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Etiqueta: discriminación

Make America “horrible” again

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

En un discurso pronunciado en un acto de recaudación de fondos en abril anterior, el candidato Republicano y expresidente de Estados Unidos Donald Trump esparció la consigna que lo ha venido acompañando no solo en esta campaña, sino en su anterior gestión gubernamental.

Aclaró: no es cualquier migración la que estaría dispuesto a tolerar en su país. Para “hacer grande a América otra vez”, lema que en su primera campaña electoral le granjeó un importante caudal de votos provenientes de un nacionalismo exacerbado combinado con el enojo hacia la administración demócrata del entonces presidente Barak Obama, se debe permitir la entrada al país de personas provenientes de países “agradables” como Dinamarca, Suiza y Noruega.

Tras esta afirmación, lamentó el ingreso de migrantes provenientes de América Latina. Ya sabemos su consabido insulto para hacer referencia a los países nuestros, a los que se ha referido como “shit hole countries” y por consiguiente a las personas provenientes de dichos contextos.

En esta ocasión, su artillería racista, xenofóbica y ultranacionalista lo ha llevado a plantear que no le temblaría el pulso para impulsar deportaciones masivas. La imagen es poderosa y si cae en manos de una población cada vez más proclive a la discriminación, habrá encontrado de nuevo terreno fértil para quedarse con una segunda administración.

Los efectos devastadores de una política económica agresiva, las violencias estructurales, sociales y culturales, un irreversible cambio climático y la desesperanza son factores que propician la migración a todos los niveles desde países como los de la región centroamericana. Hacia una gestión migratoria regresiva, negativa y deshumanizante se dirigen si, como todo está dispuesto, el magnate Trump asume la presidencia de su país.

Queda por verse si la fuerza de la migración, de las personas migrantes, será suficiente para contender con el odio y el racismo que una vez más serán premisas de política migratoria en Estados Unidos.

La persistencia del horror

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Una y otra vez desde esta columna hemos abordado el tema del racismo en la vida cotidiana, particularmente las manifestaciones que se vierten en los estadios de fútbol. Esta problemática no es exclusiva del contexto costarricense y a nivel global los ejemplos de cánticos e insultos racistas en los campos de juego son una constante.

Un error común sobre este hecho es catalogarlo como indidental, resultado tal vez de la furia y odio que en el momento haga actuar de esa manera a quien profiere los insultos. Resulta que la trama racista es histórica, como producto de la matriz de poder que se ha instalado como premisa en las distintas formaciones sociales y culturales.

Hemos comentado en este espacio, por ejemplo, como en la lacónica Costa Rica de los años ochenta cuando al viejo estadio nacional venían equipos de fútbol Centroamericano, los sonidos provenientes desde las graderías parecidos a los que por entonces caracterizaban las películas norteamericanas sobre los conflictos entre indígenas y vaqueros daban a entender una supuesta superioridad racial del costarricense frente a los otros países de la región.

Insistimos en señalar el carácter histórico de racismo como forma de discriminacion y de poder de unos sobre los otros.  El último episodio ocurrido con el futbolista costarricense Joel Campbell confirma cuán persistente se encuentra el horror racista en los campos deportivos del país.

Esto no se terminará al corto plazo. Se requiere, como también hemos dicho, reconocer la matriz histórica que produce que una persona, una sola persona, se sienta con el poder de ver en el otro condiciones corporales y culturales de inferioridad.

Y luego de esto, trabajar muy fuertemente en el desarrollo de nuevos procesos de convivencia basados en la horizontalidad  como mecanismo de interacción.  Al horror se le combate con estrategias de reconocimiento de la diferencia. Es hora ya de ponerlas en práctica.

Arrancan audiencias para reconocer el derecho al cuidado

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad.

  • República de Argentina planteó la solicitud de una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el año anterior; otros Estados, entre ellos Costa Rica, se han sumado.

  • Un conversatorio analiza los avances y los pasos a seguir dentro de este proceso que busca alcanzar un nivel de igualdad y equidad en favor de las mujeres, a quienes se les encarga tradicionalmente las tareas de cuido.

UNA Comunica. 13 de marzo de 2024. La labor de cuido ha recaído históricamente en las mujeres y ello ha conllevado a que se normalice una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra. Para atenuar esta situación, la República de Argentina planteó una solicitud, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado.

Justamente esta semana, del 12 al 14 de marzo, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, recibió en audiencia a los Estados y organizaciones que apoyan esta tesis.

La Universidad Nacional (UNA), por medio del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) apoyan y colaboran en esta gestión de la que son parte, además de Costa Rica, Colombia, México, Chile, Paraguay y Uruguay, países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Como Universidad, estamos plenamente identificados con aquellas acciones que garanticen la igualdad en las relaciones sociales que han propiciado una brecha importante en los roles entre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente se ha encomendado a la mujer, en su papel de madre y de cuidadora del hogar, la responsabilidad de velar por la seguridad de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando esta responsabilidad debería ser compartida y asumida con absoluto apego a la justicia y la equidad”, manifestó Irma Sandoval, investigadora del Idespo.

