Los responsables de la catástrofe política que estamos padeciendo son quienes firman un comunicado en contra de la arriesgada afirmación que realizara el actual “mandatario”: hemos vivido la “dictadura perfecta”. Me refiero a los expresidentes vivos. Algunos de ellos ya habían intentado algo semejante. Oscar Arias, por ejemplo, señaló, años atrás, que la fórmula era una “dictadura en democracia”. Y lo ejemplificó: se reeligió en contra de la Constitución Política y comandó la aprobación de un tratado de “libre” comercio por medio de un referéndum fraudulento.
Así las cosas, debemos aceptar que quien desgobierna este país lleva bastante de razón. La oligarquía costarricense ha construido un sistema a su medida, especialmente en términos electorales –sistema bipartidista hasta que se les agotó la credibilidad y hubieron de improvisar con el PAC– y de dominio ideológico a través del sistema educativo, de los consorcios comunicativos –“prensa canalla”– y de las redes sociales. Ello les ha permitido –es sólo un ejemplo entre muchos– la elección del presidente actual apostando por “el menos malo”. El miedo ha sido clave para ese rejuego electorero; así eligieron a los dos presidentes del PAC, previo diseño del espantajo fundamentalista o ideológico. Claro que el actual desgobernante pregona y aspira a la dictadura total.
Pero fueron el PLUSCPAC y sus turecas electoreras –liberticidas y neo pentecostales, entre otros– quienes provocaron y prepararon la llegada del fenómeno de derecha incrustado en Zapote. La guerra que hoy se libra es entre grupos de poder de la misma oligarquía –“tradicionales” versus “nuevos ricos”, alineados cual mafias-– en procura de la mejor porción del pastel privatizador y de la apertura en dictadura para los buenos negocios. El pueblo llano no cuenta para nada en esa cruenta batalla. Al contrario, lo está perdiendo todo con el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, sin saberlo. Lo peor y doloroso: apoyando y aplaudiendo ese desmantelamiento.
De modo tal que estamos en una encrucijada –neoliberal–, la peor de nuestra historia reciente; atrapados sin salida puesto que no hay oposición ni se vislumbra, en el oscuro horizonte, opción política alguna. La crisis de los partidos y del movimiento social es tan profunda que produce más que desasosiego. Si se agrega la ilegal criminalización de la protesta social –aprobada en el segundo gobierno del PAC y apoyada por casi todos los partidos– más la represión simbólica en todos los estratos de la vida pública, el panorama se torna más gris todavía.
El mayor peligro reside en una masa desintoxicada que se cree y hace suyas todas las falacias del neo dictadorzuelo y sus cajas de resonancia, incluidas las dañinas e impunes granjas de troles o los nuevos “medios de comunicación” que, día con día, desinforman y producen falsas noticias a favor del régimen al mejor estilo OTAN, Trump, Bukele o Milei. He allí la nebulosa base social para asestar el golpe final al Estado Social de Derecho y su institucionalidad, ya maltrecho de por sí.
Lo que costó un largo proceso histórico durante el siglo XX, mismo que desembocara en una cruenta guerra civil (1948), para forjar un nuevo contrato social, hoy se deshace en el aire despedazado por un grupo de empresarios angurrientos y la insaciable presencia del capital transnacional. El discurso totalitario cala en los sectores sociales burlados por la propia contrarreforma neoliberal iniciada por el PLUSCPAC en los años ochenta del siglo pasado.
El trapito de dominguear de la oligarquía y del imperio usamericano –“la centenaria democracia sin ejército”, “la suiza centroamericana”, “el país más feliz del mundo”– se ensucia y se hunde en sus propias arenas movedizas, agenciado con brutalidad por los nuevos actores de las espurias finanzas y del poder local. Requiescat in pace.
Los Tribunales de Probidad y los Tribunales de Sanciones Inmediatas se crearon por decretos en mayo de 1948 y se disolvieron por decreto en noviembre de 1949.
Se crearon y funcionaron durante la postguerra de odios exacerbados, espíritu de venganza y ambiente de violencia política, a la sombra de un gobierno de facto que gobernó como dictadura.
Entre las obras de la historiadora, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, Claudia Quirós Vargas, me interesa destacar su libro “Los Tribunales de Probidad y de Sanciones Inmediatas”, de la Editorial Costa Rica. En esta obra de historia política, jurídica y social Quirós Vargas nos habla de causas y objetivos de la creación de estos Tribunales, los mecanismos y procedimientos legales aplicados, personas sobre las que tuvieron jurisdicción, resultados de los juicios seguidos, las sanciones decretadas y los beneficios aportados a los ciudadanos y al Estado.
Según la autora, “este Tribunal va a tener su proyección en el campo de la estrategia política, porque coadyuvará a la realización de dos objetivos, el primero, asegurar la estabilidad de la Junta de Gobierno; el segundo, decidir la inmediata proscripción del Partido Comunista”. pag.17.
Partiendo de esos dos objetivos que señala la historiadora, me permito hacer la siguiente reflexión.
