Skip to main content

Etiqueta: desigualdad

Mujeres por Costa Rica hace propuesta para el eje de creación y protección de empleos

Escrito el . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió el siguiente documento como parte del proceso “Costa Rica escucha, propone, dialoga”:

Colectivo Mujeres por Costa Rica

I. LOS RETOS URGENTES DE LA ACTUAL COYUNTURA

Existe en el país una realidad de graves desbalances, desigualdades, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. Ello debería conducir, por tanto, a replantearse a profundidad, su estilo de desarrollo y a visualizar esta pandemia como una oportunidad para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa y ambientalmente sostenible.

Es momento de tomar decisiones y medidas de corto plazo, pero con la mirada larga en el futuro. Hoy tenemos la oportunidad, como nación, de decidir y concertar una ruta de desarrollo centrada en el bienestar integral de todas las personas y futuras generaciones, o por el contrario salir de esta coyuntura con un país más desigual, excluyente, injusto y depredador del planeta.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA PROPUESTAS

  1. Garantizar la paz social y la construcción de acuerdos que permitan enfrentar la crisis con una democracia remozada, esperanzadora, innovadora y líder de un nuevo orden social.
  2. Los recursos requeridos para atender la crisis sanitaria, evitar el hambre, dar auxilio a las personas más vulnerables y animar la recuperación económica, deberían ser financiados con aportes basados en la progresividad tributaria y muy particularmente con el aporte de aquellos sectores que pese a ser los de más altos ingresos y de mayor riqueza, aún no contribuyen de manera solidaria y transparente.
  3. Reconocer los impactos e implicaciones diferenciadas del COVID 19 en mujeres y hombres, en la crisis de salud, así como en aspectos sociales y económicos, particularmente en el empleo y brecha salarial. Ello es necesario para brindar respuestas que comprendan las dinámicas de género, especialmente en relación con oportunidades e igualdad salarial por el mismo trabajo, así como en la corresponsabilidad social de los cuidados.
  4. Brindar especial atención a grupos de mujeres vulnerables que están recibiendo el impacto mayor de la crisis, tales como las mujeres trabajadoras del sector servicios, sector sanitario, trabajadoras domésticas y del sector informal, muchas de las cuales son mujeres migrantes.
  5. Incorporar a las mujeres y la perspectiva de género en la gestión de las propuestas ante la crisis del coronavirus, en todos los ámbitos: prevención, recuperación y protección social y económica.

II. LAS PROPUESTAS

1. Promover y proteger el empleo de las mujeres a través del impulso a la soberanía alimentaria y nutricional.

La situación ambiental, así como el comportamiento errático y concentrador de los mercados internacionales de alimentos, demanda que el país anime políticas nacionales de soberanía alimentaria y nutricional, reconociendo a las mujeres como productoras relevantes, para lo cual se les debe garantizar el derecho al uso y a la propiedad de la tierra, al financiamiento, la asistencia técnica y la capacitación para que sus emprendimientos sean rentables y sostenibles. Para ello se debe:

a. Apoyar a las mujeres que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras – incluidas muy particularmente las molusqueras- reconociendo su significativo aporte a la producción alimentaria ambientalmente responsable. Para ello debe asegurarse que la participación de las productoras rurales en el desarrollo sostenible se acompañe con implementación de asistencia técnica que les permita incrementar su capacidad de innovación y rentabilidad, con instrumentos crediticios que adecuados para obtener financiamiento y hacer frente a sus deudas, proteger sus bienes, garantizar el acceso a recursos productivos, en especial la propiedad de la tierra; así como propiciar la apertura de nuevos mercados a nivel local, regional, nacional e internacional que les permita establecer vínculos innovadores con consumidores y en particular a través de plataformas digitales en un marco de comercio justo y eficiente.

b. Todo ello a través de la promoción de formas organizativas propias de la economía social solidaria, organización comunitaria y la gobernanza para la innovación social.

2. Establecer programas y mecanismos de crédito para las mujeres emprendedoras.

Para ello el Sistema Bancario Nacional, Banca de Desarrollo e INFOCOOP deben:

a. Abrir líneas de crédito específicas para mujeres emprendedoras (micro, pequeña y mediana empresa) individuales o en formas asociativas en diferentes ramas de la actividad productiva con tasas de interés preferenciales y períodos de gracia mientras sus emprendimientos generan ingresos estables.

b. Acompañar estas líneas de crédito con capacitación y asesoría para la producción, la agregación de valor y la comercialización de sus productos y servicios.

c. Flexibilizar, simplificar y agilizar los trámites para acceder a dichos recursos.

3. Recuperar pymes y empresas de la Economía Social Solidaria (ESS) de las mujeres.

En vista de que, en la coyuntura de la pandemia, se ha visto claramente afectado el tejido empresarial nacional, las mujeres emprendedoras han sido fuertemente afectadas y hoy han tenido que cerrar o bien reducir sus actividades generadoras de bienes y servicios. Es fundamental su recuperación para a su vez recuperar y proteger el empleo. Por tanto, se propone:

a. Que el Sistema Bancario Nacional y los diferentes organismos y programas que ofrecen recursos a la actividad productiva establezcan programas de préstamos blandos a pymes y empresas de economía social solidaria para capital de trabajo, con tasas subsidiadas, períodos de gracia de hasta un año, estableciendo la condicionalidad de que se mantenga o amplie la empleabilidad que estos emprendimientos ofrecen.

b. Impulsar la modernización de pymes y empresas de ESS con programas de capacitación en tecnologías de punta y tecnologías ambientalmente amigables a través de convenios con las Universidades Públicas y el INA.

c. Asesorar y acompañar encadenamientos productivos entre sectores de la economía nacional y muy particularmente con el turismo hotelero como un mecanismo de lograr desarrollos locales y regionales.

4. Protección del empleo y garantía de los derechos laborales de las mujeres.

Como lo registra el último corte de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC las mujeres han sufrido un incremento mayor en el desempleo a lo que ha impactado a los hombres, por tanto, si bien es cierto hay que proteger en su conjunto el empleo, es necesario actuar con especial atención en la protección y garantías laborales de las mujeres. Para ello se propone:

a. Que en los programas de salvamento a las empresas se condicione la restitución de los empleos suspendidos por la pandemia sin deteriorar las condiciones contractuales previas, así como el compromiso de crear nuevos puestos laborales atendiendo las condiciones legales establecidas en nuestro país.

b. Fortalecer la inspección laboral desde el MTSS para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en todos los sectores laborales: monocultivos, plantaciones, industria, servicios, trabajo doméstico, entre otros.

c. Crear un seguro de desempleo como parte de la seguridad social que permita un ingreso mínimo vital ante contingencias y crisis.

 d. Crear un mecanismo que permita garantizar los derechos laborales, conforme las leyes nacionales, a personas trabajadoras de las plataformas digitales.

e. Rechazar el expediente 21182 que tiene como propósito flexibilizar y extender las jornadas laborales a 12 horas, ya que implica una sobrecarga de trabajo para las mujeres, atenta contra los Derechos Humanos, el Código de Trabajo y la Constitución Política. (Título V. Artículo 58).

5. Garantizar que las mujeres del sector informal puedan transitar hacia un trabajo formal: pescadoras artesanales trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, mujeres con discapacidad y madres de personas con discapacidad, artesanas y en general todas las mujeres en condición de vulnerabilidad.

Para ello se propone:

a. Formalizar sus actividades económicas bajo formas asociativas de la ESS, asegurándoles financiamiento y capacitación.

b. Impulsar el surgimiento de nuevos servicios estables y con una remuneración digna vinculados a sus actividades informales. Así por ejemplo, para el caso de las trabajadoras domésticas es posible animar iniciativas empresariales bajo modelo cooperativo autogestionario para el desempeño de un trabajo doméstico altamente especializado, orientado al mercado diversificado no tradicional, asegurándoles todos los derechos laborales; para las mujeres vendedoras ambulantes y patentadas con puestos en calle se propone desarrollar un mercado cooperativo de productos al por mayor y a bajo costo; para las mujeres con alguna discapacidad o madres de personas con alguna discapacidad, un mercado cooperativo de productos y equipo a bajo costo.

c. Incluir dentro de estas iniciativas también a las mujeres migrantes.

d. Desentrabar y simplificar trámites y plazos que limitan la generación de empleo y su funcionamiento óptimo.

