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Etiqueta: desigualdad de género

El Atlas de Desarrollo Humano 2025: el bajo desarrollo humano, la desigualdad y la inseguridad se conjugan en los cantones de las regiones periféricas

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

Se presentó recientemente el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de2025 y entre los índices analizados se encuentran los índices de desarrollo humano, de desarrollo humano ajustado por desigualdad, de desigualdad de género y el de pobreza multidimensional, a los que se suma el índice de seguridad cantonal.

En esta oportunidad, el Atlas incorpora el Índice de Seguridad Ciudadana (ISC), que permite vincular a nivel cantonal el bienestar humano con la incidencia delictiva. Los resultados muestran que entre 2020 y 2023, un 70% de los cantones experimentaron una disminución en el valor del ISC y un aumento de la inseguridad.

La incorporación de esta dimensión dentro de los análisis sobre desarrollo humano responde a la necesidad de comprender cómo la violencia y el delito afectan el bienestar integral y sostenible de las comunidades.

Índice de Desarrollo Humano (IDH, señala al igual que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad IDH-D 2023 que la desigualdad territorial es persistente: los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) siguen rezagados con respecto a los del centro del país.

Según el IDH, los cantones con mayor desarrollo humano son: Escazú, Santa Ana, Belén y Montes de Oca; en contraste, los cantones con menor desarrollo humano son Talamanca, Los Chiles, Matina y Buenos Aires.

Al ser ajustado por desigualdad los cantones con mayor IDH-D son Belén, Montes de Oca, Curridabat, Santa Ana y Santo Domingo, mientras que Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires registran los valores más bajos.

En cuanto al IPM 2024, los mejores resultados (muy bajas privaciones) se ubican Montes de Oca, Flores, Santo Domingo, San Pablo y Belén. En el extremo opuesto, con mayor pobreza multidimensional, figuran La Cruz, Talamanca, Coto Brus y Los Chiles.

El IPM 2024 evidencia que el 3,8% de la población vive en cantones con alta pobreza multidimensional, concentrada principalmente en zonas fronterizas del norte y sureste del país. En contraste, la Región Central concentra la mayoría de los cantones con IPM bajo o muy bajo, reafirmando la disparidad territorial.

En igualdad de género, los avances son moderados: mejora el desempeño en educación y salud, pero persiste el rezago en la participación laboral femenina, lo que limita la autonomía económica y el rendimiento del desarrollo en varios territorios.

Según el IDH, los diez cantones con menor desarrollo humano son: Buenos Aires (posición 84), Matina, Los Chiles, Talamanca, Corredores, Guácimo, Parrita, Montes de Oro, La Cruz y Coto Brus.

A nivel provincial, se observa que todos los cantones de Limón se ubican por debajo del promedio nacional, situación que prevalece desde el primer lanzamiento del Atlas en el año 2007 . En Puntarenas, únicamente Puerto Jiménez se encuentra por encima de dicho promedio, mientras que en Guanacaste destacan Liberia y Tilarán como los únicos dos cantones que superan el promedio nacional

Si se analiza el IDH por región de planificación se observa una clara distinción entre la región Central y el resto de las regiones. Mientras que en la región Central solo ocho municipalidades (Acosta, Alajuelita, Dota, Jiménez, León Cortés, Puriscal, Sarchí, Tarrazú) se encuentra por debajo del promedio nacional, en el resto de las regiones solo cinco cantones se encuentran por arriba de dicho promedio: Liberia, Tilarán, Puerto Jiménez, San Carlos, San Mateo. Cabe destacar que la región Huetar Caribe no tiene ningún cantón por arriba del promedio nacional. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, Análisis de Resultados p.11)

Al ajustar el IDH por la desigualdad que viven las personas dentro de un mismo cantón en áreas como salud, educación y economía, se obtiene el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los 10 cantones con los menores índices son: Sarchí, Hojancha, Orotina, Golfito, Sarapiquí, Matina, Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires, en último lugar.

Igualmente, al observar geográficamente los cantones clasificados según la igualdad de género, nuevamente se tiene un patrón que deja en desventaja a aquellas personas que están en las zonas alejadas del centro del país, siendo la excepción algunas de la provincia de Guanacaste. Para este último año, se identifican 7 cantones con alta desigualdad, que son: Hojancha, Osa, Río Cuarto, Talamanca, Los Chiles, Turrialba y Coto Brus.