Con la sublevación sediciosa de Figueristas y Ulatistas José Figueres da el Golpe de Estado al presidente Constitucional Lic. Teodoro Quirós y se instala como presidente de facto. Quien había prometido “libertad electoral y rescate de la democracia” para justificar su levantamiento armado, ahora en el poder incumple los pactos, crea los Tribunales y promulga los decretos para la represión, encarcelamiento y exilio contra quienes habían pactado con él la finalización de la Guerra Civil de 1948. ¡Olvidó sus consignas libertarias!
¿Ironía del destino de José Figueres, acompañada de sarcasmo? Hay que leer su libro “El Espíritu del 48”, para entender los intereses bélicos, políticos, los métodos de terror, campañas de miedo y falacias utilizados desde 1942 a 1949 y en la posguerra las tergiversaciones de acontecimientos históricos y de los beneficios obtenidos para la Patria y los trabajadores con la revolución social entre 1940 y 1948.
El decreto 105 de junio de 1948, ilegaliza al Partido Vanguardia Popular y más de 150 sindicatos. En ese proceso de ilegalización y disolución de sindicatos y la Confederación de Trabajadores de Cosa Rica, participa activamente el Presbítero Benjamín Núñez que era ministro de Trabajo, el mismo que por mandato de su General José Figueres Ferrer, firmó el pliego de Garantías del Ejército de Liberación Nacional al Partido Vanguardia Popular para el desarme y poner fin a la Guerra Civil. Pliego que fue entregado a Manuel Mora Valverde en la Embajada de México el 19 de abril de 1948.
Con esos decretos y esos Tribunales se inaugura un largo periodo de persecución política y mutilación de las libertades públicas republicanas, de las propias garantías sociales constitucionales, negando a miles de costarricenses el derecho al sufragio, la libertad política electoral, la libertad de prensa, de pensamiento, de reunión y de organización sindical y política, el derecho a huelga y la convención colectiva, se promueve el exilio de Manuel Mora Valverde y Carmen Lyra, el encarcelamiento y exilio de militantes del Partido Vanguardia Popular.
La historiadora Claudia Quirós en su libro nos dice: “Mi interés en este tema se fundamenta en que este, como otros tópicos relevantes del periodo no ha sido investigado. Considero que es aquí donde radica la importancia de mi trabajo que, por supuesto no pretende agotar ni decir la última palabra al respecto, mi objetivo primordial es motivar a otros investigadores a que profundicen en este tema, y no dudo contribuirá a dilucidar la Historia contemporánea de nuestro país”.
Creo que mucho se ha avanzado con los nuevos historiadores e investigadores en lo que va de este siglo y aún falta mucho por hacer.
Algunos juristas costarricenses, por ejemplo, el Lic. Vargas Fernández, en el debate sobre estos Tribunales argumentó que eran: “un gran error del Gobierno, que representan un regreso a la Edad Media”.
Para el Lic. Fernando Guier Esquivel … se asemejan a organismos de la “Santa Inquisición”.
El Lic. Celso Gamboa, diputado de la Constituyente, expresó: “Ya en la práctica había llegado al convencimiento de que se procedía tan solo animados por odios y venganzas; que los asuntos se resolvían a base de pasión, de intrigas, de mezquinos recursos”.
No hay duda de que esos Tribunales y los objetivos señalados dieron pie para legalizar la persecución y la violencia política, extender las prácticas arbitrarias y provocar crímenes políticos, como el Crimen del Codo del Diablo, donde fueron asesinados Tobías Vaglio, Lucio Ibarra, Federico Picado, Octavio Sáenz, además de un nicaragüense de apellido Sotomayor, y Don Carlos Aguilar.
El crimen cometido contra Horacio Montiel, Edwin Vaglio, Mónico Hernández, presos en la Penitenciaría Central por decisión de esos Tribunales, sacados y llevados hasta el lugar conocido como La Cangreja, donde fueron cruelmente asesinados los tres militantes comunistas.
Me parece importante transcribir un párrafo que se lee en la contraportada, en el que dice la autora: “Reconocemos con profundo desengaño que la corrupción administrativa no es nueva en nuestro país, y lo que más desalienta es saber que el Tribunal de Probidad más bien fue otro instrumento de corrupción, dado que por su medio se enriquecieron otros sectores de la sociedad. Y que por tal razón este Tribunal no tuvo trascendencia ni proyección histórica. De lo contrario, cómo explicarnos la persistencia del peculado, la malversación de fondos, las estafas, el soborno, la extorsión, el contrabando etc. de las administraciones posteriores a 1948 y tan en boga en el presente”.
En la página 9 la autora dice “A la memoria de Carlos Luis Fallas, (Calufa) el líder popular que en los momentos más adversos mantuvo su honestidad y supo ser fiel a sus ideales”. Un emotivo reconocimiento al líder que los Tribunales llevaron a la cárcel por haber robado unas gallinas para alimentar a su tropa.
Vale recordar que ningún comunista fue encontrado culpable de corrupción ni actos criminales. La Historia más bien reconoce a Carlos Luis Fallas por evitar el fusilamiento de algunos alzados detenidos en la guerra y destaca haber salvado la vida del señor Fernando Ortuño Sobrado soldado en las filas figueristas durante la guerra civil
Creo que hoy se puede afirmar que el juicio de la Historia reivindica a los políticos y militantes ilegalizados, perseguidos, a los clandestinos y clandestinas, entre 1948 y 1970 y terminaron absueltos.
