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Entre la fuerza del Ejecutivo y la debilidad del sistema

Escrito en 10/04/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Rafael Quesada J.
Movimiento Humanista

La política de nuestro país atraviesa un momento definitorio y pareciera crucial. Los partidos políticos, que fueron pilares de un sistema democrático que parece cansado, lucen hoy fragmentados, sin liderazgo claro, ni capacidad de conexión con una ciudadanía cada vez más desencantada. En este medio vacío, ha emergido con fuerza un gobernante que no solo goza de apoyo popular sólido, sino que ha hecho de la confrontación con las estructuras e instituciones tradicionales, su bandera principal.

Este presidente y su escudería, cuya figura divide, pero no deja indiferente a la gente de todos los niveles, ha logrado interpretar de alguna forma el hartazgo con las instituciones que, en teoría deberían proteger y servir a los destinatarios de sus servicios, pero que en la práctica responden a intereses muy opacos, burocracias inamovibles y una élite política que juega a la democracia sin consecuencias reales para su ineficiencia y corrupción.

La oposición está lejos de construir una alternativa programática o ética y ha optado por tácticas usadas en otras naciones, como buscar en el Poder Judicial y en el Ministerio Público las herramientas para frenar el liderazgo duro del Ejecutivo. No utiliza el ejercicio saludable del contrapeso sino una lógica de resistencia partidista contra todo tipo de cambios y muy a menudo sin legitimidad ni transparencia. Las acusaciones cruzadas, las filtraciones en los medios a la medida, las investigaciones selectivas (olvidando las muy graves del pasado cercano), y los fallos judiciales con aroma político, no han hecho sino aumentar la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.

Los choques entre poderes no son nuevos, pero sí adquiere en esta época un carácter o cariz particulares: no se trata solo de una disputa por el poder, sino por la dirección misma del Estado Nacional. El Ejecutivo y los nuevos medios parecen cuestionar el “status quo”, no solo en quehacer político, sino en lo administrativo, lo cultural y en lo institucional. Los nuevos liderazgos y cabezas de las instituciones del Ejecutivo, interrogan a un sistema de salud que no cura o no llega a tiempo, un sistema educativo que ya no educa y a las estructuras de seguridad que tampoco protegen.

¿Para qué sirve un Estado que no funciona para los ciudadanos comunes, sino para sus propios funcionarios o sectores con poder real?

Esta crítica conecta en lo profundo con sectores amplios de la población que, aún sin compartir todos los métodos del presidente, sí sienten -y lo expresan- que alguien por fin dice lo que muchos piensan. La pregunta entonces no es si el gobernante tiene razón en sus diagnósticos (porque muchas veces parece tenerla), sino qué tipo de soluciones plantea al conjunto social: ¿más concentración de poder?, ¿más personalismo?, ¿menos controles?

Al mismo tiempo, la crisis de esta democracia “participativa” y nada de Democracia Real, con partidos totalmente aislados de la base social, parece una anécdota política de país pequeño; donde tenemos graves síntomas de una democracia que perdió sus canales naturales de debate, propuestas, renovación y aceptación de los cambios mundiales. Si los partidos no lograr reformarse, recuperar el diálogo con la sociedad y ofrecer opciones creíbles, están condenados a la irrelevancia. Y en ese vacío, surge la tentación de líderes fuertes o de mesianismos partidarios (todos salvadores), con discursos con poco pensamiento, se vuelve muy atractiva para la ciudadanía común.

Estamos, en suma, ante una encrucijada. Ni el inmovilismo de las instituciones ni el autoritarismo de los líderes institucionales ni de los controles, son viables a largo plazo. Se requiere una reconstrucción de profundidad o la creación de un nuevo contrato social, una nueva forma de entender la política, que ponga en el centro de la política pública a las personas reales, con sus problemas y necesidades concretas y su legítima expectativa de vivir con dignidad mínima

La fuerza del presidente puede ser un motor de cambio, pero también un riesgo si no se equilibra con instituciones legítimas y funcionales. La debilidad de los partidos es una oportunidad para refundar, pero también una amenaza por este clima político de bajo nivel opositor con características obstructivas, que aumenta su volumen con muchas acciones para judicializar la política. La ciudadanía observa, exige y- cada vez más- decide fuera de los moldes tradicionales y antiguos. Ojalá los actores políticos busquen y se ubiquen a la altura del momento histórico.

Para todo esto, un Enfoque humanista: el ser humano como centro y razón de ser.

No habrá oposición creíble, ni sociedad movilizada, ni instituciones legítimas, si el sistema sigue ignorando una verdad elemental: el ser humano debe ser el valor central, por encima del Estado, de la religión, del dinero o de cualquier interés particular. Las instituciones —sean partidos, sindicatos, iglesias o el propio gobierno— pierden sentido cuando se convierten en maquinarias de poder autorreferenciales, sordas al dolor concreto de la gente.

¿De qué sirve un Ministerio de Educación si los niños no aprenden? ¿Para qué existe un sistema de salud si las familias se endeudan para curarse? ¿Qué legitimidad tiene un sindicato que defiende privilegios de unos pocos mientras los trabajadores precarios sobreviven al día?

El Estado no es una abstracción: somos todos, hombres y mujeres de hoy y del futuro, con necesidades urgentes, sueños aplazados y promesas incumplidas. Cuando las estructuras fallan, no es solo un problema técnico, sino una traición al pacto social. La política, en su esencia, debería ser el arte de construir caminos para que la vida sea más digna, no un juego de egos entre élites desconectadas. Si las instituciones no recuperan esa brújula ética —si no recuerdan que existen para servir, no para servirse—, ninguna reforma será suficiente. La verdadera resistencia no vendrá de un partido o un discurso, sino de ciudadanos que, cansados de ser espectadores, exijan que cada decisión, cada ley, cada peso invertido, tenga un rostro humano.

Defender la dignidad personal del Dr Yebrail Hadad Linero

Escrito en 01/04/2025. Publicado en Derechos.

Por Carlos Meneses Reyes

El Dr. Yebaril, se desempeña como abogado encargado de Asuntos Internacionales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Colombiano – ANDJE, dirigida por el Dr. Cesar Palomino, ex consejero de Estado. Resulta que el ex senador Jorge Robledo ha lanzado temerarias acusaciones contra el actuar del abogado Yebrail Hadad Linero, considerado uno de los más excelsos profesionales con que cuenta la ciudad de Ocaña, como quiera que es abogado y magister en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como profesor universitario, asesor del Consejo Nacional Electoral, director de Procesos Judiciales y Administrativos de la Gobernación de Cundinamarca, personero y alcalde de Ocaña, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Asesor de Gobernabilidad para la Paz del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, secretario de Gobierno y Gobernador encargado de Norte de Santander; así como Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado. Produce alteración de ánimo en la opinión publica provincial y departamental, una carta dirigida por el citado ex senador, al señor presidente, en que le alerta sobre un posible delito de tráfico de influencias en la ANDJE, en relación con un contrato procesal arbitral por denuncia incoada por la empresa multinacional minera Continental Gold, portadora de un título sobre la mina de oro en Buriticá, Antioquia, considerada una de las minas de oro subterráneo a gran escala más prolíficas del mundo; pretendiendo una indemnización de más de 430 millones de dólares, unos 1.7 billones de pesos, alegando que Colombia habría permitido la apropiación ilegal de terceros sobre varios sectores de la mina, hablando hasta de un 100% de «ocupación ilegal» en el túnel de Yaraguá, un 40% del túnel Rampa Sur y un 30% en el túnel Higabra; por parte de mineros ilegales, anunciándose que la Mina de oro Buriticá, en Antioquia, paró sus operaciones por ataque con explosivos de mineros ilegales…

