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Etiqueta: discriminación

Día después del 9/11: Aprender en cuerpo propio quién va a seguir mandando y el nuevo cómo – Segunda entrega

María Suárez Toro
Escribana

El día es el 12 de septiembre del 2001y me acabo de despertar de la pesadilla en vivo del día antes en el sitio de los que fueron hasta ayer las dos Torres Gemelas en Nueva York. Es el día después de que la guerra en el mundo globalizado llega directamente al territorio de los Estados Unidos.

Ayer, bastante desorientada, con polvo hasta por las narices y mucho estrés, caminé con otra amiga muchas horas hasta llegar a la casa de mi amiga Rhonda en Brooklin, NY. La travesía no fue muy distinta, cómo experiencia humana, a la que había vivido en algunos países de Centroamérica. Las imágenes de multitudes asustadas saliendo en carrera de Manhattan, mirando para atrás, mientras corría desaforada hacia adelante en busca de un lugar seguro.

Quienes me conocen saben que yo tengo una característica un poco peculiar. Cuando me encuentro en situaciones críticas de violencia, la cual nunca conocí en mi infancia no en Puerto Rico ni el Nueva York, donde estuve parte de los años 60 y 70, me concentro en ver y sentir el poder de la vida y de lo mejor de la humanidad cuando la muerte se hace presente. Esto fue probablemente desarrollado en medio de tanto conflicto en la Centroamérica de las dictaduras de los 70 y 80 y los procesos de paz que nunca se concretaban en los 90 en la región.

Lo vi y lo viví una vez más en el 2021. En el estado de sobrevivencia del 9/11 en Manhattan, todo el mundo corría hacia Brooklin.

La calles de ciudad más fría, más comercializada y más inhóspita que yo había conocido en mi vida, estaba convertida en un jardín de colmados, pulperías, tiendas y casas abiertas. Sus dueños o empleados repartían agua, víveres o medicinas gratuitas, hablándole a la gente con alieno.

Hasta sus televisores, radios e inmensas bocinas de música popular fueron sacadas a la intemperie. Para que la gente que buscaba regresar a algún lugar seguro pudiera ver cómo se desenvolvía la cosa en las derribadas Torres Gemelas.

Ah – me dije mientras caminaba – en momentos de emergencia son tan humanos y comunicativos cómo en Centroamericanos, le dije a mi amiga, recordándole otra lección que ya había aprendido: en guerra y en situaciones de estricta sobrevivencia, al ser humano se le conoce lo mejor de sí o lo peor de sí. ¡Depende!

Siempre me he preguntado de qué depende y al final de este episodio verán lo que aprendí.

Bueno, pero estoy despertando en Brooklin el día después. Dormí en el lugar seguro de mi amiga judía, abogada de los derechos humanos y solidaria contra todas las dictaduras del continente. Fue la abogada del famoso caso de la película “Desaparecido” en Chile y muchos más durante la dictadura y de agarrar a un dictador del Guatemala de visita en NY. Lo agarraron con base en una viejísima ley contra la piratería en EUA.

Desayuno con ella, pero tengo que salir a buscar un café internet para dejarle saber a mi familia y a la gente en Costa Rica que estoy bien y que me quedo en NY para transmitir en vivo en Radio Internacional Feminista en onda corta los próximos días.

El camino de cinco cuadras para llegar de la casa al Café Internet anunciado en una radio local comunitaria WBAI esa mañana fue tan calmado que no parecía Nueva York. Silencio total. No hay buses, no hay carros y la gente está sentada a las afueras de sus casas, hablando y escuchando radio.

Lo que más me llama la atención es que te miran y hasta te dan los buenos días. ¡Un Nueva York humanizado! Yo voy feliz, devolviendo los saludos en español, en inglés, yiddish y hasta en portugués. Tal vez uno que otro barrio en árabe. Porque allá viven en barrios bastante segregados y hay idiomas que yo no conocía.

Caminaba aprendiéndomelos para contestar igual. ¡Era divertido! No parecía Nueva York. Tarde casi una horas en llegar y varias más en una fila eterna para usar el Café Internet. Todos y todas andábamos en los mismo. Desesperados por poder hablar con los familiares, nadie abusaba del tiempo, como si de ello dependiera su propia comunicación.

Hmmm, una gran familia en la desgracia, pienso en mi particular énfasis en tiempos cómo esos.

De repente dan las 3 pm en punto cuando al unísono, aparece una simultaneidad en todas las grandes pantallas del gran televisor y en todas las computadoras. Una sola y única transmisión.

Es Bush el presidente y una publicidad terriblemente agresiva y violenta, llena de imágenes de espanto y anunciando: es la guerra contra América. Y ya no hay imágenes de los rescatistas y bomberos ayudando a la gente en el sito de las torres, ni la gente ayudándose a salir o sanarse, ni siquiera la gente llorando a sus muertos o los testimonios de sobrevivencia. Bush habla de que van a ganar y aparecen militares suyos guerrereando y árabes terrorizando a población civil. Bombas, guerra, destrucción y agresividad de los soldados gringos, miedo de la gente y sed de terrorizar de las imágenes de árabes. “¡Ya sabemos quiénes fueron y vamos contra ellos sin piedad porque todos nos odian a los americanos!” decían en texto y en voces.

