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¿Quién ha fracasado?

Publicado el 15/02/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Seidy Salas y Juan C. Cruz, comunicador@s

“La democracia está muriendo”. “No funciona más”. “Es un modelo que no ha logrado cumplir las promesas de bienestar que le hizo a la ciudadanía”. Estas son frases que se repiten en cientos de análisis y que cobran aún más sentido ante el auge de regímenes autoritarios que llegan al poder utilizando procedimientos democráticos. Pero ¿estamos ante un fracaso de la democracia o la responsabilidad es del sistema socioeconómico que la sustenta?

Para responder a esta pregunta, es importante considerar varios aspectos. La democracia occidental, es el resultado de una larga y cruenta lucha de la burguesía juntos con otros sectores sociales, contra el absolutismo y que tuvo un momento culminante con la Revolución Francesa. Desde entonces, los avances y los retrocesos democráticos han sido el resultado de distintas correlaciones de fuerza, en diferentes contextos espaciotemporales, asimismo, las nociones de “libertad”, “igualdad” y “justicia” derivadas de dicha revolución, no han sido productos acabados, sino conquistas por mantener y profundizar.

Lo mismo sucede con los pilares que sustentan la edificación democrática: el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para que ninguno prive sobre otro; el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y la posibilidad de que cualquier grupo de ciudadanos, reunido en un partido político, pueda aspirar a gobernar el Estado y que esta potestad de gobernar se someta a la voluntad popular, que podrá decidir periódicamente cuál grupo gobierna.

Mientras existió el campo socialista, los Estados del «mundo libre» se presentaron como los modelos de democracia frente a lo que calificaron como gobiernos totalitarios antidemocráticos. Estableciendo Estados de derecho y optando por modelos de bienestar social, buscaron garantizar el ejercicio de los derechos básicos a la mayoría de sus habitantes, mostrando el bienestar logrado como fruto de la democracia. Todo esto sobre un modelo económico que permitía lucrar y acumular riquezas, pero con mecanismos de redistribución más o menos eficientes.

En América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de las democracias formales no lo eran en la práctica y las desigualdades socioeconómicas generaron tensiones que explotaron en graves conflictos armados, dictaduras y represión, especialmente en el cono sur y en Centroamérica. En los países tomados por la violencia, la democracia ni siquiera llegaba a hacer promesas.

Con la caída del socialismo, las potencias capitalistas iniciaron el proceso de desmantelar el marco jurídico del estado social de derecho, incluyendo compromisos con la salud y la educación públicas, así como con los derechos laborales conquistados a inicios del siglo XX. Se mantuvieron las libertades individuales, pero se erosionaron profundamente los derechos colectivos.

Esta nueva etapa del capitalismo mundial, caracterizada por «más mercado y menos estado», implicó la privatización de servicios públicos y medidas restrictivas de inversión social, profundizando las brechas sociales y la pobreza.

Para los países de América Latina que habían sufrido las dictaduras y los conflictos armados, el “retorno a la democracia” coincidió con la implantación de las medidas neoliberales[1], (con la excepción de Chile, donde el neoliberalismo floreció sobre la dictadura) y la construcción de la institucionalidad democrática tuvo que hacerse en el marco de los discursos de reducción del Estado. ¿Qué podría prometer la democracia en términos de bienestar e igualdad en ese marco de capitalismo salvaje?

No se puede dejar por fuera el fenómeno de la corrupción que crece y se multiplica entre las élites políticas en contubernio con sectores tanto empresariales como del crimen organizado, que minan desde dentro de los estados, la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y en la política.

Ya entrado el Siglo XXI, la sindemia[2] generada por la pandemia del COVID 19, evidenció las profundas desigualdades sociales y desnudó las deudas de los estados con las personas más desfavorecidas, deudas forjadas desde la década de los 80 por el capitalismo neoliberal. La forma tan clara en cual las sociedades se dividieron entre las personas que tenían su supervivencia asegurada en medio del encierro y quienes sintieron que lo perdían todo, propició el resentimiento de estas personas hacia quienes conservaron sus empleos e ingresos. Esto llevó a importantes sectores de la población a reaccionar contra un sistema “que les abandonó” y a apoyar a figuras mesiánicas que prometen venganza contra las élites y libertad frente a los gobiernos.

