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Etiqueta: desigualdad

Una nueva época

Por Esteban Beltrán Ulate. Profesor

Las contradicciones del capitalismo desencadenan crisis humanas y más recientemente desequilibrios en el entorno natural de escala global. En este escenario emerge como condición necesaria los sacrificios que se revelan connaturales del sistema hegemónico, supresión de: productos elaborados, fuerzas productivas y medios naturales.

Debo reconocer que discrepo de la visión lineal de la historia como progreso, incluso, discrepo de la concepción sobre el capitalismo como sistema que se agota y que tiende inevitablemente a la autodestrucción de manera natural. Considero que el mismo sistema capitalista muta según las condiciones del entorno social, y que se mantiene bajo la lógica moderna de colonialismo, patriarcado, y control epistémico. En esta dinámica los sacrificios del sistema imperante son una condición necesaria del mismo, sin embargo, siendo los grupos vulnerables aquellos que son los “desposeídos-productores” según la pirámide de retención capitalista, a esto debe sumarse el grito de la Tierra como resultado de los sacrificios que atentan contra el equilibrio de la vida.

La pandemia por la COVID-19 desvela los sacrificios que requiere el sistema capitalista en nuestro días, para continuar en funcionamiento. por medio de la pandemia, se ha revelado el sacrificio de productos, fuerzas y medios naturales, siendo las zonas del Sur Global (parafraseando a Boaventura de Sousa Santos) las más vulnerables. La desigualdad internacional de las vacunas es un resultado de la desigualdad internacional instalada en el sentido común neoliberal; lo anterior encuentra eco en la situación que acontece en estos momentos en países que sufren una catástrofe humanitaria como la India.

El capitalismo ingresa a una fase digital, pero sigue funcionando bajo la misma fórmula. Esta fase digital no está enraizada en todo el Planeta, sin embargo, desde las zonas donde lo digital está instalado se configura un modo de operar con aspiración a lo universal, incluso al mundo no digital. Las tensiones entre Centro-Periferia ahora se descubren entre lo Digital-NoDigital, los Vacunados-NoVacunados. Así, con estas líneas invisibles se trazan las nuevas fronteras del mapa mundi de la desigualdad.

Frente a a crisis de las vacunas que es la condición sacrificial del capitalismo en nuestros días, los grupos sociales que empujan la historia hacia una transformación, deben plasmar alternativas desde diversas áreas y dimensiones de la sociedad, sin pretender una respuesta única que atienda a la problemática que es global e histórica. Crear alternativas contra el gobierno, desde el gobierno y desde fuera del gobierno, propiciar alternativas desde los pueblos, desde los ausentes, desde la vida natural misma.

De manera concreta, en el aquí y ahora inmediato, frente al sacrificio planetario que vivimos, los grupos de alternativa en todo el mundo, debemos clamar por liberarnos del “vacunicidio” que afrontamos, nuestra aldea global tiene mecanismos para frenar la aceleración del virus y el incremento de muertes, tiene la posibilidad de convocar a una liberación temporal de patentes de las vacunas contra la COVID-19, tal como lo ha expuesto Stephen Cornish (Médicos sin Fronteras), debate ampliamente expuesto en diferentes países del mundo; como comunidad mundial existe la posibilidad de decirle a las grandes empresas farmacéuticas detengan la retención de ganancias a costas de la vida humana.

De la mano de esta acción en favor de la vida humana, debe encarnarse la adopción de prácticas regionales que permitan resistir a los embates de la pandemia y post-pandemia, en este sentido, los conocimientos populares y autóctonos de las regiones que aún coexisten de manera minimizada en un ambiente mundial capitalista serán necesarios consejeros. La solución no está en retroceder la historia previo al desarrollo del capitalismo, sino en trascender la historia, o para ser más humildes, servir de puentes al nuevo tiempo, donde la esperanza que nos anima, nos inspira a pensar una sociedad planetaria global que conviva en una casa común, donde la naturaleza no sea una pertenencia sino nuestra relación, donde lo patriarcal sea una mínima expresión en desuso, donde el colonialismo sea un relato de libros solamente y donde el capitalismo sea obsoleto frente a nuevas formas, plurales de economías, que permitan una vida digna para todos y todas. La pandemia que afrontamos es una difícil lección que enfrentamos como humanidad, que marcará en conjunto con otros eventos el paso de la humanidad a una nueva época, el futuro lo escribimos ahora.

Arte y ciencia social: herramientas para la vida y la transformación

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Los primeros resultados de una rápida búsqueda en cualquier explorador de internet a la palabra Manrique, Colombia, devuelven cierta narrativa sobre violencia y peligrosidad. Se trata de un gran conglomerado poblacional, la comuna número 3, ubicada al noroeste de Medellín, capital de Antioquia, con una historia ciertamente compleja, pero no la única que atraviesa sus espacios sociales.

Hace algunos años como parte de un proyecto sobre trata de personas y derechos humanos que nos juntaba a personas investigadoras de Colombia, España y Costa Rica, fuimos a dar a Manrique, donde conocimos a un cura revolucionario, organizador incansable de acciones encaminadas a arrebatarle al niño, niña y joven de esta comuna, al riesgo social.

Una tarde, conversando en su comuna, me confesó que una de las estrategias para trabajar con estas poblaciones era alentar su cercanía con el arte como vehículo de transformación. Que tenía que ser contextualizada esa relación. Y cómo no advertir que justamente en Manrique se teje una de las conexiones populares de largo aliento con el tango como expresión cultural.

Durante esos días en la comuna, pude observar el trabajo de academias enteras de niños y niñas practicando tango por las calles. A todas horas y en todos los espacios, este territorio con una rica historia gardeliana, permite a sus niños y niñas expresar y recrear sentido de la vida.

Recordé justamente una de las formas mediante las cuales Medellín encontró para contender la violencia a nivel político, pero sobre todo sociocultural: disputar los espacios públicos a los actores involucrados y crear uno de los festivales de poesía más emblemáticos a nivel mundial, como es el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que este año cumple 31 años ininterrumpidos de llevar la palabra a las comunas y zonas más complejas de esta capital antioqueña.

Como un brazo artístico y amoroso, este festival desarrolla el Proyecto Gulliver, consistente en impulsar la creación poética y literaria en los niños y niñas de las distintas comunidades en riesgo. En ambos casos, la poesía y el tango, no resultan solamente expresiones estéticas y de representación de la vida, sino herramientas comprometidas para la transformación social.

Hará quizá hace dos años fui invitado a participar en un encuentro literario en el municipio de Quezaltepeque, en El Salvador. También las narrativas sobre las violencias en ese país son recurrentes y provienen casi siempre de interlocutores con poca capacidad analítica para sopesar las razones históricas y estructurales de los procesos de exclusión social y desigualdad en aquel país.

