El próximo martes 3 de septiembre, la Dra. Rosa Rodríguez Bailón, profesora del departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada y coordinadora del máster de Psicología de la Intervención Social, impartirá una conferencia titulada “Consecuencias Psicosociales de la Desigualdad Económica”.
El evento se llevará a cabo en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) a las 10:00 am.
Dra. Yamileth González Ex-Rectora UCR, Colectivo Mujeres por Costa Rica
Hemos escuchado al presidente decir que gobierna para los pobres y que va a eliminar las “coronas” que tradicionalmente llevaron algunos funcionarios de gobiernos anteriores. Nada más alejado de la verdad, sus años de gobierno muestran lo contrario: la reducción del presupuesto en educación ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de los grupos más vulnerables, precisamente esos que dice proteger y ¡gran contradicción! muchos de los cuales, absurdamente, son, engañados, los que le dan apoyo.
La crisis educativa que hoy se vive, profundizada por este gobierno, tiene como efecto que miles de estudiantes, la mayoría de las zonas urbanas marginales y costeras, dejen las aulas: en 2023, más de 23 mil abandonaron los centros educativos a consecuencia de la reducción de las becas, de la alimentación y del transporte; servicios que, tradicionalmente, recibían y ahora, el gobierno les quita; imposible para este grupo, estudiar sin esos beneficios, son jóvenes de hogares muy pobres, muchos de Puntarenas (el 22% ) y de Limón ( 23% ). Otro severo golpe lo constituye el reciente recorte al presupuesto de los colegios científicos, un bastión significativo de la educación pública.
Se ha estimado que sólo en 2023, el recorte de becas lleva a casi 6 mil hogares a la pobreza y a muchos menores de edad a la pobreza extrema y que 7.000 estudiantes dejaron las aulas. El problema crece ya que no solo caen en la pobreza, sino que, al abandonar sus estudios, son fácilmente reclutados por bandas criminales, o sea, que estos recortes expulsan a los jóvenes de los centros escolares, los empobrecen y los llevan a las filas de la delincuencia y del narcotráfico. ¿Será esta la nueva ruta de la educación costarricense?
Así, el panorama nacional es desolador: con este gobierno se ha ampliado la desigualdad y la brecha entre la educación pública y la privada ha crecido; los recortes, además de menoscabar los programas de equidad ya mencionados, dejan a la enseñanza pública sin la posibilidad de enfrentar los rezagos existentes, sin la opción de crecer y mejorar, por ejemplo, la conectividad a internet de banda ancha, de acceder a servicios informáticos, al equipamiento de las bibliotecas, al desarrollo de colegios científicos, a los bilingües y del bachillerato internacional; no permiten fomentar habilidades científicas en la juventud, ni ampliar el currículo completo para educación primaria…, condiciones con las que si cuenta la educación privada.
Los estudiantes de colegios públicos quedan en condiciones de inferioridad, sin posibilidad de avanzar, de tener en el futuro trabajos más calificados o ingresar a la educación superior. ¿Tienen las universidades la responsabilidad de que no ingresen a sus aulas más estudiantes de colegios públicos? ¿o es el gobierno que, con sus políticas, propicia esa desventaja? Es urgente hacer valer el derecho de la juventud de las zonas marginales y menos favorecidas, a tener una formación que les de mejores posibilidades de desarrollo.
En Costa Rica hemos tenido un estado social de derecho, que debemos defender, con oportunidades para todos los grupos sociales que, sin embargo, ha venido deteriorándose, y este gobierno ha agudizado con acciones inauditas, afectando principalmente a la población que vive en zonas marginales y restando así las posibilidades de movilidad social, que, en otro momento, como en mi caso y muchos más, pudimos acceder a una educación universitaria de calidad para poder, de ese modo servir al país.
