Ir al contenido principal

Etiqueta: desigualdad estructural

El territorio en disputa ¿Un nuevo mapa territorial del poder en Costa Rica?

Abelardo Morales Gamboa (*)

Las elecciones de febrero de 2026 no solo definieron un ganador; alteraron el mapa territorial del poder en Costa Rica. Aunque el país mantiene formalmente su arquitectura democrática, los resultados revelan una transformación más profunda en las bases sociales y espaciales de la legitimidad política. En varios territorios, el Estado ya no ejerce con la misma intensidad su capacidad de integración, regulación y cohesión. Allí donde esa capacidad se debilita, emergen formas híbridas de gobernanza en las que la autoridad pública convive —o compite— con actores no estatales. Las élites partidarias pierden hegemonía local y nuevos arreglos emergen en su lugar.

Este fenómeno no supone la desaparición del Estado, sino la consolidación de una estatalidad desigual. La fragilidad territorial no implica vacío institucional, sino presencia intermitente, capacidades diferenciadas y una gobernanza fragmentada que opera con intensidades variables según el territorio. La experiencia latinoamericana ha mostrado que la formalidad democrática puede coexistir con enclaves de poder informal, donde la autoridad pública se negocia, se comparte o se tensiona con actores económicos y sociales que operan fuera —o en los márgenes— de la legalidad.

En Costa Rica, estas dinámicas no son recientes. Desde finales del siglo XX se advierten señales de desgaste del régimen sociopolítico de la Segunda República. La hegemonía partidaria articulada en torno a Liberación Nacional y el pacto político fundacional de 1948 fue perdiendo capacidad de articulación social. A escala territorial, esa erosión se expresó en debilitamiento institucional, precarización de servicios, fragmentación social y pérdida de densidad del pacto que sostenía la integración entre Estado y ciudadanía.

La coyuntura electoral de 2026 hizo visibles esas fracturas. Como lo documentamos en un artículo anterior, uno de sus rasgos más significativos fue la concentración del voto oficialista en cantones caracterizados por bajos niveles de desarrollo social y altas tasas de homicidio. Este patrón no es anecdótico: señala territorios donde la cohesión social se ha debilitado y donde el Estado enfrenta mayores límites para garantizar bienestar y seguridad.

Las respuestas políticas que pueden emerger en estos contextos son ambivalentes. Van desde la retórica de la “mano dura” —con insinuaciones de suspensión de garantías— hasta formas más silenciosas de estabilización informal, cercanas a lo que en otros países se ha descrito como pax criminalis: arreglos que reducen la violencia visible mientras preservan economías ilícitas y equilibrios de poder locales. En ambos casos, la autoridad pública se redefine bajo parámetros que tensionan el ideal democrático. El país dejará de ser, en definitiva, el viejo modelo de paz.

A este cuadro se suma la migración de liderazgos municipales hacia el oficialismo. Entre 2024 y 2025 al menos catorce alcaldes abandonaron los partidos con los que fueron electos para respaldar la nueva coalición gobernante. Aunque el mayor número de salidas provino de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana, también hubo deserciones desde fuerzas emergentes. No se trata, por tanto, de un simple debilitamiento del bipartidismo histórico, sino de un reacomodo transversal.

Lo significativo es que varios de esos cantones coinciden con territorios donde el oficialismo obtuvo ventajas electorales amplias y donde el Índice de Desarrollo Social es bajo o medio-bajo. Al incorporar al análisis tanto el IDS como la tasa de homicidios, el mapa político adquiere mayor nitidez: la ventaja del Partido Pueblo Soberano frente al Partido Liberación Nacional aumenta sistemáticamente en cantones con menor desarrollo social y mayor violencia.

No estamos ante una simple brecha económica. Se trata de espacios donde convergen desigualdad estructural, debilitamiento institucional y mayor exposición a dinámicas de inseguridad. Son territorios en disputa: ámbitos donde el pacto social pierde densidad y donde la integración al Estado social se vuelve más tenue.

En este contexto, la migración de alcaldes (ver cuadro) no parece obedecer únicamente a cálculos individuales o a oportunismo político. Puede interpretarse como la expresión de un reordenamiento territorial del poder. Allí donde el oficialismo consolidó apoyo en condiciones de fragilidad, los liderazgos locales se alinean con el nuevo eje emergente, reforzando una acumulación política anclada en esos espacios.

La recomposición observada no es meramente partidaria. Lo que se perfila es una reconfiguración hegemónica con base territorial. El antiguo bloque histórico —sustentado en la articulación entre Estado social, clases medias integradas y élites económicas— pierde capacidad de dirección en los territorios donde esa integración se debilitó. En esos espacios emergen nuevas lealtades políticas que desplazan el eje de legitimidad y reordenan el campo de poder. La fractura electoral no expresa solo descontento coyuntural; revela un desplazamiento más profundo en las bases territoriales de la gobernabilidad costarricense.

Si este diagnóstico es correcto, la respuesta no puede limitarse a ajustes institucionales o a discursos de seguridad. La reconstrucción democrática exige fortalecer los tejidos locales que sostienen la vida colectiva. Ello implica inversión social territorializada, recuperación efectiva de la presencia estatal en los cantones más rezagados, promoción de economías locales inclusivas y ampliación de espacios de participación ciudadana. La democracia sustantiva no se preserva únicamente desde el centro político; se reconstruye en los territorios donde hoy se manifiestan con mayor intensidad las fracturas. Es allí donde se juega, silenciosamente, el futuro democrático del país.

Cantones donde los alcaldes cambiaron de partido y su posición socio-territorial (IDS 2023)

Cantón

Provincia

Tendencia IDS 2023

Buenos Aires

Puntarenas

Más desfavorable (por debajo del promedio nacional)

Bagaces

Guanacaste

Moderado-bajo desarrollo social

Limón

Limón

Bajo desarrollo social

Atenas

Alajuela

Medio-bajo desarrollo

San Ramón

Alajuela

Medio desarrollo

Carrillo

Guanacaste

Medio desarrollo

Coto Brus

Puntarenas

Bajo desarrollo social

Acosta

San José

Medio desarrollo

Turrubares

San José

Medio-bajo desarrollo

Monteverde

Puntarenas

Medio-bajo desarrollo

Guácimo

Limón

Bajo desarrollo social

Guatuso

Alajuela

Bajo desarrollo social

Puerto Jiménez

Puntarenas

Tiende a ser de desarrollo más bajo

Río Cuarto

Alajuela

Nivel muy bajo de desarrollo

Fuente: MIDEPLAN y Medios de Comunicación.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