Por el contrario, la Historia nos enseña que lo que se llama “Junta Fundadora de la II República” o “Gobierno de facto que gobernó como dictadura”, y sus integrantes y subordinados, actúo con violencia política contra sus adversarios y les negó las libertades que prometían defender.
No hablo de sentencias o declaraciones de culpabilidad, hablo del reconocimiento histórico justo a la probidad de los comunistas, entiéndase: honradez, integridad y rectitud en el actuar.
Debe reconocerse la reivindicación de daños morales y perjuicios a quienes fueron perseguidos y encarcelados sin existir delito, lo que enaltece aún más la limpia trayectoria histórica de los comunistas.
Una vez estando preso por razones políticas en Parrita, en marzo de 1964 recibí de mi Padre un telegrama, que dice, «prisión, cuando no hay delito enaltece al hombre, junto con ustedes me siento orgulloso, abogados en acción» días después los cinco detenidos fuimos absueltos. Los carceleros eran excombatientes Figueristas.
Para terminar, quiero conmemorar a todas y todos los que alguna o muchas veces estuvieron en prisión en el periodo de los Tribunales de Sanciones Inmediatas y en los tiempos de la posguerra sin causa penal, que los días o meses de cárcel los enaltezca, debemos sentir orgullo de la vida militante.
A seguir caminando, viendo en el horizonte la utopía.
¡Por memoria, por verdad y por justicia, nunca olvidar!
*Militante comunista 1961 1991, en el presente militante sin Partido.
Este próximo miércoles, se llevará a cabo un debate en línea sobre Nicaragua, en conmemoración del 45 aniversario de la Revolución Sandinista. El seminario web, organizado por la Fundação Fernando Henrique Cardoso, la Fundación Puentes para el Desarrollo y @CADAL, abordará temas relevantes sobre la situación actual del país.
Expertos como Enrique Sáenz, ex diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua, y Mónica Baltodano, ex comandante de guerra de la Revolución Sandinista y destacada opositora al actual régimen nicaragüense, participarán en este debate. La mediación estará a cargo de SergioFausto, científico político y director general de la Fundação FHC.
La transmisión se llevará a cabo el 3 de abril de 2024 a las 2:00 p.m. (Hora Centroamérica).
Para más información, registrarse y ver la transmisión, puede acceder al siguiente enlace: https://acortar.link/MuBG6d
Cordialmente invitados e invitadas a sintonizar la transmisión.
La ansiedad del adicto al poder pudo más que la prudencia del ilustrado. En lugar de aguardar los resultados oficiales de una autoridad electoral favorable a su causa, Bukele se autoproclamó ganador absoluto de la elección presidencial y legislativa. La reelección estaba asegurada de antemano. Por tanto, la serie de irregularidades en todas las fases del proceso electoral, que autorizan a descalificarlo como fraude, era innecesaria. La ambición desmedida de poder vició el proceso de principio a fin. La inconstitucionalidad de la reelección desembocó en la autoproclamación cuando apenas había comenzado el conteo preliminar y no se había procesado ningún acta de la votación legislativa. Los países amigos, encabezados por Washington, cayeron en la trampa y le siguieron el juego al felicitarlo sin datos oficiales.
La autoproclamación y las congratulaciones validaron una elección con más votos que empadronados, con votos fraudulentos, con actas incongruentes y contradictorias, con papeletas y actas extraviadas, con fallas graves de logística para resguardar la seguridad del voto y con la plataforma informática caída. Por falta de datos, el triunfo legislativo de Bukele es mera especulación. La ausencia de soporte electrónico impidió el escrutinio. El fiasco es tan clamoroso que la autoridad electoral dispuso abrir las urnas para contar los votos. Los partidos de la oposición hablan de anular las elecciones. En ciertos sectores de la opinión pública se habla de fraude. Desde los tiempos de la oligarquía militar y su partido de las manitas no había habido un fracaso de esta envergadura. En esto, el oficialismo se ha superado. Por asegurar lo seguro, se pasó.
El descalabro organizado por la autoridad electoral no sorprende. Es reflejo fiel de cómo la dictadura gestiona la administración pública. Es tan incompetente que ni siquiera pudo disimular el fraude. Después de la autoproclamación de Bukele, calificó cínicamente las elecciones como “un éxito”. Si la debacle es triunfo, qué será el fracaso. Desde 1992, la institucionalidad electoral no había dado muestras de una incapacidad tan escandalosa, que no solo deja por el suelo su credibilidad, sino que también le ha costado al país millones de dólares. No sería extraño, entonces, que la abstención aumente en la elección municipal.