En el marco de esa actividad fuimos invitados a leer a una escuela de un sector rural del municipio. Al llegar, nos recibieron cerca de 300 niños y niñas que prepararon un escenario con nuestras fotografías, buscaron nuestros trabajos poéticos en internet para leerlos en la actividad y hurgaron en nuestras biografías para conocernos mejor.

Esa mañana comprendí el profundo vínculo entre el arte como vehículo social y las formas diversas para reconocer la realidad para transformarla, como es el caso de las diversas disciplinas que conforman el vasto campo de las Ciencias Sociales.

En una nota sobre la proclamación del Día Mundial del Arte, que se celebra todos los 15 de abril, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, el Arte y la Cultura (UNESCO) indicaba: “El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés y el dialogo. Estas son cualidades que el arte siempre ha tenido y tendrá, si continuamos apoyando entornos donde se promuevan y protejan los artistas y la libertad artística. De esta manera, al fomentar el desarrollo del arte también se fomentan los medios a través de los cuales poder lograr un mundo libre y pacífico” (es.unesco.org).

Ciertamente experimentamos un entorno plagado de incertidumbre, de hegemonías duras en lo económico y excluyentes en lo social. A estas durezas solo se les resiste desde otras posibilidades expresivas, que contienen en sus cimientos una política de los cambios y las transformaciones.

Vincular el arte como herramienta y la ciencia social como expresión ontológica y epistemológica de vida y de transformación, debe ser un objetivo común para quienes aspiramos a un mundo un poco mejor al que ya existe. En ese camino andamos.

Chile, ¿Hacia una Verdadera Asamblea Constituyente?

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado 2020, escribimos un artículo sobre Chile llamado: “Chile se Encamina Hacia un Nuevo y Profundo Ciclo Político”, donde luego de hacer una breve historia y consecuencias del modelo neoliberal en Chile, nos preguntamos: ¿Hacia dónde va Chile?

En el mencionado artículo recordamos, y ahora lo hacemos igualmente, sobre la Consulta Popular, hacia la redacción de una nueva Constitución para Chile, donde el 78,27% de los ciudadanos que votaron en el Plebiscito, aprobaron iniciar este proceso. Decíamos que sería un proceso largo y tedioso, aunque monumental, desmontar la vieja Constitución de Augusto Pinochet.

La nueva Constitución chilena, será redactada por una Convención Constituyente, compuesta por 155 miembros electos por votación popular, el 11 de abril del 2021.

Estos constituyentes tendrán 9 meses, para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más, en una sola oportunidad. De esta manera, a mediados de 2022, el país vivirá un nuevo Plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución.

Veamos las etapas del Proceso Constituyente, que tiene a Chile en este Momento Histórico:

15 de noviembre de 2019: Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

24 de diciembre de 2019: Reforma constitucional que modifica la Constitución vigente para incorporar el itinerario y reglas del proceso constituyente.

29 de marzo de 2020: Presidente convoca, vía decreto, al plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020.

25 de octubre de 2020: Plebiscito en el que se decide si se aprueba o rechaza la idea de una Nueva Constitución; y cuál sería el órgano que la redacte.

11 de abril de 2021: Elección de Convencionales Constituyentes.

Mayo o junio de 2021: Instalación de la Convención Constituyente.

Hasta 9 o 12 meses después: Convención aprueba un nuevo Texto Constitucional.

Aproximadamente 60 días después (agosto de 2022 aproximadamente): Plebiscito para aprobar o rechazar nueva Constitución.

Ya estamos a pocos días de celebrarse este paso histórico en la vida política de Chile. Aunque al momento de estar redactando este artículo, surge la eventualidad, que ante la ola de contagios de la Covid-19, que llega a niveles inéditos en toda la pandemia en Chile, el presidente Sebastián Piñera, presentará una reforma constitucional para que se lleven a cabo el 15 y 16 de mayo, la que necesita de los votos de dos tercios del Parlamento. La oposición, sin embargo, anunció que exigirá al Ejecutivo nuevas medidas sanitarias y de ayuda económica, a cambio de respaldar la medida en el Congreso. Veremos que sucede…

No obstante, la anterior eventualidad, deseamos compartir algunos elementos de tan importante hecho político para la institucionalidad y para la nacionalidad chilena.

  1. Lo cierto es que desde que se propuso la fecha del 11 de abril 2021, para la Elección de los Constituyentistas redactores del nuevo texto Constitucional, no ha habido mucha atención periodística y/o comunicacional de tal evento, por lo menos en América Latina, no sabemos si al interior del país. Dejamos esta inquietud-pregunta para su reflexión…
  2. Algunos sectores del país, señalan que en verdad en Chile no se está en un Proceso Constituyente, que no hay una Asamblea Constituyente, ya que lo “acordado” por los partidos políticos de derecha e izquierda, es celebrar una Convención Constitucional. Agregándose además, que la dicha Convención Constitucional, aprobará la nueva Constitucional con el quorum de dos tercios, que deja en entredicho la verdadera soberanía popular de la Convención.

Parece ser una traición al pueblo chileno, quien demanda una Asamblea Constituyente, con todas las potestades para redactar y someter a votación popular (apoyo masivo de un pueblo), un asunto de especial importancia para la Nación, como lo es una Constitución nueva.

Ojalá, este 11 de abril, preferentemente, le toque al pueblo chileno, iniciar y decidir su destino al escribir con su mano, con verdaderos redactores del pueblo, la primera Constitución democrática de la historia de Chile.

  1. Otro acuerdo entre las partes fue que el texto Constitucional, será escrito sin amarras a la actual Constitución; es decir que, en ausencia de acuerdos sobre algún punto, no se mantendrá el articulado del texto actual. Sin embargo, la condicionante de la derecha, para ceder dicho punto fue establecer como límites el respeto a la definición de Chile, como una República democrática, el respeto a los DDHH, a todos los tratados internacionales suscritos y a las sentencias judiciales ya ejecutoriadas.

Cosa que ha significado un punto de conflicto, toda vez que pone en cuestión el alcance soberano del proceso.

  1. Otros cambios u “acuerdos” han sido: dada la presión del feminismo, se incorporó la paridad de las y los constituyentes; se encuentran en debate los escaños reservados para los pueblos originarios y se flexibilizaron los requisitos para la participación de independientes en el proceso, pues el modelo de elección replica la elección de congresistas, que favorece la electibilidad de los partidos políticos.

¿Qué está en Juego en el Proceso Constituyente?

