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Etiqueta: dignidad

La otra Costa Rica; la que resiste

Albert Einstein (1879-1955): Si vamos a cuestionar la presencia viva de los Espíritus, empecemos entonces por negar la existencia del átomo, que continúa imperceptible a los ojos humanos desarmados, pero existe.

Rafael Ángel Ugalde Quirós* Especial para SURCOS.

I.- Imaginando un extraterrestre sobrevolando el país el pasado 6 de febrero quizá pensaría que la situación de 25 partidos políticos en la lucha por el sillón presidencial de Zapote alabaría seguramente la “perfección” del “Contrato Social” – obra de Jean Jacques Rousseau en 1762- en la pequeña “hacienda” de 51 mil kilómetros cuadrados y 3.541.908 “ticos” habilitados para sufragar. Nada más alejado de la realidad una vez con los pies sobre la tierra: El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aunque tuvo capacidad para dirigir un debate con 25 aspirantes presidenciales en condiciones de igualdad, no lo hace. No le interesa. Su mayor comodidad es contar votos y jamás profundizar la democracia con participación masiva de los ciudadanos en la “res” pública, como decían los romanos. Le interesa más que sean las dos grandes cadenas nacionales de televisión, con los riesgos, los sesgos e intereses que todos conocen a favor de dos partidos políticos, que sea este tribunal quien impulse el debate de ideas en igualdad de condiciones entre los candidatos presidenciales. Este desinterés del TSE, en gran medida, da así a los procesos electoreros un ambiente carnavalesco, con los grandes bancos y consorcios económicos, financiando y fiscalizando lo que ellos han sintetizado llamando la gran “fiesta democrática”.

Un estudio del semanario Universidad (21/11/2021) reveló, por ejemplo, que los bancos privados BCT y Banco Promerica concentraron el 80% de los bonos de deuda política, o certificados de cesión, liquidados en la campaña electoral del 2018. Eran los únicos dos bancos con créditos formalizados para las elecciones de 2022, según datos de la Tesorería Nacional.

El total cancelado por concepto de deuda política (incluyendo los intereses), asciende a los ¢14.808 millones, de los cuales los bancos BCT y Promerica concentraron ¢12.123 millones. La primera entidad bancaria es presidida por Leonel Baruch, mientras que el presidente de la Junta Directiva de Promerica es Edgar Zurcher.

Los certificados de cesión son un instrumento de financiamiento contemplado por la legislación costarricense en el que los partidos pueden ceder su acceso al financiamiento público a entidades bancarias o particulares. Los bancos en este caso financian de manera anticipada especulando cuánto recibirá de votos cada partido por medio de las encuestas públicas e incluso propias.

“Es un mecanismo especulativo como en la Bolsa de Valores. Tiene una expectativa de retribución de la inversión que hizo al comprar el título, más los intereses ganados por ese financiamiento que le está otorgando, quien recibe esa plata son los bancos. No van a perder ni los bancos, ni los financistas tipo A (los que tienen mayor posibilidad de ser cancelados) que compran estos bonos a varios partidos porque para ellos es un negocio, no hay necesariamente un vínculo partidario”, explicó Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

II. Una lectura cursi, con estándares oficiales reduccionistas, nos llevaría a pensar en más de 1.400.000 de votantes desinteresados por las elecciones del 6 de febrero pasado, con niveles de abstencionismo del 40% nunca visto desde 1958 y por lo cual, al TSE le cabe abundante responsabilidad.

Sin embargo, atendiendo otras sintomatologías sociales, infectadas por los grupos de poder desde hace 40 años, no podría cerrarse los ojos frente a la enfermedad que padece la “otra” Costa Rica. La marginada, la ausente de las pantallas de la televisión, a no ser por el proceso de “colombianización”, reducido desde la oficina del tecnócrata a una supuesta “lucha entre bandas” o “actuación de sicarios”, como si esos hechos no fueran cara de una misma moneda. Es el “otro” país, el del campesino quebrado a la fuerza, sin tierra y siervo perene de la banca, pueblos pesqueros que ven como otros se roban la riqueza marina en sus propias barbas, la otra república, la de los cientos y cientos de desempleados, los “informales” perseguidos noche y día, los desnutridos, etc., frente a la buena salud mostrada por miembros de los pequeños grupos beneficiados con la renuncia a la soberanía alimentaria, a la educación pública gratuita y de calidad, a la universalización de la salud, a la entrega de los puertos, las carreteras, las telecomunicaciones y los aeropuertos.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lo están paralizando para luego, como buitres, caerle encima. El ex gerente de telecomunicaciones, Jaime Palermo, acaba de denunciar (Diario Extra 14/2/2022) que las autoridades actuales están paralizando las operaciones técnicas y comerciales del sector Telecomunicaciones, de modo que ponen en riesgo el futuro de la entidad. El hizo un recuento de las acciones que, según su opinión, han provocado que la entidad, en competencia desde el 2011, perdiera diez puntos del mercado de la telefonía celular y lo cediera a las empresas con las que compite tan solo en 2020.

Para el exfuncionario, la jerarquía del ICE, encabezada por su presidenta ejecutiva Irene Cañas, y su gerente general, Hazel Cepeda, ha priorizado la supuesta recuperación financiera de la institución sacrificando inversiones clave para su desempeño comercial, lo cual le ha generado una caída en la participación del mercado e incluso una baja en la calidad de los servicios móviles expuesta por informes de Sutel. Una vez enfermo y famélico el ICE se vende al mejor postor, o lo convierten en elefante blanco al mejor estilo de RECOPE, el CNP, el INVU.

A los foros mundiales “esta” Costa Rica floreciente asiste como hazmerreír junto con otras comparsas regionales, siendo el mejor ejemplo de ello el rol asignado en el “Grupo de Lima” o en la deteriorada OEA, a raíz del papel jugado en el golpe de estado en Bolivia. “Este” país floreciente habla en los foros mundiales de energías verdes, lucha pro ambiente, cero carbono y no más calentamiento global, pero sus ríos son cloacas a cielo abierto y sus océanos basureros de plásticos.

La “otra” Costa Rica, la que soportó la multimillonaria campaña politiquera, la que sigue resistiendo (La Nación acaba de descubrir que “alza en costo de la vivienda y baja en ingresos truncan sueño de tener casa propia” 14/2/2022), sea rural o urbana sabe perfectamente que el sistema de los partidos políticos es un negocio como es el fútbol, la venta de copos o cualquier otra actividad rentable, pues nuestros “lideres” políticos nos los dan empacados con lazos de colores, no existiendo además, posibilidad alguna de sustitución en caso que salgan mentirosillos o cleptómanos.

III. Un recuento de los votos en blanco y nulos realizados por Universidad (7/2/2022) en esta elección presidencial de 2022 da como resultado un total de 26.676, un número mayor que la cantidad de votos que obtuvieron individualmente 19 de los 25 partidos políticos que estaban en papeleta el domingo 6 de febrero.

Solo los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PSD), Nueva República (PNR), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), superaron esa cantidad de votos inválidos.

A esta lista se puede agregar la agrupación Costa Rica Justa (CRJ) si se tiene en cuenta solo la cantidad de votos nulos, que se situó en 16.565, con lo cual supera a las restantes 18 formaciones partidarias. Igualmente, los votos en blanco, que por el momento son 10.111, ganan a 12 partidos políticos.

Los campesinos subsisten a brincos y saltos y su crisis es evidente.

La Coalición Pueblo Unido, que a última hora superó serios problemas internos y se sobrepuso a los plazos para inscribirse, superó el último lugar en el escrutinio y dejó en la posición 25 al Movimiento Libertario (ML) que pareciera desaparecerá, al menos con su actual dirigencia. Según el análisis de Universidad, el Partido de los Trabajadores (PT) en estas elecciones incluso superó al ML. Años atrás esta organización se mantuvo en la pugna presidencial, siendo una de las fuerzas políticas con más adeptos. Por otra parte, destaca que el PLN y el PSD, los dos partidos que irán a segunda ronda el próximo 3 de abril, obtuvieron juntos el 43,96% de los votos válidos, pero solamente el 22,67% del padrón electoral. Esto quiere decir que las dos principales fuerzas políticas del país no alcanzan juntas ni la cuarta parte de la población votante. Al buen entendedor pocas palabras.

De esta manera, para el ganador de la segunda ronda de las elecciones del 3 de abril, sería ingenuo desconocer ese otro país que, en silencio, resiste la noche más larga y triste de la historia reciente de Costa Rica. Larga porque son 40 años desde que prometieron “desarrollo” con libre competencia; triste por el autoritarismo cada vez más asentado en los últimos gobiernos, con o sin pandemia. El encierro a que fuimos sometidos por la pandemia se tradujo en más de 2 mil millones de colones por multas a la restricción vehicular.

Sin embargo, los resultados de las pasadas elecciones, independientemente que sea electo José María Figueres, asiduo amigo de la ley de empleo público impulsada por Carlos Alvarado y el “gobierno corporativo”, o Rodrigo Chávez, un conocido pupilo del Banco Mundial, sumado a la formación de una asamblea legislativa controlada por la llamada “derecha”, hay una enorme reserva moral y espiritual que representan quienes desatendieron el llamado a votar. Estos espíritus, que no se ven, como diría Einstein, pero allí están atrincherados, pintan una Costa Rica de conflicto, donde las masas exigen un proyecto de sociedad nuevo, con inclusión social, con equidad, independencia y esperanza. Donde no bastaría la promesas de creación de empleo, sino que además implican ingresos blindados contra la inflación. Un país insuficiente si se habla de turismo como actividad para unas pocas empresas hoteleras, dejando a un lado las comunidades y el pequeño y mediano artesano. Un país cuyos espíritus arrinconados ya no quieren “gobiernos corporativos” y paralelos; menos “alianzas estratégicas” para que el Estado entregue sus recursos a pequeños grupos de poder en un nefasto juego de “tigre suelto” contra “burro amarrado”. Pareciera que en esta Costa Rica empeñada en configurarse para el 2026 los llamados partidos de “izquierda” conciliábulos, “light” y al mejor estilo de Boric en Chile o Castillo en Perú, tienen la última oportunidad para no correr la misma suerte del ML o el Acción Ciudadana (PAC). Ello, por cuanto, si aparece una organización que articule las demandas de salario mínimo digno, soberanía alimentaria, política exterior independiente, tierra para quien la produce, el Estado en función de los costarricenses y no protegiendo solo grupos oligárquicos, entre otros, esta masa “invisible” como reserva moral se abrirá paso entre fatales “progresismos” de cafetín o camuflados “patriotas” que dan la vida por los monopolios lácteos, financieros o del azúcar; contra todos los pronósticos exigen “otro” país en que volvamos a vivir todos con alguna dignidad.

Por el momento es lo que hay.

Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

No que renuncien – Hay que echarlos

Óscar Madrigal

La conversación del alcalde Walter Céspedes con un gerente de Meco es el claro y fiel reflejo del nivel moral y político al cual han llegado buena parte de los políticos costarricenses. La inmoralidad y ausencia de ética que muestra esa conversación, así como las otras divulgadas del resto de alcaldes detenidos, es la imagen real de la bancarrota de muchos políticos.

Los alcaldes son los máximos dirigentes de los gobiernos locales pero muestran que no tienen respeto ni por ellos mismos, que son simples mercaderes de prebendas, que muestran una falta de dignidad para convertirse en sucios servidores de los gerentes de las grandes compañías.

El alcalde de Matina ofrece favores sexuales a cambio de bacheos; el de Escazú que le hagan arreglos en la casa de la mamá en vehículos sin el logo de Meco; el de Alajuela intercambio de “favores” dando y dando; el de Osa que le eliminen esa “mierda” de la acusación penal que le impide ser diputado o el de San José que le “donen” miles de dólares para pagar abogados. Estos son sobre los cuales hay pruebas irrefutables, porque fueron grabadas sus conversaciones. ¿Cómo estará el resto de alcaldes, nos preguntamos?

El primer sentimiento que embarga a las gentes es el del asco, porque choca con una realidad que todos sabíamos que existía pero que ahora ha quedado claramente documentada en las grabaciones. Pero ese primer sentimiento se convierte en rabia y certeza que todos los políticos son corruptos y que por eso son motivo del desprecio de los ciudadanos. Por eso llaman “ladrón” al presidente, porque él encarna, con razón o no, la representación de todo ese grupo de políticos corruptos.

La verdad es que hasta a los más avezados, duchos o experimentados en la participación política, nos ha alarmado el nivel moral donde ha caído la política nacional. Esos dirigentes ya no tienen respeto ni por ellos mismos, son más pachucos que los pachucos, son más arrastrados ante los poderes económicos que nadie, son unos pordioseros de la ética, unos inescrupulosos que no se detienen ante nada, son los que utilizan el poder para su exclusivo enriquecimiento, son solo parásitos del pueblo.

Ante estos hechos tan repugnantes, es impostergable actuar con la fuerza necesaria para dar un vuelco radical y acabar con todo ese grupo, no solo para pedirles que se vayan, sino para obligarlos a irse.

Mujeres lideresas del movimiento nacional indígena de Costa Rica se pronuncian ante declaraciones racistas y misóginas

SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado por Elides Rivera Navas

26 de noviembre de 2021

LAS MUJERES LIDERESAS DEL MOVIMIENTO NACIONAL INDÍGENA DE COSTA RICA

NOS PRONUNCIAMOS

Mano de Tigre y ACOMUITA

Contra las declaraciones racistas y misóginas del Alcalde Walter Céspedes del Cantón de Matina y exdiputado de la Asamblea Legislativa en dos ocasiones, militante del Partido Unidad Social Cristiana, quien violenta a la mujer indígena al considerarla como una cosa o un objeto de cambio o pago, actuación que realiza desde su investidura de Alcalde, mediante la cual vulnera y denigra directamente la dignidad de la mujer indígena. Como mujeres indígenas, lideresas y defensoras de los derechos humanos, repudiamos este tipo de acciones que pretende normalizar la discriminación y la violencia contra la mujer indígena, actuación que condenamos y reprochamos enérgicamente.

Las mujeres indígenas, decimos basta, de tanta violencia, exigimos con base en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mediante la cual el Estado se ha obligado a proteger los derechos humanos de la mujer, exigimos que se sancione al señor Walter Céspedes con la máxima rigurosidad y que renuncia a su cargo de Alcalde.

Además, solicitamos, al TSE, que inicie una investigación y que inmediatamente suspenda las credenciales del Alcalde Walter Céspedes, que sea inhabilitado para que no pueda ocupar cargos públicos. Solicitamos, al Partido Unidad Social Cristiana tomar medidas contra este tipo actos discriminatorios y racistas, que más que aportar a la democracia, al respeto, promueve la violencia y la discriminación contra la mujer que se profundiza contra la mujer indígena.