La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022 reveló que, en Costa Rica, las mujeres incrementaron en un 16,4%, entre el 2017 y el 2022, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En términos nominales, las mujeres dedican 32:04 horas a la semana a estas labores, mientras que los hombres destinan 16:30 horas. Por ejemplo, el cuidado de personas totalmente dependientes está a cargo de las mujeres en un 77%.

La valoración de estos datos la hizo el Programa Estado de la Nación el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, al señalar que “muchas de las brechas en el mercado laboral se asocian con factores culturales y sociales históricos, al valorar de manera diferenciada los roles de género en los distintos ámbitos de interacción. Un ejemplo es la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado”.

A escala mundial, el panorama no tiende a cambiar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que las mujeres dedican 3,2 veces más horas que los varones a los trabajos no remunerados.

El proceso

Fue el 20 de enero del año anterior cuando la República de Argentina dirigió un oficio a Juan Enrique Pérez Manrique, juez de la Corte IDH, solicitando una opinión consultiva sobre el tema del cuidado.

En el escrito, se detalla que “las desigualdades en el ámbito del cuidado anteceden y explican las diferencias entre los géneros en el ejercicio y goce de los derechos humanos: el papel social y tradicional de las mujeres como proveedoras de los cuidados y encargadas del trabajo doméstico, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral formal y coartado su autonomía económica”.

Luego de la presentación de la solicitud por parte de la República de Argentina, la Corte admitió la presentación del pedido y habilitó una instancia para que los distintos actores presentaran la documentación que argumenta la posición de que el cuidado debe considerarse un derecho desde el sistema interamericano.

“Estos documentos se les conoce como amicus curiae que son presentados por las partes solicitantes de una opinión consultiva de parte de la Corte, y donde se aporta información relevante que le va a permitir al Tribunal deliberar e interpretar. Este proceso ya concluyó y ahora empezamos esta semana con las audiencias orales, para que luego se proceda con la parte deliberativa de cara a una decisión final”, detalló Laura Pautassi, experta de referencia internacional de cuidados y académica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en el país para participar las audiencias.

Conversatorio

En el marco del proceso de audiencias públicas, el próximo 14 de marzo se llevará a cabo el conversatorio El reconocimiento del derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, a partir de las 5:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Durante el conversatorio se hará un recuento de las acciones que han conllevado a la presentación de esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del estado de situación en los países y de los retos que se avecinan en la lucha para que se avance en el reconocimiento de este derecho.

“Desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado que el derecho al cuidado se viene configurando de manera progresiva, que es un derecho cuyo reconocimiento y protección debe fortalecerse. Sobre esa perspectiva, los Estados deben avanzar para que la justicia social y económica garantice una mayor equidad en favor de las mujeres”, agregó Leonela Artavia, economista y coordinadora del proyecto Trabajo y Crisis de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR. Pronunciamiento del Consejo Académico de Áreas a favor de las iniciativas de ley para prohibir toda forma o manifestación de »terapias» de reconversión por motivos de orientación sexual e identidad de género

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad.

Foto: Cristian Araya Badilla, UCR.

Proyectos de ley se ventilan actualmente en la corriente legislativa

Quienes suscriben, miembros integrantes del Consejo Académico de Áreas, han conocido la Resolución CC-CSE-2-2024, con fecha 21 de febrero de 2024, del Consejo Superior Estudiantil, que coordina el estudiante Nickolas José Guevara Díaz, donde solicita expresamente a este Consejo “sumarse al llamado y manifestar un apoyo afirmativo al proyecto y que realicen un esfuerzo conjunto para instar a las diputaciones en la Asamblea Legislativa a votar afirmativamente en primer y segundo debate el proyecto de Ley 20.970”, que busca “PROHIBIR TODAS AQUELLAS ‘TERAPIAS’ DIRIGIDAS A REVERTIR O MODIFICAR CON FINES DE PRETENDIDA ‘CURACIÓN’ LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS LGBTI”.

Al respecto, las y los aquí firmantes manifestamos nuestro rotundo respaldo al proyecto y otras iniciativas de Ley en ese sentido. Apoyamos de forma contundente el llamado del Consejo Superior Estudiantil para instar a los Diputados y Diputadas de la República a aprobar, en primer y segundo debate, dichas propuestas.

Sobradas manifestaciones éticas y científicas concuerdan en que las llamadas “terapias de conversión” atentan contra la dignidad y la salud física y mental de las personas, y constituyen una flagrante violación a los Derechos Humanos. Esas “terapias” equivalen a verdaderas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Constituyen además una de las formas más violentas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género contra la población LGBTQI+, cuyas manifestaciones se han dado impunemente a lo largo de la historia.