Temblando, le escribí a mi familia y a mis amistades y salí del lugar en carrera. Estaba embotada del ruido de la violencia y agresividad sin parar.

Quería refugiarme a la casa de mi amiga para apagar todo aquello. Pero el recorrido me daría aliento, pensé. ¡Error de cálculo! Toda la gente había sacado sus televisores a la calle y estaban viendo lo mismo en sus pantallas. Aterrados, cuando levantaban la mirada para ver quien pasaba.

Cuando me miraban – con esta cara de árabe arrepentida (Sur de España), mezclada con sangre y ADN latina – me miraban con desprecio y hasta me decían cosas agresivas en sus lenguajes.

¡No los podía creer! ¡Apenas unas horas antes fueron mis amigos y amigas, de “buenos días” y todo en las calles de Nueva York!

¡No lo podía creer, de un día para otro, fui una mujer árabe, amenaza para los gringos!

No me atreví a correr y aunque lo hubiese querido no podía. Las piernas me fallaban con cada improperio agresivo.

Me mandaban a irme de donde había venido y me señalaban de árabe mal parida.

Cuando llegue a la casa estaba desbaratada emocionalmente y físicamente abatida.

Ese día supe que era Arabe.

Ese día supe quienes iban a convertir el hecho macabro en una nueva oportunidad para un festín mayor de dominio, control y violencia en el mundo.

Ese día supe cómo lo justificarían…

Y ese día aprendí qué es lo que saca lo peor de la gente.

Publicado en https://escribana.org/es/segunda-entrega-dia-despues-del-9-11-aprender-en-cuerpo-propio-quien-va-a-seguir-mandando-y-el-nuevo-como/ y compartido con SURCOS por la autora.

Centro Cultural de España invita al conversatorio «El odio profundo a las minorías étnicas»

El Centro Cultural de España en Costa Rica (AECID Cultura San José) invita al conversatorio «El odio profundo a las minorías étnicas», un espacio de reflexión que reunirá a personas especialistas para analizar las manifestaciones del odio dirigido contra grupos étnicos y sus implicaciones sociales, culturales y políticas.

La actividad se realizará el miércoles 5 de agosto, a las 7:00 p.m., en el Centro Cultural de España.

El conversatorio contará con la participación de Helga Arroyo, Maykol Alonso Morales y María Laura Stephen, y será coordinado por Alexander Jiménez.

La actividad forma parte del proyecto «Tribus del Odio», una iniciativa que promueve el análisis crítico de los discursos de odio y sus efectos en la convivencia democrática.

El conversatorio es organizado por el Centro Cultural de España (AECID Cultura San José), con el apoyo de la Embajada de España en Costa Rica y la AECID, y es coorganizado por la Editorial de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.

Más información puede consultarse en:

ccecr.aecid.es

Cuando una presidenta confunde gobernar con advertir: La cárcel mental del poder

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

Lo más grave de las declaraciones de la presidenta no es únicamente que haya propuesto llevar niños, niñas y adolescentes de barrios empobrecidos a una cárcel para que “vean” dónde podrían terminar. Eso ya sería suficientemente grave. Lo verdaderamente alarmante es lo que esa afirmación deja ver sobre la calidad de su juicio político, jurídico y humano.

Una persona que conduce los destinos de un país no puede permitirse pensar en voz alta desde el prejuicio. Mucho menos puede convertir ese prejuicio en insinuación de política pública.

Aquí no estamos ante una simple torpeza verbal. Estamos ante una concepción del Estado.

Cuando desde la Presidencia se sugiere que ciertos niños deben conocer una prisión porque viven en determinados barrios, se está diciendo algo devastador: que el Estado ya no los mira como sujetos plenos de derechos, sino como futuros infractores en proceso de formación. Se les mira no desde la promesa democrática, sino desde la sospecha penal. No desde la escuela, la cultura, el deporte, la salud mental o las oportunidades, sino desde la celda.

Ese es el verdadero escándalo.

La presidenta no solo habló de cárceles. Habló desde una cárcel mental: la cárcel ideológica de quienes creen que la pobreza debe ser disciplinada antes que comprendida; vigilada antes que acompañada; amenazada antes que dignificada.

Un gobernante democrático debe saber distinguir entre prevenir el delito y criminalizar simbólicamente la vulnerabilidad. Debe comprender que el narcotráfico no seduce a jóvenes porque les falte miedo a la prisión, sino porque muchas veces el Estado llegó tarde, llegó mal o nunca llegó. Donde no hubo becas, deporte, empleo, arte, salud, acompañamiento familiar ni horizontes de vida, no se resuelve nada organizando una excursión pedagógica al castigo.