Por eso, en el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, el Movimiento Nacional de Mujeres Indígena, exigimos respeto a nuestros derechos, exigimos vivir en un país libre de odio, y violencia contra las mujeres, violencia que se profundiza contra la mujer indígena y la memoria de nuestras ancestras violentando los derechos y dignidad de la mujer indígena.

Exhortamos a las autoridades competentes sancionar, actos y manifestaciones que denigran y vulneran la dignidad de la Muer indígena y que va en contra de los principios y valores, de las leyes e instrumentos internacionales ratificados y reconocidos por el Estado costarricense, que reconocen y los derechos de la mujer.

Mano de Tigre y Asociación Comunal de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA)

En defensa de los derechos humanos y dignidad de la mujer indígena

Exigimos al MEP respeto a la población estudiantil y al magisterio nacional

13 de noviembre, 2021.
San José, Costa Rica

Para:
Despacho de ministra y viceministra
y Auditoría de Servicios del MEP
Defensoría de los Habitantes
Cc. UNICEF-CIDH

El día viernes 12 de noviembre las personas estudiantes de quinto grado de la Educación General Básica de Costa Rica fueron expuestas por primera vez a la última prueba de las evaluaciones denominadas FARO, en las asignaturas de español, ciencias y matemática. La última prueba se hace llamar Factores Asociados y pretende evaluar las condiciones en las cuáles viven y estudian dicha población estudiantil. Sin embargo, a criterio de personal docente y administrativo, madres y padres de familia esta última prueba excedió por mucho los límites físicos, psicológicos y emocionales de aproximadamente 70000 niñas y niños con edades entre 10 y 11 años.

Se afirma lo anterior, dado que dicha prueba dio inicio a las 9 am y estaba programada para ser realizada en un lapso de 3 horas, sin poder hacer recesos y con la instrucción de que era obligatorio completar la totalidad. Además, debían permanecer en el aula con el cubrebocas durante todo este lapso y solamente podían salir a tomar agua o al servicio sanitario; incluso, un porcentaje significativo la desarrollaron en aulas que no cuentan con las condiciones idóneas bio-sanitarias. Cabe mencionar que, en las pruebas anteriores de asignaturas básicas, a las 3 horas tenía que ser retirada por la persona docente, sin excepción alguna.

Reafirmamos que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha atropellado los derechos de las niñas y de los niños al someterles a cuestionarios de FARO exhaustivos que, aunque han sido diseñados para 3 horas, exceden dicho lapso entre 1 y 2 horas más, debido a su complejidad y extensión desmedida, incoherente totalmente con las condiciones y necesidades de la población infantil. También, nos preocupa que la vivencia en los centros educativos se da en un clima de tensión e incertidumbre ya que todas las personas involucradas fueron expuestas a un requerimiento más allá de los lineamientos y protocolos que el MEP ha establecido durante la pandemia.

Esta evaluación denominada Factores Asociados se divide en 4 folletos: 1. Tronco común (36 ítems y debían completar 190 respuestas) con el fin de evaluar el trabajo docente en pandemia, uso de la tecnología, conexión a clases en Teams, además de un censo socioeconómico con cuestionamientos sobre su familia y calidad de vida; 2. Español (26 ítems y 183 respuestas); 3. Matemática (16 ítems con 106 respuestas); 4. Ciencias (15 ítems con 142 respuestas). Los folletos de materias específicas refieren al desempeño del docente de cada materia.

Consideramos inconcebible que desde el propio MEP se diseñen herramientas que contienen preguntas hasta con 30 posibles respuestas; situación que condiciona al personal docente a leer una por una a fin de disminuir el cansancio y la tensión estudiantil en tanto tenían que dar 621 respuestas al contar algunos ítems con opción de respuestas múltiples.

Este cuestionario paradójicamente se presentan con la supuesta intención de identificar factores sociales y educativos que podrían afectar el desempeño y resultados estudiantiles en las pruebas FARO; no obstante, ante su extensión y alto grado de complejidad, el personal docente y familiares de las personas menores de edad confirman que muchas tuvieron serias complicaciones por agotamiento, estrés y ansiedad: vómitos, temblores en las manos, taquicardia, frustración, angustia y cansancio extremo. A lo anterior se suma que era la última prueba consecutiva de cuatro, donde el malestar y la angustia de las familias aumentaba al ver que sus niñas y niños no salían del centro educativo a la hora programada (12 mediodía).

Una directora manifiesta al Semanario Universidad que esta situación es de “injusticia” pues en el centro educativo que administra las y los menores de edad salieron cerca de la 1 p.m., negándoles el MEP el derecho a descanso o recesos. Las personas estudiantes afirman tener dolor de manos ya que rellenar cada círculo en la hoja de respuesta debe hacerse con firmeza para que quede constancia de la misma.

Instamos a la articulación de los diferentes sectores interdisciplinarios y comunidades educativas para indagar sobre las motivaciones estructurales de donde se derivan las pruebas FARO y su conexión con iniciativas similares en otros países de la región, en un escenario de constantes atropellos a las comunidades educativas, incluyendo al magisterio nacional, agudizados a raíz de la pandemia COVID19.

Es lamentable que, pese al impacto inhumano en la población estudiantil, la viceministra de educación plantea que supuestamente “A nivel internacional, este tipo de factores se analizan precisamente para explicar cómo es que los estudiantes alcanzan ciertas calificaciones”, y reitera que los cuestionarios se seguirán aplicando (próxima programación para décimo año el 8 y el 13 de diciembre del año en curso) siendo indiferente ante la situación antes expuesta.

La población estudiantil que será expuesta a este tipo de cuestionarios es de 170000 estudiantes de quinto y décimo año en total según datos del Semanario Universidad. Dichas pruebas tienen un costo monetario para el MEP de 2560 millones de colones. Es importante recalcar que durante los dos últimos años 2020 y 2021 las fechas y los niveles educativos asignados inicialmente han sufrieron cambios, provocando a nivel estudiantil un clima de incertidumbre y ansiedad; en especial, en quinto y sexto grado, y décimo y undécimo año. Así, estas pruebas constituyen en sí mismas un factor determinante durante la pandemia que incrementa la ansiedad, estrés y depresión estudiantil.

Es preocupante el manejo de la información que el MEP ha mantenido en torno a las pruebas FARO, además de inestable, ambiguo y confuso en cuanto a la precisión de lineamientos administrativos y de las habilidades a evaluar y de los contenidos en que las personas estudiantes necesitan prepararse más.

Respaldamos el proceder de directoras, directores y docentes conscientes y sensibles a la niñez quienes, como garantes de la seguridad integral de las personas estudiantes, sintieron la necesidad ética de tomar decisiones protegiendo la integridad física y emocional del estudiantado ante un proceso claramente inhumano, insensible y antipedagógico. De igual manera, madres y padres de familia se sumaron a la actitud respetuosa y humana de muchos centros educativos agradeciendo su identificación con el alumnado ante la crisis y agotamiento extremo que ocasionó esta directriz impuesta desde las autoridades educativas.

Afirmamos que independientemente de que los cuestionarios tengan o no un carácter evaluativo, causaron en la comunidad estudiantil un conjunto de efectos que reflejan una clara violación a los Derechos Humanos de las y los niños por parte de las autoridades del MEP.

Exigimos al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica:
NO MÁS ATROPELLOS A LA DIGNIDAD E INTEGRIDAD
DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS ESTUDIANTES Y MAGISTERIO NACIONAL
Comunidades educativas de Costa Rica

Firmas responsables:
Ana Lorena Dávila Cubero

Trabajadora social
María Trejos Montero
Maestra jubilada

comunidadeseducativascr@gmail.com

CONSTITUCIÓN DE LA TIERRA

(Proyecto Ferrajoli)

Nosotros, Pueblos de la Tierra, que en el curso de las últimas generaciones hemos acumulado armas mortíferas capaces de destruir varias veces la Humanidad, hemos devastado el ambiente natural y puesto en peligro la habitabilidad de nuestro Planeta con nuestras actividades productivas;

            Conscientes de la catástrofe ecológica que pesa sobre la Tierra, del nexo que liga la supervivencia de la Humanidad y la salvaguarda del Planeta, y del riesgo de que, por primera vez en la Historia, a causa de nuestras agresiones a la Naturaleza, el género humano pueda extinguirse;

            Decididos a salvar la Tierra y las generaciones futuras de los flagelos del desarrollo insostenible, de las guerras, de los despotismos, del crecimiento de la pobreza y del hambre, que ya han provocado devastaciones irreversibles a nuestro ambiente natural, millones de muertos cada año, lesiones gravísimas de la dignidad de las personas y una infinidad de indecibles privaciones y sufrimientos;

            Decididos a vivir juntos, sin excluir a nadie, en paz, sin armas mortíferas, sin hambre y sin murallas hostiles; decididos a garantizar un futuro a la especie humana y a las otras especies vivientes; decididos a realizar la igualdad en los derechos fundamentales y la solidaridad entre todos los seres humanos y asegurar sus garantías de vida, de dignidad, de libertad, de salud, de instrucción y de mínimos vitales, promovemos un proceso constituyente de la Federación de la Tierra, abierto a la adhesión de todos los Estados existentes, para estipular este Pacto de Convivencia Pacífica y de Solidaridad.

PRIMERA PARTE. LOS PRINCIPIOS. LOS FINES

Título Primero. Principios Supremos

            Artículo 1. La Tierra, casa común de los seres vivientes.

  • La Tierra es un planeta viviente. Como casa común, pertenece a todos los seres vivientes: a los seres humanos, a los animales y a las plantas. También pertenece a las generaciones futuras, a las cuales nuestra generación tiene el deber de garantizar, con la continuación de la Historia, que puedan venir al Mundo y sobrevivir.
  • La Humanidad es parte de la Naturaleza. La vida y la salud del género humano dependen de la vitalidad y de la salud del mundo natural y de los otros seres vivientes, animales y vegetales que, junto a los humanos, forman una familia ligada por su origen común y su interdependencia global.

            Artículo 2. Los fines de la Federación de la Tierra.

            Los fines de la Federación de la Tierra son:

  • Garantizar la vida presente y futura sobre nuestro Planeta en todas sus formas y, para ello, poner término a las emisiones de gases con efecto invernadero y al calentamiento global, a la contaminación del aire, del agua y del suelo, a las deforestaciones, a las agresiones a la biodiversidad y a los sufrimientos crueles infligidos a los animales;
  • Mantener la paz y la seguridad internacional y, para ello, prohibir todas las armas, nucleares y convencionales, suprimir los ejércitos nacionales y así realizar el desarme de los Estados y de las personas, y conferir el monopolio de la fuerza a las instituciones de policía;
  • Promover entre los pueblos relaciones amistosas de solidaridad y de cooperación en la solución de los problemas globales de carácter ecológico, político, económico y social; y para ello, garantizar la igual dignidad de todas las personas y la conservación y la tutela de todos los bienes vitales;
  • Realizar la igualdad de derechos fundamentales para todos los seres humanos y, para ello, poner a cargo de las instituciones adecuadas, las funciones globales que garanticen los deberes de prestación y las prohibiciones de lesión que aseguren aquellos derechos.

Artículo 3. Dignidad de la persona.

  • La dignidad de la persona humana es inviolable. Es deber de todos respetarla y tutelarla. En la riqueza de sus diferencias que esta Constitución tiene la misión de tutelar, los seres humanos constituyen una familia indivisible como sujetos iguales en dignidad y derechos, titulares de bienes comunes y responsables solidarios de la vida sobre la Tierra y del deber de conservarla y transmitirla de generación en generación.

Artículo 4. Principio de igualdad

  • Todos los seres humanos son iguales frente a la ley.
  • Todos los seres humanos son iguales en los derechos fundamentales. Su igual dignidad impone el derecho de cada uno al respeto y a la afirmación de todas sus propias diferencias personales –de sexo, nacimiento, nacionalidad, lengua, religión, orígenes étnicos, opiniones políticas, tradiciones culturales y de cualquuier otro rasgo de la propia identidad- y a la máxima reducción de las desigualdades económicas y sociales.
  • La igualdad frente a las leyes implica que las normas de ley no sean oscuras ni vagas sino, hasta donde sea posible, unívocas y precisas.
  • La igualdad en los derechos fundamentales implica que tales derechos, en los ordenamientos de los diversos Estados, sean igualmente garantizados a todos los seres humanos, sin discriminaciones ligadas a sus diferencias personales. Las garantías de estos derechos, si son inexistentes o inefectivas en los ordenamientos estatales, serán aseguradas por las Instituciones Globales de Garantía previstas en el Título III de la Segunda Parte de esta Constitución.

Artículo 5. Ciudadanía de la Tierra

  • Todos los seres humanos son ciudadanos de la Tierra. Desde el acto de su nacimiento todos están dotados de personalidad y de capacidad jurídica. Ninguno puede ser privado de la capacidad jurídica o del nombre.
  • Todos los seres humanos adquieren la capacidad de actuar con la mayoría de edad, establecida al cumplimiento de su décimo-octavo año.

Artículo 6. Principio de Fraternidad

  • La fraternidad es la forma primaria de las relaciones entre todas las personas que forman parte del Pueblo de la Tierra.
  • Todos los seres humanos y todas las instituciones públicas están sometidos a los deberes de solidaridad económica, social y política.

Título Segundo. Derechos Fundamentales

Artículo 7. Universalidad, indivisibilidad e indisponibilidad de los derechos fundamentales.

  • Los Derechos Fundamentales a la vida, a la integridad física y psíquica, a las libertades, a la subsistencia, a la seguridad y al libre desarrollo de la persona son derechos universales indivisibles e indisponibles.
  • Tales derechos están en el interés de cada uno de sus titulares y en el interés público de la Humanidad entera. No son susceptibles de negociación ni de renuncia por parte de sus titulares.

Artículo 8. Los Derechos Fundamentales y sus Garantías.

  • Los Derechos Fundamentales imponen a las Instituciones globales del Gobierno el deber de crear las instituciones globales de garantía encargadas de las funciones consistentes en su tutela y en su actuación. Ellos comportan límites y ligámenes al ejercicio de todos los poderes, estableciendo lo que no debe ser decidido y lo que no debe ser no decidido.
  • Son derechos fundamentales los derechos de libertad, y los derechos sociales, políticos y civiles.

Sección Primera. Derechos de Libertad.

Artículo 9. Las garantías de los derechos de libertad.

  • Los derechos de inmunidad y de libertad comportan, cada uno de ellos, la prohibición de violarlos y de impedir o limitar su ejercicio.

Artículo 10. Derecho a la vida y a la integridad personal.

  • Toda persona humana tiene el derecho inviolable a la vida.
  • Nadie puede ser sometido a tortura ni a castigos o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes.
  • Nadie puede ser mantenido en condiciones de esclavitud o servidumbre.
  • Nadie puede ser constreñido a cumplir un trabajo forzado u obligatorio.

Artículo 11. Libertad de pensamiento.

  • La libertad de pensamiento, conciencia o religión es inviolable. Nadie puede limitarla o coartarla.