Estudios científicos llevados a cabo desde diferentes áreas del conocimiento han desarrollado ampliamente el tema y concuerdan en condenar estas prácticas. En esa dirección, importantes instancias se han manifestado en contra de las “terapias de conversión”, como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Colegio de Profesionales en Psicología, numerosos organismos internacionales, Embajadas acreditadas en el país e incluso el Ministerio de Salud, yendo hasta proponer que sean enjuiciadas penalmente aquellas personas que en el ejercicio profesional de las ciencias de la salud induzcan o incurran en dichas prácticas, con lo cual estamos de acuerdo.

Por tanto, exhortamos a los Diputados y Diputadas de la República a votar a favor del proyecto de Ley 20.970 y de cualquier otra iniciativa de proyecto de ley que se ventile en la corriente legislativa, cuyo objeto sea prohibir todas aquellas “terapias” dirigidas a revertir o modificar, con fines de pretendida “curación”, la orientación sexual de las personas LGBTQI+, ya que las mismas constituyen una verdadera amenaza a la salud pública.

Suscriben el 8 de marzo, 2024 en oficio CAA-22-2024

Dr. Francisco Guevara Quiel, decano de la Facultad de Letras y coordinador del Consejo Académico de Áreas

Estudiante Valentina Palacio Mora, presidenta de la Federación de Estudiantes UCR

Dr. Orlando Arrieta Orozco, decano de la Facultad de Ingeniería

Dra. Magda Cecilia Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas

Dra. Rosaura Romero Chacón, decana de la Facultad de Ciencias

Dr. Norman Rojas Campos, decano de la Facultad de Microbiología

Dra. Isabel Avendaño Flores decana de la Facultad de Ciencias Sociales

Dr. Oriéster Abarca Hernández, coordinador del Consejo de Áreas de Sedes Regionales

MGA. Enrique Montenegro Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias

Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina

PhD. Cristina Barboza Solís, decana a. i. de la Facultad de Odontología

M.Sc., M.L. Jáirol Núñez Moya, director de la Escuela de Estudios Generales

M.A. Juan Carlos Calderón Gómez, decano de la Facultad de Artes

Dra. Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho

Dra. Flor Jiménez Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado

Consejo Académico de Áreas
Consejo Académico de Áreas, Universidad de Costa Rica

Mujeres de plantaciones bananeras denuncian discriminación laboral en el Día Internacional de la Mujer

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad, Trabajo.

Mujeres trabajadoras de plantaciones agrícolas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, alzan la voz, ante diversas situaciones de discriminación que viven en sus trabajos, especialmente cuando se afilian a un sindicato.

Hoy, 8 de marzo, mujeres que forman parte del sector agrícola denuncian las diversas situaciones que viven a nivel laboral. Delatan la falta de respeto por sus derechos, la discriminación y la persecución que sufren en manos de sus superiores. Además, mencionan como alejan y manipulan a personas que quieran afiliarse a los sindicatos.  

Estas declaraciones ganan mayor importancia al tomar en cuenta los intentos por mantener la imagen limpia de las plantaciones agrícolas. Yaney Elizondo hace énfasis en las repercusiones físicas, como alergias e irritación, a las que se ven expuestas por la cercanía a los productos químicos. Asimismo, Lolita Ortega denuncia su despido injustificado tras un accidente laboral. Cristina Pérez también señala la fatiga diaria que sufren por las largas horas laborales y la poca empatía por parte de los superiores. 

La ANEP busca que estas mujeres gocen de derechos laborales, libertad sindical y justicia sin que esto afecte el desarrollo, la producción, y la exportación de la fruta. 

Video de YouTube:

8 de marzo: ¡Tomamos las calles en defensa del aborto legal!

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad.

¡Contra el gobierno y los grupos antiderechos, contra la violencia machista, la represión y el ajuste neoliberal!

Conmemoramos el origen del 8 de marzo (8M) “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, el cual se remonta al año 1911 para recordar a las obreras fallecidas tras la explotación laboral que llevó a su patrón a asesinarlas. En Costa Rica las luchas por los derechos de las mujeres y otros grupos oprimidos por el patriarcado tienen una larga trayectoria. Actualmente vemos estancamiento en derechos que costaron sangre y sudor de compañeras del pasado, y retrocesos en otros derechos, por lo que este 8 de marzo al igual que cada año el movimiento feminista inunda las calles en contra de la desigualdad, el patriarcado y la violencia, y sostenemos nuestro derecho a la protesta y a la manifestación.

Las mujeres y disidencias sexogenéricas de Costa Rica nos levantamos en contra de las políticas misóginas implementadas desde el gobierno del acosador Rodrigo Chaves, así como desde otros poderes de la República, entre ellos el Judicial, al incumplir con la justicia para las mujeres, víctimas de femicidio y familiares afectades donde las cifras van en aumento. Instamos a la población a consultar los mapeos y cartografías sociales de los femicidios que buscan mantener viva la memoria de quienes nos han sido arrebatades.

