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Etiqueta: desigualdad económica

Gatos desatan en Costa Rica masacre desde los techos

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.

Desde sus tejados de zinc comido por la bruma, los gatos sin collar observan el banquete. No perdonan. Sus presas, criaturas tan cándidas que olvidaron cómo huir, ya son apenas un eco transparente en los portones de las fábricas. Solo los grandes dinosaurios de su misma sangre se salvan del zarpazo, flotando en el aire espeso del privilegio.

Mueven los hilos del oro extranjero y secan los arroyos de la ayuda pública con un parpadeo, mientras abajo, en el asfalto, la gente paga por el aire que respira. Las estructuras del tributo son de piedra milenaria y a los dueños del reloj nadie los toca. Que pague el rebaño, rezongan los gatos desde la luna, si de todos modos ya nacieron con el yugo al cuello.

La pequeña casta de felinos invisibles administra el compás de la miseria exacta. Miden la desigualdad con números fríos y urnas de cartón, convertidos en dueños del tiempo y de la sombra. Dejo constancia, que aun así, la dignidad existe.

III.- El talón de Aquiles: Este es definitivamente uno de los frentes de fragilidad más preocupantes del modelo económico costarricense, si seriamente pensamos en un ‘plan país’ después de 40 años de paquetazos y paquetitos fiscales.

La innegable y alta dependencia de la Inversión Extranjera Directa (IED) y, dentro de ella, la abrumadora concentración en un solo socio, mantienen a nuestro país en una posición de vulnerabilidad extrema.

El vínculo económico de Costa Rica con Estados Unidos constituye una realidad estructural profunda que se manifiesta de forma primordial en su IED, rubro en el cual el país ostenta un liderazgo mundial al captar un 58 % de sus proyectos de capital estadounidense.

En 2024, el flujo desde EE.UU. representó el 78% de toda la IED que recibió el país. Incluso en 2025, tras una caída, sigue siendo el origen del 51%.

Sectores de oposición atrincherados históricamente en el neoliberalismo repiensan ya otra reforma fiscal que omite la participación directa de diversos actores sociales y productivos avasallados en los últimos 40 años. (Ver Universidad 26/7/2026). Esta propuesta ignora un aspecto central: la falta de atención a las dinámicas del comercio cautivo.

En 2024, el 46.7% de las exportaciones y el 40.6% de las importaciones costarricenses fueron con Estados Unidos. La brecha en las tasas de interés entre ambos países puede originar cambios abruptos en el tipo de cambio, con impactos directos en la competitividad y el bolsillo de los costarricenses más humildes

Otro verdadero desafío no radica meramente en la importación de las debilidades estructurales de Estados Unidos, sino en cómo estas se intensifican al traspasarse a nuestra economía. Lejos de actuar como un ancla de estabilidad, el modelo estadounidense transmite y potencia sus propias fragilidades hacia nuestro entorno.

Dichas vulnerabilidades estructurales inciden negativamente en el proteccionismo y la política arancelaria. Un ejemplo evidente es la aplicación de un arancel del 10% a las exportaciones de Costa Rica, elevado al 15% en 2025.

Esta situación altera de forma estructural las condiciones del intercambio comercial de bienes. Asimismo, la volatilidad geopolítica asociada a este proteccionismo introduce un factor de riesgo que repercute negativamente en la estabilidad económica nacional.

De esta manera, el aumento de los conflictos geopolíticos y su expresión geoeconómica, como la agresiva política arancelaria de Estados Unidos, generan incertidumbre y frenan la inversión.

Igualmente, debemos considerar la reconfiguración de las cadenas globales de suministros. Esto incluye la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, las tensiones petroleras impulsadas por la guerra de Trump en Medio Oriente y la volatilidad del bloque regional al que insisten en mantenernos ligados.

Todos los paquetes fiscales dieron duro a los más vulnerables. (Foto tomada de colectivo La kanaya).

El 10% más rico del que nos hablan las publicaciones especializadas en el tema, es el resultado de los beneficios sin parar otorgados desde hace 40 años. Acumulan aproximadamente entre el 50% y 51.5% de los ingresos y la riqueza total disponibles, mientras que el 1% más rico acapara por sí solo cerca del 35.3% de la prosperidad del país.. Los datos son públicos. Es cuestión de consultarlos.

Manejan nuestro dinero a su antojo, incluyendo los sagrados fondos de pensiones. Les sobra para financiar al gobierno central con un generoso 13,98%, consentir a los acreedores extranjeros con un 3,89% y dejar que las empresas en el exterior ayudadas con plata tica se olviden de pagar impuestos acá. Para rematar semejante obra maestra, los premiamos regalándoles 36 mil millones de colones al año por estar cómodamente fuera de nuestras fronteras.

Ay, democracia, divino tesoro: donde eliges entre la nada y los peores cada cuatro años.

IV.- Narcotráfico, pobreza y desigualdad:

No son simples felinos de callejón; Aquel plumaje dorado de la sospecha aleteó siempre sobre los escritorios de la fiscalía cuando el general Quintero perdió su libreta dorada, el sargento Gamboa, el capi Diablo y el teniente Campana, juraron haber visto en la entrada a misa a un gato persignarse con una pata de oro macizo.

Son gatazos de bigotes encerados y miradas felinas que ronronean en una frecuencia capaz de acabar con cualquier moneda de un manazo.

Durante calendarios enteros, estos animales de seda y alcurnia han enterrado sus fortunas bajo torres invisibles. Están allí por si alguien quiere ser como ellos. Sus activos, amasados con el polvo blanco de los sueños rotos, se esfuman en el aire como un aroma a azahar podrido cada vez que la ley intenta acariciar sus lomos.

Cualquier dato preciso sobre el narcotráfico en la economía no existe ni ha existido. Interesa cuidar el secreto bancario; ese sí importa como parte la institucionalidad.

¡Puro cuento! Esos números exactos sobre la plata sucia en la economía solo salen de la boca de los que ya se imaginan con puesto de diputado, juez, fiscal o asesor. Con exactitud no se conoce ni interesa, porque habría que investigar el verdadero negocio de la droga en Estados Unidos y Europa.

Cuando era ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, precisó y aclaró lo que había dicho en una entrevista anterior: en Centroamérica se lavan 14.000 millones de dólares y a Costa Rica le tocarían 4.359 millones. Como él mismo dijo: “Cambia la magnitud, pero no la importancia del tema”.

Asimismo, según el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, Costa Rica lidera Centroamérica en flujos ilícitos de capitales por tributación internacional y precios de transferencia. Basado en datos del Global Financial Integrity y un cálculo del Icefi para 2014, esto genera una evasión del impuesto sobre la renta del 6.0% del PIB, equivalente a 3.024 millones de dólares. (Diario Extra; 20/11/2019).

El 10% más privilegiado de la población concentra aproximadamente la mitad de la riqueza y de los ingresos nacionales, una disparidad estructural que evidencia la urgente necesidad de consolidar mecanismos de redistribución más justos y equitativos para el desarrollo nacional. Sin controlar las causas del faltante fiscal todo se reducirá a falacia económica.

Como queda planteado líneas atrás, la pobreza en Costa Rica no es un problema de todos por igual: es el resultado de un sistema favorecido por décadas de exoneraciones, evasión y contrabando. entre otros.

Solo como recordatorio, el «gasto tributario» —es decir, los ingresos que el Estado deja de percibir por exenciones y beneficios fiscales— se mantiene en un nivel crítico y debería ser un tema central en todos los debates públicos, dejando de pensar ya en este zutano o aquel fulano iluminado para venir a salvarnos. ¡No ocurrió en 40 años ni ocurrirá! Es tarea conjunta de los trabajadores y otros actores ser protagonistas en la reconfiguración del nuevo país que queremos.

Ya los verán. El municipio aguarda impasible la resurrección de los ríos secos y la bendición de los puentes cuánticos que solo existen en la cartografía electoral del 2030, mientras los benefactores de nuestra tierra infértil llena de rocas ya lustran sus mejores discursos para salvar su sagrado status quo con marchas de fantasmas bien desayunados con caviar de bueno y jamón serrano.

El 1 % más adinerado concentra aproximadamente el 35.3 % de la riqueza nacional, posicionando a Costa Rica entre los países de América Latina con mayor desigualdad en la distribución del capital.

Este panorama se refleja en el coeficiente de Gini, que históricamente ha oscilado entre 0.45 y 0.52. Esto evidencia los problemas estructurales de la democracia más antigua del continente, los cuales fueron expuestos en las líneas anteriores

Para los entendidos en la materia, el coeficiente Gini nos da a conocer el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos o de la riqueza dentro de una población. Se expresa en una escala del 0 al 1 (o del 0 al 100 si se multiplica por cien), donde 0 es la igualdad perfecta y 1 es la desigualdad máxima.