A propósito del ceteris paribus y la liquidez de la alteridad

Moisés Roberto Escobar
Investigador asociado
Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
https://sv.linkedin.com/in/moisesrobertoescobar

Vamos por el principio. Como no dijo Cervantes: despacio Sancho que llevo prisa

En los debates contemporáneos sobre economía, modelos de desarrollo y transformación social, resulta inevitable volver la mirada hacia los principios que tradicionalmente han sostenido la enseñanza económica clásica. Uno de ellos —quizás uno de los más citados y, a la vez, más cuestionados— es el supuesto ceteris paribus, aquella cláusula metodológica que invita a “mantener todo constante” para examinar el efecto aislado de una variable. Si bien esta abstracción es útil analíticamente, su aplicación irreflexiva ha sido señalada como una trampa conceptual cuando se la lleva al terreno de los problemas humanos complejos, donde nada permanece realmente constante y donde la alteridad —la presencia del otro— es intrínsecamente líquida, dinámica y situada.

Pero, por qué el qué: Imbach el maestro tico-argentino o argentino-tico

Recuerdo cómo en los cursos introductorios de economía, el profesor Alejandro Imbach (QEPD) insistía en que dicha simplificación, aunque metodológicamente válida, podía convertirse en una herramienta peligrosa si se utilizaba para justificar diagnósticos o políticas que desconocieran la complejidad social. Advertía, con claridad notable, que muchos discursos públicos caen en la tentación de explicar el progreso o el estancamiento desde una única variable, señalando “la corrupción” como un fenómeno monolítico, aislado y absoluto. Esta narrativa simplista ignora la corrupción sistémica, tácita y legalizada que suele ser más dañina: aquella incrustada en reglas del juego económico, diseños fiscales regresivos, desregulaciones extremas y mecanismos de extracción de rentas que benefician sistemáticamente a minorías poderosas.

Enfatizaba que reducirla a una causa única invisibiliza otros factores estructurales con igual o mayor impacto. La corrupción individual existe, sí… pero existe dentro de sistemas que la incentivan, la protegen, la normalizan. El Estado puede ser capturado… pero también puede ser el mercado quien capture al Estado. La empresa privada puede innovar… pero también puede extraer, expoliar, concentrar sin límite.

Alejandro Imbach fue un comprometido docente, investigador, pensador y corresponsable de nuestro tiempo en Centroamérica. Con un pensamiento audaz y una elocuencia sarcásmica, logró pendular la investigación – acción participativa desde el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) a múltiples generaciones latinoamericanas. Impulsó consciencia, aprehensiones variadas y complejas que, junto a otros acervos siguen aflorando en el compromiso y la proactividad al servicio de las américas y el mundo con soluciones para el desarrollo, la sostenibilidad y el bien común. Por ello, esta memoria toca ese legado que atrevo a ilustrar brevemente.

Ceteris paribus: el placebo para la expoliación y la inacción

Los umbrales de reivindicación deben atravesar todas estas falsas fronteras… porque la transformación que necesitamos no cabe en los compartimentos estancos del pensamiento binario.

Mientras el discurso público se centra en el “caso” puntual, pulula en lo tácito la retrogradez de un sistema mercenario que, bajo etiquetas que han mutado –desde el neoliberalismo ortodoxo hasta ciertas expresiones de capitalismo de extrema derecha política–, expolia recursos públicos, degrada derechos laborales, depreda el ambiente y fragmenta el tejido social. Esta es una corrupción de mayor escala: la que corrompe las reglas, no solo su violación.

Imbach, el maestro, también invitaba a examinar de manera crítica cómo ciertos sistemas económicos —particularmente aquellos de corte mercantilista o neoliberal en su expresión más rígida— pueden generar dinámicas de concentración y exclusión cuando se desentienden de la dimensión humana y comunitaria de la economía. No es juicio moral, es descripción estructural de dinámicas donde la acumulación se desvincula sistemáticamente de cualquier generación de valor social compartido. Esta visión se alinea con diversas investigaciones que advierten que, sin mecanismos de corrección institucional, redistribución o regulación inteligente, los mercados pueden reproducir desigualdades estructurales, afectando la cohesión social y debilitando la confianza pública (como discuten autores como Joseph Stiglitz, Amartya Sen o Ha-Joon Chang). Particularmente en, cómo la desregulación extrema, sin contrapesos institucionales, puede erosionar la igualdad de oportunidades.

En este sentido, la “liquidez de la alteridad” es un recordatorio de que el otro nunca permanece fijo, y que las sociedades no son sistemas de ecuaciones lineales sino ecosistemas en constante flujo, donde la identidad, la agencia y las aspiraciones de las personas mutan, se adaptan y se resisten. Zygmunt Bauman nos alertó sobre la «modernidad líquida» Extendiendo esa metáfora: necesitamos liquidez epistémica, flexibilidad para reconocer que las categorías rígidas —santos versus demonios, público versus privado, Estado versus mercado— son trampas conceptuales que perpetúan precisamente lo que dicen combatir. La economía, la política y la administración pública no pueden tratar al ser humano como una constante; deben reconocer su variabilidad, diversidad y dignidad. Por ello, la reivindicación no es un gesto de confrontación, sino de re-equilibrio. De ajustar el lente. De ampliar la mirada. De corregir asimetrías. De aceptar que los sistemas —económicos, políticos, culturales, académicos— requieren transformaciones continuas para responder a la complejidad del presente.

Por ello, afirmar que “los umbrales de la reivindicación deben ser a todo nivel y en todo” no es una consigna ideológica, sino una reflexión ética profunda. Reivindicar, en este contexto, implica revisar, corregir, equilibrar y reorientar prácticas sociales, económicas e institucionales para que respondan a un ideal más integrador y justo. No desde el maniqueísmo —“ni santos ni demonios”— sino desde la comprensión de que toda estructura humana es perfectible y que la transformación requiere diálogo, evidencia, autocrítica y corresponsabilidad.

Es tiempo de los not regrets: nadie se salva solo… solo en racimo, en Ubuntu

En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, aceleración tecnológica, desigualdades persistentes y cambios culturales vertiginosos, es urgente promover miradas más holísticas. La economía debe dialogar con la sociología, la ética con la política pública, la innovación con la inclusión, y la productividad con el bienestar. Dejar atrás explicaciones reduccionistas permite construir visiones más amplias sobre el desarrollo y la convivencia.