Al ex senador denunciante le genera suspicacias de un posible episodio de corrupción en un millonario contrato que adjudicará la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE-, dirigida por el exconsejero de Estado César Palomino y que será adjudicado en los próximos días a la multinacional jurídica con sede en Nueva York Hughes Hubbard & Reed (HHR), que asumirá la defensa del Estado colombiano en una controversia internacional de inversión que promovió la multinacional minera Continental Gold ante el CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones . Grupo. Banco Mundial y ante quien es el Director de Defensa Jurídica Internacional de Colombia el Dr. Yebrail Haddad Linero.

No existe justificación para tamaño agravio. En su carta al señor presidente, el denunciante Jorge Robledo, dice que le asisten “razones” para creer una alianza presuntamente ilícita de la Agencia de Defensa del Estado y una firma de Abogados Litigantes de la ciudad de Cúcuta, conocida como Astrea Abogados Asociados S.A.S ,pidiendo a los contratistas extranjeros Hughes Hubbard & Reed, con sede en USA, que sean ellos los colaboradores nacionales en el litigio arbitral, advirtiendo que ese proceso puede estar viciado con delitos como tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Pero no se trata de razonamientos; no aporta prueba alguna.

Con fecha, Bogotá D.C. 26 de marzo de 2025. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- descartó que se haya elevado una alerta o que exista algún indicio de corrupción dentro del proceso de contratación que adelanta la entidad para escoger la firma internacional de abogados que representará los intereses del país en el pleito que adelanta Continental Gold contra el Estado colombiano. La ANDJE defiende la transparencia y selección objetiva en los procesos de selección de firmas internacionales para representar los intereses de Colombia en arbitrajes de inversión. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene la expectativa de contratar a la firma Hughes Hubbard & Reed y resaltó que la transparencia, la publicidad y la selección objetiva son principios de aplicación permanente en la entidad y que, aunque la Entidad tiene la potestad legal de escoger y de contratar directamente la firma de abogados que considere idónea para representar los intereses de Colombia en los arbitrajes, en esta ocasión se adelantó un proceso de invitación pública a cotizar a firmas internacionales.

Valga recordar que existe el Consejo del SDJE, como instancia de orientación y alto nivel de Estado, el cual está integrado por:1. El (la) ministro (a) del Interior 2. El (la) ministro (a) de Hacienda y Crédito Público. 3. EI (la) ministro (a) de Justicia 4. El (la) secretario(a) Jurídico(a)de la Presidencia de la República. 5. EI (la) director (a) del Departamento Nacional Planeación. 6. director (a) del Departamento Administrativo de la Función Pública. 7 EI (la) director (a) de la Agencia de Defensa del Estado. De tal manera que el inescrupuloso Robledo afirma que los doctores Palomino y Hadad se hubieren saltado todo el ordenamiento jerárquico para contratar. De mala fe no menciona que se está en una etapa de precontrato sobre un litigio eventual, y en el que predomina el derecho alternativo de la conciliación. Ni obras, ni amores y mucho menos buenas razones le asisten al atrevido libelista. Este se oculta en su ojeriza y obtusa posición opositora al gobierno progresista. A todo cuanto signifique diligencia y cuidado del actual gobierno. Porque, además, mediante la articulación de instrumentos jurídicos, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado cumple primordial papel en el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2.026 y el engreído “denunciante” opositor hace eco con los medios corporativos de la desinformación para contradecir el gobierno progresista del cambio y de contera afectar la suerte de medidas de conmoción interna, en favor del Departamento de Norte de Santander y el sur del Cesar.

Robledo no sabe que la experiencia de 15 años, para un a firma litigante defensora del Estado colombiano en asuntos de Arbitraje Internacional se predica para aspirantes a defensoría por parte de personas jurídicas internacionales. No de una firma nacional de destacados juristas nortesantandereanos, jóvenes, que han recién creado una firma de servicios de asistencia y defensa, calificados y acreditados en diferentes disciplinas jurídicas y contando con equipo versado en asuntos de arbitraje internacional. Quienes hemos litigado en esos estrados sabemos cuál es la dedicada capacitación profesional para llegar hasta allá. En el sitio web de Astrea Abogados se señala que en su equipo jurídico se encuentran William González Tarazona, quien ejerció como defensor del Pueblo en Ocaña, Norte de Santander, en 2016; y Oscar Leonardo García, ex personero del municipio de Pamplonita, Norte de Santander, entre otros abogados ligados al departamento. Basta resaltar sus apellidos: Ibáñez, Ortega Ortiz, Pérez, Portilla Galvis, García Antolínez, Toro Serrano, Yanes, Maldonado. En una palabra, como no son de su círculo y como protector del sindicato empresarial de Medellín, he ahí la inquina

Robledo manifiesta que resulta un elemento suspicaz el que Yebrail Haddad, el funcionario de la Agencia Jurídica que firmaría el contrato con HHR, en alianza con Astrea, haya tenido un cargo público como secretario de gobierno en el departamento de Norte de Santander, entre los años 2016 y 2017, y que haya sido personero de Ocaña en 2004 y alcalde de dicho municipio entre 2008 y 2011. Olvida las excelsas cualidades del Dr. Yebrail Hadad Linero; de quien se predica que se alejó de una potencial “carrera política”, luego de haber experimentado el nauseabundo mundo del sistema electoral clientelista, corrupto y de casino que impera en la Provincia de Ocaña y en el Norte de Santander; se alejó del mundanal ruido politiquero y optó por dedicarse al estudio, la investigación y práctica jurídica administrativa. Es esa la motivación para loar de su personalidad sumado al conocimiento que tengo del entorno de su apreciada familia. Y como sé que es un dedicado lector, concluyo esta especie de panegírico citando un pasaje de la obra, tomado de la carta del inmortal escritor Emilio Zola en 1889: “Un hombre nefasto ha conducido la trama; el coronel Patry de Clam entonces comandante. Él representa por sí solo el asunto Dreyfus. No se le conocerá bien hasta que una investigación legal determine cada acto y sus responsabilidades. Aparece como un espíritu borroso, complicado, lleno de intrigas novelescas, complaciéndose con recursos de folletín, papeles robados, cartas anónimas, citas misteriosas en lugares desiertos, mujeres enmascaradas. Él imaginó lo de dictarle a Dreyfus la nota misteriosa…. Yo declaro sencillamente que (Él, agrego)) …es el primer culpable del espantoso error judicial que se ha cometido”. “Yo Acuso”.