Imagen: compartida en varias cuentas de redes digitales.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ha lanzado un llamado urgente a todos los costarricenses a participar en la Gran Marcha Nacional bajo el lema «Somos Gente de Salud», en defensa y apoyo a la educación pública. Esta manifestación, programada para el miércoles 28 de agosto de 2024, a las 9:00 AM, partirá del Parque de la Merced y culminará en la Plaza de la Democracia, con la intención de alzar la voz contra las políticas neoliberales que están afectando gravemente los pilares fundamentales del país: la salud y la educación pública.
Contexto de la Marcha
Costa Rica se encuentra en un momento crítico en el que las políticas gubernamentales han puesto en peligro el bienestar de la población y la estabilidad de instituciones esenciales. Entre los problemas más destacados se encuentra una deuda de 4 billones de colones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que ha generado una crisis en la prestación de servicios de salud. Además, se han realizado recortes millonarios a programas sociales y a la educación pública, afectando de manera directa a la población más vulnerable.
Estas medidas han sido calificadas como una agresión directa al modelo de bienestar social que ha caracterizado a Costa Rica, y que ha permitido a la nación destacarse por su acceso universal a la salud y la educación. La educación pública, en particular, es vista como un pilar crucial para el desarrollo y la equidad en el país. Sin embargo, las decisiones recientes de recortar presupuestos y desviar fondos han puesto en riesgo la calidad y la accesibilidad de este servicio esencial.
Llamado a la Acción
UNDECA, junto con diversas organizaciones sindicales y trabajadores de la CCSS, hacen un llamado urgente a la unidad y movilización masiva de la población. La marcha busca no solo visibilizar el descontento y la preocupación ante las políticas actuales, sino también ejercer presión para que el gobierno tome medidas concretas en defensa de la educación y la salud pública. Se subraya la importancia de estos sectores como pilares fundamentales de la sociedad costarricense, necesarios para garantizar un futuro justo y equitativo para todos.
El lema «¡Ya Basta!» refleja el cansancio y la indignación acumulada por años de recortes y decisiones que han debilitado el estado de bienestar. Los organizadores enfatizan que es el momento de alzar la voz y exigir un cambio en la dirección del país, priorizando la inversión en educación y salud como motores del desarrollo y bienestar nacional.
Detalles de la manifestación
Fecha: miércoles, 28 de agosto de 2024
Hora: 9:00 AM
Lugar de inicio: Parque de la Merced
Destino: Plaza de la Democracia
Se invita a toda la ciudadanía, organizaciones sociales, sindicatos y personas comprometidas con la defensa de la educación y la salud pública a unirse a esta marcha, en un acto de solidaridad y resistencia ante las políticas que ponen en riesgo el bienestar de los costarricenses.
La diputada Sonia Rojas Méndez, presentó el pasado lunes 19 de agosto, una iniciativa de ley que busca reducir las brechas que sufren los pueblos indígenas en el acceso a la salud, garantizando un servicio culturalmente pertinente, como establece el Convenio 169 de la OIT y otras normativas jurídicas internacionales.
Esta iniciativa de ley responde al compromiso adquirido el año pasado en el Foro sobre los desafíos en el acceso a la Salud de los Pueblos Indígenas.
El Convenio 169 de la OIT en su artículo 25 establece que:
“Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar, a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental”.
Este propuesta jurídica se realizó con el apoyo del Sr. Juan Luis Bermúdez, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, los médicos Sr. Neil Rojas y Sr. Efraín Retana, el Colegio de Médicos y Cirujanos, y las Escuelas de Enfermería y de Salud Pública de la UCR.
Los Pueblos Indígenas presentan indicadores de salud que muestran desigualdades en relación con el resto de la población, ya que, en términos geográficos, culturales, legales, funcionales, sociales y económicos, el acceso a los servicios de salud ha sido limitado para esta población.
El derecho a la salud está estrechamente interconectado con otros, tales como el derecho a la vida, a la alimentación, vivienda, trabajo, educación, la no discriminación en ninguna de sus formas, a la privacidad, a la información, por lo que el abordaje ha de ser de carácter integral e intercultural.
