2014) que rescata, para la memoria histórica, el abuso del poder que termina en homicidios impunes durante el conflicto de 1948 y a novelas (mezcla de tramas históricas, policiacas y con algo de novela negra y del dictador) Cruz de Olvido, El año de la ira (Carlos Cortés, 1999 y 2019), y Más allá del río (Emilia Macaya, 2020) que pasan revista por los temas de corrupción y ejercicio del poder político-autoritario.

Y esa producción no es casualidad. Se trata no solo de la lucha contra la amnesia sino la premonición de que nuevas tempestades se avecinan. Las anuncian los datos o indicadores de la Costa Rica del bicentenario que, en su última década, se ha caracterizado por:

a) presentar una tasa de homicidios por 100 mil habitantes que supera las 10 muertes violentas, lo que permite calificar la violencia social como “epidemia”, según los criterios usados por la OMS. Así dicha tasa en 2015 fue de 11.5 muertes; en 2016 de 11.8; en 2017 de 12.2; en 2018 de 11.7; en 2019 de 11.2 y 2020 de 11.1. Estas muertes violentas han involucrado un crecimiento de los femicidios (entendiendo por este término la muerte de mujeres por su condición de tales que, en Costa Rica, se maneja como “femicidio ampliado” dado el carácter restrictivo de la normativa sobre el tema circunscrita a relaciones de pareja);

b) ver crecer anualmente el índice de Gini, que marca la distribución de la riqueza. Recuérdese que el punto cero implicaría la “equidad perfecta” por lo que, a cifras mayores, la desigualdad social es superior. Así, al llegar a los años 2000 se alcanzó los puntos más altos: 51.60 en el 2001 y 90 en 2002 y si bien descendió en los siguientes años, tuvo un repunte en 2009 (50.6) y, a partir de entonces, con ligeras oscilaciones, se ha mantenido en 48 y algo, por lo menos hasta 2018 (Estado de la Nación);

c) ingresar el país al grupo de las 10 naciones más desiguales del mundo (Banco Mundial; Taking on inequality, 2016);

d) exhibir un desempleo creciente: 2010 (9.2%), 2014 (9.8%), 2018 (12%), 2019 (12.4) y 2020 (21.9 de agosto a octubre de 2020) lo que representa más de medio millón de personas, entre los cuales un buen número son jóvenes;

e) ostentar niveles crecientes tanto de encarcelamiento (en 2000 de 193 por 100.000 habitantes y en 2016 de 370 por 100.000 habitantes según International Centre for Prision Studies, 2017) incluyendo a la población juvenil (Costa Rica tiene una de las edades de encarcelamiento más bajas en América Latina: 12 años) como de hacinamiento penitenciario: 2017 (30%), 2018 (30.4%) y 2019 (30.8%) aunque en años anteriores superó, por mucho, el 40%. Téngase en cuenta que para las Naciones Unidas el límite de hacinamiento aceptable es del 20%;

f) medir cómo la lentitud del sistema penal crece por reformas fallidas, aparejando niveles de impunidad asociados a delitos de cuello blanco;

g) descender en el índice de percepción de la corrupción hasta ocupar, en 2020, un puntaje de 57 sobre 100, luego de haber caído en 2018 de 59 a 56 puntos, en donde a mayor cercanía a 100 mayor es el control sobre la corrupción y a más bajo número, menor la lucha contra tal flagelo (Transparency international);

h) ver crecer las formas de autoritarismo en lo político-social, añorando al gobernante de mano dura que, ungido con los “poderes divinos” (a lo Trump, Bolsonaro, Bukele, Maduro u Ortega), imponga orden, visión transmitida aún por medios de comunicación. En un estudio de IDESPO para medir el autoritarismo en la población costarricense usando la escala RSW de Altemeyern, se pudo verificar que para 2011 el promedio era de 72 puntos y para 2016 la media era de 68 puntos, es decir, casi sin variación considerando los márgenes de error. Si se tiene en cuenta que más de 50 puntos implican una aceptación de criterios autoritarios y que esos puntajes abarcaban respuestas afirmativas a las proposiciones de que había personas “muy diferentes” que nunca deberían ser parte de la sociedad, que el castigo para infractores debía ser muy drástico, que la obediencia a la norma (sin importar su contenido) era un valor deseable y que debía defenderse el status quo, se tiene claro que el ambiente está dado para un giro totalitario que, como suele ser común, proteja los grandes negocios.

Esa desgarradora situación, afortunadamente (para quienes creemos que el arte, además de una misión estética y lúdica cumple una función social y ética) ha empezado a mostrarse en las obras culturales nacionales y es un paso correcto en la denuncia del estado de cosas que las originó. En lo que va del año pude degustar dos trabajos, de distinta naturaleza, que convergen en esos puntos. Me refiero a la novela Los papeles de Chantall (2021) del sociólogo de profesión y poeta por vocación Paul Benavides Vílchez, quien ahora incursiona en este género literario, y la película que se exhibe en cines nacionales Pájaro de fuego dirigida por César Caro (coproducción C.R.-E.U.A y Chile) y respecto de la cual Gabriel González Vega hiciera una reseña formal profunda y muy acertada, que invito a leer.

Ambas desnudan nuestra realidad grotesca y cruda con la majestuosidad que solo el arte puede lograr, coadyuvando a expresar, de forma menos dolorosa, aquello indecible. Ambas exponen las secuelas sociales (en barrios marginales, en la juventud, en los procesos judiciales, en la trata de personas, en la vida carcelaria, en la angustia de quienes migran) de la política demagógica y corrupta que se ensaña contra el pueblo oprimido y se manifiesta en diversas formas de violencia, mientras, por otros lados, se viven obscenos niveles de ostentación. Ambas logran transmutar aquellas estadísticas, números e índices en figuras literarias, impecables fotografías, diálogos, imágenes, sonidos…para que la reflexión político-filosófica también tenga goce estético.