El Rugido Silenciado en Talamanca: Donde el Jaguar Habita, el Estado Olvida y el Banano Paga Miseria

Escrito en 27/03/2025. Publicado en Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Crisis en la Producción de Banano en Talamanca: Explotación, Precios Injustos y la Lucha por la Dignidad.

Este artículo se desarrolla a partir de una entrevista con la organización «Antonio Saldaña», un colectivo que lucha por los derechos de los productores indígenas en Talamanca y que ha denunciado la grave crisis que enfrentan las comunidades debido a la explotación y los bajos precios impuestos en la comercialización del banano.

El Presidente de la República ha adoptado al jaguar como símbolo de su gobierno. En sus discursos, lo menciona como emblema de fuerza, liderazgo y orgullo nacional. Sin embargo, en Talamanca, donde el jaguar aún camina libre, los verdaderos guardianes de esta especie han sido abandonados. Los pueblos indígenas Bribris y Cabécares han protegido estas tierras por generaciones, asegurando la existencia del jaguar y la conservación del territorio. Pero mientras el gobierno se apropia del símbolo, ignora y margina a quienes realmente han luchado por su preservación.

Parte fundamental de esta protección es su sistema de producción tradicional y diversificado, basado en la armonía con la naturaleza. A diferencia del monocultivo industrial que degrada la tierra y amenaza la biodiversidad, los pueblos indígenas han mantenido un modelo agrícola sostenible, respetando los ciclos naturales y asegurando el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, este sistema enfrenta una crisis profunda, ya que los productores indígenas se ven obligados a vender su banano a precios de miseria, sin apoyo para fortalecer su modelo de producción ni acceso a mercados justos.

Esta contradicción se refleja en la crisis que enfrentan los productores de banano. La economía de estas comunidades se encuentra en un estado de precariedad extrema debido a la imposición de precios injustos y la indiferencia del gobierno. Se glorifica al jaguar en las campañas políticas, pero se olvida a los pueblos indígenas que lo protegen. El gobierno se presenta como defensor de la naturaleza, pero deja en el abandono a quienes sostienen los ecosistemas que permiten la existencia de esa fauna icónica.

Precios Miserables y Control de Intermediarios

Los productores han denunciado que las empresas intermediarias imponen precios extremadamente bajos, sin considerar los costos de producción y las dificultades logísticas que implica trabajar en un territorio alejado de los grandes centros comerciales. Hace años, el precio por kilo de banano alcanzó los 82 colones, pero actualmente se ha desplomado a 60 colones. Esta cifra es insuficiente para cubrir los gastos básicos de las familias productoras.

A esta crisis se suma una nueva directriz informal que obliga a los productores a vender solo la mitad de su producción, sin ofrecer ninguna solución para el sobrante. Esto significa que, si antes una familia vendía 200 kilos y obtenía 12,000 colones, ahora solo puede vender 100 kilos, reduciendo su ingreso a 6,000 colones. Mientras tanto, los costos de traslado siguen siendo altos, con productores que deben viajar hasta una hora y media para entregar sus productos, asumiendo todos los costos sin apoyo.

Una Economía en Ruinas: Sin Opciones y Sin Respuesta del Gobierno

El problema del bajo precio no solo afecta al banano, sino también a otros productos agrícolas de la zona, como el plátano y el cacao. La falta de mercados locales y la ausencia de ferias cantonales limitan aún más las oportunidades de venta directa, obligando a los productores a depender de las grandes empresas que controlan la comercialización y fijan los precios de manera arbitraria.

Las comunidades han intentado buscar soluciones mediante diálogos con instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta concreta ni medidas que ayuden a revertir la crisis.

En una carta enviada al Ministro de Agricultura y Ganadería, Victor Carvajal Porras, la organización «Antonio Saldaña» ha denunciado que Talamanca se encuentra en una de las peores condiciones socioeconómicas del país. La zona presenta altos índices de pobreza, mortalidad infantil, deserción escolar, embarazo adolescente y problemas de salud mental. Esta vulnerabilidad ha sido aprovechada por los intermediarios, quienes continúan lucrando mientras las comunidades ven cómo sus condiciones de vida se deterioran cada día más.

La contradicción es evidente: el gobierno habla de proteger la biodiversidad, pero abandona a los pueblos indígenas, quienes han sido los verdaderos guardianes de los bosques. Se promueven discursos sobre sostenibilidad, pero se permite que los productores indígenas sean explotados por intermediarios sin que se tomen medidas para garantizar su bienestar.

El jaguar sigue rugiendo en los discursos oficiales, pero en Talamanca sus guardianes luchan en silencio contra el hambre, la exclusión y la indiferencia estatal.

El Llamado a la Acción: Precios Justos y Mercados Alternativos

Los productores de Talamanca exigen la implementación de medidas urgentes que les permitan recibir un pago justo por su trabajo. Entre las propuestas destacan:

Apertura de mercados nacionales e internacionales para la comercialización del banano y otros productos a precios justos.

Simplificación de trámites burocráticos para la venta en el mercado local y nacional.

Creación de ferias cantonales que permitan a los productores vender directamente al consumidor.

Regulación de los precios del banano para evitar la explotación de los intermediarios.

Apoyo estatal para cubrir los costos logísticos y mejorar las condiciones de producción.

La organización «Antonio Saldaña» continuará visibilizando esta problemática y luchando por los derechos de las comunidades indígenas productoras de Talamanca. Es urgente que el gobierno y la sociedad tomen conciencia de esta crisis y tomen medidas concretas para evitar que más familias caigan en la pobreza extrema debido a la explotación del mercado agrícola.

El gobierno puede seguir usando el jaguar como su símbolo, pero en Talamanca saben la verdad: los jaguares no necesitan discursos, necesitan bosques, y los bosques necesitan a sus guardianes. Ignorar a los pueblos indígenas mientras se lucra con su identidad no es proteger al jaguar, es despojarlo de su verdadero hogar.

Derechos de los Pueblos Indígenas y Protección Económica

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y establecen la obligación del Estado de proteger sus medios de vida, incluyendo su actividad económica.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica, establece en su artículo 4 que los gobiernos deben adoptar medidas especiales para salvaguardar las instituciones, bienes, cultura y medio de vida de los pueblos indígenas. Además, en su artículo 6, exige que se consulte a estos pueblos sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar sus derechos, incluyendo el acceso a mercados y condiciones de producción.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) reconoce en su artículo 20 el derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus sistemas económicos y medios de subsistencia, asegurando protección contra condiciones de explotación. También, el artículo 26 establece que tienen derecho a poseer, utilizar y controlar sus tierras y recursos, lo que implica que el Estado debe garantizar condiciones justas para su desarrollo económico.

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha establecido precedentes que obligan a los Estados a garantizar condiciones de vida dignas para los pueblos indígenas, protegiendo su autonomía económica y su derecho a un desarrollo sostenible.

En el contexto de Talamanca, la situación actual de los productores de banano refleja un incumplimiento grave de estos compromisos internacionales. La falta de políticas estatales para garantizar precios justos, la dependencia forzada de intermediarios y la ausencia de mercados accesibles contradicen el marco normativo internacional que Costa Rica ha ratificado y debe cumplir.

