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Etiqueta: diputados

¿Cómo será la marcha el próximo 2 de octubre? Cronograma de la marcha por la paz y la no violencia

Este próximo miércoles 2 de octubre se llevará a cabo la Tercera Marcha por la Paz y la Noviolencia.

La Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia es promovida por la organización humanista de Mundo sin Guerras y sin Violencia, la que es apoyada por la UNED y una gran cantidad de organizaciones sociales, gobiernos locales e instituciones que se han sumado por levantar la voz en seguir promoviendo una cultura de paz en nuestro país. Durante el evento, se realizarán diversos actos, presentaciones de bandas, actividades de baile, lecturas de poesía y mucho más. 

Se comenzará a las 9:00 a.m. con un acto inaugural en la Universidad para la Paz (UPAZ) en Ciudad Colón. A las 11:00 a.m, dará inicio la caminata simbólica desde la UPAZ hacia Ciudad Colón, donde se unirá el Equipo Base de activistas provenientes de España, Italia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Surinam y Costa Rica, quienes iniciarán el recorrido de esta marcha.

Posteriormente, el tramo que va de Ciudad Colón a San José se realizará por la ruta de Calle Vieja (Ruta 121), donde también se sumarán caravanas de buses y vehículos, hasta llegar a la Iglesia La Merced, ubicada al costado este del Hospital San Juan de Dios, en la Avenida Central.

A la 1:00 p.m., la vicealcaldesa del cantón San José, Yariela Franciny Quirós Álvarez, encabezará una nueva caminata simbólica junto al Equipo Base de la 3MM, y se sumará un desfile de bandas que avanzará por el bulevar de la Avenida Central hasta llegar a la Asamblea Legislativa.

Se espera que a las 2:30 p.m se llegue a la explanada lateral del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, donde se llevará a cabo un acto protocolario en el que se presentará la Proclama de Apoyo hacia la Tercera Marcha Mundial, con la participación de varios diputados y diputadas. 

Finalmente, a las 3:30 p.m, las actividades concluirán con una celebración cultural en la que diversos artistas ofrecerán un espectáculo de música, poesía y baile.

¡Vamos a marchar!

¿Qué sigue hacia las elecciones nacionales del 2026? Una mejor distribución de elección de los diputados

Vladimir de la Cruz

En el proceso de las elecciones municipales se ha avanzado mucho. Queda poco, tal vez, por perfeccionar y avanzar en este campo.

Las llamadas elecciones nacionales comprenden la elección del Presidente y sus vicepresidentes y la elección provincial de los diputados, que son llamados diputados nacionales. Es decir, son electos por cada provincia pero tienen carácter nacional. Esto hace que un ciudadano de una provincia pueda ser candidato por otra provincia. No existiendo gobiernos provinciales, gobernaciones provinciales, y la figura del Gobernador, como hasta 1998 existieron, ese carácter nacional está acentuado y consolidado.

En las elecciones nacionales SI falta, en la perspectiva de la mayor igualdad posible de elegibilidad de diputados, hacer una mejor distribución de las plazas, de los puestos a elegir por provincia.

En el caso de las elecciones de diputados, en mi opinión, falta hacer dos reformas importantes y urgentes, que mejorarían la gobernabilidad y gobernanza nacional. Una requiere reforma constitucional, lo cual es más difícil de realizar con miras al próximo proceso electoral del 2026. Es la de separar la elección de diputados de la presidencial. Primero la Presidencial, el primer domingo de febrero y luego, un mes después, la de diputados. De esto hablaré en otra oportunidad. Queda siempre el primer domingo de abril para definir el resultado electoral en el caso de una segunda ronda.

La otra propuesta no requiere reforma constitucional de ningún tipo. El Tribunal Supremo de Elecciones, con las facultades constitucionales y legales que le rigen, puede acordarla, declararla, implementarla y hacerla, incluso en atención a un concepto esencial de mayor representatividad ciudadana, y bajo los mismos estándares de mayor igualdad posible de género.

Lo que propongo, en adelante, es para partidos nacionales y provinciales. Los nacionales son los que participan en todas o varias provincias a la vez. Los provinciales son los que participan exclusivamente en una sola provincia.

El número de diputados a elegir por provincia lo determina el Tribunal Supremo de Elecciones, así está establecido por la Constitución y la ley, de conformidad al número de ciudadanos que hay en una provincia, de manera que haya una proporcionalidad numérica de ciudadanos por provincia. Esto se hace con resultado de los censos nacionales cada diez años. Por eso hay provincias que ganan un diputado y otras que lo pierden, como ha sucedido en los últimos años.

Si hay 57 diputados en la Asamblea Legislativa ellos responden, por ejemplo, a los 5 millones de habitantes que tiene Costa Rica, que habitan en el territorio nacional, en sus diversas provincias.

Así, con este mismo ejemplo, un diputado representa a 88.000 habitantes, en número redondo. Ese registro y contabilidad lo realiza minuciosamente el Registro Civil que es una dependencia del Tribunal Supremo de Elecciones.

De ese registro se separa el de Ciudadanos, que son los mayores de edad que configuran e integran el Padrón Electoral, que se elabora, igualmente, por ubicación de los ciudadanos en los distritos, cantones y provincias.

El Tribunal Supremo de Elecciones informa constantemente, como prueba de idoneidad y transparencia política y electoral, a los partidos políticos, del movimiento poblacional: de los nacidos, de los fallecidos y de los nuevos ciudadanos.

Precisado el dato se sabe cuántos habitantes hay por provincia y con relación a ellos se fija el número de diputados que corresponde elegir por provincia.

Definida esa situación los partidos políticos saben cuántos candidatos pueden postular a diputados por provincia.

Con el mismo ejemplo, en el supuesto que una provincia tenga 450.000 habitantes elige cinco diputados, si tiene 880.000 elige diez, y así sucesivamente. Por ello la Asamblea Legislativa hoy tiene 19 diputados de la Provincia de San José, 11 de Alajuela, 7 de Cartago, 6 de Heredia, 4 de Guanacaste, 5 de Puntarenas y 5 de Limón.

Los partidos se enfrentan en cada proceso electoral a ver cómo distribuyen sus posibles candidatos. Toman en cuenta los cantones de mayor número de votantes, la calidad, méritos, reconocimientos y liderazgos de los candidatos. Esto coloca a cantones, dentro de cada provincia, con ventajas sobre otros, de manera discriminada y con casi nulas posibilidades de que un candidato que viva en esos cantones tenga posibilidad de salir electo.

Así, se configuran las listas de diputados que se presentan a los electores, a los ciudadanos. Actualmente, los partidos políticos, nacionales y provinciales, presentan una sola lista de candidatos a diputados por cada provincia, alternando género en forma vertical y horizontal, si el partido participa en varias provincias.

Con los mismos datos registrales de población que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, se puede hacer una labor quirúrgica de análisis de cómo la población de una provincia se distribuye en sus respectivos cantones.

De esa forma, el Tribunal podría hacer una distribución regional por cantones del número de diputados, que le corresponde elegir a una provincia, con base a la distribución poblacional, precisando, al interior de las provincias, cuántos diputados podrían ser electos por grupos o regiones de cantones, que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones puede determinar. No se altera en nada el número de habitantes y ciudadanos por provincia ni cambia el número de diputados. Pero, al interior de las provincias se coloca con mayor fuerza y participación real a los habitantes y a los ciudadanos electores, para que puedan elegir mejor a sus propios representantes populares, que en la lista oficial que se presenta a los electores no importa donde vayan ubicados, porque eso no va a producir el resultado de su elección. La elección se determinará por los votos recibidos en cada región.

Los partidos políticos tendrían mayor obligación de escoger mejor sus candidatos, poque estarían más cerca de sus votantes. Los votantes estarían más cerca de sus diputados electos. Las regiones tendrían mejor representación legislativa o parlamentaria. Los grupos regionales se activarían más en los procesos electorales. Sin duda alguna se provocaría una baja sustantiva del abstencionismo. Se fortalecería la representación política, la participación ciudadana y la democracia nacional.

Al elegir de esta manera a los diputados también se fortalece la elección por género, porque a los niveles de las microrregiones que se harían de la población, en cada provincia, por grupos de cantones o regiones de habitantes, las listas que se propongan de diputados tienen que armarse de la misma manera, considerando los criterios de paridad vertical y horizontal según correspondan, lo cual haría más eficaz la elección posible de más mujeres en la Asamblea Legislativa.

Si el Tribunal Supremo de Elecciones exitosamente ha organizado procesos electorales simultáneos en 84 cantones, de diversa cantidad de población, no le sería nada difícil hacer una elección nacional de diputados, en siete provincias, donde al interior de ellas se harían unas cuantas microrregiones que difícilmente llegue a constituir un rompecabezas de unas doce regiones electorales en todo el país, en el conjunto de las siete provincias.

Estamos a tiempo para que esta propuesta se conozca, se discuta, en todos los ámbitos políticos interesados, con todos los sectores sociales nacionales también interesados, y se pueda aprobar. El próximo 1 de enero del 2025, dentro de 11 meses, el Tribunal Supremo de Elecciones, deberá estar anunciado el cronograma electoral de las elecciones del primer domingo de febrero del 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene toda la capacidad técnica, profesional y de personal para evaluar esta propuesta, desde ahora, e irla puliendo con colaboración de las fuerzas vivas de la nación costarricense.

No perdamos esta oportunidad de mejorar la representación popular legislativa. Sobre todo, no perdamos tiempo en mejorar la democracia nacional.

Urge la reelección consecutiva presidencial y de diputados

Vladimir de la Cruz

Entre las reformas electorales que deben abordarse, discutirse y ojalá llegar a acuerdos políticos, con ánimo de que pudieran aplicarse a las elecciones del 2026, todavía tenemos tiempo para reformas constitucionales de este tipo, están los siguientes temas, la reelección consecutiva del Presidente y la reelección consecutiva de los diputados.