Así, el desafío no es renunciar al rigor analítico del ceteris paribus, sino saber cuándo usarlo y cuándo abandonarlo. No es rechazar los mercados, sino reconocer sus límites. No es negar la existencia de la corrupción, sino comprenderla desde su complejidad sistémica. No es idealizar un modelo u otro, sino buscar equilibrar los múltiples intereses y realidades que conforman una sociedad plural.

Urge la transformación por reequilibrios: reconocer que vivimos en sistemas profundamente desequilibrados donde el capital financiero dicta términos al trabajo, donde el Norte global extrae del Sur, donde las generaciones presentes hipotecan las futuras, donde lo masculino subordina lo femenino, donde lo urbano devora lo rural, donde lo humano arrasa lo no-humano…

Reequilibrar no es «encontrar el punto medio» entre explotador y explotado… es desmontar las estructuras que hacen posible la explotación misma. No es negociar cuánto puede extraer el extractivismo… es cuestionar la lógica extractiva en su raíz.

La verdadera transformación —la que abre paso a la reivindicación— ocurre cuando somos capaces de combinar lucidez técnica, sensibilidad social y responsabilidad ética. Allí donde entendemos que la alteridad es líquida pero no prescindible; que el progreso es deseable pero no automático; y que ninguna categoría, teoría o ideología puede capturar por sí sola la totalidad de lo humano.

Reequilibrios ¿Qué, cómo, dónde?: wake up!

Sin ampliar, ni con otras aspiraciones retóricas o populistas, dejo algunas ideas que pienso pueden orientarnos en la ruta de las debidas reivindicaciones, como son:

A nivel institucional: No basta con perseguir funcionarios corruptos si el diseño institucional mismo perpetúa capturas regulatorias y asimetrías de poder… Urge reivindicar instituciones que no sean meros decorados de legitimación.

A nivel epistémico: Cuestionar los ceteris paribus que naturalizan desigualdades como «imperfecciones de mercado»… cuando son, más bien, perfecciones de un sistema diseñado precisamente para producir esas desigualdades.

A nivel distributivo: Kate Raworth lo plantea con claridad en su «Economía Rosquilla»: entre los límites planetarios y los fundamentos sociales mínimos, ahí debe habitar una economía digna de ese nombre.

A nivel político-económico: Superar falsas dicotomías mediante modelos que prioricen el bienestar colectivo sobre la acumulación concentrada… Ni estatismo ingenuo ni mercadolatría fundamentalista.

A nivel individual: colectivizarnos, conjuntarnos y ejercer corresponsabilidad, hacer contraloría, posibilitando una praxis de integridad y de valores que nos lleven al cambio real: comenzando yo, extendiendo al hogar, a la comunidad hasta llevarlo a todos los entornos de los que concurrimos y somos.

Es tiempo de los not regrets: nadie se salva solo… solo en racimo, en Ubuntu

Nota: fragmento de parte del contenido que Alejandro Imbach compartió en 2015 a sus estudiantes en CATIE:

Las múltiples caras de África: cuestiona la empatía y solidaridad con fronteras

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, Talamanca, Limón, Costa Rica

Contrario a la narrativa simplificada que durante décadas se nos ha impuesto, África no es un país, sino un continente conformado por 54 Estados soberanos, múltiples regiones geográficas y una vasta diversidad de pueblos, culturas y subculturas ancestrales, cuya historia se remonta a tiempos prehistóricos, anteriores a la era cristiana. Desde el Magreb y el norte de África, pasando por África Occidental —incluida Nigeria y su capital económica, Lagos—, África Central, África Oriental y África Austral, el continente africano ha sido siempre plural, complejo y profundamente diverso.

Dentro de estas sociedades, ayer como hoy, han coexistido realidades marcadas por una profunda desigualdad: los que tienen y los que no tienen, una brecha estructural que no ha desaparecido y que continúa reproduciéndose en el presente.

Las imágenes recientes provenientes de Lagos, Nigeria (África Occidental) revelan procesos de desplazamiento forzado, exclusión urbana y concentración de riqueza que resultan incluso más alarmantes que los fenómenos actualmente observados en la costa del Pacífico de Costa Rica, derivados de la implementación de los Planes Reguladores Costeros (PRC) promovidos por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Este paralelismo deja al descubierto una realidad incómoda: el desalojo sistemático de poblaciones de ingresos bajos y medios, junto con la expulsión de pequeños emprendimientos locales de zonas costeras estratégicas para abrir paso a grandes capitales y desarrolladores inmobiliarios, no es una ocurrencia aislada de la política nacional costarricense, sino parte de una estrategia de “desarrollo” de carácter transnacional.

En este contexto, resulta imposible ignorar el silencio sepulcral de muchos autoproclamados líderes de la Diáspora Africana, quienes proclaman con orgullo su ancestralidad africana, se envuelven simbólicamente en togas identitarias, pero dan la espalda a nuestros hermanos y hermanas avasallados en la madre patria. Ese silencio —cómodo y selectivo— se convierte en una forma más de complicidad frente al despojo y la exclusión que hoy sufre África.

Y revela que nuestra empatía y solidaridad tiene fronteras restringidas.

Este patrón global, que atraviesa continentes y discursos, nos obliga a cuestionar no sólo las políticas públicas y los modelos económicos vigentes, sino también la coherencia ética de ciertos liderazgos y el sentido real de la solidaridad afrodescendiente. Al final, la pregunta sigue siendo inevitable:

¿Desarrollo para quién y a costa de quién?

La crisis de la socialdemocracia: entre la irrelevancia y el olvido

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

La socialdemocracia, alguna vez presentada como síntesis entre el marxismo y la democracia liberal, como esa “tercera vía” que prometía un camino intermedio, ha quedado atrapada en un laberinto sin salida desde la proclamación del supuesto “fin de la historia” de 1991. En aquel momento, fue absorbida por el totalitarismo liberal ganador de la Guerra Fría que, disfrazado de pluralismo y falsa horizontalidad, la despojó de su núcleo original: la defensa de las grandes mayorías trabajadoras, campesinas, cooperativistas y de los sectores populares.

De aquel proyecto que aspiraba a constituirse en alternativa real frente al capitalismo salvaje, apenas subsiste una sombra. La socialdemocracia se desplazó hacia un progresismo cultural que, en lugar de reforzar la base social y económica de los pueblos, se volcó a la defensa de agendas propias del liberalismo individualista: la fragmentación de derechos en torno a minorías culturales, la mercantilización del consumo como identidad y una política reducida a gestos y banderas simbólicas. En lo económico, mutó en una versión moderada del neoliberalismo, legitimando la apertura indiscriminada de mercados, la subordinación al capital transnacional y la lógica devastadora de la globalización occidental.