El Estado Costarricense: Obligaciones y Retos Pendientes

Dado el reconocimiento de estos instrumentos internacionales, el gobierno costarricense tiene la responsabilidad de:

Garantizar precios justos y condiciones de comercialización dignas para los pueblos indígenas, evitando la explotación de intermediarios.
Fomentar la autonomía económica de los pueblos indígenas, mediante incentivos para mercados locales y apoyo a la producción.
Asegurar la consulta y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre políticas agrícolas y económicas que los afectan directamente.
Implementar mecanismos de protección económica que impidan la vulnerabilidad extrema de estas comunidades frente a prácticas abusivas del mercado.

El caso de los productores de banano en Talamanca es un reflejo de la deuda histórica del Estado costarricense con sus pueblos indígenas. La crisis actual no es solo un problema económico, sino una violación de derechos humanos que requiere acciones inmediatas para garantizar condiciones de vida dignas y el respeto a la autonomía productiva de estas comunidades.

Orgánico, pero Injusto: Cómo las Certificaciones No Garantizan Precios Dignos

Las certificaciones orgánicas suelen presentarse como una garantía de comercio justo y sostenibilidad. En teoría, aseguran que los productos cumplen con estándares ambientales y sociales que deberían beneficiar tanto a los consumidores como a los productores. Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas de Talamanca, esta certificación no se traduce en precios justos ni en mejores condiciones de vida.

A pesar de cumplir con los requisitos de producción orgánica, los productores indígenas siguen enfrentando precios bajos impuestos por intermediarios. Mientras los consumidores pagan un alto valor por productos «orgánicos y sostenibles», quienes los cultivan reciben una fracción mínima de ese precio. Además, los costos asociados a la certificación (trámites, auditorías y cumplimiento de normativas) recaen sobre los productores, sin que esto garantice un beneficio económico real.

El caso del banano en Talamanca demuestra que la certificación orgánica, por sí sola, no protege a los productores de la explotación ni corrige las desigualdades del mercado. Sin un acceso directo a mejores mercados, sin regulación de los precios y sin apoyo estatal para fortalecer su autonomía económica, las comunidades indígenas continúan atrapadas en un sistema que se disfraza de justo, pero que sigue perpetuando la exclusión y el abuso.

¿Quiénes Son los Intermediarios y Cómo Afectan a los Productores Indígenas?

Los intermediarios son empresas o personas que compran productos agrícolas directamente a los productores para luego revenderlos en mercados nacionales e internacionales. En teoría, su función es facilitar la comercialización y distribución de los productos, pero en la práctica, muchas veces imponen precios injustos y condiciones desventajosas para quienes cultivan la tierra.

En el caso de los productores indígenas de Talamanca, los intermediarios compran el banano a precios extremadamente bajos, a veces incluso imponiendo restricciones sobre la cantidad que pueden vender. Mientras los productores apenas sobreviven con ingresos insuficientes, estos intermediarios aumentan su margen de ganancia al vender el producto a precios mucho más altos en el mercado.

El problema radica en que las comunidades indígenas no tienen acceso directo a los mercados ni a infraestructura para comercializar su producción sin depender de los intermediarios. Esto crea un ciclo de explotación donde los productores trabajan largas jornadas, asumen los costos de producción y transporte, pero reciben una paga que no cubre ni lo básico para vivir.

Regular la actividad de los intermediarios y generar mercados alternativos donde los productores puedan vender de manera justa es una de las demandas urgentes de las comunidades indígenas de Talamanca.

El Muro Silencioso: Cómo el Racismo Institucional Margina a los Productores Indígenas en Talamanca

El racismo institucional es una de las principales barreras que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica. En el caso de los productores de banano en Talamanca, esta discriminación se manifiesta en la indiferencia del Estado ante sus demandas, la falta de políticas de apoyo y el ninguneo sistemático por parte de las instituciones.

A pesar de que el territorio Bribri enfrenta altos niveles de pobreza, precarización laboral y falta de acceso a servicios básicos, las autoridades no han tomado medidas para garantizar condiciones dignas para sus productores. Organizaciones como «Antonio Saldaña» han denunciado que los trámites para buscar soluciones son excesivamente burocráticos y las respuestas, cuando llegan, son tardías o insuficientes.

El racismo institucional se evidencia en la ausencia de mercados accesibles para los productos indígenas, en la falta de programas de financiamiento y en la imposición de normas comerciales que no consideran la realidad de estas comunidades. Mientras tanto, los intermediarios y las grandes empresas se benefician de su vulnerabilidad, perpetuando un sistema de explotación.

Este tipo de discriminación no es un caso aislado, sino un patrón histórico de exclusión que se repite en diversas comunidades indígenas del país. La lucha por precios justos no es solo una cuestión económica, sino también un acto de resistencia contra un sistema que invisibiliza y margina a los pueblos indígenas.

Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Derecho a una Vida Digna

Los derechos de los pueblos indígenas van mucho más allá de la visión folclórica o decorativa con la que suelen ser tratados en la política tradicional. No se trata solo de reconocer su cultura en discursos o de exhibir sus símbolos en eventos oficiales, sino de garantizar condiciones reales para una vida digna, basada en autonomía, justicia y equidad.

El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que los Estados deben garantizar el acceso a tierras, recursos, educación, salud y mercados justos, sin discriminación ni explotación. Sin embargo, en la práctica, muchas comunidades indígenas siguen enfrentando pobreza, exclusión y la imposición de modelos económicos que no respetan su forma de vida.

En el caso de Talamanca, los productores indígenas no solo deben luchar contra los bajos precios del banano y la explotación de intermediarios, sino también contra la indiferencia de un Estado que los deja fuera de sus políticas económicas y de desarrollo. Mientras el gobierno se apropia de su simbología, como el jaguar, las comunidades que protegen la tierra y la biodiversidad son marginadas y empobrecidas.

Respetar los derechos de los pueblos indígenas implica asegurar su bienestar material y su derecho a decidir sobre sus territorios y economías. No es suficiente con reconocerlos en la cultura oficial; es necesario garantizar que puedan vivir con dignidad, sin explotación ni olvido.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.

Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.

Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

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Deportados y dignidad nacional

Escrito en 22/02/2025. Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León, PhD

Mucha pena nos produce la infeliz resolución de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Migración, publicada por su director general, don Omer Badilla Toledo, con la cual se trata de justificar, la actitud cómplice del presidente Chaves, con Donald Trump, vinculada a la repudiada deportación de migrantes desde suelo estadounidense.

Se trata de un texto, lleno de roces con la Ley General de Migración y Extranjería (N° 8764) que, aunque se sabe, ha de respetarse en su totalidad, no lo ha sido. Leemos en dicha resolución, que la misma se emite «en razón de la política migratoria adoptada por el gobierno de los EUA», y porque, «conforme a negociaciones realizadas entre los dos Gobiernos, Costa Rica aceptó recibir personas extranjeras que serán deportadas de los EUA, con el fin de que se materialice su retorno a los respectivos países de origen o destino final». Ya desde allí, se percibe cierta desagradable sumisión.