Primero, no se trata del cambio de un texto constitucional por otro, sino de la construcción de una Constitución con implicaciones materiales, tanto en relación a la sociedad actual de Chile, como en relación a los alcances de los cambios: la posibilidad de cambiar la orientación neoliberal del modelo actual, de superar ese orden político, social y económico nefasto.

Segundo, debe ser la oportunidad para abrir un proceso de transformaciones, que exceda al propio debate del texto. Las expectativas sociales son altas y, para no acumular frustración social, las fuerzas de cambio enfrentan el desafío de compatibilizar medidas de corto plazo, que tengan implicaciones materiales inmediatas, con cambios estructurales que excedan el propio debate constitucional.

Temas y/o Cambios de la Constitución Actual

  1. ¿Qué país se desea diseñar?
  2. ¿Que significa un nuevo Pacto Social?
  3. Discutir nuevamente la Regla Fiscal.
  4. Lo exclusivo del Ejecutivo en temas como el Presupuesto.
  5. La Independencia del Banco Central.
  6. Soluciones para 30 años de desigualdad económica-social.
  7. Una de las grandes demandas es la necesidad de redefinir la noción patriarcal, colonial y hetero normativa de familia, heredada históricamente de las constituciones autoritarias, que se han impuesto al país desde 1833 en adelante, y que ha sido una fuente de discriminación, exclusión y persecución a importantes sectores de la sociedad.

En definitiva, la discusión constituyente en Chile está abierta, por lo que la manera cómo se definirán a las familias democráticamente, es quizás unos de los puntos más importantes que se tienen que dar, ya que muestra cómo nos vemos a nosotros/as mismos realmente, y no como la elite conservadora ha querido que nos veamos por siglos.

Entonces, para que pueda significar la apertura de un proceso de transformaciones sociales profundas, el debate, y la acción, deberán exceder el plano institucional y reconducirlo hacia los diversos sectores populares.

Desde la calle, Chile debe comenzar a reescribir su historia, dejando en el basurero de su historia a los Pinochet, los Lagos, los Bachelet, los Piñera y otros tantos.

 

Imagen: Diario Jurídico.

¡OTRA COSTA RICA ES POSIBLE!

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El lote baldío detrás de la tapia de su casa se convirtió en un basurero, pero él no veía un basurero, veía un jardín. Varios años después con sus ahorros pudo adquirir el lote y hacer un jardín; no cualquier jardín convencional sino uno a su manera: con plantas y flores donadas por amigos y familiares. Hoy, cuando camina por su jardín, camina entre memorias. Así narra el teólogo Rubén Alves una bella historia personal, para concluir: el sueño es primero, la realidad viene después.

 Nuestro país se asemeja a ese lote baldío, donde todavía se deposita mucha basura y crece la mala yerba. Un gobernante lo comparó con una finca pequeña, relativamente fácil de administrar; y lo hizo con algún éxito sembrando algunos “arboles” que todavía dan frutos; otros de su mismo partido no solo se apropiaron de los frutos sino que hasta intentaron vender los “árboles” con toda y su producción. Un gobernante, más reciente, procurando recuperar viejos anhelos de administrar bien la finquita, se propuso limpiarla de la mala yerba que había crecido mucho, sin embargo, como “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”, enfundó el machete, siguiendo el viejo consejo: “machete estate en tu vaina”.

La finquita hoy continúa encharralada, se parece a ese lote baldío expuesto a los malos hábitos que lo han convertido en un basurero público. La vecindad cercana, que logró apropiarse de las partes altas y más productivas, ve con desdén a ese predio hoy habitado también por gentes de “mal vivir”, y piensa que la única salida es que sobrevivan los que tienen que sobrevivir y los que no… Selección natural, es la receta. La vecindad más lejana, está ofreciendo recursos para limpiar el lote y ponerlo a producir, eso sí, exigiendo sacrificios a los que menos tienen.

Como se pueden dar cuenta, estamos “entre la espada y la pared”. La espada de los sectores de la oligarquía neoliberal que solo ve de arriba hacia abajo, y no hay forma de que aporten su cuota; para ellos no hay regla fiscal ni congelamiento de salarios. Y la pared de las “garroteras” internacionales, que salen de sus guaridas para comprar países y repartir miseria.

Y cuando no parece haber salida y hay que elegir entre dos opciones malas porque no hay una menos mala, como pretenden hoy los minimalistas de la política, es cuando hay que volver a soñar, y ver un jardín donde hoy solo hay basura y mala yerba. Y ser testarudos hasta más no haber, insistiendo en ese principio utópico: el sueño es primero la realidad viene después. Un después de corto y mediano plazo, porque no debe ser como las promesas paradisiacas de los “predicadores de la prosperidad”, pues “en el mientras tanto estaremos muertos”.

Enfrentamos un gran desafío: superar, al menos, tres contradicciones que hoy nos tienen en la condición de lote baldío. La primera, y fundamental, es la de un país que habiendo impulsado un modelo de desarrollo económico socialmente solidario, ahora haya permitido una concentración de la riqueza que lo ubica entre los más desiguales del mundo. La segunda, es la de un país que supo apostar por universalizar la salud, la educación y los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, y hoy, en lugar de fortalecerlos, los deteriora y hasta los ha venido privatizando, es decir, restándoles rentabilidad social a cambio de rentabilidad económica de mercado. Y la tercera, es que siendo un “país ecológicamente rico” (Silvia Rodríguez) siga siendo “socialmente pobre”; no haya alcanzado a revertir esa riqueza para beneficiar a zonas, paradójicamente de alto potencial turístico, que son las más deprimidas económica y socialmente, tales como Limón, Puntarenas y Guanacaste.

Alguien dijo que un pueblo se construye cuando hay un sueño común y compartido. Hoy más que nunca requerimos abrazar ese sueño común para construir un mejor país entre todos, sin exclusiones, asumiendo también responsabilidades compartidas.

 

Imagen: http://otrasvoceseneducacion.org/

Patrimonialismo latinoamericano como forma de gobierno excluyente

Miguel Sobrado

El concepto de patrimonialismo como gobierno de un grupo tiene muchas debilidades ya que todo Estado expresa los intereses de la clase dominante. En este sentido no es la empresa de todos, como debería ser, pero existen diferencias importantes dependiendo de la organización de los grupos de interés y a la existencia de pesos y contrapesos en la sociedad. Como se verá en el caso de los estados latinoamericanos, por la historia y composición interna, el patrimonialismo tiene un apellido propio de Latinoamérica, por ser excluyente de las amplias mayorías. Reconocer el carácter de este sistema es el primer paso para actuar en su transformación

Fukuyama destacas tres instituciones para una buena gestión política:

  • Un Estado (con proyecto nacional no excluyente)
  • Principio de legalidad
  • Gobierno responsable

Sin embargo, estas tres instituciones están correlacionadas entre sí. No se pueden ver como componentes separados que se pueden sumar por decretos formales en la práctica. Están arraigadas en un sistema que les da forma y las relaciona entre sí produciendo resultados diferenciados según el contexto. El caso latinoamericano, donde los estados son republicanos y tienen formalmente estas instituciones, pero cuyos resultados, en la mayoría de los casos son deplorables, amerita un análisis particular.