Profundizando en los principales impactos socioeconómicos y políticos de la pandemia del COVID-19:

Socioeconómicos

Desempleo: La pandemia provocó un aumento significativo del desempleo a escala mundial, con millones de personas perdiendo sus trabajos debido a la interrupción de actividades económicas. Las personas que generaban ingresos en el sector informal se vieron también entre la población más vulnerable.
Recesión Económica: Muchas economías entraron en recesión en 2020, con una caída drástica en la producción económica y el cierre de numerosas empresas.
Desigualdad: La pandemia amplificó las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a las personas y comunidades más vulnerables.
Industria del Turismo y Servicios: Sectores como el turismo, la aviación y los servicios se vieron gravemente afectados, con pérdidas económicas significativas.
Educación: El cierre masivo de escuelas y la transición a la educación en línea en sistemas que no estaban preparados para ello, generaron desigualdades en el aprendizaje y afectaron el desarrollo educativo de millones de estudiantes.

Políticos

Gobernanza y Respuesta: Las respuestas gubernamentales variaron significativamente, con medidas de confinamiento de diversos grados y restricciones que generaron controversia y protestas. En muchos casos, las restricciones sanitarias sirvieron de laboratorio para el autoritarismo.
Políticas de Estímulo: Muchos países implementaron programas de estímulo económico para mitigar los efectos de la crisis, aunque por lo general fueron insuficientes.
Desconfianza en las Instituciones: La pandemia aumentó la desconfianza en las instituciones gubernamentales y sanitarias, en parte debido a la propagación de desinformación y teorías de conspiración.
Políticas de Salud Pública: Hubo un enfoque renovado en las políticas de salud pública y la importancia de la preparación para futuras pandemias. Pero también se evidenció la falta de soberanía de los sistemas nacionales y la dependencia de la industria farmacéutica globalizada.

Culturales

Como ya se mencionó, la pandemia hizo evidente la convivencia de personas privilegiadas y desprotegidas, fomentando la fragmentación social. En muchos casos, las personas que estaban seguras en sus casas, con sus despensas llenas, recriminaban fuertemente contra quienes rompían el encierro para buscar ingresos.
El sentido de libertad: La imposición del encierro con la consiguiente limitación a la libertar de tránsito y reunión se vivió en muchos sectores, especialmente entre las juventudes, como un abuso del Estado. Las personas de jóvenes de los sectores privilegiados, pero también en las clases populares, burlaron este sistema organizando fiestas clandestinas y rechazado las restricciones.
El auge de las teorías de conspiración y el sentimiento anti-ciencia: Sobre bases reales que exponían el sentido de lucro de la gran industria farmacéutica, se crearon fuertes teorías antivacunas que impulsaron corrientes totalmente anti-ciencia. A la vez, la noción de que existen élites globales súper poderosas que buscan controlar las mentes y voluntades de las mayorías, se expandieron. La facilidad con que la información falsa y la desinformación se mueven en las redes sociales, ampliamente accesibles para todas las personas, contribuyó a este fenómeno.
El gran agotamiento: En la post pandemia, se generó un estado emocional -y físico- caracterizado por un enorme cansancio que se expresa en todas las esferas de la vida social. Hay una disminución del activismo presencial, un rechazo generalizado a la información que genere preocupaciones, y un aumento en la búsqueda de “información” de fácil consumo que genere gratificaciones inmediatas.

Estas consecuencias profundas y variadas en diferentes aspectos de la vida global, aunadas al deterioro generalizado de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, ayudan a responder la pregunta que da origen a esta reflexión.