Aparte de que no se ha informado acerca de lo negociado o convenido, a cambio del almacenaje en Costa Rica (así lo percibimos), de esos «delincuentes«, según Trump, se infiere de la lectura de esa ilegal, vergonzosa e indigna resolución del Poder Ejecutivo, que los inmigrantes forzados, indebidamente tratados, parecieren estar jugando el papel, de «monedas de cambio«. Trabajadores miserables, que fueron sacados a la fuerza de sus viviendas y trabajos, sin importar sus relaciones afectivas y familiares, sus llantos, sus ruegos, para concentrarlos en, muy oportunas cárceles privadas, sin trámites legales y sin consideración alguna a sus muy posibles padecimientos médicos, crónicos, o provocados, como consecuencia al trato inhumano que recibieron, para luego, en su paradójico “Día D”, obligados a montarse en aviones militares, sin conocer lo que les esperaba al final de ese tétrico viaje. Y ello, como castigo, a haberse atrevido un día, a huir del hambre, la miseria, la violencia, vivida en países con antidemocráticos regímenes, principalmente, asiáticos. Así, dejaron atrás a sus familias, sus amigos, sus barrios, en un esfuerzo desesperado por sobrevivir, trabajando, así lo esperaban, en el país que por muchos años se ha nutrido de inmigrantes; algunos recibidos simbólicamente, por la formidable estatua de La Libertad, a su llegada a la ciudad de Nueva York.

Ante esa triste realidad, que ha provocado el rechazo, entre otros, de la gran mayoría de las denominaciones religiosas del planeta, que, como la iglesia católica, han suplicado misericordia por esos hermanos, no deja de conmovernos, el solo pensar, cómo se sentirán de impotentes, esas personas, tan lejos de sus padres, hermanos, e hijos, sufriendo de soledad, quizá solo esperando morir, a manos de esos soldados que les mueven de un lado para otro, cual si fueren parte de una manada de animales.

Costa Rica, todavía valorado en el mundo, como un país amante de la paz, del respeto a los sagrados Derechos Humanos, caracterizado por una democracia estable, preocupado por la justicia social, solidario, asiento de un pueblo noble, tiene mucho que perder con este oculto convenio, acordado por los dos gobiernos involucrados. De un día para otro, nuestra nación ha sido involucrada, en una acción repugnante que ejecuta su «principal socio comercial», según los nuevos tiempos mercantilistas. ¡Ya no son Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, los modelos a seguir!; ahora el surafricano Elon Musk y el cubano- americano Marco Rubio, son los que importan.

El papa Francisco sintetizó así, la situación creada: «El acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión».

Por otro lado, más allá de la dimensión humana de los acontecimientos, analicemos parte de la situación en el ámbito formal, legal, institucional.

Si los representantes consulares de Costa Rica tienen la delicada y exclusiva potestad, de actuar como agentes de migración en el exterior, incluyendo por supuesto, en los Estados Unidos de América, ¿quiénes dispusieron apartarlos de sus responsabilidades? ¿Ante cuál autoridad, a las personas deportadas, les presentaron, en Costa Rica o en los EUA, las correspondientes solicitudes de ingreso a nuestro país? Si no portan pasaportes o salvoconductos, como mínimo, ¿no es eso, causa de impedimento para ingresar, e este caso particular, por el aeropuerto internacional Juan Santamaría? Si las supuestas visas para ingresar al país, los extranjeros deben solicitarlas cuando la persona está en el exterior, ¿bastaría con levantar, en la oficina de Migración del aeropuerto, una lista informal, con las supuestas identidades de las personas transportadas en unos aviones militares?

¿Cumplen esos 200 seres humanos deportados, con los requisitos de seguridad y salubridad, que manda la legislación costarricense?

Por otro lado, si no se trata de residentes temporales, asilados o refugiados, ¿en cuál de los 268 artículos de la Ley N°8764, aprobada durante la administración Arias Sánchez, se establece una innovadora categoría, que podríamos llamar, «deportados de desconocida nacionalidad, traídos al país en aviones militares«?

Si la ley dice que «Todas las personas que lleguen al país serán sometidas al correspondiente control migratorio, con el fin de determinar si están en condiciones de ser o no admitidas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes», ¿se cumplió tal mandato, o simplemente, dieron por un hecho que se estaba ante una evidente ilegalidad, que había que disimular?

Pero aún hay más. ¡Veamos!

Se trata de extranjeros, que, por la fuerza, ingresaron a Costa Rica, en ejecución de un supuesto convenio o acuerdo internacional, suscrito por el presidente de la República, no aprobado por quien le corresponde, o sea, por la Asamblea Legislativa. ¿Será que estamos frente a ¡otra violación al principio del respeto a la separación de poderes!, de parte del Poder Ejecutivo?

Pero, bueno, como sea, lo cierto es que ingresaron y los tienen «almacenados», por tiempo indefinido, en un lugar cercano al paso fronterizo con Panamá, donde, gracias a Dios, se han hecho presentes organizaciones que velan porque se les respete, al menos, sus Derechos Humanos, y convenios internacionales que procuran velar por los migrantes.

En cuanto al tiempo en que permanecerán en suelo costarricense, surge otra interrogante. Y es que, nadie, ni el presidente Chaves, responsable de lo convenido, podría garantizar, su eventual salida del territorio tico, hacia Panamá en 30, 90 o 100 días, o en meses o años, pues, los supuestos 30 días de permanencia, dice el director general de Migración, en su resolución, son prorrogables «mientras desaparecen los motivos que le impiden a la persona, continuar con su viaje». O sea, si los panameños no pueden, o no quieren recibirlos, los maltratados deberían seguir hacinados por tiempo indefinido, algo así, como en un campo de concentración, un albergue, o una cárcel, según lo perciba cada persona. “Pero no hay que preocuparse”, más o menos dice nuestro presidente, “el gobierno de Washington, paga por el pan que se coman…”

Como parte de este embrollo, pese a la colección de ilegalidades, que este biólogo amigo de ustedes, parece percibir, creemos que al buscar una solución al grave problema creado por el Poder Ejecutivo, se habrá de tomar en cuenta, la Ley General de Migración y Extranjería, que en algún momento debió de respetarse. En ella, por ejemplo, leemos que «Las personas extranjeras gozarán de los derechos y las garantías individuales y sociales reconocidos para las personas costarricenses en la Constitución Política, salvo las limitaciones que esta establezca. Las normas relativas a los derechos fundamentales de las personas extranjeras se interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados que se encuentren vigentes y, específicamente, por lo siguiente:

1)Toda persona extranjera tendrá derecho de acceso a la justicia, al respeto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición y respuesta. 2) Las personas extranjeras que cuenten con autorización para permanecer en el país podrán circular libremente por el territorio nacional, por el tiempo que defina la autorización. 3) Las personas extranjeras estarán sujetas a los requisitos fijados en esta Ley, su Reglamento y en otras normas jurídicas aplicables, para ingresar al país, permanecer en él o egresar de él«.

Párrafos que resumen muy bien, el civilizado pensamiento costarricense sobre tan sensible materia, y que, de paso, evidencian el chicharrón en que nos han metido, con ese apresurado convenio y atropellada resolución.