Dos géneros distintos que son un claro reflejo de esta Costa Rica que se resquebraja ante nuestras miradas mostrando el ocaso de la segunda república: una democracia de caricatura (o, mejor dicho, una memetocracia) y la decadencia de la mitología que hemos alimentado. En Pájaro de fuego se exhiben los efectos sociales de las tramas políticas que se abordan en Los papeles de Chantall. En este texto, el autor retrata descarnadamente a los partidos políticos como lo que son: simples maquinarias de acceso al poder, que han traicionado los ideales históricos que los vieron nacer. Los líderes políticos (incluyendo el viejo y enfermo patriarca, que maneja los hilos del poder y de los negocios y respecto del cual es imposible no hacer semejanzas) adquieren los rasgos de cínicos y perversos personajes que buscan el acceso a puestos para consolidar sus negocios privados en una maraña de corruptelas que todo lo abarca, incluyendo el otrora prestigioso Poder Judicial y su tristemente célebre Sala Tercera, protagonistas de primer orden aunque solo sean mencionados en un par de páginas. Concluí la novela justo el día en que varios medios anunciaban que la lista de precandidatos para el próximo proceso electoral superaba la decena (y casi todas las caras eran de viejos conocidos) y pocos días antes en que se mencionara la reunión de varios dirigentes políticos anunciando la necesidad de coalición o acuerdos para designar candidatos de consenso. En ese marco, es imposible dejar de hacer asociaciones con lo que, de modo magistral, “anticipó” el escritor. Sin embargo, en la realidad, a diferencia de la novela en donde la naturaleza se compadece y hace su obra, la pesadilla está lejos de concluir.

Los papeles de Chantall pone, en clave literaria, lo que su autor conoce por la profesión y el oficio que desempeña: un cuadro de descomposición tan grande que lleva a la náusea. Ojalá que, sin embargo, la fuerte denuncia que aquí se hace solo le depare a su creador consecuencias positivas. Las merece, porque el suyo no es un oficio de ciegos, sino de grandes videntes que pretenden trasmitir, a quienes leemos, aquello que quizá nosotros sí dejamos de percibir.

Hay que seguir prestando mucha atención a las diferentes manifestaciones artísticas nacionales de estos tiempos. No hay casualidades, solo causalidades y lo que nos gritan las obras contemporáneas rompe el silencio de la aldea.

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

San José, 18 de febrero del 2021

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general:

Costa Rica vive momentos complejos, que requieren soluciones complejas y un consenso social amplio, en las actuales circunstancias debemos reconstruir nuestro pacto social para pensar en la nación que queremos para el futuro, al tiempo que protegemos nuestros logros del pasado. Pero nos preocupa que en lugar de soluciones complejas recurramos a procesos de ajustes únicamente centrados en buscar una solución fiscal de corto plazo, motivados por recetas que han fracasado en otras latitudes y que pueden tener un alto costo social y productivo.

La solución de nuestros problemas no debe desatender, desfinanciar o incluso destruir, el Estado Social de Derecho que hemos creado durante décadas, por medio de políticas públicas destinadas a beneficiar a la mayor parte de la población. Esta inversión en las personas y en su desarrollo particular, nos ha puesto en una posición privilegiada frente a otras naciones, con índices de vida mucho mejores que otros países de la región y, en algunos casos, cerca de naciones desarrolladas. Pero ese logro está hoy en riesgo, los avances en materia de salud, educación y protección social, están en peligro por seguir una línea de ajustes carentes de una verdadera reflexión y de estudios adecuados y adaptados, tampoco se está tomando en cuenta la necesidad de atender a una población afectada por una pobreza que creció, un desempleo que no logramos reducir y una vergonzosa desigualdad que se nos sale de las manos, al tiempo que nos rehusamos a pedir un esfuerzo mayor a los que más tienen y a los sectores gananciosos de la pandemia.

Esta actitud de promover un ajuste fiscal de gran tamaño, en un plazo muy corto, sin razonar en sus consecuencias, sumado a ideas de austeridad extrema que ya demostraron su fracaso social y productivo por el mundo, también pretenden poner en riesgo la universidad pública, su autonomía administrativa e incluso su financiamiento. De acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica, las universidades públicas del mayor rango de autonomía en su gestión, precisamente para darles independencia del poder político y la libertad suficiente para que la ciencia, las letras y las artes puedan florecer, así como para que las universidades cumplan el importante papel de brindar oportunidades de crecimiento personal por medio del desarrollo profesional. Un sistema universitario libre e independiente del poder político, es un signo inequívoco de una sociedad moderna y de una democracia madura.

Nos preocupa que el proyecto de ley de empleo público ponga esto en riesgo, dejando en manos de una entidad con nulo conocimiento del quehacer universitario, así como una baja capacidad operativa, la gestión del recurso humano de las universidades, afectando el trabajo de estas y sometiéndolas a restricciones que afectarán negativamente la formación de profesionales, la investigación científica, la extensión, la acción social universitaria o la promoción artística.

Quitar a las universidades lo relativo a su regulación en materia de empleo es una ruptura inaceptable de su autonomía, que podría seguir acompañada de medidas para limitar el alcance de su trabajo y el pensamiento de sus académicos, en momentos en que en el mundo se desdeña la ciencia y se pone en tela de juicio los resultados de siglos de conocimiento. La ciencia necesita libertad, necesita mantener separadas la política y las creencias particulares del quehacer científico, limitar la autonomía de las universidades públicas, por tanto, es cercenar la promoción del conocimiento y el desarrollo de las ideas.

Somos conscientes de la necesidad de ajustes en la política de remuneración a lo interno de las universidades, tenemos claro que lo que existe hoy no es funcional y debe ser corregido, pero debemos ser los universitarios quienes definan la manera en que mejor se ajusta con el desarrollo de nuestras organizaciones. Estamos comprometidos y comprometidas con un uso adecuado de los recursos públicos y una gestión encaminada en lograr los mayores resultados sociales, en beneficio de la población, para tener universidades que sean sostenibles financieramente en el largo plazo, para seguir contribuyendo a la construcción de ese Estado Social de Derecho que hoy vemos en riesgo.

Es por eso que les hacemos a todas y a todos, un llamado a la acción, a pedirles que se expresen y hagan mostrar su inconformidad con lo que estamos viviendo. Defendamos la universidad pública de los que pretenden reducirla, arriesgando su papel en la construcción y desarrollo de la nación, al tiempo que nos comprometemos a cuidar los recursos públicos que los contribuyentes de este país apostaron por nosotros. Defendamos la libertad que requiere el quehacer académico, así como evitamos salidas fáciles a crisis complejas recortando sin miramientos, mientras muchos siguen sin contribuir a nuestro pacto social, sin sonrojo ni pena.

