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Etiqueta: desigualdad de género

Pandemia incrementó desigualdad de género en espacio doméstico

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

A partir de la pandemia, el espacio doméstico se convirtió en un lugar con mayor desigualdad de género, no solo porque se trasladó el trabajo remunerado de la esfera pública hacia la esfera privada del hogar, sino también porque las horas laborales y las dedicadas a las tareas domésticas y de cuido se acumularon desproporcionadamente sobre las espaldas de las mujeres. Así lo confirman los resultados de la investigación “Conciliación de vida laboral y vida familiar en el marco del Covid-19 en mujeres académicas de la UNA”, elaborada por Ana Elena Obando, del Instituto de Estudios de la Mujer de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (IEM-UNA).

Ya antes de la pandemia, datos de la Organización de las Naciones Unidas reportaban que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a los trabajos domésticos y de cuido no remunerados (entre 22 y 42 horas por semana).

Con la crisis sanitaria, esta desigualdad se profundizó. En el caso de las mujeres académicas, el estudio del IEM-UNA revela que al trasladarse -con el confinamiento- el trabajo remunerado de la Universidad al hogar, se borró la línea de tiempo que dividía a este de las tareas domésticas.

“Ello originó un caos… Al cambiar los tiempos y el espacio, aumentaron las horas de ambos trabajos, comprimidos en un espacio que no tenía las condiciones físicas para el teletrabajo”, destaca el informe de esta investigación, cuyos resultados se obtuvieron a partir de cinco grupos focales con la participación de un total de 22 académicas de distintas áreas del conocimiento, de diversas sedes, con edades entre 33 y 57 años.

A esto se sumó el cierre de centros educativos y de cuido -tanto públicos como privados- a los cuales asistían sus hijos e hijas, que significó una presión adicional para las mujeres como principales cuidadoras.

Polifuncionalidad y soledad doméstica

La multiplicación de las horas de trabajo remunerado y no remunerado se relaciona con la polifuncionalidad que debieron asumir las mujeres.

En los grupos focales, la mayoría de las académicas afirmó que el trabajo doméstico, las múltiples tareas de cuido, más todo el trabajo de la Universidad, incluyendo la atención a estudiantes -quienes generalmente no respetaban los horarios laborales- las obligó a trabajar hasta en la madrugada para poder cumplir con todo.

 “Se me fue el día haciendo meriendas, atendiendo a mis hijos, haciendo tareas y atendiendo a los estudiantes, porque no es lo mismo cuando una está en clases presenciales, allí tienen menos dudas y se evacúan de inmediato” , dijo una académica, según se registra en el informe de la investigación.

Como parte del estudio, se contabilizaron en una tabla las horas dedicadas al trabajo remunerado, así como las destinadas a tareas domésticas y de cuido por ellas y sus parejas, lo cual confirmó la desigual distribución de los trabajos entre los sexos y evidenció la extensión de la jornada laboral remunerada de 8 horas hasta 14, tiempo extra no reconocido ni remunerado.

Las académicas también experimentaron lo que en la investigación se denominó soledad doméstica, que se refiere a la falta de acompañamiento en las tareas domésticas y de cuido de parte de sus esposos o compañeros.

La mayoría de ellas coincidieron en que sus parejas “les ayudaban”, pero que la responsabilidad principal siempre recaía sobre ellas.

La investigadora Ana Elena Obando destacó que esta soledad doméstica, que generalmente ha sido acompañada por otras mujeres (familiares o empleadas domésticas), se hizo más evidente en tiempos de pandemia, ya que el confinamiento y el miedo al contagio las limitó para buscar apoyo en los oficios domésticos, a la vez que las aisló por completo del espacio social presencial.

No es casual, entonces, que las académicas manifestaran que extrañan la oficina como un espacio separado del hogar, ya que en este no solo podían dedicarse al trabajo remunerado sin las distracciones presentes en la modalidad de teletrabajo, sino que permite la interacción con personas fuera de la familia; es decir, ofrece la posibilidad de mantener cierto equilibrio emocional y social, que aliviana la carga laboral y académica.