La desigualdad aumentó hasta 2020 y alcanzó su punto más alto con un coeficiente de Gini de 0.492 (en una escala de 0 a 1). Año a partir del cual se registra una reducción de la desigualdad, pasando desde su punto más alto (49.2 en 2020) hasta los 45.5 en 2025.

Esta propensión a la baja se confirma con los datos oficiales del INEC, que en 2024 reportaron el coeficiente de Gini más bajo desde que se tiene registro.

En América Latina y el Caribe, esta tendencia muestra una dirección incierta tras la pandemia. Aunque en 2019 se registró una mejora notable con 39.9 puntos, el indicador repuntó a 42.4 en 2024 y apuntaba a un nuevo incremento de 45.9 para 2025.

Como señalan diversos estudios, estas cifras evidencian una profunda divergencia regional en la recuperación postpandemia.

Sin pretender una única interpretación, esta mejora del Índice de Gini en Costa Rica — pasó de 0.492 en 2024 a una proyección de 0.455 para 2025— podría obedecer a un fenómeno real, pero a la vez limitado y frágil.

Se explicaría por factores coyunturales como la recuperación del empleo formal, el control de la inflación y el aumento del ingreso real en los estratos bajos y medios. El impacto de la economía ilegal en esta métrica es marginal y no cuantificable en las encuestas de hogares, donde solo se declaran ingresos lícitos; de hecho, las ganancias criminales tienden a concentrarse en cúpulas y ensanchan la desigualdad real.

La paradoja la resolvemos si comprendemos que el país mejora la distribución del ingreso mientras deteriora la calidad de sus servicios públicos.

Asimismo, tenemos que la bonanza reciente proviene de sectores como las zonas francas, que generan riqueza, pero no tributan de la misma forma, lo que ha llevado a que el gasto social caiga del 10.1% del PIB en 2020 al 8.5% en 2025. Ambas tendencias son dos caras de una misma moneda: un modelo que estimula el bienestar privado en el ingreso, pero desfinancia el bienestar público.

El llamado «ingreso en especie» (programas sociales) y los subsidios directos han sido históricamente un pilar fundamental para reducir la desigualdad en Costa Rica, y su reciente disminución ayuda a entender la paradoja que estamos planteando. Las transferencias monetarias y los subsidios (como becas, bonos de vivienda o apoyo a redes de cuido) tienen un efecto directo y potente en la distribución del ingreso.

Su impacto es doble: Incrementan el ingreso disponible al poner dinero directamente en los bolsillos de los hogares más pobres. Apaciguan la pobreza, porque sin estos ingresos, sería significativamente mayor. Un estudio de 2025 señaló que, sin los ingresos indicados la pobreza en Costa Rica sería del 77%, lo que subraya la importancia crítica de todas las fuentes de ingreso, incluidas las transferencias.

El problema es que, en los últimos años, estos programas han sufrido recortes significativos Los datos trascendidos en distintos momentos y procedentes de diversas fuentes, muestran una contracción clara y documentada en los principales programas de asistencia social durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

El presupuesto para programas de pobreza se redujo en aproximadamente ¢50.000 millones entre 2022 y 2023. La inversión social total pasó de ¢769.000 millones en 2022 a ¢718.000 millones en 2023, su nivel más bajo desde 2019

Esta tendencia a la baja ha continuado, ya que el gasto social como porcentaje del PIB pasó del 10,1 % en 2020 al 8,5 % proyectado para 2025. El Ejecutivo insiste que se ha dado un mejor uso a estas partidas sociales transparentando los excesos y lujos con los fondos públicos.

Así, el programa de becas para estudiantes en situación de pobreza pasó de ¢113.000 millones a ¢85.000 millones entre 2022 y 2023.Es decir, se eliminaron 113.739 becas en un solo año. En relación con la Red de Cuido, los críticos de Chaves señalan una caída en la atención a menores, bajando de 30.360 niños en 2020 a 26.000 en 2023, lo que representa una pérdida de 4.360 cupos.

Además, la cantidad de soluciones habitacionales entregadas se redujo de un promedio de 12.000 por año a 9.320 en 2024. Aunque las cifras maquillen el ingreso y reduzcan el Gini, los sectores vulnerables resienten servicios públicos en caída libre. La seguridad social se debilita, la educación se limita a suplir la demanda de las multinacionales y los recortes en ciencia, cultura y tecnología destruyen el ascensor social. Así, al sepultar el futuro de la niñez y blindar la pobreza hereditaria, Costa Rica se encamina a un abismo competitivo frente a la región.

Ahora que los dos grandes bandos del poder económico discuten un nuevo ajuste de impuestos, urge preguntar a quienes están fuera de toda ecuación: ¿cómo sería el proyecto de país que sueñan los sindicatos, la juventud, los barrios y los jubilados para los próximos 40 años? Algún día nacerá.

Los hechos históricos y económicos están allí. Muestran que tanto el oficialismo como la fragmentada oposición recurren a la misma estrategia: avivar el fantasma del comunismo y la dictadura. El agarrón de mechas es artificial, algo así como una cortina de humo para ocultar su responsabilidad compartida en la consolidación del modelo económico actual, evitando asumir un debate real sobre los problemas estructurales que afectan al país.

De momento, una verdad grita a voces: las reformas fiscales siempre fueron una trampa. Juraron que viviríamos mejor, pero solo nos usaron para exprimirnos el bolsillo. Esa es la verdad. Históricamente, los ricos y todos los gobiernos de turno se reparten el botín. ¿O acaso es falso?

Un verdadero desarrollo nacional – toda una generación extravío este postulado – no busca destruir la empresa privada ni frenar la creación de riqueza, sino reorientar el rumbo económico. Se trata que, así como el mercado enriqueció a estas cúpulas ahora el Estado articule ese mismo mercado con justicia social, priorizando a las mayorías vulnerables sin caer en falsas alarmas ideológicas con que nos tienen asustados desde 48. Alguien entendido en esas cosas dijo que este Macondo con mar y electricidad era una “dictadura democrática”.

¿Quiénes ponen este cascabel al gato?

“La dictadura de los propietarios”. Parte II: Hay gatos sobre el techado

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.

Bajo la llovizna de un Macondo moderno, gris y ajado, hay gatos agazapados sobre el techado. Así de insólito. Son los mismos contadores de presas que, designados por cinco millones de almas cándidas, tejen sin tregua laberintos de paquetes fiscales.

Mientras el pueblo reza febril, con rosarios en mano, ciento cincuenta y seis corporaciones juran ante el altar tributario que en 2025 no cosecharon ni un grano de ganancia. Todavía no nos han pedido donaciones. No las necesitan porque tiene la fuerza de la ley y el imperio de la Constitución. Esa alquimia de la nada revela el pelaje invisible de estas bestias y explica, con zarpas de sombra, el lento desmoronamiento de nuestra patria.

Los cazadores de impuestos habitan un limbo de trajes grises donde el tiempo, que aquí mide cuarenta años exactos, no envejece sus colmillos, sino que los afila. Se deslizan por las costuras del país como sombras con portafolios, introduciendo los dedos en los bolsillos ajenos con la precisión de un cirujano y el apetito de una jauría insaciable que come sin saciarse jamás.

Al terminar el festín, se disuelven en la penumbra de las oficinas públicas. Juran que velan por la sagrada paz social, mientras su mandíbula invisible tritura el pan de los de abajo para que la vieja y eterna dictadura de los propietarios no pierda ni un solo grano de su trono. Hoy la pobreza y miseria alcanza el ochenta por ciento de quienes confiaron en que sus casas estarían libres de roedores.

Bajo la pálida bruma de un reloj que se detuvo en el calendario de los vencidos, las sombras de medio siglo flotan como botes sin agua sobre un pavimento que aprendió a bostezar. Las ratas, con levita de terciopelo gris y contabilidad exacta, miden los latidos de la medianoche y cuentan los cuerpos ajenos que se desdoblan como sábanas en el asfalto. No tienen casa. Otros lavan con rapidez el Range Rover de la señorita precisada por el fiestón, mientras el güililla de la esquina decora con rosas y crisantemos los colores de su hambre y su tristeza.

Los ingresos del pan y del milagro se disuelven antes de tocar el fondo del bolsillo, mientras las familias compran el aire del día siguiente con la firma temblorosa del fiado.

La salud y las letras públicas habitan en los mapas antiguos, custodiadas por puertas de humo que no abren cuando el cuerpo tose polvo. Y el reloj sin manecillas, nadie sabe quién las compró, allá arriba, en los escritorios del viento, el porvenir cruza los brazos y se niega a parir un mañana. Ningún mapa guarda la ruta para el tiempo que viene. A este otro proyecto país todos temen. Los asusta y siguen encargando su diseño a la misma minoría.