Esta iniciativa de Ley propuesta por la diputada Rojas Méndez, demanda una atención urgente de las condiciones de vida de la poblaciones indígenas, traducida en políticas efectivas que contribuyan a mejorar el acceso y la calidad de las acciones de salud pública, con respecto a su identidad y cultura diferenciada.
Dicha propuesta fue presentada bajo el expediente Nº 24506 con el nombre de: Ley para Garantizar la Atención con Pertinencia Cultural a las Personas Indígenas de Costa Rica. Reformas a la Ley General de Salud, Nº 5395, del 30 de octubre de 1973 y sus Reformas.
La diputada bonaerense espera y ejecutará para que se someta pronto a debate en el Plenario Legislativo.
En un comunicado del SEC se señalan puntos claves que evidencian la posición de la administración Chaves Robles contraria a dar la posición de prioridad para la educación pública como factor de desarrollo. SURCOS le ofrece los elementos centrales de lo expuesto por el SEC:
Reducción presupuestaria: Se menciona que, en 2023, 2024 y 2025, el presupuesto para la educación pública ha sufrido reducciones, a diferencia de años anteriores donde la inversión en educación era más estable.
Las prioridades deben ser la educación y salud. Se argumenta que la educación y la salud pública deben ser prioridades innegociables en el presupuesto nacional. El gobierno actual, según los críticos, no ha asignado adecuadamente los recursos necesarios para estas áreas vitales.
La capacidad de Gobernar. Se cuestiona la capacidad del gobierno para asignar recursos públicos de manera efectiva y estratégica. Se alega que la administración actual, incluyendo al ministro Acosta, el presidente Chaves, y la ministra de educación no ha demostrado la habilidad para gestionar adecuadamente el financiamiento para la educación.
Respeto al presupuesto para la educación pública: Se hace una comparación con el año 2020, cuando Costa Rica destinó el 7.32% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación sin necesidad de medidas extraordinarias como la liberación de presos para financiar la educación según lo mencionó el ministro de Hacienda Noghi Acosta.
Reducción progresiva. Se menciona que el presupuesto para la educación ha sido reducido de manera progresiva: 5.37% en 2023, 5.21% en 2024 y 4.83% en 2025.
Se critica a la ministra de Educación, Katharina Müller, por no defender el presupuesto de manera firme y efectiva. Se argumenta que ella ha permitido que el presupuesto para la educación se reduzca sin protestar o luchar para que se mantenga.
Müller es descrita como la primera ministra de educación que ha permitido la reducción del presupuesto educativo sin tomar medidas significativas para evitarlo.
La reducción del presupuesto se asocia con la posibilidad de que miles de jóvenes sean expulsados del sistema educativo, lo que podría llevar a mayores problemas sociales como la falta de oportunidades laborales, el aumento del narcotráfico y el crimen organizado.
Se propone que, en lugar de reducir el presupuesto para la educación, se debería priorizar el financiamiento a esta área sobre el servicio de la deuda pública, reduciendo así las partidas asignadas al pago de intereses y capital de la deuda.
Se exige la renuncia del ministro de Hacienda Noghi Acosta y de la ministra de Educación Katharina Müller. Se argumenta que ambos han demostrado incapacidad y desinterés en la educación, lo que es visto como una violación a la ley y una injusticia deliberada.
Se sugiere que sus acciones deberían ser calificadas y sancionadas por los Tribunales de Justicia, subrayando que no hay espacio para la ignorancia deliberada en la gestión pública.
El SEC hace un llamado a los sectores estudiantiles, administrativos y a todo el país para defender el presupuesto de la educación pública los días 28 y 29 de agosto. El objetivo es evitar el recorte presupuestario del 4% en educación.
En un contexto de crisis educativa sin precedentes en Costa Rica, se ha gestado una respuesta política significativa con el objetivo de salvaguardar y fortalecer el sistema educativo público del país. La reunión política abierta del Pacto Nacional por la Educación Pública, realizada el 6 de agosto de 2024 en la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), representa un momento crucial en este proceso. Este ensayo examina el contexto y los antecedentes de esta reunión, así como las implicaciones de la jornada de lucha acordada para el 28 y 29 de agosto.