La reelección del Presidente es importante porque da la posibilidad de que con gobiernos de cuatro años se pueda prolongar la gestión a ocho años seguidos, y el Presidente y su equipo de gobierno puedan cumplir más en la visión del proyecto país que quieren impulsar.

Cuatro años no es suficidente para desarrollar una buena obra de gobierno. El Presidente al asumir su cargo, actualmente, el 8 de mayo, se encuentra con una camisa de fuerza, para ese mismo año, con el Presupuesto Nacional de la República, que fue definido y aprobado, en noviembre del año anterior a su elección, por el gobierno saliente. De manera que el Presidente en su primer año tiene la obligación de ejecutar el Presupuesto que le dejaron, con los objetivos, planes y obras a las que está destinado, con muy poco margen de maniobra para cambiar partidas o no cumplir del todo lo que en el Presupuesto se ha definido para gastos.

Aún cuando, desde este gobierno, el actual Presidente pudo gozar de la reforma constitucional que modificó las sesiones parlamentarias para que se iniciara con las sesiones extraordinarias, en las cuales el Presidente tiene la iniciativa de la ley, lo que significa que el Presidente, su Gabinete y su partido pueden impulsar proyectos de ley, por tres meses de sesiones parlamentarias, acordes a lo ofrecido en la campaña electoral y el Programa de Gobierno que también se comprometió en la campaña electoral.

Todos los partidos políticos en el proceso electoral están obligados a presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones un Plan de Gobierno, que del todo no se ejecuta. En parte porque antes del 2022 los partidos políticos y el Presidente se encontraban amarrados al Presupuesto Nacional con el que tenían que operar, lo que en la práctica postergaba cualquier iniciativa que se quisiera impulsar. También porque antes del 2022 las sesiones extraordinarias importantes se ejecutaban de diciembre a abril siguiente, y los meses transcurridos ponían otras agendas y otros temas del inmediato acontecer político, dejando de lado las ofertas de la campaña electoral y cualquier plan de gobierno que se quisiera impulsar. Esta era probablemente una de las causas o razones para rechazar a los partidos políticos, que asumían gobiernos, y estimular el abstencionismo, por el incumplimiento de sus promesas, entre otras razones.

Con el diseño de los cuatro años de gobierno, igualmente cada gobierno, esto vale para todos, en su último año, aprueban en noviembre un nuevo Presupuesto Nacional, efectivo a partir de enero y el gobierno se acaba el 8 de mayo siguiente, con lo cual solo pueden impulsar dos o tres meses de actividades, porque en este caso se mete también la otra campaña electoral que paraliza el país en muchos aspectos desde noviembre hasta febrero, y a veces hasta abril, lo que ya es frecuente por las segundas vueltas electorales, con paralización de las sesiones parlamentarias, por el receso que se aprueba para que los diputados atiendan las elecciones, a sus partidos y las regiones que teóricamente les toca cubrir.

Está claro que la reelección está sujeta al proceso electoral donde los electores pueden aprobar la gestión del mandatario y darle confianza para continuar por otros cuatreo años, o de rechazar su gestión y no votar por la reelección, que en este caso correspondería en la práctica a un referendo revocatorio de su gobierno, impidiendo que continúe por cuatro años más, nombrándose en ese sentido un nuevo gobernante, que repite nuevamente este ciclo.

Darle, entonces, posibilidad al gobernante de continuar con otro gobierno atiende con la necesidad democrática de posibilitar el desarrollo efectivo de políticas publica al menos de mediano plazo, y de lograr con ello mayor gobernabilidad, y posible mayor confianza en el sistema política y en la democracia como sistema de vida.

Lo que estoy planteando, al menos para la discusión, lo hago pensando en que debe realizarse esta reforma electoral a partir de ahora mismo, dándole oportunidad al mismo Rodrigo Chaves Robles de que pueda lanzar su reelección inmediata. Por impulsar esta idea habrá quienes pensarán que he cambiado mi manera de apreciar y valorar al actual Gobierno. Nada más alejado de la realidad. Mis escritos y mis intervenciones orales, en distintos medios, me colocan hasta ahora como un opositor duro contra el actual mandatario, su gobierno, su gestión.

Si el Presidente Rodrigo Chaves está impulsando un partido político, un partido uber, más que un partido taxi, porque es un partido llamado por él y quienes le apoyan, para participar en las elecciones municipales próximas y nacionales del 2026, es porque obviamente tiene interés de continuar en la política y de volver a gobernar. El Presidente intentó organizar su propio partido. No ha podido inscribirlo, por lo que anda al asalto de lo que pueda agarrar o encontrar de los partidos pequeños existentes.

Rodrigo Chaves con la legislación actual tiene que esperar prácticamente ocho años para volverse a lanzar de candidato. ¿Qué sentido tiene que un Presidente tenga que esperar ocho años para poder volverse a lanzar de candidato, si cree que él es bueno para el puesto, y de llegar a ejercer nuevamente la Presidencia por cuatro años? Ninguno en la práctica, más allá de haber probado las mieles del poder y de seguir queriendo lamerlas, porque como dice el refrán español, a quien anda con miel, miel se le pega. Pero sí tendría sentido que quiera continuar su obra de gobierno, para darle cuerpo, forma y tal vez contenido, con cierta trascendencia de acuerdo a su perspectiva.

Entendámoslo también con la práctica de los partidos como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana que se reeligieron en el gobierno, cambiando al presidente. Menciono los presidentes de estos partidos que se reelegieron en gobiernos: José Figueres y Daniel Oduber, Luis Alberto Monge y Oscar Arias, Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. Los Presidentes que siguieron a su antecesor no continuaron, aún siendo del mismo partido, las políticas de los gobiernos que les precedieron. Cada gobernante, con su nuevo equipo de gobierno, sus ministros, trataron de desarrollar una obra presidencial propia, dejar su propio sello, sin destacar ni continuar con la obra de gobierno que les dejaron aun cuando eran copartidarios. De hecho, todos son gobiernos diferentes, en algunos de estos casos controvertidos entre ellos mismos como fueron Luis Alberto Monge y Oscar Arias, Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla, donde los segundos se enfrentaron a los primeros y fuertemente.

Insisto. A la democracia política actual del país le conviene la reelección presidencial inmediata por un período. La elección que le toque enfrentar esta situación se convierte en un referéndum revocatorio del mandatario. A la vez, la vida política se agitaría más en torno a la lucha presidencial, se recuperarían escenarios políticos de discusión, de análisis, de reflexión que se han dejado de hacer. Los partidos políticos tendrían que convertirse más en vehículos de discusión, de reflexión sobre los problemas nacionales. Estarían obligados a seleccionar mejor sus candidatos a todos los puestos de elección popular desde la Presidencia de la República hasta los síndicos distritales. El Presidente que aspirara a reelegirse tiene que integrar gabinetes sólidos, de gente preparada. Tendría que preocuparse en serio porque en sus gobiernos no se realicen actos de corrupción en la Administración Pública.

Soy partidario de que se discuta una reforma electoral que dé la posibilidad de la reelección presidencial a partir del 2026. Lo digo también porque habrá quienes le tengan miedo por la continuidad de sus políticas neoliberales, desestructuradoras del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho que hemos logrado. El solo plantearlo obliga a redoblar las luchas políticas, jurídicas y sociales para que eso no ocurra.

Sé que el Presidente ha explorado esta posibilidad. Me parece que no se ha hecho aconsejar adecuadamente en esa dirección. Ahí tiene a la fracción legislativa de Pilar Cisneros para que impulse un proyecto de ley en esa dirección. Obviamente, tiene que ser muy bien manejado para buscar los aliados suficientes y los votos necesarios para que pueda aprobarse. Además, están los recursos publicitarios públicos de la gran discusión que tiene que generarse desde los medios de comunicación, las organizaciones políticas, sociales, empresariales, institucionales, universitarias, sindicales, cooperativistas solidaristas, entre muchas, sin prejuicios ante esta iniciativa.

En el siglo XIX la reelección continua de Jefes de Estado y de Presidentes se permitía. Por citar algunos, Juan Mora Fernández, desde 1824 hasta 1833, Juan Rafael Mora Porras, desde 1949 hasta 1959, Rafael Iglesia Castro, desde 1894 hasta 1902.

En concreto no le tengo miedo a la posible reelección del Presidente Chaves Robles. ¿Y, usted, querido lector?

Si no se pudiera aprobar la reelección presidencial continua, por un plazo igual de gobierno, por cuatro años, soy partidario también de que se debe hacer una reforma electoral, para ampliar el plazo de gobierno a seis años, con una consulta pública de revocatoria de mandato, a solicitud de firmas, a la mitad del período. En este caso se aprobaría un gobierno de una sola vez de seis años para un gobernante.

Incluso para ser consecuente con lo que he planteado, que se prolongue al actual gobierno en dos años más, como se hizo con los gobiernos municipales cuando se modificó el sistema electoral de las municipalidades a la mitad de gobierno, para empezar a regular sus elecciones de cuatro años a mitad de los gobiernos de cuatro años, como tenemos la elección de las municipalidades a partir de octubre a febrero próximos.

En esta perspectiva tampoco le tengo miedo a la posible ampliación de gobierno del Presidente Chaves Robles. ¿Y, usted, querido lector?

En cuanto a la elección consecutiva de los diputados creo que debe aprobarse. Se trata de desarrollar la carrera parlamentaria, el oficio de parlamentario, de diputado. Antes de 1948 existía la reelección continua de diputados. Rafael Angel Calderón Guardia fue electo diputado en 1934 y se mantuvo electo hasta 1940 cuando asumió la Presidencia de la República. Manuel Mora Valverde fue electo de manera continua desde 1934 hasta 1948.

¿Por qué hay que estar cambiando diputados cada 4 años? Esto lo que ha provocado es una piñata de curules, y una llegada a la Asamblea Legislativa de personajes que no tienen ninguna distinción ni trascendencia parlamentaria. Hemos provocado del Congreso en mucho una congregación de personas mal preparadas para ese cargo de diputado, hasta de analfabetas parlamentarios, de gente sin interés de hacer carrera parlamentaria y de especializarse en asuntos legislativos. Es suficiente decir que cada año se integran y desintegran las comisiones parlamentarias y la rotación que se produce provoca el desconocimiento de los proyectos de ley que están en trámites en esas comisiones legislativas, que se han convertido en pasarelas curriculares legislativas.