6. Ampliar y extender la seguridad social a mujeres vulnerables en informalidad.

Otorgar pensiones del Régimen No Contributivo a mujeres adultas mayores que se encuentren incorporadas a actividades informales así como desarrollar alternativas de cuotas de seguridad social con una base mínima contributiva.

7. Fortalecer los sistemas de cuido que aseguren condiciones adecuadas de integración de las mujeres al mercado laboral y al sistema educativo.

Para ello se propone:

a. Avanzar en el diseño, institucionalización, y ejecución del Sistema Nacional de Cuido de alta calidad como parte de la Seguridad Social, con financiamiento solidario y con alternativas de copago para aquellas familias que cuenten con recursos para ello.

b. Promover el Proyecto de Ley de Creación del Sistema Nacional de Cuidados. Exp N.º 21962

c. Implementar medidas de corresponsabilidad social de los cuidados, compartidos entre instituciones del Estado, empresas, hombres y mujeres.

d. Visibilizar y retribuir de manera justa las actividades de cuido con salarios dignos, seguridad social, profesionalización y mayor calificación.

8. Sobre el trabajo en el sector de la cultura.

Las personas trabajadoras de la cultura, en las diferentes disciplinas, han tenido que poner en pausa sus diversas actividades y espacios laborales. Pese al impacto que han sufrido, su histórica situación crítica no ha sido visibilizada ni valorada. Es, por tanto, un sector que requiere una atención particular que les permita a personas trabajadoras de arte y cultura tener un trabajo decente, con todas las garantías laborales y de seguridad social. Para ello se propone:

a. Crear e impulsar emprendimientos culturales, individuales y colectivos.

b. Crear un fondo no reembolsable para capital semilla para emprendimientos culturales y de turismo cultural, tanto individuales como colectivos-asociativos.

c. Crear paquetes culturales y espectáculos de entretenimiento articulados a los paquetes turísticos, con ventas previas.

d. Mayor profesionalización de personas trabajadoras del arte y la cultura con espectáculos de entretenimiento de alta calidad.

e. Instaurar espacios culturales regulares, en las comunidades y a nivel nacional, como parte del rescate de la cultura local y del patrimonio cultural.

f. Crear un plan de acompañamiento en la creación de estrategias de captación de nuevos públicos y promoción cultural.

g. Crear espectáculos de interés cultural local en coordinación con Gobiernos locales.

h. Promover e instaurar una campaña apoyo a las personas trabajadoras de la cultura local y nacional

i. Establecer alianzas público-privadas donde el servicio artístico profesionalizado sea un medio de difusión cultural a nivel nacional e internacional.

j. Considerar la particularidad de las personas trabajadoras de la cultura, para garantizar su acceso permanente al Sistema de la Seguridad Social nacional.

9. Sobre el trabajo en el Sector Público.

Desarrollar un sistema de empleo público basado en el mérito y la profesionalización, en la evaluación de desempeño, con sistemas de selección, promoción y remuneración ordenados y transparentes como soporte de la calidad, oportunidad y capacidad de generación de valor público del Estado y sus diversas instituciones tanto en tiempos ordinarios como en periodos de crisis.

Bicentenario en Costa Rica: encrucijadas para las políticas públicas y la democracia

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Muñoz Varela[1]

La celebración del bicentenario de la independencia acontece en Costa Rica en el marco de una situación crítica de carácter multidimensional. La pandemia del Covid-19, que despuntó en el país en marzo de 2020, aún estará presente para el año 2021. Las repercusiones de la situación provocada por la crisis sanitaria y el tiempo que tardará en ser superada son todavía inciertas. La única certeza posible que de momento se puede tener es la de que la sociedad costarricense habrá sido afectada por una coyuntura de crisis cuyos alcances no se reducen a la cantidad de muertes provocada por el virus ni a los costos económicos que la batalla por el control de la pandemia haya representado para el sistema de salud y para el país en general.

Las afectaciones de la pandemia Covid-19 son múltiples en diversos sentidos: económicos, sociales, políticos, culturales y, desde luego, educativos. En lo económico, tras medio año de crisis sanitaria que se cumple al mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo en el país prácticamente se duplicó con respecto a la que se tenía a inicios de año: de 12,5% que registraba al primer trimestre de 2020, dicha tasa pasó a 24,4% para el segundo trimestre. Este incremento del desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, las cuales, en el período de referencia, registran una tasa de 30,4%, lo que significa una diferencia negativa de 10,4% con respecto al desempleo de los hombres, que es de 20%. (INEC, 2020).

El subempleo, por su parte, alcanzó un incremento de 10,3% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020. Las proporciones de distribución entre mujeres y hombres son de 20,5% para ellas y de 20,6% para ellos. La pandemia ha significado pérdida del empleo sin posibilidad de reintegro, reducciones de la jornada laboral y de los ingresos para un sector de quienes aún conservan el empleo, así como cancelación parcial o total de operaciones para sectores que se dedican al trabajo independiente o por cuenta propia y para pequeños negocios de servicios. Estos últimos registran con una afectación del 68,5%. (INEC, 2020).

Si se tiene en cuenta que, para el año 2019, se tenía en Costa Rica una tasa de pobreza del orden del 25,70%, los datos anteriores colocan al país en una deriva hacia la pobreza y la pobreza extrema que abarcará a muchos otros hogares más, los cuales quedarán sin perspectivas de poder salir de dicha condición ni siquiera en el mediano plazo. La situación se agrava aún más, al tener en consideración que, entre los hogares en condición de pobreza, el 48,4% de ellos tiene una jefatura femenina y son familias con más integrantes de lo que son los hogares no pobres. (INEC, 2019). Esta es una situación que erosiona las bases de la democracia y que coloca a la sociedad costarricense a las puertas de una desintegración social de alcances muy peligrosos para la estabilidad del bienestar común y para la convivencia social.

En lo que a la educación corresponde, el impacto de la pandemia también deriva en la configuración de una situación compleja y crítica para un amplio sector de la población estudiantil del país. Una vez iniciada la crisis sanitaria, las autoridades del sistema educativo dispusieron establecer la modalidad de educación virtual, en un contexto de realidad nacional en el que las desigualdades sociales y los niveles de pobreza confabulan en perjuicio de una proporción significativa de la población estudiantil. A finales de mayo de este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informaba acerca de la existencia de una cuarta parte del estudiantado nacional que no contaba con acceso al servicio de internet para atender la educación virtual. (Ruiz, 2020).

En este aspecto, es bien probable que, al finalizar el curso lectivo de 2020, la proporción de estudiantes que, tanto por la afectación económica que ha habido en sus hogares y a título personal, la pérdida de capacidad adquisitiva para pagar servicios telefónicos y de internet, lo mismo que por la inexistencia de cobertura de la conectividad, hayan debido abandonar los estudios y, con ello, quedar en una complicada situación de rezago. Pérdida de oportunidades para estas personas y pérdida de capacidades para el país y para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, más allá de la coyuntura de crisis que ha traído la pandemia, todas estas situaciones de inequidad, exclusión, desigualdad social, pobreza y pobreza extrema, son resultado del modelo socioeconómico establecido en el país desde hace cuatro décadas. La crisis de la pandemia solo ha venido a ponerlas a plena luz del día y a ampliarlas y profundizarlas. Se trata de una situación, no ya de crisis coyuntural, sino estructural y sistémica. Crisis que colocan al país y a la sociedad en una encrucijada de toma de decisiones urgentes e impostergables, a nivel de las políticas públicas y en las dimensiones económica, social, política, institucional, cultural, educativa.

¿Qué tipo de país tendrá que seguir siendo Costa Rica de aquí en adelante? ¿Se podrá dejar atrás cuatro décadas de un modelo socioeconómico que ha profundizado la inequidad, la exclusión, la desigualdad y la injusticia social? ¿Podrá servir la celebración del bicentenario de la independencia para hacer un esfuerzo nacional por regresar a los principios y a la salvaguarda de la institucionalidad de la democracia, tal como quedó establecido en la Constitución Política de 1949?

En vísperas de la celebración del bicentenario de la independencia, bajo el agobio que representa la crisis múltiple de la pandemia (crisis económica, social, institucional, cultural), la sociedad costarricense hoy se enfrenta al imperativo y a la necesidad de proceder a realizar una refundación del país. Una refundación en la que se tenga como eje central generar condiciones de vida digna y de bienestar social para todas las personas y para los distintos sectores sociales que conforman la sociedad.