La crisis educativa que enfrenta Costa Rica en la actualidad es la más grave de los últimos 40 años. Este deterioro ha generado una preocupación generalizada entre diversos sectores de la sociedad, evidenciando problemas profundos en la calidad, accesibilidad y universalidad de la educación pública. Esta situación ha movilizado a organizaciones del magisterio, federaciones estudiantiles y universidades públicas, que se han unido para abordar la crisis y buscar soluciones efectivas
La reunión del pasado 20 de junio de 2023, las entidades suscribieron un documento político que marcó el inicio de un proceso de colaboración para enfrentar la crisis educativa. El objetivo principal de este acuerdo es establecer un Pacto Nacional por la Educación Pública, que asegure la universalidad, pertinencia, gratuidad y calidad de los servicios educativos. Este pacto se considera esencial no solo para la estabilidad del sistema educativo, sino también para la democracia, la paz social, la libertad política y la movilidad social en Costa Rica.
La reunión del 6 de agosto de 2024 fue un hito en el proceso de consolidación del Pacto Nacional por la Educación Pública. Este encuentro fue convocado para reactivar el proceso de manera más inclusiva, incorporando una mayor participación de distintas organizaciones sindicales y movimientos sociales. El objetivo era definir acciones articuladas para la defensa de la educación pública y establecer una agenda que pueda incidir en diversos espacios de lucha y propuestas, como la mesa de trabajo educación del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel.
Durante la reunión, se destacó la importancia de unir esfuerzos y superar la dispersión para fortalecer el movimiento en defensa de la educación pública. La sesión enfatizó que no sería la única, y subrayó la necesidad de buscar puntos de encuentro y colaboración entre los actores involucrados. Este enfoque inclusivo y colaborativo busca movilizar a la sociedad para enfrentar la crisis educativa y los desafíos relacionados.
Como resultado de la reunión, se acordó una jornada de lucha para los días 28 y 29 de agosto de 2024. Esta jornada tiene como objetivo presionar por la preservación del presupuesto educativo y abordar cuestiones críticas relacionadas con la seguridad social y alimentaria, elementos clave del Estado Social de Derecho. La jornada se articula en dos niveles: una movilización nacional el 28 de agosto y movilizaciones regionales el 29 de agosto. La intención es generar un impacto significativo y visibilizar la urgencia de la situación educativa en diferentes contextos regionales.
La jornada de lucha programada es una manifestación clara del compromiso de diversos sectores por la defensa de la educación pública en Costa Rica. La respuesta colectiva y organizada a la crisis educativa es fundamental para lograr cambios significativos en el sistema educativo. La participación activa de organizaciones del magisterio, federaciones estudiantiles y otras agrupaciones es esencial para presionar a los responsables de políticas y garantizar que se adopten medidas adecuadas para abordar la crisis.
El éxito de estas acciones dependerá de la capacidad de los diversos actores para colaborar de manera efectiva, superar divisiones y mantener un enfoque común en la defensa de la educación pública. La jornada de lucha no solo representa una oportunidad para expresar descontento, sino también para movilizar apoyo y fomentar un diálogo constructivo sobre el futuro de la educación en Costa Rica.
En el mundo que vivimos crecen olas de pesimismo sobre el futuro de la humanidad. Por una parte, acecha el cambio climático, que golpea cada vez con mayor crudeza en diversas partes del planeta, al mismo tiempo que se agotan los suelos y se contaminan los mares, dejando la pesca sin controles efectivos lo que amenaza el abastecimiento de los recursos marinos.
Los presupuestos de las grandes naciones, mientras tanto, se orientan a concentrar las esferas de poder, priorizando los gastos en armamentos y guerras descuidando la importancia de estas amenazas para el futuro de la especie.
