13 de noviembre, 2021.
San José, Costa Rica
Para:
Despacho de ministra y viceministra
y Auditoría de Servicios del MEP
Defensoría de los Habitantes
Cc. UNICEF-CIDH
El día viernes 12 de noviembre las personas estudiantes de quinto grado de la Educación General Básica de Costa Rica fueron expuestas por primera vez a la última prueba de las evaluaciones denominadas FARO, en las asignaturas de español, ciencias y matemática. La última prueba se hace llamar Factores Asociados y pretende evaluar las condiciones en las cuáles viven y estudian dicha población estudiantil. Sin embargo, a criterio de personal docente y administrativo, madres y padres de familia esta última prueba excedió por mucho los límites físicos, psicológicos y emocionales de aproximadamente 70000 niñas y niños con edades entre 10 y 11 años.
Se afirma lo anterior, dado que dicha prueba dio inicio a las 9 am y estaba programada para ser realizada en un lapso de 3 horas, sin poder hacer recesos y con la instrucción de que era obligatorio completar la totalidad. Además, debían permanecer en el aula con el cubrebocas durante todo este lapso y solamente podían salir a tomar agua o al servicio sanitario; incluso, un porcentaje significativo la desarrollaron en aulas que no cuentan con las condiciones idóneas bio-sanitarias. Cabe mencionar que, en las pruebas anteriores de asignaturas básicas, a las 3 horas tenía que ser retirada por la persona docente, sin excepción alguna.
Reafirmamos que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha atropellado los derechos de las niñas y de los niños al someterles a cuestionarios de FARO exhaustivos que, aunque han sido diseñados para 3 horas, exceden dicho lapso entre 1 y 2 horas más, debido a su complejidad y extensión desmedida, incoherente totalmente con las condiciones y necesidades de la población infantil. También, nos preocupa que la vivencia en los centros educativos se da en un clima de tensión e incertidumbre ya que todas las personas involucradas fueron expuestas a un requerimiento más allá de los lineamientos y protocolos que el MEP ha establecido durante la pandemia.
Esta evaluación denominada Factores Asociados se divide en 4 folletos: 1. Tronco común (36 ítems y debían completar 190 respuestas) con el fin de evaluar el trabajo docente en pandemia, uso de la tecnología, conexión a clases en Teams, además de un censo socioeconómico con cuestionamientos sobre su familia y calidad de vida; 2. Español (26 ítems y 183 respuestas); 3. Matemática (16 ítems con 106 respuestas); 4. Ciencias (15 ítems con 142 respuestas). Los folletos de materias específicas refieren al desempeño del docente de cada materia.
Consideramos inconcebible que desde el propio MEP se diseñen herramientas que contienen preguntas hasta con 30 posibles respuestas; situación que condiciona al personal docente a leer una por una a fin de disminuir el cansancio y la tensión estudiantil en tanto tenían que dar 621 respuestas al contar algunos ítems con opción de respuestas múltiples.
Este cuestionario paradójicamente se presentan con la supuesta intención de identificar factores sociales y educativos que podrían afectar el desempeño y resultados estudiantiles en las pruebas FARO; no obstante, ante su extensión y alto grado de complejidad, el personal docente y familiares de las personas menores de edad confirman que muchas tuvieron serias complicaciones por agotamiento, estrés y ansiedad: vómitos, temblores en las manos, taquicardia, frustración, angustia y cansancio extremo. A lo anterior se suma que era la última prueba consecutiva de cuatro, donde el malestar y la angustia de las familias aumentaba al ver que sus niñas y niños no salían del centro educativo a la hora programada (12 mediodía).
Una directora manifiesta al Semanario Universidad que esta situación es de “injusticia” pues en el centro educativo que administra las y los menores de edad salieron cerca de la 1 p.m., negándoles el MEP el derecho a descanso o recesos. Las personas estudiantes afirman tener dolor de manos ya que rellenar cada círculo en la hoja de respuesta debe hacerse con firmeza para que quede constancia de la misma.
Instamos a la articulación de los diferentes sectores interdisciplinarios y comunidades educativas para indagar sobre las motivaciones estructurales de donde se derivan las pruebas FARO y su conexión con iniciativas similares en otros países de la región, en un escenario de constantes atropellos a las comunidades educativas, incluyendo al magisterio nacional, agudizados a raíz de la pandemia COVID19.
Es lamentable que, pese al impacto inhumano en la población estudiantil, la viceministra de educación plantea que supuestamente “A nivel internacional, este tipo de factores se analizan precisamente para explicar cómo es que los estudiantes alcanzan ciertas calificaciones”, y reitera que los cuestionarios se seguirán aplicando (próxima programación para décimo año el 8 y el 13 de diciembre del año en curso) siendo indiferente ante la situación antes expuesta.
La población estudiantil que será expuesta a este tipo de cuestionarios es de 170000 estudiantes de quinto y décimo año en total según datos del Semanario Universidad. Dichas pruebas tienen un costo monetario para el MEP de 2560 millones de colones. Es importante recalcar que durante los dos últimos años 2020 y 2021 las fechas y los niveles educativos asignados inicialmente han sufrieron cambios, provocando a nivel estudiantil un clima de incertidumbre y ansiedad; en especial, en quinto y sexto grado, y décimo y undécimo año. Así, estas pruebas constituyen en sí mismas un factor determinante durante la pandemia que incrementa la ansiedad, estrés y depresión estudiantil.
Es preocupante el manejo de la información que el MEP ha mantenido en torno a las pruebas FARO, además de inestable, ambiguo y confuso en cuanto a la precisión de lineamientos administrativos y de las habilidades a evaluar y de los contenidos en que las personas estudiantes necesitan prepararse más.
Respaldamos el proceder de directoras, directores y docentes conscientes y sensibles a la niñez quienes, como garantes de la seguridad integral de las personas estudiantes, sintieron la necesidad ética de tomar decisiones protegiendo la integridad física y emocional del estudiantado ante un proceso claramente inhumano, insensible y antipedagógico. De igual manera, madres y padres de familia se sumaron a la actitud respetuosa y humana de muchos centros educativos agradeciendo su identificación con el alumnado ante la crisis y agotamiento extremo que ocasionó esta directriz impuesta desde las autoridades educativas.
Afirmamos que independientemente de que los cuestionarios tengan o no un carácter evaluativo, causaron en la comunidad estudiantil un conjunto de efectos que reflejan una clara violación a los Derechos Humanos de las y los niños por parte de las autoridades del MEP.
Exigimos al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica:
NO MÁS ATROPELLOS A LA DIGNIDAD E INTEGRIDAD
DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS ESTUDIANTES Y MAGISTERIO NACIONAL
Comunidades educativas de Costa Rica
Firmas responsables:
Ana Lorena Dávila Cubero
Trabajadora social
María Trejos Montero
Maestra jubilada