I.- Sin peligro a dictadura: Se hizo costumbre que los cambios tributarios entre 1980 y 2018 muestren cómo el peso de las reformas fiscales recayera principalmente sobre los trabajadores, bajo el argumento de equilibrar, definitivamente, las finanzas públicas para tener mejores servicios y profundizar nuestra democracia.

Era cuestión de que los proyectos de reformas fiscales bajaran de Zapote hasta Cuestas de Mora para constatar el funcionamiento en su máximo esplendor de la división de poderes republicanos. ¡Qué felices éramos!

Durante la primera administración de Oscar Arias (1986-1990) hubo reformas a los impuestos de consumo y la renta. Siguió el gobierno de Rafael Ángel Calderón F., tras aceptar cada una de las exigencias del FMI, en cuanto un duro “ajuste” fiscal que todos recordamos, sobre todos aquellos que en esa época vivían de un salario.

La Administración de Figueres Olsen (1994-1998) no fue la excepción, ya que pactó políticamente con otros grupos económicos para elevar el impuesto de ventas al 15 % durante año y medio.

El gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) siguió el mismo camino que las administraciones anteriores cuando impulsó la llamada Ley de Simplificación Tributaria (Ley 8114). Esta norma unificó los impuestos a los combustibles para eliminar así otros gravámenes menores.

Los gobiernos de Abel Pacheco y Laura Chinchilla (2002-2006 y 2010-2014) intentaron aprobar sus propias versiones de paquetes fiscales, pero la Sala Constitucional los frenó. Nadie protestó y todos coincidimos en que los hombres y mujeres de toga eran independientes por bien del país.

La Sala Constitucional anuló en marzo de 2006 el trámite de la reforma fiscal de Abel Pacheco por “vicios de procedimiento”. Los magistrados corrigieron la plana a los legisladores de entonces al señalar el uso indebido de una vía rápida que impidió la votación requerida y omitió las consultas obligatorias a instituciones clave del Estado.

La misma Sala anuló en abril de 2012 el plan de reforma fiscal (Ley de Solidaridad Tributaria) de la administración de Laura Chinchilla porque sus magistrados, según su sentencia, determinaron que hubo vicios esenciales de procedimiento cometidos por los diputados durante su trámite en la Asamblea Legislativa.

El gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) mantuvo las mismas medidas tributarias de las administraciones pasadas de liberacionistas y socialcristianos, pero con mayor dureza. Estas reformas no se habrían aprobado sin el apoyo de ambos partidos. En resumen, recargó a los trabajadores y asalariados con más impuestos indirectos.

Los grandes empresarios y los medios de comunicación—tradicionalmente vinculados al sector exportador de materias primas y a la importación de mercancías con valor agregado— respaldaron al unísono la decisión de la administración Alvarado de implementar medidas de ajuste en las finanzas públicas. El proyecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580) ingresó a la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre de 2017 y se aprobó como la ley Nº 9.635 el 3 de diciembre de 2018. Sus restricciones al gasto público impactan el financiamiento de la formación universitaria, secundaria, salarios, sanidad pública, jubilaciones, financiamiento de la justicia e infraestructura, entre otros aspectos. ¡Qué gran logro fiscal: ahorraron tanto que hasta mataron la salud y la educación públicas! Acabaron con nuestra malicia indígena.

II.- El mercado y la falta de un “proyecto país”: ¿Quienes luchan por legitimarse como vocería de la llamada “oposición” o “alternativa” democrática estarán dispuestos a desdicharse de todo lo que nos han venido aplicando en materia fiscal?

Al contraponer la democracia a la dictadura, la defensa de un modelo que impuso cargas insoportables a las mayorías en beneficio de pequeños sectores durante cuatro décadas es indefendible. Así lo revelan los propios testimonios de estos grupos (La Nación, 2 de agosto de 2026, págs. 4-5). Intentar justificarlo frente a la democracia es inaceptable.

Sin embargo, en el fondo persiste una especie de confrontación profunda entre Dinosaurios de la misma especie: por un lado, las élites políticas y económicas formadas durante las cuatro décadas de modelo neoliberal, que aguardan un eventual retorno demócrata en Estados Unidos para restablecer su hegemonía; por el otro, aquellos sectores determinados a blindar el statu quo del Estado corporativo frente a la contingencia y los vaivenes de los procesos electorales estadounidenses.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la evasión de impuestos, el fraude y el contrabando significan pérdidas por el orden de ¢2,6 billones al año, lo que equivale a un 5,66% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para 2018 —año clave debido a la citada reforma—, la evasión, la elusión y el fraude fiscal, junto con su vínculo con el déficit, se presentan como fenómenos separados. Por tanto son estimaciones.

Así, los datos clave sobre la evasión y la elusión fiscal en porcentaje del PIB para 2018 fueron del 4.6% (según estimaciones del FMI).

En tanto, el «Hueco Fiscal» (o presupuestario específico) fue de 2.25% en agosto de 2018.El costo de las exoneraciones fiscales fue de 5.6%|, habiendo un déficit financiero anual costo de las exenciones fiscales según el Ministerio de Hacienda de 6%.

Otras fuentes, como declaraciones públicas dadas por el presidente de entonces, Carlos Alvarado, mencionaban una cifra cercana al 6% del PIB . Estas estimaciones reflejan los impuestos que se dejan de recaudar por estas prácticas.

El Hueco Fiscal – término que se usó en 2018 para referirse a un bache presupuestario específico de ₡900.000 millones, equivalente al 2.25% del PIB -se atribuyó a una falta de previsión del gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) para cubrir vencimientos de deuda a corto plazo.

Año

Hueco Fiscal (%del PIB)

Porcentaje de Exoneraciones (% del PIB)

Otros Beneficios / Déficit (% del PIB)

2018

2.25%

5.6%

6.0% (Déficit financiero anual)

Estimaciones del Ministerio de Hacienda, dan cuenta que entre 2018 y 2023, en Costa Rica, las exoneraciones fiscales (gasto tributario) rondaron en promedio entre el 4% y el 4,8% del PIB anual (superando los ¢2 billones por año), mientras que la evasión e incumplimiento tributario se estimó entre el 5,1% y casi el 6% del PIB (cerca de ¢2,5 billones anuales).

El Gobierno Central cerró el año 2025 con un déficit financiero de 3,4% del PIB, una cifra menor al 3,7% registrado en 2024. Además, el país mantuvo un superávit primario positivo de ₡487.920 millones, lo que equivale al 0,9% del Producto Interno Bruto, según los diversos datos consultados.

De esta manera, un cementerio de trámites y credenciales fiscales sepulta a quienes llevan media vida sobreviviendo al fuego fatuo de la «dictadura democrática», esa mariposa de mil cabezas que promete patria y entrega un terreno baldío, estéril y repleto de rocas. En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios, los esqueletos de las escrituras notariales cobran pulso para recordarnos que aquí nadie es dueño de nada, salvo del derecho a firmar su propio desalojo bajo la bendición de un notario que sonríe desde el fondo del espejo.

En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios abordaremos los problemas estructurales que hemos pagado quienes tenemos algunos años sobreviviendo en perfecta “dictadura democrática”. Entrecomillado porque lo dijo otro que bien conoce sobre el tema.

Cinpe-UNA: aumento del IVA al 13% afectaría más a familias de menos ingresos

UNA Comunica. Pasar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual al 13%, tendría una afectación mayor en los grupos de población de menores ingresos, frente a los más adinerados.

El estudio IVA a la canasta básica del 1% al 13% elaborado por Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), le da un contexto económico y social al impacto de una medida fiscal que el Gobierno tiene en valoración, como respuesta a la situación fiscal que atraviesa el país.

Aun y cuando se ha mencionado la formulación de un “IVA personalizado” para devolver eventualmente a los de menores ingresos el impuesto que se pagaría de más, el análisis contempla los riesgos de que una medida así cumpla con efectividad los fines propuestos.

¿Quién paga más?

Lo cierto del caso es que un aumento en el IVA sobre la canasta básica tendría un resultado preponderante en cuanto a la recaudación tributaria. Bajo un escenario de un incremento del 1% al 13% el monto recolectado pasaría de 42.065 millones de colones a 546.841 millones de colones. Esto representaría un 1% del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, la factura social que se pagaría a cambio de ello golpearía de manera regresiva a los hogares.

Para el primer quintil (el más pobre), que percibe un ingreso promedio mensual de 321.351 colones, el cambio implicaría un 6.7% de los ingresos percibidos. Para el segundo quintil (el segundo más pobre y con un ingreso promedio de 604.749 colones en promedio), el efecto se rondaría entre un 4% y un 5%.

Si se considera que el primer quintil emplea un 44.1% de sus ingresos al mes en sufragar gastos por bienes de la canasta básica y el segundo quintil utiliza un 28.8%, el efecto toma otra dimensión. “Para un hogar del primer quintil, la magnitud equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año. Para el segundo quintil, que está compuesto por hogares vulnerables no pobres, el riesgo es relevante en el descenso bajo la línea de pobreza”, indica el estudio.