Pero, hay todavía más. Resulta que la tal «resolución», suscrita por el señor Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía, en ciertos párrafos, se refiere, en forma descuidada, a “refugiados” (¡que no lo son!) o «a la persona extranjera beneficiada con este permiso», cual si se hubiera tramitado y concedido permiso de residencia alguno. Y agrega el viceministro citado, que si «la persona extranjera beneficiada con esta resolución», comete algún delito, «se le revocará de inmediato el permiso otorgado«, y se le aplicará la legislación pertinente. Preguntamos, ¿Lo deportarían? ¿Verdad que parece un chiste de mal gusto?

Párrafo que parece ser un vergonzoso «copy paste» de un caso totalmente diferente, seguro usado, para darle bulto a la tal resolución de la asesoría jurídica de Migración, ante lo inédito de un misterioso convenio, que, por complacer al secretario de Estado Marco Rubio, en representación de Donald Trump, fuere convenido, sin que les importara el debido sustento legal.

Para terminar, ¡he aquí otra perla!: «Las personas migrantes beneficiarias de la presente resolución, no podrán permanecer en el territorio nacional en forma irregular«, dice la resolución publicada en La Gaceta del 18 de febrero recién pasado.

Si se les está forzando a permanecer en suelo tico, en forma irregular, obviamente, en contra de su voluntad, ¿cabe esa condición?, además del cinismo de llamarlas “migrantes beneficiarias”.

En fin, es otra muestra más de lo que, por medio de una “resolución”, emitida por una dirección de un ministerio, se le quiere dar carácter formal a un acto ¡jamás antes sucedido en Costa Rica!, que obliga a ser valorado por quienes corresponda, desde el punto de vista jurídico y, por supuesto, político. Si se le deja pasar, cual, si se tratara de algo intrascendente, no sería extraño que se siguiere repitiendo, una y otra vez, con las consecuencias que ello tendría para el prestigio de esta maltratada Patria. No merece Costa Rica tal atropello.

20.2.25

Costa Rica y EE.UU.: Un acuerdo Inhumano sobre migrantes

Escrito en 21/02/2025. Publicado en Derechos.

Martín Rodríguez Espinoza

El reciente acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos para gestionar «el tránsito» forzado de migrantes genera indignación. Esta política no solo refuerza la postura restrictiva de Washington ante la migración, sino que convierte a Costa Rica en un eslabón servil en la cadena de un sistema que deshumaniza a quienes buscan mejores oportunidades de vida.

Estados Unidos ha sido históricamente un actor clave en la desestabilización económica y política de diversas regiones del mundo. Desde intervenciones militares hasta imposiciones económicas, ha contribuido a la crisis que obliga a miles de personas a huir de sus países. Sin embargo, cuando estos migrantes tocan su puerta, la respuesta es el rechazo y la criminalización.

Rodrigo Chaves, presidente de nuestro país, se ha alineado con este enfoque al aceptar el papel de intermediario en el trasiego de personas. En lugar de ofrecer una política humanitaria que garantice el respeto y la dignidad de los migrantes, ha optado por unirse a un modelo que los trata como una carga indeseable, contraviniendo la Carta de las Naciones Unidas y los principios básicos de derechos humanos.

Este acuerdo no solo es indignante, sino que sienta un peligroso precedente sobre cómo las naciones, gobernadas por corruptos, pueden ser cooptadas para servir a los intereses de las grandes potencias en detrimento de los derechos fundamentales de los más vulnerables. Los costarricenses y la comunidad internacional debemos alzar la voz para exigir un enfoque basado en la humanidad y la justicia, en lugar de uno que refuerce la explotación y el abuso.

El reciente acuerdo entre Marco Rubio y Rodrigo Chaves para gestionar el tránsito forzado de migrantes ha suscitado una profunda preocupación entre quienes sentimos que esto es un atropello a la dignidad humana. Este pacto, que implica la recepción temporal de entre 200 y 500 migrantes deportados por Estados Unidos, debe ser calificado como una medida que deshumaniza a quienes buscan mejores oportunidades de vida.

El pasado jueves 20 de febrero de 2025, Costa Rica recibió un vuelo con 135 migrantes de diversos países, incluyendo 26 ciudadanos chinos y dos mujeres embarazadas. Estos migrantes serán alojados en un campo de concentración, llamado «centro de atención temporal», cerca de la frontera con Panamá, mientras se coordinan su retorno voluntario a sus países de origen.

Este acuerdo se enmarca en las políticas migratorias de la nueva administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que buscan reducir la inmigración ilegal mediante la deportación de migrantes a terceros países.

Además, Estados Unidos, por su papel en la desestabilización económica y política de diversas regiones, ha contribuido a las crisis que obligan a miles de personas a huir de sus países. Paradójicamente, cuando estos migrantes buscan refugio, son rechazados y criminalizados. La colaboración de Costa Rica en este proceso es una acción servil que contraviene la Carta de las Naciones Unidas y los principios básicos de derechos humanos.

Es obligación de los Estados, bajo la Carta de las Naciones Unidas y los convenios internacionales sobre derechos humanos de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes.

Pronunciamiento Político de la Seccional ANEP-DIVERSIDAD de Costa Rica

Escrito en 04/02/2025. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

A la opinión pública nacional e internacional:

La Seccional ANEP-DIVERSIDAD, en su compromiso con la defensa de los derechos humanos y en particular de la comunidad LGBTIQA+ de Costa Rica, se ve en la obligación de pronunciarse de manera enérgica contra las regresivas acciones del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles que, en los últimos días, ha dado señales claras de retroceso en lo que respecta al respeto y garantía de los derechos de todas las personas, especialmente aquellas que integran las diversidades sexuales y de género.

Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, el Gobierno de la República pretenda eliminar protocolos fundamentales que han sido diseñados para proteger a las y los niños, niñas y adolescentes que sufren acoso, bullying y violencia por su orientación sexual o identidad de género. Este tipo de acciones no solo atentan contra el bienestar de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, sino que también van en contra del principio fundamental de igualdad y no discriminación que nuestra Constitución y tratados internacionales consagran.

En su reciente declaración, el Presidente Chaves expresó que eliminará los protocolos de protección contra el bullying en el ámbito educativo, lo cual constituye un ataque directo contra la comunidad LGBTIQA+ y un desconocimiento absoluto de los efectos devastadores que la violencia homofóbica y transfóbica tiene sobre la salud mental y emocional de los jóvenes. El bullying, la violencia y la discriminación en las escuelas no son situaciones aisladas; son una realidad diaria que afecta a miles de estudiantes en todo el país, y no pueden ser minimizadas o ignoradas por un Gobierno que debería velar por la integridad y dignidad de todas y todos los costarricenses.

Rechazamos categóricamente las declaraciones del Presidente Chaves y su intento de desmantelar los avances en la lucha por la igualdad y los derechos humanos. Las y los niños y adolescentes y todas las personas que pertenecen al movimiento LGBTIQA+ deben ser protegidos, no solo de la violencia física, sino también de la violencia simbólica que perpetúa la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación. Es urgente que el Estado costarricense continúe con la implementación de políticas públicas que promuevan la diversidad, la inclusión y el respeto por la dignidad humana.