Artículo 12. Libertad religiosa.

  • Todos tienen derecho de profesar libremente su propia fe religiosa, en el respeto de los derechos de libertad de los otros. Nadie puede ser constreñido a practicar una religión contra su voluntad.
  • Todas las confesiones religiosas son libres de organizar y practicar sus cultos y de difundir sus concepciones, respetando las otras concepciones religiosas y los derechos de libertad de todos.
  • Las instituciones públicas y las instituciones religiosas son autónomas y entre ellas independientes.

Artículo 13. Libertad de manifestación del pensamiento.

  • Todos tienen derecho a la libre manifestación del pensamiento. La libertad de manifestación del pensamiento tiene como límite la prohibición de injuriar, de difamar y de lesionar la confidencialidad de los demás.
  • La libertad de los medios de información está garantizada por el derecho de los periodistas de concurrir a decidir sus orientaciones y, además, por financiamientos públicos condicionados a la ausencia de censuras y controles patronales, e inversamente proporcionales a los ingresos publicitarios.
  • Todos tienen derecho de comunicar, de buscar, de recibir, y de obtener información sin considerar fronteras, y de acceder a las redes de internet y a las tecnologías informáticas en condiciones de igualdad.
  • Todos tienen derecho de obtener información relacionada con los contenidos y las motivaciones de los actos de las instituciones públicas que incidan en los derechos fundamentales.

Artículo 14. Libertad de circulación sobre la Tierra.

  • Todos tienen derecho de circular libremente y de escoger libremente su propia residencia en cualquier punto de la Tierra, sin perjuicio de las limitaciones establecidas por motivos de salud.
  • Todo individuo tiene derecho a inmigrar de cualquier país, incluido el propio, y de regresar al mismo.
  • Este derecho está garantizado por la prohibición de toda violencia y constricción dirigidas a impedir su ejercicio, y por el deber de la Federación de la Tierra de permitir y disciplinar la consiguiente inmigración.
  • La persona a la que le sea negada en su país el goce efectivo de los derechos fundamentales garantizados por esta Constitución, tiene derecho de asilo en los territorios de los Estados que se hayan adherido a la misma.

Artículo 15. Libertad de reunión

  • Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas; sin necesidad de autorización, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por las autoridades públicas por motivos de salud o incolumidad pública.

Artículo 16. Libertad de asociación.

  • Todos tienen derecho de asociarse libremente, salvo que lo hagan con fines delictivos o militares.

Artículo 17. Libertad del arte, de la ciencia y de la enseñanza.

  • El arte y la ciencia son libres y su enseñanza es libre. Todos tienen derecho de acceder a la ciencia y al conocimiento.

Artículo 18. Libertad personal.

  • La libertad personal no puede ser limitada sino por resolución motivada de la autoridad judicial, y sólo en los casos y modos previstos en la ley.
  • En casos excepcionales de necesidad y de urgencia taxativamente previstos por las leyes, cuyo efectos cesarán si dentro del día siguiente no son convalidadas por la autoridad judicial, se permite limitaciones de la libertad personal por parte de las autoridades de policía.
  • Nadie puede ser privado de la libertad personal por el solo hecho de no ser capaz de cumplir con una obligación contractual.
  • Quien sea privado de la libertad personal debe ser tratado con humanidad y con el respeto debido a su dignidad como persona. Se castiga toda violencia física o moral sobre las personas que, por cualquier motivo, estén sometidas a restricciones de su libertad personal.

Artículo 19. Derecho a la privacidad.

  • Todo individuo tiene derecho al respeto y a la no violación de su vida privada, de su domicilio, del secreto de su correspondencia y de cualquier otra forma de comunicación.
  • Nadie puede ser obligado a revelar sus propias opiniones políticas, religiosas o de otro género, ni a soportar, contra su voluntad, indagaciones acerca de dichas opiniones.

Sólo se permitirá inspecciones, perquisiciones, limitaciones, secuestros u otras interferencias en la vida privada de las personas en los casos y los modos previstos en la ley, y con las mismas garantías prescritas para la tutela de la libertad personal.

Artículo 20. Principio de legalidad penal.

– Nadie puede ser castigado por una acción o una omisión que no hayan sido previstas por la ley como delitos. Tampoco puede serlo con penas más severas de las vigentes en el momento de la comisión del delito.

La ley sólo puede castigar como delitos, comportamientos taxativamente determinados, lesivos de bienes o de derechos ajenos, o de intereses constitucionalmente relevantes, e imputables a la responsabilidad personal de sus autores.

Todas las normas en materia de delitos, penas o procesos penales deben estar contenidas en los códigos penales y en los códigos procesales penales.

Ningún ser humano puede ser tratado o castigado como enemigo a causa de su identidad política, religiosa, étnica o nacional.

Artículo 21. Principios de debido proceso.

  • Cualquiera que sea acusado por un delito se presume inocente hasta que su culpabilidad no haya sido declarada en vía definitiva en una sentencia motivada de condena, emitida en tiempo razonable y sobre la base de pruebas adquiridas en el un debate público en el cual el acusado haya gozado del derecho de contradecir acusaciones claramente determinadas y justificadas, y de defenderse personalmente o con la asistencia de un defensor escogido por él, o de un defensor público.
  • Cualquiera que haya sido declarado por un Tribunal culpable de un delito, tiene derecho a un ulterior examen de su responsabilidad por parte de una jurisdicción superior.
  • Cualquiera que haya sufrido una pena con violación de las disposiciones contenidas en esta Sección, tiene derecho a una reparación.

Artículo 22. Humanidad de las penas.

  • Las penas no deben consistir en tratamientos contrarios al sentido de humanidad.
  • No son admitidas la pena de muerte, la cadena perpetua, las penas corporales ni la pena de reclusión con una duración mayor de veinte años.

Artículo 23. Libertad natural.

  • Los comportamientos no prohibidos formalmente por normas legítimas, no pueden ser impedidos por nadie.
  • Nadie puede ser constreñido a hacer lo que no está prescrito como obligatorio por normas legales.

Sección 2. Derechos Sociales.

Artículo 24. Las garantías de los derechos sociales.

  • Los derechos sociales conllevan, a cargo de las instituciones públicas de garantía, nacionales o globales, el deber de suministrar gratuitamente a todos los seres humanos, las prestaciones que forman su objeto.

Artículo 25. Derecho a la salud.

  • Todos tienen derecho a la salud.
  • El derecho a la salud comporta el deber, a cargo de las instituciones sanitarias de garantía, nacionales o globales, de prevenir las enfermedades y de suplir a todos los seres humanos los tratamientos y las medicinas necesarias. Nadie puede ser obligado a sufrir tratamientos sanitarios contra su voluntad, si no es por disposiciones de ley emitidas únicamente en garantía de la incolumidad y la salud públicas.

Artículo 26. Derecho a la instrucción.

  • Todos tienen derecho a la instrucción impartida gratuitamente por la escuela pública por lo menos durante 10 años y a no pagar tasas escolares o universitarias en las sucesivas etapas de estudio.
  • La instrucción tiene por fin el pleno desarrollo de la personalidad y el fomento del respeto a los principios de la paz, de la dignidad y de la igualdad de las personas, a los derechos fundamentales de éstas y a los bienes comunes.
  • Los capaces y merecedores tienen derecho a ser provistos de los medios necesarios para alcanzar los grados más altos de los estudios.

Artículo 27. Derecho a la alimentación básica.

  • Todos tienen derecho a una alimentación básica suficiente para asegurar un sano desarrollo físico y psíquico de la persona.

Artículo 28. Derecho a un ingreso mínimo de base.

  • Todos tienen derecho a un ingreso mínimo suficiente para garantizar a cada uno una supervivencia digna.
  • En caso de accidente, enfermedad, invalidez, o vejez, todos tienen derecho a los medios de vida idóneos que les garanticen una existencia libre y digna.

Artículo 29. Derechos de habitación.

  • Todos tienen derecho al uso de una habitación decorosa y segura.

Sección tercera. Derechos políticos.

Artículo 30. Igualdad de los pueblos en dignidad y en derechos.

  • Todos los pueblos son iguales en dignidad y en derechos.
  • Todo pueblo tiene derecho al respeto de su propia identidad nacional y cultural, al uso de su propia lengua, a la conservación y protección de su ambiente natural, de sus tradiciones históricas y de sus propias riquezas artísticas.
  • Quienes pertenecen a minorías lingüísticas, culturales, religiosas, nacionales o políticas, tienen derecho a la tutela y a la afirmación de las identidades determinadas por dichas pertenencias, al uso de su lengua y al respeto de su cultura y tradiciones. En ningún caso un pueblo puede ser privado de los recursos naturales de su territorio ni ser privado de sus medios de subsistencia.

Artículo 31. Derecho a la paz.

  • El derecho a la paz es un derecho fundamental del Pueblo de la Tierra, de todos los pueblos del Mundo y de todos los seres humanos.
  • Su garantía es un deber absoluto de todas las instituciones públicas, sean estatales o globales.

Artículo 32. Soberanía popular.

  • La soberanía pertenece a los pueblos y a nadie más. Ningún poder constituido puede usurparla.
  • Ella consiste en la suma de aquellos fragmentos de soberanía que son los poderes y contrapoderes en los cuales consisten los derechos fundamentales cuya titularidad pertenece a todos y a cada uno de los seres humanos.

Artículo 33. Derecho de los pueblos a la autodeterminación.

  • Todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación, tanto interna como externa, de modo que pueda decidir libremente su desarrollo civil, político, económico y cultural.
  • La autodeterminación interna consiste en la democracia, gracias a la cual todos están garantizados en sus derechos y pueden concurrir a orientar las políticas en sus países, mediante elecciones libres, voto secreto y con intervalos razonables e idóneos para garantizar la máxima representatividad de los órganos de gobierno.
  • La autodeterminación externa consiste en la inmunidad de los pueblos respecto de cualquier forma directa o indirecta de dominación y de todo tipo de violación a los Derechos Fundamentales que sea determinada por su identidad étnica, nacional, religiosa, lingüística o política.

Artículo 34. Participación politica y derecho de voto

  • Todos tienen derecho de participar en la vida pública y de concurrir a determinar las decisiones públicas.
  • todos los seres humanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, son electores y tienen derecho de voto en los territorios en los cuales residen.
  • El voto es personal, igual, libre y secreto.

Artículo 35. Partidos políticos.

  • Todos tienen derecho de asociarse en partidos políticos, en asociaciones libres o en movimientos sociales incluso de carácter global, para concurrir colectivamente a determinar las políticas locales, nacionales o globales.
  • Los partidos son formaciones sociales, titulares de funciones autónomas de decisión política frente a las instituciones representativas del gobierno. Su organización es libre en cuanto a los programas y está regulada en cuanto al método democrático y al deber de respetar los derechos y los bienes fundamentales.
  • Los presupuestos de los partidos, formados con las contribuciones de los inscritos y simpatizantes y por los financiamientos públicos, deben ser transparentes. Los partidos no pueden recibir contribuciones privadas ocultas, o capaces, por su enormidad, de condicionar sus decisiones políticas.

Artículo 36. Derecho de acceso a las funciones públicas.

  • Todas las personas dotadas de capacidad de actuar tienen derecho de acceder a las funciones públicas y a los cargos electivos, en condiciones de igualdad.

Sección cuarta. Derechos civiles.

Artículo 37. Los derechos civiles y su ejercicio sometido a la ley.

  • Los derechos civiles de autonomía negocial y empresarial son poderes que corresponden a todos los sujetos que hayan alcanzado la mayoría de edad.
  • Su ejercicio está sometido a la ley, la cual determina sus límites consistentes en la prohibición de provocar daños a los derechos fundamentales y a los bienes vitales.

Artículo 38. La propiedad privada y los otros derechos patrimoniales.

  • La propiedad privada y los otros derechos patrimoniales son reconocidos y garantizados en cuanto a los modos de adquisición y de goce, y en cuanto a los límites impuestos a ellos, en tutela de los derechos ajenos y de los intereses públicos, por su naturaleza de poderes.
  • La propiedad privada, incluso la propiedad intelectual de las marcas, puede ser expropiada por las instituciones estatales o globales de garantía por motivos de interés general, previa equitativa indemnización.

Artículo 39. La iniciativa económica privada y sus límites.

–           Los derechos civiles de autonomía negocial y de iniciativa económica privada no pueden ser ejercitados de manera que hagan daño a la seguridad, a la salud, a la libertad o a la dignidad de las personas.

  • Las empresas tienen su sede legal en los lugares en donde mayormente se desarrolla su actividad.
  • Las funciones públicas y los derechos civiles de autonomía empresarial y de propiedad privada son incompatibles entre ellas si ejercidas por los mismos sujetos, cuando el ejercicio de las primeras pueda quedar subordinado a los intereses que inspiran el ejercicio de los segundos.
  • El crecimiento económico no puede ser ilimitado. Está condicionado por su sostenibilidad ecológica y por el carácter limitado de los recursos y de las defensas naturales.

Artículo 40. Derechos y deberes en la familia.

  • Hombres y mujeres con la edad adecuada y mediante su libre consentimiento tienen derecho de fijar entre ellos diversas formas de comunidad de vida, sin limitaciones derivadas de sus identidades, y de constituirse como familias.
  • Son prohibidos y jurídicamente nulos los matrimonios con menores de edad infantil.
  • La maternidad es el fruto de una libre y responsable autodeterminación.
  • Los cónyuges tienen iguales derechos y deberes en las relaciones entre ellos y con sus hijos. Tienen el deber de mantener, cuidar y educar a sus hijos menores en el respeto de sus derechos y de su dignidad como personas.
  • Los niños tienen derecho a ser tratados como personas y a participar, según su grado de madurez, en las decisiones que les competen.
  • Los miembros de la familia están obligados al deber de auxiliarse recíprocamente.

Artículo 41. La dignidad del trabajo.

  • El trabajo no es una mercancía, sino un valor. Es un factor de la dignidad de las personas y de su papel en la sociedad y debe ser tutelado en todas sus formas.
  • Todos, en condiciones de iguales oportunidades, tienen derecho a escoger libremente su trabajo.
  • Es tarea de las instituciones públicas nacionales y globales promover la ocupación plena.

Artículo 42. Los derechos de los trabajadores.