Seguimos luchando por aborto legal, seguro y gratuito, por su despenalización y reivindicamos la consigna de educación sexual y salud pública para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

En esta misma lucha, nos pronunciamos en contra de la violencia obstétrica y exigimos calidad de vida para las infancias y adolescencias, así como dignidad menstrual para todas las personas menstruantes y levantamos la lucha por los derechos de las personas seropositivas y contra el tabú que rodea al VIH debido a la discriminación.

Denunciamos la aprobación de recortes y ajustes neoliberales y antipopulares por parte de la Asamblea Legislativa en contra del bienestar de las mujeres, impulsadas y apoyadas desde el oficialismo junto con los demás partidos políticos tradicionales, grupos antiderechos, fundamentalistas religiosos, conservadores y ultraderechistas. A su vez la violencia política fomentada por este gobierno acosando sindicalistas, diputadas, cooperativistas y demás compañeras luchadoras. Es necesaria la aplicación de la Ley “10.235 “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política” y su reglamento en todas las instancias, así como la aprobación de la reforma a dicha ley con proyecto de Ley 23443 “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política”.

Posicionamos que la crisis del agua en distintos sectores del país muestra cómo se ven afectadas las vidas de las mayorías trabajadoras y populares. Apoyamos de forma solidaria a los Comités de vecinos y vecinas que defienden el derecho humano fundamental al agua potable.

En esta misma línea de políticas nacionales, instamos a las diputaciones a aprobar el proyecto de ley 20.970 “Ley para prohibir todas aquellas «terapias» dirigidas a revertir o modificar con fines de pretendida «curación» la orientación sexual o identidad de género de las personas”, apoyar el proyecto de ley 23.809 “Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex”. Abordando temáticas relacionadas al cupo laboral, educativo y estudiantil dirigido a personas trans y no binaries.

Rechazamos la provocación del Gobierno sobre su “intención” de desconocer la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así como los ataques a la institucionalidad. Nos pronunciamos en contra de la reestructuración del INAMU sin plena consulta hacia la sociedad civil, de los nombramientos absurdos en el AyA, contra los recortes en educación y cultura, en vivienda e inversión social, y en salud. Demandamos: ¡que se paguen todas las deudas a la CCSS, incluida la del Gobierno!

En el país, los índices de pobreza y desempleo generan que las responsabilidades familiares recaigan sobre las mujeres, entre ellas se encuentran las adultas mayores asumiendo el cuido y labor doméstica. Rechazamos todo proyecto de ley que implique jornadas de 12 horas diarias, como el proyecto de ley 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, ya que implica mayor explotación laboral y la salida de mujeres de la fuerza laboral al no poder asumir las jornadas de trabajo.

Señalamos el reconocimiento de la inclusión del trabajo sexual como categoría ante la C.C.S.S., como un paso en el reconocimiento del derecho a la salud de las mujeres trabajadoras sexuales y demandamos acciones de protección estatal a quienes son víctimas de la trata de personas, explotación y violencia física y sexual.

Destacamos la violencia estructural que sufren las mujeres con discapacidad. Además, de la violencia en contra de las comunidades indígenas por parte de personas usurpadoras de tierras. Exigimos al Estado medidas concretas para combatir el aumento de la deserción escolar en nuestras comunidades, resultado del abandono estatal y la falta de acceso a una educación de calidad y oportunidades laborales. También, que se aborde la situación de las poblaciones afro que se ven obligadas a involucrarse en organizaciones criminales para subsistir. Demandamos el fin de la discriminación racial en todos los ámbitos de la sociedad. Es fundamental que se reconozcan y valoren los aportes de las mujeres afro e indígenas a la sociedad, y que se promueva activamente su participación y liderazgo en todos los niveles.

Además, la lucha de las mujeres es por las que están dentro de una cárcel descontando una condena, las mujeres que acompañan a sus familiares privades de libertad, las que cuidan, y sostienen el tejido social de los barrios y comunidades más estigmatizados del país.

Marchamos porque las hembras no humanas conforman un sector que también es violentado y asesinado diariamente. El objetivo es acabar con el consumo, opresión y cosificación especista y sexista a la que pertenecen los cuerpos disidentes y hembras, logrando la liberación de todas las especies.

Al mismo tiempo, alzamos la voz en contra de la violencia hacia las personas LGBTIQA+, por las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, no heterosexuales, asexuales, arrománticas, queer, trans y personas no binaries.

Manifestamos un apoyo a las mujeres centroamericanas que desafían regímenes autoritarios y represivos como los liderados por Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Exigimos la liberación de todas las personas encarceladas por la represión, mientras reconocemos y valoramos la contribución de las mujeres nicaragüenses migrantes a la sociedad costarricense, a pesar de los obstáculos que enfrentan, como el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de la xenofobia y el racismo.