Referencias bibliográficas

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta nacional de hogares julio 2019: resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2019.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2020. Resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiit2020.pdf

Ruiz, Paula. (2020). MEP detecta 250 mil estudiantes sin acceso a internet para recibir educación virtual. El Observador, 27 de mayo de 2020. Recuperado de: https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-

[1] Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, 14 de septiembre de 2020.

Mujeres por Costa Rica hace propuesta para eje reactivación económica

Escrito el . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió el siguiente documento del Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Como parte del proceso Costa Ria Escucha, Propone y Dialoga el Colectivo Mujeres por Costa Rica propone:

I. INTRODUCCIÓN

La pandemia ha expuesto con magnitud microscópica los límites de un estilo de desarrollo que favoreció por más de tres décadas la producción articulada al mercado externo sin que lograra encadenar otros sectores de la economía orientados al mercado nacional. Un estilo de desarrollo que acentuó desigualdades estructurales que ante la actual crisis sanitaria, económica y política requiere de transformaciones profundas.

La protección y creación de nuevos empleos demanda acoplar ambos motores de la economía desde el paradigma del desarrollo humano sostenible para eliminar las condiciones estructurales que generan desigualdad, exclusión y pobreza. Ello exige transformaciones importantes en la estructura tributaria, la inversión pública, en el modelo educativo, en el sistema financiero y en la participación del Estado para garantizar más emprendimientos innovadores y empleos dignos. De particular importancia es la incorporación de las mujeres y la perspectiva de la igualdad de género en la elaboración y en la gestión de las propuestas, pues es sobre nosotras las mujeres –y muy particularmente las más pobres- sobre quienes recae el mayor peso de las desigualdades estructurales del estilo de desarrollo impulsado en las últimas décadas.

La reactivación deberá tomar en cuenta tanto las desigualdades estructurales internas, como las capacidades generadas por nuestro país para enfrentar los desafíos que nos impone la recuperación global. Esto demanda participación y sincronía de muchos actores e instituciones públicas y privadas para afrontar en el corto, medio y largo plazo cambios globales en los patrones de inversión, financiamiento, producción y consumo de bienes y servicios. Sin duda Costa Rica acumula gran experiencia en el sector turismo, en la agricultura para la exportación, comercio, servicios profesionales y tecnológicos, lo que nos permitirá ser una nación líder en desarrollo humano sostenible.

Nuestro país debe poner sus esfuerzos en actividades económicas que garanticen responsabilidad laboral y ambiental y para ello deberá hacer un esfuerzo importante en innovar procesos de producción, comercialización y consumo.

II. PRINCIPIOS Y PRIORIDADES

El conjunto de políticas, estrategias y medidas concretas que se asuman para impulsar la reactivación económica en materia de inversión, financiamiento, recomposición del diverso tejido empresarial y del empleo, deberán estar diseñadas a partir de las siguientes prioridades:

  1. Alimentación suficiente y de calidad para toda la población.
  2. Infraestructura y programas para garantizar la salud integral y la atención universal.
  3. Educación innovadora acorde a las necesidades del desarrollo inclusivo y ambientalmente sostenible.
  4. Instituciones de cuido para que las mujeres puedan integrarse al mercado laboral.
  5. Investigación y apoyo para la creación de nuevos emprendimientos orientados al desarrollo tecnológico.
  6. Infraestructura que permita la movilidad, producción y comercialización de los bienes y servicios de la nueva era del consumo global en el marco del desarrollo sostenible.
  7. Recreación y producción cultural.
  8. Desarrollo de diversos segmentos de turismo acordes con el desarrollo humano sostenible.
  9. Uso de energías alternativas favorables a la descarbonización.

III. PROPUESTAS

  1. Reactivación de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras para garantizar la soberanía agroalimentaria y nutricional. Para esto se deben impulsar las técnicas de producción en armonía con el ambiente con menor dependencia de las semillas genéticamente modificadas y menor uso de agroquímicos; así como el impulso de los mercados justos, generación de cadenas de valor y creación de empleo rural de calidad, especialmente para las mujeres, cuyos empleos suelen ser ocasionales, informales y mal remunerados.
  2. Ampliación de las posibilidades de financiamiento para las diversas actividades productivas, a tasas preferenciales, períodos de gracia y plazos más amplios para los nuevos emprendimientos. La Banca para el Desarrollo debe dar el acompañamiento técnico necesario para que los proyectos resulten exitosos. En general, todo el sistema bancario nacional debe recuperar su papel de impulsor del desarrollo nacional.
  3. Estímulo a la demanda interna de bienes y servicios producidos en el país, impulsando la capacitación para el comercio de estos en plataformas digitales.
  4. Construcción de toda la obra pública que los recursos estatales o bien las alianzas público-privadas permitan para generar empleo, dinamizar la economía, y al mismo tiempo reducir el rezago de años que tiene el país en este campo. El tren eléctrico metropolitano debería construirse para mejorar la movilidad urbana en la GAM. Si se decide hacerlo mediante una alianza público-privada se debe contemplar el riesgo que toda inversión implica, de manera que no sea asumido solamente por el Estado.
  5. Fomento de alternativas limpias de uso energético, producción y consumo, así como formalización de pequeñas empresas dedicadas al reciclaje y la reutilización de materiales.
  6. Impulso a la economía del cuido poniendo al servicio de las personas que se dedican a esta actividad, casi siempre mujeres, una remuneración justa, contando con los recursos de las diversas instituciones nacionales que puedan aportarlos para este fin: IMAS, INA, CCSS, INAMU.
  7. Estímulo a diversas modalidades de turismo que encadenen emprendimientos locales y la industria nacional en sintonía con la protección del patrimonio cultural y natural.
  8. Fortalecimiento de los gobiernos locales para que asuman un rol determinante en la identificación, creación y promoción de emprendimientos locales por medio de alianzas público-públicas y público-privadas.
  9. Ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de conectividad digital, democratización de su acceso, capacitación para avanzar en la digitalización de las instituciones, empresas y comercio digital.

Solicitan que UCR considere desigualdad asociada a la distribución de la riqueza como tema de interés público y promueva un debate

Escrito el . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió la siguiente carta enviada por la doctora Juliana Martínez Franzoni y el doctor Mauricio Castro Méndez a las autoridades de la Universidad de Costa Rica:

San José, 25 de agosto de 2020

Señor
Dr. Carlos Araya Leandro
Rector

Señores y señoras
Miembros
Consejo Universitario

Asunto: Solicitud para que la UCR considere la desigualdad asociada a la distribución de la riqueza como un tema de interés público y promueva un debate nacional al respecto, a la luz e los principios y propósitos de la Universidad de Costa Rica.

Estimadas/os señoras/es,

Quienes suscriben, Juliana Martínez Franzoni y Mauricio Castro Méndez, les saludamos respetuosamente y trasmitimos nuestra enorme preocupación en atención a información que ha circulado en el ámbito universitario en días recientes. Nos referimos concretamente a la investigación sobre la desigualdad asociada a la distribución de la riqueza en el país, que se lleva a cabo desde la Universidad de Costa Rica (UCR).

Un vídeo recientemente elaborado por la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la Universidad de Costa Rica con base en una investigación en curso por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR (IIS-UCR), vincula la desigualdad con la política fiscal. Ello ha llevado a los grupos económicos poderosos a presionar a la UCR para rectificar la información elaborada por el medio universitario y a inmiscuirse en las fuentes utilizadas en la investigación. No referimos concretamente a la Florida Ice and Farm Company (FIFCO) y a Steve Aronson, fundador de Grupo Britt.

Las generalizaciones hechas por la ODI así como las fuentes utilizadas en el marco del estudio aún en curso, pueden ser criticadas y mejorables. A las personas que se consideran afectadas les asiste el derecho de respuesta. No les asiste, en cambio, el derecho de presionar a la Universidad para que asume determinadas posturas y decisiones. Tampoco pueden atribuirse el papel de censurar qué y cómo se comunican resultados de investigación – para lo cual existe la evaluación experta entre pares.

El artículo 84 de la Constitución Política les otorga a las Universidades Públicas independencia para su funcionamiento. Además, el estatuto orgánico de la UCR establece como sus principios la libertad de cátedra, la diversidad, el respecto a las personas y la libre expresión, la resolución interna de conflicto, entre otros. Por ello, si algo debe mejorar la universidad, esta tiene independencia y los principios necesarios para resolverlo por su cuenta y sin presiones externas.