La cárcel no puede convertirse en aula para los pobres.

Y si el Estado necesita mostrar una prisión para explicarles a ciertos niños cuál podría ser su futuro, entonces el problema no está en esos niños: está en el fracaso de una institucionalidad incapaz de imaginar para ellos algo distinto.

Pero hay algo todavía más serio. Una presidenta que selecciona simbólicamente a la niñez pobre como destinataria privilegiada del miedo punitivo compromete su propia idoneidad como conductora del país. Porque gobernar no es lanzar frases efectistas. Gobernar no es alimentar la ansiedad social con imágenes de castigo. Gobernar no es convertir la marginalidad en espectáculo preventivo.

Gobernar exige prudencia. Exige conocimiento. Exige comprensión de los límites del poder. Exige saber que la palabra presidencial no es una ocurrencia privada, sino un acto político con consecuencias reales. Cuando una presidenta habla, clasifica. Cuando clasifica, autoriza miradas. Cuando autoriza miradas, puede abrir la puerta a políticas públicas discriminatorias.

Por eso este debate no se agota en pedir una disculpa. El problema no es solamente que se haya dicho algo ofensivo. El problema es que se dijo algo revelador.

Revelador de una mirada que reduce la seguridad a castigo.

Revelador de una pedagogía basada en el miedo.

Revelador de una idea profundamente desigual de la niñez.

Revelador de una forma de poder que parece más interesada en exhibir prisiones que en construir futuro.

Un país democrático no necesita presidentes que lleven niños pobres a conocer cárceles. Necesita gobernantes capaces de impedir que la cárcel sea el único horizonte que el Estado les ofrece.

Porque cuando el poder mira a un niño y lo imagina primero como preso antes que como ciudadano, el que ha fracasado moralmente no es el niño.

Ha fracasado el poder.

Unidades de la UCR rechazan la estigmatización territorial del Caribe Sur y piden revisar el lenguaje sobre crimen organizado

La Cátedra de Estudios de África y el Caribe, el Observatorio para la Acción Contra el Racismo (OBCRA) y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su preocupación por el uso de la denominación “Cartel del Caribe Sur” para referirse a una estructura criminal investigada por narcotráfico, legitimación de capitales y tráfico de armas.

Las unidades académicas consideran que esta forma de nombrar establece una asociación directa entre una región habitada y una organización delictiva, generando procesos de estigmatización territorial que afectan a comunidades enteras que no son responsables de las actividades criminales que ocurren en sus territorios.

Según el pronunciamiento, el Caribe Sur constituye un territorio diverso y plural, habitado por familias, personas trabajadoras, pueblos y organizaciones comunitarias que, en muchos casos, son precisamente quienes padecen las consecuencias de la violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado. Por ello, advierten que equiparar un territorio con una estructura criminal empobrece la comprensión pública del problema y contribuye a reforzar dinámicas de racialización, segregación simbólica y sospecha generalizada sobre las poblaciones que viven en la región.

Desde una perspectiva de derechos humanos, las entidades firmantes sostienen que trasladar simbólicamente la responsabilidad penal desde las personas involucradas hacia comunidades completas resulta especialmente preocupante. Señalan que las comunidades no son equivalentes al delito que las afecta y que, por el contrario, conviven con estas problemáticas, resisten su presencia y sufren sus impactos.

El documento enfatiza que las denominaciones utilizadas por instituciones públicas y medios de difusión no son neutrales, ya que influyen en la construcción de imaginarios sociales, pueden legitimar prejuicios y orientar políticas públicas. Asimismo, advierte que las narrativas estigmatizantes pueden restringir la participación y debilitar la voz pública de las comunidades afectadas.

Las tres instancias universitarias subrayan que este problema no se limita al Caribe Sur y sostienen que ninguna comunidad, barrio, cantón o región del país debe convertirse discursivamente en sinónimo de la violencia o del delito que ocurre en su territorio.

Por ello, hacen un llamado al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial, a los juzgados y tribunales penales, a la Sala Constitucional, a las oficinas de comunicación institucional y a los medios de difusión para que revisen sus prácticas discursivas y adopten terminología precisa, ética y no estigmatizante al abordar temas relacionados con seguridad, narcotráfico y crimen organizado.

Entre sus solicitudes concretas, plantean evitar denominaciones que identifiquen agrupaciones criminales con territorios o poblaciones específicas y promover lineamientos de comunicación institucional que diferencien claramente a las estructuras delictivas de las comunidades afectadas por su accionar. También llaman a prevenir la reproducción de discursos que fomenten el racismo, la segregación territorial, la criminalización de comunidades o el daño reputacional sobre poblaciones enteras.

Las organizaciones concluyen reiterando su solidaridad con las comunidades del Caribe Sur y con todas las poblaciones del país que enfrentan los impactos de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

Los indígenas son los pueblos originarios de nuestra América

Arturo Fournier

Asombra constatar cuánto han sido marginados y discriminados en muchos países.