Las herencias coloniales

América Latina heredó de las monarquías de Europa del sur, carentes de contrapesos políticos, una forma de gobierno patrimonial, que, si bien ha tenido su propia evolución, mantiene la esencia de gobierno al servicio de la élite. Esto es donde el Estado, opera sobre la base de estructuras de poder que reparten beneficios a las clientelas políticas, marginando o excluyendo amplias mayorías.

Esta estructura contrasta con la que heredó América del Norte de la monarquía constitucional inglesa, bastante disminuida en su poder, gracias a la revolución de Cromwell, por el peso de la burguesía en el parlamento y un sistema legal, donde se impusieron nuevos pesos y contrapesos que hicieron valer los intereses de los pequeños empresarios y capitalistas a través de la división efectiva de poderes.

Las “repúblicas” independientes

El patrimonialismo latinoamericano ha tomado, bajo el nombre de repúblicas, diversas formas en el continente, dependiendo del peso socioeconómico de los diversos sectores sociales en la composición de cada país. Pero ha procurado mantener su esencia de clase privilegiada con los golpes militares o a través de su peso e incidencia en la legislación y las estructuras institucionales. Resultando en gobiernos no incluyentes de oportunidades para amplias mayorías, donde se afianza la desigualdad de oportunidades y se resquebraja cada vez más el tejido social.

La independencia, si bien se realizó bajo las banderas republicanas, fue realizada por los hijos de los colonizadores, que habían acaparado las principales tierras y riquezas, de hecho, no cambió las relaciones de propiedad y de poder económico, consolidando un poder político oligárquico.

Los indígenas y los africanos, si bien formalmente se transformaron en ciudadanos con las nuevas constituciones, siguieron viviendo en la servidumbre e incluso en no pocos casos en la esclavitud. La educación elemento clave para el ascenso social, no fue un servicio público de fácil acceso para estos grupos sociales de los cuales solo se esperaba trabajo físico.

Los estados se formaron en un proceso de confrontaciones de intereses personalistas y de grupos de poder locales y nacionales, que después de un período de confrontaciones violentas y de golpes de estado configuraron un cuerpo legal y un sistema de gobierno.

Como se puede apreciar el origen del patrimonialismo excluyente tiene sus raíces en la cultura colonial y en las estructuras económicas y sociales desiguales con los pueblos originarios y los esclavos por las relaciones poder y la concentración de la tierra. De tal manera, que, al llegar la independencia de los nuevos estados, en la legislación y la configuración institucional, tuvieron un papel protagónico los hijos de los conquistadores sin un contrapeso político y económico, más allá de las relaciones formales de “igualdad”. En Ecuador, refiriéndose a la forma en que se aplicaba la legalidad, un dirigente indígena, que no les tenía mucha confianza, decía que “Las leyes se hicieron para los de poncho”, esto es para garantizar los derechos de los oligarcas.

Este cuerpo legal y el sistema de gobierno, a diferencia de los países anglosajones donde desde el principio han pesado los intereses de la naciente burguesía, se ha subordinado a los intereses e influencia de la oligarquía y los grupos asociados para ejercer el poder. De tal forma, resguardaban los intereses y derechos de la oligarquía, dejando por fuera los derechos de propiedad y organización de las comunidades indígenas y subordinando, durante mucho tiempo, a los asalariados a las relaciones tradicionales de servidumbre.

No todos los países ni territorios han sido iguales

El peso de la estructura sociopolítica, ha sido un factor condicionante del sistema y el funcionamiento de las relaciones políticas en cada país. En países donde la clase media de propietarios y posteriormente de asalariados ha jugado un papel importante en la configuración del aparato institucional y político, como en Uruguay y Costa Rica la operación democrática del sistema ha tenido menos interferencias patrimonialistas.

Proyecto país y gestión pública

Una visión de futuro que integre progresivamente el haz de voluntades es un componente esencial para el buen funcionamiento del Estado, de su sistema legal y articulación institucional. La visión de futuro debe estimular las acciones e inversiones en su construcción. Debe llegar a marcar los senderos por donde transite el interés personal, construyendo el edificio colectivo. Esto depende también de la capacidad de un liderazgo sabio, tal como lo señala Fukuyama “La esencia de la política pasa por la capacidad de los líderes de abrir paso a paso, a través de una mezcla de autoridad, legalidad, legitimidad, negociación, carisma, ideas y organización.

La capacidad de organización y la vida democrática

Como se ha podido apreciar la vida política tiene, no solo estructuras formales, sino muchas dimensiones socioeconómicas, políticas y organizativas que son las que le dan forma.

El peso numérico de los sectores sociales es apenas un factor, que depende de su capacidad económica, pero sobre todo de su capacidad organizativa parda incidir en la vida política. Por eso podemos afirmar que la organización es una vitamina clave (vitamina O) en los procesos de representación e incidencia en las transformaciones políticas. No basta con que exista el derecho a elegir, si los grupos sociales no tienen derechos reales y están organizados para garantizar que sus intereses están representados en los partidos políticos y que pueden exigir su cumplimiento. En estas condiciones su participación es decorativa y fácilmente manipulable por los patronos políticos. Como decía muy atinadamente el ex presidente José Figueres Ferrer, “Los hombres sin organización no tienen ningún poder” De ahí la importancia que tiene la política social, configurando poder ciudadano capaz de transformar las estructuras, por el contrario, generando dependencia y pasividad que abonan las relaciones clientelares.

De ahí que tanto que la configuración del Estado, como la legalidad que lo sustenta, así como el aparato institucional de gobierno, dependan de la composición social del país, así como de la capacidad de incidir que tengan las organizaciones e individuos sobre el Estado. Esto último es de particular importancia en el análisis de los estados latinoamericanos.

AMERICA LATINA FRENTE AL CAMBIO

La cortina de humo moralista

Las personas, sus cualidades y valores morales, así como la cultura local son vistas como factores determinantes en la práctica política del buen o mal gobierno. El patrimonialismo excluyente no se percibe como un sistema, que por su esencia genera corrupción, y que debe reformarse con transformaciones institucionales sistémicas que generen y estimulen la acción organizada, con descentralización y la rendición de cuentas, se atribuye la corrupción a los gobernantes y a la cultura prevaleciente.