En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 2024, los cinco cantones que presentan un IPM alto (Upala, La Cruz, Talamanca, Coto Brus, Los Chiles, completan los 10 cantones con este nivel Siquirres, Guatuso, Buenos Aires, Sarapiquí, Turrialba y Upala.

El análisis de los cantones según el Índice de Seguridad Cantonal dejó en evidencia que los problemas de seguridad ciudadana se dan tanto dentro como fuera de la GAM, sin embargo, al ver la evolución en el tiempo (2020-2023), son los cantones fuera de la GAM los que están evidenciando un mayor deterioro.

Los cantones con la mayor pérdida de valor del índice son: Nicoya, Parrita, Santa Cruz, Cañas, Garabito, Los Chiles, Puerto Jiménez, Guatuso y Limón y en consecuencia con el mayor deterioro de la seguridad en el período.

En 59 cantones (70,2 %) el valor del índice disminuyó lo que evidencia el aumento de la inseguridad ciudadana en una buena parte de los cantones del país, que se suman a los anteriores que son: Osa, Garabito, Corredores, Talamanca, Matina, Quepos, Puntarenas, Golfito, Siquirres, Carrillo, San José, Abangares, Orotina, Pérez Zeledón, La Cruz, Pococí y Turrialba.

La inseguridad, no solo refleja la ausencia de control del delito, sino también la fragilidad de los vínculos comunitarios, la precariedad de los entornos urbanos y la limitada presencia del Estado. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2025, p.27)

La inseguridad ciudadana representa una barrera significativa para el desarrollo humano, al limitar las oportunidades, libertades y condiciones de vida de las personas en los cantones costeros, fronterizos y rurales.

Desigualdades afectan más a las mujeres en su etapa adulta mayor

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Llegar a la tercera edad está lejos de ser un escenario de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Por el contrario, la vida de ellas queda marcada por brechas significativas que las exponen a la pobreza, la marginación, el poco acceso a servicios y hasta a una pensión digna.

La investigación Personas mayores en Costa Rica: condiciones de vida, género y derechos humanos analizó la situación de la población de 65 años del país en diversas áreas. Se llevó a cabo en el marco del Programa Análisis de Coyuntura, Sociedad y Democracia, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

La correlación de factores tomó como base la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2024, sobre características sociodemográficas de la población costarricense.

Con respecto a la conformación de los hogares, se determinó que aquellos unipersonales (quienes viven solos), son habitados en su mayoría por mujeres, con un 67.3%, que duplica el porcentaje de hombres (32.7%).

Aunque se ha documentado que la expectativa de las mujeres es más alta que la de los hombres (83,5 años versus 78,6 años), la investigación detalla que “una vida más prolongada no implica que lo hagan en mejores condiciones, sino que muchas veces se enfrentan a situaciones de viudez, desamparo, soledad no deseada y abandono”.

Ser jefe o jefa de hogar es un rol que en el caso de adultos mayores lo ejercen en su mayoría hombres (29.1%) con respecto a las mujeres (18.6%). Esto se debe a que, tradicionalmente, a ellos se les vincula con las actividades productivas, el trabajo remunerado y la toma de decisiones, mientras que a ellas se les delega más en función del espacio privado del hogar, las labores domésticas y los cuidados.

En concordancia con lo anterior, el informe destaca que la labor de cuido, ya sea de niños, otras personas adultas mayores o con alguna condición de discapacidad, la realizan, en su mayoría, las mujeres (61%) con respecto a los hombres (38.9%).

Para Rebeca Espinoza, académica y coautora de la investigación, los datos reflejan el vínculo existente entre la sociedad del cuidado y la discriminación de género, en la etapa adulta mayor. Por ello, considera fundamental que la “socialización de género” empiece desde etapas tempranas de la educación. “A los niños y niñas se les debe educar en el sentido de que mujeres y hombres podemos realizar diversas actividades, sin que la labor de cuido se les recargue únicamente a ellas”.

Otros factores

La condición de viudez en personas mayores de 65 años, la viven en su mayoría la población femenina, con un 80.65%.

De la interpretación de este aspecto, también se esconden manifestaciones de desigualdad, que van más allá de la expectativa de vida por género. “La mayor viudez se relaciona en las mujeres con patrones que fomentan el matrimonio con hombres de mayor edad”.