Las amenazas sin sustento inducidas por los medios masivos
Por otra parte, se afirma, partiendo del crecimiento y envejecimiento poblacional, que no habrá pensiones ni estabilidad social para las actuales generaciones debido a la falta de recursos. Esto se ve reforzado por el resquebrajamiento de la estabilidad que gozaban antes las clases medias, el desplazamiento de la mano de obra física y administrativa, por la tecnología y los robots. Todo esto asociado al incremento de los trastornos mentales, especialmente después de la pandemia.
Sin embargo, la contaminación y el cambio climático son amenazas reales, que deben y pueden ser enfrentadas con los recursos existentes, por una organización de Naciones Unidas efectiva, que reoriente los recursos que se gastan en los juegos suicidas de poder militar y se dediquen a la defensa de la humanidad frente a los peligros que la acechan. Este tema trasciende los alcances de este artículo, ya que implica cambios importantes en la organización mundial, pero tiene fundamento en los elevados presupuestos militares existentes.
Las otras amenazas sobre la falta de respaldo para el bienestar de las actuales generaciones y un futuro amenazador sobre los fondos de pensiones por el incremento poblacional y el crecimiento del porcentaje de personas mayores, con el que se imprimen temores y desesperanza, no tiene como veremos más adelante sustento, si reorganizamos los recursos.
Es falso que nos aboquemos a un desastre económico
Para analizar la realidad debemos de partir de los datos concretos. No es cierto que el incremento poblacional nos haya hecho más pobres. Es cierto que la población mundial paso de 2.5 mil millones de habitantes en 1950 a 8000 millones en 2023, pero el Producto Interno Bruto por habitante del planeta paso de US$ 1974 en 1950 a US$ 12.900 en 2023. O sea, año con año a pesar del crecimiento desbordante de población, creció la riqueza por persona. Claro que este fenómeno ha sido acompañado de un incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso. En general, el índice de Gini para el mundo ha fluctuado, con un aumento notable en la desigualdad desde los años 80.
Lo que sí es una realidad, es la ideología neoliberal que nos despoja de nuestro carácter gregario y nos hace ver como individuos aislados responsables de nuestra desgracia.
El problema de América Latina
América Latina por su parte presenta el mayor índice de desigualdad del planeta donde el 10% más rico concentra el 55% de los ingresos, superando incluso a otras regiones del planeta como el África subsahariana, la más pobre, donde el 10% más rico acumula el 37% de los ingresos. En las listas internacionales de crecimiento económico América Latina, a pesar de sus riquezas, ocupa por su organización política que mantiene en la exclusión histórica una parte considerable de su población, la última posición en el mundo.
El desarrollo de la ciencia y la tecnología y más recientemente la Inteligencia Artificial, perfilan un incremento acelerado de los ingresos para quienes aprovechen los avances especialmente la inteligencia artificial, con un desplazamiento simultáneo de la mano de obra no calificada y reactiva a los cambios. Este desplazamiento será especialmente peligroso en América Latina por la debilidad de su calidad y cobertura de sus sistemas educativos y el poder creciente del narcotráfico que se nutre de la pobreza y la exclusión social.
Como se puede apreciar existen peligros importantes para la estabilidad del planeta y de nuestra región, que demandan visión y políticas públicas de inclusión social. Recursos existen, pero demandan recuperar nuestro carácter gregario, para ejercer una acción sobre el sistema político y social creando un reordenamiento de los ingresos y de políticas públicas sobre todo en el campo de la educación y capacitación, que contribuyan a reducir la exclusión social. Incorporando al mismo tiempo los conocimientos ancestrales que pueden contribuir a la preservación del ambiente e incorpore a los excluidos, debidamente organizados con autonomía real, sin manipulaciones clientelistas, a la creación de una nueva cultura de esperanza.
Según el informe, América Latina y el Caribe siguen siendo la región del mundo con mayor polarización entre la riqueza concentrada y la pobreza. Sólo un dato, el 1% de la población concentra 43.5 de cada 100 dólares, en cambio, el 50% más pobre concentró apenas 0.8 de cada 100 dólares.