Las circunstancias actuales nos obligan a replantear nuestra reacción, por lo que les invitamos a compartir este mensaje en sus redes sociales y unirse a nosotros por medios electrónicos. Abajo firmamos un grupo de universitarias y universitarios preocupados, pero sabemos que somos más:

Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Greivin Salazar Álvarez, céd. 109710643
Roxana Morales Ramos, céd. 111670990
Henry Mora Jiménez, céd. 105120548
Nora González Chacón, céd. 106990620
Jesús Guzmán Castillo, céd. 304360204
Tania Rodríguez Echavarría, céd. 110680515
Yamileth González García, céd. 202460555
Luis Felipe Arauz Cavallini, céd. 104860636
Edgar Gutiérrez Espeleta, céd. 104530822
Ana Rosa Ruiz Fernández, céd. 302480440
Rony Mauricio Rodríguez Barquero, céd. 205340821
Patricia Ramos Con, céd. 205470695
Noemy Quirós Bustos, céd. 205470695
Laura Queralt Camacho, céd. 107250821
Shi Alarcón Zamora, céd. 112910818
Rocío Alfaro Molina, céd. 108280886
Sofía Cortés Sequeira, céd. 113360901
Nelson Andrés Ramírez Rojas, céd. 303890841
William Delgado Montoya, céd. 303440456
Maritza Agüero González, céd. 206450725
Mayela Acuña Calderón, céd. 302400541
Carlos Rodolfo González Zúñiga, céd. 503450978
José Alberto Martínez Villavicencio, céd. 900830116
Paula Arzadun, 103200178200
Osvaldo Durán Castro, céd. 106370047
Hellen Melania Cordero Araya, céd. 303630653
Marlon Iván Pérez Pérez, céd. 602700010
Ana Catalina Espinoza Ortíz, céd. 303550126
Yendry Alexandra Jiménez Pérez, céd. 206270045
Andreina Esquivel Rodríguez, céd. 206600795
María José Chaves Groh, céd. 110810478
Alicia Coto Guzmán, céd. 109800481
Rodrigo Campos Cordero, céd. 108560885
Pablo Diaz González, céd. 205960614
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Luis Paulino Vargas Solís, céd. 203270373
Marinela Córdoba Zamora, céd. 302970351
Luis Miguel Esquivel Sancho, céd. 206950800
Marcel Hernández Mora, céd. 303490836
Pablo César Rodríguez Vargas, céd. 206820364
Francisco Esquivel Villegas, céd. 601090101
Nancy Castro Barrantes, céd. 204350643
Luis Gerardo Meza Cascante, céd. 105130774
Fabio Sanchez Peña, 184001281001
Ronald Bustamante Medina, céd. 109130086
Marco Antei, 138000248128
Samaria Montenegro Guzmán, céd. 112090158
Luis Alberto Barboza Chinchilla, céd. 111090348
José Alexander Ramírez González, céd. 401570340
Daniel Campos Salas, céd. 113770721
Juan Gabriel Calvo Alpízar, céd. 112120635
Adriana Cristina Sánchez Chavarría, céd. 112940271
Pedro Méndez Hernández, céd. 108270664
William Ugalde Gómez, céd. 107380639
María Estrada Sánchez, céd. 109740643
Arnaldo Moya Gutiérrez, céd. 302230941
Patricia Fumero Vargas, céd. 302270116
Nora Garita Bonilla, céd. 103820064
Yolanda Rojas Rodríguez, céd. 900120762
Ana Lupita Chaves Salas, céd. 104550585
Susan Francis Salazar, céd. 107210975
Elizabeth Fonseca Corrales, céd. 400970783
Albin Gerardo Guerrero Mora, céd. 106050324
Alejandra Fernández Bonilla, céd. 105740192
Erika Henchoz Castro, céd. 105700927
Víctor Hugo Acuña Ortega, céd. 103730844
Melania Monge Rodríguez, céd. 105730482
Patricia Blanco Picado, céd. 105380707
José Pablo Mora Vargas, céd. 2 0581 0912
Lady Meléndez Rodríguez, céd. 105410868
María Peña Bonilla, céd. 106570340
María Elena López Núñez, céd. 103410135
Julio Alberto Brenes Arroyo, céd. 108920767
Wendy Yorleny Rojas Calero, céd. 701790272
Adilia Eva Solís, 155803301923
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, céd. 156010866
María Cecilia Dobles Izaguirre, céd. 103270166
Alvar Saborío Ruiz, céd. 500840552
Ivette Rojas Zeledón, céd. 107780131
Ivonne Lepe Jorquera, céd. 800650908
Isabel Avendaño Flores, céd. 106020245
Ana Carcedo Cabañas, céd. 800470010
Evita Henríquez Cáceres, céd. 206260679
Darío Alberto Mena Arias, céd. 113020444
Bryan Roberto Vargas Vargas, céd. 401940928
Francisco Piedra Vargas, céd. 107470054
Francisco Guevara Quiel, céd. 108560452
Alberto Hernández Alvarado, céd. 303610785
Larraitz Lexartza Artza, céd. 801240792
Jorge Guier Acosta, céd. 107650767
Camila Ordoñez Laclé, céd. 111390314
Ronald Bonilla Rodríguez, céd. 401460933
Javier Trejos Zelaya, céd. 105550580
Maikol Picado Cortés, céd. 401890288
Ana Laura Rivera Vargas, céd. 304450568
Francisco Robles Rivera, céd. 304050666
Ana Gabriela Víquez Paniagua, céd. 205710047
Francisco Frutos Alfaro, céd. 105930011
Daniel Briceño Lobo, céd. 105160339
Cindy Fernández García, céd. 110380095
Leonardo Castellón Rodríguez, céd. 109270673
Eduardo Chavarría Saborio, céd. 105870907
Alberto Cortés Ramos, céd. 900750815
José Ralph García Vindas, céd. 800920363
Hugo Hidalgo León, céd. 107340170
William Poveda Fernández, céd. 303500256
Roberto Antonio Ulloa Esquivel, céd. 402000107
Jennifer de los Ángeles Loría Sorio, céd. 304550852