  • Todo trabajador tiene derecho a ambientes y condiciones en el trabajo sanas, higiénicas, seguras y dignas, adecuadas para prevenir infortunios, enfermedades graves y lesiones en su salud y en su incolumidad física. Están prohibidos los trabajos que ponen en grave peligro la vida y la salud de los trabajadores.
  • En igualdad de labores, los trabajadores tienen derecho a iguales condiciones y retribuciones, sin discriminaciones determinadas por razones de sexo, nacionalidad, religión, ideales políticos o de actividades sindicales.
  • Todos los trabajos tienen derecho al descanso semanal, a una duración de la jornada laboral no superior a ocho horas, a descansos anuales retribuidos y a una equitativa retribución, establecida por la ley en medida suficiente para garantizar una existencia digna y de todos modos no inferior a la establecida por contratos y acuerdos colectivos.
  • Todo trabajador tiene derecho al mejoramiento de sus capacidades laborales mediante su participación en cursos de aprendizaje o de formación profesional.
  • Ningún trabajador dependiente puede ser despedido sin que exista una justa causa preestablecida por la ley, adecuadamente motivada y comprobada.
  • A los contratos de trabajo subordinado se les puede poner un término de duración solamente si se trata de trabajos estacionales, o cuando se trate de exigencias objetivas excepcionales y documentadas; o de significativos incrementos temporales de la actividad ordinaria de la empresa.
  • Todos los trabajadores tienen derecho a una pensión en grado de asegurar sus medios adecuados a sus exigencias de vida.
  • Está prohibido el uso de implantes audiovisuales y de otros aparatos para fines de control a distancia de las actividades de los trabajadores.

Artículos 43. Los derechos de las trabajadoras.

  • Las mujeres trabajadoras tienen los mismos derechos que corresponden a los varones. El progreso profesional y en las carreras no puede estar determinado por el sexo de los trabajadores.
  • Todas las trabajadoras tienen derecho, antes y después del parto, a periodos de reposo adecuados, en la forma de permisos de maternidad pagados. Son ilegítimos los despidos y las discriminaciones en el trabajo, determinadas por la maternidad.

Artículo 44. Participación de los trabajadores en las decisiones que inciden sobre su vida.

  • Los trabajadores tienen el derecho a ser informados y consultados, a través de las organizaciones sindicales a las cuales pertenecen, sobre todas las actividades patronales que pueda tener efectos sobre su relación de trabajo.
  • En las empresas gestionadas por órganos societarios, los trabajadores tienen derecho a ser representados en ellos, para participar de manera determinante en todas las decisiones que incidan sobre sus vidas y su futuro; incluidas las relativas a la venta o el traslado de las actividades productivas a otros lugares.

Artículo 45. Derecho de huelga.

  • Todos los trabajadores tienen derecho de huelga, cuyo ejercicio puede ser limitado por la ley sólo en garantía de derechos fundamentales de otras personas, o de servicios esenciales para la vida colectiva.

Artículo 46. Libertades sindicales.

  • Todos los trabajadores tienen derecho de fundar o adherirse a asociaciones sindicales aún de carácter global, y desarrollar actividades sindicales en el interior de sus lugares de trabajo; incluso mediante la creación de representaciones sindicales de empresa y el ejercicio del derecho de asamblea.
  • Los sindicatos se dan su propio ordenamiento interno de carácter democrático.
  • Tienen derecho de estipular con los representantes de los empresarios, contratos colectivos aún de carácter global, dotados de eficacia obligatoria para todas las relaciones de trabajo que tienen que ver con las categorías de trabajadores representados por ellos.
  • Las organizaciones sindicales locales o nacionales pueden dar vida o adherirse a organizaciones sindicales supranacionales, tanto de carácter general como de categoría, dirigidas a obtener, dentro de lo posible, iguales garantías de los derechos para todos los trabajadores.

Artículo 47. Derecho de actuar en juicio en defensa de los propios derechos.

  • Todos tienen derecho de actuar en juicio para obtener el reconocimiento y la tutela de sus derechos,
  • en un proceso equitativo y público dentro un tiempo razonable, ante Tribunales imparciales, independientes y preconstituidos por ley.
  • Todos tienen derecho de promover opciones colectivas en defensa de derechos e intereses comunes.
  • En caso de justicia denegada en los territorios en los cuales se verificaron las violaciones de los derechos establecidos en esta Constitución, se admite recurso ante las jurisdicciones globales previstas en la Sección Segunda del Título Tercero.

Título tercero. Bienes fundamentales.

Artículo 48. Sustracción al Mercado de los bienes vitales.

  • Los bienes fundamentales son bienes vitales sustraídos al comercio.
  • Son bienes vitales los bienes personalísimos, los bienes comunes y los bienes sociales.
  • Son bienes personalísimos las partes vitales del cuerpo humano, cuya disposición, en cualquier forma, está prohibida; y los datos relativos a la identidad personal, cuyo uso no consentido por la persona titular, está prohibido.
  • Son bienes comunes los bienes vitales naturales: el aire, el agua potable y sus fuentes, los ríos, los mares, los grandes bosques, los grandes glaciares, la biodiversidad, los fondos marinos, el subsuelo marino y sus recursos, la Antártida, los espacios aéreos, las ondas electromagnéticas, los espacios extra atmosféricos, la luna y los otros cuerpos celestes.
  • Son bienes sociales los bienes vitales artificiales: las medicinas salvavidas, las vacunas, el alimento necesario a la alimentación básica, la habitación, la red de internet, los sitios juzgados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su excepcional importancia, y todos los otros bienes artificiales sean materiales o inmateriales, cuyo acceso es esencial para el desarrollo físico y psíquico de las personas.

Artículo 49. Bienes personalísimos

  • Los bienes personalísimos pertenecen a cada uno con exclusión de cualquier otro. Está prohibido cualquier acto que ocasione una disminución permanente de los bienes personalísimos consistentes en partes del cuerpo humano.
  • Más allá del tiempo necesario para los fines por los que fueron comunicados, se prohíbe la acumulación de los datos personales relacionados con la identidad de una persona física. Es decir: su situación económica, su salud, sus opiniones políticas o religiosas, su jubilación, sus desplazamientos, sus intereses y sus preferencias.
  • Se prohíbe la adquisición, sin el permiso de sus titulares, de los datos personales relacionados con las convicciones políticas, religiosas, filosóficas, la inscripción a partidos u otras adhesiones, las condiciones de salud, o la orientación y la vida sexuales.
  • Se prohibe el comercio de archivos o bancos de datos personales.
  • Todos tienen derecho de acceder a los datos informáticos que les corresponden, de exigir su rectificación y su actualización, de conocer las finalidades a las que están destinados y, cuando éstas no sean justificadas, de obtener su cancelación.
  • Nadie puede ser sometido a decisiones automatizadas, basadas únicamente en algoritmos, cuando esas decisiones se refieran a su persona o de algún modo incidan en su vida.

Artículo 50. Bienes comunes

  • Los bienes comunes, cuyo acceso debe ser garantizado a todos, son patrimonio común de la Humanidad y de todos los otros seres vivientes.
  • Ellos son parte del demanio planetario. Por ello están sustraídos a la apropiación privada y a cualquier actividad que pueda dañarlos de manera irreversible.
  • Están prohibidas la agricultura y la crianza intensiva cuando puedan dañar gravemente los bienes comunes y el ambiente natural.
  • Todos tienen derecho de vivir en un ambiente salubre y de influir en la adopción de decisiones concernientes a los bienes comunes y al ambiente en el que viven.
  1. Bienes sociales
  • Los bienes sociales son bienes cuya disponibilidad y accesibilidad deben ser garantizadas gratuitamente a todos.
  • Las vacunas y las medicinas esenciales (salva-vidas) no son patentables.
  • Las instituciones de gobierno, sean nacionales o globales, si hay una emergencia nacional u otra circunstancia de urgencia, pueden utilizar el objeto de una patente relacionado con un bien social, previa compensación equitativa, en el caso de haber pedido y no obtenido el consentimiento del titular.
  • La producción de los bienes sociales y la investigación científica necesaria para producirlos deben financiarse adecuadamente por las instituciones nacionales y globales de garantía primaria.

Título cuarto. Bienes ilícitos

Artículo 52. Prohibición de producción, comercio y posesión de los bienes destructivos

  • Los bienes ilícitos son bienes destructivos cuya producción, comercio y posesión quedan prohibidos.
  • Son bienes ilícitos las armas nucleares, las armas de destrucción o de muerte, las drogas pesadas, las escorias radiactivas, y todos los residuos tóxicos o peligrosos.

Artículo 53. Prohibición de las armas y monopolio público de la fuerza.

  • Quedan prohibidas la producción, la experimentación, el comercio, la posesión y la difusión de armas nucleares y de armas similares a éstas por su naturaleza y sus efectos.
  • Se reservan al monopolio público en cabeza de las fuerzas policiales estatales, nacionales y globales, la producción y la posesión de las armas, limitadas a las necesarias para el ejercicio de las funciones de seguridad pública.

Artículo 54. Límites impuestos a la producción de energías no renovables

  • La producción y el uso de la energía nuclear y de energías no renovables quedan sometidos a los límites impuestos por la tutela del ambiente y de la salud de las personas.

Artículo 55. Residuos radioactivos y tóxicos

  • Está prohibida la producción, a consecuencia de actividades industriales, agrícolas o domésticas, de residuos radiactivos o tóxicos que puedan provocar muerte o daños graves a los seres humanos.

Artículo 56. Prohibición de actividades que provoquen daños irreversibles a la Tierra.

  • Quedan prohibidas las actividades que puedan ocasionar daños irreversibles a la Naturaleza; o alterar

procesos ecológicos esenciales, o destruir o reducir la multiforme diversidad de las formas de vida.

Artículo 57. Drogas pesadas

  • Sólo la industria farmacéutica pública está autorizada para producir drogas pesadas.
  • Su venta está reservada a las farmacias por prescripción médica.
  • Las instituciones de gobierno adoptan medidas dirigidas a reducir los daños provocados a las personas por la dependencia y el abuso de drogas pesadas.

Artículo 58. Derechos de los consumidores

Todos los seres humanos tienen derecho, como consumidores, a la oferta en el mercado de bienes en ningún sentido dañinos para su salud y para su incolumidad.

Se prohibe toda aplicación de la inteligencia artificial o de la robótica capaz de violar la dignidad o la libertad de las personas.

PARTE SEGUNDA

LAS INSTITUCIONES. LOS INSTRUMENTOS

Título Primero. La Federación de la Tierra

Artículo 59. La adhesión de los Estados a la Federación de la Tierra

  • La Federación de la Tierra está abierta a la adhesión de todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y de los otros Estados existentes.

Artículo 60. Dignidad y deberes de los Estados

  • Todos los Estados son iguales en dignidad.
  • Los Estados tienen el deber de mantener relaciones de paz, de amistad, de solidariedad, de cooperación y de garantizar en sus territorios, los derechos fundamentales de todos, la tutela de los bienes fundamentales y la accesibilidad a ellos de todos los seres humanos.

Artículo 61. Las controversias entre Estados

  • Las controversias entre Estados son resueltas mediante negociación, o a través de procedimientos de conciliación, o mediante su sometimiento a árbitros, o al juicio de la Corte Internacional de Justicia o a cualquier otro procedimiento idóneo para su solución pacífica.

Artículo 62. Las competencias de las instituciones globales

  • Pertenecen a la competencia de las instituciones globales la garantía de la Paz, la tutela del Ambiente

Natural y de los Bienes comunes, la garantía de los derechos fundamentales no gaantizados en los territorios en donde viven sus titulares, la prohibición de los bienes ilícitos, la reducci´n de los desequilibrios económicos y la promoción y desarrollo de los países pobres.

Artículo 63. Instituciones de Gobierno, Instituciones de Garantía, Instituciones de carácter Económico

  • Son instituciones y funciones globales de la Federacion de la Tierra: a) las Instituciones y las

Funciones globales de Gobierno; b) las Instituciones y las Funciones globales de Garantía; c) Las Instituciones y las Funciones globales de Carácter Económico y Financiero.

Las funciones de Gobierno están legimidadas por su representatividad política. Son tanto más legítimas cuanto más sus titulares son efectivamente responsables frente a las personas que viven en los territorios gobernados por ellos.

Las funciones de Garantía están legitimadas por la igualdad de los derechos fundamentales garantizada por ellas. Son tanto más legítimas cuanto más efectivas son, a nivel global, las garantías aseguradas por ellas.

Las funciones globales de carácter Económico y Financiero están legitimadas por su capacidad de promover la estabilidad económica, la tutela del ambiente y la máxima igualdad en las condiciones de vida de los Pueblos de la Tierra.

Título Segundo. Instituciones y funciones globales de gobierno

Artículo 64. Las instituciones globales de gobierno

             –          Son Instituciones Globales de Gobierno de la Federación de la Tierra: a) la Asamblea General; b) el

Consejo de Seguridad; c) el Consejo Económico y Social; d) la Secretaría.

Artículo 65. La Asamblea General y su composición

La Asamblea General está formada por los representantes de todos los Estados de la Federación de la Tierra.

El número de representantes de cada Estado federado, designados en elecciones libres, es proporcional al número de sus habitantes, en la proporción de un representante cada 10 millones de personas o fracción.

Los Estados federados con una población supñerior a 50 millones de habitantes tienen, en la Asamblea General, cinco representantes, más uno por cada 50 millones de habitantes excedentes, o fracción.

Artículo 66. Las competencias de la Asamblea General

La Asamblea General discute y aprueba las resoluciones relacionadas con todos los fines de la Federación de la Tierra indicadas en el artículo 2.

Además de las competencias indicadas en el Capítulo IV de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General tiene la tarea de producir las normas de actuación de esta Constitución, y de dar vida a todas las instituciones globales de garantía mencionadas por ella.

La Asamblea General apruega cada año el Presupuesto de la Federación de la Tierra propuesto por el Consejo Económico y Social.

Artículo 67. El Consejo de Seguridad y su composición

El Consejo de Seguridad está compuesto por los representantes de los 15 Estados federados que cada cinco años son designados por la Asamblea General.

Los representantes de los Estados en el Consejo de Seguridad son nombrados por los gobiernos nacionales.

La designación del Estado que nombrará su representante en el Consejo de Seguridad, excluye la posibilidad de volver a hacerlo en los siguientes 20 años desde la terminación de su mandato.

El Consejo de Seguridad decide por mayoría de sus miembros. Queda excluído todo poder de veto.

Artículo 68. Las competencias del Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad, además de las competencias indicadas en los Capítulos V-VIII de la Carta de las Naciones Unidas,

a) propone a la Asamblea General las normas de actuación de la presente Constitución y, en particular, el reforzamientop o la creación de las Instituciones Globales de Garantía previstas en ella;

b) garantiza las relaciones pacíficas entre los Estados y la seguridad pública internacional, gracias a poseer el monopolio de la fuerza a través de su Comité de Estado Mayor y de Seguridad Global, además de las Instituciones Nacionales de Policía.

Artículo 69. El Consejo Económico y Social. Composición y competencias.

El Consejo Económico y Social se compone de 54 miembros electos por la Asamblea General entre estudiosos de Economía y de Ciencias Jurídicas o Sociales de fama internacional o de alto prestigio moral.

Además de las competencias indicadas en el Capítulo X de la Carta de las Naciones Unidas, y en la Parte IV del Pacto Internacional del 16 de diciembre de 1966 sobre los derechos economicos, sociales y culturales, el Consejo Económico y Social.