La experiencia internacional de todo el continente americano, y de toda Europa, es la reelección continua de Presidentes, de Jefes de Gobiernos y de Primeros Ministros, donde correspondan, así como de los parlamentarios o de los diputados, en cada país y en sus organismos regionales internacionales.

Hagamos algo por mejorar la gobernabilidad, la gobernanza, la democracia y la institucionalidad política costarricense. Otro camino podría ser una Asamblea Nacional Constituyente. De esto escribiré después.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Sorpresas en la elección legislativa

José Luis Pacheco Murillo

El día de ayer, como suele suceder cada primero de mayo, la Asamblea Legislativa eligió su directorio para esta nueva legislación. Los acuerdos y las ofertas y las idas y venidas previas tuvieron su finalización con la elección y lo cierto es que hubo sorpresas que deben analizarse, no en cuanto a los elegidos que al fin y al cabo resultaron ser los que se habían acordado, si no y especialmente, en cuanto al respeto de los acuerdos tomados y las disidencias que se presentaron.

En primer lugar, fue sorpresivo la decisión de la diputada del parrido de gobierno Ada Acuña decidió no dar su voto a Rodrigo Arias quien obtuvo 44 de los 45 previstos. Esto además marcó una separación de lo solicitado por el presidente de la República de apoyar a Arias. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Estaremos atentos.

Cuando vino la elección de Gloria Navas para la Vicepresidencia también se dio otra disidencia pues los liberacionistas Carolina Delgado y Danny Vargas no la apoyaron razonando que fue por el manejo que tuvo Navas en el proyecto contra el crimen organizado.

En relación con la elección de la segunda secretaría, nuevamente fueron liberacionistas los que se apartaron de lo acordado. Francisco Nicolás, Dinorah Barquero y Montserrat Ruiz, no votaron por el candidato propuesto el que a pesar de ello logró obtener los votos necesarios.

Por último, en la elección de la segunda prosecretaría nuevamente una diputada del gobierno no votó según lo acordado. María Marta Padilla no apoyó al propuesto.

El poder establecer estas circunstancias de disidencias y de faltas a lo acordado fue posible en virtud de que por primera vez la votación fue pública. Importante avance en procura de mayor transparencia. De ahora en adelante veremos qué tan respetados son los acuerdos y por quienes.

Hoy se inicia una nueva legislación y le corresponde en los primeros tres meses al gobierno determinar la agenda de discusión. Una nueva oportunidad, ya con más experiencia y con el tiempo suficiente para que sea aprovechada.

Qué bueno que tenemos la oportunidad de saber cómo votan las y los diputados y confiamos en que el gobierno sepa aprovechar este manejo de la agenda para lograr las mejores leyes para bien del país en todos los campos.

Dios quiera que así sea.

La Patria en juego

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Honestamente debo confesar que, desde hace varias semanas, no me desgasto viendo el Show de Chaves y su séquito de dóciles vasallos, los miércoles al medio día pues me niego a ser manipulado por la comparsa que arma con la participación de sus “troles” o bufones cibernéticos que, de feria, tiene como telón de fondo las preguntas de supuestos periodistas que se prestan al juego de un guion preparado, posiblemente para que no les endosen el San Benito de prensa canalla y, además, que no los saquen de las listas de contrataciones de los entes oficiales.

Sin embargo, ayer el destino me jugó una mala jugada; pues estaba haciendo “zapping” para ver que encontraba y caí en Canal 13, que desde hace años no lo veo desde para no sufrir su diaria destrucción, en el momento en que el presentador de aquel espectáculo Don Rodrigo Chaves, anunciaba que iba a proceder a acusar a varios diputados… y hasta ahí llegó el “zapping”.

En efecto, montando en cólera el presidente Chaves anuncio que un grupo de ocho diputados había aprobado una moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios para variar destinos en el proyecto de presupuesto del año 2023, y financiar algunos programas de interés social y cultural, tomando los fondos de la partida de pago de intereses de la deuda. Además de vilipendiar a los diputados con fuertes epítetos, leyó sus nombres para que, según él, los costarricenses “fueran conociendo” a quien así actuaban contra los intereses que juzgó “eran los de la mayoría” y solo en favor de un grupito privilegiado. Igualmente arremetió, con lenguaje desproporcionado contra los que había resellado la ley que ampliaba el periodo de explotación en la zona libre de Golfito por tres años, a los que acusó de beneficiar ilegalmente a unos pocos.

Ha pasado por la vida institucional de este país ejerciendo varios cargos desde el año 1966, tanto en el poder Ejecutivo como Legislativo o en las universidades, y a pesar de haber visto muchas situaciones de tensión entre los poderes de la República, nunca había visto a un Presidente enarbolar un ataque tan feroz, violento verbalmente y desusado como el utilizado por el presidente Chaves que olvidó algo muy sencillo y elemental: los diputados hicieron uso de su derecho constitucional para enmendar un proyecto y resellar una ley, como ha sucedido en el pasado con múltiples ejemplos. Cómo es posible que en su actuar, una y otra vez, ignore la letra de la Constitución Política que juró respetar y defender; esa misma Carta Magna que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero que el presidente Chaves, en más de una oportunidad ha dado muestra de olvidarla, ignorarla o simplemente mandarla al basurero.

Por supuesto la reacción fue la esperada; los diputados agredidos y aludidos lanzaron desde sus curules o a través de los medios de prensa, los argumentos de su defensa. Recordaron que no solo habían ejercido el derecho y potestad que tenían, sino que con su actuar habían defendido causas sociales que, les parecía, el Poder Ejecutivo había olvidado por utilizar únicamente el criterio “tijera insensata” a la hora de elaborar el presupuesto, o los 700 trabajadores de la zona franca de Golfito que estaban protegiendo. Vale destacar las palabras del diputado puntarenense Nicolás quién lo increpó por dar decretos para beneficiar a sus financistas de campaña y hasta tratar de vender el Banco de Costa Rica para el lucro de uno de ellos; o la diputada Gloria Navas que le recordó sus deberes constitucionales, la división de poderes, el respeto que debe existir entre ellos y hasta le exigió que pidiera perdón.

Si a esto le agregamos el otro exabrupto chavista en el seno de la propia Corte Suprema de Justicia hace algunas semanas, cabe preguntarnos: ¿hacia dónde nos lleva esta confrontación del presidente Chaves, cabeza del Ejecutivo, con los otros poderes de la República? Será posible que alguien le diga que gobernar no es confrontar. Irrespetar, vilipendiar, manipular a la opinión pública, irrespetar la ley y hasta ser sarcástico utilizando el pavoroso instrumento de la falacia.

Es posible que a algunos les geste su “estilo” de gobernar y hasta lo aplaudan al son de los tambores con que truenan los “troles” bien pagados en las redes sociales, pero con seguridad eso no será eterno. Cuando tenga que enfrentar la realidad, se arrepentirá de no haber escuchado a tiempo a los que le dijeron: SABE QUE DON RODRIGO, por qué en vez jodernos a todos, o vender el Banco de Costa Rica y el INS, o “embejucarnos” más con el FMI y apretarnos con la Regla Fiscal que parece resguardada con un “cinturón de castidad del gasto” para no perderla; CUMPLA CON SU COMPROMISO DE CAMAPAÑA Y COBRE A LOS EVASORES Y ELUDORES DE IMPUESTOS!!!, usted mismo dijo en febrero del 2020 que la cifra era de 3800 MILLONES DE DOLARES AL AÑO!!!!, cuánto se podría hacer con esa platilla, feliz y celosamente guardada en los paraísos fiscales a través de triquiñuelas como los Papeles de Panamá o bancos privados que se pules abriendo cuentas paralelas en campañas políticas para su candidato.

Pero de una u otra forma, termine con esa confrontación con los otros poderes, sobre todo porque en una democracia el Poder Legislativo es el verdadero representante del SOBERANO, es decir de nosotros los ciudadanos, el que a nuestro nombre HACE LA LEY y el presidente de la República es su ejecutivo, nada más. Por eso, cuando Chaves de su informe sobre el Estado de la Nación dentro de seis mees, lo hará en el PLENARIO ante los diputados que, representan al SOBERANO, y por eso, los ciudadanos como parte de él, también le exigimos que nos respete.

Que los diputados den el ejemplo con la jornada 4-3

Vladimir de la Cruz

La jornada de trabajo de Costa Rica, de 8 horas diarias, fue establecida en diciembre de 1920. Esta jornada fue regulada constitucionalmente desde 1943, en la Constitución de 1871, cuando se agregó, a esa Constitución, el Capítulo de las Garantías Sociales, aprobado ese año, junto con las jornadas nocturna y la jornada mixta, diurna nocturna.

En esa Reforma constitucional de 1943 se dio un Pacto Social y Político histórico, entre el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, la Iglesia Católica jefeada por el Obispo Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, y el jefe del Partido Comunista, Manuel Mora Valverde, todos ellos hoy reconocidos como Beneméritos de la Patria.

La Guerra Civil de marzo y abril de 1948 produjo el ascenso al Gobierno de José Figueres Ferrer, también reconocido como Benemérito de la Patria, quien el 8 de mayo de 1948 al asumir el Gobierno, declaró la Fundación de la Segunda República, período histórico que seguimos viviendo. En ese primer año de su Gobierno convocó a la Asamblea Constituyente que trabajó durante el año 1949, aprobando la Constitución Política actual.