El triunfo de Bukele es indudable, pero debe ser matizado. Hay indicios sólidos de que solo votó alrededor del 40 por ciento, es decir, la mayoría de la ciudadanía no acudió a las urnas. Por tanto, Bukele obtuvo una abrumadora mayoría solo entre ese 40 por ciento que votó. Dicho de otra manera, la mayoría de la población no votó por él. Tampoco la de la diáspora. De confirmarse, este dato demostraría que si su popularidad es real, no se tradujo en votos, o bien, esa popularidad no es tan alta como dicen las encuestas.
Consumada la reelección de Bukele es saludable preguntar qué se puede esperar razonablemente en los próximos cinco años. Esa cuestión se puede desglosar en otras dos: el para qué y el para quién de la reelección. Hasta ahora, Bukele ha sido incapaz de concretar qué hará en el segundo mandato. Ante la falta de novedades, cabe esperar más de lo mismo: militarización, seguridad y represión, eventos con repercusión internacional y megaproyectos como el nuevo estadio chino. Por otro lado, la reelección no es para aliviar las penurias de las mayorías, que tendrán que conformarse con más diversión y algún que otro reparto de alimentos. Ellas no son la prioridad de la dictadura. Antes que ellas se encuentran la familia presidencial y sus socios, los beneficiarios directos de la reelección.
La primera fase de las elecciones generales ha puesto en evidencia la similitud del oficialismo con los partidos tradicionales, la némesis de Bukele. El oficialismo hunde sus raíces en la peor tradición de la política nacional. En nombre de la gobernabilidad para una presunta transformación que no asoma por ningún lado, ha impuesto un partido único, que reproduce el partido de los militares de antaño. El atavismo es más poderoso que unas presuntas aspiraciones de novedad. La transformación en marcha se disfraza de seguridad y prosperidad para revisitar un pasado que sumió al país en una sangrienta guerra civil.
La reelección pudo haber sido un triunfo nítido y brillante de la popularidad de Bukele. La insensatez del adicto al poder total la descarriló. Bukele y sus consejeros se han metido innecesariamente en un berenjenal de consecuencias imprevisibles. El delirio le impidió consumar convincentemente la inconstitucionalidad de su reelección.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
La Cátedra de Centroamérica le invita a la presentación del libro “EL PUEBLO CONTRA LA DICTADURA, cronología de una lucha, Nicaragua 1978 a 1979”, escrito por Mónica Baltodano y que se llevará a cabo el jueves 30 de noviembre, en la Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
El Exilio Chileno en Costa Rica (Chileniticxs) y Newen Producciones, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil militar en Chile, le invita a unirse a este acto de memoria, solidaridad: «100 Guitarras para Víctor Jara», evento que busca rendir un homenaje a la vida y obra del inigualable cantor popular chileno.
Este concierto tiene un significado especial, pues está enmarcado en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile rindiendo tributo a la memoria de Víctor Jara, cuyo legado resiste en la historia y en nuestros compromisos sociales y latinoamericanos. Sus letras profundas y melodías envolventes son un símbolo de resistencia y valentía, no sólo para el pueblo chileno, sino para cualquier país que luche por sus derechos sociales conculcados.
La primera presentación se realizó el pasado sábado 9 de septiembre, en el aula Magna, Ciudad de la Investigación de la UCR.
La siguiente se realizará el próximo sábado 23 septiembre, a las 5:00 pm, en el Anfiteatro Municipal de Cartago.
La entrada al concierto es totalmente gratuita y abierta a todas las personas amantes de la música comprometida y defensoras de los derechos humanos. Por favor, confirme su participación en: https://forms.gle/s1kbBnvkpmVhhaX57
Foto extraida de esta nota de prensa de El Pais (España) Titulada «La reunión privada entre Kissinger y Pinochet: «Queremos ayudarlo: simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí» (25/05/2023) elaborada con ocasión de los 100 años de Henry Kissinger y la desclasificación de nuevos documentos sobre Chile en Estados Unidos.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
En los días previos a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado militar en Chile de 1973, Estados Unidos ha decidido oficialmente desclasificar documentos mantenidos en reserva desde cinco decenios: véase nota de The Progressive Magazine y nota de RFI.
Se trata de nuevos documentos que vienen a añadirse a muchos otros liberados en años pasados por algunas administraciones norteamericanas, y registrados en este sitio de la Universidad George Washington: se trata de un extenso programa de investigación dedicado a Chile – que no se limita únicamente a la desclasificación de documentos norteamericanos – y que cuenta con este enlace con abundante información.
Documentos aún sensibles, 50 años después
Si bien la prensa internacional ha puesto de relieve las razones por las que este golpe de estado de 1973 estremeció a América Latina y a la comunidad internacional en general (véase por ejemplo, esta nota de la BBC cuya lectura recomendamos), el involucramiento de Estados Unidos ampliamente documentado desde entonces es un aspecto que merecería ser añadido (por ejemplo a los cuatro puntos mencionados en el precitado artículo de la BBC).
No está de más referir a este documento manuscrito de 1970 en el que se autoriza a derrocar al futuro Presidente de Chile si llegara a tomar el poder (véase enlace cuando se desclasificó en el 2020, en el que se indica que: «Fifty years after it was written, Helm’s cryptic memorandum of conversation with Nixon remains the only known record of a U.S. president ordering the covert overthrow of a democratically elected leader abroad» ).