La Seccional ANEP-DIVERSIDAD se solidariza con todas las personas LGBTIQA+ y sus familias, y rechaza cualquier intento de retroceso en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de discriminación. Hacemos un llamado a la sociedad costarricense para que no se quede indiferente ante estas agresiones, y para que exija al Gobierno que rectifique sus decisiones y asuma su responsabilidad en la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna.

No permitiremos que se socaven los avances logrados en nuestra lucha por la visibilidad, el respeto y la dignidad de las personas LGBTIQA+. Exigimos que se mantengan y fortalezcan los protocolos de protección, y que se respete el derecho de cada persona a vivir libremente su orientación sexual y su identidad de género sin temor a ser discriminada o violentada.

¡Ni un paso atrás en la lucha por los Derechos Humanos!

Atentamente,

Seccional ANEP-DIVERSIDAD

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Costa Rica

Chaves y Müller nos engañaron sobre la educación sexual y los protocolos contra el bullying LGBTIQ+

Escrito en 02/02/2025. Publicado en Educación.

Comunicado del SEC

Durante la conferencia de prensa del pasado 29 de enero, el presidente Chaves y la hoy exministra Katharina Müller mintieron sobre los Programas de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral del MEP. Con ignorancia y cinismo, redujeron la educación a simple erotismo y placer. promoviendo polarización política con fines electorales.

La falsedad de sus afirmaciones se evidencia con una simple revisión de los contenidos:

En primer grado, los estudiantes aprenden sobre el cuidado del cuerpo, la higiene y cómo comunicar situaciones incómodas o peligrosas.

En segundo grado se enfatiza el respeto en las relaciones interpersonales.

En tercer grado, aprenden a evitar la violencia y a cuidarse mutuamente.

En cuarto grado, estudian los cambios corporales y la importancia de los hábitos saludables.

En quinto grado, se abordan cambios en la adolescencia enfocados en igualdad y equidad.

En sexto grado conocen procesos fisiológicos de reproducción y la formación de una familia.

Desde séptimo año, asumen la diversidad de manera respetuosa en el marco de los derechos humanos.

En octavo año, aprenden sus derechos sexuales y reproductivos evitando relaciones violentas.

En noveno año, se fomenta la toma de decisiones informadas, la prevención de ITS y embarazos, y el reconocimiento del abuso sexual.

En décimo año, la asignatura «Educación para la afectividad y sexualidad integral” permite a los estudiantes plantear sus dudas, con orientación de profesores de psicología. Se analizan estereotipos de género, métodos anticonceptivos y el papel de las instituciones en la defensa de derechos.

Como puede verse, la mencionada promoción de la «perversión» solo existe en la cabeza enfermiza del presidente y una exministra que hoy se va, dejando nuestra educación publica en caos, sin haber comprendido que la materia que se imparte en escuelas y colegios no es una sola, ni es lineal, sino que está graduada según el nivel psicosocial, edad y escolaridad de las personas estudiantes en diferentes programas y asignaturas, impartida además por educadores y educadoras con responsabilidad y conocimiento.

Chaves y Müller repitieron comentarios vulgares que circulan como chistes de cantina, que no responden a casos reales. Ningún profesor responsable del MEP ha pedido a sus estudiantes que revisen pornografía, ni que pregunten a vecinos o desconocidos sobre experiencias sexuales. Esas afirmaciones falsas son una ofensa a la inteligencia y a la dignidad del personal docente que con gran dedicación imparten la materia desde el año 2012.

Gracias a estos programas, el país ha reducido la cifra de embarazos adolescentes. Sin embargo, el retroceso provocado por Chaves y Müller atenta contra los derechos de la niñez y adolescencia. La educación sexual no debe limitarse al hogar ya que muchas madres y padres no están preparados para abordarla. Es un derecho fundamental y una obligación del Estado.

Por todo lo anterior. El SEC rechaza la eliminación de estos programas y la derogatoria del protocolo de atención del bullying contra la población LGTBIQ+, como afirma falsamente el MEP.

¡SEC junto al pueblo!
31-1-2025

La juventud lo exige

Escrito en 30/01/2025. Publicado en Derechos.

Por Marlin Oscar Ávila

Es completamente vergonzoso ver a un grupo de jóvenes de ambos sexos ser expulsados de los Estados Unidos de Norte América, encadenados de pies y manos, atados unos a otros como si fuesen delincuentes. Todo mundo sabe que son jóvenes que emigran de sus comunidades en búsqueda de un mejor futuro.

Los grandes medios se niegan a hablar de la fuerte decaída económica, social y moral que está teniendo ese país, otrora eje de la economía mundial. Por esto nuestra juventud sigue viendo hacia el norte, sin ni siguiera detener su vista en la gran nación mexicana, que se está convirtiendo en una potencia mundial.

El poder económico y de oportunidades de EUA se está convirtiendo en un mito. El migrante no deja de ser explotado, con los más bajos salarios, por el hecho de considerarlo indocumentado. Los empleadores lo prefieren indocumentado porque así lo somete a sus caprichos. Esa situación de vulnerabilidad le hace vivir sometido y constantemente en un estado de miedo de ser deportado, de ser calificado terrorista por ese gobierno de extrema derecha.

Nuestros gobiernos en Iberoamérica si deben reunirse y unirse para construir una alternativa regional. La voz cantante la ha tenido la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, como presidenta pro tempore de la CELAC, no obstante, su última convocatoria está siendo boicoteada por la derecha regional. Los ciudadanos iberoamericanos debemos apoyar esa convocatoria, para discutir los nuevos proyectos del gobierno estadounidense y construir una estrategia regional que le haga contrapeso con una visión de paz, humanista y de solidaridad entre los pueblos pobres.

Todos sabemos que el presidente D. Trump, representa la oligarquía gringa y las fuerzas del neofascismo en crecimiento mundial. El pueblo centroamericano no se puede quedar inerte viendo cómo se van empobreciendo los pueblos nuestros, concentrando en el uno por ciento (1%) las riquezas de todos y todas.

No debemos permitir que la campaña de la gran empresa contra la presidenta Xiomara tenga éxito alguno.

Los que siempre ganan

Escrito en 28/01/2025. Publicado en Derechos.

Federico Sanri

Las dos narrativas sobre la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, aunque contrastantes, coinciden en un punto: ambas presentan a un gran vencedor. Desde el lado de la maquinaria político-económica tradicional, reflejada principalmente en los medios de comunicación masivos, la responsabilidad está clara: no es Trump quien debe asumir la culpa por enviar a los migrantes colombianos como si fueran criminales, amarrados de pies y manos, sino Petro, por no haberlos recibido en esas condiciones. Además, circula la versión de que el presidente colombiano había dado su autorización, pero se arrepintió repentinamente. No faltan quienes sugieren que, a esa hora, Petro estaba bajo los efectos del alcohol, lo cual habría influido en su decisión de tuitear a las 3:30 a.m. la orden de no permitir el aterrizaje de los aviones.