En esta Constitución se recogió, en el Capítulo de Garantías Sociales, las reformas hechas en 1943, ligeramente ampliadas, estableciendo, de esa manera, el régimen laboral del país, en sus jornadas de trabajo, lo ya establecido desde 1920 y 1943. Esto también se llevó al Código de Trabajo, aprobado en 1943, vigente en sus aspectos fundamentales hasta hoy, con las reformas laborales aprobadas en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, La Ley del Trabajador, y las reformas laborales del 2009, con el perjuicio y limitaciones que se le ocasionaron por las reformas legislativas del 2018-2019 en el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

La legislación vigente establece la jornada máxima diaria en 8 horas diurnas o en 6 nocturnas, y un sistema mixto diurno nocturno. Cualquier hora adicional se paga con un 50% más de su valor. Así, por ejemplo, si se paga a ¢100 la hora, la extraordinaria se pagará a ¢150. Si bajo este sistema se trabajan 12 horas, las primeras ocho se pagan por ¢800 y las segundas cuatro horas extras por ¢600, para un total de ¢1400 por jornada diaria.

Desde hace muchos años, en este siglo, se viene discutiendo la posibilidad de establecer una jornada laboral de 12 horas diarias. Así se discutió en la Asamblea Legislativa en el 2004. De establecerse esa jornada, en el ejemplo anterior, todas las horas se pagan igual, a ¢100 cada hora, con lo cual se incrementa el tiempo de trabajo, a 12 horas y su pago a ¢1200 diarios, con lo cual se rebaja el pago en ¢200, al no pagarse 4 horas extras, sobre las primeras ocho horas trabajadas.

También se elimina la jornada mixta y se ahorran los patronos los pagos diferenciados.

Esta jornada del 4-3 repercute en los beneficios sociales del aguinaldo, el salario escolar, las prestaciones, y en el largo plazo en la pensión, pues, al no pagarse los incentivos y beneficios de horas extras, no se contabiliza su monto proporcional en estos derechos. Así, la reforma debilita estos beneficios y derechos sociales.

La rebaja en el pago diario por la jornada de 12 horas, diarias por cuatro días a la semana, también produce proyectivamente una rebaja en lo correspondiente al pago de aguinaldo, y en el acumulado histórico para las futuras pensiones de los trabajadores que tenderán a más bajos ingresos jubilatorios.

En la vida diaria es también una rebaja de dinero que incide en la reducción de la capacidad adquisitiva del salario, respecto a los precios de los productos básicos de consumo, la canasta básica, entre ellos, que suben de precios todos los días, bajo muchos pretextos. De hecho, los salarios suben en escalera mientras los precios de los artículos de consumo suben en ascensor.

Así, con la jornada de trabajo de 12 horas, se trabaja más por día o por noche, se recibe menos dinero y se pagan los productos de consumo cada vez más caros, porque en correspondencia con estas posibles modificaciones a la jornada, y los salarios, no se congelan los precios de los artículos de primera necesidad, ni se congelan los alquileres que paga la gente, ni se congelan los pagos de los servicios públicos, como agua, servicios y ciertas tasas municipales, el servicio de recolección de basura, electricidad, y cualquier otro servicio público, como los peajes de vehículos, que en una situación de crisis y de congelamiento real, que hay de salarios y pensiones, también deberían someterse a congelamiento sus alzas. En este campo las Defensorías de los Habitantes y la de los Consumidores son simples papeles pegados en la pared, carecen de los sentidos de vista, el oído y la voz.

¿Cómo podemos ver en su efecto práctico esta jornada 4-3? Veámoslo así: Los trabajadores, en su desplazamiento al trabajo, emplean de una a dos horas más, antes de llegar a sus trabajos, desde que se levantan, bañan, visten, desayunan y toman los buses, a veces uno, dos o tres buses.

Igualmente gastan este tiempo para regresar a sus hogares. En la jornada laboral de 12 horas, si un trabajador entra a las 7 de la mañana, saldrá de su casa alrededor de las 5 a.m. y regresará alrededor de las 8:30 ó 9 de la noche. Así, durante 4 días a la semana este trabajador se alejará de su hogar por un lapso entre 14 y 16 horas cada día.

En el supuesto de que el cónyuge trabaje igual jornada y coincida en los días, ambos estarán juntos durante 3 días a la semana, pero los otros 4 dejan al garete a toda su familia. Con esta jornada, ningún sistema familiar se fortalece ni se integra.

Por otra parte, los niños ya no tendrán el apoyo de los padres en sus estudios, y estarán más solos y abandonados familiarmente. Y, si los cónyuges no coinciden en sus días laborales, uno trabajando de lunes a jueves y el otro de jueves a domingo, nunca se verán. La Familia, pilar de nuestra sociedad, se debilita, se fragmenta, entra en crisis y se pospondrá la creación de familias en tanto se postergarán las posibilidades de matrimonios o de vivir en parejas para la procreación.

Y, si por ese abandono laboral de sus hogares los esposos tienen que contratar personas para el cuido de sus hijos, les implica un gasto adicional más, y una reducción en sus ingresos, si pudieran pagar esos servicios, porque las fábricas, empresas e instituciones no tienen guarderías, ni aulas, para que los hijos de sus empleados, durante estas jornadas, sean atendidos en guarderías o puedan recibir clases, con maestros y personal contratado para esos efectos.

Tampoco hay una política social estatal que impulse fortalecer la creación de guarderías y de aulas en las empresas o fábricas, porque los empresarios no tienen tampoco esta visión de la responsabilidad social empresarial de esta manera, ni tienen ningún interés en ello, ni ninguna sensibilidad social en este sentido.

En el año 2004 y siguientes, el gran representante de los empresarios, hoy privado de su libertad, preso en su domicilio, Samuel Yankelewitz, decía que esa jornada era a favor de la familia, porque permitiría mayor integración familiar. Igual decía que iba a favorecer el estudio y la superación profesional de los trabajadores. Pero ¿a qué hora van a poder estudiar los trabajadores con jornadas de 12 horas diarias? Los colegios nocturnos, han venido debilitándose y, con estas jornadas acabarán por cerrarse todos, lo cual disminuye las posibilidades de superación y fortalecerá el incremento de la pobreza y de la pobreza extrema, que ya es muy alta en el país. Familiarmente, con esas jornadas, ¿en qué momento se podrá realizar plenamente una pareja matrimonial, para sus propias relaciones y las relaciones con sus hijos?

La modificación que se quiere hacer el régimen de jornadas laborales es violenta, anticonstitucional, inhumana, anticristiana y anti familiar, es especialmente contra la niñez de la clase trabajadora.

Es violenta porque regresa al régimen laboral del siglo XIX existente en Europa, en Estados Unidos y en los países que experimentaban el desarrollo de sus revoluciones industriales, y en la mayoría de los países, donde las jornadas se excedían de las 10, 12, 14 o más horas diarias, situaciones socioeconómicas que provocaron, a la vez, las diferentes luchas sociales de los trabajadores, que por ello se dieron, la lucha por la legislación laboral y social, y la lucha por la jornada de 8 horas que se logró en 1886, y a partir de 1890, cuando se generalizó a nivel mundial su lucha. La jornada de 12 horas es volver a los sistemas laborales del siglo XIX, sin duda alguna.

Los que se inspiran en la doctrina social de la Iglesia Católica, si realmente son cristianos, y practican el cristianismo, con base en esa doctrina, más allá de la apariencia de asistir a los rituales como las misas, a las que muchos van tan solo por la vista social, para que los vean en la Iglesia, para guardar las apariencias, deben estudiar, por lo menos, las encíclicas papales relacionadas con los temas sociales y laborales, y las que tratan de la justicia social, de la visión cristiana del trabajo, de la justa retribución salarial del trabajador, como jornadas de trabajo, derecho de huelga y organización sindical, derecho a un justo salario.

Estas Encíclicas, las que recomiendo, son: la Rerum Novarum, la Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Populorum Progressio, Octogesima adveniens, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, Caritas in veritate, Laudato si y Fratelli tutti.

A sacerdotes también les recomiendo su lectura, si no lo han hecho, o su relectura, por si se les han olvidado conceptos claves para entender por qué hay que estar contra la jornada de trabajo de 12 horas diarias, y en contra del proyecto de ley de las jornadas 4-3. También deberían repasar el Código Social de Malinas de 1927.

Los diputados, de tradición cristiana, católica, u otra manifestación cristiana, si no actúan de conformidad con estos valores, son unos verdaderos fariseos parlamentarios, son verdaderos hipócritas, son simples fingidores de principios y valores cristianos, que ni conocen ni practican, simuladores, por ello inmorales o amorales, y falseadores reales del cristianismo y sus valores fundamentales, relacionados con el mundo del trabajo y de los trabajadores. De hecho, carecen de estos valores, aunque finjan creer en ellos, y aunque los invoquen de vez en cuando, al menos para su discurso político.

Dentro de un modelo de desarrollo neoliberal, nada social, como el que se impulsa, lo que se busca es bajar costos de producción disminuyendo el pago de salarios y de los beneficios sociales adicionales de los trabajadores, aumentar la riqueza de los empresarios y aumentar la pobreza de los trabajadores. Los defensores de estas reformas no ocultan que están vinculadas estrechamente a los requerimientos de la globalización, con la apertura comercial que se ha pretendido con los tratados firmados por el país, y con los nuevos procesos de inversión económica que se esperan lograr.

Con esta reforma a la jornada de 8 horas, se pretende regular nuevas modalidades de trabajo que se están tratando de imponer y generalizar en todas las actividades empresariales y productivas del país. El confite del engaño está en decirle a los trabajadores que es optativa. Tal vez sea optativa para una parte de los que ya están trabajando. Para los nuevos trabajadores esa será su jornada, sin opción de la de 8 horas.

Una modalidad de la jornada 4-3 es la llamada jornada laboral anualizada, que está concebida sobre prácticas europeas del trabajo estacional debido al invierno y las nevadas en actividades agrícolas.

Para esta jornada, se toman en cuenta todas las 52 semanas del año, a razón de 48 o 36 horas semanales de trabajo, según sea la jornada diurna o nocturna. En consecuencia, jornada anual de 2400 horas diurnas y 1800 nocturnas, que incluye los 15 días de vacaciones.