Nos posicionamos firmemente en solidaridad internacional con las diversas luchas que enfrentan las mujeres y la diversidad sexual en todo el mundo. Por ello nos solidarizamos con la Marea Verde en Argentina que enfrenta el intento del presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, de prohibir el aborto legal, una lucha histórica del movimiento feminista. Nos unimos con determinación a la Acción Global Feminista y al paro internacional del 8 de marzo, reconociendo la necesidad de unificar reclamos y denunciar las injusticias que persisten en nuestras sociedades. Condenamos la ocupación y el genocidio perpetrado por Israel en Palestina, que respalda el imperialismo estadounidense y europeo, y rechazamos la complicidad de jefes de Estado como Rodrigo Chaves en estos crímenes de guerra.

Este 8M llamamos a todas las feministas y al movimiento amplio de mujeres en nuestras diversidades y pluralidades, y las personas LGBTIQA+ a marchar unides en defensa del aborto legal y contra todas las formas de opresión.

¡Solamente articulades hacemos frente al gobierno y los grupos antiderechos, machistas y neoliberales!

Imagen ilustrativa.

País debe invertir en las mujeres para acelerar el progreso

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad.

Defensoría se suma a mensaje mundial de ONU

 Mujeres en el Día Internacional de la Mujer

Viernes 08 de Marzo 2024. Este 08 de Marzo, la Defensoría de los Habitantes saluda a las mujeres en toda su diversidad y las invita a continuar las luchas por la igualdad y la construcción de una democracia participativa plena, libre de toda forma de discriminación y violencia.

Nos unimos al llamado de Naciones Unidas para que las acciones del Estado costarricense contribuyan al avance del desarrollo y la autonomía de las mujeres, y procurar evitar retrocesos en las esferas en las que hoy es posible constatar progresos en el ejercicio de los derechos humanos.

Invertir en las mujeres está íntimamente relacionado con la garantía y el aseguramiento de los derechos humanos, con las acciones dirigidas a la erradicación de la pobreza, a implementar presupuestos sensibles al género, al crecimiento económico que garantice la protección de los recursos ambientales y el apoyo a las organizaciones sociales -especialmente a las organizaciones de mujeres- para promover los cambios culturales necesarios para avanzar como sociedad, como país.

Los recortes a la inversión social inciden directamente en la vida y las realidades de las mujeres, por ello es fundamental hacer un llamado urgente a procurar la consolidación de presupuestos sensibles al género.

Si el Estado no planifica y presupuesta reconociendo las necesidades de las mujeres, las acciones plasmadas en planes nacionales para la igualdad y la equidad de género en todos los sectores, como la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de Todas las Edades (PLANOVI), del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, así como en las políticas institucionales dirigidas al trabajo para avanzar hacia la igualdad de género, no solo no se avanza, sino que se retrocede violentando los derechos de las mujeres.

Presupuestar y garantizar los recursos implica que el Estado oriente el gasto público para lograr la igualdad y por ello debe proveerse de contenido económico a los programas dirigidos específicamente a las mujeres en todos los ámbitos, a las iniciativas productivas y a la inversión en la corresponsabilidad social del cuido.

Sin inversión social y sin tomar en cuenta las realidades de las mujeres y las desigualdades y brechas de género, no es posible garantizar la prestación de los servicios de seguridad, salud y educación, con lo que se genera incumplimiento de las obligaciones internacionales vigentes en el ordenamiento jurídico a partir de la evidente violación y menoscabo de los derechos humanos.

La Defensoría reitera que los recortes en el gasto público inciden directamente en los programas sociales y se afectan entre otros, los bonos de vivienda, la reducción de las diferentes alternativas de cuido, los programas de becas como AVANCEMOS y los demás beneficios a cargo del sistema de protección social de nuestro país.

También se hace un llamado a los gobiernos locales para que no despojen de sostenibilidad y contenido presupuestario a los programas específicos que se han construido y aprobado según las realidades urbanas y rurales de nuestro país, que, además, incorporan las necesidades de las mujeres que habitan en cada región, como mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes.

La Defensoría insta a las instituciones a procurar las herramientas necesarias para construir presupuestos sensibles al género y de no contar con ellas, asegurar la capacitación continua al personal a cargo de elaborar, aprobar y autorizar el traslado de los recursos.

Este 8M, la Defensoría exige que se procure el avance de las mujeres a través del cumplimiento y garantía de sus derechos humanos por lo que debe hacer un llamado a evitar que se consoliden las desventajas y brechas, y a que no perdamos la oportunidad de generar un aumento en la productividad del país mediante la incorporación de las mujeres a los entornos laborales y productivos, como una sociedad corresponsable y democrática.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Aumento en número de alcaldesas electas supone un reto hacia la igualdad

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad.

  • Se debe analizar a fondo implicaciones de la paridad horizontal que rigió para estos comicios.