Artículo 70. La Secretaría General

La Secretaría General es coordinada por un Secretario General e incluye a todos los funcionarios administrativos de la Federación de la Tierra. El Secretario General es nombrado por la Asamblea General, a propuesta del Consejo de Seguridad.

Además de las competencias indicadas en el Capítulo XV de la Carta de las Naciones Unidas, el Secretario General es competente en relación con todas las funciones administrativas y ejecutivas requeridas para los fines de la Federación de la Tierra.

TÍTULO TERCERO. INSTITUCIONES Y FUNCIONES GLOBALES DE GARANTÍA

Artículo 71. Instituciones Globales de Garantía Primaria y Secundaria

Son Institciones de Garantía de la Federación de la Tierra, instituidas con el fin de asegurar el respeto y la actuación de los principios establecidos en esta Constitución: a) Las Instituciones Globales de Garantía Primaria; b) Las Instituciones Globales de Garantía Secundaria.

Artículo 72. La independencia de las Instituciones de Garantía

Las Instituciones y las Funciones Globales de Garantía están separadas y son independientes de las Instituciones y de las Funciones Globales de Gobierno. A fin de garantizar dicha separación, las Instituciones Globales de Garantía gozan del autogobierno y de la autoomía financiera aseguradas para ellas por las cuotas del Presupuesto Planetario que les asigna el artículo 92.

Artículo 73. Principio de Subsidiaridad

La competencia de las Instituciones Globales de Garantía se rige por el principio de subsidiaridad, en cuya virtud ella opera si faltan o son privadas de medios económicos suficientes las correspondientes Instituciones de Garantía de nivel estatal o local, o si a causa de su comprobada inadecuación, lo requieren las Instituciones Estatales o Locales de Gobierno o de Garantía.

SECCIÓN PRIMERA. INSTITUCIONES Y FUNCIONES GLOBALES DE GARANTÍA PRIMARIA

Artículo 74. Las Instituciones Globales de Garantía Primaria

Son Instituciones Globales de Garantía Primaria: a) El Consejo Internacional para los Derechos Humanos; b) El Comité de Estado Mayor y de Seguridad Global; c) La Organización Mundial de la Salud (Oms); d) La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao); e) La Organización de Naciones Unidas para la Educación (Unesco); f) La Agencia Garante del Ambiente; g) La Organización Internacional de las Prestaciones Sociales; h) La Organización Internacional del Trabajo (Oit); La Agencia Mundial del Agua; l) El Comité Mundial para las Comunicaciones Digitales.

Artículo 75. El Consejo Internacional para los Derechos Humanos

            El Consejo Internacional para los Derechos Humanos está compuesto por 27 miembros nombrados entre estudiosos de fama

internacional y de alto prestigio moral, por todas las otras Instituciones Globales de Garantía: cada una nombra 3 miembros.

Además de las competencias establecidas por su actual Estatuto, el Consejo Internacional para los Derechos Humanos:

a) Coordina las actividades de todas las Instituciones de Garantía, primaria o secundaria;

b) Nombra los supremos dirigentes de tales instituciones entre personas de alto prestigio moral y reconocida capacidad, de las listas de varios candidatos propuestos por las mismas instituciones;

c) Distribuya entre tales instituciones las cuotas del Presupuesto de la Federación de la Tierra reservadas a ellas en el artículo 92;

d) Indica a las Procuradurías de las Cortes Internacionales todas las violaciones de los derechos humanos de su competencia.

Artículo 76. El Comité de Estado Mayor y de Seguridad Global

Para garantizar la paz y la seguridad, el monopolio de las fuerzas armadas –limitado a las armas necesarias para las funciones de policía, corresponde al Comité de Estado Mayor y de Seguridad Global, y a las Instituciones Territoriales de Policía de cada uno de los Estados Federados.

Además de las competenias indicadas por el artículo 47 de la Carta de las Naciones Unidas, el Comité, con el auxilio de las Instituciones Territoriales de Policía, si es necesario, y bajo la dependencia del Consejo de Seguridad, desarrolla funciones de seguridad pública; y, bajo la dependencia de las Procuradurías Globales, funciones de policía judicial antelos crímenes sometidos a la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y a la de la Corte Internacional para los Crímenes de Sistema.

Artículo 77. Superación de los ejércitos nacionales

Los ejércitos nacionales quedan suprimidos. Cuando para las funciones de pñolicía previstas en el artículo 76 no sean suficientes las Policías Nacionales, las fuerzas armadas nacionales necesarias para ese fin quedan transformadas en artculaciones territoriales del Comité de Estado Mayor y de Seguridad Global.

El Comité de Estado Mayor y de Seguridad Global promueve y controla el desarme progresivo de todos los Estados de la Federación de la Tierra.

Artículo 78. La Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (Oms), además de las competencias establecidas en su Estatuto, tiene el deber de garantizar la salud de todos los seres humanos, mediante prestaciones sanitarias y farmacéuticas gratuitas. Para ese fin

a) Promueve la investigación médica y farmacéutica;

b) Previene las pandemias y coordina las medidas necesarias para limitar su contagio;

c) Provee a la creación de instituciones sanitarias locales y a la distribución de las medicinas salvavida y de las vacunas en todos los países de la Tierra que carezcan de ellas.

Artículo 79. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao), además de las competencias establecidas en su actual Estatuto, garantiza la satisfacción del derecho a la alimentación de todos los seres humanos y promueve, en todos los países, una agricultura racional, ecológica y biológica que no dañe el ambiente y asegure la capacidad de regeneraciónde los suelos. Para ese fin

a) Impone límies y deberes a los cultivos industriales y a los criaderos intensivos que dañan el ambiente;

b) Favorece las pequeñas empresas agrícolas;

c) Asegura la participación de los agricultores y de sus representantes sindicales en la definición de las políticas agrícolas;

d) Distribuye entre los países pobres los excedentes agrícolas y las cantidades de alimento necesarias para impedir el hambre y la desnutrición de sus poblaciones;

e) Promueve la investigación científica y la cooperación técnica entre los países productores, para el desarrolloo de una agricultura racional en todo el Mundo.

Artículo 80. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), además de sus competencias establecidas en su actual Estatuto, instituye escuelas públicas de todo orden y grado dondequiera que falten.

Artículo 81. La Agencia Garante del Ambiente

La Agencia garante del Ambiente promueve, en acuerdo con las otras instituciones internacionales existentes de garantía del amnbiente, y a través de sus articulaciones territoriales, la proteccióbn del ambiente natural y el mejoramiento de su calidad.

Protege los bienes comunes naturales, vigilando su conservación como patrimonio común de la Humanidad y garantizando su indisponibilidad respecto al mercado y a la política, mediante su calificación de bienes que forman parte del Demanio Planetario.

Garantiza que las actividades que tienen por objeto tales bienes se desarrollen en beneficio de la Humanidad entera, y que se asegure la repartición equitativa, sobre bases no discriminatorias, de las ventajas económicas derivadas de ellos.

Controla la observancia de las prohibiciones de emisiones de gas inveernadero, y de la prohibición de producir desechos radioactivos o que sean tóxicos o peligrosos.

Financia la investigación y la adopción, para las actividades industriales, agrícolas y comerciales, de tecnologías que produzcan energía sin emisión de gas invernadero, y de reducir y asimilar, sin efectos nocivos para el ambiente, de residuos tóxicos o de cualquier otro modo peligrosos.

Artículo 82. La Organización Internacional de las Prestaciones Sociales

La Organización Internacional de las Prestaciones Sociales organiza en los países pobres, en vía subsidiaria respecto a las Instituciones de Garantía de los Estados, las prestaciones sociales necesarias para la supervivencia de las personas.

Artículo 83. La Organización Internacional del Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo, además de sus competencias y objetivos establecidos en la Declaración de Filadelfia del 10 de mayo de 1944,

a) Vigila, a través de sus órganos territoriales, la observancia de los derechos de los trabjadores y de las libertades sindicales establecidos en esta Constitución;

b) Promueve la máxima igualdad de todos los trabajadores en la garantía de sus derechos fundamentales;

c) Denuncia en la Corte Penal Internacional todos los casos de reducción a esclavitud para los cuales no se haya procedido penalmente en el Estado en cuyo territorio se verificaron.

Artículo 84. La Agencia Mundial del Agua

La Agencia Mundial del Agua define y promueve las políticas mundiales idóneas a garantizar el agua potable y los recursos hídricos como bienes comunes;

Organiza la distribución gratuita a todos del agua potable, en la medida del límite mínimo necesario para garantizar

            Controla la observancia de la prohibición de las destrucciones y desperdicios del agua potable más allá del límite máximo;

Somete a tributación los consuumos de agua potables superiores al límite mínimo a que se refiere el segundo apartado; e inferiores al límite máximo a que se refiere el tercer apartado.

Artículo 85. El Comité Mundial para las Comunicaciones Digitales

El Comité Mundial para las Comunicaciones Digitales tiene la función de vigilar y controlar que dichas comunicaciones se produzcan dentro del respeto de todos los derchos fundamentales y de las normas establtcidas como garantía de la libertad de los medios de información.

Tiene el poder de disponer la eliminación de la red, de los mensajes y las imágenes que contengan amenazas, injurias, molestias o incitaciones al odio o a la violencia, o que, de cualquier otra manera, violen los derechos fundamentales de las personas.

SECCIÓN SEGUNDA. INSTITUCIONES Y FUNCIONES GLOBALES DE GARANTÍA SECUNDARIA

Artículo 86. Las Instituciones Globales de Garantía Secundaria

Son Instituciones Globales de Garantía Secundaria o Jurisdiccional: a) La Corte Internacional de Justicia; b) La Corte Constitucional Internacional; c) La Corte Penal Internacional; y d) La Corte Internacional para los Crímenes de Sistema.

Los jueces que integranlas Instituciones Globales de Garantía Secundaria son independientes y están sometidos solamente a esta Constitución. Son nombrados por el plazo de siete años y no son reelegibles.

Artículo 87. La Corte Internacional de Justicia

La jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre las controversias entre Estados concernientes a las materias establecidas en el artículo 36 de su Estatuto tiene carácter obligatorio. La Corte tiene también jurisdicción en las controversias entre las sociedades comerciales multinacionales y los Estados en cuyos territorios tengan su sede legal. A instancia de los sujetos perjudicados, declara las responsabilidades de los Estados por sus actos internacionalmente ilícitos o inválidos, y dispone las medidas pacíficas necesarias para obtener su cesación y su reparación.

Artículo 88. La Corte Constitucional Internacional

Se instituye una Corte Constitucional Internacional competente para pronunciarse, por recurso incidental planteado en el curso de otros procesos, sobre la ilegitimidad, por contraste con las normas de esta Constitución, de las normas producidas por las Instituciones Globales, los tratados internacionales o las leyes nacionales

Ante la Corte Constitucional Internacional se institiye una Procuraduría Constitucional Internacional cuya función es plantear de oficio las cuestiones de constitucionalidad a las que se refiere el primer apartado.

La Corte Constitucinal Internacional juzga de los conflictos de atribución entre las distintas Instituciones Globales.

Artículo 89. La Corte Penal Internacional

La jurisdicción de la Corte Penal Internacional incluye, además de los crímenes previstos en el artículo 5 de su actual Estatuto:

a) las lesiones graves de los derechos de libertad establecidos en esta Constitución;

b) la producción, el comercio, la posesión y la instalación de armas nucleares;

c) la producción y el comercio de armas convencionales no destinadas a las funciones de policía;

d) las violencias y las constricciones dirigidas a impedir el ejercicio del derecho de emigrar.

El Procurador adscrito a la Corte Penal Internacional está obligado a ejercitar la acción penal con respecto a los crímenes sometidos a la jurisdicción de la Corte.

Todo sujeto que se estime víctima de alguno de los crímenes de competencia de la Corte, puede recurrir a ella después de agotar los recursos internos del ordenamiento estatal correspondiente.

Con respecto a los Estados que no hayan adherido al Tratado constitutivo de esta Constitución, o al Tratado de 17 de julio de 1998, institutivo de la Corte Penal Internacional, se permite proceder mediante acciones y procesos declarativos, por los tipos de crímenes sometidos a la jurisdicción de dicha Corte.

Artículo 90. Corte Internacional para los Crímenes de Sistema

            Se instituye una Corte Internacional para los crímenes de sistema

            Son crímenes de sistema, no punibles por no reconducir a la acción y a la responsabilidad de personas determinadas, aquellas actividades que produzcan o amenacen producir graves dañols a pueblos enteros, o a toda la Humanidad: las devastaciones ambientales; la omisión de los Estados de desarmarse, la no satisfacción de los derechos sociales establecidos en esta Constitución, y la omisión de socorro de personas privadas de medios de subsistencia, o cuya vida peligra.

Se instituye una Procuraduría Mundial adscrita a la Corte Internación para los Crímenes de Sistema, competente para actuar contra dichos crímenes.

Las acciones y los procesos relativos a los Crímenes de Sistema tienen el carácter de acciones y procesos declarativos, dirigidos a comprobar sus causas sistémicas y las responsabilidades políticas consiguientes.

TÍTULO CUARTO. INSTITUCIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

Artículo 91. Las Instituciones Económicas y Financieras

Son Instituciones Económicas y Financieras de la Federación de la Tierra: a) el Banco Mundial; b) el Fondo Monetario Internacional; c) la Organización del Comercio Exterior.

Artículo 92. El Presupuesto Planetario: las cuotas del Presupuesto

Se instituye un Presupuesto Planetario formado por el producto de los ingresos fiscales planetarios y de las contribuciones de los Estados miembros de la Federación de la Tierra. El gasto público global debe favorecer el desarrollo económico de los países pobres y financiar todas las Instituciones Globales de Gobierno y de Garantía.

Para permitirles sostener o integrar los gastos sociales en los países pobres, se destinan a las Instituciones Globales de Garantía cuotas mínimas del Presupuesto Planetario Anual: el 10% a las funciones globales de policía; el 10% a las funciones globales de garantía de la salud; el 10% a las funciones globales de garantía de la alimentación básica y del desarrollo de una agricultura respetuosa de la Naturaleza; el 10% a las funciones globales en garantía de la instrucción; el 20% a la tutela del ambiente; y el 10% a las funcones globales de garantía secundaria o jurisdiccional.

Artículo 93. Un Registro Global de los grandes patrimonios

Para asegurar la transparencia de los grandes capitales, se instituye un Registro en el cual sean indicados todos los patrimonios superiores a la suma equivalente a los actuales 500 millones de dólares.

Artículo 94. Una fiscalidad global

Como condición esencial a la garantía de los derechos fundamentales y de los bienes vitales de todos, se instituye un Fisco Global formado: a) por un gravamen sobre el uso de los bienes comunes o sobre otras actividades de carácter global; y b) por una imposición fiscal, informada en criterios de fuerte progresividad, sobre los grandes patrimonios y sobre los réditos altísimos de las personas.