Conocemos que FIFCO y Steve Aronson no sólo cuestionan la investigación en curso, sino que están desplegando una campaña en medios de comunicación y ejerciendo fuertes presiones para que ustedes como autoridades universitarias y, en nombre de la universidad, tomen determinadas posturas y decisiones. Se trata de una situación que consideramos inaceptable. Ojalá esta misma energía y este mismo cabildeo se hiciera para contribuir a llevarle ingresos y esperanza al 24% de personas desempleadas y al 22% de personas subempleadas que hay actualmente en nuestro país.

Antes de tomar cualquier decisión en nombre de una Institución con 80 años de existencia, es necesario promover y realizar un debate nacional sobre este tema, de altísimo interés público, de manera de que la comunidad académica, incluyendo sus estudiantes, tengan oportunidad de participar, analizar y construir criterios compartidos sobre el tema en cuestión.

Suscriben atentamente,

Dra. Juliana Martínez Franzoni
Docente e investigadora
Especialista en política social comparada
IIS/CIEP
Universidad de Costa Rica

Dr. Mauricio Castro Méndez
Docente e Investigador
Especialista en Derecho Laboral Colectivo
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Carta para Carlos Alvarado de Mujeres en Acción

Escrito el . Publicado en Derechos.

Compartimos la carta enviada por el colectivo Mujeres en Acción con respecto a la iniciativa del Gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga»:

San José, 18 de agosto del 2020

Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Su Despacho

Estimado señor presidente:

El colectivo feminista Mujeres en Acción, conscientes y extremadamente preocupadas por la crisis social, política y económica que vive nuestro país a consecuencia de las decisiones históricas y, las que se han adoptado para enfrentar la pandemia, ante la sugerencia del gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga», consideramos importante manifestar lo siguiente:

  1. Es vital un diálogo nacional que abra la posibilidad de comprender y actuar sobre las realidades territoriales, sectoriales y poblacionales creadas y profundizadas a partir de las medidas adoptadas en el marco de la crisis sanitaria.
  2. Es clave reconocer que desde que inició la pandemia, grupos sociales y económicos hemos planteado acciones inmediatas, de corto y mediano plazo, que no han sido respondidas por parte de su gobierno.

En el contexto actual, y ante esta nueva propuesta, nos preguntamos:

  1. ¿Por qué se parte de una agenda ya definida unilateralmente por parte del gobierno y no se abre a una construcción conjunta entre la diversidad de sectores y actores sociales y políticos, como base para un auténtico diálogo que pueda llevar a negociaciones y acuerdos?
  2. ¿Por qué luego de cuatro meses de falta de escucha a los movimientos sociales se dan plazos tan cortos para dialogar y proponer las urgentes reformas coyunturales y estructurales que necesita nuestro país?
  3. ¿Por qué no se evidencian de forma transparente los mecanismos para analizar y sistematizar las propuestas?
  4. ¿Por qué no se aclara desde ya cuál será el mecanismo de diálogo que garantice las condiciones democráticas, justas, reales y que conduzcan a una eficaz negociación y definición de agenda nacional?
  5. ¿Existe un compromiso real con una visión y proyecto de país inclusivo y democrático, que garantice la actuación del Estado en aras del bienestar colectivo?

En relación con su llamado a la remisión de propuestas queremos recordar que este colectivo remitió a su despacho dos cartas con propuestas concretas, mismas que no han sido respondidas.

El 11 de junio enviamos al despacho que usted representa una propuesta fiscal con seis soluciones concretas para superar la pandemia sin un aumento de la desigualdad y protegiendo las instituciones del Estado de bienestar. Aquí le adjuntamos, para su estudio y respuesta, el siguiente enlace donde encuentra dicho documento:

https://drive.google.com/file/d/1SFihEzmsVmnuIbphQKhx_HwdjmIhzBuI/view?usp=sharing

En una segunda carta abierta, también dirigida a su persona y enviada el 14 de Julio a su despacho (https://drive.google.com/file/d/1lDdDuBz-jpNRmuZVovJ7OHxdW8QWeV4v/view?usp=sharing), en respuesta a su discurso en cadena nacional de televisión del 12 de julio, le preguntamos, entre otras cosas:

  1. ¿Por qué considera indispensable negociar con el Fondo Monetario Internacional, sin abordar públicamente la opción de recurrir a las reservas del Banco Central?
  2. ¿Cómo propone el gobierno refinanciar a las instituciones públicas y a los programas sociales, durante y después de la pandemia?
  3. ¿Está el gobierno valorando la venta de activos en el corto o mediano plazo? ¿Por qué?

También le expresamos nuestro asombro y preocupación con el hecho de que su equipo de gobierno no se hubiera referido aún a las propuestas para enfrentar la crisis que hemos hecho distintos sectores; incluidas dos propuestas legislativas de recurrir a contribuciones fiscales del gran capital para así evitar que Costa Rica salga de la crisis aún más desigual de lo que ya es hoy. Tampoco en esa oportunidad recibimos respuesta.

Nos llama la atención y nos genera dudas la legitimidad de este llamado al diálogo que, se convoca con la decisión ya tomada de negociar un convenio stand by con el FMI en septiembre. Lo anterior a pesar de que se ha cuestionado su conveniencia como única vía para financiar al Estado y, tomando en cuenta que hasta la fecha, ha existido la negativa de transparentar los términos de esta negociación.

El gobierno ha tenido muchos meses para escuchar y actuar sobre las diversas propuestas de los movimientos sociales. Sin embargo, no hay existido un mínimo respeto y consideración para contestarlas.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respuestas transparentes, claras, concretas y por escrito de ambas misivas al correo de mujeresenaccion.costarica@gmail.com y respetuosamente sugerimos, con miras a participar en un eventual diálogo, lo siguiente:

  1. Un primer diálogo con una participación plural para fijar una agenda entre todos los movimientos sociales, sectores económicos y sociales organizados y el gobierno, con metas de corto, mediano y largo plazo.
  2. El carácter vinculante de los acuerdos tomados con miras al establecimiento de una hoja de ruta que verdaderamente los incorpore y garantice su cumplimiento.
  3. Un marco ético de actuación con mínimos comunes para el diálogo y los disensos acordados entre todos los sectores y movimientos.
  4. La suspensión o retiro de los proyectos enviados a la Asamblea Legislativa que afectan el empleo y las finanzas públicas, especialmente el proyecto N. 21181, denominado proyecto de flexibilización laboral, que no sólo es inconstitucional, sino que atenta contra el derecho al trabajo y las conquistas laborales de los últimos 100 años, así como todos los estándares y principios del derecho internacional.
  5. Un informe sobre el avance de las negociaciones con el FMI y los términos concretos que se están negociando.
  6. La discusión colectiva de si las negociaciones con el FMI son realmente indispensables o si es posible contar con alternativas de financiamiento a partir de un impuesto temporal a los grandes patrimonios y las riquezas nacionales propuestas por muchos sectores, uso de fondos del Banco Central e impuestos a las transacciones financieras.
  7. La presencia de personeros gubernamentales de rango ministerial y con poder de decisión durante todas las negociaciones, incluyendo al Equipo Económico del Gobierno.
  8. La incorporación y operacionalización del principio de la ética del cuidado de la vida humana y del planeta en el centro de las políticas económicas y sociales.
  9. La existencia de observadores garantes del diálogo, acordados de común acuerdo, incluyendo personalidades reconocidas, neutrales e idóneas, como representantes de las universidades públicas, más no de denominaciones religiosas.

Finalmente, adjuntamos un documento que recoge una serie de nuestras propuestas claves a contemplarse en este diálogo y que ya presentamos públicamente el día 24 de julio (https://www.facebook.com/mujeresenaccioncostarica/videos/770243210209319).Reiteramos que nos anima el amor que tenemos por nuestro país, la defensa de los derechos humanos de todas las personas que lo habitamos, y el deseo de fortalecer la democracia política, social y económica y en consecuencia, el Estado Social de Bienestar.

M.Sc. Ana Elena Obando M.
Mujeres en Acción

Las evidencias de la pandemia

Escrito el . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La pandemia que nos toca vivir y padecer en la presente coyuntura, ha puesto en evidencia la confluencia de distintos procesos. No solo ha permitido hacer transparente la existencia de una estructura social inequitativa y contradictoria, que no es posible ocultar por la creciente pobreza y desigualdad, que son visibles y cotidianas, también hace posible constatar el hambre en los sectores más vulnerables de la sociedad. Procesos que no fueron creados por el Covid-19, ya eran tendencias en la globalidad de la economía contemporánea, que polarizaba abismalmente las sociedades del mundo, como profundizaba las brechas sociales en los espacios nacionales, producto de la mayor concentración y centralización de la riqueza.