En el ámbito económico existe un elemento a resaltar: los adultos mayores en condiciones de pobreza se incrementaron de 109.746 personas, en el 2015, a 189.373, en el 2022. Es decir, pasaron de un 24.1% a un 26.9% del total de la población mayor.

Al desmenuzar los datos, se confirma que son las mujeres quienes más sufren de pobreza. Por ejemplo, en números absolutos, en la clasificación de “pobreza no extrema”, esta afecta a 64.745 hombres frente a 76.104 mujeres, mientras que en la categoría de “pobreza extrema”, es la población femenina la que lidera con 14.119 casos frente a 11.901 casos entre la población masculina.

De nuevo, este indicador socioeconómico se relaciona con factores como la discriminación, la violencia y la exclusión de trabajos no remunerados. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho llamados para que los países reduzcan los niveles de pobreza en la población adulta mayor bajo una perspectiva de género, como una prioridad de política pública.

Lo anterior está vinculado con el hecho de que un 75% de las personas adultas mayores dependientes de una institución del Estado para mantener un hogar, son mujeres. Incluso, más de la mitad de ellas (57.7%) proviene de hogares unipersonales.

La fragilidad socioeconómica sobresale también en aspectos como el acceso a una pensión. Mientras que un 14.3% de los hombres carecen de esa fuente de ingreso, el porcentaje aumenta a un 17.8% en las mujeres.

En cuanto al acceso a las tecnologías de información y comunicación, los resultados de la encuesta arrojan que una mayoría de adultos mayores no disfrutan de los avances de la era digital. Del total de la población, por ejemplo, solo un 3.8% utilizó tabletas en los últimos tres meses.

De ese porcentaje que sí tuvo acceso, son las mujeres las que menos oportunidades recibieron. En el uso de Internet, ellas no lo utilizaron en el 57% de los casos, dato que se incrementa a un 59.6% si se trata de la telefonía celular.

¿Estas desigualdades responden a estructuras heredadas desde años anteriores o se radicalizan en esta etapa de sus vidas? Para Rebeca Espinoza, las investigaciones alrededor de la “feminización de la vejez” sugieren que las discriminaciones por género se van acumulando con el paso del tiempo.

A pesar de ello, la perspectiva de incremento de la población adulta mayor a mediano plazo, incorpora un elemento de presión adicional a este fenómeno. Al respecto Fernando Méndez, coautor del estudio, indicó que “se ha tendido hacia una visión generalizada de las vejeces, y ante la evidencia, se deben aterrizar políticas públicas hacia las necesidades específicas de grupos particulares de adultos mayores”.

Además del género, los autores también valoraron aspectos como la etnicidad, las orientaciones sexuales, condiciones de discapacidad y de salud, territorialidades, entre otros. Espinoza complementó al respecto, al afirmar que “si bien tenemos una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y una Política Nacional de Cuidados, hay una carencia de un enfoque de género diferenciado que permita cubrir necesidades específicas”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Retroceso en la representación de las mujeres en las noticias en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

En los últimos 5 años cae estrepitosamente la representación mediática de las mujeres en las noticias en Costa Rica.

La representación de las mujeres en las noticias en Costa Rica ha sufrido una caída significativa. Tras haber alcanzado un 32% en 2020, la presencia femenina en las noticias descendió a un 23% en 2025, confirmando una tendencia regresiva en su visibilización dentro de los medios de comunicación.

Así lo revela el más reciente informe del Monitoreo Global de Medios (GMMP) 2025, que evidencia además importantes diferencias según el tipo de medio. La brecha es más profunda en la prensa escrita, donde las mujeres representan apenas el 19% de las personas mencionadas o consultadas. En radio alcanzan un 24.5%, en televisión un 31.7% y en plataformas digitales un 38.2%. Aunque internet muestra mayores niveles de inclusión, persisten sesgos en la forma en que se construyen las narrativas.

El análisis del día de monitoreo refleja que la agenda informativa nacional continúa concentrándose en tres grandes ejes: política y gestión pública, temas sociales y legales con énfasis en seguridad, y deportes. En estos ámbitos, la desigualdad de género está especialmente marcada.