Los tres restantes quintiles (tres, cuatro y cinco) percibirían efectos menores de aplicarse el ajuste en el IVA.

Para el tercer quintil la carga sobre sus ingresos sería entre un 2.5% y un 3.5%. Bajaría a un rango entre un 1.5% y un 2% en el cuarto quintil, y se ubicaría entre un 0.6% y un 1% en el quinto quintil.

A diferencia del primer quintil, que utiliza casi la mitad de sus ingresos para la compra de bienes de la canasta básica, el quinto quintil (el más adinerado), que percibe un ingreso promedio mensual de 2.675.743 colones, utiliza solo un 9.9% de ese monto a la adquisición de estos productos.

Eliminar la exoneración sobre la canasta básica fue una de las recomendaciones planteadas en mayo anterior por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Consulta del Artículo IV del acuerdo del Crédito Flexible con Costa Rica, como una forma de asegurar la sostenilidad fiscal del país a mediano plazo. Desde entonces, el tema ha estado en el debate público, aunque el gobierno aún no ha presentado una propuesta formal en esa línea.

Efectos adversos

Aunque la recaudación de subir el IVA al 13% tiene un impacto en la recaudación del 1% del PIB, el análisis del investigador Leiner Vargas establece que, de entrada, habría un aumento directo del 11.9% en el precio final que paga el consumidor en bienes esenciales como arroz, frijoles, huevos, lácteos, panes y harinas y proteínas (pollo, res, cerdo, atún y sardinas).

Este incremento tendría una carga relativa sobre el primer decil de ingresos que corresponde hasta 12 veces más que la del decil más rico. Incluso, el estudio indica que, al aplicar una serie de indicadores que miden la desigualdad económica, la progresividad del impuesto y los efectos redistributivos, en todos los escenarios, el resultado sería pernicioso.

Mientras que la idea de aplicar un IVA personalizado, con un mecanismo de devolución del impuesto hacia los sectores más vulnerables, puede chocar de frente con la realidad. “Dadas las brechas de cobertura de los registros sociales y la experiencia regional con estos esquemas, la probabilidad de errores de exclusión en el primer quintil es suficientemente alta como para desaconsejar la medida en su formulación actual”, apunta el informe.

Entre esos riesgos, destacan por ejemplo el hecho de que pueda existir una población vulnerable sin estar registrada en los sistemas de focalización como Sinirube, la alta informalidad del mercado laboral en el país que afecta hasta 800 mil personas, la migración irregular y la población adulta mayor que no recibe ni siquiera una pensión no contributiva.

“La evidencia regional no es alentadora: los esquema de focalización de transferencias en América Latina, incluida la experiencia uruguaya con el IVA personalizado, registran errores de exclusión de entre el 20% y el 40% en el primer quintil y las brechas de cobertura de Sinirube, particularmente en la población informal, rural y migrante, sugieren que el país no está exento de ese patrón”, destaca el informe.

La conclusión es contundente: la homologación de la tarifa de la canasta básica al 13% debe rechazarse.

Al respecto, Vargas explora cinco medidas que deberían implementarse en caso de avanzar sobre esa ruta. La primera es verificar con una auditoría independiente los registros del primer y segundo quintil, seguida de la definición de un mecanismo de devolución automático, mensual y no condicionado.

En tercer lugar establecer una gradualidad de tarifas que puedan revertirse de acuerdo con indicadores de pobreza y seguridad alimentaria. La cuarta medida sería el análisis de medidas alternativas como por ejemplo una tarifa general menor con una base más amplia de la canasta básica. Finalmente, que se realice una evaluación independiente de los impacto percibidos con el compromiso de divulgación de resultados.

Leiner Vargas Alfaro amplía sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=24k6mlG_je8

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Breve exposición de la coyuntura nacional

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
Francescomc8@gmail.com

En política estatal resulta en un contrasentido -al menos a nivel práctico- decir que se es conservador en lo social y liberal en lo económico, porque es interseccional y no va desligado uno del otro. Para que la ciudadanía tenga una buena vida requiere una economía estable y políticas de reducción y migración de desigualdades; la política económica está estrictamente ligada a lo social.

A propósito de lo anterior, propongo el análisis de ciertos temas que forman parte de la discusión política y legislativa en Costa Rica.

Por un lado, las jornadas 4×3 se vienen impulsando desde hace más de 20 años, el poner en la mesa un proyecto no estudiado verdaderamente a fondo que, en ciertas aristas socava los derechos del tico promedio a favor de empresarios no es nada por celebrar, a pesar de que tenga un apoyo popular. El apoyar proyectos de este tipo (tal y como fue propuesto por la diputada Daniela Rojas) no representan verdaderamente una ventaja competitiva. En el cuatrienio pasado nunca se indicaron ni se demostraron estudios o análisis que demostraran una relación causa-efecto entre la aprobación de jornadas de 4×3 con el arribo al país de las empresas transnacionales y la generación de nuevos empleos. Se utilizó como estrategia argumentativa el hecho de que “vamos atrasados” en la región, en lo que compete a normas que impulsen la competitividad. Sin embargo, los ejemplos utilizados corresponden a países que, al día de hoy, poseen una legislación laboral más laxa respecto a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Se menciona lo anterior debido a que el origen del Derecho Laboral es sopesar las desigualdades naturales que existen entre los patronos y los trabajadores. En una relación laboral se enfrentan intereses contrapuestos, el trabajador busca siempre ganar más y (de ser posible) trabajar menos. Por otro lado, el patrono busca gastar menos y producir más. La historia ha demostrado que cuando no se le establecen límites a los grandes empresarios pueden ocurrir grandes abusos causados por la desventaja y la relación de poder que existe entre la parte trabajadora y la empleadora, por lo que el Derecho Laboral ha ido dignificando poco a poco el trabajo y otorgando mejores condiciones (días de descanso, jornadas de 8 horas, vacaciones, aguinaldo, etc.). Cabe reflexionar si verdaderamente estas propuestas son para el beneficio del pueblo o de unas pocas élites. Es importante analizar a fondo estas reformas estructurales dentro de nuestros códigos.

Luego, el crecimiento del PIB no es el indicador más adecuado para medir la calidad de vida del ciudadano costarricense promedio, debido a que es una estadística que corresponde a un factor macroeconómico, que no necesariamente corresponde a lo micro. No hay un aumento real de nuestros ingresos que se refleje con una mejor calidad de vida. Dentro de la región latinoamericana, Costa Rica tiene uno de los salarios más altos, sí, pero también es de los países con el costo de vida más elevado. El disfrutar de una buena calidad de vida no corresponde a la mayoría del país. Se resalta esto porque, en mínimas condiciones -salario base- no basta con dicho salario para satisfacer las necesidades personales y familiares. Costa Rica dejó de ser un país de clase media por uno que, con el paso del tiempo, ahonda en las desigualdades. Vivimos en un Estado de economías paralelas, donde los indicadores macroeconómicos nos hacen parecer una potencia, pero el ciudadano de a pie con costos llega a fin de mes.

Por otro lado, el endurecimiento de penas llama mucho la atención, de hecho, Costa Rica es uno de los países latinoamericanos con las penas más largas y de los países que más duro castiga en la región. No es necesario ser penalista para saber que subir las penas no reduce la delincuencia, lo que sí lo reduce es la efectividad de las sanciones. Es decir, que el Estado castigue cuando corresponda y que sea esperable de la ciudadanía que el Estado persiga y sancione las conductas antisociales, evitando la impunidad. Al Poder Judicial le corresponde actuar cuando los hechos ya pasaron, cuando ya es demasiado tarde y la prevención falló. Por lo cual, corresponde en un grave error el responsabilizar al Poder Judicial por la tarea preventiva, la cual le corresponde al Poder Ejecutivo mediante la implementación de políticas sociales, culturales y académicas en beneficio de la población. Es la educación e inserción social lo que corresponde al Poder Ejecutivo para prevenir la delincuencia y que, particularmente las personas jóvenes no vean en bandeja de plata el integrarse a la delincuencia organizada.

Es importante traer a la mesa dichos temas de relevancia cuando en la agenda legislativa las conferencias presidenciales de los miércoles y las discusiones del día a día nos abarrotan con información sobre distintos temas. Esperamos como ciudadanos que las diputaciones y Presidencia verdaderamente trabajen en conjunto por el bien del país. Esto porque, mientras los ciudadanos ansiamos reformas y nuevas políticas, dentro de la Asamblea Legislativa las fracciones pelean entre sí. Es menester recordar que son delegados del pueblo, elegidos mediante elecciones populares para manifestar la voluntad del soberano, que reside en la ciudadanía. Cuando se aprueban iniciativas trabajadas entre las diversas fracciones es cuando -generalmente- se aprueban las mejores normativas, debido a que pasan por un minucioso filtrado de diversas ideologías y posiciones. También quisiera llamar a la ciudadanía a fiscalizar la labor de los mandatarios, porque el poder no es el mismo cuando sabe que lo observan, que cuando no.