En esta otra nota se lee que la más reciente desclasificación de documentos por parte de Estados Unidos en agosto del 2023 obedeció a solicitudes expresas realizadas por las actuales autoridades de Chile:
«After withholding this document in its entirety for decades, the CIA finally released the September 11, 1973, PDB today in response to a formal petition from the Chilean government of Gabriel Boric for still secret records as the 50th anniversary of the coup approaches. The CIA also partially declassified a second PDB, dated September 8, 1973, which erroneously informed President Nixon that there was “no evidence of a coordinated tri-service coup plan” in Chile and said that “should hotheads in the navy act in the belief they will automatically receive support from the other services, they could find themselves isolated.”
The two PDBs are among the most historically iconic of missing records on the September 11, 1973, military coup because they contained information that went to President Nixon as a military takeover that he and his top advisor Henry Kissinger had encouraged for three years came to fruition«.
Para información de nuestros estimables lectores, las dos precitadas citas refieren al texto en inglés que se lee, elaborado por el programa de investigación sobre documentos desclasificados de la Universidad George Washington, que analiza cada uno de los documentos liberados en los últimos años por parte de Estados Unidos.
La entrega de documentos oficiales ante el derecho a la verdad: luces y sombras
Desde la perspectiva del derecho internacional público, cabe precisar que no existe obligación alguna para un Estado de liberar documentos de la reserva en la que los mantiene al considerarlos «sensibles«. Cada Estado dispone de un sistema nacional de archivos con informes internos, datos y registros de diversa índole: sus máximas autoridades son las que deciden, si son documentos confidenciales, mantenerlos fuera del alcance del público o bien revelar su existencia.
Es así como Panamá debió esperar que se cumplieran los 30 años desde la invasión norteamericana de 1989 para que Estados Unidos aceptase finalmente liberar una gran cantidad de documentos clasificados (véase nota de El Pais – España).
En otros casos, documentos e informes policiales son «encontrados«, como los denominados «archivos del terror» descubiertos gracias a informantes en una casa en la localidad de Lambaré en Paraguay en diciembre de 1992 (véase publicación de la Corte Suprema de Justicia paraguaya e interesante video del momento en el que un juez paraguayo ingresa a la vivienda para verificar la presencia de dichos archivos e incautarlos).
Los documentos encontrados en Paraguay permitieron documentar una gran cantidad de causas en distintas partes del Cono Sur. También permitió a la justicia italiana condenar el 8 de julio del 2021 a 14 personas por la muerte de 43 personas, víctimas del Plan Condor (a saber 6 italo-argentinas, 4 italo-chilenas, 13 italo-paraguayas y 20 uruguayas): véase nota en italiano de la ONG italiana CILD. De igual manera en el 2010, la justicia francesa condenó a los responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en Chile (véase nota de Le Monde del 18/12/2010).
Volviendo al caso de Chile, es de saludar la voluntad férrea de sus actuales autoridades de obtener la liberación de documentos clasificados por parte de la actual administración norteamericana.
Cabe precisar que en materia de «soft law«, la resolución E/CN.4/RES/2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas – hoy denominada «Consejo de Derechos Humanos» – adoptada por consenso en el 2005, a iniciativa de Argentina (su texto está disponible en la red), y titulada «El derecho a la verdad» se limita únicamente a indicar que:
«5.Alienta a los Estados a que presten a los Estados interesados la asistencia necesaria al respecto«.
La ausencia de obligación jurídica entre dos Estados de entregar información que posee uno a otro, relacionada a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en nada impide que tengamos una dinámica totalmente distinta cuando nos interesamos a los tribunales nacionales e internacionales de cara a la implementación del derecho a la verdad. En este caso, son los colectivos de víctimas y de familiares y asociaciones de derechos humanos los que han hecho valer ante sus propias autoridades o bien ante los tribunales nacionales (y si estos fallaron en su contra, en los tribunales internacionales) este derecho que asiste a toda víctima de exacciones cometidas en el pasado por autoridades estatales (sea en su contra o en contra de alguno o varios de sus seres queridos).
Al respecto, un muy completo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Verdad, publicado en el 2014 (véase texto) detalla los alcances del derecho a la verdad en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La larga lista de casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que figura al final de este artículo del 2008 titulado «El derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico de carácter no internacional» da una idea de las pautas que ha venido fijando al respecto la jurisprudencia del juez interamericano, y ello desde sus primeras sentencias contra Honduras a finales de los años 80.
Es de notar que los significativos avances observados en América Latina en materia de derecho a la verdad siguen sin lograr permear al sistema judicial en España: la primera exhumación del cuerpo de una víctima del franquismo ordenada por la justicia se logró en el 2016 gracias a una solicitud proveniente de … la justicia argentina (Nota 1).
Las actuales autoridades chilenas: más decididas que sus antecesoras
A diferencia de su antecesor al cargo, el Presidente actual de Chile se ha mostrado mucho más exigente en cuanto a la búsqueda de la verdad a partir de lo ocurrido el 11 de setiembre de 1973 en Chile.