Crece la pobreza y la riqueza entre los pueblos y sectores polarizados estructuralmente, pero no como un resultado de la crisis económica, sino por el despotismo político que crea, propicia y apoya la mayor explotación del trabajo, la destrucción de la seguridad social y la institucionalidad pública. La globalización de la pobreza y de la riqueza son resultados de la mayor productividad del trabajo y una menor absorción laboral o, dicho de otro modo, mayor apropiación de los excedentes generados colectivamente y una significativa disminución de los salarios. Esto es, la pandemia ha hecho transparente la quiebra de algunos negocios, al no haber consumidores ni trabajadores ante las previsiones sanitarias y la menor capacidad adquisitiva.

La carencia y la precariedad de trabajo remunerado tampoco es algo nuevo, Peter Drucker, el teórico de la gerencia privada, demostraba que hacía un siglo la productividad de los trabajadores había aumentado significativamente, por cambios en las formas organizativas del trabajo en las organizaciones y las renovaciones tecnológicas. De este modo, las técnicas administrativas como la reingeniería, control total de calidad, downsizing-rightsizing, benchmarking, planificación estratégica, etc., lograban sus propósitos, así como, la imaginación y creatividad de los trabajadores y las condiciones de cada época permitían el aumento de la productividad y la innovación productiva. Así, desde la primera revolución industrial tecnológica de la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actual cuarta revolución o industria 4.0, las técnicas se han incorporado masiva e intensivamente en gran parte de los procesos de trabajo, que modificaban las formas técnicas de producción que incrementaba el volumen de mercancías en menor tiempo y con menos trabajadores. Tendencia que no se eliminará con el fin de la pandemia, por el contrario, están muy extendidas y son inherentes a la economía capitalista. El uso masivo de las técnicas en los procesos laborales en la actualidad hace posible el teletrabajo, el cual ha significado para los propietarios una reducción de los costos operativos de los servicios básicos como en electricidad, agua, alquiler de instalaciones, limpieza, etc., a la vez que exigen a los trabajadores usar sus equipos personales para conservar sus empleos. Así, los empresarios se benefician al prolongar las jornadas de trabajo más allá de las establecidas legalmente, así como, modifican contratos que implican recargos laborales con reducidos salarios.

Esto es, las restricciones sanitarias, la reducción de compradores y la pérdida del dinamismo mercantil de las empresas, no inciden por igual en todas las actividades económicas de las empresas, algunas se han visto beneficiadas obteniendo plus ganancias, por la prolongación de la jornada laboral y mayor intensidad laboral a sus trabajadores y disminución de gastos y el aumento de precios a sus compradores. Mientras que, los pobres en su lucha por la sobrevivencia, recurren a la solidaridad familiar y la cooperación en los espacios de vida comunitaria para la satisfacción de sus necesidades.

La aparente omnipotencia de los empresarios queda reducida a la oposición a las autoridades de salud y del gobierno, que no pueden revertir las consecuencias de las tendencias y contradicciones prevalecientes. Aun cuando se consiga doblegar al gobierno para poner el fin de las restricciones sanitarias, que limitan el colapso del sistema de salud, no se restablecerá el dinamismo económico, sin vacunas ni tratamientos eficaces, lo cual generará muchos fallecimientos en los pobres e incluso en las propias filas empresariales, así como, tampoco podrán evitar que sus negocios y privilegios se liberen de la espada de Damocles que penden sobre sus intereses.

Asimismo, la insolidaridad de los empresarios con la sociedad, con los trabajadores y entre los propios empresarios, es otra muestra que ha sido puesta de manifiesto por la crisis sanitaria. Ellos están convencidos que sobrevivirán y están dispuestos a sacrificar a los otros, los trabajadores y pobres. El maltusianismo liberal de los empresarios se encarna en la expresión de un directivo de la Cámara de Comercio chileno “¡Que mueran los que tengan que morir!”, que replica el Presidente de la Cámara Nacional de Pymes de Costa Rica. Esas manifestaciones de los representantes empresariales ante la posibilidad de un destino crítico, son reacciones desesperadas e impotentes contra enemigos imaginarios. La provocación, el miedo y la violencia son recursos de la dominación, como actos amenazantes para la perpetuación del poder, pero también encubren sus propios miedos y vulnerabilidades creadas por ejercicio social, político y económico de los poderes prevalecientes. La oligofrenia narcisista de los empresarios les impide comprender, en su falsa conciencia y superficial existencia, que ellos también fenecerán y que, en una nueva época ellos no serán sus conductores ni dominadores.

Esta pandemia también ha permitido evidenciar que el desarrollo científico e investigativo son actividades destacadas de pocas sociedades y universidades del mundo y Costa Rica entre ellas, gracias al compromiso con la sociedad, ciencia, la investigación de las universidades públicas. Así, el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica además de haber creado y proporcionado suero antiofídico, que ha salvado la vida de miles de personas en el mundo, en la actualidad desarrolla la fase final de soluciones alternativas contra el virus pandémico Covid-19 que afecta a la sociedad mundial. De este y muchos modos la Universidad de Costa Rica muestra ser una institución emblemática para el desarrollo y bienestar nacional, la cual es amenazada con ser liquidada económica y políticamente, como una evidencia adicional de la torpeza de propietarios y gobernantes y de los medios que les sirven.

Esto es, creer que ser poseedores de riqueza monetaria los hace omnipotentes a sus poseedores, a la vez que los libera de cualquier adversidad, no puede calificarse de ignorancia, es ESTUPIDEZ, pues no solo perjudican a otros, también se perjudican a sí mismos, así como creen que, destruyendo a los otros, se defienden y están protegidos. El pensamiento único, así como la única alternativa de acción, es estúpido. Los griegos calificaron de idiotas a quienes juzgan y valoran a los otros desde su propia perspectiva y reductivo pensamiento.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Desigualdades, agua y pandemia

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Autor: José Rodrigo Conejo. Planificador económico y social, Universidad Nacional.

Vivimos en un país agrietado por profundas desigualdades, unas más visibles que otras, pero todas muy normalizadas. Desigualdades múltiples y estructurales que crean amplias brechas en las capacidades y condiciones materiales para enfrentar la actual crisis sanitaria, económica y social, y en general… para vivir.

Unas personas pueden cumplir las restricciones sanitarias sin comprometer su comida diaria, otras no. A unas personas no les queda más que movilizarse en buses repletos, otras tienen más opciones. Unas personas mantienen sus ingresos intactos, otras son parte del creciente desempleo (24%) o han visto sus jornadas laborales reducidas por tiempo indefinido. Unas personas tienen las condiciones para continuar sus estudios y trabajos desde casa, otras no. La lista de ejemplos es interminable.

Nuestra región es de las más desiguales del mundo y Costa Rica, pese al mito de igualiticos, no es la excepción. Las condiciones de vida cambian drásticamente según la zona del país donde vivamos, aún entre lugares muy cercanos entre sí: no es lo mismo vivir y crecer en Rincón Grande de Pavas, que en Rohrmoser -también- de Pavas. Las desigualdades territoriales son un fenómeno que genera zonas de privilegio, por un lado, y por el otro, zonas de vulnerabilidad y exclusión social.

Las desigualdades territoriales se han visibilizado durante la actual crisis. Hace un mes mucha gente pareció haber descubierto la precariedad y explotación laboral que por años ha existido en algunas piñeras de la zona norte del país, un lugar históricamente relegado. Sin embargo, poco se ha hablado de otra cara de las asimetrías territoriales, una que tiene que ver con un elemento básico para enfrentar la pandemia: el desigual acceso al agua.

Desde hace décadas, Costa Rica destaca por su cobertura casi universal de agua potable en una región con importantes desafíos en la materia. Pero ¿qué se esconde tras ese casi universal?

Los cortes de agua que en marzo sufrieron algunos barrios del sur de San José pusieron, temporalmente, el tema en la agenda mediática. Sin embargo, lo cierto es que en Costa Rica aún hay comunidades enteras que permanentemente no tienen acceso a agua a través de un sistema de acueducto. Según datos del último censo, mientras el 93,1% de las viviendas del país tiene acceso a un acueducto, el resto (83.707 viviendas) no.