Maikol Solís Chacón, céd. 112060753
Marco Vinicio Alvarado Peña, céd. 107370600
Viviana Solano Monge, céd. 304500312
Ericka Masís Garita, céd. 303550694
Alexander Berrocal Jiménez, céd. 109440034
Tania Molina Villalobos, céd. 108140765
Alexandra De Simone Castellón, céd. 105320906
Norma Lucía Ruiz Fernández, céd. 900630855
Boris Allan Larios Cruz, céd. 205370932
Nathalie Vásquez Ramírez, céd. 30392346
Jeannette Alvarado Retana, céd. 105270618
Mariela Hernández Ramírez, céd. 205270338
Adriana Sánchez Lovell, céd. 111510909
Rosibel Orozco Vargas, céd. 302580920
Marilú Rodríguez Araya, céd. 204120789
Carmen María Méndez Navas, céd. 104170492
Roberto Castillo Rojas, céd. 301770017
Raquel Picado Navarro, céd. 109430726
Fernando Bermúdez Kuminev, céd. 114600552
Wagner Moreno Moreno, céd. 502180988
Héctor Ferlini Salazar, céd. 104540856
María Cecilia Aguilar Lara, céd. 202520321
Sandra Cartín Herrera, céd. 203430634
Vera Victoria Sancho Mora, céd. 104111454
Virginia Ramírez Cascante, céd. 105430030
Lisbeth Araya Rojas, céd. 104011290
Ana María Botey Sobrado, céd. 104730692
Gilberto Alfaro Varela, céd. 501490053
Marcela Dumani Echandi, céd. 900680173
Ana Isabel Porras Thames, céd. 103700435
Ana Leonor Ramírez Montes, céd. 104830426
Marie-Claire Vargas, céd. 105890240
Laura Vargas Vargas, céd. 104340593
Olga Goldenberg Guevara, céd. 102870168
Francisco Javier Rojas Rojas, céd. 106150202
Laura Hernández Alpízar, céd. 106910588
Jorge Andrey Valenciano Salazar, céd. 205420447
Carlos Leonardo Arguedas Campos, céd. 401400752
Javier Rodríguez Ramírez, céd. 110230342
María Fernanda Vega Solano, céd. 304360323
María C. Víquez Ramírez, céd. 401340973
José Millán Araujo, céd. 800820978
Gerardo Villalobos Rodríguez, céd. 204610636
Gabriela Pino Chacón, céd. 105160449
Jorge Herrera Murillo, céd. 205330454
Marianela Rojas Garbanzo, céd. 303260030
Randall Hidalgo Mora, céd. 401680374
Christian González Hernández, céd. 401850130
Marjorie León Gómez, céd. 204420043
Francisco González Alvarado, céd. 204510487
Álvaro Martín Parada Gómez, ced. 800700955
Julio César Espinoza Rodríguez, céd. 107740181
Javier Durán Fallas, céd. 105660979
Karen Herrera Benavides, céd. 112160849
Sara Emilia González Bonilla, céd. 401240885
Erika Vásquez Salazar, céd. 108320129
Yuri Morales López, céd. 110250819
Felipe Alpízar Rodríguez, céd. 110490305
Evelyn Apú Álvarez, céd. 110600969
Roxana Salazar Bonilla, céd. 104940776
Lorena Uribe Lorío, céd. 106020577
Willy Calderón Guerrero, céd. 602850917
Norberto Rivera Romero, céd. 302440121
Javier Fernández Lara, céd. 108940323
Alejandra Amador Salazar, céd. 111600259
Magaly Gutiérrez Saborío, céd. 110120383
Ana Gabriela Blanco Víquez, céd. 110130676
Liz Marie Robles Hernández, céd. 109900186
Zaida Siles Rojas, céd. 105760128
José Antonio Santamaría Rivera, céd. 107180586
Leidy Abarca Picado, céd. 108020813
Allan Ulate Angulo, céd. 114090313
Cristina Romero Solera, céd. 302800094
Leonora Córdoba Roldán, céd. 302900126
Brenda Bustamante Vega, céd. 304830900
Andrea Jiménez Murillo, céd. 110810533
María del Pilar Rojas Briceño, céd. 107800170
Edwin Retana Araya, céd. 206450503
Rosario Hernández Hernández, céd. 108480342
Manuel Delgado López, céd. 113030307
Vivian Bonilla Gamboa, céd. 115780208
Wilberth Sequeira Gómez, céd. 106510795
Isaac Flores Bertozzi, céd. 108710765
Alicia López Fernández, céd. 106450643
Yamileth Garbanzo Guzmán, céd. 106370553
Shirley Campos Mesén, céd. 106830878
Nicole Cisneros Vargas, céd. 112450713
María del Milagro Castro Solano, céd. 206030429
Juan Miguel Herrera Delgado, céd. 107270410
María Laura Arias Echandi, céd. 106180948
María José Cascante Matamoros, céd. 111660261
Oldemar Rodríguez Rojas, céd. 203940778
José Ángel Vargas Vargas, céd. 203710866
Gustavo Gutiérrez Espeleta, céd. 106600352
Miguel Román Díaz, céd. 107300659
Marisol Gutiérrez Rojas, céd. 105720906
Jeannette Campos Salas, céd. 105890202
María Marta Durán Rodríguez, céd. 302910123
Rosalina Alvarado Delgado, céd. 104080901
Helvetia Cárdenas Leitón, céd. 203790551
María Pérez Yglesias, céd. 103690624
José Pablo González Chaverri, céd. 41720701
Carmen Monge Hernández, céd. 109000461
Priscilla Mena García, céd. 603410602
Roberto Rojas Benavides, céd. 602160911
Alejandra Gamboa Jiménez, céd. 109490166
Alice Brenes Maykall, céd. 106630878
Marlene Flores Abogabir, céd. 800900409
Nancy Astorga Miranda, céd. 110910744
María Eugenia Restrepo Salazar, céd. 109750470
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Norma Salazar Baltodano, céd. 108410237
Mayela Avendaño Salas, céd. 105640280
Ronny Hernández Álvarez, céd. 601960957
Rocío Carvajal Sánchez, céd. 401210625
Gabriela Ortiz Valverde, céd. 603420251