En política, los hombres que figuran en las noticias duplican la presencia de las mujeres (70% frente a 30%). Además, el 50% de las mujeres mencionadas en noticias de gobierno aparecen sin que se consigne su ocupación, en contraste con solo un 9% de los hombres es esta situación. Esta diferencia no es menor: mientras a los hombres se les reconoce con cargos, profesiones o especialidades que legitiman su voz, las mujeres son presentadas sin credenciales, debilitando su autoridad como actoras en la esfera pública.

La brecha se amplía en otros temas. En economía, los hombres triplican la presencia femenina (76% frente a 24%), y en deportes la desigualdad es extrema: los hombres aparecen 32 veces más que las mujeres (97% frente a 3%).

En televisión, los noticieros de horario estelar mantienen un fuerte énfasis en sucesos policiales. En este tipo de coberturas, las mujeres aparecen mayoritariamente como víctimas o en relación con otras personas, rara vez como portavoces o analistas. Por su parte, la prensa escrita continúa mostrando titulares centrados en figuras masculinas, baja presencia de mujeres expertas y una tendencia al sensacionalismo, especialmente en medios populares.

Esta jerarquización temática no es neutral. Al priorizar política, economía y deportes, los medios relegan otros temas clave como cultura, ambiente, gestión del agua, comunidad y violencia de género, posicionándolos como secundarios. Esto limita la pluralidad informativa y deja fuera del debate público a múltiples actores y problemáticas, invisibilizando desigualdades estructurales, particularmente las de género.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la ausencia del enfoque de derechos humanos en la cobertura mediática. Según el informe, este enfoque está ausente en 9 de cada 10 noticias. En el caso de la violencia de género, las coberturas tienden a presentar los hechos de manera aislada, sin conexión entre sí, evitando el análisis estructural y reforzando la imagen de las mujeres como víctimas o personas dependientes.

Esta forma de narrar limita la comprensión del problema y desaprovecha oportunidades clave para informar desde una perspectiva que contribuya a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la transformación social.

Ante este panorama, el informe plantea la urgencia de fortalecer políticas editoriales con enfoque de género, impulsar procesos de alfabetización mediática, promover alianzas interinstitucionales para el seguimiento de estas brechas y garantizar un respaldo estatal que asegure la seguridad, libertad y reconocimiento de las mujeres en el espacio público.

“En tiempos marcados por la violencia, la incertidumbre y el dolor social, ejercer el periodismo con conciencia y compromiso es también un acto de resistencia y de esperanza. Comunicar puede ser una forma de cuidado, de reparación y de transformación colectiva”. Afirmó Sharo Rosales Investigadora del Observatorio de medios de comunicación y género (GEMA)

El informe completo del GMMP Costa Rica 2025 está disponible para consulta pública en:
https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2026/04/GMMP2025-InformeNacional-Costa-Rica.pdf

Nota: El Monitoreo Global de Medios (GMMP) es la investigación más amplia a nivel mundial sobre género y medios de comunicación, realizada cada cinco años en más de 100 países.

Costa Rica participa desde 2010, dando seguimiento a la evolución (hoy en retroceso) de la representación de las mujeres en las noticias.

Podemos transformar las relaciones desiguales e injustas con el compromiso personal y social

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Kattia Isabel Castro Flores

La cultura ha construido relaciones desiguales e injustas y una de sus manifestaciones se ve de forma clara en los vínculos que se establecen entre hombres y mujeres. La buena noticia es que podemos transformar esta triste realidad por medio del compromiso personal y social en el cultivo del cuidado mutuo, de relaciones respetuosas, equitativas, que reconocen el valor y la dignidad que nos corresponde a hombres y a mujeres por igual.

Solo un par de generaciones atrás las mujeres no podían estudiar, debían casarse a edades tempranas y tener múltiples embarazos y partos. Nuestras abuelas y madres tuvieron vidas marcadas por carencias económicas, pero además por falta de oportunidades para expresar lo que sentían y pensaban. Se limitaba la participación de las mujeres en actividades fuera del hogar, fueran estas de tipo recreativo o de participación comunal.

Se promovía que era virtud en las mujeres ser calladas, obedientes, tímidas y sumisas. Todo lo contrario se pensaba para los hombres, a ellos se les asignaba la libertad de movimiento y de actuación. El ejercicio del liderazgo era parte de su identidad, aunque se pareciera más al autoritarismo. Se autodesignaron los administradores de los recursos económicos familiares.