  • Debe existir mayor alfabetización digital para disminuir la violencia desde las redes sociales que afectan a las mujeres políticas.

UNA Comunica. 26 de febrero de 2024. Pasar de ocho a 22 alcaldesas electas para el periodo 2024-2028 puede interpretarse como una gran conquista y un logro en la lucha por alcanzar la igualdad y la equidad en los derechos políticos de las mujeres.

Sin embargo, visto desde otro punto de vista, apenas una cuarta parte (26,19%) de las personas elegidas el pasado 4 de febrero son mujeres que encabezarán las municipalidades del país.

Para Ana Soto, académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) y coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (UNA), los resultados electorales abren una gran interrogante para investigar y detallar acerca de las razones de ese crecimiento y de los retos que se avecinan para evaluar la aplicación de las reglas vigentes en materia de prevención y sanción de la violencia política hacia las mujeres.

“Lamentablemente, lejos de ser la normalidad, ha sido la excepción”, refuerza Soto, al hacer un balance entre lo acontecido tras estas últimas elecciones y la histórica lucha, donde la discriminación ha sido la tónica en la participación política de las mujeres.

Al respecto, mencionó la lucha que, desde más de 100 años, emprendió la Liga Feminista en Costa Rica para garantizar, entre otras cosas, el derecho al sufragio, y luego la inclusión de ese derecho en la Constitución Política de 1949.

“Luego de obtener ese derecho, se abrieron dos frentes paralelos de lucha: por un lado, la posibilidad de decidir, que se consagró a nivel constitucional, y posteriormente, ostentar puestos públicos. Sin embargo, el avance en este último camino ha sido mucho más lento. Ejemplo de ello es que hasta hace muy poco fue que empezamos a tener presidentas en la Asamblea Legislativa o, por primera vez, ahora tenemos a una mujer al frente del Tribunal Supremo de Elecciones”, rememoró Soto.

Una serie de conquistas legales y normativas han permitido el avance en materia de igualdad política. Uno de ellos fue la promulgación de la Ley 10.235 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres, vigente desde el 17 de mayo del 2022. Otro hito fue la resolución de la Sala Constitucional de febrero del año anterior que ordenó la paridad horizontal en puestos de elección popular, lo que abrió la puerta para que los partidos políticos postularon en igual cantidad mujeres y hombres entre la totalidad de cantones en que participaron.

Ambos factores, junto con la imposibilidad de reelección de alcaldes o alcaldesas que ya sumaban dos periodos consecutivos en el puesto, permitieron una mayor participación política de las mujeres. Para la académica Soto, a partir de este momento, se debe abrir un espacio de análisis e investigación para determinar el peso que estas decisiones tuvieron en el resultado final de las elecciones.

“Sin restarle méritos al resultado obtenido, que es muy importante, hay que analizar la efectividad de las normas aplicadas. Existe una deuda histórica hacia las mujeres en este tema. No porque no queremos participar en política o porque no tengamos la capacidad, sino porque hay un conjunto de elementos estructurales que nos han limitado desde el imaginario social”, apuntó.

Retos que se avecinan

De cara al futuro, Ana Soto considera fundamental dar seguimiento a la forma en que durante la gestión de las alcaldesas se extinguen aquellas acciones que representan violencia política. Hechos como el de una excandidata a intendenta en Lepanto a quien se le negaron vacaciones para participar en política o la de un artículo de un asesor del Partido Liberación Nacional en contra de una exaspirante por Puntarenas, utilizando frases sexistas, refuerzan la tendencia de que la violencia sigue presente.

En ello coincide José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), quien señaló que “debemos ir viendo cómo disminuye la violencia política hacia las mujeres porque no se trata solamente de que hayan sido electas, sino de que puedan gobernar y gestionar con la tranquilidad y las condiciones de igualdad requeridas”.

Es importante, señaló Soto, que se pueda también cambiar la narrativa desde los propios medios de comunicación, para posicionar en la agenda mediática la importancia de un estadio político y social más equitativo. “Debería existir un reconocimiento social a todas esas mujeres que han decidido dar un paso al frente y participar, que se sostuvieron, que se enfrentaron a ese contexto de violencia, para seguir generando no solo acciones afirmativas, sino en general”.

José Andrés Díaz señaló la necesidad de “fomentar la educación y la formación ciudadana. O sea, tenemos que empezar a inculcar una participación cada vez más inclusiva, de personas jóvenes, de mujeres y dejar atrás el discurso de que no se les otorga un privilegio, sino de que como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de proponer nuestros nombres”.

Otro punto de atención que recalcó la coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la UNA es considerar el crecimiento del uso de lenguaje violento en contra de las mujeres que se da desde las redes sociales. Lograr una alfabetización digital desde los primeros años e incluso desde la escuela y el colegio es fundamental para crear entornos donde exista más tolerancia y respeto.