La fórmula tantas veces repetida “abiertos en lo económico y progresistas en lo social”, no es más que un disfraz del neoliberalismo más acérrimo. Se ofrece con un rostro amable, igualitario y moderno, pero en la práctica reproduce la misma concentración de poder en las élites económicas y políticas de siempre, mientras concede migajas de justicia cultural que maquillan la desigualdad estructural.

Sin un retorno a las raíces, a la tradición y a un mestizaje ideológico con lo propio, con la memoria histórica, las formas comunitarias, las identidades populares y los valores autóctonos, como existió en Costa Rica en su momento, la socialdemocracia está condenada a la muerte política. Su alejamiento de los pueblos y la adopción de agendas ajenas a su realidad en nombre del falso progreso, la arrastra a un vacío existencial donde solo prospera el nihilismo: un discurso hueco de inclusión sin sustancia, una socialdemocracia zombi, un progresismo incapaz de transformar, y una economía que perpetúa las cadenas del capital.

Una ideología que no logra arraigarse en la historia concreta de los pueblos, que no dialoga con la tradición ni se mezcla con lo propio, termina por perder vitalidad y horizonte. La socialdemocracia, en su versión actual, ha dejado de ser alternativa para convertirse en mera administradora del mismo sistema que afirmaba combatir. Si no ocurre un retorno a las raíces y una reconciliación con las verdaderas demandas de las mayorías, su destino será la irrelevancia y el olvido.

El capital, mientras tanto, ha sabido estudiar a fondo a sus adversarios históricos y extraer de ellos lecciones para neutralizarlos, incorporando parte de sus banderas como medidas preventivas y desarmando así cualquier posibilidad de cambio real.

Hoy, esta corriente que en su momento fue rebelde debe ir más allá y dejar de creer que con publicar algo en redes sociales o participar en un acto performativo es “hacer resistencia”, mientras la vida material del pueblo se deteriora en todos los aspectos.

La verdadera resistencia no se construye en la virtualidad ni en gestos simbólicos de una curul, sino en la organización concreta, en la recuperación de la soberanía política y económica, y en la reconstrucción de un proyecto arraigado en la memoria del pueblo. Sin ese salto cualitativo, la socialdemocracia seguirá siendo un actor ornamental del sistema que dice cuestionar, destinada a diluirse entre la irrelevancia y el olvido.

¿POR QUÉ DESTRUCTORES Y MALANDRINES? (III)

Adriano Corrales Arias*

En su LIII aniversario, la emergencia nacional provocada por la pandemia del Covid-19 trajo a flote la crisis que arrastraba el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), acumulada en los últimos treinta años y acelerada en los últimos diez. Merced a la contrarreforma neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado con los tristemente célebres Planes de Ajuste Estructural (PAEs), dicho ministerio fue despojado de algunas de las funciones estratégicas para las que originalmente fue creado. Por eso carga con serias limitaciones para responder a una realidad cambiante y también en crisis, la cual se expresa en una sociedad trastocada por el cambio global y por una creciente y profunda desigualdad estructural.

Frente a ese aniversario y ante el opaco bicentenario de la “república”, muchas personas pensamos que bien valdría la pena realizar un balance colectivo del ministerio y de las políticas culturales en Costa Rica para repensar lo que se había hecho y dejado de hacer, pero, fundamentalmente, sobre el rol que debería jugar el MCJ en el futuro cercano, sin olvidar que, al menos simbólicamente, también es el ministerio de la juventud. Con acendrada ingenuidad, esperamos a que el mismo ministerio, en las últimas dos administraciones, se abocara a ello con la presencia organizada de los sectores involucrados en el quehacer cultural y artístico del país. Con Godot, continuamos esperando.

Es importante recordar que el 5 de julio de 1971, mediante la Ley No. 4788, se crea el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, de modo tal que la cartera involucraba también a la Juventud y al Deporte. (El pequeño ministerio se había incubado en la otrora Dirección de Artes y Letras del Ministerio de Educación, cuyo gran impulsor, entre otros, fuera el artista y arquitecto Rafael Ángel “Felo” García). En los años setenta y parte de los ochenta, funcionó el Movimiento Nacional de Juventudes (MNJ) un vigoroso proyecto con casas de la juventud por todo el país. Más tarde se eliminó al “movi” (así lo llamábamos) porque coadyudaba a generar dirigentes juveniles conscientes y críticos (¡con instructores israelíes!), muchos de los cuales pasaban a las organizaciones políticas de izquierda. Pero, además era el ente rector del deporte; luego se creó el ICODER quitándole esa papa caliente al ministerio, cuyo quehacer en esa rama era casi decorativo.

La creación del MCJ obedeció al objetivo estratégico del proyecto original promovido por los llamados “hombres de letras” del Partido Liberación Nacional, jefeados por don Alberto “Beto” Cañas Escalante, en un contexto marcado por la guerra fría y por las consecuencias de la guerra civil con sus persecuciones y su anticomunismo. Como en tantas otras acciones socialdemócratas y socialcristianas, el MCJD funcionó para institucionalizar conflictos y sectores “en pugna”. El Ministerio nace sin saldar la eterna disputa entre “Cultura” y/o “Bellas Artes”, es decir, entre la visión “bellaletrista y bellartística” y el concepto antropológico en el cual la cultura se entiende de manera más amplia e integral. Era una concepción difusionista: fortalecer las bellas artes, llevar la cultura a quienes no la “tenían”, ir a las comunidades con un proyecto de extensión jerárquico y patriarcal. Para ello había que crear conjuntos artísticos (OSN, CNT, CND, TNT…), museos, bibliotecas, entre otros entes; más tarde, cuando el concepto antropológico se fue imponiendo, se crearon direcciones regionales y casas de la cultura con un nuevo discurso acerca de cierta “regionalización” ante el pudor de una conciencia vallecentrista asumida a medias. Eso hizo aguas muy pronto y el ministerio no se reactualizó, sino que, al contrario, se recortó.