De tal forma la predicación de los autoproclamados puros moralmente consiste en calificar de corruptos a todos los que no sean ellos y establecer denuncias, no siempre fundamentadas, contra la “corrupción”.

Así se evaden las causas sistémicas y se reducen las soluciones al cambio de personas, que vuelven, dentro del sistema a repetir los mismos pasos.

La revolución científico técnica y el narcotráfico

Los acelerados cambios promovidos por la revolución científico técnica, provocan la desaparición del trabajo físico y mecánico, donde se ha empotrado laboralmente la población con bajo nivel educativo. La desocupación y el desempleo crónico genera un clima de tensión, resquebrajamiento y desestabilización en el tejido social, que es aprovechado por nuevo poder de gran envergadura emergente en el continente: el narcotráfico.

Esta nueva realidad, ha empezado a desplazar muchos gobiernos estatales y municipales en México. Brasil y Colombia y a transformar países completos como los del Triángulo del norte de Centro América, en estados fallidos.

Importancia de la política social en la organización y apoderamiento ciudadano

La política social tiene como función principal contribuir a redistribuir el ingreso formando capacidades organizativas empresariales y ciudadanas y facilitando la asistencia social a quienes la necesitan por no estar en condiciones de valerse por sí mismos. Pero la forma en que se aplica la política social no es neutral, dependiendo del enfoque ideológico que se le dé y la organización institucional que se adopte para ejecutarlo.

Una dicotomía clave

La población pobre o limitada de recursos, en condiciones de valerse por sí mismos, puede verse en términos de formulación de los proyectos

  1. a) como “perdedores” que deben ser asistidos y guiados por profesionales o
  2. b) la visión prometeica esto es como personas que necesitan apoderarse del “fuego” de la organización y recibir los servicios básicos para salir adelante.

Ad a) Cuando predomina la visión de perdedores los programas y proyectos facilitan asistencia y servicios, pero no generan capacidades de organización autónoma. Por el contrario, tiende a generarse dependencia y pasividad que es aprovechada por los políticos para fortalecer sus clientelas electorales. En otras palabras, dentro de este esquema se mantienen y fortalecen las relaciones de poder político y de dependencia institucional. Es por esa razón que este enfoque se mantiene en la práctica institucional, independientemente de las declaraciones formales que los documentos de política social realicen contra el asistencialismo y en favor de una supuesta participación, que como bien lo señala el profesor Raff Carmen, especialista en educación de adultos de la Universidad de Manchester, no pasa de ser una participación manipulada o “participulación” como acertadamente la denomina.

Ad b) Cuando predomina la visión prometeica y la gente se capacita en organización personal y colectiva, las personas se apoderan de un instrumento que les permite desempeñarse en la vida ciudadana y empresarial.

La experiencia del Hospital sin Paredes, en Costa Rica, de la década de los setenta donde la comunidad de cinco cantones de Costa Rica, conjuntamente con el equipo médico del Hospital de San Ramón, se apoderó de la salud en un sentido integral, reduciendo no solo las tasas de mortalidad materno infantil y la morbilidad en general, sino que impulsó el desarrollo comunal y económico de la región.

El libro “Un futuro para los excluidos” London, UK: Zed Books. ISBN 9781856497022. de1999, describe los resultados de la capacitación masiva en organización de Clodomir Santos de Morais aplicada en tres continentes durante 30 años, con resultados destacados, entre otros, en procesos de reforma agraria.

A pesar de estas evidencias fácticas y de los sustentos en la teoría de la actividad objetivada y en la educación de adultos, las políticas sociales presionadas por las relaciones de poder se han ajustado a la visión de “perdedores”, descartando en la práctica el método prometeico.

El dilema latinoamericano

América Latina atraviesa un período crítico de su historia, enfrentada a la revolución científico técnica, con un bajo nivel educativo en su población, en un momento que el trabajo físico y repetitivo desaparece cada vez más rápidamente. Con niveles de desigualdad, pobreza creciente y desempleo que son aprovechados por el narcotráfico para reclutar sus gatilleros mientras muchos estados se debilitan o sucumben como fallidos. En este panorama nada alentador, sus políticos se aferran al patrimonialismo mientras aumentan lo éxodos de refugiados y crece la violencia interna.

¿Puede seguir en América Latina con el modelo patrimonialista de estado en el siglo XXI?

Por lo visto anteriormente, el modelo patrimonial de estado, fundado en relaciones clientelistas, donde los patrones políticos reparten diarios y servicios tiene sus días contados ante los desequilibrios sociales y políticos que la falta de oportunidades educativas y la desigualdad están provocando sobre el tejido social. Por otra parte, el poder de un nuevo sector económico y político encuentra eco en los excluidos y desesperados

Por primera vez en quinientos años los estados latinoamericanos han encontrado un reto que no depende, como en el pasado, de un acomodo en las “cortes” de las tradicionales clases patrimoniales, sino que confrontan al Estado tradicional y toman cada vez más posiciones en los gobiernos e instituciones locales. Para este reto disponen de recursos económicos e incluso de terror militar cada vez más numerosos y sofisticados.

El cambio y la transformación institucional son inevitables y la realizarán los dueños del terror, o pasaremos por un nuevo período de dictaduras populistas, a menos que optemos por una transformación en democracia. Formando la ciudadanía organizada necesaria, desde abajo, en un proceso de construcción de nuevos círculos virtuosos que organicen a la sociedad al mismo tiempo que legitimen la autoridad.

¿Cuál es la alternativa al caos y la violencia?

La situación no es fácil, los mecanismos de reparto de recursos públicos utilizados por el clientelismo, se ven cada vez más restringidos, tanto por la magnitud de los problemas sociales y de violencia, como por el agotamiento de los recursos públicos en estados cada vez más endeudados. El terror y la violencia asoman la cara en forma de narco gobiernos o dictaduras duras.

Para evitar el caos que ha empezado a expulsar a millones de latinoamericanos, hacia el exterior, y pensar en soluciones democráticas hay que aplicar soluciones sistémicas que actúen sobre las causas y no solo sobre los efectos inmediatos.

Soluciones que contribuyan, progresivamente, a romper los círculos viciosos y estimular la emergencia de nuevos círculos virtuosos que tengan fundamento en las mejores prácticas.

¿Misión imposible hacer el cambio en democracia?

