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Etiqueta: deuda ecológica

Día Mundial de los Arrecifes: El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta su mayor crisis coralina mientras el ecocidio avanza sin freno

Comunidades y organizaciones llaman a proteger los arrecifes del Caribe Sur mediante ciencia ciudadana, conservación costera y acciones urgentes del Estado

Día Mundial de los Arrecifes: proteger lo que aún está vivo

Este 1 de junio, Día Mundial de los Arrecifes, Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de Kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado urgente a la protección de uno de los patrimonios naturales más valiosos del país: el arrecife coralino del Caribe Sur de Costa Rica.

Mientras muchas regiones del mundo intentan restaurar arrecifes que ya han desaparecido o han sufrido daños irreversibles, en el Caribe Sur aún persiste un arrecife vivo, diverso y ancestral. No se trata de un ecosistema artificial ni de una colección de fragmentos cultivados; se trata de un arrecife natural que mantiene procesos ecológicos esenciales, alberga una extraordinaria biodiversidad marina y brinda protección costera, alimento y sustento a las comunidades locales.

Sin embargo, su supervivencia enfrenta amenazas cada vez mayores. La contaminación proveniente de las cuencas hidrográficas, la sedimentación causada por la deforestación, la destrucción de humedales y manglares, el desarrollo inmobiliario en zonas costeras sensibles, las obras de infraestructura sin evaluación ni mitigación adecuada de impactos marinos y los efectos del cambio climático están ejerciendo una presión constante sobre este ecosistema.

La ciencia ha demostrado que los arrecifes no pueden entenderse de forma aislada. Su salud depende de la integridad de todo el paisaje costero. Los bosques, manglares, humedales, ríos y playas forman parte de una misma red ecológica. Cuando estos ecosistemas son degradados, los efectos terminan llegando al mar en forma de sedimentos, contaminantes y alteraciones en la dinámica natural de la costa.

Por ello, la situación que enfrenta el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo debe entenderse también como una amenaza directa para los arrecifes del Caribe Sur. La pérdida de cobertura forestal, la afectación de humedales y manglares y la creciente presión urbanística comprometen la capacidad del territorio para proteger los ecosistemas marinos que dependen de él.

La preocupación por el futuro del arrecife del Caribe Sur también quedó en evidencia durante el reciente intento de volver a construir un atracadero en el centro de Puerto Viejo, sobre una zona de arrecife coralino vivo. El proyecto fue acompañado por un estudio de impacto ambiental que contenía graves inconsistencias técnicas, incluyendo referencias a especies marinas propias del Pacífico costarricense y no del Caribe. Este caso evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación ambiental y garantizar que cualquier propuesta de desarrollo costero se sustente en información científica rigurosa y acorde con la realidad ecológica del territorio.

Más allá de un proyecto específico, este episodio refleja una visión de desarrollo que continúa dándole la espalda al mar. El Caribe Sur ha construido su identidad, su economía y su atractivo turístico alrededor de la riqueza de sus ecosistemas costeros y marinos. Sin embargo, muchas de las propuestas impulsadas en los últimos años parecen concebir el territorio como un espacio para la expansión inmobiliaria y la infraestructura, sin reconocer los límites ecológicos que sostienen precisamente aquello que atrae a visitantes de todo el mundo. Un modelo de desarrollo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes termina erosionando la base natural que le da valor al territorio.

Un ejemplo reciente son las obras de los puentes en la entrada de Puerto Viejo, desarrolladas sin una evaluación integral de las dinámicas marino-costeras y sin considerar adecuadamente los procesos de erosión que históricamente afectan esta zona. Durante los últimos frentes fríos, el fuerte oleaje y la socavación provocaron afectaciones en las estructuras, evidenciando la vulnerabilidad de obras que no incorporan plenamente la realidad ambiental del territorio. Como respuesta, se han implementado intervenciones de emergencia que han implicado el movimiento y depósito adicional de materiales, aumentando la sedimentación que llega al mar y generando nuevas presiones sobre los ecosistemas costeros.

Estos hechos ponen en evidencia la necesidad de planificar el desarrollo con una visión ecosistémica y de largo plazo. Un modelo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes, o que ignora los procesos naturales de la costa, termina erosionando la base ambiental que da valor al territorio y sostiene la calidad de vida de las comunidades locales. Proteger estos ecosistemas no es un obstáculo para el desarrollo; es la condición indispensable para que exista un desarrollo verdaderamente sostenible.