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos profundos en la economía y la sociedad. Ha amplificado las desigualdades existentes, aumentado el desempleo y generado una crisis económica global. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han afectado a diferentes grupos de manera desigual, exacerbando las tensiones sociales y económicas. Por su parte, el neoliberalismo, con su énfasis en la desregulación, la privatización y la reducción del gasto público, ha contribuido a aumentar la desigualdad económica y social. Las políticas neoliberales han debilitado las redes de seguridad social y han dejado a muchas personas más vulnerables a las crisis económicas. En este contexto, las propuestas formales de la democracia no tienen mucho que ofrecer y los mecanismos que ofrece se muestran obsoletos o insuficientes.

Quienes sí parecen estar ofreciendo respuestas a esta crisis, o al menos narrativas que son bien recibidas, son los movimientos de extrema derecha. La ultraderecha viene ganando terreno en varios países, aprovechando el descontento social y económico generado por la pandemia y las políticas neoliberales. Estos movimientos suelen prometer soluciones rápidas y simples a problemas complejos, lo que les atrae a muchos votantes desilusionados.

La pandemia de COVID-19 y las políticas neoliberales han creado un contexto de inestabilidad y descontento, que ha sido aprovechado por los movimientos de ultraderecha para ganar apoyo. La combinación de crisis económica, aumento de la desigualdad y la percepción de que las instituciones tradicionales no están respondiendo adecuadamente ha llevado a muchos a buscar alternativas más radicales.

Entonces, el retroceso en los procesos de democratización expresado en la desconfianza o desprecio hacia el Estado y capitalizado por la ultraderecha en auge, el influyente tecno-feudalismo y la poderosa narco burguesía, más que una falla democrática, obedece a la naturaleza del sistema económico capitalista, al que nunca le interesó el bienestar de las mayorías. Ha sido sobre esa base en la que surgieron y se desarrollaron las democracias. Si seguimos culpando a la democracia por su fracaso, estaremos dejando impune al capitalismo, que seguirá rampante su curso hacia el control total de las sociedades. Sin justicia social y económica, no hay democratización que perdure.

Imágenes: 1- https://www.anred.org, 2- OXFAM

[1] El neoliberalismo surgió en la década de los 80, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, liderados por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, promoviendo la reducción del papel del estado en la economía, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas públicas. Estas políticas se basaban en la creencia de que los mercados libres y competitivos eran la mejor manera de generar crecimiento económico y prosperidad. Sin embargo, llevaron a un aumento de la desigualdad y la pobreza, ya que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyeron equitativamente.

En América Latina, el neoliberalismo se implementó a través de programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que exigían a los países reducir el gasto público, privatizar empresas estatales y abrir sus economías al comercio internacional. Estas medidas provocaron mayores niveles de pobreza y desigualdad.

El neoliberalismo promovió políticas de austeridad, que implicaban recortes en el gasto social y la reducción de los servicios públicos. Esto llevó a un debilitamiento de las redes de seguridad social y a un aumento de la precariedad laboral. La globalización y la liberalización del comercio favorecieron la expansión del neoliberalismo, permitiendo a las empresas multinacionales operar en múltiples países y aprovechar las diferencias en costos laborales y regulaciones ambientales.

[2] Sindemia es un término acuñado por primera vez en la década de 1990 por el antropólogo estadounidense Merrill Singer y proviene de la unión de los conceptos de sinergia y pandemia. Se considera sindemia cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades.

¿Cuarenta años de qué?

Publicado el 08/09/2024. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

En un artículo recientemente publicado en La Revista, por Alfonso Chase sobre el libro “La educación en Costa Rica” del distinguido historiador y colega Iván Jiménez se nos recuerda que el 11 de agosto se cumplieron cuarenta años de la reestructuración del gabinete por el presidente Luis Alberto Monge, y con ello, el ingreso del Lic. Eduardo Lizano Faith a la Presidencia del Banco Central de Costa Rica y Benjamín Piza como ministro de Seguridad, hecho que marca un hito importante en la Historia de Costa Rica. Como bien lo señala don Iván, aquellos cambios fueron el producto de las presiones recibidas por Monge Álvarez desde muy diversas trincheras: la oposición legislativa, la prensa, las cámaras patronales, la propia Embajada de los Estados Unidos y la representación de la AID del gobierno de ese país.