El pasado 30 de agosto, se firmó en Chile un Decreto para lanzar un nuevo Plan Nacional de Búsqueda de los aún miles de ciudadanos chilenos que aparecen en listas de personas desaparecidas en Chile (véase comunicado oficial). Desde el 2013, un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas sobre Chile así lo recomendaba (véase informe). El 22 de diciembre del 2017, de manera bastante tardía y finalizando su segundo mandato, una primera iniciativa había sido lanzada por la entonces Presidenta de Chile (véase nota de France24).
Incluso en su cuarto informe (1989) el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación en materia de derechos humanos en Chile, el costarricense Fernando Volio Jiménez, refería a la importante labor que esperaba a la sociedad chilena con relación a conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada (véase enlace a informe) (Nota 2).
Este reportaje de The Guardian del 2019 titulado «Where are they?: families search for Chile´s disappeared prisoners» (véase enlace) detalla de una manera muy completa el drama de familias chilenas ante la falta de información sobre lo sucedido a sus seres queridos y la falta de voluntad política que significó la llegada en marzo del 2018 del Presidente Piñera en lo que respecta a la búsqueda de personas desaparecidas en Chile.
La Operación Cóndor ante el derecho a la verdad: la respuesta del juez interamericano ante la poca (in?) capacidad de la justicia nacional
Otra trágica iniciativa para América Latina como lo fue el denominado «Plan Condor«, que involucró no solamente a Chile (y a Estados Unidos), constituye un ámbito en el que aún quedan muchos documentos por desclasificarse en Estados Unidos: este informe del CELS (una reconocida ONG de Argentina) explica cómo funcionó a partir de 1975 entre los Estados del Cono Sur este plan coordinado tendiente a borrar el efecto protector que significa para una persona que se siente amenazada cruzar una frontera.
Cabe recordar que fue tan solo en el 2016 que el Plan Cóndor fue objeto de una primera decisión condenatoria por parte de la justicia penal argentina, con respecto a altos mandos militares argentinos, varios de ellos nonagenarios al momento de escuchar la sentencia (Nota 3).
Al 2023, los sistemas judiciales en el Cono Sur siguen tramitando causas de víctimas y de familiares de víctimas: en este enlace se registran algunas de las acciones legales ante tribunales nacionales relacionadas al Plan Condor.
Ante la resistencia de algunos jueces a nivel nacional para investigar y sancionar hechos relacionados al Plan Cóndor, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha ofrecido (y sigue ofreciendo) a las víctimas una posibilidad de obtener justicia.
En esta importante sentencia del juez interamericano del 2011 (caso Gelman vs. Uruguay) se lee que:
«51. El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, incluso en Estados Unidos y Europa.
Esta operación fue muy sofisticada y organizada, contaba con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de la Operación Cóndor«.
En la sentencia dictaminada contra Argentina 10 años después, en septiembre del 2021 (caso familia Julien Grisonas vs. Argentina), la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que el «plan criminal interestal» amerita un esfuerzo coordinado de sus integrantes, al precisar que:
«288. En congruencia con las solicitudes efectuadas, la Corte dispone que el Estado argentino, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de este fallo y por las vías que considere adecuadas, haga las gestiones pertinentes para convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso: la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, y, en general, en el contexto de la “Operación Cóndor”, es decir, la República Federativa de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la República del Perú, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal. Dicha coordinación deberá reflejarse en un plan de trabajo común entre las autoridades competentes, según la materia de que se trate, ejecutado en observancia del marco jurídico nacional e internacional aplicable, y con auxilio de los mecanismos de cooperación internacional y asistencia mutua. Así, el trabajo coordinado entre autoridades de los distintos Estados habrá de emprender esfuerzos conjuntos para el esclarecimiento de lo ocurrido durante la “Operación Cóndor”, como escenario en el que fueron perpetradas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluidas las que damnificaron a las víctimas del presente caso«.
A modo de conclusión
Pese a los 50 años que nos separan de aquel fatídico día para Chile y para el mundo que significó el 11 de setiembre de 1973, aún muchas preguntas persisten en el tiempo: desde ya Estados Unidos podría útilmente aclararlas, liberando todos los documentos clasificados que aún posee en sus archivos secretos con respecto a lo ocurrido en Chile.
Para las víctimas chilenas y sus familiares que siguen persiguiendo la verdad a través del tiempo, y buscan conocer el destino de sus seres queridos, desde Chile o desde afuera, su extenuante combate es ejemplar: ha inspirado, inspira y seguirá inspirando, estamos seguros de ello, a muchas familias y a varias generaciones de América Latina y del mundo en su exigencia de verdad y de justicia.
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina«, Revista de Pensamiento Penal, 2016. Texto disponible aquí.
Nota 2: Sobre las estrechas relaciones existentes entre el derecho a la verdad y las víctimas de desaparición forzada, véase la obra FERRER MAC-GREGOR E. & GONGORA MAAS J.J., Desaparición forzada de personas y derecho a la verdad en el sistema interamericano de derechos humanos, UNAM/IIJ/CNDH, México 2019. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Plan Condor: la justicia argentina se pronuncia«, sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 6/06/2016, texto disponible aquí.