Quienes acepten esta jornada la trabajan intensamente, de seguido, en jornadas de 10 horas de manera que se trabajan 240 días diurnos o 180 nocturnos, quedando prácticamente tres o seis meses libres.

Durante estos meses libres, de mantenerse una relación estable, la empresa suspende el contrato de trabajo, con todas las implicaciones legales que eso significa.

Por este camino también se violan y pierden derechos y beneficios sociales. Veamos:

1.- El pago de aguinaldo, salario escolar o prestaciones se haría en proporción al trabajo de 240 días y no de 365 días, con lo cual el trabajador recibe menos dinero. El patrono se gana el equivalente al aguinaldo completo y 2 meses de salario.

2.- Al dejar de pagar las obligaciones sociales del Seguro Social y Banco Popular durante el período de suspensión laboral, el trabajador pierde 3 cuotas de pago por año, que le van a faltar para cuando tenga que hacer el cálculo de su pensión. Así, el trabajador tras laborar 35 años para tener derecho a su pensión tendrá que ampliar su jornada de trabajo en 105 meses, es decir en 9 años más, para poder tener el total de las cuotas anuales a razón de 12 por año que pide el Seguro Social. Por eso también, hay tendencia a ampliar el plazo de años y de cuotas de pago, al Seguro Social, para tener derecho a la pensión. Por otra parte, el patrono se ahorra estos 9 años de pagos de Seguro Social y de Banco Popular.

Uno de los problemas sociales más graves que se va a presentar asociado a este régimen de jornadas es la contratación por el salario a la baja.

Con la masa de desocupados, que ronda los 500.000, la lucha por el empleo no importa cuál sea la jornada, va a ser por la contratación de cualquier jornada y el salario más bajo. Hacia eso están empujando con esta Reforma que pretende imponer la jornada 4-3. A ello se agrega el valor ideológico de estar afirmando que la pobreza y la extrema pobreza no tienen solución, que lo que se trata es de que no crezca, cuando constantemente crece.

Sobre esta violencia laboral va a aumentar la violencia sobre el sector doméstico y las amas de casa. El trabajo supone una actividad, un empleo y un salario. Las amas de casa realizan su trabajo sin que se les reconozca socialmente su trabajo y por ello carecen de salario, por el trabajo que realizan. Su jornada con el establecimiento de la jornada 4-3, para ellas va a aumentar, a 16 o más horas diarias, porque se tendrán que levantar más temprano y acostar más tarde para atender a sus compañeros de hogar, junto con las tareas propias del hogar, en sus dobles o triples trabajos, esposas, madres y trabajadoras de su hogar.

Hace algunos años se reguló el trabajo del servicio doméstico remunerado, se reguló la jornada de 12 horas de trabajo que tenían las empleadas domésticas y se estableció la jornada de 8 horas para ellas.

Esto se vuelve a alterar con la jornada 4-3 violentamente.

La incorporación de los jóvenes, de los excluidos de la educación, de los trabajadores informales, violentará más sus condiciones de vida y trabajo, con esta nueva jornada que se pretende imponer. Se trata de cambiar también el papel y el valor del trabajo.

El trabajo ha creado una fuerza social poderosa, al movimiento obrero, aunque sea débil orgánicamente en el país. El movimiento obrero hoy no es el del siglo XIX, ni el del siglo XX. Hoy es un concepto más amplio, los trabajadores en sus diversas modalidades de asalariados, que incluye importantes segmentos de las clases medias golpeadas en sus ingresos, salarios o pensiones, aliados estratégicos de los trabajadores con salarios e ingresos más bajos, porque a sectores de la clase media los están empujando hacia los sectores pobres de la sociedad.

La nueva Asamblea Legislativa debería desarrollar un Foro, por lo menos, de una semana de trabajo intenso, con todos los sectores involucrados en esta reforma laboral que se pretende. Un Foro con los empresarios, patronos y sus cámaras empresariales, con todos los sectores sociales, los sindicatos por medio de sus Federaciones, especialmente, con los sectores cooperativos y solidaristas, con representantes de los partidos políticos, que incluya a los que no están en la Asamblea legislativa, y que participaron en las últimas elecciones, si tienen algo que decir en esta materia, los sectores académicos de las universidades del país, públicas y privadas, de las Escuelas de Derecho, a la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene sede en el país, representantes del Patronato Nacional de la Infancia, del Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, de las organizaciones de mujeres que hay inscritas en INAMU.

Los diputados deberían dar el ejemplo de la jornada 4-3. De hecho, trabajan de lunes a jueves, solo cuatro días, en sus comisiones y el Plenario. Los viernes no trabajan parlamentariamente. Sábados y domingos tampoco trabajan legislativamente. Tan solo los jefes de fracciones legislativas atienden la prensa por la mañana del viernes para hacer un balance, ante los periodistas, de lo realizado durante la semana y exaltar el control político que realizan.

Queremos ver a todos los diputados, con los funcionarios de sus oficinas, y el resto del personal legislativo trabajando la jornada 4-3, con efectivos tres días de descanso para todos ellos. Esto sí sería un buen ejemplo para todos los trabajadores a quienes se les quiere recetar la bondadosa jornada 4-3. ¡¡¡Apruébenlo para ustedes, señores diputados!!!. Den el ejemplo. La misma reforma legislativa que se necesita hacer para los trabajadores se puede hacer para todo el personal de la Asamblea Legislativa, incluidos los diputados, que marquen reloj de 12 horas efectivas. Los reto públicamente.

El tiempo de trabajo de las comisiones, y la entrada de los diputados a sus oficinas, no les permite atender todas las Comisiones. Tampoco lo pueden hacer por el tamaño de las fracciones, todas excepto una, menores de 10 diputados.

Si los diputados tuvieran una jornada real, efectiva, de 12 horas diarias, como se pretende que la tengan los trabajadores del país, podrían atender más comisiones de trabajo y podrían ser más efectivos en su labor parlamentaria.

Si los diputados trabajaran 12 horas diarias, supongamos de 7 a.m. a 7 p.m., darían un gran ejemplo al país con lo que pretenden imponer a todos los trabajadores. Hasta podrían aprobar más y mejores Proyectos de Ley.

Pero esa jornada implica que todos los trabajadores de la Asamblea Legislativa, casi 1000 que tiene, tendrían que estar igual que ellos, con jornadas de 12 horas efectivas de trabajo, para acompañarlos desde que lleguen a las 7 a.m. hasta las 7 p.m. ¿Estarán de acuerdo estos trabajadores en dar el ejemplo de la jornada 4-3? Y, ¿por qué no, también en la Casa Presidencial, con todo su personal, con una jornada 4-3?

En todo esto, el Patronato Nacional de la Infancia, que vela por la integración de la familia, del niño particularmente, las organizaciones de mujeres, los sindicatos y la Iglesia Católica, especialmente, guardan silencio. De las otras iglesias representadas políticamente también están en silencio.

Si fuera buena jornada la de 12 horas ya la habrían establecido países industriales como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra. Sin embargo, la tendencia en ellos es bajar la jornada de trabajo a 7 o 6 horas diarias. En Europa varios países están con jornadas de 35 y 36 horas semanales.

Hay que detener la reforma laboral que impulsan todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. pues empeorará las condiciones de vida y de trabajo de la población costarricense. Diputados, den el ejemplo. Empiecen ustedes con jornada 4-3.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

El directorio legislativo 2022 – 2023 ¿Ejemplo de democracia o “golpe suave” al nuevo gobierno?

Nuevos diputados, con Rodrigo Arias al centro. Foto: https://semanariouniversidad.com/

Por Alex García

El grupo económico que representa Rodrigo Arias y su hermano, el expresidente, Oscar Arias logró 24 horas antes de la elección del directorio, crear un bloque mayoritario de diputados por medio del acuerdo firmado por 4 partidos (con la clara exclusión de la bancada de gobierno).  Lo que deja en claro que existirá una fuerte pugna entre el ejecutivo y el legislativo para definir el rumbo del país en los próximos 4 años. Sin perder tiempo el nuevo bloque político definió la agenda y el método para desarrollarla, marcando así el espacio de acción al nuevo gobierno, que constitucionalmente tiene la potestad de definir agenda legislativa en los primeros 90 días del nuevo periodo constitucional.

El bloque suma 41 votos, una mayoría contundente para mantener el control y definir agenda. Ante esta realidad el nuevo gobierno se vio obligado a negociar la lista de proyectos que se agendarán. Cediendo así la iniciativa legislativa al grupo de poder liderado por los hermanos Arias Sánchez.

Presenciamos, así como este grupo de poder fáctico (el de los hermanos Arias), basados en la experiencia desarrollada durante los 4 años del gobierno de “Carlitos el progre”, en el quedó claro que es el control de la asamblea lo que permite ejercer el dominio estratégico del poder, no necesitó ganar las elecciones para asumir el poder. Le bastó colocar estratégicamente a sus piezas y por medio de un “ejemplar ejercicio democrático” tomar el control de la Asamblea Legislativa. 

Rodrigo Arias cuenta con el apoyo unánime de la prensa, del capital financiero, de la mayoría de los grupos del poder fáctico y de la embajada de los EEUU. Además, su “buena prensa” le permite colocar en el imaginario popular la imagen del líder con la ansiada “capacidad de gobernar”.

La figura de Rodrigo Arias cubre con creces la falencia de liderazgo que hubo en 3 de las 4 presidencias legislativas de la Asamblea Legislativa el cuatrienio pasado.

Su designación, de paso, logra otro de los objetivos de su grupo de poder: borrar del escenario político nacional al ex presidente José María Figueres.

La derecha ha demostrado una vez más su capacidad de generar unidad con visión estratégica, dejando de lado sus divergencias de forma, se unen basados en sus coincidencias de fondo y actúan en consecuencia. 

Así las cosas, todo parece indicar que, a partir de este 01 de mayo 2022, iniciamos una nueva etapa en la vida política del país. Quizá estamos presenciando el fin de la segunda república. 