Entonces yo era diputado de la Coalición Unidad y en el mes de mayo de aquel año había terminado mi periodo como jefe de Fracción, por lo que esos hechos los viví y vi en primera fila. No voy a entrar aquí en los detalles de aquella movida ministerial, que puso a don Luis Alberto Monge bajo el alero de la política internacional de USA contra los sandinistas nicaragüenses, gracias la actitud “generosa” del gobierno y su nuevo Ministro de Seguridad, que nunca vieron los movimientos de la llamada “Contra” en la zona norte o la apertura del aeropuerto clandestino en Murciélago todo financiado por orden de Mr. Ronald Reagan a través de la llamada “Iráncontras” , una red de narcotráfico desde Colombia hasta Irán coordinada por la CIA y que abrió el camino de la droga en Costa Rica, que financiará la candidatura de Oscar Arias, como ha sido reconocido por él mismo. Monge y su gobierno, por su parte, fue premiado con todo tipo de ayudas y créditos para solventar la crisis de los años 80, que distribuidos en. diferentes momentos del cuatrienio daría un promedio aproximado de un millón de dólares diarios.

Pero lo que aquí nos interesa destacar es que la implementación de todo lo concerniente a la globalización y el famoso Consenso de Washington, llegó de la mano de Lizano Faith y a la labor realizada por varios de sus discípulos que también ocuparon las sillas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, como por ejemplo Jorge Guardia, Thelmo Vargas, Fernando Naranjo, y casi todos los que, desde entonces, han estado en esos cargo, pero especialmente debo mencionar a Francisco de Paula Gutiérrez G. (QdDg), quien además de lo señalado, tuvo un exitoso paso por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en aspectos como el control y disminución de la inflación, por ejemplo.

Pero aquí nos interesa señalar, al igual que don Iván Jiménez, como la llegada de don Eduardo Lizano al Banco Central marcó un cambio de época y de mentalidad a la hora de gobernar este país. Por su influencia en el Banco Central, las aulas universitarias, la Academia Centroamericana o en Consejeros Económicos y Financieros CEFSA, los medios de comunicación o sus libros y su cercanía a políticos como Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres o Miguel Ángel Rodríguez, no cabe duda que su pensamiento, influencias y acción fueron determinantes para que en Costa Rica los gobernantes, políticos, empresarios y medios de comunicación en general, pero especialmente La Nación y Canal 7, aceptarán sin cortapisas las ideas neoliberales, la implementación de la globalización con todo lo que eso significó no solo en lo económico, sino también en lo político y lo social. A partir de ese momento se impuso en Costa Rica el pensamiento único, pues los medios se encargaron de defender e impulsar como línea editorial las nuevas ideas y la educación empezó también un cambio de rumbo a su servicio.

Recuerdo bien como con aquellos cambios políticos de la administración Monge, se intensificó la presentación en la Asamblea Legislativa de proyectos de ley que impulsaran los procesos de privatización y desregulación, como por ejemplo implementación la venta de las empresas de CODESA, la eliminación de aranceles proteccionistas en las aduanas y la apertura de cuentas corrientes en favor de la banca privada, como una forma tibia de empezar a tocar la nacionalización bancaria, que encontró un furibundo defensor en el diputado Jorge Luis Villanueva Badilla. Con la apertura hacia la globalización empezó un furibundo ataque a lo público, especialmente durante el gobierno de Oscar Arias en el que, en junio de 1989 y financiada por el BIRF o Banco Mundial, se creó la Comisión Consultiva Para la Reforma del Estado (COREC) integrada por ocho profesionales nombrados de común acuerdo por los candidatos del PLN y el PUSC, en lo que sería el primer gran acuerdo del bipartidismo o PLUSC como la gente lo llamará luego.