Cambiar una inercia de 500 años, sólidamente fundamentada en el peso de las estructuras sociales y las relaciones de poder vigentes, en condicione democráticas, puede parecer una utopía irrealizable a primera vista y no es una tarea fácil a corto plazo, pero no es imposible se actúa con visión de sistema. Esto es reconocer, por una parte, que lo existente es producto de una práctica, que no se transforma con cursos y buenos consejos, sino con una nueva práctica. Por otra parte, que el cambio de los sistemas parte de accionar sobre los círculos viciosos construyendo progresivamente círculos virtuosos. Esto es un proceso acumulativo donde los resultados generan confianza y acumulan autoridad y respaldo sobre las comunidades y actores de la transformación

Se trata de una combinación de educación y capacitación organizacional cívica y empresarial acompañada de una política de descentralización, que abra senderos y genere autoridad por sus resultados.

Un pilar central de centrarse en la educación que es la llave de las oportunidades. Más allá del esquema tradicional de la educación estándar masificada que prepara oficios de toda la vida. adaptada a la nueva época, se requiere d una educación cosmopolita, pero enraizada en nuestros países, que propicie el respeto de las culturas ancestrales y la integración de saberes en la búsqueda de soluciones. Que enseñe a respetar las culturas locales y conocer las nuevas experiencias de desarrollo impulsadas por las comunidades indígenas, como las impulsadas en Bolivia.

La organización de las personas y de las comunidades, es la vitamina “O” del desarrollo, es la que apodera a las comunidades y personas para participar en la vida cívica y política. Sin organización cívica la descentralización es un “canto a la bandera” que termina cediendo los espacios al clientelismo y al narco. Por eso es fundamental una descentralización de la educación y la capacitación, así como los servicios de apoyo al financiamiento de proyectos locales que el impulsen el ascenso social al mismo tiempo que el encadenamiento y generación de empleo, ocupaciones y riqueza en las comunidades.

La democracia de los dados cargados

Sin organización y capacitación no podrá integrarse a la vida económica, comunal y cívica a los excluidos que seguirán participando del juego de una “democracia” con los dados cargados por el un capitalismo de amiguetes, que tejen las leyes y las normativas para su beneficio patrimonial.

El Estado debe favorecer el desarrollo nacional y local, dictando normas que estimulen a los emprendedores nacionales, mientras crecen y se posicionan.

En todos los países hoy desarrollados han existido momentos de protección de lo local para consolidar sus industrias, así fue en Japón donde se les dio 10 años, de ventaja a los industriales, con la condición de que en ese lapso de tiempo pudieran exportar sus productos. En Israel el Estado le otorga ventajas de diverso tipo a los inversionistas con la condición que en cinco años encadenen la mitad de su producción y servicios con la economía local. Aquí lamentablemente no hemos aprendido de esas experiencias y pretendemos hacer clavos de oro con un proteccionismo chato, que parte del supuesto que los recursos públicos son infinitos.

Revertir el proceso patrimonialista de 500 años, requiere empezar por reconocerlo en “su salsa” y emprender, a través de nuevas políticas, el aprendizaje y estimulo de las mejores prácticas locales e internacionales. Se trata de construir liderazgo y autoridad a través de los resultados de una práctica acumulativa

Es una tarea ardua, pero viable y necesaria, como la que han emprendido con éxito en Uruguay y Bolivia.

Santa María de Dota 05 febrero de 2021

Crónica: Las fronteras que me cruzan

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Es marzo de 2021. Ya se va, mejor dicho y continúo confirmando las sospechas que semanas atrás había adelantado en una observación participante, acerca de la pretendida tonalidad progresista con que alegremente se recibió en algunos círculos políticos y académicos al binomio Biden-Harris en cuanto a su política migratoria, especialmente la que interesa a la región centroamericana.

Es marzo de 2021 y tan pronto como se acaba, la primera gran coyuntura migratoria de la administración estadounidense entrante ha sido declarada.

La disuasión desde Estados Unidos hacia las movilidades humanas centroamericanas ahora no se realiza por medio de lacónicos tweets del tipo “aquí no vengan porque no serán bien recibidos”; no se hace así ahora, pero el discurso sigue siendo el mismo: no vengan, las fronteras para ustedes, pobres, desplazados de forma forzada, expulsados de sus comunidades, de sus países, están cerradas.

Pero la gente que no viaja en avión ni tiene condiciones materiales y subjetivas para contender con la pobreza, la exclusión, la violencia de los estados, las instituciones y las élites empresariales acumuladoras y despojadoras, sigue saliendo, sigue yendo a tratar de cruzar las fronteras. Y va. Y choca con discursos y puertas fortificadas desde las palabras hasta los operadores de las acciones de seguridad implementadas en las regiones de cruce entre países.

Hablamos de coyuntura y no de discursos. Es una decisión no solo semántica, sino política. Los discursos sobre las crisis migratorias, valga recordarlo, suelen colocar el acento en las personas que se movilizan. “Son muchos”, dicen. “Desbordan la capacidad de los Estados para atenderlos”, señalan. “Son incontenibles”, vociferan. «Vienen enfermos y sucios», murmuran.

Pero nada dicen esos discursos sobre las políticas de hambre y desigualdad, la rapiña de quienes buscan más para enriquecerse a partir de pactos de corrupción y silencio, la acumulación devastadora, racista y clasista que se contornea en todos los países centroamericanos. Por eso la gente se va. Por eso Biden-Harris disuaden. Y generan junto a los medios de comunicación hegemónicos la impresión de que la crisis la producen las personas que caminan. Para vivir. Para salvarse.

Es otro marzo. El de 2020. 15 de marzo para ser exacto. Llegamos con cierta urgencia a la línea fronteriza terrestre entre Honduras y Nicaragua llamada simbólicamente “Las manos”. Bajamos del autobús transnacional y una aguja que se levanta y baja al compás de las seis de la mañana en una frontera llena de polvo y pasos invisibles a vista y paciencia de todos, indica el corte: estar aquí, estar allá es cuestión de un solo movimiento del involuntario del dispositivo que flanquea los movimientos.

Nos anuncian que seremos testeados. Lo que posteriormente consistió en unas preguntas sobre las quince horas previas, monitorea el curso de mi vida en una Tegucigalpa que ya empezaba a cerrar sus puertas ante la pandemia. La urgencia de un país que solo meses después sufriría la devastación como consecuencia de dos huracanes seguidos en formación, una tras otros, como si hubieran sido planificados.

De un país así, de un escenario así, salpicado también por la corrupción y el crimen organizado como política de estado, sale la gente que Biden-Harris, los progresistas en materia migratoria, disuaden hoy bajo el discurso de la crisis y la contención militar en las fronteras de México y Guatemala.