El 28 de julio de 1999 fue una fecha extraordinaria en la vida del diablo. Ese día Juan Pablo II afirmó que el infierno no existía. El demonio, como había estado tan ocupado, desde hacía tantos siglos, en repartir latigazos, avivar calderas o mantener helados ciertos círculos, no supo qué hacer. La orden le llegó tan de improviso que no le quedó más que sentarse a cavilar sobre aquella nada en que se le había convertido el infierno. Sus subalternos pedían explicaciones y él no sabía qué responder. Les dio a todos vacaciones mientras se despejaban los nublados de su mente y los citó para algún día incierto.
Decidió irse a dar una vuelta por Roma para ver qué explicaciones obtenía. Tenía tanto tiempo de no andar por estos rumbos que hasta le pareció buena idea esa clausura del infierno y ese descanso. No se lo tomó a mal. Con el mejor de los ánimos, se lanzó a su nueva aventura.
No había terminado de llegar a la plaza de San Pedro cuando se llevó su primera gran sorpresa. Se abrió paso entre una multitud de mujeres para observar qué sucedía. Había una gran hoguera en media plaza y aquellas mujeres gritaban: “¡Nunca más una torturada!”, al momento del grito lanzaban al fuego una sotana con el nombre de algún inquisidor. Ahí figuraron: el papa Adriano VI, Alonso de Salazar, Bernardo Gui, el papa Alejandro II, el papa Paulo IV, Konrad von Marburg, Pedro de Arbués, Roberto Belarmino, Tomás de Torquemada; hasta sotanas con el nombre de Calvino y Lutero desfilaron ante sus ojos. Cuando vio que lanzaban al fuego un ejemplar de El martillo de las brujas, se interesó `por el asunto; como pudo le robó a una mujer un ejemplar cuando estaba a punto de lanzarlo a la hoguera.
Se fue a un rincón y empezó a leerlo. Esa edición contaba con un prólogo en el cual explicaban lo sucedido y cómo la cacería de brujas había servido a los grandes intereses económicos para empobrecer el campesinado, arrebatar tierras comunales y engrandecer las riquezas del Vaticano y de otros reinos.
No sabía qué hacer ni qué decir. Suspendió la visita a Juan Pablo II y siguió a las mujeres. Por casualidad, se fue detrás de unas mujeres latinoamericanas que se dirigían a un foro donde las Madres de la Plaza de Mayo iban a exponer sus veinte años de lucha. Ahí escuchó hablar del Plan Cóndor, Richard Nixon, Henry Kissinger, Rafael Videla, Augusto Pinochet, dictadura de los militares y un gran etc. Por su parte, las centroamericanas dieron su versión de la guerra de baja intensidad emprendida por Ronald Reagan y demás desastres como empobrecimiento, persecución, desapariciones, matanzas, aldeas quemadas y otro gran etc.
El diablo no sabía por dónde empezar a ordenar aquel rompecabezas. Sin embargo, llegó a una primera conclusión. Desde que el imperio romano se había cristianizado, él había estado a las órdenes de los señores de la dominación, de los Señores de la Muerte. Él debía estudiar y aprender mucho de lo que sucedía en este mundo, pues se había limitado a ejecutar castigos y recibir órdenes; había sido su burócrata. Por lo que estaba escuchando y observando, se había dedicado a castigar a las víctimas. Encima de que habían sido explotadas, castigadas, torturadas, violadas en este mundo, llegaban al infierno a recibir castigos por pensar y sentir diferentes o simplemente por ser humanos con dignidad.
En América Latina, se enteró de todo lo que había sucedido desde 1492, cuando desembarcó Colón y los misioneros empezaron a repartir torturas y castigos en su nombre. Después de eso, ya no tuvo dudas: “Estos desalmados, mis hijos más auténticos, han renegado hasta de mí. Han venido creando infiernos aquí en la tierra y me lo han ocultado. Llevan mi sello. ¡Ahora sabrán quién soy!”.
Cuando en abril del 2007, Benedicto XVI afirmó que el infierno sí existía el diablo no dijo nada. No se reunió con nadie. Ya él había su quehacer desde mucho antes. Había enviado a todos sus diablos a recabar información con nombres, fechas, datos, crímenes de todos los que crean verdaderos infiernos en este mundo. Se había encontrado un viejo archivo guardado con mucho esmero en el Hades, donde se enteró que el verdadero rol de Satanás había sido el de acusador frente al juicio divino. Pero no le dio importancia. Las fiestas seguirían como siempre que recibían a un gran criminal. Pero esta vez, se había asegurado de que ninguno se le escaparía. En plena agonía del que lleva la marca diablo, están del más allá asegurándose que se lo llevan derechito.
Por esa razón, cuando Augusto Pinochet murió en diciembre del 2006 el demonio ya lo reconocía con su marca. Él no podía dejar escapar a un perverso de esa estatura. Cuando estuvo frente al demonio y este lo empezó a condecorar, los diablillos a aplaudir y a decirle una y mil lisonjas, se puso furioso, gritó que él no se merecía estar ahí, que él era un verdadero salvador y padre de los chilenos, que los había salvado del demonio del comunismo.