Al desmenuzar espacialmente este dato, es posible ver cómo el desigual acceso a agua afecta particularmente a los cantones de las periferias del país. De los 10 cantones con más bajo acceso a agua a nivel nacional, ninguno se encuentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), todos están en las periferias. Ahora bien, como los cantones no son homogéneos en su composición, es deseable una desagregación espacial mayor, al menos distrital.

Ahí encontramos brechas aún más dramáticas. En distritos como Llanuras del Gaspar o Cureña, ambos de Sarapiquí, o Chirripó de Turrialba, son muy pocas las viviendas que sí tienen acceso a agua a través de acueducto. En Llanuras del Gaspar y Cureña, el agua para consumo humano de cada nueve de 10 hogares viene de la lluvia que se pueda recolectar, de un pozo artesanal que puede secarse en “verano” o de un río cercano que puede tener residuos de agroquímicos utilizados para el cultivo de piña, como pasa con los ríos Toro y San Carlos.

Lo anterior no solo supone una afrenta a un derecho humano básico, sino que impide seguir medidas tan básicas para contener la pandemia como el lavado de manos. Este escenario da cuenta de una vergonzosa deuda histórica por parte un Estado costarricense que, desde su fundación, se ha pensado prioritariamente en función del Valle Central y sus necesidades.

La intersección de estos factores -desigualdades, agua y pandemia- supone un coctel letal: literalmente pone en riesgo la vida de las personas vulnerables. Sin acceso a condiciones básicas, como agua en el hogar, es materialmente imposible seguir las recomendaciones sanitarias más elementales para contrarrestar la pandemia.

Al ser un fenómeno estructural, revertir estas desigualdades requiere no solo visión sistémica y voluntad política al más alto nivel, sino también de una participación de las comunidades que permita reconocer las especificidades territoriales y sectoriales en la formulación de política pública y, prioritariamente, enfrentar con éxito la actual crisis sanitaria. Seguir pensando la acción estatal desde escritorios que subestimen el potencial comunitario, poco aportará a disminuir las desigualdades.

¿Cómo salir de la crisis sin ensanchar las ya amplias desigualdades? Recetas no hay, pero solo con solidaridad, empatía y proactividad podremos explorar alternativas efectivas para no dejar a nadie atrás.

Las protestas y exigencias privadas, ¿son democráticas?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La democracia es quizás una de las expresiones más usadas en el mundo contemporáneo, sea porque es considerada un anhelo de los ciudadanos en los pueblos que sufren dictaduras, o también por aquellos donde la miseria, el hambre y la explotación son una vivencia cotidiana, pero también, por sociedades cuya historia les ha permitido conquistar avances en la calidad de vida y en los derechos de sus integrantes. Pero claro está, que la democracia es una necesidad para todos y particularmente para las inmensas cantidades de personas que están excluidas de bienestar y sin capacidad para decidir sobre la situación nacional y sobre su propia condición social. Cabe anotar, que esa necesidad es evidente y tangible, sin embargo, no siempre es demandada por esas poblaciones, en parte, porque es una situación y condición ausente en su devenir cotidiano y, por tanto, esa democracia le es ajena. Esto es, la pregonada democracia de los medios, de los propietarios del capital y del Estado, es solo formal, puesto que excluye las necesidades, anhelos y voz de importantes y mayoritarios sectores sociales. Esa democracia discursiva es dictatorial.

La democracia costarricense paradójicamente es para quienes tienen el poder, como en la época ateniense, de la Antigua Grecia del siglo VI a. C., una democracia de propietarios en un universo esclavizado. La democracia es inexistente en el contexto actual donde las decisiones y acciones se ejecutan en nombre de la colectividad nacional, pero sin tomarlas en cuenta sin participación ni injerencia alguna de los trabajadores y los pobres que sustentan la economía, el devenir social y los poderes existentes. Ellos están excluidos en la democracia discursiva y de papel.

En la actualidad ya no se debate sobre la significación de la democracia, sobre sus implicancias, tampoco se discute su concepción ni se contrasta con realidades políticas concretas, solo se asume que democracia es la participación ciudadana en las elecciones y en sus resultados cuantitativos. De este modo, la democracia queda reducida al acto mecánico de votar y contar.

Elegir a personajes dueños de partidos políticos, constituidos por formalidades legales, que no representan el interés general de la heterogeneidad social, que son ignorantes de la problemática nacional y de las alternativas de actuación gubernamental, así como desconocedores de la inmensa literatura y prácticas históricas sobre la democracia, enclaustran las posibilidades de elegibilidad ciudadana, lo cual no motiva preocupación alguna al tribunal electoral que exclusivamente aprecia las formas legales e instrumentales, aun cuando estas formas de mediación y representación política discrepen y antagonicen con la concepción de democracia que iluminó los movimientos y esperanzas de libertad, justicia y solidaridad en el espacio nacional y mundial.

No es democracia cuando esta es privada, cuando son pocos los que gozan de los privilegios del sistema y se enriquecen del trabajo de otros. Pero, la democracia no es la igualación de posesión y usos de la riqueza entre los heterogéneos actores en la sociedad, porque no se tienen iguales carencias, necesidades ni anhelos en la desigualdad de la sociedad contemporánea. De ningún modo es democracia, cuando los que acumulan riqueza lo hacen a expensas de quienes explotan y atentan contra la salud y vida de los pobres y trabajadores. Es absurdo en nuestro espacio social que los empresarios reclamen democracia, ser escuchados y obedecidos, cuando en su desprecio social, inmoral e inhumano, empobrecen y arriesgan la existencia ciudadana.

En muchas oportunidades la democracia ha sido entendida equívocamente como la satisfacción de las necesidades, intereses o anhelos de grupos de interés de la sociedad. Sin embargo, ello no es democracia es autocracia, dado que no es lo común a todos en un contexto desigual e interdependiente. Aun cuando los grupos privados protesten contra el Estado, para lograr su amparo y beneficio, de ningún modo son exigencias democráticas, por el contrario, son particulares y específicas que reproducen y agudizan la desigualdad e inequidad en la heterogeneidad de nuestra sociedad.

En la actualidad las demandas patronales, por la apertura de los negocios y contra las restricciones sanitarias, son peticiones privadas, aun cuando dan trabajo, sus propósitos no son el brindar salarios dignos, equidad ni correspondencia salarial con la labor desempeñada y las necesidades de los trabajadores, tampoco su preocupación es proporcionar mercancías y servicios requeridos por los clientes. ¿Por qué abrir los negocios para luego cerrarlos ante la difusión del Covid-19, y propiciar quiebras de algunos negocios? Las propuestas patronales son totalitarias contra la ciudadanía y los derechos humanos.

El fin de las restricciones exigidas por los negociantes, son en aras de la rentabilidad privada, encubiertas por la necesidad de trabajo remunerado y los requerimientos de bienes y servicios por parte de la población. La obsesiva posesividad economicista de los empresarios ticos no tiene límites, como tampoco lo tiene su afán totalitario que exige gobiernos y al Estado ser sumisos y obedientes a sus dictados, así como exigentes en aumentar las imposiciones tributarias a salarios y pensiones en una estructura tributaria que es regresiva, a la vez que impulsan la venta o privatización de los activos del Estado y a profundizar la liquidación de la institucionalidad pública.

Los empresarios son insaciables, no solo en sus ganancias, también con el poder que ya ostentan y a pesar de tener un Estado complaciente que no les cobra ni les entablan demandas judiciales por evadir, eludir y falsificar sus obligaciones tributarias. Un Estado que no suprime las exenciones y privilegios exclusivos, no se impone tributos a las riquezas privadas, no se elimina el secreto bancario que oculta delitos tributarios o blanqueo de capitales, no se rescata lo público en las determinaciones privatizadoras de las entidades financieras estatales, no se regula la difusión de violencia, miedos y falsedades mediáticas que no educan ni difunden cultura, ciencia ni información fidedigna. Las demandas patronales son regresivas.

En la desigualdad social las protestas ciudadanas poseen distintas y contradictorias significaciones entre sectores polarizados. Los mercaderes no representan lo público, el desarrollo nacional ni los derechos humanos, solo se representan a sí mismos y como autócratas proponen políticas tiránicas a los otros. El individualismo posesivo de los propietarios destruye y liquida el bienestar colectivo, la democracia y el desarrollo, sus protestas, en nombre de la democracia, para empobrecer, hambrear e inclusive atentar con la existencia de gran parte de la ciudadanía, es un totalitarismo fascista.