Muchos hombres hicieron un mal uso del poder que la sociedad les otorgaba y lo usaron para humillar, golpear, intimidar, toquetear y hasta violar a mujeres de sus propias familias, vecinas o conocidas. Muchas mujeres han tenido que llevar adelante embarazos que son resultado de violencia sexual, mientras que otras han sufrido abortos espontáneos y también fruto de agresiones sufridas en el hogar.

¿Conoce usted algún caso de violencia física, emocional, patrimonial o sexual en el entorno familiar o comunitario? Sabemos que lamentablemente la respuesta a esta pregunta es positiva. Tristemente usted y yo podemos ser una de las víctimas. La violencia era y sigue siendo parte de la vida cotidiana de las familias y de la comunidad. Frente a la violencia sufrida se guarda silencio porque el dolor es inconmensurable y se piensa, de forma errónea, que es mejor ignorarlo y seguir como si nada hubiera pasado. No puede haber una familia feliz si hay violencia en cualquiera de sus formas, tener que aparentarlo es revictimizar a la persona que sufrió violencia y alcahuetear a quien la ejerció o la sigue ejerciendo. El silencio nos hace cómplices del dolor y el sufrimiento de muchas personas y esto está lejos del amor, la paz y la justicia. Los agresores sexuales deben ser frenados, denunciados y condenados.

Ha llegado el tiempo de romper el silencio y de llamar a las cosas por su nombre: los mal llamados “piropos” son violencia. Los hombres que se masturban delante de niñas, niños y mujeres de todas las edades, ejercen violencia; también los hombres que observan a las mujeres mientras se bañan o se visten. El lenguaje soez de contenido sexual es violencia. El acoso sexual callejero, es violencia. La exposición a pornografía es violencia. El sexo sin consentimiento, aún dentro de la vida de pareja es violencia. La violación es violencia. Compartir en redes sociales fotos de contenido sexual que no fueron creadas con esa finalidad también es violencia.

Las mujeres tenemos derecho y exigimos una familia y una comunidad libre de violencia. Queremos salir a caminar y saber que estamos seguras. Queremos viajar con la alegría de conocer el mundo y saber que solo pasarán cosas bonitas. Queremos salir a divertirnos y regresar a casa cansadas y satisfechas. Queremos sonreír y tener una vida tranquila y en paz.

La Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica se pronuncia en contra de las jornadas 4×3

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica
Pronunciamiento en Contra del Proyecto de Ley N° 24.290 (Jornadas 4×3)
Costa Rica, 14 de julio, 2025

Desde la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica, organización que representa a mujeres de territorios históricamente excluidos y abandonados por el Estado, alzamos la voz para rechazar contundentemente el proyecto de ley N° 24.290. Esta reforma, disfrazada de «flexibilidad laboral», es en realidad un ataque directo a los derechos de las mujeres que profundizará la desigualdad de género, la pobreza y la sobrecarga de trabajo no remunerado que ya cargamos.

En Costa Rica, las mujeres enfrentamos jornadas interminables que combinan trabajo remunerado y no remunerado. Según datos del INEC (2017), dedicamos entre 4 y 6 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, además de nuestras jornadas laborales formales (cuando conseguimos empleo formal). El proyecto 4×3 ignora completamente esta realidad al exigirnos trabajar 12 horas diarias, sin considerar quién asumirá el cuidado de menores de edad, personas adultas mayores o con discapacidad.

Los testimonios recogidos en la investigación realizada por la docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Claribel Sánchez Arias son contundentes. Casos como el de «Mariana», madre soltera que trabajaba turnos nocturnos de 12 horas en una fábrica y apenas dormía 2 horas diarias porque durante el día cuidaba a sus hijos, demuestran cómo estas jornadas son incompatibles con una vida digna. Su salud física y mental colapsó bajo esta presión insostenible.

Este proyecto agravará las brechas territoriales y de género de manera particularmente cruel en las zonas rurales y costeras, donde derechos fundamentales en lugar de ser un derecho se vuelven un privilegio. En nuestras regiones no existen guarderías públicas suficientes, el transporte nocturno en muchas zonas es inexistente y los servicios básicos son precarios. Para las mujeres indígenas y afrodescendientes, la situación es aún más grave, ya que enfrentan una triple discriminación por género, etnia y clase social.