Todavía horroriza la terrible afirmación: «a good indian is a dead indian» (atribuida al general Sheridan), que ahora la «continuadora» ha parafraseado hacia una ideología política del siglo XX.

Veamos alguna información:

– Hasta el 2 de junio de 1924 se les concede la ciudadanía en los EEUU, ¡por primera vez!

– Pero el derecho al voto… ¡hasta 1948!, a pesar de que muchos de ellos se destacaron durante la Segunda Guerra Mundial.

Inclusive Ira Hayes, un nativo de la Tribu Pima, participó izando la bandera en la isla de Iwo Jima (23/feb/1945), un icono para los EE.UU.

– La libertad de culto hasta 1993, con el Native American free exercise of Religion act.

En el resto de los países el trato ha sido similar.

Hemos avanzado en derechos (y cuotas igualitarias) para las mujeres, lo que nos hace preguntar: ¿qué hemos hecho para los indígenas, para los nativos?, recordemos que estas tierras americanas fueron de ellos, aunque algunos parecen olvidarlo, deslumbrados con la posibilidad de lucrar con sus territorios protegidos.

“La justicia y la equidad deben ser siempre nuestro norte».

Entre tibiezas y olvidos: así enfocan planes de gobierno temas de migración y género

UNA. Desde problemas conceptuales, hasta aproximaciones muy superficiales e incluso olvidos absolutos: así transitan las propuestas relacionadas con políticas hacia la población migrante y al enfoque de género, en los planes de gobierno de los cuatro partidos políticos que encabezan las preferencias de voto.

Así lo valoraron Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) y quien ha estudiado el fenómeno migratorio en los últimos 25 años y Larissa Arroyo, abogada especialista en género y derechos humanos, y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).

El tercer programa Praxis Electoral, de la Escuela de Filosofía de la UNA, se adentró en estos dos temas y analizó las propuestas de los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Frente Amplio (FA).

Migración

Guillermo Acuña inició su valoración del tema migratorio bajo un contexto internacional que no es el idóneo. Calificó como un “proceso de tensión” las políticas implementadas por el mandatario Donald Trump en Estados Unidos, y que han desembocado en una resistencia civil tras el asesinato de una mujer en el estado de Minnesota, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En Costa Rica, el fenómeno migratorio también ha mutado: existe migración en tránsito y aquella más vinculada hacia la expulsión de nacionales producto de la pobreza y la exclusión, en regiones específicas del país como la zona sur y el occidente. Bajo este entorno, el académico señaló que las propuestas políticas han optado por dos enfoques: la del control y la seguridad y la de integración.

Esta última, que es más garantista en temas de derechos humanos, predomina en las visiones de la CAC y del FA.

Para el caso del partido frenteamplista, Acuña afirma que es la agrupación que realizó un diagnóstico más certero “donde incluye acciones para fortalecer la institucionalidad y el trabajo en territorios”.

En el caso del CAC no visualiza tanta fortaleza en el programa de gobierno, al determinar que el tema se trata de manera tangencial y diluida a lo largo de su propuesta, sin que ocupe un espacio unificado.

Para el caso del oficialista PPSO, la visión se acerca más hacia ese enfoque de control y seguridad y a fortalecer los centros de detención. Acuña ve un alineamiento de esta visión con el apoyo que tuvo en el actual gobierno el traslado de personas migrantes desde Estados Unidos y su reclusión en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en la zona sur del país, donde incluso la Defensoría de los Habitantes denunció faltas y agravios a los derechos de estas personas.

Sin embargo, una coincidencia no positiva de estos tres partidos es la ausencia de una visión de la persona migrante con autonomía y subjetividad, y, por el contrario, la orientación programática tiende a ser más vertical.

La otra cara de la moneda, en cuanto a la formulación de propuestas en esta materia, la representa el PLN, cuyo plan de gobierno no incluye una sola mención al tema migratorio, denunció el vicedecano de Ciencias Sociales.

Género

El análisis del tema de género y los derechos de las mujeres debe pasar por una premisa fundamental, de acuerdo con Larissa Arroyo: el Estado costarricense está en la obligación de tomar las acciones pertinentes para reducir las brechas de desigualdad y discriminación, en acatamiento de lo dispuesto por convenciones internacionales como Belém do Parà y la de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Estos mismos organismos han señalado la necesidad de que las soluciones se aborden desde la interseccionalidad; es decir, considerando los derechos de poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad sexual, entre otros.

Bajo estos preceptos, la especialista ve propuestas más integrales en los planes del FA y la CAC, aunque sí enfatizó en que deben existir concreciones puntuales por medio de acciones afirmativas, que beneficien a los grupos poblacionales más excluidos.

En el caso del FA sí se hace referencia a las distintas manifestaciones de violencia que sufren las mujeres, mientras que, en el caso de la Coalición, se hace mención a los organismos internacionales y la responsabilidad estatal que eso conlleva.

En el PPSO, el plan de gobierno del partido que defiende la continuidad se enfoca más en el asistencialismo, con un énfasis en lo económico y laboral, más allá de lo estructural o en los derechos.