Zita Soto Poveda, céd. 106080795
Esteban Picado Sandí, céd. 110630040
Victor Julio Baltodano Zuñiga, 204310502
Mayela Coto Chotto, céd. 106090382
Grace Wong Reyes, céd. 601650096
Manuel Luna Ángulo, céd. 502580797
Karol Vanesa Monge Hernández, 112220685
Ronald Alvarado Cordero, céd. 108500771
Juan Carlos Beckles Araya, céd. 106600600
Adriana Alvarado Cerdas, ced. 109090671
Manuel Antonio Villalobos Morales, céd. 402000227
William García Morera, céd. 700950002
Arabella Salaverry Pardo, céd. 900290602
Marielos Castro Umaña, céd. 103690927
Elisa Donato Monge céd. 105140512
Dulce Umanzor Alvarado, céd. 600990608
Juliana Martínez Franzoni, céd. 800820470
Adrián Pignataro López, céd. 113160599
Gerardo Hernández Naranjo, céd. 106770083
Brayan Jara Ureña, céd. 117330757
Susan Ugalde Monge, céd. 107790137
Carlos Humberto Cascante Segura, céd. 109640964
Ivonne Vásquez Esquivel, céd. 2026940462
Juan Miguel Camacho Hernández, céd. 401390077
Flor Esquivel Rodríguez, céd. 204600251
Hannia Sánchez Mora, céd. 107280976
Olga Patricia Villalobos Garita, céd. 401420372
Minor Oviedo Segura, céd. 401540950
Jenny González Murillo, céd. 109840829
Gloriana Moya Muñoz, céd. 402040926
Gabriela Quirós Cuadra, céd. 401390322
Diana Vargas Benavides, céd. 110320526
Magaly Solís Vargas, céd. 603320741
Paula Vargas Segnini, céd. 109060623
Yury Alfaro Arias, céd. 206240050
Iris Cubero Campos, céd. 203520729
Dayan Murillo Campos, céd. 702310012
Sofía Vásquez Bolaños, céd. 206330979
Georgina Morales Solano, céd. 401340731
María Isabel Hidalgo Vargas, céd. 112410115
Roxana Cubero Conejo, céd. 108860383
Ana Rosa Orozco Morales, céd. 110230234
Marcela Bagnarello Kepfer, céd. 110950939
Tatiana Roldán Cordero, céd. 109040003
Maria Victoria Ruiz Ruiz, céd. 401350490
Rosalba Mora Royo, céd. 110960294
Johanna Acuña Garita, céd. 304720718
Gustavo Garita Hidalgo, céd. 401700916
Luis Gustavo Delgado Vásquez, céd. 207050713
Laura Cruz Ruiz, céd. 502620127
Juan Diego Gómez Navarro, 105250351
Yalile Jiménez Olivares, céd. 108520207
Sergio Fernández Rojas, céd. 107440183
Ericka Jiménez Espinoza, céd. 108920601
Rita Picado Arroyo, céd. 303160938
Fred Luis Jiménez Hernández, céd. 111890900
José Joaquín Montero Zúñiga, céd. 107580845
Deborah Castillo García, céd. 701130362
Bernal Martínez Gutiérrez, céd. 302710189
Erick Francisco Salas Acuña, céd. 205680321
Eric Alfredo Chirino Sánchez, céd. 106230155
Sebastián Saborío Rodríguez, céd. 111660309
Eva Carazo Vargas, céd. 108930621
Luis Alonso Rojas Herra, céd. 112510165
Gustavo Gatica López, 13200254014
Patricia Oliva Barboza, céd. 107480251
Marcela Pérez Rodríguez, céd. 106440146
María Alexandra Medina Pérez, 117000187730
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Paulo Coto Murillo, céd. 11056-0998
Backtori Golen Zúñiga, céd. 112920729
Megan López La Touche, céd. 114710234
Francis Muñoz Calvo, céd. 114490629
Juan Antonio Gutiérrez Slon, céd. 112450785
Edgar González Quesada, céd. 303990404
María de los Ángeles Segura Carmona, céd. 106200161
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Melissa A. Castro Quirós, céd. 111330022
Elías Córdoba Chaves, céd. 110830032
Nancy De la O Arce, céd. 401690110
Laura Delgado Rojas, céd. 108710641
Marlene Garita Loaiza, céd. 112050111
Lucía Quesada Acuña, céd. 111720187
Cilene Trejos Quesada, céd. 107470321
Ana Yansy Ugalde Gómez, céd. 204080004
Viviana Umaña Porras, céd. 107540465
Adriana Jazmín Ureña Castro, céd. 111980373
Kattia Vanessa Vargas Fallas, céd. 111000035
Luis R. Víquez Rodríguez, céd. 205690776
Andrea Zamora Quesada, céd. 110140666
Gerardo Fonseca Sanabria, céd. 700920242
Gréttel Castro Céspedes, céd. 112000156
Ma. Rosibel Ruiz Fuentes, céd. 206630849
Marjorie Chavarría Jiménez, céd. 106800326
David Josué Barquero Castro, céd. 113530776
Alejandra Navarro Navarro, céd. 303920963
Roxana Cabalceta Rubio, céd. 114070999
Sergio Moya Mena, céd. 108240261
José Manuel Arroyo Gutiérrez, céd. 103991073
Hugo Vargas González, céd. 107880210
Daniel Matul Romero, 132000001412
Nidya Cecilia Nova Bustos, céd. 800990603
Allan Monge Cordero, céd. 107760834
Lidieth Garro Rojas, céd. 602270142
Gabriela Arguedas Ramírez, céd. 108310136
Rafaela Sierra Ramos, céd. 800460989
Julieta Dobles Yzaguirre, céd. 103120144
Albert Torres Vargas, céd. 108360857
Danny Mora Cordero, céd. 112840747
Luis Alberto Rojas Campos, céd. 206050213
Jimmy Castro Rodríguez, céd. 110190121
Dary Andrea Moya Chavarría, céd. 603180476
Juan José Padilla Vindas, céd. 111790739
Luis Felipe Cordero Jara, céd. 401800910
Andrea Brenes Rogades, céd. 701580878
Marilyn Núñez Badilla, céd. 109820019
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499
Efraín Cavallini Acuña. céd. 104640098
Gerardo Cerdas Vega, céd. 108970131