Finalmente, Soto destacó la importancia de seguir avanzando en normativa legal que acompañe ese esfuerzo por la igualdad. Hizo mención, por ejemplo, al proyecto 23.443 Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política. La iniciativa amplía los alcances de la ley 10.235 para que se proteja también a las mujeres lideresas de organizaciones sociales y no solo políticas. El proyecto está asignado en este momento a la Comisión Especial de la Mujer en la Asamblea Legislativa, a la espera de dictamen.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR: El abandono, la dependencia y la desnutrición persisten en población adulta mayor en Costa Rica

Escrito el . Publicado en Derechos.

  • Costa Rica presenta un envejecimiento acelerado de su población lo que genera un impacto importante en el sistema de salud y una mayor presión en la calidad de los servicios.

  • Un número importante de personas de 65 años y más, muestra un envejecimiento saludable. No obstante, otro grupo presenta enfermedades crónicas, comorbilidades, desnutrición, exclusión social, discriminación, abandono, pérdida de su autonomía y mayor dependencia, entre otros.

Viernes 16 de febrero del 2024. La Universidad de Costa Rica llama la atención sobre la realidad y condiciones en las que vive un grupo considerable de personas adultas mayores. Estas personas de 65 años y más padecen enfermedades crónicas, más de una enfermedad conjunta, desnutrición, exclusión social, mayor discriminación y abandono, pérdida de su autonomía y mayor dependencia, entre otras. Los datos revelan la necesidad de poner mayor atención al deterioro de sus facultades físicas o mentales y el gran impacto que se genera en el sistema de salud.

El tercer informe sobre personas adultas mayores fue presentado por la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), ambas instancias de la Universidad de Costa Rica. El documento elaborado por el Observatorio del Envejecimiento muestra información actualizada respecto a los servicios de atención en salud a las personas adultas mayores que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Un tema de gran preocupación es que las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias agudas y los tumores, siguen siendo las principales causas de fallecimiento que enfrentan las personas adultas mayores en el país. Esto concuerda con los diagnósticos más frecuentes en esta población, en donde se presentan cifras preocupantes en relación con enfermedades transmisibles y no transmisibles, como son: las infecciones respiratorias agudas (no incluye COVID-19), la diarrea, la neumonía, la infección nosocomial, la parasitosis intestinal, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

En relación con los servicios de atención en salud, se muestra que, en la consulta externa, el número de personas adultas mayores atendidas se ha incrementado en los últimos cuatro años, en contraste con una disminución de estos servicios en personas ubicadas entre los 0 y 14 años. Para el año 2022, el 21% de las consultas externas correspondió a personas de 65 años y más. Las mujeres adultas mayores superan en un 15% las consultas de los hombres adultos mayores.

Por su parte, para el año 2021, en el caso de personas adultas mayores, los egresos hospitalarios representaron un 22%, aproximadamente, y las cinco causas de los egresos provienen de: medicina, cirugía vespertina, cirugía ambulatoria, cirugía y unidad de cuidados intensivos (UCI) medicina.

Otra referencia importante, muestra que el abandono de personas adultas mayores en los hospitales de la CCSS continúa incrementándose. Esta situación afecta la dignidad de este grupo etario y aumenta significativamente los costes del sistema de salud. En término de ocho años (2014 a 2022) los egresos registrados en personas de 65 años y más debido a negligencia o abandono, pasaron de 9 personas en 2014 (4 hombres y 5 mujeres) a 89 personas en 2022 (71% son hombres). Con respecto a la estancia hospitalaria, el promedio de días llegó a 41 días (un mes y once días) en 2022.

Los datos fueron recopilados por el Área de Estadística en Salud de la CCSS y suministrados al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD). También, se contó con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Salud (MINSA).

La Universidad de Costa Rica exhorta a tener presente que los servicios de atención en salud para las personas adultas mayores se constituyen en una garantía para el cumplimiento de sus derechos humanos y fundamentales, así también, representan un componente importante en las acciones destinadas a fomentar un envejecimiento saludable. El cumplimiento de tales derechos exige un esfuerzo conjunto con el fin de garantizar una vida sana, así como el bienestar personal y colectivo de este grupo de la población.

La normativa y los lineamientos de política pública institucional fortalecen la prestación de los servicios públicos en salud, en el marco de un abordaje integral hacia la persona adulta mayor. Asimismo, proporcionan una guía en la definición de la oferta de servicios con el fin de mejorar las condiciones de salud y, por supuesto, la calidad de vida y el bienestar individual de esta población.

El Dr. Fernando Morales Martínez, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, señala que: “Conocer algunas características sobre los servicios que se ofrecen a las personas adultas mayores, así como la información sobre su estado de salud, representa una oportunidad para replantear mejoras o para diseñar acciones de política pública que permitan incrementar su bienestar y promover un envejecimiento saludable”

Algunos datos demográficos y epidemiológicos dan cuenta del éxito que ha tenido el país con la implementación de programas y acciones destinados a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas adultas mayores, tales como: el aumento en la expectativa de vida o la disminución del índice de mortalidad, entre otros. Sin embargo, en la información presentada sobresale la gran cantidad de personas adultas mayores y la presión que estas generan por servicios de salud con calidad y calidez.