Tareas de valor

La investigación “Conciliación de vida laboral y vida familiar en el marco del Covid-19 en mujeres académicas de la UNA” parte de la premisa de que las tareas del hogar y de cuido generan producción y valor, por lo cual deben reconocerse y contabilizarse en los modelos de la economía, buscando formas de redistribuirlos equitativamente entre ambos sexos, tanto desde el Estado como mediante medidas institucionales.

Esta premisa está en concordancia con el Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), que establece el deber de: “Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.”

En este sentido, esta investigación incluye recomendaciones orientadas a que se realicen los cambios en el ámbito universitario para contribuir a equilibrar la desigual carga académica y laboral que recae sobre las trabajadoras universitarias, con el fin de mejorar la salud, las condiciones laborales de las académicas y su crecimiento profesional.

En esa línea, se propone realizar campañas para instar a los hombres universitarios y a otros a que asuman su responsabilidad del 50% de las tareas del hogar y de cuido junto a las mujeres y demás miembros adultos de la unidad familiar.

Asimismo, se insta a que la Universidad dé pasos en esa dirección, mediante políticas, horarios, salarios, tiempos de reuniones y creación de unidades y redes especiales de apoyo para el cuido de las y los niños y adultas(os) mayores, que generalmente están a cargo de las mujeres universitarias.

Además, se recomienda reformar el Reglamento de Régimen Académico para crear nuevas formas de evaluación que tomen en cuenta desde las labores académico-docentes, de investigación y acción social, entre otras, hasta los trabajos de cuido y del hogar que hacen las mujeres.

 “Medir a ambos sexos bajo los mismos parámetros y exigirles los mismos requisitos obviando la división sexual del trabajo, resultará en odiosas discriminaciones contra las mujeres y perpetuará las desigualdades de género existentes”, subrayó Ana Elena Obando, autora de la investigación.

Este tipo de trabajos se inscribe dentro de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (PIEG-UNA), que en su numeral 4 señala la importancia de fomentar la conciliación de la vida profesional, laboral y familiar del personal académico y administrativo.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Enviado por Oficina de Comunicación, Universidad Nacional, Costa Rica.

Imagen tomada de https://www.themarkethink.com/

Pronunciamiento del Movimiento Feminista y de Mujeres: lecciones para un diálogo pendiente

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Las abajo firmantes articuladas como organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y feministas independientes, ante la coyuntura nacional actual manifestamos:

  1. Sí queremos diálogo. Existe una amplia coincidencia general entre las y los actores sociales y la ciudadanía en la urgencia de un diálogo nacional inclusivo, abierto y, sobre todo, con resultados vinculantes. El camino democrático no es solo electoral, debe ser una construcción continua hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, donde toda la diversidad de mujeres seamos tomadas en cuenta y ¡No podemos permitir que nos dejen atrás ni que nos hagan a un lado!
  2. El diálogo que queremos y creemos necesario debe tomar en cuenta las lecciones inmediatas y no reproducir los mismos errores. Los intentos realizados de diálogo, hasta el momento fallidos o limitados, nos permiten reconocer algunas lecciones para no repetir errores y crear las condiciones para que exista un verdadero diálogo.

La participación y representatividad han sido elementos cruciales que han afectado negativamente los procesos anteriores. Al respecto varias lecciones: a) que no es posible ignorar el movimiento y la protesta social que se manifiesta en las calles en procesos de diálogo que pretenden relevar algunas de sus demandas. Asimismo, no se puede reprimir, criminalizar y judicializar aquellas personas que se oponen a la línea de Gobierno y ejercen su derecho humano a la protesta social. b) que no es posible definir la legitimidad a priori de las representaciones sectoriales, excluir sectores o no reconocer su autonomía en la elección de sus representantes, c) que no es posible excluir a las mujeres, al movimiento feminista y mucho menos impulsar un diálogo sin asegurar la paridad de género.

Para un diálogo con resultados, la participación de algunos actores como el Legislativo es esencial. Además de la representación al más alto nivel del Ejecutivo, debemos exigir la presencia de todas las representaciones legislativas. La agenda legislativa debe ser parte del debate, incluyendo los proyectos que en estos momentos se discuten y que incluyen recortes que pretenden afectar programas sociales esenciales como salud, educación, cultura y recursos naturales. No es aceptable ni contribuye a generar confianza en un proceso de diálogo cuando de manera paralela se impulsan y toman decisiones que van directamente a profundizar la crisis que ya vivimos.