Artículo 95. Gravamen sobre el uso y el abuso de los bienes comunes.

Se instituye tasas globales: a) sobre las transacciones financieras (Tobin Tax); b) sobre el uso de recursos energéticos que emitan gas invernadero en la atmósfera (Carbon Tax); c) sobre las ganancias digitales delas multinacionales que operan fuera de los países en los que tienen su domicilio legal (Web Tax); d) sobre el uso y sobre el enriquecimiento indebido de parte de actividades industriales o comerciales, de bienes comunes de la Humanidad, como las órbitas satelitales, las líneas aéreas, las bandas del éter, los espacios extra-atmosféricos, los recursos de las áreas de altamar y los recursos minerales de los fondos oceánicos.

Artículo 96. Impuestos globales sobre los patrimonios

Se introduce un impuesto mundial anual de al menos el 5% sobre los patrimonios superiores a una suma equivalente a los actuales 500 millones de dólares, y de al menos el 10% sobre la parte de dichos patrimonios superior a una suma equivalente a los actuales 5 mil millones de dólares.

Se introduce un impuesto mundial sobre las sucesiones de al menos el 15% sobre los patrimonios superiores a una suma equivalente a los actuales 500 millones de dólares; y de al menos el 30% sobre la parte de dichos patrimonios superior a una suma equivalente a los actuales 5 mil millones de dólares.

Artículo 97. Un impuesto global progresivo sobre la renta

Se introduce un impuesto mundial anual de al menos el 5% sobrfe las rentas de las personas físicas suñperiores a una suma equivalente a los actuales 500.000 dólares al año; de al menos el 10% sobre la parte de las mismas rentas superior auna suma equivalente al actual millón de dólares al año; de al menos el 20% sobre la parte de dichas rentas superior a una suma equivalente a los actuales 2 millones de dólares; de al menos el 40% sobre la parte de las mismas rentas superior auna suma equivalente a los actuales 4 millones de dólares anuales; y del 80% sobre la parte de las mismas rentas superior a una suma equivalente a los actuales 8 millones de dólares al año.

Artículo 98. Las deudas públicas

A título de resarcimiento de los daños provocados hasta ahora a los bienes comunes de la Humanidad y a las generaciones futuras por el desarrollo industrial ecológicamente insostenible de los países ricos, la deuda pública de los países pobres en los cuales la renta media per cápita de la población sea inferior a una suma equivalente a los actuales 20.000 dólares al año, es asumida por la Federación de la Tierra.

La deuda pública de los restantes países es garantizada por el Banco Mundial, y los Estados deudores deberán pagar solamente sus intereses equitativamente preestablecidos en una medida igual y constante.

Artículo 99. El Presupuesto de la Federación de la Tierra

El Consejo Económico y Social formula cada año el Presupuesto de la Federación de la Tierra y lo somete a la aprobación de la Asamblea General. El Presupuesto de la Federación:

  1. a) asegura el equlibrio entre los ingresos y los gastos; b) establece la medida de las tasas y de los impuestos globales; c) asigna a las Instituciones Globales de Garantí, en las medidas establecidas por el artículo 92, las cuotas del Presupuesto Planetario destinadas a las garantías de los derechos y de los bienes fundamentales.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 100. El proceso constituyente

            Este Proyecto de Constitución, al término de su discusión y de las enmiendas aportadas al mismo por parte del mayor número de personas, será depositado en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas, sometido a la atención, al debate, a las modificaciones y a la aprobación de la Asamblea General, y abierto a la adhesión y a la ratificación de todos los Estados.

Nota de SURCOS:

Esta propuesta de Constitución de la Tierra es un aporte del profesor Luigi Ferrajoli, profesor emérito de la Universidad de Roma II.

Fue compartida con SURCOS por Walter Antillón con la siguiente explicación y llamamiento:

Queridos amigos, como dicen muchas personas, entre tantas desgracias que nos inflige, la Pandemia ha servido también para dejar en claro algunas cosas importantes:

  1. La palmaria verdad de un Mundo insolidario y autodestructivo regido por el afán insaciable de lucro de un grupo de poderosas transnacionales que han subordinado a los Estados-Nación al logro de sus designios, dando al traste con la Naturaleza y los más altos valores de la Cultura;
  2. La evidencia pública de la necesidad de reducir la enorme brecha económica existente entre ricos y pobres con medidas como sistemas tributarios fuertemente progresivos, vigorosas políticas de inversión y otras, para garantizar juntamente la reactivación y un acceso equitativo y seguro de todas las personas a los servicios de salud y, en general, a los servicios públicos esenciales;
  3. Una verdad inocultable acerca de la misantropía y la ceguera de los gobiernos neoliberales, grandes y pequeños, que venían desmantelando minuciosamente las estructuras de la salud pública, reduciendo la plantilla de los médicos y enfermeros, cerrando hospitales y clínicas, y han tascado amargamente su impotencia frente a la magnitud de una peste que ha puesto en evidencia la mezquindad de sus miras;
  4. Una verdad transparente acerca de la desembozada codicia de las transnacionales farmacéuticas, que frente a la tragedia y las penurias de la Humanidad causadas por la Pandemia, hacen prevalecer su avidez de ganancias a través de los precios de las vacunas y las maniobras oligopólicas;
  5. Una verdad inocultable acerca de la carencia vergonzosa de un robusto Centro coordinador de la salud mundial, que centralizara todos los recursos científicos, financieros y logísticos para brindar rápida, gratuita y equilibradamente al Planeta, lo que los países aislados, pequeños y grandes, han terminado haciendo tarde y mal, de manera inequitativa y con altísimos costos.

El Planeta necesita desesperadamente poner freno a esta marcha insensata hacia el Caos: es preciso gobernar el Mundo cuerda y bondadosamente, con equidad y humanidad. Y en ese sentido quiero hacer del conocimiento de todos Ustedes, la iniciativa tomada por un prestigioso jurista coetáneo, el profesor Luigi Ferrajoli, emérito de la Universidad de Roma III, que se titula UNA CONSTITUCIÓN DE LA TIERRA (en una modesta traducción realizada por mí, con la colaboración de la estudiante de Derecho Naomi Fernández Rodríguez, de la Sede de Occidente, UCR), el cual permite vislumbrar una luz de esperanza y el camino que conduce a ella.

Me dirijo a nuestra Facultad de Derecho, a nuestra Universidad de Costa Rica, a las Universidades Públicas, para que patrocinen la discusión de las cuestiones suscitadas en este importante documento, y su difusión entre los sectores más conscientes de la comunidad nacional; que se interpele a los flamantes candidatos a la Presidencia de la República y a la Asamblea Legislativa para que tomen una clara posición ante la gravedad de una situación que ya afecta gravemente a los países pobres como el nuestro; y que los arrastrará irremediablemente a la ruina, si no conseguimos hacer un esfuerzo planetario en pro de la vida, de la dignidad y de los derechos de todos.

Pandemia y reactivación de la economía: una ocasión para un proyecto país

  1. La pandemia y su doble crisis, sanitaria y económica.

La crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19 ha profundizado la crisis económica que venía desde antes, reflejada en el estancamiento del crecimiento económico del país en los últimos años. Por ejemplo, en el decenio transcurrido entre 2001 y 2010, la tasa de crecimiento real promedio de la economía de Costa Rica fue de 4,33%, mientras que en el decenio 2011-2020 la tasa de crecimiento real promedio fue de 2,70%. En el desempleo igualmente se venía de una situación compleja, que se agudizó en medio de la pandemia, pues desde la crisis económica del 2008-2009 el desempleo había llegado a los 2 dígitos y con la pandemia subió por encima del 20%, situación que, además, ha afectado en mayor proporción a las mujeres, a los jóvenes y a los habitantes de las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca.

Además de las pérdidas lamentables de seres queridos, que se cuentan por miles en el país y por millones en el mundo, la pandemia ha dejado muchas personas con consecuencias en su salud, que requerirán atención permanente y apoyo social para retomar sus vidas. No podemos dejarlos solos, el Estado debe procurar los medios para atender a estas personas que sufrirán consecuencias en sus vidas una vez que la pandemia haya terminado. Pero también debemos buscar la manera de fortalecer financieramente la atención médica del país, que ha sufrido presiones enormes en medio de la crisis, debido a la caída en los ingresos de la CCSS y a una mayor demanda de los servicios de salud, que han llegado casi al límite de su capacidad.

  1. Una crisis siempre nos afecta y de ella nunca salimos igual, salimos peores o mejores.

El papa Francisco nos lo ha recordado con frecuencia, planteándonos el reto histórico de salir mejores. La crisis que estamos viviendo nos enseñó que una situación de estas requiere de la acción de todos, que solo con la ayuda de todos podemos salir adelante, que el apoyo para las personas más afectadas es esencial y que las acciones colectivas son fundamentales para sobrellevar los efectos de la crisis. El amor al prójimo debe reflejarse en el respeto a las medidas sanitarias que protegen a los demás, así como la disposición a construir soluciones en conjunto.

  1. Es importante hacer énfasis en la búsqueda de una solución para las personas más afectadas por el impacto económico de la pandemia

Debemos plantearnos como objetivo fundamental poder otorgar un ingreso vital mínimo para las personas que viven en pobreza, para que puedan vivir con dignidad, así como garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, a la salud, a una educación de calidad, al acceso a agua potable y a un ambiente sano.

La sociedad post pandémica debe plantearse como objetivo fundamental una sociedad más equitativa, también debemos tomar medidas para distribuir la inequidad en la distribución del ingreso. Evitar el deterioro de los salarios reales, reducir la informalidad y la precariedad laboral e impulsar un sistema tributario más progresivo, deben ser objetivos de la sociedad como un todo.

  1. De la crisis sanitaria la impresión generalizada es que estamos saliendo o vamos a salir relativamente pronto.

Poco a poco se empieza a ver la luz al final del túnel, aunque todavía nos falta caminar un trecho importante y empiezan a surgir nuevos retos. El mundo observa con preocupación cómo la variante Delta se vuelve la variante dominante del virus en muchos países, siendo esta variante más contagiosa que las otras, incluso que la variante original que presuntamente salió de Wuhan, China. Costa Rica ya registra la presencia de la variante Delta en el país, así como de la variante Lambda, ambas variantes de preocupación, según la OMS. Se suma a lo anterior, que existen personas en el país que se resisten a vacunarse, lo que ha frenado el avance inmunitario y el logro efectivo de la inmunidad de rebaño. En el interín tenemos que atender el llamado a seguir colaborando entre todos, mantener la vigilancia, el uso adecuado de mascarillas, a evitar actividades públicas masivas en lugares cerrados.

Por otra parte, se ha producido el acaparamiento de vacunas por parte de los países más ricos, al punto que se está llegando a la posibilidad de que muchas vacunas en poder de países desarrollados lleguen a alcanzar su fecha de vencimiento sin haber sido utilizadas. La tan deseada inmunidad de rebaño es global, no local, estamos conectados y este egoísmo y falta de solidaridad, y hasta engaño, atrasó toda proyección de mejora conjunta en el manejo de la crisis; ahí ya, empezamos a fallar en grande. Se difundieron además y con amplitud algunas de las dificultades que han ralentizado el sistema COVAX, un esfuerzo multinacional de acopio y distribución de vacunas contra el COVID-19. Así las cosas, el egoísmo con el que se ha manejado el tema de la vacunación mundialmente, está atrasando la salida del problema y provocando más enfermedad, una extensión de la crisis y más sufrimiento.

  1. Por ello, a nivel de países desarrollados y en vías de desarrollo, en lo que ya desde hace un tiempo se viene pensando es en la reactivación de la economía.

No cabe duda de que la reactivación económica es una necesidad, que la pandemia se ha convertido en un problema, simultáneamente, local y global. Pero una reactivación de la economía en términos de una superación de la crisis provocada por la pandemia, como una vuelta al pasado, manteniendo el mismo sistema económico y las formas insostenibles de relacionamiento con el ambiente, con la avidez de recuperación que lo caracteriza y de la que tecnológicamente hoy día es tan capaz, sería radicalmente insuficiente. ¿Cómo sería una reactivación pensada en términos de abandonar el uso de energías fósiles y optar por energías y tecnologías amigables con la naturaleza, objetivos hacia los que como un máximo pareciera ya se están dando pasos?

Este cambio es importante como necesario, pero es insuficiente. Recordemos que el Papa Francisco ya estaba escribiendo su carta Fratelli Tutti cuando sobrevino la pandemia, denunciando la naturaleza tan poco humana y fraterna inherente al sistema económico, financiero y comercial actual, que incluso la escribió años después (3/10/2020) de la Laudato Si’ (4/05/2015) sobre la imperiosa necesidad del cuidado del planeta, nuestra casa común. En otras palabras, la necesidad de concebir y crear otra economía es anterior y superior a reactivarla e incluso a hacerla más amigable con la naturaleza. Hay que hacerla humana. Tiene que ser una economía en función del ser humano. El ser humano todo y todos los seres humanos tienen que ser el centro de la economía.

En Costa Rica no concretamos una estrategia de reactivación efectiva y, más bien, nos hemos sumido en un proceso de ajuste fiscal centrado en recortes de gasto, que provocarán más problemas para llevar la economía costarricense a una senda sostenible de recuperación económica y atrasarán la necesaria reducción del desempleo.

  1. Conocedores, expertos y decisores en el campo de las tecnologías, sobre todo de la tecnología informática, ya nos están presentando la digitalización como la base cultural de la nueva forma de vida y cómo la tecnología será capaz de activarla.

Tecnológicamente hablando puede ser cierto. Pero el problema que enfrentamos, anterior a la emergencia de la pandemia, es humano, cultural y social, no meramente tecnológico, que en absoluto se va a resolver con el desarrollo de nuevas tecnologías y la intensificación de la globalización, al contrario, se va a agravar, con sus efectos ya presentes de concentración de riqueza, desigualdad, discriminación y exclusión, empobrecimiento y migraciones. El ser humano y su entorno, deben ser el centro de las políticas públicas, que busquen el bienestar general como objetivo final. La salida de la pandemia debe centrarse en esa premisa básica, o seguiremos tropezándonos con “las mismas piedras” que antes de la crisis del COVID-19. No podemos volver a la “normalidad” pre pandémica.

  1. La digitalización va a generar la pérdida de empleos, cantidad de puestos están siendo sustituidos por tecnologías que hacen el trabajo de otros y otras

La superación de la pandemia y la necesidad de reactivar la economía, deben ser ocasión para concebir, formular, proyectar y poner las bases progresivas de un proyecto país profundamente fraterno y solidario. Desde ya cada proyecto y política pública nuevos deben pensarse en esta nueva dirección, como pasos hacia la misma y de la misma, una comunidad nacional y global profundamente humana, fraterna y solidaria donde todos podamos desarrollarnos lo más humanamente posible. En ningún proyecto de los que se discuten en la Asamblea hay un énfasis en el reentrenamiento del personal. A este aspecto hay que darle mucho énfasis dadas las proyecciones futuras de un mundo más digitalizado, virtualizado y automatizado.