Hacia la revolución lúdica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El momento más importante es el momento de la creación, es el momento de la emoción, no cuando la obra se termina y firma puesto que entonces, ya no tiene importancia. Leopoldo Flores Valdés (1934-2016)

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El Cosmovitral Jardín Botánico, en Toluca México, es una obra artística monumental que recoge y expresa la rica tradición muralista mejicana. Una obra excelsa y maravillosa que narra el origen de la humanidad. Fue realizada por el pintor, muralista y escultor Leopoldo Flores Valdés.

En la placa que se erigió en su honor quedó consignada la frase que utilizamos como epígrafe de este artículo, donde se expresa con elocuencia el sentido y el significado del quehacer artístico. Para Leopoldo Flores, el “momento más importante”, en el que se disfruta emocionalmente, se da en el proceso de creación de la obra. El momento en que se concluye y se estampa la firma “no tiene importancia”.

 Efectivamente, es deseable que en el quehacer humano prevalezca la dimensión lúdica sobre la dimensión utilitaria y mercantil. Sin embargo, en el sistema productivista actual, por la primacía que se da al valor de cambio y a la acumulación, el acento se pone en los resultados más que el proceso de producción. El trabajo tiende a degradarse y deshumanizarse ahí donde persisten concepciones y condiciones de trabajo que no contribuyen a la realización emocional y vital del ser humano.

Los avances científico-tecnológicos que aceleran y maximizan los procesos productivos deberían, por eso mismo, contribuir a humanizar el trabajo. Es decir, ofrecer condiciones laborales donde el trabajador-creador (homo faber) disfrute emocionalmente y lúdicamente del mismo (homo ludens). Esta sería, por ejemplo, la sana expectativa de la modalidad de “trabajo en casa”, pero resulta, en la mayoría de los casos, que las jornadas se alargan con impactos negativos para el tejido afectivo familiar.

En el sistema productivo dominante, lo lúdico se concibe al margen del proceso de producción. Por eso se habla del “tiempo libre” destinado a las actividades recreativas. La alternativa sería crear las condiciones óptimas para que el proceso productivo también se convierta en una actividad lúdica, que produzca placer y, como tal, que permita y facilite el despliegue del mayor potencial del ser humano, como sujeto creador-productor. Sin embargo, la tendencia es a hacer del trabajador un apéndice de las nuevas tecnologías, es decir, hacia la robotización del ser humano.

En este aspecto, debemos apostar por la revolución lúdica, que reivindique el derecho que tiene todo ser humano a disfrutar plenamente del trabajo creativo y productivo. Para ello, es necesario que el Estado impulse políticas que garanticen condiciones de trabajo digno. Es decir, que vele por la defensa de los derechos humanos de los trabajadores, y que no permita, bajo ninguna circunstancia, que se aproveche la crisis de desempleo para que se devalúen las condiciones de trabajo, y se legitime la sobreexplotación del trabajador. No habrá verdadera reactivación económica sin trabajo digno y decente.

Asimismo, la crisis fiscal y de la deuda pública no deben convertirse en una excusa más para la sobreexplotación del trabajador público, ahora a punto de ser sometido a los dictámenes de una “Ley de Empleo Público” que pretende precarizar más el salario e impedir la negociación de mejores condiciones para el desempeño de un trabajo digno y saludable. Para ello, hay que contrarrestar la campaña mediática de subterfugios que buscan presentar los derechos de los trabajadores como privilegios inmerecidos.

Hoy, a las puertas de la revolución de la Inteligencia Artificial, se empiezan a ver señales de una “revolución” más, que al parecer tampoco alcanzará a superar las condiciones del trabajo alienado. Todo parece indicar que hay un convenio tácito entre algunos sectores empresariales y gobiernos, dirigido a deteriorar las condiciones de trabajo. La lógica productivista es conducida a los extremos de una sobrexplotación “esclavista” del trabajo humano, algo que también ha evidenciado la pandemia del Covid19.

La revolución de la Inteligencia Artificial tendrá que ser lúdica o no será una verdadera revolución humanista. No podemos permitirnos un avance científico-tecnológico más, acompañado de un retroceso humano y social.

Costa Rica y el FMI: Los Eslabones Perdidos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Paulino Vargas Solís.
Economista
Director a.i. CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Acuerdo con el FMI… Hay problemas en lo que incluye y, en especial, en cómo lo incluye. Pero el mayor problema está en lo que no incluye, en lo que dejó fuera e ignoró.

¿Por qué desde 2009 la deuda pública ha venido creciendo sostenidamente? Bueno, porque ha habido un déficit fiscal considerable, resultante de una reducción relativa de los ingresos del gobierno, pero, sobre todo, de un incremento considerable de sus gastos corrientes, incluyendo remuneraciones y transferencias. Esa es la respuesta rápida, la usual entre nuestros economistas, pero también es la respuesta fácil y superficial.

Es preciso entonces agregar: la deuda ha crecido también, y principalmente, porque la economía crecía relativamente poco y las tasas de interés sobre la deuda han sido excesivamente altas y, en particular, claramente superiores al propio ritmo de crecimiento de la economía. En esa relación entre tasas de interés sobre la deuda y tasas de crecimiento de la economía está, desde el punto de vista matemático, la clave de la insostenibilidad de la deuda, porque implica un crecimiento automático de ésta por encima del crecimiento de la economía.

Pero en el momento en que entramos a considerar la tasa o ritmo de crecimiento de la economía, volvemos al principio de nuestra historia, ya que si los ingresos del gobierno han tenido un comportamiento insatisfactorio, que agudiza los desequilibrios fiscales, en buena medida es por causa del mediocre dinamismo de la economía. No es difícil entender la razón: una economía dinámica, que crea muchos empleos y pone en marcha un intensificado flujo comercial, con ello mismo genera acrecentados ingresos por concepto de impuestos que desembocan en las arcas públicas.