Elecciones 2026: Las propuestas económicas también hablan de la vida cotidiana

Carlos Hernández Porras
Economía social y solidaria
carloscokomal.p@gmail.com

Cuando escucho las propuestas económicas de los partidos políticos, no puedo evitar pensar que no se trata solo de números, planes o discursos técnicos. Detrás de cada propuesta hay una forma concreta de ver la vida, el trabajo y a las personas. La economía, aunque a veces se presente como algo lejano, se vive todos los días: en el empleo que se consigue o no, en el salario que alcanza o no alcanza, en la seguridad de llegar a fin de mes.

Muchas de las propuestas actuales insisten en lo mismo de siempre: competitividad, atracción de inversión, infraestructura y seguridad como motores del desarrollo. Ese enfoque no es nuevo. Responde a un modelo que apuesta a que, si el país resulta atractivo para el capital, los beneficios eventualmente llegarán a todos. Sin embargo, desde la experiencia cotidiana, esa promesa no siempre se cumple.

He visto cómo la llamada competitividad beneficia sobre todo a ciertos sectores, mientras amplios territorios y comunidades siguen enfrentando precariedad, empleo informal y falta de oportunidades. Se habla mucho de crecimiento, pero poco de cómo se reparte ese crecimiento y de quiénes quedan fuera del camino.

Otro tema recurrente es la formalización laboral. Se plantea facilitar las condiciones para que las empresas se pongan al día, eliminando sanciones o flexibilizando requisitos. Aunque esto puede parecer razonable, deja intactas las causas profundas del problema: salarios insuficientes, inestabilidad laboral y un modelo económico que concentra la riqueza en pocas manos. Formalizar, sin cambiar esas condiciones, no mejora realmente la vida de las personas.

Algo similar ocurre con las pequeñas y medianas empresas. Se les ofrece acompañamiento para sobrevivir los primeros años, pero desde una lógica individual, como si cada quien tuviera que arreglárselas solo. En la práctica, muchas personas emprenden no por oportunidad, sino por necesidad, y enfrentan el mercado sin redes de apoyo reales ni solidaridad económica.

Desde mi vivencia, hace falta mirar la economía desde otro lugar. La economía solidaria propone algo distinto: cooperación en lugar de competencia extrema, redes comunitarias en lugar de aislamiento, y acuerdos sociales que pongan en el centro la dignidad del trabajo, el cuidado del ambiente y el bienestar colectivo. No es una idea abstracta; es algo que ya sucede en comunidades, cooperativas y organizaciones que resisten día a día.

Las propuestas económicas no son solo planes de gobierno. Son señales claras del tipo de país que se quiere construir. Por eso es importante preguntarnos si queremos seguir apostando por un modelo que deja a muchos atrás, o si estamos dispuestos a imaginar y construir una economía más humana, más justa y más cercana a la vida real de las personas.

Cuando los superricos no pagan, la sociedad se arruina

Welmer Ramos González
Economista

La evidencia desmiente lo que la política repite con fe ciega.

Durante décadas se nos ha vendido, casi como una ley natural, que bajar los impuestos a los muy ricos impulsa el crecimiento y beneficia a toda la sociedad. Se trata de un mantra vacío que resuena en campañas electorales, tertulias televisivas y discursos de “expertos” de ocasión. Esther Duflo y Abhijit V. Banerjee, premios Nobel, lo exponen con claridad en el libro Buena Economía para Tiempos Difíciles: es una idea muerta que sigue caminando porque a muchos les conviene mantenerla viva.

El guion es siempre el mismo: “si los millonarios pagan menos impuestos, invertirán, innovarán y crearán empleo”. Una historia cómoda para quienes ya están arriba, pero incompatible con los hechos. Entre 1936 y 1964, Estados Unidos mantuvo tasas marginales del impuesto sobre la renta entre el 77% y el 90%. ¿El resultado? El país no se hundió; creció, se industrializó, innovó y se consolidó como potencia mundial. Desde entonces, las tasas han caído hacia el 30%, sin que el crecimiento se haya acelerado. Las rebajas fiscales solo enriquecieron a quienes ya lo eran.

Los ejemplos abundan. Clinton subió impuestos y la economía se expandió. Bush los bajó y lo único que aumentó fue el déficit fiscal. El estado de Kansas implementó una reducción tributaria radical entre 2012 y 2013: prometieron un boom económico y obtuvieron un colapso fiscal que obligó a cerrar escuelas y a recortar servicios esenciales. Hubo cero crecimiento y un enorme daño social.

La evidencia académica es igualmente contundente. Un estudio citado por Duflo y Banerjee, realizado por la Universidad de Chicago sobre 35 reformas tributarias en Connecticut desde la Segunda Guerra Mundial, demostró que reducir impuestos al 10% más rico no mejora empleo ni ingresos, mientras que aliviar la carga al 90% restante sí impulsa la economía. Es simple: cuando la mayoría tiene poder adquisitivo, la economía se mueve. Cuando se engorda a los superricos, el dinero termina en ahorro o en especulación financiera.

Aun así, la política insiste en defender este dogma sin sustento. La reforma fiscal de Donald Trump en 2017 —que redujo la tasa corporativa del 35% al 21%— es prueba suficiente: no hubo incremento en inversión ni en producción. Sí hubo, en cambio, caída en la recaudación y aumento en la desigualdad. Los datos no mienten; los discursos, sí.

Lo más llamativo es que funcionarios, consultores y opinadores sigan defendiendo estas rebajas como si fueran pociones mágicas. Hablan de “crecimiento potencial” sin una sola cifra que los respalde. Repiten el dogma porque creen en él o porque les conviene creer. Cuando la evidencia los contradice, la descartan como si se tratara de un error metodológico. Así es como la economía se convierte en religión.

Mientras tanto, la realidad grita lo que la ideología se niega a oír: las sociedades más prósperas —Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos— combinan impuestos altos con Estados robustos. Y también combinan bienestar, movilidad social, cohesión, infraestructura, ciencia y estabilidad. No es coincidencia; es causalidad.

Los impuestos no son un castigo: son el precio de vivir en un país que funciona. Sin ellos no hay educación pública, salud, carreteras, seguridad, justicia independiente ni oportunidades reales. La pregunta no es si debemos pagar impuestos, sino qué tipo de país queremos construir.

El caso costarricense: un modelo tributario que premia la elusión

En Costa Rica, se ha consolidado un modelo que favorece a las empresas de mayor tamaño —particularmente al 1% de mayor facturación— mediante menores cargas impositivas y amplias exoneraciones. La existencia de portillos legales permite la elusión mediante el traslado de compañías al Régimen de Zonas Francas, la desviación de utilidades hacia jurisdicciones de baja tributación, el uso de una territorialidad extrema que desvincula el impuesto del verdadero origen de los fondos y la permisividad con estructuras corporativas radicadas en paraísos fiscales.

El resultado es un sistema desigual que expone a las pequeñas y medianas empresas a una competencia desleal devastadora, mientras el país no muestra mejoras significativas en crecimiento económico ni en sofisticación productiva. Se ha premiado la ingeniería fiscal, no la innovación ni la inversión real.

Una estructura tributaria que castiga a la mayoría y privilegia a unos pocos

Hoy en Costa Rica, quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del país, son las pymes, las personas trabajadoras por cuenta propia, los asalariados y, en general, la ciudadanía; esos son quienes cargan con la mayor proporción de los impuestos. El problema no es técnico; es ético y político. Mientras la mayoría cumple, ciertos grupos empresariales con facturaciones superiores a los ¢20.000 millones anuales han aprendido a no pagar, aprovechándose de portillos legales y de asesorías diseñadas para erosionar la base tributaria. No contribuyen al país que les permite operar; extraen de él.

Amparados en vacíos normativos y en un ecosistema de consultores sin escrúpulos, han logrado operar como verdaderos parásitos fiscales, disfrutando de una posición de privilegio que —además de esa desigualdad obscena— resulta ofensiva para cualquier noción de justicia económica. Manipulan regímenes fiscales especiales hasta prostituir su propósito original, convirtiéndolos en plataformas de ingeniería contable destinadas a evadir responsabilidades.

El resultado es una competencia desleal brutal: las pymes deben enfrentar el mercado pagando lo que la ley exige, mientras algunos grandes capitales compiten con reglas diseñadas —o toleradas— para favorecerlos. El país premia la elusión sofisticada en lugar del esfuerzo productivo; la contabilidad creativa en vez de la innovación; el privilegio en vez del mérito.