Ya entrado el nuevo milenio, el MCJ se fue adaptando a la contrarreforma y extendiéndose más al espectáculo (FIA, FNA, Feria del Libro, Festival de Cine, etc.) y apoyando las incipientes industrias culturales. La actividad cultural pasaba de ser prioridad del estado (benefactor) a dejarse en manos de la iniciativa privada que, de todas maneras (rezaba el slogan) “produce libertad”. En los últimos años se le dio prioridad a los “pequeños productores de cultura” (artesanos y emprendimientos “artísticos”) e incluso los grandes proyectos de masas tipo FIA o FNA hicieron aguas, ya por la desidia, ya por la impericia de los tres últimos (des)gobiernos. Es claro que el ministerio transitaba a la deriva dependiendo de las administraciones o de las “personalidades” de sus ministros o ministras, así como de sus efímeros equipos de trabajo.

Ante la crisis prolongada y con la emergencia de la pandemia, algunos “artistas” pegaron el grito al cielo (yo me preguntaba: ¿por qué no lo hicieron antes?, ¿por que hasta los tiempos del Covid 19?), amenazando incluso con acusaciones y anatemas, a la vez que lanzaban un estentóreo SOS. Muchos de ellos comparaban al ministerio con una suerte de CNP, ICT, INVU o IMAS, sin comprender la naturaleza del mismo ni la amplitud del concepto cultura constreñido, según sus visiones, a la “actividad artística”. Otros, como quien esto escribe, pensamos que ya era demasiado tarde para pataleos puesto que hacía algunos años le habían dado el tiro de gracia. La contrarreforma neoliberal lo precarizó, los tres últimos gobiernos lo desmantelaron. Sin embargo, “del ahogado el sombrero”, pensaba; algo se podría rescatar. Se precisaba, eso sí, de una reforma total del estado que lo revitalizara y colocara a la altura de los tiempos. En otras palabras, se trataba de preservar y fortalecer el Estado Social de Derecho que la contrarreforma neoliberal había venido debilitando y que ahora intenta rematar sin oposición y con miles aplaudiendo. La pregunta todavía se impone: ¿será posible?

Para entonces un reconocido cantautor ponía en una de las redes sociales: “Muchos de los que reclaman ahora parece que han estado muy cómodos durante tantos años de silencio”. La frase contiene una vigencia estremecedora y se extiende a lo largo y ancho del tejido social desestructurado y herido por la contrarreforma y por una élite que maneja, con ácida lucidez e impune soltura, los hilos del poder y de los negocios al amparo de un estado secuestrado por su avaricia sin fin. La discusión, quiero decir, la lucha, es mucho más amplia y álgida de lo que parece. Pero pocas personas lo entienden. Y a muy pocas les interesa.

*Escritor

Sentires y Saberes – Saberes En Lucha – La Escuela de la Protesta Social

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 31 de marzo del 2023 el Bloque Cívico de Limón convocó junto al movimiento de los Muelleros y otras fuerzas vivas de Limón a una manifestación en protesta de las decisiones tomadas por el gobierno de la República de Costa Rica que vienen a profundizar las distintas desigualdades estructurales que siguen marginando a la provincia y generan los espacios de marginalidad y exclusión, pero también de ningueno de las personas que habitan y comparten en estos territorios caribeños.

Les dejemos con todas estas voces que nos ayudan y guían para comprender un poco más de cerca ese Limón que protesta y se rebela ante tantas injusticias históricas que siguen profundizándose.

Escuche el programa en este enlace.

Tractacus de paleontología

Manuel Hernández

“El dinosaurio se come al hombre” (Jurassic Park)

No hace mucho, volví a ver Jurassic Park, y no me quedó la menor duda que una de las especies patronales más cavernarias del planeta Tierra, es la vernácula clase empresarial de Costa Rica.

No es prejuicio, ni mucho menos un cargo gratuito contra esta singular orden patronal. Esta afirmación se puede sostener recurriendo a 3 registros recientes, a manera de inequívocos ejemplos demostrativos, que retratan de cuerpo entero, desde la cola hasta la cabeza, el material filogenético del que está compuesto la gran mayoría de las cámaras empresariales.

1.- El Convenio N°190 OIT, sobre la violencia y el acoso laboral, fue adoptado en la Conferencia Internacional N°108, celebrada en 2019.

Este convenio internacional recoge el clamor global de millones de personas trabajadoras, cuya aprobación logró un altísimo consenso en la Conferencia: 439 votos a favor y tan sólo 7 votos en contra (¡ya podrán imaginarse de quién fue uno de estos votos negativos!).

El Convenio N°190 OIT reconoce el derecho de la persona trabajadora de realizar su actividad profesional, en un ambiente seguro, libre de toda conducta hostil, acoso laboral o sexual, que afecte su dignidad, que incluye la violencia por razón de género.

Lamentablemente uno de aquellos pocos votos negativos, fue el de la glamurosa delegación del sindicato patronal-empresarial de Costa Rica, que de sobra es conocida su rabiosa y permanente hostilidad contra la clase trabajadora.

La violencia empresarial contra las mujeres trabajadoras, se trata de una práctica patronal común, exacerbada en esta época de pandemia, que también ha profundizado la desigualdad estructural en las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres.

Las empresariales costarricenses, transnacionalizadas, una y otra vez, han boicoteado la aprobación de este convenio internacional de derechos humanos.

2.- En nuestro país, en el año 2018, paradójicamente se aprobó el Acuerdo de Escazú.

Los especialistas afirman que el Acuerdo de Escazú constituye un instrumento moderno de gobernanza y protección ambiental.

Además, este Acuerdo garantiza la participación ciudadana y democrática en materia ambiental.

No obstante su importancia, las cámaras patronales conservadoras la emprendieron contra este Acuerdo, oponiéndose a que sea aprobado por la Asamblea Legislativa, cuyo espurio cometido hasta ahora han logrado cumplir.

De esta manera, Costa Rica se suma al concierto de los países más retrógrados en material ambiental, que todavía se resisten a aprobar el Acuerdo de Escazú.

3.- Las mismas patronales de esta parte de Mesoamérica, que se oponen al Convenio N°190 OIT y al Acuerdo de Escazú, impulsan un regresivo proyecto de ley, que no tiene ningún precedente en la historia, por lo menos en la historia moderna.

Más allá de una simple flexibilización de las jornadas de trabajo, promueven frenéticamente un proyecto de ley, que implica, en definitiva, la extinción de la jornada de trabajo de ocho horas por día, una conquista que costó mucha sangre y vidas de las personas trabajadoras.

Este proyecto, amén de resultar contrario a nuestra Constitución Política, causará una gravísima afectación en las condiciones de vida de los trabajadores, principalmente contra las mujeres.

Pues bien, este rápido mapeo de los rasgos geológicos de las empresariales, sustentando en los anteriores registros, nos permite sostener que las patronales costarricenses se quedaron rezagadas o pérdidas en la evolución de las especies y el desarrollo de la civilización.