Pero además acontece que si los gastos los vemos más grandes, es precisamente porque los comparamos con una economía que es más pequeña de lo que debería ser, lo cual, a su vez, es reflejo de su insatisfactorio dinamismo durante más de un decenio. Es decir, también en este caso lo decisivo son las cifras relativas más que las absolutas, o sea, el gasto del gobierno comparado con el tamaño de la economía.

Desde luego, otros factores también inciden. El fraude fiscal, la inequidad del sistema tributario y la baja tasa de tributación son algunos de ellos. De momento omitiré detalles al respecto, pero sí enfatizo: en los tres casos hay sólida evidencia empírica que respalda la hipótesis de que, en efecto, son problemas importantes.

Pero, en fin, y volviendo a lo que más arriba indiqué, la variable atinente al dinamismo de la economía es de decisiva importancia, aun cuando no sea la única que debamos considerar. Y es especialmente importante, si de poner bajo control la deuda se trata.

El caso de Grecia ilustra ese punto con claridad. Se sometió a la población griega a un sacrificio brutal e inhumano, cuyo objetivo era generar un superávit fiscal primario (o sea, un excedente de los gastos sobre los ingresos, sin incluir los pagos por intereses). Lo lograron (a un costo inenarrable), pero ello no impidió que la deuda, expresada como porcentaje del valor de la producción nacional de Grecia (su Producto Interno Bruto, PIB), siguiera subiendo. Hoy es más alta de lo que era al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, a causa de que las políticas de recorte y austeridad aplicadas provocaron un pavoroso desplome de la economía. Al año 2019, el PIB de Grecia era un 23% más pequeño de lo que era en 2007. Con la pandemia ese hueco se amplió a casi 30% en 2020. Ello significa que al hacer la división “deuda/PIB”, el denominador de esa razón (el PIB) se contrajo violetamente, elevando en consecuencia la proporción respectiva. La deuda, que representaba un 126,7% del PIB en 2009, alcanzó un 180,9% en 2019. La crisis asociada a la pandemia del Covid-19 ha agravado la situación, llevando la cifra a 205,2% (los datos provienen del World Economic Outlook Database, del Fondo Monetario Internacional, FMI: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October).

Una primera conclusión que se deriva de lo anteriormente planteado tiene que ver con el hecho de que el problema fiscal es mucho más que un asunto de sumas y restas. No se agota, ni mucho menos, en la mera contabilidad de gastos e ingresos del gobierno. Es una cuestión multifacética y compleja, respecto de la cual destaco aquí solamente lo siguiente: entre los equilibrios (o desequilibrios) fiscales y la economía en general, hay una relación de doble vía. Para bien o para mal, ambos se influyen mutuamente.

Ello tiene importancia, a la hora de evaluar los efectos esperables que podrían derivar del acuerdo que el gobierno ha negociado con el FMI, en cuanto éste está formulado en términos tales, que claramente sugieren efectos negativos sobre el desenvolvimiento de la economía de Costa Rica en los próximos años, lo que, en bucle de retroalimentación negativa, impactaría sobre las finanzas públicas.

Recordemos que durante todo el período posterior a 2008, el desempeño general de la economía costarricense tendió a ubicarse por debajo de sus estándares históricos previos. Esa pauta se hizo más clara luego de 2013, y todavía más pronunciada luego de 2018. Con la pandemia del Covid-19, la producción nacional sufrió una significativa contracción (estimada por el Banco Central en un -4,5%), la más severa desde la crisis de 1980-82.

Como ya expliqué más arriba, ese crecimiento económico relativamente mediocre, ha impactado negativamente, y de diversas formas, sobre los desbalances fiscales. Pero aquí se hace necesario agregar algo más: el empleo. Puesto que éste determina el ingreso de las personas y los hogares, asimismo influye sobre su capacidad de consumo y, en último término, sobre su capacidad para generarle ingresos al gobierno mediante el pago de impuestos. El problema -muy serio problema- es que desde 2009 en adelante, este año incluido, la situación del empleo en Costa Rica, es terriblemente insatisfactoria, y se hundió en forma cataclísmica en 2020, bajo el impacto de la pandemia.

Nada en lo negociado con el FMI, ni en las leyes y reformas que le acompañan, toma esto en cuenta. Es decir, no hay políticas en materia de reactivación de la economía y creación de empleos. Son como al modo de eslabones perdidos, y su ausencia puede tener graves consecuencias. A lo sumo se reitera la tesis de la “austeridad expansiva”, frecuente en las disertaciones de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, la cual se plantea más o menos así: “el programa de recorte fiscal hará bajar las tasas de interés y devolverá la confianza a los empresarios, incentivando la expansión de la producción y el aumento de las contrataciones de personal”.

Esta es una tesis comprobadamente falaz, ampliamente desacreditada. Lo que sí está bien comprobado, es que, todo lo contrario, la austeridad fiscal tiene efectos depresivos sobre la economía. Y el efecto puede ser aún más problemático en una economía que ha sufrido una severa recesión, y que, además, arrastra graves problemas de empleo.

Según lo negociado con el FMI, el ajuste fiscal propuesto, es decir, la reducción esperada del déficit fiscal es por una magnitud de 4,75% como proporción del PIB, en el quinquenio 2021-2025, la mayor parte del cual (cerca de 3,5%) se concretaría en los tres primeros años. Esa es la magnitud total del recorte a la demanda en la economía, que necesariamente implicará menos ventas paras las empresas y menos flujos de comercio. Difícilmente eso incentivaría la confianza empresarial, ni les induciría ampliar su producción y su empleo.

Es un ajuste menos severo que el que, por ejemplo, se le impuso a Grecia, lo que, en principio, haría esperables efectos negativos no tan groseros. Pero esos efectos inevitablemente se sentirán. Con un agravante: se aplican sobre el telón de fondo de una economía que el año pasado tuvo una contracción significativa, y que arrastra horripilantes niveles de desempleo.

Se abre así una perspectiva preocupante: estancamiento económico y alto desempleo por un largo período, lo cual debilitaría las bases económicas indispensables, sin las cuales la sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve muy incierta.