Los datos recientes lo confirman

Las cifras del Ministerio de Hacienda muestran que, mientras en 2024 la producción creció con fuerza y los ingresos tributarios aumentaron en casi todos los rubros, ocurrió un hecho revelador: los impuestos sobre la renta pagados por las personas jurídicas (particularmente los grandes contribuyentes) cayeron.

Esto es consecuencia directa de las reformas legales impulsadas por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para reforzar el concepto de territorialidad, que permite trasladar utilidades generadas en Costa Rica hacia el exterior y simular que se obtienen en territorios de baja tributación. Esos privilegios no solo distorsionan la competencia, sino que debilitan la capacidad del Estado para financiar los bienes públicos indispensables para un crecimiento equilibrado y sostenible.

Lo más grave es que —como lo demuestran Duflo y Banerjee— estas rebajas fiscales no producen crecimiento económico, ni en Estados Unidos ni en Costa Rica. Solo generan desigualdad, pérdidas fiscales y una peligrosa ilusión de prosperidad.

Costa Rica necesita valentía política

La idea de que los impuestos bajos para los multimillonarios generan desarrollo es un mito tóxico. Lo sorprendente no es que siga circulando; lo sorprendente es que aún haya quienes lo defiendan con seriedad.

La economía progresa cuando se invierte en la gente, no cuando se subsidia a quienes ya lo tienen todo. La ciencia económica ya dio su veredicto. Lo que falta ahora es que la política —y especialmente quienes aspiran a gobernar Costa Rica— dejen de repetir supersticiones y tengan la valentía de enfrentar el modelo impositivo con seriedad, coherencia y datos.

El país necesita líderes capaces de romper con los dogmas, no de repetirlos.

Semos buenos con los ajenos y malos con los propios… Salarruè but not Salarruè

Por Moisés Roberto Escobar
Investigador asociado FUDECEN Centroamérica

Las noticias del «despegue económico» salvadoreño dan cuenta de una transformación amplia, como en ciclos anteriores y del antaño nacional. Múltiples análisis y la obviedad de la realidad salvadoreña evidencian el acelerado y reciente avance social y económico de El Salvador, empujado por la mejora en la seguridad pública y el avance en la consolidación de un sistema de gobierno centralizado.

Lo inusitado es la posibilidad desde una práctica de la consolidada gobernanza nacional y de absolutismo del órgano Ejecutivo, junto con los resultados en materia de seguridad pública. Ahora, surgen ingentes oportunidades de dinámica eco sectorial que, se acompañan de políticas profundas de incentivos a la inversión, como la atracción de inversiones directas y para sectores económicos específicos.

La fórmula parece dar resultados. Por ejemplo, en el último semestre 2025 se identifican crecimientos intersectoriales de hasta 33%, aumento del financiamiento y de los incentivos para la Inversión Extranjera Directa, ocupación acelerada de suelos que transforman sus usos.

Por otra parte, destaca la política transaccional de USA que anula ciertos aranceles en canje por medidas de salvaguardas ambientales. Es decir, de lo último, posibilita un proceso de aumentos en las exportaciones desde El Salvador y para algunos sectores. Rubros como el agro, la industria diversificada pueden tener posibilidades de insertarse a la bonanza económica.

Es necesario definir quiénes se benefician, cuáles son las oportunidades y cómo impulsarlas para lograr un desarrollo sostenible, resiliente y de bienestar asequible.

Por qué, porque la economía salvadoreña desde su liberalización (la más profunda y reciente en los años 90) se preparó para la inversión y los agentes económicos del extranjero, pocamente con un refuerzo de lo local bottom – top. Lo que, además de provocar un fenómeno de expoliación y fuga de riquezas, que aunque emplea y produce mano de obra, provocó una precarización laboral, como también, una precarización de la naturaleza. Mayormente con aspectos de baja recaudación para los grandes capitales, aumento de la contaminación y el deterioro territorial, como también de la privación y la reducción de oportunidades de mejora en los sistemas de bienestar (como la educación, la salud, los servicios básicos domiciliares) y, ahora, aparecen los fenómenos de la gentrificación, del crecimiento de las prácticas fiscales regresivas, …

Y en la patria grande ¿cómo vamos?

Recientemente la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) a través del Centro de Estudios para la Integración Económica (CEIE), en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SECOSEFIN) publicaron el Informe económico regional 2023 – 2024, el informe señala, que:

a) una leve desaceleración al 5.4% en 2025.

b) El sector servicios, que se recuperó tras la pandemia de COVID-19, registró un aumento de 13.9%, alcanzando los USD 58,253.1 millones.

c) la tasa de empleo fue de 94% y una tasa de desempleo de 5.9%. El empleo formal creció en la región, aunque de manera desigual, con porcentajes entre 7.8% y 1.7%

d) Los ingresos tributarios aumentaron, alcanzando un promedio de 14.1% del PIB (SECMCA – SIECA, 2024)

Además, en el informe se identifican los principales productos de exportación que a los que la región centroamericana podría fortalecer integralmente, mostrados a continuación:

De las exportaciones regionales, USA representa el 49.7% del total exportado (+1.% con respecto al periodo anterior), seguido de la Unión Europea (19.4%), República Popular de China (4.7%), México (3.35), Japón (2.5%), Canadá (2.0%), Puerto Rico (2.0%, redujo 16.3%) y Haití con 2.0%, el cual redujo 28%.Destacando, también, la relevancia del comercio entre los países del propio continente americano, equivalentes a tres cuartos de la dinámica comercial de exportación (SECMCA – SIECA, 2024).

Ahora bien, las economías centroamericanas tienen una estructura y composición mayoritariamente de sectores de economía popular, informal, empresas micro, pequeña y mediana, hasta para nueve de cada 10 negocios en algunos países, y solo uno/10 corresponde a grandes empresas. Donde, las empresas MYPE y, posiblemente los sectores de economía popular – informal emplean a más del 70% de la población ocupada, generan más de la mitad de la economía nacional, que a su vez se complementa con cerca del aporte del 20% que representan las remesas (Forbes, 2025; Forbes, 2025b; FUSAI – FLACSO, 2025; La Prensa Gráfica, 2023).

En la narrativa salvadoreña expuse y dejé para intuiciones, someramente, desde el aporte de los sistemas locales económicos, luego la contrariedad o yuxtaposición de la gobernanza y la gobernabilidad que les arremete en desprotección. Contrario a lo ocurrido con las diversas prácticas y mecanismos de fomento, incentivos, exenciones y otros pleonasmos hacia el extranjerismo o fomento de aquello que no viene desde las bases comunitarias y agentes económicos oriundos, como las MYPE y sectores de economía popular – informal. Esto, para el caso centroamericano lo dejo a: “por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16). Es decir, nuestros gobiernos desprotegen, abandona y arremeten contra nuestros principales agentes oriundos de economía y salvaguardan e impulsan extranjerismos. OjO, abogo por reequilibrios, no por extremismos.

Insisto en la obviedad: si las economías centroamericanas crecen, con dinámicas expansivas intersectoriales altísimas, para sectores como el turismo, la construcción, el financiero, por señalar algunas ¿Por qué eso no se traduce en progreso integral, estructural y mejoramiento en la calidad de vida y bienestar de las personas?, ¿Qué ocurre con toda la riqueza generada?, ¿Cómo se genera y distribuye la riqueza?, ¿Por qué si nos enteramos que existe una elevada generación de riqueza, que no se distribuye en la proporción y justicia/costos con la que se genera, continuamos apalancando a sectores expoliativos?

Hagamos dialéctica y mayéutica (ya iniciada antes). Nos urge (además de todo lo otro que también urge y prioriza), explorar, analizar y evaluar la costo – efectividad de las políticas públicas. Principalmente, nos debe increpar y mover hacia el fortalecimiento de los agentes locales, los insertados en los sectores de economía popular, informal, MYPE, de inversión extranjera directa, aportantes de remesas. Esto para dar la debida transición y el apropiado reequilibrio que nos haga de la gobernanza y la gobernabilidad reivindicaciones costo – efectivas. Esto quiere decir: volver la mirada hacia lo propio, a lo interno, a lo endógeno, y fortalecer las economías locales de proximidad y de capacidad productiva, industrial, comercial y de servicios en modelos mixtos de negocios, como el público, cooperativos – solidarios, privado que, den debida cabida al progreso integral de nuestros territorios.