En los sectores más precarizados como maquilas, agroexportación y turismo, la implementación de estas jornadas será especialmente perjudicial. Las patronales impondrán las 12 horas «voluntarias» bajo la amenaza velada de despido, y muchas mujeres terminarán perdiendo sus empleos porque una persona hará el trabajo que antes realizaban dos, sin recibir compensación económica alguna.

Se debe recordar que las mujeres de zonas rurales en América Latina mayores de 15 años de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en un 40% no tienen ingresos propios, además para 2020, alrededor del 46% de las mujeres rurales vivían en condiciones de pobreza extrema, el 40% de los hogares con jefatura femenina vivía en pobreza y 19% en pobreza extrema (CEPALSTAT, 2023).

En Costa Rica, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), más del 26% de las mujeres del país residen en zonas rurales y sus condiciones de vida corresponden a uno de los desafíos que requiere mayor atención. Muchas de ellas trabajan en la informalidad, perciben menos de un salario mínimo y 70% no logra culminar la secundaria.

Costa Rica ha suscrito importantes convenios internacionales que este proyecto traiciona flagrantemente. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) exige eliminar las barreras para la participación laboral femenina, no crear nuevas. El Convenio 190 de la OIT busca proteger contra la violencia y acoso laboral, situaciones que se dispararán con jornadas extenuantes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los ODS 5 y 8, prometen trabajo decente e igualdad de género, no retrocesos históricos en derechos laborales.

En lugar de propuestas que aumentan la explotación, las mujeres costeras y rurales exigimos políticas que realmente mejoren nuestras condiciones de vida. Necesitamos con urgencia la reducción de la jornada laboral, no su ampliación; mientras países latinoamericanos como Chile, Colombia, México, Ecuador y Trinidad y Tobago avanzan hacia la reducción de jornadas laborales para mejorar la calidad de vida de su población, este proyecto castigaría especialmente a las mujeres que ya viven en desigualdad estructural:

  • Chile: Ley aprobada en 2023 establece una reducción progresiva hasta 40 horas semanales al 2028, reconociendo que más tiempo libre es esencial para el bienestar familiar y social.

  • Colombia: Desde 2021, está en marcha una reducción escalonada hacia las 42 horas, evidenciando un compromiso firme con la dignidad de las trabajadoras.

  • México: Aunque aún con jornadas largas, ya se aprobó en comisiones legislativas la reducción a 40 horas semanales, bajo el principio de justicia laboral.

  • Ecuador: Mantiene desde 1997 una jornada de 40 horas semanales, siendo referente de estabilidad en derechos laborales.

  • Trinidad y Tobago: Protege a sus trabajadoras con jornadas de 40 horas, restricciones estrictas a las horas extras y garantías de descanso obligatorio.

Este proyecto no solo aleja a Costa Rica del resto de América Latina, sino que ignora las realidades más duras y profundiza la doble y triple jornada, obligando a muchas mujeres a elegir entre su salud, sus hijos o un ingreso mínimo, asimismo condena a las mujeres costeras y rurales a sobrevivir bajo esquemas que otras naciones están abandonando por sus impactos negativos. En lugar de avanzar hacia la justicia social, una jornada digna, humana y compatible con una vida plena, el 4×3 consolida una política de explotación disfrazada de modernidad.

Un Sistema Nacional de Cuidados universal y gratuito con presupuesto real es fundamental, así como permisos remunerados por cuidados para atender enfermedades de hijos e hijas o personas adultas mayores. También demandamos una inspección laboral con perspectiva de género que frene los abusos en maquilas y zonas francas, donde las violaciones a los derechos laborales son pan de cada día.

Este proyecto no es progreso, es regresión. Las mujeres costeras y rurales no somos variables de ajuste para beneficiar los intereses de grandes empresas. La implementación del 4×3 aumentará la pobreza femenina, forzará a muchas mujeres a abandonar empleos formales, estudios y destruirá vidas, salud mental y proyectos personales.

Exigimos a la Asamblea Legislativa archivar de inmediato el expediente Nº 24.290 y abrir un diálogo genuino con organizaciones de mujeres, sindicatos y academia para construir alternativas con verdadero enfoque de género. No permitiremos que decidan por nosotras. Nuestros derechos no son negociables.