  1. Necesitamos un diálogo social, no puede reducirse al tema fiscal. Más que un diálogo fiscal, en Costa Rica urge un diálogo social: sobre el país que queremos y podemos construir empezando en lo inmediato con las salidas posibles a la actual crisis y que tenga una amplia representación, un debate sin excluir grupos ni mucho menos las mujeres.

Por consiguiente, la agenda debe ser construida amplia y no limitada al tema fiscal. La reducción de brechas de desigualdad económica, social y de género debe estar en el centro del debate. Interesa no solo capitalizar al Estado en lo inmediato, sino consensuar cuáles serán los parámetros y objetivos de la inversión pública en el corto y mediano plazo.

El objetivo central del diálogo y negociación debe ser el direccionamiento de inversión para reducir las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión mediante la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

  1. El diálogo debe ser vinculante. Es decir, debe abrirse espacio no solo para intercambiar impresiones sino para alcanzar una negociación real. Se trata precisamente de llegar a acuerdos ciudadanos básicos con el compromiso de que se van a respetar. Para ello es indispensable, además de consensuar una agenda, acordar un marco ético para el diálogo, con mínimos de representatividad, respeto, escucha, resolución de conflictos, entre otros.

No debe haber condicionantes previos establecidos por el Ejecutivo para la realización o no de los diálogos: ante la ausencia de consenso el Poder Ejecutivo o Legislativo no debe imponerse. La ausencia de consenso no debe ser interpretada por el Ejecutivo o el Legislativo como un cheque en blanco para imponer su agenda.

  1. Debe existir voluntad política para incluir en la discusión otras opciones distintas al convenio propuesto por el Poder Ejecutivo con el FMI. El endeudamiento con agencias internacionales no es el único camino. Sectores de la ciudadanía, academia y otras personas expertas en la materia han coincidido que no es posible continuar por la senda del mayor endeudamiento y se han señalado alternativas de financiamiento que deben ser sometidas a discusión.
  2. El diálogo y la negociación no son posibles si excluyen a las mujeres. En relación con la participación de las mujeres debemos ser enfáticas en lo siguiente:

Exigimos nuestro derecho a la autonomía y el reconocimiento a nuestra diversidad en la selección de nuestras representantes en una mesa de Diálogo Nacional. No es posible que seamos las mujeres, las únicas a las cuales se pretenda señalar a priori los mecanismos de selección de sus representantes.

A lo largo de la historia y en la actualidad las mujeres somos actoras activas y propositivas. Para esta crisis hemos sido de los pocos agrupamientos ciudadanos que hemos pensado, formulado y hecho públicas propuestas de visión-país, no solo del tema fiscal. Por lo cual, exigimos que sean incluidas en las agendas de diálogo y negociación.

No es posible que se pretenda invisibilizar la participación decisiva que las mujeres tenemos en todas las esferas de la vida pública y privada o se desconozca y minimice nuestra capacidad técnica, profesional y política. Por ello, cualquier diálogo viable demanda de la participación paritaria entre mujeres y hombres en todos los espacios de diálogo, negociación, mesas técnicas, y otros.

Tampoco es viable un diálogo que no reconozca que las personas somos afectadas de manera diferente por la crisis y que el cierre efectivo de cualquier brecha social debe estar guiada por los principios de justicia, igualdad y equidad. Las mujeres no somos un grupo ni un sector a incluir: somos la mitad de la población de Costa Rica y somos de las más afectadas en la actual crisis. Lo ha señalado de manera reiterada el INEC al demostrar que somos las mujeres a quienes más ha afectado el desempleo, la pobreza y la exclusión que se han ensanchado en esta crisis y como consecuencia de políticas neoliberales que están desmantelando el Estado Social de Derecho. Aún así, seguimos siendo las mujeres quienes sostenemos la vida cotidiana en las familias asumiendo cada día más labores de cuido de personas menores de edad, adultas mayores, personas enfermas y/o con discapacidad. También, somos las que asumimos las labores domésticas, de educación, salud y de entretenimiento que el Estado ha dejado de asumir por la crisis sanitaria de la Covid – 19. La brecha de cuidados se ha ensanchado y complejizado en esta crisis y este es un tema de interés social prioritario.