Las diferentes y diversas organizaciones y grupos progresistas de la izquierda, deben tomar nota de esto y empezar a trabajar por la unión, dejando de lado la desgastante e inútil actitud de la hipercrítica y los fundamentalismos dogmáticos. Es la hora de contar con criterios objetivos de unidad, la hora de leer y actuar con profundidad de análisis. La coyuntura nacional e internacional que transitamos no deja espacio para perder el tiempo en discusiones de forma, urge construir basados en objetivos de fondo.

Le tocará a la nueva fracción del Frente Amplio plantar resistencia ante la embestida neoliberal, desarrollar capacidad política para unir la protesta popular y generar condiciones para incidir en el ejecutivo, para dar la lucha en defensa de las garantías sociales. 

Un inmenso reto que requiere contar con el apoyo de todas las personas que se identifican con el progreso social, la igualdad, los derechos de la clase trabajadora y los valores democráticos. 

Esperamos que la fracción y la dirigencia del Frente Amplio faciliten los espacios para ir creando la necesaria unidad popular.

Réquiem por la Costa Rica democrática, culta y solidaria

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El espectáculo legislativo de este infausto mes de abril de 2021 tiene que continuar cueste lo que cueste, no importa si sus protagonistas estén destrozando, o desmontando paso a paso, mecanismo a mecanismo, pieza a pieza, los componentes esenciales de la institucionalidad del país y los fundamentos jurídicos e incluso filosóficos que le dieron fundamento a lo largo de las siete décadas transcurridas desde el fin de la la guerra civil de 1948 y la aprobación de la Constitución Política de 1949. Para eso es que el diario La Nación y sus propietarios necesitan tener a los diputados encerrados en el horroroso búnker de Cuesta de Moras, además de que cuentan con el beneficio adicional de la gran cantidad de tontos que piensan que la Asamblea Legislativa es una fábrica de leyes, sin darse cuenta de que afilan el cuchillo que pondrán en sus pescuezos.

La constitución de aquel año, que ahora nos parece tan lejano, y su espíritu han muerto después de agonizar durante al menos las dos primeras décadas del nuevo siglo, aunque todavía nosotros todavía no terminamos de tomar nota de las consecuencias de tan infausto suceso: la separación de los poderes del estado, la autonomía universitaria y la municipal han quedado reducidas a cenizas, pero también las instancias administrativas y judiciales en materia de gobierno y empleo público, las que pasarán a estar controladas por un cada vez más poderoso y jacobino gobierno central.

El estado social de derecho que se empeñaron en plasmar en los artículos 50 y 74 del nuevo texto los constituyentes reformistas del Partido Social Demócrata, tales como Rodrigo Facio y Luis Alberto Monge, entre otros y los del Partido Constitucional Demócrata como Celso Gamboa y un numeroso grupo de ilustres constitucionalistas de entonces, que contaron con el decisivo apoyo de la mayoría más bien “conservadora” de los diputados ulatistas de entonces, es algo que ha terminado por desvanecerse en medio de la oleada cortesana, mediocre y neoliberal-neoconservadora-neopentecostal que domina a la mal llamada clase política costarricense, la que ha venido a dar al traste con la brillante defensa de la autonomía universitaria, dotándola de recursos financieros que la garanticen, plasmada plenamente en aquella constitución por Rodrigo Facio, Fernando Baudrit y otros destacados constitucionalistas de grata memoria, durante largos debates que merecen recordados, sobre todo por su perenne vigencia (Ver Óscar Castro Vega RODRIGO FACIO en la constituyente de 1949 EUNED San José CR 2003). Han quedado en olvido y reducidos casi a nada los aportes de Luis Alberto Monge, como diputado constituyente encargado por su pequeña fracción socialdemócrata, de redactar y defender el capítulo de las garantías sociales, como un capítulo de la constitución que estaban por aprobar. La obra demoledora de las yorlenis león y otros personajes de poca monta terminó por ser más corrosiva y persistente, tanto como para dar al traste con los valiosos aportes de aquellas generaciones.

Estamos en manos de las gentes de una clase política, donde predominan la ignorancia y la mediocridad, dentro de la que se mezclan las expresiones integristas de una vieja religión revelada (como en el caso neopentecostalismo con su elaborada teología conservadora del éxito y la “salvación personal”, unidos al oportunismo e ignorancia supina de sus voceros políticos) con aquellas otras, de orden secular, propias de la religión del mercado, convertido en el gran desiderátum en todos los órdenes de la vida económica, política y social al que obedecen el PLN PAC PUSC RN NR y otras franquicias electorales, también listas para cazar incautos en la próxima “campaña electoral”, hoy convertidas en el “partido único neoliberal” que desgobierna a Costa Rica.

El delirante odio populista de cierta derecha hacia los intelectuales y el pensamiento libre ha marcado el tono de la ofensiva totalitaria contra la universidad pública costarricense, a la que ven como subversiva por ser un espacio libre para una profesión de fe democrática de amplio espectro y otorgadora de “privilegios” hacia sus académicos, investigadores y funcionarios a los que desearían ver reducidos a la condición de precariedad salarial y laboral de sus pares de las universidades privadas.

Son el pensamiento auténtico y el trabajo académico libre de las manipulaciones de los poderes fácticos, como también la investigación científica seria, con sus innumerables aportes de gran calidad en beneficio del conjunto de los costarricenses, junto con una sostenida acción social dirigida hacia muchas comunidades de todo el país los componentes de lo que en su conjunto irritan a los dueños de este país: a lo sumo, para estas gentes de corta mirada y gruesos bolsillos, las universidades deben ser fábricas de graduados, donde como en el caso de la gran mayoría de las privadas (en todo hay excepciones) brillan por su ausencia las bibliotecas, los laboratorios y los institutos de investigación. Por desgracia los poderosos dueños de los grandes medios de (in)comunicación social han tenido éxito en convencer a muchas gentes incautas ocultando, detrás de supuestas preocupaciones de orden fiscal, mientras se dedican a saquear de verdad los recursos públicos, sus verdaderas intenciones totalitarias y su insaciable rapiña, como en el caso de las trochas, la ruta 27 y otros inconfesables negociados, además de la colosal evasión tributaria.

Es por eso que no nos queda, por ahora, sino exteriorizar este réquiem por la la ruina de la institucionalidad democrática de un país como este en el que hemos nacido, al que consideramos digno de mejor suerte. Las nuevas generaciones tendrán que emprender de nuevo, casi de cero, una lucha que los reformadores sociales de los años cuarenta supieron materializar en hechos y resultados positivos, al construir de esa manera un país más solidario, culto y justo que los del resto de la región, ¿vamos entonces hacia una “centroamericanización” de Costa Rica, entendida en el peor sentido del término?

Necesidad de la elección separada de diputados

Vladimir de la Cruz

Tuvimos en Costa Rica la primera elección de diputado cuando se escogió al Dr. Florencio del Castillo como Diputado a las Cortes de Cádiz, en 1812, cuando aún éramos colonia española. Después, los días inmediatos a la proclamación de la Independencia, de Guatemala y de Costa Rica, cuando se eligieron los miembros de la la Junta de Legados de los Pueblos, que se instaló el 12 de noviembre de 1821, que terminó sus funciones el 1 de diciembre de 1821, cuando se aprobó el “Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, reconocida como la Primera Constitución costarricense. La de Cádiz fue la Constitución Española, cuando todavía pertenecíamos al Reino español.

El Historiador Rafael Obregón Loría señala a la Junta de Legados como el I Congreso y la I Asamblea Constituyente del país, desde donde él hace iniciar la historia legislativa de Costa Rica.

La Junta de Legados estuvo integrada por representantes de 22 pueblos, entre propietarios y suplentes.

El II Congreso y Segunda Asamblea Constituyente, que revisó el “Pacto Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia”, desde el 6 hasta el 12 de enero de 1822 se integró con representantes de 8 pueblos.

El III Congreso y Tercera Asamblea Constituyente que trabajó del 3 de marzo hasta el 10 de octubre de 1823, se instaló con representantes de 11 pueblos o comunidades, cuando todavía no nos habíamos integrado a las Provincias Unidas de Centro de América.

Pero, ya integrados, el Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas de Centro de América, decretó, el 5 de mayo de 1824, que se establecieran los Congresos de cada una de las Provincias que formaban parte de esta Unión, para que a su vez establecieran la Constitución particular de cada Estado miembro de esta Unión, ordenándose nombrar Jefe de Estado, con un Vice Jefe de Estado, y a los diputados respectivos, para los que se exigía ser ciudadano en ejercicio de sus derechos y tener 25 años. También hubo un Congreso Federal Centroamericano.

El IV Congreso o la Cuarta Asamblea Constituyente, ya en el período del Estado de Costa Rica, se instaló el 6 de setiembre de 1824, con 12 diputados propietarios y 4 suplentes.

El 23 de setiembre de 1824 por Decreto se ratificó la Independencia Absoluta del Estado de Costa Rica y se dispuso la organización del Gobierno. El Vice Jefe de Estado presidía al Congreso, probablemente siguiendo la tradición de la República Federal de Centroamérica y del Congreso estadounidense. Desde el 11 de abril de 1832 se tuvo reglamento legislativo. Así se inició, en resumen nuestra vida legislativa y parlamentaria.

El Congreso hasta 1838 se hizo representar por diputados de 7 pueblos. Aun cuando ya se había establecido una división territorial de Departamentos, en 1835, la representación se hizo por pueblos, hasta que en 1844 se empezó a reconocer la región de Guanacaste, ya era Departamento, con su representante, año en que también funcionó un Senado. En procesos electorales para el nombramiento de los diputados podían cambiar los miembros de algunos pueblos por otros pueblos.

El 31 de agosto de 1848 fue declarada la República de Costa Rica, por el Dr. José María Castro Madriz, y la instalación del Congreso de 1848-1849 se hizo con representantes de San José, Cartago, Alajuela, Heredia y Guanacaste, cuando ese mismo año se estableció la división administrativa nacional por Provincias, que en ese momento eran esas cinco. Puntarenas y Limón eran Comarcas.