Los dinosaurios se extinguieron de la faz de la tierra hace más de 60 millones de años.

No obstante, en Costa Rica sobrevive o fue clonado un “fósil”, cómo en la película de Spielberg, que ojalá suscite el interés de los paleontólogos contemporáneos, porque es una especie petrificada y salvaje, digna de ser estudiada por la Historia Natural.

Fósil viviente del Siglo XXI, en pleno siglo de la Inteligencia Artificial, que se mantiene a costa de la destrucción de los derechos de la clase trabajadora, que menos le importa la conservación del planeta, qué si Humboldt o Darwin estuvieran vivos, se darían gusto estudiando este linaje sobreviviente de los tiranosaurios.

¿Será por este motivo, qué el Parque Jurásico se construyó en la Isla Nublar, una isla ficticia, a unas 120 millas de Costa Rica?

Pero lo que no es ficticio, es que los instintos devoradores de las patronales costarricenses no han evolucionado, ni un poquito, y se quedaron atrapadas en el remoto Cretácico.

 

Compartido con SURCOS por el autor. 

Educación en Costa Rica: una propuesta necesaria

  • Grupo de reconocidos académicos de la UNA hacen análisis y recomendaciones en materia educativa

  • Propuesta ocurre en coyuntura política de cambio de administración

La situación de la educación en Costa Rica es apremiante. Es necesario analizar y discernir sus aspectos fundamentales, con todas sus aristas, para repensarlas y potenciar su alcance liberador y encaminar las opciones que enfrenten las situaciones de desigualdad estructural e inspiren acciones para la convivencia pacífica, inclusiva y respetuosa de la dignidad.

En este primer análisis sobre las reformas y transformaciones curriculares se reseñan las condiciones reales en las que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje; también sobre los fundamentos que engranan el sistema educativo, las narrativas curriculares y las nuevas condiciones de los procesos educativos, como vía para visualizar una propuesta que abarque el contexto real de la educación en Costa Rica.

I. La educación es un derecho

La educación es un derecho fundamental para el desarrollo integral de toda persona y una necesidad social, en la cual confluyen la formación intelectual, instrumental y ética. Esto incluye las distintas formas de aprender, investigar y reconocer los diferentes saberes -conceptuales, prácticos y estéticos- que se desarrollan en las sociedades.

El derecho a la educación ha sido, desde la creación de la República, un eje central para el desarrollo general del país, tanto en su acepción material, sometida a la actividad productiva, como en su acepción sociocultural, de ejercicio de la libertad, del pensamiento, del diálogo y de la vida.

Sin embargo, el contexto socioeconómico del país -subsumido a la pandemia- ha evidenciado las brechas económicas y de acceso a bienes y servicios básicos de manera explícita, como el caso de la educación de lo que dan cuenta, entre otros, los estudios del Estado de la Educación.

II. Acerca de la educación, la “escuela” y el sistema educativo

Es oportuno hacer una distinción necesaria y útil entre educación y escuela. En particular, debemos remirar algunos conceptos clásicos de educación, como el de formación, que es más amplio y ambicioso que la idea de instrucción, propia de la escuela. La educación es una dinámica generadora de conocimiento, promotora del cambio social y potenciadora del despliegue de capacidades de los seres humanos.

La visión y acción educativa trasciende las organizaciones institucionales (v.g., escuela) y disciplinarias de los saberes (ciencia, técnica, arte, espiritualidad). La educación articula o integra los diversos saberes y los inserta en una conciencia planetaria, que va más allá de la mera racionalidad instrumental. Por tanto, se trata de una educación que educa y no solo instruye; que libera más y condiciona menos, y que ayuda a los aprendientes a aprender por sí mismos y entre sí, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia feliz y relevante para la vida.

Por otra parte, en la formación de la institución escolar, en Costa Rica, desde el siglo XIX, han operado varios factores, como la tendencia humanista en la formación de los futuros maestros y maestras, y la consciencia social y política que estos tenían respecto de su labor. Esto se hizo más evidente con la constitución de la Escuela Normal de Costa Rica (1913), que diera paso luego a la Escuela Normal Superior (1967) y con ello a la “profesionalización” de la persona docente. En la formación normalista el énfasis estaba en aspectos educacionales y métodos pedagógicos, así como en el carácter social de la escuela y de la función de las personas educadoras. Pero, a partir de los años sesenta, antes de ser Normal Superior, aquella se había convertido en un ente formador muy instrumental, donde las didácticas específicas se trabajaban con libros de texto y los cursos radicaban en cómo aplicar el libro de texto.

La escuela, por su lado, se ha alejado de la formación de la sensibilidad y el despliegue de capacidades y la educación política para la convivencia democrática, y hoy se encuentra entrampada en la dinámica del “aprendizaje de destrezas técnicas” y las tendencias técnico-instrumentales, cuantitativistas, de control y sancionador de las conductas fuera de la norma, lo cual queda plasmado, por ejemplo, en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, de 2009.

A su vez, el sistema educativo, entendido como el conglomerado de instituciones, normas, recursos, valores, aspiraciones y un contingente de personas que lo sustentan y realizan cotidianamente, recibe, de forma constante, las demandas de eficiencia (en el uso de los recursos, en la eficiencia terminal o cantidad de titulaciones, según cada nivel, en el aceleramiento de los procesos, etc.) y los reclamos por su obsolescencia (reducción de contenidos, desaprovechamiento de los tiempos, carácter expulsor, retraso tecnológico, mediocridad docente, burocratización, etc.).

III. El currículo nacional: sus límites y posibilidades

La relación de los sistemas educativos con el mundo del trabajo no implica un acto negativo en sí mismo, es una función que le ha sido conferida mediante el desarrollo de los sistemas escolarizados, tanto en economías de mercado como de otro tipo, pero esa función no debe ser la única. El sistema educativo debe generar la humanización de la persona y fomentar su capacidad creativa de mundos más justos y equitativos, con conciencia de la fragilidad propia y la del planeta, y un sentido para crear, comprender y admirar los productos culturales de la humanidad.