Atentamente,

Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

Organizaciones, Colectivas de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica:

Colectiva Sámara Empoderada

Colectiva Unidas Talamanca

Movimiento Feminista Santa Teresa

Mar y Comercio

Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres

Asociación de Mujeres Emprendedoras Sámara – Zona Azul

Asociación Nicoyana de Personas con Discapacidad ASONIPED

Asociación de mujeres por los derechos en Guanacaste Alza tu voz

Asociación Civil Pro Natura

Asociación Manos de Dos Pueblos

Asociación A.F.F.I.N Puerto Jiménez

Mujeres Azules Playa Sámara

EveArt

Antigentrificación

Ante el aumento de la violencia femicida, las mujeres declaramos emergencia nacional

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Las mujeres que integramos el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestra preocupación y enojo por el aumento de los femicidios en Costa Rica. En el año 2024 tuvimos un femicidio cada 15 días y en este mes que recién iniciamos el año 2025: se dan 5 femicidios en 28 días, dos veces y medio más con respecto al año 2024.

Es muy preocupante, además, que la violencia femicida ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento contra las mujeres, prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico y el crimen organizado, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres.

Las causas de la violencia son multidimensionales: por un lado, son consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género, y por otro, responden también a la circulación cada vez más extendida de discursos políticos que utilizan el odio, la confrontación, la burla y la violencia como herramientas para el ejercicio del poder.

Las mujeres no queremos seguir viviendo bajo un estado de permanente amenaza, odio, terror y miedo.

Junto a la movilización social, es urgente que el Estado y sus instituciones cumplan con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y declarar ya un estado de emergencia.

Basta ya de violencia femicida

Campaña «¡Educación no sexista para construir proyecto de vida!»

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Equidad y derechos de la mujer.

La campaña «¡Educación no sexista para construir proyecto de vida!» de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM) conmemora el Día Internacional de la Educación No Sexista, establecido en 1981 por representantes de la REPEM reunidas en Paraguay.

El objetivo principal de esta campaña es promover una educación que fomente la equidad de género en todos los ámbitos y a lo largo de la vida. Busca cuestionar, reflexionar e investigar sobre la educación desde una perspectiva feminista, con consciencia de clase y con memoria histórica. Asimismo, busca impulsar procesos educativos libres de estereotipos de género y garantizar la participación plena de las mujeres y las niñas en la sociedad.

La REPEM reclama una educación no sexista, laica, integral e inclusiva que informe, empodere y acompañe a las niñas, jóvenes y mujeres en la construcción autónoma de sus proyectos de vida. El objetivo de nuestra incidencia, es transformar las condiciones actuales de violencia y discriminación, que perpetúan la desigualdad de género.

Según el informe 2020 seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO, alrededor de 132 millones de niñas en la edad escolar no asisten a la escuela.

Desigualdad de las mujeres en la publicidad y la propaganda

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Desde el proyecto de ley que impulsa regular la imagen de la mujer en los elementos publicitarios, se plantea un análisis a las conductas dentro la publicidad que reproducen violencia simbólica, sexualización, reproducción de estereotipos o de subordinación. Si bien ya existe la Ley N° 5811, se atribuye una reforma para cubrir elementos que no se habían planteado en esta.    

La diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro aseguró que el aprobar esta ley sumaría a disminuir, proteger y prevenir la violencia hacia la mujer, y asegurar a que las trabajadoras en el medio de la publicidad puedan ser protegidas. Donde la Ley N° 5811 quitaba la publicidad mas no sanciona a quienes la producían, en esta nueva reforma se establece esta nueva dinámica que permite proteger a la mujer. 

Además, Camila Ordoñez creadora del Observatorio de la Imagen de la Mujeres en la Publicidad del CIEM, también estableció que además de quitar y sancionar a los responsables de estas publicidades, también se contemplan las plataformas digitales y las estrategias publicitarias que anteriormente no se tomaban en cuenta.

Por cuanto, desde este proyecto se plantea una respuesta institucional ante la publicidad que empobrece la imagen de la mujer y le da un significado errado ante la sociedad, promoviendo un mensaje simbólicamente sexista.

Compartimos el video del conversatorio:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

COMUNICADO DEL GRUPO DE TRABAJO AGENDA CEDAW: jornada laboral

Escrito en . Publicado en Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información:

Desde el Grupo de Trabajo Agenda CEDAW, manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley 21.182 que busca instaurar jornadas de 12 horas durante 4 días a la semana y representa un claro detrimento de los derechos laborales y en especial de los derechos de las mujeres. 