En la Constitución Política de 1848 se estableció que los diputados durarían en sus cargos seis años, debiendo renovarse por mitades el Congreso cada tres años.

Con la República apareció la figura del Presidente y de los Designados a la Presidencia, que sustituyeron al Vice Jefe de Estado.

En la instalación del Congreso de 1858 se eligieron representantes de Moracia, como se le había cambiado de nombre a Guanacaste. En el Congreso instalado el 16 de octubre de 1859, ya destituido Juan Rafael Mora Porras, se eligieron representantes de Puntarenas y todavía de Moracia. Después de su fusilamiento se le volvió a denominar Guanacaste.

La Constitución de 1859 volvió a restablecer el Senado. Los diputados entre propietarios y suplentes, con una población de 100.000 habitantes en términos generales, eran 21 y 12 senadores.

En la Constitución Política de 1859 se estableció que el Congreso se instalaría cada año el Primero de Mayo, como se hace actualmente. Para la elección de la Asamblea Constituyente de 1870 se dispuso la elección en dos grados. Las elecciones usualmente en esa época se hacían en varios días, y con padrón electoral de los facultados para ejercer el voto, que debía tenerse listo al menos 6 días antes de las elecciones.

Para la elección de diputados de 1882 se hizo representar a Limón, que todavía no era Provincia.

Desde finales del siglo XIX el Congreso y sus diputados iban en armonía temporal con el período presidencial, de cuatro años, renovándose la mitad de los diputados cada dos años.

Era usual también que diputados a la vez se lanzaran a candidatos a la Presidencia. Así lo hicieron Ricardo Jiménez Oreamuno, Alfredo González Flores que fue sacado de la diputación para ser declarado Presidente, siendo nombrado para ello Designado a la Presidencia, y llamado a ejercer la Presidencia. Otros diputados que llegaron a ejercer la Presidencia fueron Francisco Aguilar Barquero, Santos León Herrera, León Cortés Castro, Otilio Ulate Blanco, que fue diputado en la Asamblea Constituyente de 1917 y en el Congreso de 1930. Rafael Ángel Calderón Guardia forjó su candidatura presidencial cuando fue diputado, 1934-1939, siendo electo diputado para el Congreso de 1940, Teodoro Picado Michalski, Francisco José Orlich Bolmarcich, Virgilio Calvo Brenes, Manuel Mora Valverde, Luis Alberto Monge Álvarez, empezó su carrera parlamentaria cuando fue electo en la Asamblea Constituyente de 1949

Algunos Presidentes, antes de 1948, fueron nombrados diputados después de que ejercieron la Presidencia de la República, como Carlos Durán Cartín y Cleto González Víquez. Después de 1948 no se prohíbe esta elección pero no se acostumbra.

Ricardo Jiménez Oreamuno fue electo diputado en 1922 y en 1924 por la Provincia de San José y por la de Cartago, siendo candidato a diputado en ambas provincias a la vez, año en que fue electo Presidente. Repitió como candidato a diputado en ambas provincias al mismo tiempo en 1930, por San José y Cartago, siendo electo por Cartago. También Marcial Fallas Díaz fue candidato a diputado en la elección de medio período de 1930 en la Provincia de San José, al mismo tiempo por dos partidos, el Republicano constitucional y el Unión Provincial. En esta misma campaña electoral Otilio Ulate Blanco fue candidato a la vez de dos partidos políticos, el Alianza de Obreros y Campesinos, en San José y por otro en Alajuela, siendo electo por Alajuela. En San José, ya candidato tuvo mucha oposición a su candidatura por grupos obreros organizados.

Hasta 1948 el Congreso se renovaba cada dos años por mitades. Con la Constitución de 1949 se estableció un período de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata para los diputados, como sí se permite la reelección de Alcaldes y de Regidores y Síndicos. La reelección continua con renovación por mitades permitía un mejor funcionamiento del Congreso porque la mitad de los diputados que permanecía permitía su mejor funcionamiento, mientras los nuevos diputados se iban entrenando en el trabajo legislativo y el conocimiento del reglamento parlamentario. Actualmente se estima que cada nuevo Congreso duran sus diputados hasta 10 meses para manejar bien el reglamento legislativo, y todos los diputados, a los efectos prácticos, resultan neófitos diputados, lo que se evidencia mucho en la actual Asamblea Legislativa.

Desde 1953 se eligen los diputados simultáneamente con la elección presidencial. Hasta el 2010 se elegían también en el mismo acto los Regidores y Síndicos. Ya los Alcaldes se habían separado de esa elección, y hoy tienen todos ellos su propio proceso electoral dos años después de las elecciones nacionales de Presidente y de Diputados.

Hasta el año 2002, desde 1953, nunca había habido, una segunda vuelta electoral porque en la primera convocatoria para emisión del voto, la del primer domingo de febrero, del año electoral, siempre se había obtenido un ganador con votación superior al 40% de los votos válidamente emitidos. Pero, en las elecciones del 2002, 2014 y 2018 hubo que ir a la segunda vuelta, el primer domingo de abril del mismo año electoral a repetir la elección con los dos candidatos, que en la primera votación habían obtenido el mayor porcentaje electoral o número de votos, dejando en la primera vuelta electos los diputados que acompañarían al Presidente, electo en la segunda vuelta.

En las elecciones de segunda vuelta del 2014 y 2018 resultó que el partido ganador, Acción Ciudadana, solo eligió 14 y 10 diputados respectivamente, de 57 que tiene la Asamblea Legislativa, lo que evidencia una situación anómala en el funcionamiento legislativo, institucional y gubernamental. La fuerza real de votos que tienen los últimos dos gobiernos es la que sacaron en la primera votación, cuando se eligieron sus diputados, y no los votos de la segunda vuelta, cuando todo el pueblo electoral, a la fuerza, tiene que escoger entre las dos alternativas, aún cuando ninguna les guste. Son gobiernos en este sentido débiles, más allá de si los otros partidos políticos, en la Asamblea Legislativa, les prestan sus diputados, con sus votos, para la aprobación de sus Proyectos de Ley, lo que les aparenta cierta fortaleza, como ha sucedido con el actual gobierno.

En este sentido, en el proceso electoral, debemos avanzar con decisión y con visión de futuro, y con valor, en las siguientes reformas de elección de diputados:

1.- en la reelección consecutiva de los diputados, como se hacía antes de 1948. En ese período había Escuela y Universidad legislativa en la formación de los diputados. Los que se reelegían eran los destacados, así se puede ver de la lista de diputados que integraron el Congreso, lo que se demuestra también cuando varios partidos, al menos dos, proponían un mismo candidato, por una misma provincia o por distintas provincias, o cuando un Presidente, dejando la Presidencia iba al Congreso.

2.- la reelección consecutiva, podría hacerse, incluso, con elección de mitad de diputados a medio período, ligando esta elección a la de Alcaldes, Regidores y Síndicos, lo que le daría más fortaleza y entusiasmo político a esta elección.

3.- mantener la doble candidatura de Presidente y de Diputado a la vez, en que un candidato a Presidente sea a la vez a diputado, lo que se establecido desde el 2002. Así se hacia en el período anterior a 1948. Ricardo Jiménez y Rafael Ángel Calderón Guardia lo fueron. Hoy se permite que un Diputado en ejercicio pueda ser candidato y hasta Presidente, como Abel Pacheco, o candidatos que siendo diputados lo han sido, y hay varios, como ahora los hay en la Asamblea Legislativa calentando motores en esa dirección.

4.- valorar un mecanismo para que los candidatos a la Presidencia, que no son electos diputados, pero que sacan un porcentaje de votos, o un número de votos determinado, puedan ser electos diputados, lo que llevaría al Congreso a algunos diputados de alta calidad política y dirigentes políticos que se consideran altos, grandes o importantes líderes de sus partidos y de reconocimiento nacional por los votos obtenidos.

5.- y mi propuesta, la que considero más urgente, y quizá la más importante y relevante, es que se separe la elección de Presidente y la de Diputados, como ya se separó la de Regidores y Síndicos.

La elección de Presidente debe dejarse para el primer domingo de febrero como está establecido en la Constitución Política, y si hubiera segunda ronda, se hace igual, el primer domingo de abril, como también está establecido en la Constitución Política. Y la elección de Diputados se deja para el primer domingo de abril, cuando debe celebrarse la segunda ronda electoral, fecha que ya está establecida, y se ha experimentado y practicado.

Este cambio en la elección de Presidente y Diputados permitiría escoger mejor al Presidente y a los Diputados. Al Presidente porque toda la atención se concentraría en eso, en escoger la mejor opción de la oferta presidencial. Se pondría más y mejor atención a los candidatos y sus partidos, a sus ofertas programáticas de gobierno y electorales.

Permitiría, igualmente, que por realizada la primera ronda, y definidas las fuerzas electorales por el caudal de votos de cada candidato, en la segunda ronda, solo para elegir diputados, el pueblo electoral, enfoque mejor su decisión frente a quien ha ganado electoralmente la primera votación, para darle más poder legislativo o para ejercerle más control parlamentario, por la elección de diputados que se realice, lo que estaría muy ligado al resultado de la primera votación y escogencia.

El país necesita más estabilidad política en su funcionamiento parlamentario y ejecutivo, mejor relación, más fortaleza institucional para tomar decisiones políticas y parlamentarias, y este cambio podría ser el determinante en este sentido.

Mientras no avancemos hacia un régimen parlamentario, menos presidencialista o semi parlamentario, podemos continuar en un zigzag político sumamente peligroso de no realizarse reformas como éstas, especialmente la de separar la elección de diputados.

Estableciendo esta reforma es más seguro que en la primera ronda electoral se saque el 40% por parte de alguno de los candidatos, y se elija Presidente ese primer domingo de febrero. Si no se eligiera se pasa a la segunda ronda, como está establecido, pero probablemente con mayor caudal real electoral, para influir en la elección de la segunda en la escogencia del Presidente y los diputados. Pero, a toda verdad la gente valoraría mejor si le da más diputados al candidato que ha ganado la primera ronda o al que encabeza la segunda, si así fuera del caso.