A partir de aquel momento, con el apoyo del FMI, el BM y la AID fundamentalmente, se reorientó el país hacia la nueva mentalidad globalista, donde había que hacer reverencia al nuevo dios: el dinero y el mercado. Desde entonces se le ofreció al costarricense el oro y el moro, entraríamos en una época de gran crecimiento de la producción, habría más riqueza para repartir y el dinero caería en cascada desde las copas de champagne de los ricos hacia los bolsillos de los pobres, habría más equidad, trabajo, una mejor y mayor acceso a la educación, salud boyante y comida para todos, además de buenas carreteras para correr los carritos, aunque fueran de segunda, comprados a los coreanos a pagos.

Pero también el FMI impuso una política que resultó fatal a la larga, todas las obras de infraestructura como las represas del ICE, acueductos o construcción de carreteras, serían consideradas como un gasto del Estado y no como inversión, que realmente lo eran, lo que trajo serias repercusiones presupuestarias con respecto al gasto público, la construcción de esas obras y el mantenimiento de las existentes cuyos nefastos resultados, advertidos por muchos en ese momento, hoy los estamos vivencio.

Para realizar la apertura hacia las nuevas políticas del mundo globalizado hubo condiciones, entre ellas, había que desmantelar las instituciones públicas y la COREC hizo su propuesta en un librito sobre la reforma del estado publicado en octubre de 1990 que se supuso iba a ser, sino la Biblia, por lo menos el Breviario que debían seguir los políticos, gobernantes y administradores públicos para lograr aquel supuesto milagro. Pero resulta que ni los PAE o planes de ajuste estructural, o los acuerdos firmados con el FMI, ni la venta de las empresas de CODESA y la apertura bancaria, el incremento de la educación privada, ni los intentos de privatización del ICE o el surgimiento de los tratados de libre comercio bilaterales con algunos países y otros ejemplos que se podrían citar, habían logrado que el milagro neoliberal diera los resultados ofrecidos, y algunos índices en salud, educación, vivienda y producción empezaban a hacer agua ya a fines del siglo XX.

Pero el siglo XXI trajo un proyecto que suponían vendría a dar un nuevo y necesario impulso a aquellas ideas de un neoliberalismo y globalización que empezaban a ser cuestionados por algunos sectores académicos e intelectuales a nivel mundial: un tratado de libre comercio con Centro América, Estados Unidos y luego se agregó Republica Dominicana. Y empezó a moverse la maquinaría, los tiquetes de avión y reservas hoteleras cundieron por la movilización de los “negociadores” que iban y venían repartiendo, regalando y embuchando las joyas de la abuela. Mientras tanto, los medios de comunicación en manos de la plutocracia nacional. se encargaban de publicar artículos de opinión, entrevistas y reportajes con esos personajes de la esfera económica y política del país, que de nuevo, no se cansaban se alabar las maravillas que nos esperaban. Como olvidar, por ejemplo, la demagogia exacerbada de Oscar Arias cuando señaló que los costarricenses podrían cambiar el Hyundai por un Mercedes Benz y la bicicleta por una moto, para caricaturizar el progreso que nos traería el TLC, porque que 20 años después, seríamos un país del “primer mundo”. Así en unas amañadas votaciones, donde la mente del costarricense se manipuló de muchas maneras por el gobierno de Arias, la Embajada de los Estados Unidos, la empresa privada y los medios de comunicación, el 7 de octubre fue aprobado el referéndum del TLC por una muy ajustada mayoría, a pesar de que los opositores habían logrado montar una campaña que tocó el corazón del costarricense.

Pasados 40 años desde aquel cambio de mentalidad en los años 80 y casi los veinte ofrecidos por Arias para llegar a un país de primer mundo; cabe que nos preguntemos: ¿cómo estamos, se han cumplido las promesas, o tienen razón los costarricenses de estar enojados, resentidos y frustrados?, veamos algunos ejemplos ilustrativos.