Al igual que en el ámbito de lo migratorio, el PLN resalta por la debilidad de sus propuestas. “Se quedan en la epidermis. Es un partido que no muestra con claridad cuál es su postura”, indicó Arroyo.

En cuanto al análisis de cuán factibles pueden ser las soluciones que plantean estos partidos, la académica del IEM señaló que pasa mucho por el contenido presupuestario, aunque indicó que esto no debe ser excusa para que un Estado garantice derechos vulnerados a la luz de lo que dictan los organismos internacionales. También debe existir mayor rendición de cuentas y transparencia.

En cuanto a migración, Guillermo Acuña también apuntó a la necesidad de asegurar los costos de regularización migratoria y un uso más transparente del Fondo Social Migratorio, que se nutre de los ingresos provenientes de los trámites que deben cumplir en el país las personas que realizan solicitudes de asilo.

El programa completo de este Praxis Electoral puede verlo desde el canal de YouTube de la Escuela de Filosofía: https://www.youtube.com/watch?v=z7vark5Qrkg

El cuarto episodio de este especial electoral se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 12 p.m. sobre los temas de política exterior y economía. Participarán los académicos Carlos Cascante, de la Escuela de Relaciones Internacionales, y María Leonela Artavia, de la Escuela de Economía de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional

Mujeres indígenas miskitas en Costa Rica: breve análisis a raíz de una emisión radial

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

En una emisión radial del programa Interferencia de Radio Universidad, realizada el 4 de diciembre del 2025 (véase video y audio), se informó de la presencia en Costa Rica de aproximadamente 40.000 indígenas miskitos en proveniencia de Nicaragua, en su gran mayoría mujeres y niños. La cifra es la que se mencionó en la precitada entrevista, a una integrante de una organización de la sociedad civil: es muy probable que el Estado costarricense no conozca con exactitud un número más exacto.

Se trata, según el estudio mencionado durante la entrevista, de personas oriundas de territorios comunitarios indígenas en Nicaragua que se han visto forzadas a salir en razón del clima de violencia en su contra perpetrada por terratenientes nicaragüenses así como debido a varios extensos megaproyectos de extracción minera concesionados a varias empresas chinas en Nicaragua (véase nota de noviembre del 2025 de SwisInfo). Salvo error de nuestra parte, no se tiene conocimiento de iniciativas desde China para que Nicaragua resguarde y respete los derechos de las poblaciones indígenas en las zonas concesionadas. Sobre China, es de recordar que la apertura oficial de relaciones diplomáticas oficiales entre China y Nicaragua data de diciembre del 2021 y que inició una era de intercambios comerciales y de cooperación bilateral muy sostenidos desde entonces, en muy diversos ámbitos: remitimos a nuestra nota del 2021 sobre este episodio.

Muchas de estas personas, antes de llegar a Costa Rica,  vivían en sus territorios comunitarios, y en el caso de varios de ellas, no hablan español, o bien tienen un conocimiento muy aproximativo del mismo.

Foto extraída de artículo de prensa titulado «Los miskitos ya resienten el cierre de Cejudhcan: “fue una venganza”» del medio digital Divergentes, en su edición del 22 de marzo del 2022. Texto integral disponible aquí.

Un estudio de lectura muy recomendada

El estudio como tal titulado  «Mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica: lo que sienten, lo que piensan y lo que han vivido» está disponible en este enlace: se recomienda su lectura, al recoger testimonios muy valiosos de personas desplazadas con varios años buscando integrarse sin lograrlo del todo en Costa Rica.

En la página 21 de dicho estudio, se lee que:

«Viven en precarios que frecuentemente no cuentan con servicios básicos como acceso al agua potable; comparten viviendas con otras mujeres y frecuentemente, en condiciones de hacinamiento. Su llegada a sitios urbanos marca una diferencia sustantiva respecto a sus lugares de origen que, en la mayoría de los casos, se localizan en comunidades indígenas en zonas rurales de Nicaragua. 

Eso representa cambios en sus hábitos, modos de vida y cultura; pero también en relación con sus formas de subsistencia porque muchos recursos alimenticios que antes estaban a su alcance en el bosque o mediante la siembra de cultivos en sus tierras comunitarias, ahora los tienen que comprar. 

La mayoría de las mujeres están en rangos etarios entre los 18 y 54 años; es decir, en edades que las ubican plenamente como fuerza productiva y las califican para participar activamente en el mercado laboral. Por otra parte, son mujeres con un cierto nivel educativo pues han alcanzado algún grado de primaria e incluso de secundaria».

Como se puede observar es muy poco lo que se ha logrado hacer por parte del aparato estatal costarricense para responder a esta llegada masiva de personas oriundas de territorios indígenas en Nicaragua, y que deben, en muy poco tiempo, adaptarse a la vida cotidiana en los precarios de la Gran Area Metropolitana (GAM) en el seno de la capital costarricense, con limitantes de todo tipo.