Luego del testeo regresamos al autobús para continuar el viaje. En el camino leo el texto profundo y desgarrador de los hermanos Martínez (Oscar y Juan José) sobre la formación transnacional y compleja de las agrupaciones delictivas salvadoreñas llamadas pandillas. Debo la lectura a una de las pensadoras centroamericanas que más admiro y a quien tengo el gusto de conocer más allá de la academia. Para vos, Amparo Marroquín, va mi abrazo y agradecimiento por este libro que me regalaste.

 En una parte de la introducción de “El niño de Hollywood” (Editorial Debate, 2016) se lee lo siguiente:

“Este libro no es sólo sobre la vida de un sicario de la pandilla más grande del mundo, la única en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la que recurrentemente vuelve a los incendiarios discursos de Donald Trump, la que tiene presencia en cada uno de los departamentos de El Salvador. Este libro es, en el fondo, nuestra forma de entender y explicar el patio trasero de Estados Unidos. “Shithole”, dijo Trump, hablando como algo lejano de lo que gobernantes como él ayudaron a construir, a destruir”

Al recordar esa introducción ahora, pienso en la continuidad y linealidad de la historia hegemónica, en la fuerza del lenguaje, en el rigor de las fronteras para determinadas poblaciones. Al cabo de más de un año de escenario pandémico global, las excusas de la soberanía y la protección sanitaria fueron instrumentalizadas por los estados y otros actores, para construir nuevas argumentaciones respecto a las movilidades forzadas en la región. Ese es quizá uno de los saldos más profundos que debemos revisar “cuando todo esto termine”.

Al regresar a casa el 15 de marzo de 2020, venía tras de mi como dominó inclemente el cierre de fronteras centroamericanas. La de Las Manos por ejemplo fue clausurada esa misma noche y así el resto. Hasta el día de hoy pienso en lo simbólico de ese viaje y mi paso por tres escenarios fronterizos regionales por aquellos días de cierres y suspensiones, comprobando su porosidad, observando sus condiciones para el rigor de las exclusas cuando los estados se resguardan con miedo, con temor.

Que aún persisten, hasta el día de hoy.

Imagen de cabeceras: https://www.conclusion.com.ar/religion-y-espiritualidad

¿Por qué en Uruguay y no Costa Rica?

Óscar Madrigal

Hoy en La Nación su columnista de los martes, la señora Velia Govaere invita a sus lectores a fijarse en ejemplos de países más cercanos y dejar de pensar en el otro del Atlántico. En concreto Govaere manifiesta que debemos encontrar las políticas públicas exitosas de Uruguay que son un modelo y paradigma.

No voy a resumir el artículo porque deberían leerlo. Solo para forjarse una idea, reproduzco algunas cifras que la señora cita: en 2006 la pobreza en Uruguay era del 32% y en CR un 20%; en el año 2018 la pobreza en Uruguay descendió al 8% y la pobreza extrema fue erradicada. 15 años después Costa Rica seguía con los mismos índices de pobreza y un país más desigual. Ambas economías crecieron, pero aquí los pobres siguen pobres y los ricos, más ricos; en Uruguay es al revés, el ingreso del 40% de los más pobres creció más que la riqueza nacional, lo cual hizo crecer su clase media convirtiéndola en la más grande de América Latina. Es el 60% de su población.

La señora Govaere dice que la apuesta de Uruguay fue hacia un crecimiento hacia afuera pero también hacia adentro, endógeno, mientras en CR solo se apostó a lo externo descuidando los factores productivos internos. El Uruguay fomentó su aparato productivo interno con buenos salarios, que no desangraron al fisco; robustos ingresos tributarios favorecieron la inversión en las zonas más desprotegidas.

En CR hemos seguido en los últimos años, pero especialmente en los de este gobierno, con salarios congelados, sin apoyo al empresariado nacional, con ingresos tributarios enclenques por la evasión y la elusión. Los resultados están a la vista, un país más desigual y más pobre.

La señora Govaere se hace la gran pregunta: ¿qué tienen ellos que no tenemos?

Simplemente no tenemos un gobierno que se interese por los problemas del pueblo y que gobierne para ellos. En Uruguay existió un gobierno popular, encabezado por un grupo de partidos de izquierda, sociales y populares, que produjeron ese milagro.

Aquí tenemos todo lo mismo que Uruguay, solo nos falta un gobierno que procure el bienestar general de las personas.

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/

0,67% de los salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania

-Derecho de respuesta del Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica a publicación del periódico La Nación*

El día 22 de febrero de 2021, el periódico La Nación publicó, en su portada, un titular que dice “Salarios de ‘U’ públicas compiten con los de Alemania”. El reportaje que acompaña dicho titular asevera que los salarios de las personas funcionarias de las universidades públicas costarricenses son equivalentes a los de las universidades alemanas, a pesar de las enormes diferencias que existen entre ambos países en materia económica y social. En medio de una coyuntura compleja como la que atravesamos actualmente, en la cual se está impulsando el proyecto de Ley de Empleo Público, nos parece necesario hacer algunas aclaraciones con respecto a esta publicación.

  • Existe una marcada diferencia entre el titular y el contenido del artículo. Por un lado, el titular hace una generalización errónea, pues, al no precisar cuáles sectores de las universidades públicas costarricenses tienen salarios que compiten con los de Alemania, hace pensar que son todos los salarios de todas las personas funcionarias de las universidades costarricenses. Como se demuestra en el siguiente punto, esto es categóricamente falso. De esta manera, el titular es tendencioso y exhibe una intención de manipular la opinión pública a interpretaciones equivocadas, pues hasta los datos expuestos en el artículo lo contradicen.
  • El artículo del periódico La Nación presenta una retórica de evidencia incompleta. Debemos entender por retórica una técnica oratoria con base psicológica que busca conducir a la persona lectora para que llegue a conclusiones erróneas. En este caso, se hace utilizando la falacia de evidencia incompleta que presenta a la persona lectora una versión manipulada de la verdad para conducirle hacia el sesgo de confirmación de que las universidades públicas son culpables de la situación económica actual por sus salarios altos. Como ya se indicó, esta conclusión es completamente falsa. Esta retórica se da, como indicamos desde el título. Sin embargo, la propia La Nación menciona que menos del 1% de todas las universidades públicas tiene salarios altos (0,67% para ser exactos, un número cercano a cero). Luego, para añadir más confusión en la persona lectora, convierte ese grupo en el total y hace afirmaciones como “hay 21 empleados con sueldos superiores a los ¢7 millones, es decir, el 13%”. En dicho punto recurre de nuevo a la retórica o engaño psicológico para producir un efecto negativo en el lector hacia las universidades públicas. Sin embargo, ese es el 13% del 0,65%, es decir el 0,1% aproximadamente. Este número es aún más cercano a cero. Este artículo sería un caso de estudio para el propio “No coma cuento” de La Nación, lo cual demuestra la hipocresía intelectual del periódico.
  • Ciertamente, existen grandes desigualdades salariales a lo interno de las universidades públicas costarricenses, como se puede inferir a partir de una lectura cuidadosa del artículo. Debido a que esta desigualdad es clara y evidente, si se examina el funcionamiento de las universidades, su denuncia no es mérito de La Nación. Más aún, cabe preguntarse con qué interés este periódico presenta un titular engañoso, sabiendo que la mayoría de personas no lee atentamente los artículos y se limita a la impresión que le causan los titulares de portada. A partir de esto se puede afirmar que la publicación de la La Nación no tiene como fin mejorar los sistemas de educación superior pública, sino otra cosa, porque, de lo contrario, ¿para qué se propondría engañar a sus lectores?
  • Desde el Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica estamos convencidos y convencidas que estas desigualdades deben ser revisadas y corregidas y que ello significa defender y mejorar la educación pública costarricense. Sin embargo, a quien le corresponde revisar y corregir esta situación es a la propia comunidad universitaria, de acuerdo con el principio de autonomía reconocido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.