Entonces, pienso yo (desde lo que alcanzo a saber y designoro más…), debemos:

1) volver aceleradamente (ipso facto) a la recuperación de los sectores locales de producción e industria, mediante zonas de protección y territorios económicos especiales para

2) rescate y fortalecimiento de sistemas de economía cooperativa – mixtos público/privado

3) recuperar los mecanismos de compras públicas locales

4) fortalecimiento de los sistemas multipolares/de escala de producción, industrialización y comercio encadenados

5) fomento del financiamiento condicionado, multiparamétrico y diferenciado de los sectores estratégicos – clave

6) continuar la apertura comercial internacional expansiva, mayormente con la debida integración Centroamericana…

7) avanzar y concretar la república centroamericana, como praxis de cohesión, cooperación, unionismo, articulación y coordinación económica, política, administrativa – logística porque “unidos somos más fuertes y, nadie se salva solo”.

Esto es posible (para el caso salvadoreño), actualmente el poder Ejecutivo mantiene una gobernanza absoluta, irrestricta, solo falta voluntad e interés superior por el bien común. Y, para Centroamérica, reivindicando y sanando a su Sistema de Integración, a su Organización de Estados Americanos, a sus entidades regionales bancarias y demás organismos centroamericanos.

El crecimiento económico no se traduce en bienestar integral por la concentración de riqueza y falta de políticas redistributivas. Urge fortalecer agentes locales y evaluar la costo – efectividad de las políticas públicas

#LetsGo… #CallToAct #NotRegrets #HagamosUbuntu

Referencias:

El Diario de Hoy, El Salvador. (2025). Gremiales celebran acuerdo comercial con EE. UU. y destacan su alcance para exportaciones e inversión. Recuperado de : https://www.eldiariodehoy.com/economia/gremiales-celebran-acuerdo-comercial-con-ee-uu-y-destacan-su-alcance-para-exportaciones-e-inversion/47089/2025/

Forbes (2025). Honduras, segundo país con mayor empleo informal en Centroamérica, según informe regional. Recuperado de https://forbescentroamerica.com/2025/07/24/honduras-segundo-pais-con-mayor-empleo-informal-en-centroamerica-segun-informe-regional

Forbes. (2025b). Envío de remesas a Centroamérica rompió récord en 2024. Recuperado de https://www.revistaeyn.com/inteligencia-eyn/envio-de-remesas-a-centroamerica-rompio-record-en-2024-EP23862464

FUSAI (Fundación de Apoyo Integral) – FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). (2025). El Estado de la MYPE 2025: La otra cara de la economía. Recuperado de https://observatoriomype.org.sv/el-estado-de-la-mype-2025-la-otra-cara-de-la-economia/

Banco Central de Reserva. (2025). Estadísticas y datos de PIB, IVAE, exportaciones, importaciones. Recuperado de https://estadisticas.bcr.gob.sv/

La Presan Gráfica. (2023). Peso de remesas en economía ha subido 8 puntos en 10 años Recuperado de https://www.laprensagrafica.com/economia/Peso-de-remesas-en-economia-ha-subido-8-puntos-en-10-anos-20230129-0054.html

SECMCA (Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano) – SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana). (2024). Informe Económico Regional 2023 – 2024. Recuperado de https://www.secmca.org/informe/informe-economico-regional-anual/

Nota. Salarruè es el escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué, que en su obra Cuentos de barro titula uno llamado «Semos malos», parafraseado en esta nota y con más detalles del escritor acá: https://www.unesco.org/es/memory-world/lac/salvador-salazar-arrue-salarrue-archive-xxth-century

¡Dios te salve patria sagrada! Y, ¡líbranos del mal, también!: El nuevo El Salvador como espejismo de una realidad que todavía no llega

Por Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
LinkedIn
https://sv.linkedin.com/in/moisesrobertoescobar

Lo único constante es el cambio, señalaba el filósofo griego Heráclito. Que cambie, y todo cambie no es extraño, parafrasea Mercedes Sosa con su canto. Sin embargo, desde una praxis asumida de la responsabilidad, conviene la introspección de visibilizar a aquellos cambios que deben re-cambiarse, como los que implican un deterioro en la calidad de vida y de oportunidades de la población.

Para este caso, se plantea brevemente el tema de la desigualdad económica. Un análisis del cambio evidenciado desde la estadística oficial para el contexto salvadoreño. Así, utilizando algunos parámetros de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del periodo 2019 – 2024 se ofrecen algunos elementos que dan cuenta de la situación socioeconómica que enfrentan los hogares y las personas en El Salvador.

Así, importa dimensionar para imaginar la realidad socioeconómica, partiendo de los que están en mayor desventaja estructural. Para ello, se emplean dos indicadores ampliamente utilizados en la medición y comprensión de la desigualdad: el coeficiente de Gini y el índice de Theil. Ambas medidas identifican umbrales de igualdad y de concentración del ingreso, bajo una escala de entre 0 y 1, donde un valor de 0 significa igualdad perfecta (todos tienen el mismo ingreso), mientras que 1 significa desigualdad total (una persona concentra todo el ingreso).

Dicho lo anterior, veamos los datos. Para el año 2024 el valor de Gini del ingreso familiar fue de 0.43 y su valor per cápita de 0.42, mientras que para Theil de los ingresos familiar y per cápita fue de 0.31. Ahora bien, al año 2019 estos valores eran de 0.40 en Gini para los ingresos familiar y per cápita, 0.29 el valor de Theil para la distribución del ingreso familiar y 0.30 en el ingreso per cápita. Lo que en términos generales evidencia un incremento del 5.33% en la distribución de la desigualdad del ingreso salvadoreño.

Cabe señalar que las encuestas de hogares son instrumentos muestrales. Además, presentan limitado acceso a ciertos estratos económicos, junto con desafíos de representatividad, aleatoriedad y confiabilidad de los datos. Esto, es importante en los aspectos económicos donde puedan darse una mayor variedad de subregistros, como los señalados al respecto de la población y hogares de los mayores estratos socioeconómicos. Implicando que, posiblemente los parámetros de desigualdad sean bastante conservadores y, las brechas de desigualdades sean superiores a las estimadas.

Ahora bien, ¿Qué implicaciones tiene la prevalencia o profundización diferenciada de la desigualdad económica? Hay una robusta evidencia que señala la relación directa entre la desigualdad económica con la mala calidad de vida y privaciones del bienestar, mayormente en elementos fundamentales, como son la salud, la educación, el empleo, la recreación y de oportunidades de progreso integral.

Para profundizar un poco en los aspectos en el que la desigualdad tiene evidenciadas implicaciones, destacan algunas referencias obtenidas para el periodo cercano de 2023 – 2024, como:

  • en El Salvador se perdieron cerca de 52,000 empleos. Esto para la población en edad de trabajar (mayor o igual a 16 años)

  • incrementó 3.12% el hambre en los hogares: En 2023 la inseguridad alimentaria desde la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) fue 15.76% y en 2024 18.88%

  • la pobreza extrema pasó de 588,917 personas en 2023 a 610,272 en 2024. Hubo una profundización intersticial e interseccional, acentuándose para niñez, juventud y mujeres. Aunque el total de pobreza redujo 1.85%

¡Hagamos un énfasis!: el agro, es el sector fundamental del país que desaparece estrepitosamente. Para el año 2024 la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca empleaban alrededor de 400,000 trabajadores, equivalente a cerca del 14% del total de ocupados en el país. Pese a la alta ocupación laboral, solo contribuyó en menos del 5% del PIB nacional, lo cual ha sido constante desde el año 2000 a la fecha. En paralelo, la ocupación agrícola decrece históricamente, para el caso, el subsector de pesca redujo su ocupación laboral en 53.47% y 13.05% en agricultura, ganadería, caza y silvicultura con respecto al periodo 2019 y 2024. El horizonte temporal señala la persistencia hecatómbica del agro salvadoreño.

En estudios previos se identificaron brechas sustanciales en la distribución y, potencialmente, la acumulación de la riqueza, como también de acceso a oportunidades de bienestar. Por ejemplo, en el último decenio hasta en seis de cada 10 hogares se padeció hambre por razones económicas; el 10% de la población con los ingresos más altos gana entre cinco y hasta 30 veces más que el 90% del resto de población; solo un cuarto de los trabajadores cuentan con algún sistema de protección social contributivo, como seguro y pensiones; o que solo cerca de cuatro de cada 10 hogares cuentan con acceso a algún tipo de espacio público recreativo, y de estos, solo la mitad los utiliza, debido a factores como la cercanía, calidad, variedad de infraestructura, etc.

Ahora bien, esto no es cuestión de un deterioro estructural de la macroeconomía, sino de la distribución de la riqueza. Una distribución de los agentes económicos (empresas, ONG, gobierno). Ello, porque la economía nacional creció 3.7% para el segundo trimestre 2025 con respecto al II trimestre 2024 y, creció 3.97% en términos del PIB real en el periodo 2023 – 2024. Esto sin considerar las variaciones intersectoriales que, muestran incrementos exponenciales para algunos sectores económicos. Es decir, la dinámica económica del país es alcista, modestamente, pero, alcista.