Artículo relacionado: Costa Rica y el FMI: un camino trillado, un fracaso seguro

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio digital:
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x.html?m=1

 

SEC: rechazo total a las propuestas que el Gobierno le está presentando al FMI

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el pronunciamiento del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC):
Respecto a la reunión virtual sostenida este viernes con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la cual el SEC participó con otras organizaciones sindicales como la CTRN, BUSSCO, entre otros; el planteamiento que se dejó muy claro por parte del movimiento sindical, fue el rechazo total de las propuestas que el Gobierno les está presentando a este organismo financiero internacional, entre ellas: el proyecto de empleo público, la venta de activos y el desmantelamiento de nuestro Estado Social de Derecho que se ocasionaría con esta negociación. Además incrementaría la pobreza, el desempleo y que ya está provocando una confrontación social en el país.
En su respuesta, los personeros del FMI manifestaron que les interesaba establecer un acercamiento con los grupos sociales y sindicales para conocer nuestra visión del panorama social y económico que está viviendo el país. Manifiestan que el FMI no está exigiendo la venta de instituciones públicas, no pretenden se les culpe de crear crisis en los países acompañado de conflictos sociales.
Para el FMI según las palabras de sus voceros, lo que ellos valoran es que se ofrezcan garantías y sostenibilidad de la deuda y que las mismas deben ir acompañadas de medidas compensatorias sociales que mitiguen la pobreza y el desempleo. Al final del encuentro, indicaron que estarán en el país durante unos días cumpliendo con otras reuniones.
Esperamos que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo no apresuren esta negociación engañando al pueblo y tengan mucha objetividad de las implicaciones negativas que tendría el país al adquirir más endeudamiento.

 

Imagen ilustrativa.

El año que viene, 2021…

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

El año que viene, 2021, presagia una intensa lucha político electoral. Al menos así se presenta el panorama con los Partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que son los que gravitan con mayor peso en el escenario nacional, y son los que de una u otra manera están preparándose de modo más público para la contienda electoral.

Los otros partidos todavía no suenan tambores ni trompetas, pero no han de estar desprotegiendo ese frente de batalla, porque pasado mañana, el viernes 1 de enero, del 2021, como es la práctica del Tribunal Supremo de Elecciones, se publica el calendario electoral, que es la hoja de ruta de las elecciones nacionales, de presidente, vicepresidentes y diputados, que ha de realizarse el primer domingo de febrero del 2022, el 6 de febrero de ese año, y acabarse allí el proceso electoral si alguno de los partidos que participan en las elecciones saca el 40% o más de la votación. Si así no fuere se prolongaría el proceso, solo para la elección presidencial, con los dos partidos que saquen el mayor porcentaje de votación ese 6 de febrero u obtengan más cantidad de votos, hasta el primer domingo de abril, el 3 de abril.

El 6 de febrero del 2022 sí quedarán electos los diputados de la próxima Asamblea Legislativa.

En este sentido, probablemente, ante la crisis que tiene el país, en el campo económico financiero, de finanzas públicas, de carácter fiscal, de desempleo, de crecimientos de las brechas sociales y de las desigualdades sociales y económicas, de no resolverse sustantivamente en estos meses estos problemas, y eventualmente si no se ha resuelto lo de la pandemia, un eje de la campaña electoral va a girar, en los partidos que tengan mayor opción electoral, en solicitar a los votantes que les den la mayor cantidad de diputados posibles, para de esa manera facilitar más y mejor la gobernabilidad nacional y las relaciones políticas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sobre todo que en el 2022, el Partido que gane las elecciones presidenciales va a tener la iniciativa de ley, a partir del mismo 8 de mayo, cuando asuma el próximo gobierno.

Esto significa, que por primera vez, en los procesos electorales, el Partido que elige Presidente va a tener la posibilidad de presentar Proyectos de Ley, a la Asamblea Legislativa, que pueden tener relación con las ofertas y programas electorales que se agitaron y ofrecieron, a los electores, durante la campaña que inicia prácticamente en enero del 2021 y de manera precisa desde octubre del 2021 hasta febrero del 2022.

Importante a destacar es que el calendario electoral, que el Tribunal Supremo de Elecciones aprueba y publica, no sufre modificación alguna durante todo el año, generando confianza pública y política en todo el proceso electoral.

Este Calendario marca las reglas del juego electoral a las que se someten todos los partidos políticos, pero también todos los ciudadanos, todos los votantes, todos los mayores de edad que integran y forman el padrón electoral, todo el Pueblo Electoral, todo el Pueblo en el que descansa la Soberanía Popular, que se delega por la votación en los electos, Presidente y Vicepresidentes, y en los diputados. Este acto es el de mayor expresión de Soberanía Popular que se realiza en el país.

La importancia de la votación es esa, la capacidad que tenemos todos los costarricenses que formamos el Pueblo Electoral, de poder elegir las Supremas Autoridades Políticas del país.

El voto en Costa Rica no es obligatorio, es de conciencia. Los que no votan pueden dividirse entre los que se abstienen de ir a votar, a emitir su voto, su decisión de escoger candidatos y de aquellos que asistiendo a las urnas, al recinto de elecciones, anula su voto o vota en blanco, manifestando, quienes anulan o votan en blanco que no están de acuerdo o no simpatizan con ninguno de los candidatos ni de sus partidos políticos.

Los que del todo no llegan a votar a las urnas, los llamados abstencionistas, para mí son aquellas personas o ciudadanos que les es indiferente quien pueda quedar electo, que sienten que ninguno de los candidatos en posibilidad de ser electo les va a afectar en su situación de vida.

Estos votos no cuentan para el resultado final, que se determina con los votos válidamente emitidos a favor de algún candidato y su partido.

Deberíamos avanzar, en el plano electoral, para hacerlos valer, para que pesen en el porcentaje del resultado de elección y para poder también facilitar el derecho de los ciudadanos a manifestarse, con votos válidamente emitidos, en contra de todos los partidos y sus candidatos. Esto obligaría a todos los partidos políticos a mejorar la postulación de sus propios candidatos y de las ofertas y programas electorales en posibilidad de ejecutar desde el Gobierno o desde la Asamblea Legislativa con sus Proyectos de Ley.