Consideramos irrespetuoso e irresponsable publicar un titular y un reportaje como este, el cual contribuye a desprestigiar y descalificar, ante la opinión pública, la destacada labor que realizan las universidades públicas costarricenses a nivel nacional e internacional. Los aspectos financieros por mejorar en estas instituciones se deben hacer luego de realizar un análisis serio y riguroso, con miras a encontrar soluciones razonables y justas. Se esperaría de parte del periódico La Nación, uno de los medios de mayor difusión en Costa Rica, mayor rigor científico y periodístico. La sociedad costarricense lo merece.

* El periódico La Nación se negó a publicar este derecho de respuesta.

Solicitud al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana

Los riesgos de lesionar el principio constitucional de la Autonomía Universitaria

Costa Rica y el mundo en general, son escenario del avance de corrientes de pensamiento conservadoras que han permeado la economía, la política, la ciencia y la cultura. Los avances del pensamiento retrogrado en momentos de crisis sanitaria, económica, financiera y ambiental afectan como un todo el Estado social de derecho, y, de modo particular, a las universidades públicas. Es desde esta óptica que debemos valorar el riesgo que se cierne sobre la Autonomía Universitaria en el proyecto de ley 21.336, Ley marco de Empleo Público.

La Constitución de 1949, en el artículo 84, recoge una de las reivindicaciones más significativas de la modernidad y del pensamiento universal humanista: la independencia de la ciencia, la creación y la cultura, del poder político. Con sabiduría, el texto constitucional, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional (Sentencia No. 001313 de 1993), otorga a las universidades públicas independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio.

Transferir decisiones del régimen laboral o de la planificación institucional hacia instancias del Poder Ejecutivo contraviene seriamente esta autonomía y la Constitución Política. El texto de la Ley Marco de Empleo Público es esencialmente fiscalista. Más allá de las partes introductorias de la ley, no hay una preocupación real por el valor público que deben generar las instituciones estatales –razón sustantiva de la reforma del Estado que debe impulsarse, con un amplio diálogo nacional–.

Los nudos del debate dejan ver con claridad la intencionalidad real del texto de ley: reducción del gasto público a través de los salarios como medida para paliar la crisis fiscal, dicen sus promotores y propagandistas. Sin embargo, poco o nada interesa en el debate legislativo la calidad del trabajo público, la pertinencia de los procesos de trabajo, productos o resultados institucionales, el reto de la multidimensionalidad y articulación territorial de la gestión pública. Todos ellos temas sustantivos en la calidad de la gestión del trabajo humano en el seno del Estado.

No obstante, igual o mayor esfuerzo ponen en ocultar que la crisis fiscal obedece a la baja recaudación de impuestos del país, a contar con una de las deudas más caras del mundo, a la porosidad tributaria que permite la elusión y la evasión fiscal, el contrabando y la expatriación de riqueza generada nacionalmente hacia paraísos fiscales u oculta a través de entramados jurídicos locales e internacionales.

Las mismas fuerzas que hoy atizan los prejuicios contra las universidades públicas y los universitarios, a través de información distorsionada o parcial, cierran trincheras y hacen uso de su capacidad de presión y de amenaza para oponerse a cualquier avance en la ruta de una mayor progresividad y transparencia tributaria.

Es real el riesgo de avanzar en una ruta nefasta, en un entorno y en un momento de posicionamiento de actores y mensajes que satanizan lo público, el disenso y el avance en los derechos de las personas. Surge la amenaza de que a “pellizquitos inconstitucionales” en cadena, estas fuerzas del conservadurismo y la privatización vayan debilitando conquistas logradas en el campo de las políticas públicas que hoy, todavía nos permiten mostrarnos como una nación diferente, pese a la galopante desigualdad.

La autonomía universitaria que ha garantizado la libertad de pensamiento y el avance del conocimiento en función de las transformaciones que demanda nuestra sociedad, es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia. La defensa de la autonomía universitaria es consecuente también con profundizar los esfuerzos que ya se están realizando en las comunidades universitarias para revisar el modelo salarial, ser más eficientes con el uso de recursos públicos y eliminar inequidades y abusos existentes.

Por lo tanto, como personas que hemos estado ligadas de diversas formas al Partido Acción Ciudadana, demandamos a nuestra fracción legislativa y al señor presidente de la República excluir a las universidades públicas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Olga Marta Sánchez Oviedo
Yamileth González García
Alberto Salom Echeverría
Luis Felipe Arauz Cavallini
Eugenio Trejos Benavides
Alicia Vargas Porras
Elizabeth Fonseca Corrales
Margarita Bolaños Arquín
Grettel Ortiz Álvarez
Olivier Pérez González
Nicolás Murillo Rivas
Fernando Rodríguez Garro
Leda María Zamora Chaves
Gerardo Fumero Paniagua
Cristóbal Granados Mora
Carlos Calvo Pineda
Edgar Gutiérrez Espeleta
Daniel Vartanian Alarcón
Jeannette Cordero Gamboa
Emilia Molina Cruz
Henry Mora Jiménez
Patricia Salgado Muñoz
Javier Cambronero Arguedas
Sarah Salazar Bonilla
Melvin Jiménez Marín
Ana Cristina Briceño Lobo
Eduardo Enrique Solís Portuguez
María Antonieta Camacho Soto
Fabián Solano Fernández
Yanina Soto Vargas
Janina Montero Cabezas