El demonio se esperaba esa respuesta. Ya sabía, porque lo había escuchado andando por aquí, que los victimarios se sienten como dioses; no son, según ellos, culpables de nada y no quieren saber nada de los efectos depredadores de sus acciones. Por esa razón, a quienes no se reconocen como creadores de infiernos terrenales, les da su propio veneno.
Ahí está Pinochet sentado en una sala vacía, en medio la nada, escuchando los testimonios de todas las personas que fueron torturadas, de quienes tuvieron que salir huyendo de Chile para salvar su vida, de todas las madres que perdieron a sus hijos e hijas, de toda la niñez que creció con hambre y con miedo, de todas las personas que mandó matar, sufrir o explotar de alguna forma. Para no multiplicar los padecimientos de las víctimas, solo se escuchan sus voces. Ellas fueron liberadas de cualquier infierno, pues al demonio no le interesan las víctimas, se sintió rebajado. Él quiere victimarios tan auténticos como él.
Cada genocida, escuchará por toda la eternidad las voces de sus víctimas hasta que se reconozca con la marca de la perversidad.
A los cincuenta años del golpe militar contra el pueblo chileno, no debemos olvidar nunca lo que genocidas como Augusto Pinochet o Henry Kissinger hicieron.
La Universidad de Costa Rica hace un llamado a la comunidad internacional, a las instituciones de educación superior y a todas las personas defensoras de la libertad y la justicia a condenar este acto atroz de represión
La Universidad de Costa Rica (UCR), consciente de la importancia de la educación superior y el libre pensamiento en la construcción de sociedades justas y democráticas, denuncia con vehemencia el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua por parte de la dictadura de Ortega y Murillo. Este lamentable acto refleja el temor del régimen a las voces críticas y al pensamiento independiente y autónomo que ha caracterizado a esta destacada institución a lo largo de su existencia. No es casualidad que con esta acción, la dictadura orteguista haya clausurado ya a más de 30 universidades.
La UCA, universidad jesuita fundada en 1960, ha sido un pilar en el desarrollo educativo, social, económico y cultural de Nicaragua. Concebida con el objetivo de ofrecer una educación superior de calidad, inspirada en valores solidarios y profundamente comprometida con el desarrollo humano, social y ambiental, ha sobrepasado ampliamente ese propósito, convirtiéndose en un referente universitario en Centroamérica.
El legado académico de la UCA es indiscutible. Fue la primera universidad en Nicaragua que tuvo la visión de ofrecer carreras tan vitales para el desarrollo humano y social como psicología, sociología, comunicación social y economía. Pero no solo su oferta académica la hace destacable: la UCA también fue pionera en la creación de centros e institutos de investigación sobre asuntos cruciales como los derechos humanos, el medio ambiente, la cultura, la política y la educación.
La UCA ha sido siempre una voz crítica y constructiva frente a las diferentes realidades históricas de Nicaragua. Ortega y Murillo no deberían olvidar la posición de la UCA en la lucha contra la sombría dictadura somocista, que apoyó valientemente el movimiento popular que anhelaba el cambio social y la democracia.
Campus UCA Managua, Nicaragua. Foto: flickr.com.
Pero esta firmeza y compromiso con la verdad y la justicia no estuvieron exentos de riesgos. Recordamos con profundo dolor los atroces actos de violencia y represión que la UCA ha enfrentado. En 2018, en medio de protestas contra el régimen, grupos paramilitares armados de la dictadura atacaron a estudiantes inocentes que buscaban refugio dentro del campus.
Finalmente, el 13 de agosto de 2023, bajo el pretexto de incumplimientos administrativos, el gobierno de Ortega y Murillo ha clausurado a la UCA. Esta medida es una flagrante violación a la autonomía universitaria y una violación más de los derechos humanos.
La Universidad de Costa Rica hace un llamado a la comunidad internacional, a las instituciones de educación superior y a todas las personas defensoras de la libertad y la justicia, a condenar este acto atroz de represión y a unirse en solidaridad con el pueblo nicaragüense y su derecho a una educación libre, crítica y de calidad. La educación es un derecho inalienable.
Desde la Universidad de Costa Rica, levantamos nuestra voz en solidaridad, esperanza y resistencia, confiados en que la luz del conocimiento y la verdad siempre prevalecerán sobre las sombras de la opresión.
Sea partícipe de la edición XVII del Congreso Centroamericano de Sociología “Resistencias y alternativas frentes a la erosión de los derechos humanos y de las democracias en el Itson Centroamericano” 2023, con la conferencia inaugural “Nicaragua: Revolución fallida, el colapso de la democracia y el ascenso de la dictadura”, a cargo de la conferencista Mónica Baltodano Mercenario.
Este evento se llevará a cabo en el Auditorio Cora Ferro Calabrese en el Campus Higuerón UNA en Heredia el día lunes 05 de junio a las 10:30 a.m, siendo también transmitido por el canal Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese.
Convoca: Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS).
Coordina: Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Colegio de Profesionales en Sociología (CPSCR).
Colabora: Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN).
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