La situación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Viejo evidencia una de las principales deudas ambientales de la región. A pesar de la creciente presión turística y urbana sobre el territorio, la infraestructura continúa sin cumplir plenamente el objetivo para el que fue concebida, limitando la capacidad de gestionar adecuadamente las aguas residuales y reduciendo los beneficios esperados para la salud pública y los ecosistemas marinos. Su puesta en funcionamiento efectiva y completa es una necesidad urgente para disminuir la contaminación que llega a ríos, playas y arrecifes de coral, y para garantizar un desarrollo turístico compatible con la conservación de los recursos naturales que sostienen la economía local.

La llegada de nuevos eventos de calentamiento oceánico asociados al fenómeno de El Niño aumenta la urgencia de actuar. Los episodios recientes de blanqueamiento han demostrado que los arrecifes necesitan llegar a estos eventos climáticos en las mejores condiciones posibles. Cada fuente de contaminación eliminada, cada bosque protegido y cada humedal conservado aumenta sus posibilidades de resistir y recuperarse.

Frente a este panorama, las comunidades han asumido un papel fundamental. A través de procesos de ciencia ciudadana impulsados por organizaciones locales y en colaboración con la Universidad de Costa Rica, más de un centenar de personas han participado en talleres de monitoreo comunitario de arrecifes. Estos esfuerzos permiten generar información local, fortalecer la vigilancia ambiental y promover una ciudadanía activa en la defensa del patrimonio marino.

La ciencia ciudadana no reemplaza las responsabilidades institucionales, pero sí fortalece la capacidad de las comunidades para observar, documentar y comprender los cambios que ocurren en sus ecosistemas. Es una herramienta para democratizar el conocimiento y construir una gestión ambiental basada en evidencia y participación social.

Finalmente, no podemos olvidar la deuda ecológica histórica que pesa sobre el Caribe costarricense debido a más de un siglo de contaminación asociada al modelo bananero. Durante décadas, el uso intensivo de pesticidas y otros agroquímicos ha impactado ríos, humedales, zonas costeras y ecosistemas marinos, dejando consecuencias ambientales y sociales que aún persisten. Esta contaminación no solo ha afectado la salud de los ecosistemas, sino también la calidad de vida de las comunidades que han convivido con sus efectos generación tras generación. Hablar de la protección de los arrecifes y del mar implica también reconocer esta historia, asumir responsabilidades y avanzar hacia modelos de desarrollo que reparen los daños acumulados y garanticen un futuro más justo para las personas y la naturaleza.

En este Día Mundial de los Arrecifes: Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado a las instituciones públicas para fortalecer la protección efectiva de los ecosistemas costeros y marinos del Caribe Sur; garantizar investigaciones rigurosas sobre posibles fuentes de contaminación; asegurar que toda infraestructura costera cuente con estudios de impacto ambiental integrales hacia el mar y actualizados; fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental y promover la conservación de los ecosistemas que sostienen la salud de los arrecifes.

El Caribe Sur aún conserva un arrecife vivo. Su valor no radica únicamente en su belleza, sino en los servicios ecológicos que brinda, en la biodiversidad que alberga y en el vínculo histórico que mantiene con las comunidades costeras.

La prioridad no es reemplazar lo que existe. La prioridad es protegerlo.

Porque conservar un arrecife vivo siempre será más valioso que intentar reconstruir uno perdido.

Fotografías: Diego Miranda y Marco Salazar.

Universidad de Costa Rica rechaza proyecto de ley sobre titularización de recursos minerales y energéticos

Representantes de Consejo Universitario Llaman a un debate y a una auditoría de la deuda pública

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión ordinaria n.° 6966, acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado Ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y/o protección de recursos minerales y energéticos” (Expediente N.° 24.285), tras identificar múltiples riesgos ambientales, sociales, económicos y jurídicos asociados a la iniciativa.

Este pronunciamiento se sustenta en un amplio proceso de análisis institucional a partir de observaciones de diversas instancias académicas, entre ellas el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, así como unidades de las Facultades de Ciencias y Ciencias Sociales.

¿Que propone el proyecto? La iniciativa propone titularizar flujos futuros derivados de concesiones de explotación, o incluso de no explotación, de recursos minerales y energéticos, con el fin de destinar dichos ingresos al pago de la deuda pública y a la reducción de tasas de interés. No obstante, el análisis académico advierte que esta lógica se sustenta en proyecciones inciertas y en supuestos que carecen de respaldo técnico y científico.