No ocurre lo mismo, con las protestas y movilizaciones populares, de los trabajadores y pobres de la sociedad, porque sus demandas por trabajo, salarios dignos, mejores condiciones de vida, libertad y derechos igualitarios, dinamizan todas las actividades laborales, sociales e intelectuales de la sociedad. En las demandas populares por la equidad y la democracia, están implicados todos, sin perdedores, muertos ni dictaduras. El progreso de las naciones está en íntima relación con el bienestar de los sectores mayoritarios de la sociedad. Es una verdad de perogrullo afirmar que el bienestar para los pobres lo es también para la sociedad.

El despliegue mediático o, mejor dicho, de los medios privados de la información, en favor de la apertura de los negocios, guarda correspondencia con el pensamiento y acción de sus dueños de los medios, degradando una profesión digna de larga y comprometida historia con la democracia en muchos contextos en el mundo. El periodismo investigativo, serio y digno, ha sido lastimosamente debilitado y amenazado con ser liquidado. El privilegio informativo en favor o en contra de un determinado sector de la sociedad, es una información parcial y parcializada que simplifica y distorsiona intencionalmente la complejidad de la realidad. Parafraseando a Mark Twain (1835-1910), quien fue periodista, reconocía en su tiempo, que si no se leen ni escuchan los medios, no se está informado, pero hacerlo es estar mal informado, así mismo, en los medios, nunca se puede ser más veras que cuando se reconocen a sí mismos como mentirosos.

Imagen: https://sooluciona.com

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de Centroamérica

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad.

Carlos Sandoval García

Este artículo analiza demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de las capitales de Centroamérica a partir de cuatro temas principales: la representación del entorno local y nacional, las demandas y los deseos en torno al futuro, los medios que imaginan para alcanzar o no dichas demandas y factores sociodemográficos. Las colonias seleccionadas fueron El Limón, en Ciudad de Guatemala; Popotlán, en San Salvador; Nueva Capital, en Tegucigalpa; Jorge Dimitrov, en Managua, y La Carpio, en San José. Se parte de tres desafíos teóricos y metodológicos principales. El primero es explorar la vivencia de la política desde la exclusión social. El segundo reto se refiere a trascender la división entre estudios interesados por perspectivas analíticas, más interesados en estudios causales, y aquellos más focalizados en estudios interpretativos, cuya mirada se centra en significados. El tercer reto aspira a contribuir en la construcción de una mirada regional y comparada de las sociedades centroamericanas.

Entre los hallazgos principales, se destaca que un 37.7 % de las personas encuestadas no estudia ni trabaja; solamente un 15 % tiene acceso a la seguridad social. De las personas encuestadas, un 32 % es madre y un 13 % es padre. Un 45 % de las mujeres que son mamás lo fueron antes de los 18 años. En términos de la percepción del entorno, los principales problemas reconocidos son la delincuencia, el desempleo y las carencias de infraestructura pública. Si bien la desigualdad no se tematiza como uno de los principales problemas, cuando se consulta por la distribución de la riqueza en el país respectivo, un 73.6 % considera que es “muy injusta” o “injusta”. Este reconocimiento de la desigualdad coexiste con un arraigado conservadurismo que reconoce en el destino y la autoridad de los padres una legitimidad poco cuestionada.

Este artículo concluye que las principales expectativas y demandas de las personas jóvenes encuestadas se centran especialmente en el empleo, las oportunidades y la seguridad. Frente a estas demandas, el ciclo electoral que inició en Honduras en 2017 y finalizó en Guatemala en 2019 está lejos de ofrecer respuestas de gran calado. Ello profundiza el vacío institucional y a menudo la migración más que una elección se convierte en una obligación.

Este documento del doctor Carlos Sandoval García, compartido con SURCOS por el autor, fue publicado en la página de academia.edu con este enlace: 

https://www.academia.edu/43705312/C_Sandoval_J%C3%B3venes_Centroamerica_ECA

El estudio completo está disponible para descargar en este vínculo:

Demandas-y-expectativas-jóvenes-Carlos-Sandoval-GarcíaDescarga

Imagen: https://www.tvn-2.com/

Planteamiento público al Presidente Carlos Alvarado Quesada

Escrito el . Publicado en Análisis, Derechos.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE
JUAN SANTAMARIA

23 de julio del 2020

Carta Pública

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica

Miles de costarricenses integrantes de organizaciones sociales, cívicas, sindicales y ambientales coincidimos en que llegó la hora de hacer ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, ante la crítica situación fiscal, económica y social, y nos vemos en la obligación de hacerle públicamente el siguiente planteamiento.

Para nosotros y para miles de costarricenses es evidente que en esta situación de pandemia, las libertades que tanto apreciamos están bajo la amenaza de grupos privilegiados que utilizan la crisis para mantener, reforzar y ampliar su control del poder político y así obtener mayores beneficios económicos, consolidando una preocupante e inaceptable plutocracia.

Además, somos conscientes de que nuestros antepasados instauraron la democracia como sistema para proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de minorías y grupos vulnerables.

También tenemos claro, que quienes ahora intentan reforzar su control del poder, son los que en las últimas décadas han minado y debilitado sistemáticamente esos derechos logrados durante décadas de trabajo colectivo para lograr la democratización. Ese ha sido también un trabajo de búsqueda de igualdad y de oportunidades.

Sabemos que en este momento la democracia es más importante que nunca y estamos dispuestos a defenderla en cualquier momento y en cualquier terreno, incluyendo la calle.

La democracia real, no la del papel, permite a la sociedad civil movilizarse, enfrentar las desigualdades, debatir abiertamente los asuntos políticos, distribuir información confiable y pedir la rendición de cuentas. En estos momentos de crisis necesitamos y vamos a defender esa democracia, en los medios y en las calles.

Aún más, nuestra democracia y nuestra Constitución Política establecen que el gobierno de la república ha de ser popular, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo y responsable, Lo ejercen el PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí.

El respaldo constitucional de los artículos 9 y 11 nos convoca como PUEBLO hoy y aquí a hacer los siguientes planteamientos que usted por deber constitucional no puede obviar.

Los políticos en los últimos 25 años han saqueado las arcas del Estado a través de actos de corrupción (INS reaseguro 1.220.100.000 de colones (PUSC), Pacto La Nación- Hacienda 2.100.000.000 de colones, Canal 7 obligado a pagar 3.724.419.539 de colones, platina (PLN) 7.000.000.000 de colones, cemento chino (PAC) 18.592.000.000 de colones, Caja Fischel (PUSC) 18.600.000.000 de colones, Yamber (PAC) 21.500.000.000 de colones, Préstamo Español (PLN) 23.240.000.000 de colones, trocha (PLN) 50.000.000.000 de colones, pensiones de lujo (PAC-PLN-PUSC) 663.002.340.000 de colones ) que sumados alcanzan la muy importante suma de 804.039.285519 millones de colones, cerca del 2.7% del PIB.

Además el Estado, por maniobras cuestionables de esos mismos políticos han llevado la deuda del Estado con la CCSS a la inimaginable suma de al menos 1.8 billones de colones al 2020.

Esto lo han hecho los negligentes e irresponsables del PLUSC_PAC, coludidos con empresarios que han actuado directamente en contra de esa institución a través de tácticas dilatorias y hasta evasión y elusión crónicas, que han hecho sucumbir la seguridad social, pero también al margen de sagrados principios, valores y deberes constitucionales.

Más recientemente como parte del proyecto de Plan Fiscal (PAC, PUSC, PLN, RN, NR, PIN) se otorgó una amnistía tributaria al sector privado de 194.000.000.000 de colones (0.7% del PIB). Por otro lado el Gobierno de Costa Rica informó este miércoles 1 de Julio que el déficit fiscal del 2019 cerró en el 6,96 % del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta de los últimos años y que superó en un punto porcentual a la del 2018. Los efectos de la pandemia podrían estar llevando el déficit fiscal alrededor del 10% del PIB. La deuda externa de nuestro país alcanzaría para fin de año los 43 mil millones de dólares.

Apenas la última semana de Junio, como acciones para cargar una vez más el déficit fiscal y los efectos de la corrupción de los políticos de las últimas décadas sobre las espaldas del pueblo, se anuncia la posible venta, probablemente a precios de remate para negocio de políticos nacionales, de parte importante del patrimonio común de los costarricenses. Vale decir el BICSA, el BCR, FANAL, RECOPE y KOLBI de ICE), en unos 532.000.000.000 de colones, cerca del 1.4% del PIB. Todo eso como parte de las negociaciones, por cierto muy opacas, entre uno de los poderes de la república (sin participación del pueblo y en violación del artículo 9 de la Constitución) con el FMI, a quien su administración le ha solicitado financiamiento para que el pueblo pague las sumas considerables de dinero que los políticos y empresarios corruptos se han robado en los últimas dos décadas.