Una problemática desatendida desde hace varios años

Las invasiones violentas de tierra por parte de no indígenas miskitos en Nicaragua han dado lugar a varios documentales, como este documental realizado por Expediente Público en el 2021 y este otro por el medio digital Confidencial en el 2022. 

En el caso de la población miskita refugiada en Costa Rica, este reportaje del 2023 realizado por el medio Nicaragua Investiga hace ver que sus necesidades no han sido debidamente atendidas por parte de las autoridades costarricenses, tal y como se dejó ver de manera muy clara en la precitada entrevista del programa Interferencia de la radio universitaria (la cual recomendamos escuchar, al mencionar de manera detallada las carencias de todo tipo del aparato estatal costarricense ante la llegada masiva de estas familias miskitas en los últimos años).

En julio del 2024 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron varias las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense las que denunciaron un verdadero «etnocidio» (véase nota) por parte del Estado nicaragüense.

Este otro reportaje del 2019  del medio Nicaragua Investiga sobre la población miskita refugiada en Honduras permite conocer el alcance de la grave crisis provocada por la llegada de colonos en territorios miskitos en Nicaragua, y el clima de violencia e impunidad que desata, sin que las legítimas reivindicaciones de las poblaciones miskitas sean debidamente atendidas en Nicaragua. En el caso específico de Honduras, este informe del 2021 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) analiza la fuerte discriminación y la xenofobia que sufren los miskitos hondureños en la misma Honduras. En el 2021, Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase sentencia de agosto del 2021, caso Los buzos miskitos vs Honduras).

En el caso específico de Costa Rica, tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe realizado luego de su visita a Costa Rica por parte del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyos hallazgos y recomendaciones en beneficio de las poblaciones indígenas costarricenses… siguen esperando ser objeto de acciones correctivas por parte del Estado costarricense: véase nuestra nota de septiembre del 2022 titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica«. Por otra parte, persiste un clima de xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en algunos sectores de la sociedad costarricense: ya en el año 2018, tuvimos la ocasión de analizarlo en nuestra nota publicada en el portal de la UCR, y titulada «El derecho internacional ante la xenofobia, el racismo, la discriminación y la incitación al odio en Costa Rica«.

Sin lugar a dudas, la falta de atención ante las necesidades básicas de estas poblaciones miskitas oriundas de Nicaragua en Costa Rica y en Honduras, plantea serias interrogantes: más aún en el caso de Costa Rica, cuya legendaria tradición de asilo y de refugio constituye uno de los pilares de su imagen internacional.

Los órganos internacionales de derechos humanos y las comunidades miskitas de Nicaragua

De manera a poder conocer con más detalles el alcance del drama que viven las poblaciones miskitas del Caribe en Nicaragua, este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado a conocer en el mes de agosto del 2025 (véase enlace) enlista las recomendaciones hechas a Nicaragua (páginas 128-131), pero también a los integrantes de la comunidad internacional como tal (páginas 131-132). 

En una de sus conclusiones (páginas 124-128) se lee que:

«204. En particular, los hallazgos de la CIDH muestran que los patrones de la violencia en contra de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe se caracterizan por: i) la continuidad y frecuencia de ataques armados perpetrados por grupos de colonos y del crimen organizado que ocurren con la tolerancia y aquiescencia del Estado; ii) asesinatos y criminalización de autoridades tradicionales, líderes comunitarios y personas defensoras del territorio; iii) amenazas, hostigamientos y la extorsión de comunidades por grupos de colonos armados; iv) hechos de tortura y violencia sexual; y v) la impunidad estructural en un contexto de concentración absoluta del poder en el Ejecutivo. Conforme al derecho internacional, estos hechos configurarían graves violaciones a los derechos humanos«.

Esta resolución del año 1984 de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un acuerdo de solución amistosa entre las autoridades de Nicaragua y las comunidades miskitas, hace ver que sí hubo en algún momento en Nicaragua voluntad política para resolver la problemática de la tenencia de la tierra y permitir una forma de autogestión dentro de los territorios indígenas miskitos.  En el 2001, Nicaragua fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase sentencia de agosto del 2001, caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, en particular el párrafo operativo 173).

Desde el mes de abril del 2018, la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha gravemente deteriorado, aunada, a partir del 2020, del auge del mercado de la carne en Nicaragua y de megaproyectos mineros que  provocan una presión extrema sobre los territorios indígenas miskitos y sobre las reservas biológicas en Nicaragua. El documental «Patrullaje» del 2023 (véase enlace) ilustra de manera muy completa esta fuerte presión que se ejerce también sobre la reserva Indio Maíz y sus frágiles ecosistemas, con la complacencia de las actuales autoridades de Nicaragua. En esta resolución de octubre del 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se señalan (a puntos 4-9) las diversas gestiones hechas desde este órgano del sistema interamericano desde mediados del 2018 ante el recrudecimiento de la represión contra personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos en Nicaragua.  