Para el Dr. Carlos Murillo Zamora, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, “las demandas que plantean las personas adultas mayores en el ámbito de la salud deben ser abordadas con un gran compromiso y un mayor esfuerzo por parte de todos los actores sociales. El fin consiste en buscar y elaborar nuevas alternativas de intervención, acordes a las nuevas exigencias. Requiere excelencia en el desempeño de quienes tienen bajo su responsabilidad la tarea de ofrecer servicios de salud, más dignos y con enfoque de derechos; más eficaces y centrados en la persona; y, por supuesto, sostenibles”.

Un claro ejemplo de estas demandas es el llamado que hacen las personas adultas mayores y las personas pensionadas y jubiladas del Magisterio Nacional en el Manifiesto Público, en el sentido de que se respete su dignidad y el derecho de vivir una vejez plena y satisfactoria hasta el último día.

El Mag. Agustín Gómez Meléndez, Investigador principal y responsable del Proyecto Observatorio del Envejecimiento indica que: “El acceso a los servicios de salud garantiza un derecho humano y fundamental, lo que implica contar con acciones dirigidas a la promoción, prevención, atención de la enfermedad en todas las etapas, la rehabilitación y los cuidados paliativos, con el fin de propiciar, en el caso de las personas adultas mayores, el disfrute al más alto nivel de bienestar, físico, mental y social”.

El gran desafío consiste en ofrecer un envejecimiento activo, exitoso y saludable, en donde se brinden mejores condiciones de vida a las personas adultas mayores, sus familias y sus comunidades.

Por lo tanto, en el documento presentado se concluye que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en su condición de ser la principal responsable en la prestación de los servicios públicos en salud, debe visualizar el panorama y prepararse para este desafío, disponiendo de una estructura asistencial y de apoyo que contemple las necesidades y requerimientos de las personas adultas mayores en el país. Por lo tanto, la propuesta de mejores servicios debe ir acompañados de esfuerzos en infraestructura accesible, recurso humano óptimamente capacitado, así como programas de prevención y promoción de la salud, entre otros.

Para consulta o declaraciones con el Dr. Carlos Murillo Zamora al celular 8379-8043, al Dr. Fernando Morales al 8381-6891 o a la M.Sc. Emiliana Rivera al 8848-3563.

Descargue el comunicado de prensa, así como las declaraciones en audio, video y el informe en: https://6f33fa7f78ea46e2aaca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jenniffer_jimenezcordoba_ucr_ac_cr/EveGFXEkb6lGkUY-uyZp5WUBI0WFpQxVcOpoO0a7zZkFmA?e=toC1XW

Oficina de Divulgación e Información, UCR.

Imagen ilustrativa, UCR.

Nosotros el pueblo

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Enfundados con banderas republicanas del candidato Donald Trump y bajo el lema “Recuperemos nuestra frontera”, un grupo de personas autodenominadas “El ejército de Dios” llegó en los últimos días a las inmediaciones de Río Bravo, fronterizo entre México y Estados Unidos, uno de los principales puntos de ingreso de personas migrantes provenientes de Centro y Sur América.

Autoconvovados bajo la idea de servir de muro de contención humana al ingreso de cientos de personas a su país (EEUU), llegaron a la zona fronteriza en caravanas identificadas con consignas religiosas, en defensa de la vida, las armas, el país y en contra de lo que consideran la amenaza migrante.

Dueños de un enfoque restrictivo, buscan posicionar desde ya las ideas antiinmigrantes impulsadas por Donald Trump de cara a las elecciones nacionales de noviembre próximo. Con este enfoque, se identifica una inmensa mayoría de votantes, a los cuales las ideas populistas de la amenaza migrante les han calado profundamente.

“El ejército de Dios”, como se hacen llamar, está listo para actuar de oficio “cazando” migrantes en la frontera y defender así su territorio de “gente mala”, concepto que han logrado socializar de forma amplia.

Se llaman así mismos “Nosotros el pueblo”, frase con que inicia la Constitución de Estados Unidos. Uno se pregunta entonces cual idea de pueblo es la que subyace tras estos esquemas excluyentes y discriminatorios.

Arrogarse el derecho de decidir quién entra a un país bajo conceptos racializados, habla de cuán distintantes estamos de construir sociedades inclusivas y solidarias. No quisiera pertenecer a ningún “nosotros” ni ningún pueblo con estas ideas despectivas.

Hay otras formas de construirnos como experiencia colectiva. Seamos ese otro pueblo incluyente y amplio. Seamos nosotros ese otro pueblo levantado desde la inclusión y la convivencia.