El proyecto de ley de jornadas 4×3 violenta convenciones internacionales en materia de derechos laborales, trabajo decente y de derechos de las mujeres, entendiendo que en Costa Rica la realidad entre hombres y mujeres en el mercado laboral sigue siendo profundamente desigual. Por ejemplo, en todos los informes sobre trabajo se puede denotar una sobre representación de las mujeres en indicadores de desempleo, subempleo, trabajo informal, falta de aseguramiento y otros. (EMPEDEMU. 2019). 

Estas jornadas atentan contra la salud de las personas trabajadoras, disminuye la productividad, genera más recarga en los servicios de salud y aumento en los accidentes laborales, las jornadas extensas tienen relación directa con la depresión, la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares y trastornos del uso del alcohol. (OMS, OIT. 2018). 

Este proyecto fomenta la exclusión de las mujeres en el mercado laboral, pues no reconoce las desigualdades en el uso del tiempo por la división sexual del trabajo basada en estereotipos y sesgos de género. De acuerdo con la Encuesta de uso del tiempo: las mujeres invierten 36 01 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, mientras los hombres solamente 13.55 horas semanales. 

Esta ampliación de jornada procura la disminución de personal contratado y eliminar el pago de horas extra, por ejemplo, las trabajadoras domésticas verían acrecentar su horario a 18 horas diarias, SIN retribución adicional. 

Además, estas jornadas no contemplan las necesidades de las personas que asumen las labores de cuido o acompañamiento, donde un 90% de los casos no son remunerados y 7 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. Dando como resultado la generación de mayores barreras para que las mujeres puedan insertarse de manera justa al mercado laboral. 

El Estado costarricense tiene la obligación de cumplir con lo establecido por las convenciones internacionales de derechos humanos, la iniciativa en discusión es un retroceso al cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW relativas a las medidas para facilitar el acceso de las mujeres al empleo formal, a las recomendaciones de la OIT sobre trabajo decente y la transición de la economía informal a la formal y representa un riesgo notable para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre empleo pleno, productivo y trabajo decente para las mujeres y hombres. (Recomendación 29B de la agenda CEDAW).

Exhortamos a las diputadas y diputados de la República para que este proyecto no sea aprobado, y mantengamos la vía del respeto y garantía de los derechos laborales que también son derechos humanos y enfoquemos las acciones para la disminución de las brechas de género en el trabajo y la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres. 

¿Qué es la CEDAW?

La Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La CEDAW es un instrumento de carácter internacional que precisa los detalles de la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se comprometen, a consumarla llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones de derechos humanos contra las mujeres.

Además, se crea el Comité CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer), para monitorear el cumplimiento de los Estados en virtud de las disposiciones contempladas en esta Convención.

Más información sobre la CEDAW en el siguiente enlace:

https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cedaw

Las desigualdades matan

Escrito en . Publicado en Derechos.

El siguiente texto es a modo de sinopsis del libro “las desigualdades matan”

Mientras que los ingresos de la población mundial se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, están fracturando nuestro mundo. Esto nunca ha sido fruto del azar, sino el resultado de decisiones deliberadas: la “violencia económica” tiene lugar cuando las decisiones políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población y, especialmente, a las personas en mayor situación de pobreza, las mujeres y las niñas, y las personas racializadas. 

Las desigualdades contribuyen a la muerte de, como mínimo, una persona cada cuatro segundos. No obstante, tenemos la oportunidad de reformar drásticamente nuestros modelos económicos para que se basen en la igualdad. Podemos abordar la riqueza extrema aplicando una fiscalidad progresiva, invirtiendo en medidas públicas de eficacia demostrada para eliminar las desigualdades, y transformando las dinámicas de poder dentro de la economía y la sociedad. Si mostramos la voluntad necesaria y escuchamos a los movimientos que están exigiendo cambios, podremos crear una economía en la que nadie viva en la pobreza, ni tampoco en una riqueza inimaginable: una economía donde las desigualdades dejen de matar.

Les invitamos a leer cuáles son las medidas que se deben llevar a cabo para acabar con el aumento de la desigualdad, ingresando en el pdf adjunto a esta nota:

Las-desigualdades-matanDescarga

 

Publicado por OXFAM
Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.