Esta elección separada de Presidente y de Diputados reducirá sin lugar a dudas el abstencionismo electoral, por el énfasis que en la realidad obtienen y tienen ambas elecciones por separado, ligando la de diputados al resultado de la elección presidencial.

Para esta elección que esta encima, la del 2022, ya es prácticamente imposible hacer este cambio, en parte porque requiere una reforma constitucional, la que habría que consultarla al Tribunal Supremo de Elecciones, que nunca ha tenido iniciativas de esta naturaleza, de impulsar por sí mismo reformas electorales de este tipo, que tiendan a mejorar el sistema y funcionamiento democrático electoral nacional, de manera real y efectiva. En parte, también, porque requiere un gran acuerdo político, al menos de los partidos, que parlamentarios o no, estén de acuerdo en este sentido, así como del apoyo de los diversos analistas y gestores de opinión pública.

Pero, si no lo hacemos para el 2022, avancemos hacia el 2026, si no se ha hundido el barco nacional antes, o si no le permiten salir de puerto porque no le desaten sus amarres del muelle de la inoperancia política, como se ha venido haciendo en el país de muy distintas maneras. Todavía tenemos tiempo, pero no mucho, si queremos sacar adelante al país por buenos caminos, con seguridad, pensando en el mayor bienestar y felicidad del pueblo costarricense.

La Unidad Social Cristiana ni es Unidad, ni es Social, ni tiene nada de cristiano

Vladimir de la Cruz

La Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana realizó un suicidio con ese Partido. La realidad, que es muy terca, evidencia que la Unidad Social Cristiana no ha llegado a tener más de 10 diputados desde el 2006 hasta las elecciones del 2018. No han hecho nada sorprendente, como Partido, ni su fracción parlamentaria actual, para pensar que en las próximas elecciones se vayan a constituir en la principal fuerza electoral del país, e imponerse sobre las otras fracciones y partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa.

Tampoco ninguno de sus diputados se vislumbra como un gran candidato, atrayente para “masas” electorales, que al menos signifiquen un 20% del electorado o de simpatía pública, que haya surgido de esas lides parlamentarias. Al contrario, han mantenido posiciones muy conservadoras, y uno de sus principales diputados, y también aspirante a la candidatura presidencial de ese partido, por todo lado pregona la necesidad de impulsar a la Unidad Social Cristiana en las próximas elecciones como una fuerza política de derecha.

La realidad política demuestra que en las últimas dos elecciones a la Unidad Social Cristiana la salvó la candidatura del Dr. Rodolfo Piza Rocafort. Los hechos nos recuerdan cómo en vísperas del cierre de inscripción de candidaturas, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, en la elección del 2014, quien era el candidato de ese partido se retiró en el último instante, casi a punto de dejar por fuera su participación, la del Partido, la que la salvó Rodolfo Piza que era candidato a la Vicepresidencia, quien asumió la responsabilidad de la campaña, con decoro, y buen suceso para las circunstancias. Ese retiro pareció una jugada perversa para dejar a la Unidad Social Cristiana sin participación alguna, haciéndole el juego a quien sabe cuál fuerza electoral de ese momento.

En la campaña electoral del 2018 de nuevo jugó Rodolfo Piza como candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana mejorando su resultado, en comparación con la elección del 2014, y surgiendo en ese momento como un gran líder dentro de esa organización, y ya con mejor proyección nacional, con posibilidades de una tercera candidatura, en el 2022, a la que tácitamente ha renunciado.

En la Historia de los partidos políticos de Costa Rica, y vale prácticamente para todos los partidos principales, desde la izquierda hasta la derecha, en todas sus formas y matices, los altos dirigentes de esos partidos, eran personas que ejercían un nivel de liderazgo, casi incuestionable, que gozaban de confianza y de lealtad partidaria, y nacional, con capacidad de hablar, de tomar decisiones a nombre de sus partidos, y de llegar a acuerdos políticos por su condición de altos dirigentes partidarios, cuyas direcciones colectivas, en los partidos, generalmente avalaban y concertaban. No se veían disidencias sobre lo acordado por estos altos dirigentes.

En los partidos en que existían Comités Políticos, Direcciones Políticas colectivas, hechas las discusiones de rigor, sus puntos de vista eran expresados por esos dirigentes políticos, que generalmente eran los Secretarios Generales de los Partidos y en ocasiones sus presidentes.

La estructura organizativa de esos partidos hacía que hubiera otros líderes importantes, igualmente relevantes, reconocidos, de trayectoria histórica en sus partidos, con influencia pública, y con credibilidad.

La situación política surgida en la primera ronda electoral de las elecciones del 2018, que sorprendió a todo mundo, a todas las fuerzas electorales, que desplazó del escenario de posibilidad de gobierno a Liberación Nacional y a la Unidad Social Cristiana, impuso las alianzas fácticas naturales que se produjeron hacia la segunda ronda.

No olvidemos lo sucedido. Liberación Nacional salió corriendo a darle apoyo a Fabricio Alvarado, con su equipo económico y sus principales economistas. La mayor cantidad de dirigentes reconocidos de la Unidad Social Cristiana hicieron lo mismo. De piernas abiertas se fueron a apoyar a Fabricio y a sus hermanos pentecostales. Solo Rodolfo Piza tuvo la visión de apoyar a Carlos Alvarado, en esa coyuntura. El apoyo lo comunicó y lo gestionó, a los principales miembros de ese Partido y a su Comité Político, sin lograr solidaridad partidaria. Asumió solo esa tarea y con él se allegaron los miembros de su equipo económico para apoyar esa Unidad, que culminó en la forma del Gobierno de Unidad Nacional, sin que significara una coalición política ni resultado de acuerdos políticos de los partidos que se incorporaron con ministros en el actual gobierno. Así tenemos en Gobierno de estos últimos tres años.

Ante las nuevas elecciones, el personaje más importante que tiene la Unidad Social Cristiana, de trascendencia nacional, por haber sido Diputado, Ministro y Presidente de la República, Secretario General de la OEA, el Dr. Miguel Ángel Rodríguez, por su presencia en el actual escenario nacional como analista, articulista de diversos medios de comunicación, por su capacidad intelectual, por sus opiniones, que pueden o no compartirse, con evidente experiencia organizativa y partidaria, y con gran olfato político, había llamado la atención al Partido Unidad Social Cristiana de que impulsaran una coalición política hacia las próximas elecciones. Insistió en esta tesis. Hizo que la Asamblea Nacional de su Partido atendiera su propuesta y la Asamblea la rechazó, echando por la borda cualquier intento de coalición posible, lo que significó que van solos a la próxima campaña nacional.

El acuerdo de la Asamblea es como si se hubieran pegado un tiro, como si se hubieran suicidado. Lo inteligente estaba en haber tomado la palabra de Miguel Ángel Rodríguez y hubieran acordado una política general, haber autorizado a las Autoridades del Partido, a su Comité Político, a sus principales dirigentes formales para llevar a cabo o participar en cualquier reunión o esfuerzo político, que se hiciera, en la dirección de lograr una Coalición Política. Esto es lo que mejor hubiera sido acordado.

En las tiendas del Partido de Rafael Ángel Calderón, donde él sí es el líder principal, sí se impulsa la posibilidad de una Coalición Política “centro humanista”, como me parece la ha llamado, con más sentido de la realidad. Al fin y al cabo, los dos Ángeles, Miguel y Rafael, vienen en las lides electorales desde el Gobierno de José Joaquín Trejos, en 1966, en el caso de Miguel Ángel, y del Gobierno de José Figueres, 1970, Rafael Ángel, lo que los hace tener olfato y gran colmillo político. Ambos con la experiencia de la Coalición Unidad que llevó a Rodrigo Carazo a la Presidencia en 1978, y Rafael Ángel, especialmente, de haber llevado a la Coalición Unidad a la fusión de la Coalición y la constitución del Partido Unidad Social Cristiana, en 1983. Además, Miguel Ángel tenía la experiencia de la coalición que llevó a José Joaquín Trejos Fernández al Gobierno en 1966.

En materia de alianzas y coaliciones, las más importantes, por su trascendencia histórica, los socialcristianos las realizaron en la década de 1940. Primero, en 1939 cuando lograron el apoyo de la Iglesia a la candidatura del D. Calderón Guardia, a cambio de la derogatoria de las leyes liberales, lo que el Dr. Calderón cumplió en sus primeros meses de Gobierno. Segundo, cuando en medio de la crisis mundial de la II Guerra Mundial, y sus repercusiones en Costa Rica, se alió a los comunistas para la aprobación de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, con apoyo de la Iglesia dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, Tercero, cuando hacia las elecciones de 1944, para impulsar la candidatura presidencial de Teodoro Picado, constituyeron la Coalición Electoral, la unión de los partidos Republicano y el comunista Vanguardia Popular, en lo que se llamó el Bloque de la Victoria, con comunistas, calderonistas y católicos, todos unidos. No era, obviamente una coalición de centro derecha como pretenden hoy algunos socialcristianos que desconocen por todo lado la Historia del Calderonismo político, de su época más gloriosa.

En las circunstancias actuales lo que urge es un proyecto político que reivindique una plataforma social profunda. Ya las medidas económicas duras neoliberales han sido tomadas y están en ejecución.

Falta asegurar las condiciones sociales de la población, de su calidad de vida, de sus condiciones de trabajo, de empleo, de estabilidad, de ingresos por salarios, y pensiones, decorosos y decentes, de preocuparse por el empleo femenino y por las mujeres cabeza de familias, por recuperar el empleo de los desempleados de la pandemia.

No veo a los socialcristianos en estas banderas más allá de posturas absolutamente demagógicas. Hoy la Unidad Social Cristiana ni es Unidad, ni es Social ni tiene nada de cristiano. Pareciera una organización de no videntes políticos, y desmemoriados históricos, que han renunciado a su mejor lazarillo electoral, al Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.