Esta tendencia, se ve apoya por la existencia de un sistema tributario injusto, que permite al 1% más rico de la región, pagar proporcionalmente menos impuestos que el 50% más pobre. Es decir, «estamos ante sistemas que no reducen la brecha de desigualdad, sino que por el contrario las incrementa» concluye el informe.
Este informe nos recuerda condiciones estructurales de la región que siguen marcando esta tendencia (Oxfam, 2024):
Desarrollo económico basado en materias primas: dependientes y vulnerable a ciclos internacionales, ha provocado la erosión de la calidad de vida de las comunidades y los beneficios han sido concentrados por élites económicas.
Reconcentración del poder en una reducida élite.
La reforma del Estado impulsada desde la década de 1980, ha «legitimado» la acumulación y riqueza de sectores minoritarios.
La tarea pendiente para enfrentar este contexto pasa por el compromiso por profundas transformaciones para responder por un lado a los impactos de la crisis que ya están presentes y por otro lado, transitar hacia otro modelo orientado a (Oxfam, 2024):
Políticas públicas orientadas a la reducción de las desigualdades interseccionales.
Promoción de la justicia climática.
Políticas que promuevan la corresponsabilidad del trabajo de cuidados.
Como parte de los insumos para reflexionar este contexto, les compartimos esta infografía con los principales datos de este escenario de desigualdad que atraviesa nuestras sociedades.
La secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTR), Fanny Sequeira, denunció una grave “desinversión social” que ha llevado a Costa Rica a convertirse en uno de los países más desiguales del mundo, al tiempo que clamó por un “nuevo pacto social” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
El planteamiento lo formuló Sequeira en el marco del Foro Político de alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas que se celebró en Nueva York, del 8 al 17 de julio. Dicho foro efectuó un examen a nivel mundial de la Agenda 2030 y del cumplimiento de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Estado costarricense presentó su tercer informe nacional voluntario respecto al avance en el logro de tales objetivos, pero el movimiento sindical del país tuvo la oportunidad de presentar su propia valoración, que discrepa profundamente de la oficial.
La CTRN, en coordinación estrecha con la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), realizó la tarea de documentar la visión sindical de la realidad nacional en este ámbito, fruto de lo cual la CSI ha presentado formalmente al FPAN un informe alternativo con una valoración objetiva y contextualizada, que evidencia la insuficiencia e incoherencia en materia de políticas, inversión social y protección ciudadana y que alerta sobre un grave deterioro de indicadores-clave del estado de bienestar y del desarrollo humano sostenible.
“Nuestra presencia institucional en dicho Foro ha sido esencial para reforzar las claves del referido informe sindical, y para hacer un llamado público internacional al Gobierno para que se dedique con verdadera voluntad política a recuperar la economía, la inversión social y productiva, el empleo decente y el desarrollo humano, pero con políticas favorables a los ODS, reforzando el marco de derechos y la institucionalidad democrática del país”, apuntó Sequeira.
Tarea para la cual es muy necesario también contar con un esquema de cooperación técnica consecuente de las Naciones Unidas, añadió la dirigente sindical.
En su intervención ante una amplia representación de todos los países del mundo, la secretaria general de la CTRN expresó que “es imposible lograr los ODS con la actual política sostenida de desinversión social que afecta gravemente los servicios públicos y los programas sociales básicos, con una legislación que recorta derechos fundamentales y sindicales, empeora y congela salarios indefinidamente, reduce prestaciones básicas, incluyendo la protección y la seguridad social.
“El empleo precario y la desigualdad aumentan. Somos uno de los países más desiguales del mundo y el país con más desigualdad social dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, lamentó Sequeira.
En el marco de las políticas neoliberales que actualmente imperan, los gobiernos han hecho lo posible por desvincular el objetivo 8 de la Agenda, que se refiere a la creación de trabajo decente, los objetivos 1 y 2, que se refieren a la reducción de la pobreza y el hambre en el mundo.
“El empleo decente es la mejor herramienta contra la pobreza y el hambre”, puntualizó.