Entonces, ¿cómo se explica que mientras hay un crecimiento económico, este no se distribuya entre todos sus agentes económicos, impulsando progreso justo? Sin duda, parte de la respuesta se intuye desde los indicadores de Gini y Theil: la distribución de la riqueza por la prevalencia de la desigualdad estructural y subyacente, imperantes.

Lo anterior, deja intuir, también, que hay un proceso estructural de captura, concentración y acumulación de riqueza: inequitativo y, asimétrico. Donde para unas mayorías esa inequidad se materializa en múltiples precariedades y privaciones, mientras para los más favorecidos y receptores de la mayor riqueza, solo acrecienta su status quo. Me hace pensar en la simbiosis o un mutualismo de entropías, que conduce inexorablemente al deterioro, como se evidencia en las manifestaciones del ingente ecocidio que ahora perjudica todo y a todos. El desequilibrio nos daña a todos.

Pero, ¡alto! Esto es no es una narrativa de pesimismo, ni conmiseración, peor, de inercias del ceteris paribus (una falacia economicista). ¡Ojalá y sea una sacudida reivindicatoria! Actualmente, el territorio salvadoreño mantiene un régimen de gobernabilidad que permite cualquier transformación (la transformación es un eslabón mayor al cambio). Por lo que, al ya asumido direccionamiento por la seguridad social, le sobrevienen la recuperación económica y el bienestar humano – ecológico. Es este ámbito al que aludo: la urgencia por un nuevo pacto social y económico, donde se gestionen los debidos reequilibrios y se impulsen las transiciones necesarias, como las que identifico a continuación (con cierta utopía y un tanto de paroxismo):

  • La progresividad fiscal y ampliación diferenciada de los sujetos tributarios,

  • El fomento estratégico de sectores productivos e industriales junto con los sectores de tecnología e innovación,

  • La integración diferenciada y multiparamétrica de los sistemas de economía popular e informal,

  • La diversificación productiva y de servicios de alto valor,

  • El fortalecimiento de los sistemas de protección social contributivos y no contributivos,

  • La flexibilización y agilización de trámites, de logística comercial y de relaciones transaccionales,

  • La recuperación de los sistemas públicos de salud, educación y, desarrollo de sistemas de economía mixtas de bienes y servicios públicos, incluyendo la provisión de vivienda y hábitat, la cogestión de ecosistemas y la provisión de agua y energía. Esto último, con las debidas salvaguardas que garanticen la rectoría y contraloría pública y, de oportunidad a sistemas cooperativos comunitarios como agentes de asociación.

Y, como diría mi abuela Chabe: “le digo a Juan para que lo entienda Pedro”. La región centroamericana presenta similitudes a esa realidad que relato de El Salvador. Conviene, pues, impulsar la debida diligencia que corresponda con los desafíos de nuestro tiempo, incluyendo los abordajes: climático, sanitario, de infraestructura y equipamientos resilientes, de justicia fiscal – tributaria, de protección de la gobernanza y la corresponsabilidad multisectorial diferenciada. Es decir, hacer Ubuntu, colectivizar la debida diligencia por la sostenibilidad y el bienestar integral, asequiblemente.

¿Crédito o trampa disfrazada?

Martín Rodríguez Espinoza

Leí en un medio de comunicación nacional, la reciente aprobación de un crédito de hasta $500 millones por parte del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) a Costa Rica, vendido como “una línea de respaldo ante eventos financieros o climáticos extremos”. Esto no es un simple gesto de solidaridad financiera, es otro paso en la creciente dependencia del país hacia los mecanismos del endeudamiento externo, que lejos de solucionar nuestros problemas estructurales, los perpetúan.

Pero, ¿“eventos financieros o climáticos extremos”? ¿A qué se refieren con “eventos”? ¿A quiénes van a “salvar”? Para mí es esto es muy extraño en tiempos de partidos y campañas electorales.

Además, al fin y al cabo, será el pueblo costarricense el que pague ese préstamo y toda la deuda externa del país.

No soy economista, pero investigando en internet, según datos del Banco Central de Costa Rica, la deuda externa del país supera los $26.000 millones, lo que representa más del 35% del PIB. Hasta se eriza la piel, es decir, más de un tercio de lo que producimos en un año está comprometido con acreedores externos. Esto implica pagos de intereses multimillonarios, año tras año, que se extraen del presupuesto público, ese que debería destinarse a salud, educación, infraestructura y bienestar, para con ese dinero alimentar a los bancos y fondos internacionales como el CAF.

¿Quién se beneficia con estos préstamos? No el pueblo, no las comunidades afectadas por inundaciones o sequías, lo vemos todos los años desde hace décadas. Los que se llevan la tajada más grande son los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, que utilizan estos mecanismos para asegurar la estabilidad de sus inversiones, mantener privilegios fiscales y obtener jugosos contratos públicos financiados con deuda.

También se favorecen los gobiernos de turno, como este de Chaves y todos los anteriores, que evitan enfrentar las causas reales del desastre fiscal, con evasión, elusión, gasto en privilegios, contrabando y un sistema tributario profundamente regresivo. Si es que no se “pierde” en el camino.

Mientras tanto, nosotros, el pueblo costarricense, el que paga impuestos indirectos, el que no puede evadir ni esconder su ingreso y todo se le rebaja, termina cargando con los recortes, el congelamiento de salarios, la privatización de servicios públicos y las imposiciones del FMI y otros organismos multilaterales. Así, cada crédito aprobado bajo la promesa de prevenir “eventos” se convierte en un arma latente que puede activarse en cualquier momento, como ya ha sucedido muchas veces.

Decir que esta línea de crédito es un “paracaídas” es una metáfora peligrosa, seguimos cayendo en picada hacia un modelo económico cada vez más desigual, insostenible y sometido al capital financiero internacional, el capitalismo salvaje.

Costa Rica no necesita más deuda. Necesita justicia fiscal, soberanía económica y una política que ponga en el centro a las mayorías, no al capital, no a los estafadores, los saqueadores, o más directamente dicho, los ladrones.

Entre algoritmos y precariedad: el capitalismo de plataformas y la amenaza a los derechos laborales

Elian Xavier Jiménez Campos
Heredia, 2 de julio de 2025

En Costa Rica y el mundo, una nueva forma de organización del trabajo se ha consolidado a pasos acelerados: el capitalismo de plataformas. Este modelo se presenta como moderno, flexible e innovador, pero detrás de esa fachada digital se esconden relaciones laborales profundamente desiguales y precarias.

Aplicaciones como Uber, DiDi, InDriver, Rappi o Ubereats han transformado la manera en que trabajamos, sin transformar el poder que las sostiene. En estas plataformas, la clase trabajadora ya no es reconocida como tal: ahora se les denomina “colaboradores” o “socios conductores”, figuras sin acceso a salario fijo, seguridad social ni derechos laborales básicos. La relación entre empresa y trabajador desaparece en lo legal, pero no en lo real. La precarización se institucionaliza a través de la tecnología.

En el fondo, lo que estas plataformas hacen es externalizar sus responsabilidades, beneficiándose de un modelo en el que todo riesgo recae sobre quien realiza el trabajo. No hay aguinaldo, vacaciones, seguro o pensiones. Y aunque se promueve la idea de que los trabajadores tienen libertad para conectarse cuando quieran, lo cierto es que los algoritmos premian a quienes están más tiempo disponibles y penalizan rechazos o desconexiones. Es el algoritmo como nuevo jefe invisible, que controla sin rostro, sin contratos, sin límites.

Como juventudes, este fenómeno debe preocuparnos. No solo porque reproduce y profundiza desigualdades económicas, sino porque fragmenta las formas de organización colectiva y desmantela décadas de luchas sindicales. La riqueza se concentra en pocas manos, mientras crece una clase trabajadora informal, sin voz ni protección.

Peor aún: la precarización tiene rostro de mujer. Las plataformas digitales captan mayoritariamente a mujeres y disidencias, quienes ven en la supuesta “flexibilidad” una manera de combinar el trabajo remunerado con las labores domésticas. Pero esa doble jornada, sumada a la falta de garantías y la exposición a violencia digital o acoso, solo refuerza las brechas estructurales.

Costa Rica no escapa a esta realidad. A pesar de los discursos gubernamentales que celebran la innovación tecnológica y el “emprendimiento”, cada vez más jóvenes, mujeres y personas de sectores populares se ven empujadas a estos trabajos sin regulación ni derechos. Si la política pública no actúa, si el Estado no garantiza protección para quienes trabajan en estas plataformas, estaremos normalizando una nueva forma de esclavitud hipermoderna.

Es hora de poner este tema sobre la mesa. De abrir debates en las universidades, los sindicatos y las calles. De exigir que la tecnología esté al servicio de la dignidad humana, no de la explotación sin rostro. Porque si el trabajo del futuro es este, entonces debemos preguntarnos:

¿De qué futuro estamos hablando?