En este reportaje de ElPais (España) de agosto del 2025 titulado «Etnocidio  y exterminio simbólico: la prisión política se ensaña contra los indígenas en Nicaragua«, se puede consultar este informe sobre la criminalización de los líderes indígenas en Nicaragua y su encarcelamiento sistemático.

Ya en el año 2019, la ONG especializada en el litigio ante el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, CEJIL, había detallado la larga lista de las obligaciones internacionales que tiene Nicaragua en materia de derechos de las poblaciones miskitas: véase asl respecto su  informe titulado «Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la vida«, en particular páginas 60-64. 

Por su parte, esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del mes de junio del 2023, evidencia el incumplimiento hecho a los requerimientos del juez interamericano de derechos humanos por parte de Nicaragua. 

Desde el punto de vista de la historia del derecho internacional, no está de más recordar que el tratado entre Nicaragua e Inglaterra de 1860 estableciendo un protectorado británico sobre los denominados «Mosquito Indians» en el siglo XIX, dio lugar a unas de las primeras sentencias arbitrales entre dos Estados en el año 1881. Este laudo arbitral entre Inglaterra y Nicaragua fue dictaminado por el árbitro escogido por ambos Estados: el Emperador de Austria (véase texto). Para nuestros estimables lectores poco familiarizados con la historia del derecho internacional, el primer arbitraje entre dos Estados se registró nueve años antes, en 1872, entre Estados Unidos e Inglaterra (véase breve nota nuestra al respecto titulada «El arbitraje del Alabama de celebración (1872-2022)«.

Siempre desde el punto de vista estrictamente jurídico, es de precisar que Nicaragua sigue siendo Estado Parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como «Pacto de San José«. En cambio, al cumplirse el 18 de noviembre del 2022 un año desde la notificación enviada formalmente por Nicaragua, dejó de ser Estado Parte de la Organización de Estados Americanos (OEA): véase texto de la notificación enviada en noviembre del 2021.

A modo de conclusión

Tal y como se ha señalado desde ya varios años, la atención básica a estas poblaciones indígenas oriundas de Nicaragua debe ser garantizada por los Estados en las que buscan refugio, huyendo el clima de violencia que sufren. 

En el caso de Costa Rica, estas personas deben enfrentar una situación de discriminación y xenofobia que persiste aún con respecto a migrantes oriundos de Nicaragua en varios sectores de la sociedad costarricense, aunada al la falta de voluntad política de las autoridades de Costa Rica por atender las legítimas reivindicaciones de sus propias comunidades indígenas, tal y como lo detalla el precitado informe de Naciones Unidas del 2022. 

A ello se deben sumar los serios retrocesos en materia de atención a las personas migrantes en general observados en los últimos años en Costa Rica (véase artículo del Semanario Universidad). Es de notar que a diferencia de otros ámbitos en materia de derechos humanos, Costa Rica se resiste hasta la fecha a ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares que existe desde 1990 (véase estado de firmas y ratificaciones). Llama poderosamente la atención que, desde 1990, el Poder ejecutivo costarricense haya sido incapaz de tan siquiera firmarla…

Como usualmente suele suceder en materia de derechos humanos, la no atención a una problemática en materia de derechos humanos se traduce con el pasar del tiempo, en una agravación de la misma: es precisamente el caso de las mujeres miskitas oriundas de Nicaragua en Costa Rica.

Lo que escribe el odio

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Hace algunas semanas fue publicado en España el resultado de un año de seguimiento en redes sociales a los discursos racistas que permean sus contornos.

Es cierto. Detrás de una opinión que no es simple, se vierten los contenidos más espurios de ataque a las personas en razón de su nacionalidad, color de piel, identidad.

Le correspondió esta vez al atacante Lamine Yamal recibir calificativos como “moro de mierda” o “Mena”, según el Observatorio contra el racismo y la xenofobia de aquel país europeo. En el último año el jugador barcelonés concentró el 60% de los insultos racistas.

El otro jugador receptor de tales agravios es el brasileño Vinicius JR, contra quien incluso se han proferido insultos que han llegado a detener partidos y expulsar a quienes lanzaron los gritos desde las graderías.

Para que tengamos una dimensión real del significado del racismo hacia Yamal, la palabra “Mena” fue instrumentalizada por la derecha española para hacer referencia a cualquier persona con aspecto magrebí.

Ya su uso empezó a descuadrarse al vincular a los Menores Extranjeros No Acompañados que llegaban a países como España, Francia e Italia con peligro y delincuencia.

Rápidamente, como suelen ser las ideas del radicalismo de derecha, su significado alcanzó connotaciones racistas que pronto abordaron las canchas de fútbol.

Lo que el odio escribe y pregona es la barbarización del otro hasta restarle su humanidad. En tiempos donde justamente la humanidad vive uno de sus períodos más complejos, estos discursos deben ser erradicados y restados en su poder. Empezar por ejemplo a negarlos, eliminarlos como opción para que no vuelvan a tener espacio en ningún lugar con resonancia.