Finalmente, la secretaria general de la CTRN invocó la urgencia de un nuevo contrato social en Costa Rica para “redefinir constructivamente” las políticas públicas que impulsen el desarrollo humano sostenible, “garanticen los equilibrios sociales y económicos pendientes en algunas áreas desde hace décadas y nos permitan recuperar el terreno perdido en áreas vitales del estado de bienestar”.
Según la CEPAL, en el 2030 América Latina apenas habrá logrado un 22% de avance en las metas de los ODS, y que tendrá un retroceso en un 36% de dichas metas. De mantenerse las políticas ultraneoliberales, tales predicciones podrían ser peores, sobre todo en lo relativa al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).
Puede escuchar un resumen de la posición expresada por la secretaria general de la CTRN mediante este enlace.
Cuando se aborda el tema de la violencia se tiende a pasar por alto que buena parte de la misma, en sus diversas expresiones: psicológica, política, simbólica y física, tiene como una de sus causas fundamentales a la violencia económica, que ejercen los poderes fácticos globales con la complacencia de los gobiernos y estados nacionales, cada vez menos soberanos y más sometidos a sus mandatos.
Es tal el grado de violencia económica, que un ínfimo porcentaje del 1% concentra más del 80% de la riqueza del mundo. Cuando los niveles de desigualdad y pobreza crecen exponencialmente, estamos ante el fenómeno de una “pandemia económica”. Y mientras las pandemias menores, como la del Covid 19, tienen efectos epidérmicos sobre el tejido social, la económica hace metástasis.
Dadas estas condiciones, el sistema requiere cirugía mayor y de urgencia, tanto en los niveles de la gobernanza global como local. Sin embargo, con poquísimas excepciones, se continúa aplicando medidas paliativas, apelando al altruismo de los superricos, propiciando el libertinaje del mercado y la privatización de la institucionalidad social pública. Es decir, contradictoriamente, se continúa apostando por las mismas políticas económicas neoliberales que son las principales responsables de generar la violencia económica.
Por otra parte, campea un discurso político, con la fuerza retórica propia de un populismo de rasgos autoritarios y neofascistas, que buscan culpar de la violencia al delincuente y al sicario callejeros, esos que “se matan entre ellos”, sin considerar que en muchos casos se trata de jóvenes a quienes se les han negado oportunidades para el estudio y para un empleo digno. En este sentido, es la violencia económica, que empobrece y precariza a la sociedad, la responsable principal de este otro tipo de violencia. Efectivamente, el país ha venido devaluando el papel de la institucionalidad social, particularmente en salud y educación, que son las vías fundamentales para la movilidad social.
El desafío es construir una sociedad global y local sobre una nueva política económica al servicio de la vida, es decir, que propicie una mejor distribución de la riqueza, niveles más elevados de equidad, solidaridad y de afectividad, así como el respeto a los derechos de la naturaleza. Lamentablemente, ya hace bastante tiempo venimos aceptando como inevitable y natural la muerte por hambre, guerras, desastres naturales, racismo, machismo y discriminaciones de todo tipo. No podemos permitirnos continuar legitimando la violencia bajo ninguna de sus formas.
Frente a esta realidad Raimon Panikkar, plantea que “hoy las alternativas son ineludibles: o bien la humanidad arriba a una nueva fase y la abraza, una fase a la que podríamos llamar posthistórica y que supone una mutación de ser humanos mismo, o bien una minoría de la especie humana continúa destruyendo la Tierra, provocando finalmente un aborto cósmico que malogrará por completo cualquier posibilidad de que la vida prospere en este planeta”.
Costa Rica, a diferencia de países que se dejaron avasallar por las políticas privatizadoras de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman), ha logrado preservar conquistas sociales fundamentales que contribuyen a la paz social.
Cuando la violencia económica se ha convertido en más que una amenaza para la paz social, debemos prestarle más atención, si es que pretendemos enfrentar y contrarrestar las diversas formas de violencia que sufrimos hoy.