Entre las principales preocupaciones señaladas por la Universidad destaca que la iniciativa “podría incentivar una mayor explotación de los recursos naturales con el fin de generar flujos financieros futuros”, lo cual “podría contradecir los principios de conservación y sostenibilidad que caracterizan a Costa Rica”. Asimismo, se advierte que estos flujos “se fundamentan en expectativas inciertas, sujetas a variaciones en los precios internacionales, cambios tecnológicos y contextos políticos”.

El Consejo Universitario también alertó que la titularización propuesta “podría comprometer ingresos del Estado a largo plazo y restringir la capacidad de maniobra financiera de futuras administraciones”, además de generar “dependencia de verificadores externos”, lo que abre la puerta a conflictos de interés y problemas de transparencia.

Desde el punto de vista técnico y jurídico, el proyecto presenta vacíos significativos: “resulta ambiguo en aspectos clave como la valorización de los recursos, la definición de figuras como el ‘verificador externo reconocido’ y los mecanismos de titularización”. A esto se suma el “riesgo de subvaloración de los recursos naturales”, especialmente considerando su potencial valor futuro.

En materia ambiental y de política pública, la UCR advierte que la iniciativa podría entrar en conflicto con normativa vigente y compromisos internacionales del país. En particular, “contradice el decreto ejecutivo n.° 41578-MINAE, que prohíbe la exploración petrolera hasta el 2050, así como la Ley n.° 8904 que declara a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”.

El análisis también enfatiza que el proyecto ignora lecciones históricas en la región: “la idea de que la explotación minera o petrolera permitirá pagar la deuda pública y reducir tasas de interés carece de evidencia y contradice experiencias ampliamente documentadas en América Latina, donde estas actividades no han generado mejoras sustantivas en las condiciones sociales y económicas”.

En esa línea, se advierte que la iniciativa “implica un incentivo perverso hacia una economía extractiva”, profundizando dinámicas de dependencia y “aumentando la deuda ecológica mediante la sobreexplotación de los recursos naturales”.

En este contexto, la Universidad reafirmó su posición histórica: “las moratorias a la explotación petrolera y la prohibición de la minería a cielo abierto son resultado de amplias luchas socioambientales y consensos políticos orientados a proteger el patrimonio natural del país”, por lo que cualquier retroceso en esta materia resulta altamente preocupante.

A debatir y auditar la deuda pública

Durante la discusión en el plenario, distintas personas del Consejo Universitario profundizaron en los vínculos entre la iniciativa y la gestión de la deuda pública, cuestionando el enfoque estructural del proyecto.

En palabras de la M.Sc. Esperanza Tasies Castro, académica que ha estudiado a profundidad los impactos de la deuda: “No puede el Estado destruir el ambiente para pagar a tenedores de bonos que, en muchos casos, definen las tasas de interés en función de sus propias expectativas”.

Tasies advirtió sobre el endeudamiento público, el sistema de la deuda y lo que se conoce como “deuda odiosa” y la “curva soberana”. El proyecto de ley dice que va a bajar los intereses, pero “eso es mentir descaradamente”. Asimismo, recordó que “el déficit creció en un 200% y se prestó para aprobar leyes que han debilitado al Estado y la inversión pública”.

Alertó además sobre los riesgos estructurales del endeudamiento: “la crisis de la deuda, al igual que en Grecia, podría estallar”, lo que refuerza la urgencia de abrir un debate de fondo. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una auditoría de la deuda pública desde la academia.

Por su parte, el director del Consejo Universitario, Dr. Keilor Rojas Jiménez, enfatizó la necesidad de replantear el enfoque del endeudamiento: “Como país, debemos preguntarnos si la salida es vender o comprometer nuestros recursos naturales, o más bien invertir en nuestro principal activo: las capacidades de las personas. Apostar por el conocimiento y la formación ha sido históricamente la vía para construir desarrollo sostenible”.

Finalmente, se subrayó la importancia de abrir un debate más amplio sobre la deuda pública, incluyendo la posibilidad de impulsar -como señala Esperanza Tasies- una auditoría desde la academia.

Dictamen de acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1kQ8KAf84YywuTlsC1eCH22moeFZUrPtZ/view?usp=drive_link