  1. En este sentido hay que retomar la parábola del buen samaritano, donde están los criterios para organizar el mundo tomando como centro al ser humano.

La inclusión o exclusión de las personas que sufren define los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Cada día enfrentamos la opción de ser el Buen Samaritano y para reconstruir el mundo es necesario tener los criterios de la parábola del Buen Samaritano. Reconocer y superar la tentación que nos circunda, somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles.

Solo hay dos tipos de personas, los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo. El creer en Dios no garantiza el vivir como a Dios le agrada. Hay que ver al Señor en el hermano, esto es un reto. Vivimos en un mundo donde se menciona al Señor, pero no nos apropiamos de Él…creemos que debe ser Él el que haga, que a nosotros no nos toca hacerlo.

  1. En este nuevo marco deben inscribirse leyes como las de reformas y proyectos de ley, como el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, y por supuesto todos los proyectos y políticas tendientes a la reactivación económica.

Es importante el orden de una materia fundamental como el empleo público, pero esto no puede ser llevado adelante con criterios fiscalistas como norte, que no piensen en las condiciones de trabajo de miles de funcionarios públicos que aportan a la construcción del país. Es importante que se exija eficiencia en sus funciones y responsabilidad por sus actos, pero esto debe hacerse con políticas que promuevan mejores prácticas de trabajo y no castiguen la remuneración salarial en general, como parte de políticas de austeridad que han comprobado su falencia en otros países.

  1. Hay que hacer un diagnóstico del país que necesitamos.

Debemos plantear un modelo económico que nos permite alcanzar el máximo bienestar por medio del bien común y escoger proyectos y políticas que nos conduzcan al mismo. Se trata de un proyecto país, con la participación de toda la ciudadanía, resultado de un consenso nacional, que atraviesa organizaciones sociales, empresarios, partidos y gobiernos. La responsabilidad es de los políticos con la participación crítica de la ciudadanía.

“Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano.”

Encíclica Fratelli Tutti

José Amando Robles Robles, céd. 800520054
Carlos Pentzke Pierson, céd. 800750461
Natalia Jiménez Carvajal, céd. 106200962
Arturo Córdoba Sequeira, céd. 108060635
Axel Fernández Fajardo, céd. 800490514
Deyanira Sequeira Ortíz, céd. 102480675
Virginia Hernández Esquivel, céd. 400970377
Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Del grupo Maestro Eckhart.

Privatización de electricidad y Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Han pasado 135 años. Eran las seis y cuarto del 9 de agosto de 1884, cuando muchos habitantes de San José y de poblados aledaños, se concentraron en algunas calles de la metrópoli costarricense, para ser testigos de un acontecimiento histórico: La inauguración del alumbrado público.

La luz llegó e iluminó a algunas calzadas para regocijo de quienes presenciaron el acontecimiento y, en general, para los habitantes del país. Y por supuesto, se trató de un acontecimiento histórico ya que San José fue la tercera ciudad del planeta en contar con ese primigenio servicio, codeándose con Nueva York y París, y convirtiéndose en la primera ciudad latinoamericana en contar con ese tipo de alumbrado.

Pero las cosas no se quedaron ahí: Unas décadas después, el país siguió marcando la historia al crear en 1941 la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y ocho años después, con la nacionalización del servicio de electricidad y, luego, con la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante la Ley N° 449. En el artículo uno de la ley de creación del ICE se indica que “la responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.”

Esta impronta progresista, que buscó que el país contara con energía eléctrica propia para impulsar el desarrollo económico y social, se enmarcó dentro del vigoroso impulso de un Estado Social de Derecho (ESD), que tuvo en la década de los cuarenta del siglo pasado, un periodo estelar.

Desde su fundación, hemos sido testigos de que el ICE, ha buscado avanzar en un derrotero de matriz diversa y sostenible que tiene como fuentes de la producción de energía eléctrica, la hídrica, la geotérmica, la eólica, la solar y la biomásica, a la par de una parte pequeña de generación térmica. Se trata de una matriz muy exitosa que ha permitido una cobertura eléctrica de 99,4% de los hogares costarricenses. Es, asimismo, un modelo único en el mundo; el cual en los último años, ha tenido un significativo reconocimiento internacional.

Sin embargo, lo que ha sido exitoso para Costa Rica y la mayoría de sus habitantes, ha sido visto con mucha avaricia e incomodidad por quienes en el país y fuera de él, ven a los servicios prestado por el Estado como un obstáculo y desafío para sus intereses privados y sus negocios.

A estos grupos, representantes del gran capital transnacional o de aquí, les ha incomodado el ICE y por eso, desde siempre, han buscado desprestigiarlo de mil maneras, para apoderarse de la producción eléctrica y convertirla en otro de sus rentables negocios. Así las cosas, en el año 1990 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 7200 mediante la cual se autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. Este va a constituirse en el primer ñangazo al pastel de la venta de electricidad, por parte del sector privado.

Estos avariciosos grupos privados –fuertemente ligados a las cúpulas políticas que han controlado al Estado costarricense–, han impulsado leyes como éstas (la 7200) en su sueño de privatizar el campo de la producción y venta de la electricidad. Lo han logrado hasta el presente, en forma limitada, gracias a la lucha y la resistencia social pero nunca han cejado en sus afanes privatizadores.

El “combo” del ICE, impulsado por el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, formó parte del plan privatizador, pero fue derrotado por un pueblo con ADN progresista, en las calles y otros escenarios de la lucha social y política, en el año 2000. No obstante la derrota infligida, esos grupos plutocráticos han seguido sus antidemocráticos empeños y a través de diputados de distintos períodos legislativos, han buscado ampliar su dominio privado en la electricidad, al mismo tiempo reducir el tamaño y alcance del ICE.

En el presente, con un gobierno de corte neoliberal como el de Carlos Alvarado y una Asamblea Legislativa con muchos diputados y diputadas, que convirtieron esa doctrina en catecismo, el esfuerzo privatizador da un gran salto a través del impulso de una reforma a la citada Ley 7200, en su artículo 3, que aparece en el expediente legislativo N° 22.601.

Esta mala iniciativa forma parte del proyecto neoliberal de destruir lo que queda, en instituciones y servicios públicos que emergieron con el desarrollo del Estado de Bienestar, que el pueblo y algunos líderes impulsaron desde la década de los cuarenta del siglo anterior y que los agoreros con su consigna: “Más mercado y menos Estado”, quieren borrar de la faz de la sociedad costarricense.

Forman parte sustancial de ese genuino Estado Social de Derecho, la salud pública universal prestada a través de la Caja, la educación pública impulsora de movilidad social, algunos avances en materia laboral, los planes de vivienda, algunos programas de seguridad social que han beneficiado a grupos sociales específicos (entre otros), así como los servicios de electricidad que ofrece el ICE, a partir de principios de solidaridad y subsidiariedad.

Se trata de derechos sociales y económicos que están presentes en la Constitución Política, y en normas nacionales e internacionales (tratados de derechos humanos ratificados por el país), que hoy, con esta voraz arremetida, la administración Alvarado Quesada y algunos diputados, pretenden socavar. Desde la década de los ochenta del siglo anterior, el Estado Social de Derecho ha venido siendo atacado en distintos flancos, con el fin de beneficiar a grupos económicos poderosos del país y a transnacionales, a quienes no les importa en absoluto el bienestar del pueblo sino sus negocios y las ganancias que puedan obtener a partir de ellos.

Este gobierno y muchos de los diputados que apoyan estas nefastas propuestas, no se han percatado de lo que ha venido sucediendo con el neoliberalismo en América Latina, que al fracasar –estrepitosamente– como doctrina económica y social, está retrocediendo paso a paso en distintos países de la región.

Un ejemplo concreto del fracaso de la propuesta de reformas energéticas fracasadas, que se han dado a la luz de esta doctrina, destructora de la justicia social, se ha dado en México. En el Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto fue aprobada una reforma completamente entreguista para el sector privado (mexicano y transnacional), que alcanzó una votación mayoritaria, con sobornos a legisladores de la empresa brasileña Odebrecht. El entreguismo y la corrupción le ganó, en esa ocasión, la partida a la soberanía energética de la nación azteca.

Sin embargo, esta negativa reforma centrada en un recurso fundamental para su propio desarrollo económico y social, como es la electricidad, el actual gobierno que preside, Andrés Manuel López Obrador la ha empezado a desmontar con el amplio apoyo del pueblo mexicano que lo que vio con la citada reforma, es corrupción transnacional y en algunos miembros de sus élites, y, por supuesto, aumento del costo de la electricidad.

Ya algunos de los impulsores de esta reforma energética que jamás traería beneficios para las mayorías de Costa Rica, se amparan en que siendo ahora miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tal es camino que debemos seguir como país. Falso, completamente falso. México que es un connotado miembro de OCDE está siguiendo el camino contrario, marcado por la dignidad y la independencia.

De la misma manera, que al pueblo costarricense le costó mucho construir su Estado Social de Derecho también le costó avanzar en su proceso de soberanía energética; entendiendo a ésta como la capacidad que tiene un país de gestionar la producción de la energía que consume.

En este presente pandémico, ambos procesos –arraigados en las mejores tradiciones progresistas del pueblo costarricense–, están seriamente amenazados. La responsabilidad histórica de quienes queremos a este hermoso país nos dicta que debemos luchar por frenar la arremetida.

Cuando rindamos cuentas a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a las futuras generaciones, debemos decir que, en el Bicentenario de la Patria, hicimos lo que nos correspondía y no permitimos que el país se vendiera al mejor postor, para el beneficio exclusivo de unos pocos mercaderes que debemos echar del templo de la inclusión y la justicia social.

Discapacidad: ¿Logros o Deudas?

Dr. Federico Montero Mejía

Como también ocurre en otros campos de nuestra vida en sociedad, los asuntos relacionados con las personas con discapacidad no son prioritarios y ni siquiera considerados dentro del marco de los derechos fundamentales. Pasan Presidentes, pasan Diputados, pasan Magistrados, persisten medios de comunicación y hasta Alcaldes; y las leyes y los acuerdos internacionales que todos conocen, se mantienen solo como letras que esperan ejecución.

La mirada sobre la discapacidad sigue siendo en gran medida aquella del menosprecio, de la lástima o de la sobre-valoración, aunque con excepción de algunos ocasionales destellos de reconocimiento positivo. Un ejemplo viviente es el espacio dedicado a informar sobre los Juegos Paralímpicos, que han sido considerados solo de manera ocasional en pocos medios de comunicación. Vale mencionar que dichos Juegos no son un espacio que se abrió fácilmente como un derecho para la participación de atletas con discapacidad. El camino para llegar a ello ha sido largo y marcado por grandes esfuerzos y el compromiso de seres humanos ejemplares. Sus inicios lo marcaron los primeros juegos que en 1948 se llevaron a cabo en el primer centro de atención para personas con lesión de la médula espinal en el mundo, el Hospital Stoke Mandeville en Inglaterra. Allí el pionero en la atención de personas con este tipo de lesión, al neurocirujano Ludwig Guttmann, quien por su condición de judío tuvo que emigrar a Inglaterra, organizó y desarrolló la atención de personas con secuelas de lesión de la médula espinal e incluyó el deporte como elemento esencial de la atención médica integral de sus pacientes, que eran en su gran mayoría lesionados como consecuencia de la guerra. Hasta ese entonces la mortalidad de las personas con esas lesiones era prácticamente del 100% pero él, gracias a su férrea disciplina, sólidos conocimientos y gran calidad humana, cambió ese desolador panorama iniciando y desarrollando con un paciente y una enfermera lo que en pocos años llegaría a ser el Centro Nacional de Lesiones Medulares. El deporte jugó un papel esencial en Stoke Mandevile, y este fue sin lugar a dudas un factor determinante para los excelentes resultados clínicos y sociales alcanzados por Guttmann y su equipo de trabajo. “La parálisis de la Medula Espinal no es el fin de la vida, es el inicio de una nueva vida”, expresó.

En nuestro país, quienes laboramos desde los inicios en ese maravilloso hospital fundado por un pionero nacional, el Doctor Humberto Araya Rojas: el Centro Nacional de Rehabilitación, y heredamos las enseñanzas de Guttmann, tuvimos la oportunidad de iniciar allí la atención integral de personas con secuelas de lesión medular. En el CENARE ahora en pausa por razones conocidas, existe una exitosa unidad especializada cuyo equipo de trabajo espera con ansias el momento de retomar su eficiente labor. Como bien sabemos, en el CENARE se ha ofrecido siempre una atención de gran calidad y calidez basada en el modelo bio-sico-social, a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con secuelas de condiciones que ocasionan discapacidad temporal o permanente. Porque ha sido destinado para otros fines desde el inicio de la pandemia, en estos momentos el CENARE no es lo que siempre fue y muchas personas han perdido la oportunidad de recibir la atención de altísima calidad que en sus seno se proporcionaba. Algunos de los atletas que hoy nos representan en los Juegos Paralímpicos en Tokio pueden dar testimonio de esa atención.

Otro elemento primordial, porque es determinante para la dignidad y la calidad de vida de muchas personas con discapacidad, es el relacionado con los productos de asistencia (Muletas, andaderas, sillas de rueda, equipos de comunicación, etc.). El poquísimo acceso que a estos tienen las personas que en el mundo los requieren es alarmante. Según el programa “Cooperación Global en Tecnología de Asistencia (GATE, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud, actualmente más de un billón de personas en el mundo necesitan productos de asistencia; número que se proyecta a más del doble para el 2050 debido a los cambios demográficos y tendencias de salud, incluyendo el rápido envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades no transmisibles en el mundo. Pero solo UNA de cada DIEZ personas en el mundo tienen acceso a productos de asistencia apropiados. Resulta doloroso confirmar que muchos de los atletas provenientes de países de bajos ingresos que participan en los Juegos Paralímpicos y que dicho sea de paso son muy pocos, aprovechan dicha gesta para reparar sus deterioradas sillas de ruedas y otros productos de asistencia indispensables para su movilidad y subsistencia.

Y la deuda con las personas con discapacidad va en vertiginoso aumento, porque además de que la pobreza es la principal causa de discapacidad y más del 80% de las personas con discapacidad son pobres, la CEPAL nos indica que como consecuencia de la pandemia la pobreza en América Latina ascendió a 209 millones a finales del 2020, 22 millones más que el año anterior, y esto es apenas el inicio de índices que si tienen un fin, serán catastróficos para muchos al finalizar el 2021.

Con los recursos necesarios y oportunidades disponibles, las personas con discapacidad podrán no sólo subsistir, sino también contribuir a hacer menos pesado ese difícil panorama post-pandémico que ya es inevitable.

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber o Guanacaste Aeropuerto, ¿quién le cambió nombre?