Las mujeres todas, desde nuestras diversidades, tenemos mucho que compartir sobre nuestras vivencias diarias de dificultades económicas, acceso a la tierra, como la protección de los bienes comunes, salud, educación y que son vitales para comprender las funciones que debe de abordar un Estado que prioriza la justicia fiscal, ¡porque la justicia fiscal es justicia social!

El diálogo y la negociación son parte de la vida cotidiana de nosotras las mujeres. Creemos en el diálogo, estamos convencidas de que la construcción de consensos es viable sobre la base de la mutua comprensión de que Costa Rica es una sola. Un barco cuyo destino está en las manos de todas y todos, para conducirlo a un puerto de bienestar compartido, dignidad humana, igualdad, derechos humanos y democracia.

*Para información sobre el comunicado o sobre el proceso escribir a alarcon.shi@gmail.com*

Para firmar ingrese aquí

El consistorio del diálogo social

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

“Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.” (Saramago)

Manuel Hernández

El Gobierno de la República, después de infructuosos intentos, en mancuerna societaria con la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el 11 del mes en curso, convocó a un proceso de diálogo social multisectorial, que será solemnemente inaugurado el próximo sábado.

Ese planteamiento oficial amerita algunos comentarios puntuales.

1.- Esta última convocatoria se produce al calor de la crispación política, las reacciones y la rabia legítima de amplios sectores populares, que en el foro público están manifestando su inconformidad contra la agenda de implementación de los proyectos de ley y otras iniciativas que el Gobierno estaba poniendo en bandeja de plata al FMI para “negociar” un instrumento de asistencia financiera por un monto de $1.750 millones.

La divulgada convocatoria, por tanto, no corresponde a una genuina vocación de diálogo del Gobierno, que a lo largo de más de dos años ha demostrado manifiestamente que no tiene esta franca voluntad.

La flamante convocatoria es una salida política coyuntural, bien calculada, con la finalidad de aplacar el escenario de agitación social que causó el fallido planteamiento de negociación del préstamo con el FMI.

2.- Con la finalidad de procurarle alguna credibilidad aceptable a esta nueva iniciativa, el Gobierno, por una parte, echó mano de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y por otra parte, recurrió a los solícitos auxilios del Programa del Estado de la Nación (PEN), convertido en socio protagonista de esta emergente empresa.

El Programa del Estado de la Nación ha asumido el rol de “ente facilitador”, que estará a cargo de la estructura de apoyo logístico, pero que las atribuciones que se arrogó el Director del Programa, motu proprio, exceden las competencias que de ordinario tiene una instancia a la que se le atribuya cumplir esa misión de “tercero neutral”.

3.- Tratándose del planteamiento sustantivo de PEN, en primer lugar, corresponde advertir la cuestión que va a ser el objeto del proclamado diálogo social; es decir, el mandato, el denominado “problema” a debatir y solucionar.

La cuestión objeto del proceso, en esta primera etapa, viene determinada, de antemano, con el mayor rigor, con pelos y señales, en términos macro económicos, tendiente a reducir la situación del déficit primario y el endeudamiento.

Cualquier propuesta de los actores participantes tiene que necesariamente circunscribirse a alcanzar las metas o parámetros económicos definidos anticipadamente.

Entonces, el proceso tiene una dinámica unidireccional, con un producto esperable que ya viene modelado, embutido, de suerte que cualquier propuesta queda totalmente subordinada al cumplimiento de este único objetivo.

Cualquier otra iniciativa “loca”, como lo manifestó el Director del Programa del Estado de la Nación, queda fuera de lugar; sujeta al escrutinio del panel de expertos, correligionarios de las escuelas de Friedman, Buchanan y Hayek, que le compete determinar la razonabilidad técnica de las propuestas y certificar que las propuestas o recomendaciones cumplan con los parámetros económicos predefinidos. Esto se llama control de calidad.

4.- No queda la menor duda que se trata de una propuesta estrictamente de carácter fiscalista, de corto plazo, que al final se reducirá a un ajuste de cuentas: aumento de ingresos y reducción de gastos.

Este planteamiento le permitiría al Gobierno, haya o no acuerdo, en definitiva, terminar el resto del período constitucional que todavía le queda, que prácticamente se agota el próximo año. Después vendrá la infaltable fiesta electoral.