Esa es la tarea.

Una reflexión necesaria sobre la reunión del pueblo tribal celebrada este 31 de octubre

Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

El conocimiento de la historia ancestral es tan esencial para el desarrollo de la identidad humana como la fe lo es para el espíritu. Sin embargo, cuando la historia y la religión se entrelazan con los asuntos políticos y socioeconómicos de sociedades multiculturales y pluriétnicas, como la de Cahuita, pueden transformarse en fuentes de división, en lugar de instrumentos de unidad y comprensión.

Por ello, cada cosa debe mantenerse en su lugar: que la fe inspire, la historia ilumine y la convivencia se construya.

Por su parte, la reunión convocada para el viernes 31 de octubre de 2025 por el Foro Tribal Afrocostarricense, a través de Laura y Hellen, anunciada apenas tres días antes por WhatsApp y con el supuesto fin de corregir errores en la conformación del Foro de 2022, terminó causando más daño que beneficio a la cohesión del pueblo.

La vieja estrategia de “dividir para vencer” parece haber resurgido, justo cuando la unidad de Cahuita —históricamente su mayor fortaleza— resulta más necesaria que nunca.

Cahuita ha sido la única comunidad tribal del Caribe costarricense que ha mantenido una posición firme en defensa de su territorio, oponiéndose al Plan Regulador Costero (PRC) impulsado por la Municipalidad de Talamanca.

No obstante, esta reunión se realizó sin el acuerdo previo de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), en contravención del artículo 15 de la Ley N.º 3859 de Desarrollo Comunal (1967), que exige decisiones colegiadas sobre el uso de bienes comunales para fines de esa naturaleza.

Tampoco se informó a los asociados ni se explicó la trascendencia jurídica del Foro como órgano de consulta obligatoria respecto al PRC y otras decisiones estatales que afectan los derechos de la comunidad, hoy declarado como un pueblo tribal, conforme al Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley N.º 7316 de 1992, que consagra el derecho a la consulta previa, libre e informada. Una comunicación transparente habría evitado conflictos.

La humildad y la cortesía no son signos de debilidad, sino virtudes que fortalecen el derecho afro tribal a la participación, reconocido en el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2021), y la Sentencia No. 2025-029985 de la Corte Suprema de Justicia con fecha 19 de septiembre del 2025.

Lo más lamentable fue que, en vez de fomentar el diálogo, se impidió el ingreso a personas por su aparente ascendencia europea o mestiza, bajo la frase de que “la reunión era solo para negros”.

Tal exclusión contradice el artículo 33 de la Constitución Política, que prohíbe toda forma de discriminación, y rompe con la armonía histórica de Cahuita, un pueblo donde afrodescendientes, chinos, árabes, indígenas, judíos y mestizos trabajaron unidos para levantar la comunidad que hoy conocemos.

De aquella reunión, descrita por los presentes como de “cuatro gatos”, surgió el anuncio de una nueva convocatoria para el domingo 9 de noviembre de 2025 a las 2pm.

Ojalá que esta o la próxima vez se realice con orden, transparencia y conforme a la voluntad del pueblo, para devolver legitimidad al proceso y reconstruir los puentes del diálogo que nunca debieron romperse.

FRENAPI: Sobre el uso inadecuado del término “malicia indígena” en campañas de ciberseguridad

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) manifiesta su rechazo contundente al uso del término “malicia indígena” en la reciente campaña de ciberseguridad, publicada bajo el título “La sabiduría costarricense al servicio de la ciberseguridad”.

Aunque la intención declarada sea educativa, esta campaña reproduce estereotipos coloniales que asocian lo indígena con la astucia, la desconfianza o la “trampa”, banalizando siglos de conocimientos, cosmovisión y sabiduría ancestral de nuestros pueblos. La frase “malicia indígena” no representa la identidad de los pueblos indígenas, sino que refuerza un prejuicio histórico que busca caricaturizar nuestra inteligencia y nuestra forma de relacionarnos con el mundo.

Nuestros saberes no son malicia: son conocimiento, intuición, resiliencia y respeto por la vida y la Madre Tierra. Reducirlos a un juego de palabras para explicar cómo “no dejarse engañar” en internet es una forma de violencia simbólica que invisibiliza nuestra dignidad, nuestra historia y nuestra contribución a la sociedad costarricense.

Desde el FRENAPI hacemos un llamado a las instituciones y medios de comunicación a evitar el racismo cotidiano disfrazado de humor o creatividad, y a reconocer que la identidad indígena no puede ni debe ser utilizada como recurso publicitario o educativo sin nuestro consentimiento y sin respeto pleno a nuestra historia y cultura.

Exigimos respeto, conciencia y rectificación inmediata del uso de este término. La sabiduría indígena no es “malicia”: es vida, memoria y resistencia viva en nuestros territorios.

Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI)
Por la defensa de la vida, la Tierra /Territorios y la autodeterminación de Los Pueblos Indígenas