Empecemos con la educación, su calidad y el estado de centros docentes declarados como inhabitables y con orden de cierre del Ministerio de salud, hoy es mucho peor; la Caja Costarricense del Seguro Social daba mejor servicio, las listas de espera eran tan numerosas y de tiempos tan extendidos, la corrupción interna era tan evidente y la deuda del gobierno con ella era de tal magnitud como hoy, definitivamente no; la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y ¿el número de asesinatos en incomparable con los ocurridos hace cuarenta años y se ha incrementado, casualmente, después del 2006? definitivamente sí. ¿Si bien es cierto se ha dado una mayor producción y aumento de la riqueza en el país, hay también una distribución equitativa de ella, que permita una efectiva disminución de la pobreza?, tristemente la respuesta es un no rotundo; hay una capa más delgada de la sociedad que incrementó su riqueza ofensivamente frente a una clase media que disminuye y una de pobreza que aumenta, convirtiéndonos en un país más desigual cada día. Por otra parte, el irrespeto a la legislación laboral, el incumplimiento de normas fundamentales como las jornadas de trabajo o el pago de horas extra, se hace cada día más frecuente y común en muchas empresas, al igual que el impago de las cuotas empresariales a la CCSS, que equivale a que muchas empresas se dejan en sus cuentas los dineros rebajados a los trabajadores, siendo uno de los principales defraudadores de la Caja el propio Estado, acto delictuoso que ha crecido casi exponencialmente en estos cuarenta años. A la par de ello, se produce el incremento de la informalidad, como una realidad objetiva denunciada casi a diario y factor determinante en el aumento de la pobreza.

Mencionemos ahora la aparición de una corrupción galopante unidas a los negocios ilícitos con el Estado, la evasión y elusión fiscal, así como la existencia de un narcotráfico que cada día con más violencia se apodera del país; son realidades objetivas como para pensar con certeza, que todas las ofertas hechas con la globalización y el cambio de mentalidad, fueron frutíferas para unos pocos, muy pocos, y para las grandes mayorías un engaño más.

Por eso, cabe preguntarse cuarenta años después de la incursión neoliberal y veinte de su consolidación con el TLC, con esos y otros resultados negativos contra ese estado social de derecho que nos ha caracterizado y una desigualdad creciente, si esa masa ciudadana que manifiesta su inconformidad con no asistir a las urnas electorales; y si lo hace, es para darle su voto rencoroso a un movimiento sin partido, sin arraigo político y social, sin conocimiento de la historia y la realidad nacional, de nuestros valores democráticos profundos y su institucionalidad. Se debe denunciar que con mentiras o posverdad, han sabido tocar las fibras de ese resentimiento a través de poses populistas sin contenido profundo, pero que lograron polarizar la sociedad costarricense produciendo una división entre malos y buenos, corruptos o impolutos, costarricenses con corona o sin ella, privilegiados o explotados; lo que evidentemente no obedece a una realidad objetiva de nuestra sociedad. Una muy peligrosa división que pone al país en la única “ruta” que ha sabido crear y proponer este gobierno: la del odio, el rencor y, por qué no, hasta la violencia. Cuidado costarricenses, estamos en peligro.

Esa versión maniquea de la sociedad costarricense la ha creado con éxito, no se puede negar, el presidente Rodrigo Chaves y su cuadrilla de “sacerdotes y sacerdotisas” que en los diferentes centros de poder rinden culto, sin cuestionamiento alguno, al sumo sacerdote y oráculo de toda la posverdad del chavismo, inspirada en sus particulares y trastornados humores.

Despidos colectivos a la carta y al por mayor

Publicado el 28/01/2021. Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.

Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.

Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.

Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.

De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.

Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.

Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.

Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.

Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.

En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.

Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.

De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.

27/01/2021