La solución de los problemas estructurales de nuestro país, la reconstrucción económica y social, la desigualdad social, la desigualdad de género, la reactivación del tejido productivo, la generación de empleo, la protección social de los más vulnerables, queda postergada para la Segunda venida de Cristo.

5.- Por otra parte, el proceso de diálogo se disciplina con una parafernalia e inflexible regulación instrumental, procedimental, que le (auto) confiere al Director del Programa del Estado de la Nación un conjunto desproporcionado de potestades, a saber: la “potestad del lapicero”, la “potestad de vocería”, potestades procedimentales, potestad exclusiva de convocatoria a sesiones, la aplicación de la regla de salida, entre otras.

Estas potestades exorbitantes, cuya titularidad le corresponden en exclusiva a PEN, coloca a la instancia facilitadora en un status de participante protagónico, actor principal de la comedia política, que asume una posición de autoridad, que raya en el dirigismo autoritario.

6.- No deja de ser importante señalar que en un proceso de diálogo, para que sea confiable y democrático, lo primero que se negocia son las reglas del juego.

En este sui generis proceso, por contrario, las reglas de participación las determinó unilateralmente el propio Estado de la Nación.

Es decir, la misma instancia que tendrá a su cargo la administración y logística del proceso, definió a su arbitrio las reglas de participación, las cuales quedan sujetas a su estricta aplicación y exclusiva interpretación.

 

7.- Las reglas definidas unilateralmente configuran una verdadera camisa de fuerza, de tanta intensidad, que si el facilitador estima que los integrantes no están negociando de buena fe, o se retiran de la Mesa, a merced de la cláusula de salida, el PEN tiene la potestad de dar por fenecido el proceso. ¡Caput¡

En consecuencia, hasta ahí llegaría ese ejercicio tan democrático de participación y nos vamos todos tranquilos a la casa, con la satisfacción del deber patriótico bien cumplido, quedando habilitado el Poder Ejecutado, de frente a semejante esfuerzo de diálogo frustrado, a adoptar las políticas públicas y medidas económicas que a su total discreción correspondan.

8.- Aquella potestad de vocería implica que los comunicados únicamente los puede emitir el PEN, cuyo contenido queda limitado a los resultados obtenidos, omitiéndose constar los contenidos de las deliberaciones.

La estructura operativa tiene una plataforma de comunicación, que le corresponde informar a la ciudadanía el avance del proceso, “de manera oportuna y con un mensaje disciplinado.”

En las minutas de las reuniones únicamente se harán constar exclusivamente los temas discutidos, acuerdos o desacuerdos, pero en ningún caso se consignarán las opiniones de los participantes, creándose una cláusula de confidencialidad, totalmente inadmisible.

La “potestad del lapicero” no es más que una potestad de censura previa, en virtud de la cual todo documento debe ser “revisado”, de previo, por la instancia facilitadora y luego, si pasa su escrutinio, puede ser sometido a conocimiento de los integrantes de la mesa.

Queda así desnudado un proceso caracterizado por el verticalismo, el excesivo control, la opacidad, que por contrario, en aras de la transparencia, este proceso debería ser público y transmitido en tiempo real a toda la ciudadanía.

9.- No solo es que el Programa del Estado de la Nación definió el objeto muy calibrado del proceso, las reglas instrumentales, sino además, como si lo anterior no fuera poco, la participación de los sectores y las correspondientes cuotas.

10.- Por último, no están convocados todos los que son. Una serie de colectivos de nuestra sociedad, como pueblos indígenas, colegios profesionales, pensionados y jubilados, judiciales, entre otros, quedaron excluidos.

Mucho menos están convidados quienes en el ágora del espacio público recuperado, están exigiendo un verdadero diálogo social, real, efectivo y democrático, que tenga una vocación transformadora de nuestra injusta sociedad, que ya no soporta tanta desigualdad social.

Decía Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia, la toman por si mismos, más pronto o más tarde”.

La urgencia del Diálogo Social, como un cauce de mediación democrática, de interlocución política, sigue siendo una asignación pendiente en nuestro país.

¡Luces, cámaras, acción!

15/10/2020