Ciertamente como pueblo consciente de este saqueo, no vamos a permitir que nos vendan las joyas de la abuela. Esa es una acción más de los poderosos que nos quieren robar la democracia endeudándonos y empobreciéndonos aún más, comprometiendo injusta e irresponsablemente a las futuras generaciones.

También tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista a su exministro de Hacienda en el medio digital EL Faro el 28 de Junio de 2020, en la que se mencionan datos escandalosos pero muy clarificadores de los asuntos internos de la hacienda pública.

Estos datos dejan claro que la solución de los problemas fiscales no está en las cosas que hasta ahora se han hecho o se proponen, sino casualmente en lo que no se ha hecho, como es el control de la evasión y la elusión, entre otras cosas, y en lo que los políticos de turno y los burócratas tecnócratas no están dispuestos a trabajar como es su obligación ética y legal en cumplimiento de la ley 8292 (Ley general de control interno).

Los datos que se dan a conocer por parte del exministro Chaves no pueden ser ignorados, ni puede el Poder Ejecutivo decir que no son reales porque vienen casualmente de su exministro de Hacienda.

De acuerdo con el exministro la evasión fiscal en Costa Rica está entre los $3.800 millones y los $5000 millones (entre 2,2 y 2.9 millones de millones de colones), entre el 6% y el 8% del PIB. Una suma a todas luces escandalosa que hace palidecer lo recaudado por el mismo plan fiscal impulsado por su gobierno y la Asamblea Legislativa, además de que nos deja muy claro que en Costa Rica no existe un déficit fiscal, lo que existe es una enorme evasión fiscal.

La recaudación de los montos de dinero que son del gobierno de la república, y que algunos no pagaron y se dejaron esas exorbitantes sumas de dinero terminaría con el problema fiscal de manera eficaz, eficiente y expedita mediante un decreto suyo.

Con voluntad política y con manejo efectivo de la autoridad que les otorga el puesto, al presidente, al ministro de hacienda y a los burócratas de mandos medios y ejecutivos, en cuestión de 3 o 4 años se recaudaría esa suma que se roban los evasores. Esos montos no solo pagarían el déficit fiscal en casi su totalidad, sino que serían montos mucho más altos que los montos que el mismo FMI nos podría prestar. Tampoco tendríamos que vender ninguno de los preciados e invaluables bienes patrimoniales de los costarricenses.

Evidentemente no tiene explicación alguna el querer endeudarnos cuando no necesitamos hacerlo, excepto que existan intermediarios percibiendo jugosos ingresos por asesorar en el trámite de préstamos y/o el de “venta de activos” del Estado. Lo que necesitamos es recuperar el dinero que algunos se vienen robando de la hacienda pública y esto es lo que exige el Soberano a usted (y a su gobierno), electo en el marco de una elección popular y de la Constitución Política, la cual usted juró cumplir y la cual nosotros tenemos el derecho y el deber de vigilar y garantizar que se haga valer y prevalecer, por encima de presiones, privilegios e intereses corporativos o individuales, nacionales o extranjeros.

Según lo dicho en esa entrevista solo se requiere de una inversión de entre $150 y $250 millones en la compra y puesta en práctica de los instrumentos tecnológicos requeridos para iniciar la recuperación de esos dineros. Por supuesto, además sería imprescindible la voluntad política para hacer lo que a todas luces hay que hacer y que es precisamente lo que el pueblo exige hacer.

No es posible que tengamos a mano la solución a mediano plazo de la situación fiscal y no se tenga la voluntad política de un gobierno que se llama democrático para ejecutarla. No podemos permitir que se esté comprometiendo el futuro de varias generaciones por la inacción, colusión o complicidad del gobierno en una situación como la que tenemos entre manos y que ya no se puede seguir ocultando.

Este saqueo sistemático y paulatino de la hacienda pública, que ya es sistémico y se ha consolidado a lo largo de los años, está acompañado de un proceso de empobrecimiento de la población, de un incremento de la desigualdad, la discriminación y la exclusión, las cuales vienen a traernos como resultado un país más pobre y de muy pocas oportunidades para las mayorías. Costa Rica se encuentra entre los más desiguales de América Latina, y para no solo combatir esa desigualdad, sino también para poder desarrollarnos como sociedad con base en planes operacionales y a 25 años plazo, es necesario cerrarles los portillos a los defraudadores del fisco.

Este país ocupa el tercer lugar en desigualdad en América Latina. Sabemos que la desigualdad es el resultado de las políticas de un país. En nuestro caso ese grado de desigualdad se da como resultado de las acciones y presiones que sobre el Estado han ejercido tradicionalmente los grupos poderosos, para su propio beneficio. De esta manera, la distribución de la riqueza simplemente dejó de darse y pasó a unas pocas manos. Son las mismas manos que ahora nos tienen en esta encrucijada fiscal.

Ante todo esto, el pueblo, representado en las más diversas organizaciones sociales exige que:

1-su gabinete le explique al país porqué insiste en tomar medidas económicas en contra del pueblo y en buscar endeudamientos muy negativos para nuestro futuro, mientras existen opciones viables para solventar los problemas, siempre y cuando se tenga el coraje, la entereza moral y la voluntad política para hacerlo. Es imperante en esta hora de la historia que usted dé soluciones de cara al pueblo de Costa Rica, es decir ante el cuarto poder que también debe constitucionalmente ejercer el poder en este país a la par del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

2- escuche al pueblo que por derecho y mandato constitucional también ejerce el poder

3- no se vendan empresas del estado (banca estatal, ICE, FANAl, RECOPE y otras)

4-no se vendan activos importantes del país

5-el gobierno se abstenga de aprobar más deuda externa e interna

6-se inicie de inmediato el proceso de instrumentalización de la Hacienda Pública para el cobro urgente a los evasores.

7- rinda cuentas al pueblo explicando las razones que le impiden, como presidente, tomar este camino constitucional de solución expedita, contundente, eficaz, eficiente , legal y ética a los problemas financieros del Estado y que es, además, un camino mucho más beneficioso y menos agobiante para la mayoría de la población, sabiendo que en materia de control de la evasión y la elusión fiscal, tendría usted garantizado el respaldo total del 99% de los costarricenses .

8-rebaje los salarios a los más altos funcionarios de Hacienda por su ineficiencia y por haber permitido esa escandalosa evasión.

9-aplique la equidad en la carga que debemos pagar todos los costarricenses ante esta crisis fiscal, económica, social y de salud asociada con el Covid-19, de manera que se cumpla con el artículo 33 de la Constitución Política que dice:

Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Reforma dada por ley No.7880 y Publicada en la Gaceta 118 del 18 de junio de 1999.

10-aplique justicia tributaria, de manera que paguen más los que más tienen.

11-proceda a eliminar las odiosas e inconstitucionales exoneraciones tributarias que por su naturaleza discriminatoria maltratan otros sectores del país.

12-cesen de amnistías para sectores económicamente poderosos

13- se detenga la desigualdad por medio de la aplicación de un sistema tributario que en efecto controle la evasión y la elusión.

14- explore otras fuentes limpias de ingreso económico para el Estado (complementarias a los Impuestos).

15- realice un inventario de gastos innecesarios, para eliminarlos o reducirlos: pago de asesorías superfluas, pago a organismos internacionales como OCDE y otros.

16- efectúe un inventario de gastos en pensiones de lujo y pensiones a difunto, con miras a reducir o eliminar, según corresponda.

17-Lidere un verdadero, nuevo e histórico Pacto Social de cara al bicentenario en el que participen todos los sectores que democráticamente deben de participar.

Para todo esto tenemos los instrumentos y las condiciones. Lo único que nos falta en este proceso es la voluntad política para hacerlo y esa es nuestra mayor exigencia en este momento.

Los ciudadanos que dieron su voto para elegirle presidente, igualmente le exigen en este momento esa acción determinante para un futuro menos doloroso, de mayor esperanza y más digno para Costa Rica.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE JUAN SANTAMARIA
Por la consolidación de instancias regionales de unidad en la diversidad de los movimientos sociales
POR LA ARTICULACION PROPOSITIVA Y UNITARIA DEL PUEBLO COSTARRICENSE