En las últimas administraciones gubernamentales, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha propuesto diferentes cambios pedagógicos en los tres niveles de acción pedagógica: aspectos filosóficos (ontológicos, epistemológicos y axiológicos), curriculares y metodológicos. Dentro de las reformas y cambios más destacados, desde el 2016 con la Política Curricular en el Marco de la visión Educar para una Nueva Ciudadanía, es posible mencionar:

  1. El cambio de los programas de diferentes asignaturas del currículo nacional dentro del marco de la política curricular de la Ética, la Estética y la Ciudadanía, del año 2013.
  2. Los cambios en los enfoques metodológicos y curriculares en diferentes asignaturas, tales como Matemática, Español, Estudios Sociales y Ciencias, los cuales buscan integrar los conocimientos teóricos con aspectos propios de la vida cotidiana y de la actualidad del país.

Sin embargo, según los Informes del Estado de la Educación, estos cambios pedagógicos no se ven reflejados en la práctica de las escuelas y colegios del país, de ahí surgen preguntas sobre los factores que impiden que las nuevas propuestas logren impactar o desarrollarse en el nivel de ejecución, en una lógica discontinua entre el currículo preescrito y el currículo real.

3.1 La capacidad de la persona educadora para la lectura, la comprensión y el análisis de las narrativas curriculares

Las narrativas de la teoría curricular y de evaluación poseen un marco filosófico, sociológico, antropológico, histórico, psicológico. Estas suponen un andamiaje de teorías referidas a los diferentes espacios pedagógicos desplegados por las personas docentes en adecuados procesos de mediación pedagógica y con un dominio de la teoría curricular, de sus formas de operacionalización y evaluación. Además, implican un profundo dominio de las disciplinas que integren la propuesta curricular, llámense Matemáticas, Estudios Sociales, Español, Ciencias, Música, Inglés como segunda lengua, entre otras.

Si la persona educadora no logra comprender estas narrativas no se producirá ninguna acción innovadora. Se requiere de altas capacidades que impliquen el desarrollo de procesos de diseño y evaluación curricular pertinentes a las realidades comunales y escolares. A esto se suman las competencias para lograr convertir la narrativa curricular en diseños curriculares, en la forma de propuestas innovadoras, contextualizadas y pertinentes para el trabajo diario con las personas aprendientes.

3.2 Los procesos educativos en las nuevas condiciones de aprendizaje

Es un hecho aceptado que, desde hace varios años, numerosas personas estudiantes no han podido completar plenamente los planes de educación previstos y se han generado algunos vacíos formativos innegables en distintas áreas temáticas.

No obstante, la forma en que nuestro sistema educativo y las directrices políticas han determinado cómo enfrentar esta problemática nos lleva a la necesidad de plantear una primera crítica de carácter general: no es posible recuperar el tiempo y los procesos educativos no realizados, ampliando el tiempo de horas contacto y de estudio, tal y como se ha hecho en el pasado.

Contrario a esa tendencia, podríamos dar un salto cualitativo efectuando una subsunción real en las nuevas condiciones y procesos de aprendizaje, al tenor del desarrollo tecnológico actual y de los nuevos procesos educativos, basados en la capacidad potencial de la persona a aprender con su propia dinámica, la cual se ve acrecentada por procesos orientadores que le permitan acceder en forma más rápida y contundente al proceso de aprendizaje significativo.

3.3   La experiencia de aprendizaje o la imposibilidad de cumplir con el currículo

La política pública que centraliza su argumentación en la gestión de la calidad asume como eje fundamental la evaluación como etapa filtro de los procesos; así, el cambio en la evaluación en la propuesta curricular actual, “Educar para una nueva ciudadanía”, se ha basado en la experiencia curricular y las líneas globales de la UNESCO, es decir, el análisis del sistema se basa en su propio funcionamiento, subsumiendo el proceso pedagógico vivencial de los espacios de aprendizaje.

La educación impartida a la población se despliega en correspondencia con el marco categorial del capital nacional costarricense, sus áreas productivas y demandas para su manutención; en consecuencia, el estrecho estado de confort en el que se vislumbran las alternativas de mejora de la educación se basa en paradigmas que se orientan a la conservación y legitimación del sistema dominante antes que a la construcción de formas alternativas de las ciencias y las artes.

De forma alternativa, la experiencia funda o enraíza el aprendizaje y debe ser reconocida en las estrategias de mediación. Por experiencia de aprendizaje se comprende el proceso consciente y progresivo -constante- de precisar y cuestionar la instrucción inicial -el acervo conceptual- mediante el desarrollo de habilidades en la práctica cotidiana. Toda experiencia es conexa con nuestro desarrollo cognitivo e impulsa el aprendizaje, de ahí que la tarea es compaginar la estrategia pedagógica formal, en el aula, y la incitación a crear y vivenciar experiencias que afecten nuestra toma de decisiones y aporten para el mejor criterio.

Colofón

Una versión amplia de estos temas está disponible. En un próximo avance disertaremos sobre la exclusión educativa, acentuada con mayor dureza en las escuelas y colegios nocturnos, y de la infraestructura educativa, con diferencias significativas en los territorios rurales, periurbanos y urbanos. Este recorrido será necesario como parte del proceso para generar una propuesta para la educación necesaria en Costa Rica.

***Más información. Oficina de Comunicación. UNA. Tel 2277-3027***

 

Compartido con SURCOS por los siguientes autores:

  • Dr. Ronald Rivera Alfaro, División de Educación Básica, UNA
  • Dr. Ángel Porras Solís, Sede Brunca, UNA
  • Dr. Norman Solórzano Alfaro, IDESPO, UNA.
  • M.Sc José Carlos Chinchilla Coto, Sociología, UNA
  • Dr. Rafael Jiménez Corrales, División de Educación Básica, UNA

Diálogo social y rescate democrático

“Me gustas, democracia, porque estás como ausente”
(Canción de Javier Krahe)

Manuel Hernández

  • Después de varias intentonas, viene el infaltable reality show

El último Informe Especial COVID-19 de CEPAL (octubre/2020), destaca la extraordinaria importancia que tiene el Diálogo Social para enfrentar integralmente la crisis sanitaria, que ha profundizado la desigualdad estructural, económica y social de América Latina.

La CEPAL sostiene que serán necesarios pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de sectores, de largo plazo, que promuevan la universalización de la protección social, la salud y reoriente el desarrollo, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad de las políticas fiscales, industriales y ambientales.

CEPAL insiste en que para alcanzar estos pactos se requiere un liderazgo político transformador, que goce de legitimidad social, que, además, incluya la más amplia y diversa gama de actores.

El Informe advierte un aspecto de suma relevancia, que dadas las circunstancias políticas y sociales que vertiginosamente se desarrollan en nuestro país, no podemos dejar pasar inadvertido:

“Es importante que los Gobiernos tengan en cuenta que, en algunas partes de la región, el descontento previo a la pandemia hizo que se acumulara una energía social que no va a desaparecer después de la crisis, energía que la sociedad en su conjunto deberá manejar abriendo caminos institucionales, democráticos y justos de diálogo y concertación social.”