Vladimir de la Cruz

En Liberia, Guanacaste, se encuentra el “antiguo” Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Es el segundo aeropuerto más importante del país y es el sexto por su importancia en Centroamérica.

El movimiento de pasajeros ha llegado al millón y medio de personas por año, haciéndolo uno de los factores más importantes del desarrollo turístico del país, especialmente del turismo que disfruta las bellezas de los paisajes y costas de la Provincia de Guanacaste, así como de sus elementos orográficos de la región incluyendo sus volcanes, y los elementos culturalmente desarrollados, como son los parques nacionales, terrestres y marinos, áreas de conservación, refugios de animales, el tipo de bosques, como el Tropical seco, etc.

El aeropuerto, inaugurado en 1975, fue denominado primero Tomás Guardia, en honor del gran presidente liberal del siglo XIX, guanacasteco, y tiempo después, en 1994, fue rebautizado como Daniel Oduber Quirós en honor al Presidente que gobernó el país desde 1974 hasta 1978, que ha sido declarado recientemente Benemérito de la Patria, que tuvo a la región de Guanacaste como uno de sus sitios de habitación.

Daniel Oduber fue quien impulsó el desarrollo de este aeropuerto y de su expansión.

Como aeropuerto internacional empezó a operar en 1995. En julio de este año, 2021, cambió su denominación internacional de “Aeropuerto Internacional Daniel Oduber” a “Guanacaste Aeropuerto”, que es su marca comercial. En el plan de desarrollo del aeropuerto se proyecta que llegue a ser más grande que el Aeropuerto Juan Santamaría, mientras no se construyan el de Orotina, que es una necesidad nacional, así como el de la zona sur.

El incremento de pasajeros ha sido constante en sus instalaciones. Con la Pandemia cayó en el 2020, pero, en junio, de este año, se había recuperado el 98% de pasajeros que se había movilizado en el 2019, especialmente porque las líneas aéreas de Estados Unidos volvieron a impulsar sus viajes, con un alto movimiento turístico, que ha favorecido a todo el sector habida cuenta de la capacidad de pago de esos turistas, y de las instalaciones existentes en la Provincia, ocupando plenamente sus capacidades con los controles sanitarios impuestos en el país, y por las acciones del Ministro de Turismo que ha puesto énfasis en la apertura del sector turístico. En este momento, incluso, se han abierto nuevas rutas de la ya existentes en atención de este aeropuerto.

El alcance de proyección del aeropuerto va desde el Golfo de Papagayo, en el extremo norte del país, sobre la costa del Pacífico, bajando desde allí por las principales playas de la región y de la Península de Nicoya, como son las playas de Tamarindo, Playa Negra, Golfo de Papagayo, Mal País, Playa Flamingo, Playa Samara, Playa Grande, Playa Nosara, Playa del Coco, Playa Conchal, Playa Blanca, Playa Ostional, Playa Guiones, Playa Hermosa, Playa Naranjo, entre otras.

El edificio del Aeropuerto es sencillo, grande, espacioso y cómodo para el movimiento de los pasajeros internacionales como nacionales.

Operan en el aeropuerto 20 líneas internacionales con 23 destinos y con 5 destinos nacionales, Nosara, Quepos, San José – Alajuela, Tamarindo, Tambor.

En sus destinos internacionales abarca el continente americano, Europa y abre posibilidades hacia Asia. Su potencial proyectado es de poder atender 1500 pasajeros por hora.

Desde el año 2008 el aeropuerto lo tiene bajo concesión la empresa del consorcio Coriport S.A.

En un extremo del edificio del aeropuerto, en el punto donde se produce el viraje de los autos para llegar a la parte de ingreso de los pasajeros, se encuentra un monumento pequeño en tamaño del Presidente Daniel Oduber, que le da nombre al Aeropuerto. El monumento, una estatua de la figura del Presidente, de pequeño tamaño, está expuesto en la parte externa del edificio pero casi no se aprecia el personaje ni se destaca como el que da nombre al Aeropuerto.

La estatua fue donada por el Lic, Enrique Montiel G. y su esposa. El pedestal de la estatua lo dio la Municipalidad de Liberia. La placa destaca en su leyenda un error. Se dice “Guanacaste agradecida rinde homenaje al Lic. Daniel Oduber Quirós, Expresidente de la República, promotor de este Aeropuerto”. No se debe decir Expresidente. Se debió poner “Presidente de la República, 1974-1978”. Los Presidentes no fueron ex presidentes, fueron Presidentes de un período determinado. En ninguna parte del mundo en la estatua de un Presidente se dice ex presidente. Protocolariamente se les debe llamar Presidente, aun cuando ya no lo sean.

De seguido, en ese conjunto, se pone en la placa a quien lo donó y a quien hizo el pedestal, lo que no debe decirse en la placa.

Hay una perversa costumbre de destacar en placas como esas los nombres de personas, de juntas directivas completas, de diputados etc. dando la sensación de que son los homenajeados y destacados personajes, o de que por ellos existen esas obras.

Lo peor de esta Estatua del Presidente Oduber es que le pusieron tres basureros, del propio aeropuerto, para los distintos tipos de basuras, en una área donde casi nadie se moviliza, a menos de 2 metros de la figura del Presidente, o que tiene una puerta que parece de servicio interno y no público. Lo que producen esos basureros es un mal trato a la figura del Presidente. Es como si simbólicamente lo trataran de “basura”.

Perfectamente el punto de referencia del Mandatario, en esa parte del edificio del Aeropuerto, podría ser “donde está el basurero de Daniel Oduber”, y alguien que no quiera al Presidente podría referir a “allí donde está la basura de Daniel Oduber”

En realidad el mejor punto para la colocación de esta imagen es al puro frente del edificio, de la parte de entrada de pasajeros. Allí hay una zona verde, entre dos calles, la que entra y la que sale, de autos, al Aeropuerto.

Al efecto debe hacerse un pedestal más grande y alto que le dé más presencia al Presidente y haga sentir su figura con el nombre del Aeropuerto, así como está la figura de Juan Santamaría a la pura “llegada” o “entrada” al área del aeropuerto de Alajuela.

El consorcio que tiene en concesión la administración del Aeropuerto tiene la suficiente capacidad económica para corregir esto, cambiar de sitio la Estatua del Presidente, quitarle el basurero que tiene a la par, y dejar de tratarlo, por esa colocación, como una “basura” más del conjunto de ese paisaje.

Si el Consorcio no entiende esto, podrá explicarse si es de extranjeros que no tienen conocimiento histórico de la figura del Presidente y del Benemérito de la Patria, pero que deberían haber valorado su nombre, por eso mismo seguramente han cambiado también el nombre comercial del aeropuerto por “Guanacaste Aeropuerto”, en lugar de “Aeropuerto Internacional Daniel Oduber”. Es el país, el Gobierno, el que debe intervenir para que el Aeropuerto se siga llamando, por lo menos “Aeropuerto Oduber”, así como se conoce el Aeropuerto Kennedy, que es Aeropuerto Internacional John F. Kennedy”, el Aeropuerto de París Charles de Gaulle, y el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el Adolfo Suárez Madrid Barajas, en España, el Aeropuerto Internacional Atatürk, en Estambul, el José Martí, de La Habana, Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, por citar algunos casos de nombres de Presidentes en países, Estados Unidos, Francia, España, Cuba, que tienen sus nombres en aeropuertos. ¿Por qué si se aceptan nombres de Presidentes en algunos países, en sus aeropuertos y no en Costa Rica? ¿Quién impone esto? ¿Es una práctica neocolonial? En la celebración del Bicentenario se debe revisar esto. El país tiene que rescatar ante quien sea el nombre de nuestros aeropuertos como aquí se disponga, y no como consorcios lo dictaminen, o entidades extranjeras lo impongan, que no hacen lo mismo con esos otros aeropuertos que he mencionado, porque es un problema también de Soberanía Nacional.

Si esto fue obra del Instituto Costarricense de Turismo y del Ministro de Turismo deberían renunciar o ser destituidos. Algunos pueden considerarnos “la basura”, y hasta exigir el cambio de nombre del aeropuerto, como tienen a Daniel Oduber en ese aeropuerto, por un asunto meramente “comercial”, de “marca” de “essential Costa Rica.”

Pero los miembros de la Municipalidad de Liberia sí tienen conocimiento de quien es Daniel Oduber Quirós, y tienen la obligación de actuar inmediatamente en corregir esto que afea y empaña al Presidente Oduber, en su propio Cantón y en la jurisdicción donde opera el aeropuerto.

Se debe restablecer el nombre de “Aeropuerto Internacional Daniel Oduber”, y cambiar de sitio la estatua del Presidente Daniel Oduber Quirós en ese Aeropuerto quitándole la basura que le pusieron de adorno y de respaldo.

Que el Bicentenario sirva para restituir y rescatar dignidad Patria.

La obsesión imperial por Cuba

Marcos Chinchilla Montes

1. Vivir para consumir
Por motivos laborales he visitado Cuba en cinco oportunidades desde finales de los años 90, eso me ha dado la posibilidad de conocer el país desde una especificidad poco frecuente para el turista común. Así, he convivido con familias cubanas, he practicado la solidaridad latinoamericana, usé las guaguas y camellos, fui al cine, al teatro, a las bajadas de santos, participé en fiestas comunitarias y hasta en una ocasión terminé ejerciendo de padrino de una niña afrodescendiente en una Iglesia Ortodoxa Rusa. Ello me permitió conocer de cerca el sentir cubano, particularmente su cercanía con el proceso revolucionario, sus críticas; y porque no, conocí a quienes también adversaban la revolución casi que a muerte (claro, muchas menos personas que las primeras), buscando hacer maletas para salir de la isla y vivir plenamente el sueño americano. Con justa razón María José lo sintetizaba así en una clase, mientras unos “consumen para vivir, otros viven para consumir”. Vivir para consumir, una máxima del imperio capitalista que dicho sea de paso, tiene al planeta en una situación de crisis ambiental de enormes proporciones.

2. Venderse para sobrevivir
Finalizado el espectáculo, las puertas del cabaret en el centro de la Habana se abrieron para todo público. Al rato nos abordó una jinetera (trabajadora sexual), y me tomé el atrevimiento de consultarle por qué ejercía ese trabajo si tenía la libreta que le garantizada la alimentación, y además tenía acceso a educación, salud y vivienda gratis; me contestó que necesitaba comprarse jeans y perfumes. Esa misma pregunta se la hice a una trabajadora sexual colombiana radicada en Panamá: “yo trabajaba en una fábrica de helados, nos despidieron a todas las mujeres, y como no encontré trabajo en Pereira, me tuve que venir a bailar acá pues tengo que alimentar a mis dos hijas y a mi mamá. Hoy está cumpliendo años mi hija mayor, como me gustaría estar con ella celebrándola…”, e inmediatamente se puso a llorar. En América Latina miles de mujeres son empujadas al comercio sexual para garantizar la atención de sus más elementales necesidades; la trata, la violencia y la explotación están intrínsecamente arraigadas en el capitalismo latinoamericano, y bueno, en el capitalismo globalizado para ser justos.

3. Torpedear la dignidad, borrar la identidad
La primera visita que hice a Cuba coincidió con el complejo momento del periodo especial. Aún con acceso a “libreta” y a derechos sociales, los indicadores sociales y económicos se habían desplomado; vi escenas desgarradoras de colegas que se llevaban los alimentos de un almuerzo-bufete para llevárselo a sus familias; el bloqueo económico era implacable, pero estimulaba la creatividad, la dignidad y la capacidad crítica para entender que el verdadero responsable de la crisis era el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) y sus insensatas y retrogradas políticas imperialistas.
De las cinco visitas, solo en la última ya no estaba Fidel en el poder. El acoso sexual se había extendido por muchos lugares de la Habana, y se había integrado armónicamente con el reguetón, mientras los DJ desconocían qué era el guaguancó, el cha cha cha y el danzón; muchas colegas ni nos atrevimos a preguntar si conocían la “nueva” trova.
Violentar la dignidad de un pueblo, llevarles a situaciones de hambre y carestía y encima fracturar o anular su identidad, son estrategias que EUA ha ensayado en nuestros países para consolidar su hegemonía.

4. Seis décadas de guerra sostenida
El triunfo de la Revolución Cubana fue y sigue siendo una bofetada imperdonable para una buena parte del establishment de los Estados Unidos de América y sus acólitos distribuidos por todo el planeta.
Perder a Cuba en el contexto de la guerra fría, prácticamente fue instalar el conflicto geopolítico en casa; y si a eso le sumamos la construcción de un modelo económico socialista en oposición al capitalismo imperante en América Latina, la afrenta no solo era mayor, sino que obligaba a pulverizarla dado el riesgo de contagio en el resto de la región, la que dicho sea de paso, históricamente ha sido entendida como el patio trasero del imperio.
En más de seis décadas de revolución, Cuba ha experimentado diferentes agresiones por parte de EUA en nombre de la democracia y los derechos humanos. Desde los múltiples e ilegales intentos de asesinar a Fidel Castro, la invasión en bahía de Cochinos, ataques químicos, atentados contra la aerolínea nacional, bombazos en hoteles, el bloqueo, el embargo y su recrudecimiento, sanciones económicas, la Ley Helms-Burton, y un arsenal inhumano de medidas que no solo han atentado contra el gobierno, sino también contra los derechos de millones de habitantes. Todas, de una u otra forma han terminado en un absoluto fracaso y en el consecuente fortalecimiento de la dignidad nacional; de ahí que las medidas que impulso el gobierno de Obama recurrieron a una suerte de deshielo pero sin perder de vista la direccionalidad política por “recuperar” a Cuba.

La nueva intentona imperial -orquestada aprovechando la crisis de la pandemia- por resolver de una vez por todas el “problema cubano”, fracasó tan estrepitosamente como la invasión orquestada por la CIA en 1961. En muy pocos días el gobierno cubano no solo logró desmovilizarla, sino que identificó y visibilizó con lujo de detalles la estrategia a la cual recurrieron diferentes actores -tanto dentro como fuera de la isla- para sembrar el caos, la desesperanza, la violencia y la transición forzada. La gran novedad y que a su vez se erige como una amenaza para toda nuestra América Latina, es que el gobierno norteamericano y sus contratistas recurrieron a lo que se denomina guerra de cuarta generación, esto es la utilización planificada de redes informáticas, ingeniería social, noticias falsas y de compañías tecnológicas para instalar, programar y controlar tendencias de pensamiento favorables a una determinada posición política, en este caso, manipular y movilizar a cientos o miles de personas con la intención de materializar un golpe de Estado.

Fracasada la intentona, es lógico esperar que EUA no cesará en sus esfuerzos por recuperar Cuba. El contexto político le resulta muy adverso: 29 años consecutivos en que la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronuncia contra el embargo; China y Rusia en ascenso y adversando la decaída hegemonía de EUA; y un interesante movimiento latinoamericano que plantea refundar las relaciones políticas entre los países fuera de la cuestionada e inservible Organización de Estados Americanos.