Trump, en esta versión, amenaza con imponer sanciones, retirar visas, cerrar embajadas y llevar a Colombia al «infierno», mientras Petro cede sin mayores condiciones, aunque con una estrategia meramente verbal, hablando de dignidad y otros temas de su “abanico populista”. En este contexto, Petro es presentado como irresponsable. Efraín Cepeda, presidente del Senado, se encargó de señalar a quienes lo quisieron escuchar que Petro había jugado con el empleo de millones de colombianos y, además, se estaba «abrazando al régimen de Maduro». Así, la derecha resume la situación: el país está en manos de un irresponsable, de un loco que quiere pelear contra lo imposible.

En esta narrativa, la conclusión es clara: Trump gana, Petro pierde.

Sin embargo, en esta disputa por la verdad, donde los medios tradicionales han mostrado una creciente falta de imparcialidad, tanto la prensa alternativa como figuras cercanas al presidente han construido una narrativa completamente diferente. Según esta, el verdadero culpable de la crisis es Trump, por sus políticas discriminatorias y xenofóbicas, además de su arrogancia al intentar colocar a todos los países de la región a su servicio y pisotear la dignidad de los inmigrantes deportados. El mensaje de Trump es claro: «Nosotros no los necesitamos: ustedes nos necesitan». Desde la doctrina Monroe, que proclamaba que «América es para los americanos», se ha revelado que, en realidad, América es para los norteamericanos, dejándonos a nosotros fuera de la definición. Por eso, el «sueño americano» no incluye viajar a Machu Picchu.

Desde esta perspectiva alternativa, se muestra a un Petro lúcido, que fue engañado y no sabía que los colombianos serían deportados en esas condiciones. Petro nunca dijo que no aceptaría las deportaciones; simplemente revisó las condiciones bajo las cuales se aceptarían. Se le ve como un líder que representa un sentir regional y una dignidad histórica que ha sido pisoteada tantas veces que ya nadie recuerda lo que es una relación sin rodilleras con el coloso del Norte. Por eso, el presidente colombiano ha decidido que no aceptará aviones militares, sino que será Colombia quien enviará su propio avión a recoger a los deportados.

Por otro lado, cuando Trump amenaza con subir los aranceles, Petro responde de manera similar. No se amilana. En un paralelo con Samper (cuando con orgullo dijo que no necesitaba visa para ir a Chaparral), Petro casi que renuncia a volver a Norteamérica si no es para ir a los barrios populares. Finalmente, recurre y se ampara en símbolos vernáculos, como la ancestral orfebrería de Chiribiquete, para demostrar que también se siente orgulloso de sus raíces y que no necesita la bendición del imperio.

Según esta narrativa, el verdadero perdedor en esta disputa es Trump, quien tuvo que retroceder. Petro 1, Trump 0.

Los colombianos que siguen informándose a través de los medios tradicionales están convencidos de que el presidente colombiano perdió la cordura y esperan el pronto retorno de la clase política tradicional, que no pretende ni promete cambiar lo que ya es. «Si esto es el cambio, dejémoslo así y volvamos a lo seguro». Regresa el terror en las voces de miedo y los ojos que insisten en ver todo en blanco y negro, desde ambos extremos.

Que ambos lados reclamen la victoria no es sorprendente; lo realmente interesante será determinar quién ganó, una respuesta que solo el mediano y largo plazo podrán brindar. Por ahora, vemos las imágenes de los compatriotas recién deportados, quienes nunca se sintieron tan bien atendidos ni habrían sido recogidos en avión presidencial en un gobierno que no fuera de corte progresista. Que hayan sido recibidos en condiciones dignas es algo que no gusta a muchos; ya vislumbro investigaciones en los medios masivos sobre cuánto le costó al país el viaje del avión presidencial, mientras que Estados Unidos los devolvía sin gastar un solo peso. Incluso se abrirá el debate sobre si el avión presidencial puede ser usado para transportar inmigrantes ilegales como si fueran héroes: ya lo veremos.

Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, vemos cómo alguien le dice «no» a Trump. Falta ver si será la última. Una de las formas de entender el ganador del pulso será si alguien más en la región sigue el ejemplo de Petro.

Esta situación, sin duda, se presentará como una de las nuevas estrategias para introducir un escenario político polarizado de cara a las próximas elecciones, cuando se recordará este momento que ocasionó un pánico apenas lógico en un país que vende 13.100 millones de dólares anuales a la potencia del Norte (un 30% del total de nuestras exportaciones).

Es un estreno que parece descomunal para una recién nombrada Laura Sarabia; uno se pregunta, con razón, qué tan capacitada está para el cargo. Veremos cómo se manejará una crisis que aún no ha terminado ni comenzado del todo. Por ahora, con las declaraciones de maltrato que se conocen por parte de los inmigrantes colombianos que van llegando y denuncian los abusos de las autoridades del gobierno norteamericano, me gustaría pensar en un empate. Un empate en el que, sin embargo, todos se consideran ganadores.

Cada quien quédese con el suyo al final de este artículo.

La dignidad desencadenada

Escrito en 27/01/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Hace algunos años fui invitado por la querida Cynthia Loría a observar la llegada de vuelos de personas deportadas al aeropuerto La Aurora, en Ciudad de Guatemala.

Cynthia es una costarricense radicada en aquel país desde hace años y labora para organizaciones que abordan el tema migratorio a nivel regional.

Siempre le estaré agradecido por la oportunidad que tuve en esa ocasión de constatar la forma como regresan estas personas. Muchas de ellas con la ilusión destrozada, sin esperanza y sin cordones en sus zapatos.

Esto último me pareció curioso y al preguntar la razón, se me respondió que es para evitar algún episodio de auto flagelación durante el vuelo de regreso.

Siempre pensé en la dignidad de quienes ven su sueño truncarse por alguna razón. En ese concepto y lo que implica en una hora de la humanidad en la que pareciera no tener ningún valor ya.

Lo pienso ahora al observar las imágenes de los primeros deportados provenientes de Estados Unidos bajando las escalinatas de un avión recién aterrizado en un aeropuerto en Brasil.

Como si fueran presidiarios condenados, son encadenados en sus manos y pies y así hacen el vuelo, así los obligan a caminar por la pista de aterrizaje mientras esconden sus caras para que la prensa no los capte en su vergüenza, así llegan a sus países de origen.

El odio se ha instalado como bandera.

Y provoca escenas como esta y otras más que se repetirán a lo largo de América Latina, adonde arrojarán a las personas migrantes como si fueran delincuentes o seres humanos descartables.

Temo una escalada de violencia xenófoba. Pero también siento venir la respuesta autónoma de quienes se niegan a encadenar su dignidad.

En esto acompaño las reflexiones de mi querida lectora de tesis doctoral Amarela Varela, que insiste en reconocer la fuerza de la migración y de quienes se movilizan por encima de la pornoindustria de la desafección.

Una manera de cambiar el enfoque victimizante, es reconocerles como sujetos activos y protagonistas de su destino. Apelo a ese enfoque y actitud. Ahí empieza el camino para que su respuesta sea efectiva y contundente. Ahí empieza su recibimiento como lo que son: seres humanos.