Desafortunadamente algo tan elemental, después de varios intentos fracasados de diálogo social, todavía no logra comprender el Gobierno de nuestro país, que ahora está tratando de articular un nuevo ensayo, convocando a un conjunto de actores de sectores sociales, productivos, políticos y hasta religiosos.

No obstante, esta última convocatoria fue discriminatoria y excluyente, porque cerró ese cauce institucional de participación democrática a un movimiento social, dirigido por Rescate Nacional, que desde hace unas semanas se está expresando activamente en los espacios y foros públicos, exigiendo su Derecho Fundamental de ser escuchados y atendidas sus demandas de justicia social, protestando contra todo préstamo del FMI, “que nos jode a tod@s, no solo a las camareras”. *

El Informe de CEPAL sigue diciendo que ese liderazgo político debe “servir para reconocer y convivir con los conflictos colectivos en que se enfrentan los actores como parte de su adhesión a diferentes grupos sociales”.

Por contrario, el Gobierno impulsa el denominado proceso de diálogo multisectorial imponiendo unilateralmente el consenso, desde arriba, no soberano, que repele la legitimidad del conflicto social, conflicto que es consustancial a cualquier sistema democrático y pluralista; que no debe ser aplacado con la ostentosa e intimidatoria circulación de la “bestia” policial, a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos con el bloqueo de los espacios de participación democrática.

Partiendo de esa misma convicción ideológica, promocionó una reaccionaria contrarreforma laboral, que culminó con la prohibición del derecho de huelga en la mayoría de las actividades económicas y servicios públicos, configurando el derecho de huelga del enemigo.

El Gobierno sigue reflejando una posición autoritaria, basada en la construcción simbólica del “enemigo”, que no se concilia con los principios constitucionales del Estado democrático, que por imperio de la reforma del artículo 9 constitucional, garantiza a la ciudadanía, a la universalidad ciudadana, y no solo a la que convenientemente se seleccionó, la plena participación en la construcción y definición de las políticas públicas.

Las y los indignados que representan el poder de los sin poder, quienes rompieron su callada indignación y fueron excluidos, no tienen menos derechos de participación ciudadana que aquellos actores oficialmente convidados al reality show, como si la democracia fuera patrimonio del gobernante de turno y su socio presidente de la Asamblea Legislativa.

En definitiva, en la de menos, este es el gran desafío que tenemos que asumir: liberar la Constitución Política de quienes la tienen secuestrada, pero para ello es necesario, primero, recuperar la democracia.

25/10/2020

* Frase escrita en un cartel de las asambleas del 15-M, cuyo mensaje deriva de la denuncia judicial que presentó Nafissatou Diallo contra Strauss-Kahn, expresidente de FMI, quien lo acusó que mientras ella estaba realizando labores de limpieza, en un hotel de Nueva York, la golpeó e intentó violarla. A consecuencia de este escándalo, Strauss-Kahn renunció a la Presidencia de FMI (2011).

Foro de Mujeres del Instituto Nacional de Mujeres – un llamado ante la grave situación nacional

Las 33 organizaciones de mujeres, feministas y mixtas integrantes del Foro de Mujeres del INAMU manifiestan públicamente su preocupación por la situación de violencia y agitación social que se vive en Costa Rica es producto del deterioro de la calidad de vida de las grandes mayorías de costarricenses, como consecuencia de un profundo proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad. No sólo del aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. A lo que se suma el crecimiento inédito del desempleo en el país y del subempleo. Situación que impacta de manera particular a las mujeres.

La situación de violencia social e inseguridad que se vive en Costa Rica en los últimos días. Y que viene a complicar la de por sí deteriorada situación que enfrenta la economía del país y la vida cotidiana de las grandes mayorías de familias pobres y empobrecidas. Que no sólo han perdido a sus familiares cómo producto de la pandemia provocada por el coronavirus, sino que también han perdido sus de por sí escasos ingresos. Y con esto, su calidad de vida y las posibilidades de una sobrevivencia básica.

Asimismo, denuncia el aumento de la carga global de trabajo de las mujeres de las grandes mayorías, que se han visto recargadas con las responsabilidades de las tareas del cuidado de la salud de las personas sanas y enfermas, con la demanda de apoyo a las y los estudiantes con tareas educativas desplazadas a los hogares y que adicionalmente asumen responsabilidades de generación de ingresos por medio del teletrabajo o ejerciendo actividades en la economía informal. Exponiendo de esta forma su vida y su salud. Situaciones todas que culminan en un aumento de la violencia en contra de las mujeres, que lejos de disminuir en esta coyuntura, ha aumentado.

Ante esta situación de desigualdad estructural y de profundización de las brechas económicas y sociales, el Foro de Mujeres del INAMU DEMANDA:

  1. AL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO la instalación de un proceso de diálogo abierto y transparente que incorpore no sólo al sector empresarial y productivo del país, sino que convoque a los sectores sociales organizados en toda su diversidad. Esto como una muestra abierta e inequívoca de la voluntad política de negociar no sólo la salida a la crisis actual, sino de modificar las condiciones estructurales que han transformado a Costa Rica en uno de los países más desiguales de América Latina.
  2. LA CONVOCATORIA AMPLIA A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS AL PROCESO DE DIÁLOGO, de manera que se garantice una representación real de la diversidad de mujeres y sus demandas. Demandamos la integración de las organizaciones de mujeres rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, migrantes, indígenas, afrodescendientes, pequeñas productoras y microempresarias, cooperativistas, trabajadoras sexuales y sindicalistas. Así cómo a las organizaciones de mujeres jóvenes y adultas mayores.
  3. LA INSTALACIÓN DE UN PROCESO DE DIALOGO CON TODOS LOS SECTORES SOCIALES QUE SE REALICE CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA. Eso implica que a la mayor brevedad se dé a conocer la metodología del mismo, las personas encargadas de conducirlo y los mecanismos para toma de decisiones.
  4. QUE EL PROCESO DE DIALOGO NO SEA SECTORIZADO, NI REGIONALIZADO para que todas las voces puedan escucharse s y construir propuestas y soluciones conjuntas que nos ayuden a mitigar la crisis que vivimos.

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NI CONTRA LAS FAMILIAS POBRES Y EMPOBRECIDAS!
foromujeres@inamu.go.cr

Imagen ilustrativa, UCR.