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Etiqueta: discriminación

Sobre las movilizaciones sociales en Ecuador

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fuente: Rebelion.org

Nosotras y nosotros, profesionales de la historia y las ciencias sociales, frente a la movilización de diversos sectores sociales iniciada el 13 de junio de 2022 en Ecuador, expresamos:

1. Nuestra preocupación por la promulgación de declaratorias de estados de excepción que apuntan a reprimir la legítima protesta social: 

En la declaratoria de Estado de Excepción en el Decreto 455, con fecha del 18 de junio de 2022, se coartan derechos fundamentales de los seres humanos como la libre asociación, reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio. 

En una versión oficial previa del Decreto 455 se establecía la restricción del derecho a la libertad de información y se facultaba el uso de la fuerza letal frente a las movilizaciones. Aunque esos términos fueron solapados en la versión final del Decreto de Estado de Excepción, preocupa sobremanera la intención y la posibilidad de la violación de derechos en un documento firmado por el Presidente de la República, y que circuló en una primera instancia. 

El Decreto 455 fue reemplazado, el 20 de junio, por el Decreto 459, documento que matiza la suspensión de derechos. Esto da cuenta de una estrategia gubernamental para establecer el estado de excepción como método impositivo para procesar demandas sociales y así responder coercitivamente a la movilización social. Se da cuenta de esto en la militarización de la ciudad de Quito y la pretensión de hacer la capital inexpugnable, cerrar el paso a la ciudadanía y demandas del conjunto nacional. 

En el transcurso de dos días, dos decretos y tres versiones de ellos han circulado, evidenciando que el Gobierno promueve políticas represivas y sólo la presión social le ha inducido a corregir sus exabruptos. A esto se suma las acciones judiciales con las que el alcalde de Quito buscó impedir que el poder legislativo derogue el decreto 455, el día 20 de junio, lo que atizó el escenario de conflicto.

2. Nuestro rechazo a las expresiones racistas formuladas por actores políticos y otros miembros de la sociedad, que no hacen más que profundizar la exclusión, la discriminación y las fracturas internas de una sociedad queaspira a dejar atrás la violencia colonial. Del mismo modo, nuestro rechazo a la campaña de desprestigio que ha enarbolado el gobierno local de Quito a una amplia mayoría de la población, temeraria discriminación encubierta de un discurso de paz.

3. Nuestro rechazo al allanamiento injustificado de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (Casa de las Culturas) en el marco del Decreto 455; allanamiento dispuesto por la Fiscalía General del Estado, en el que no se encontró indicio alguno de material explosivo o armamento. Pese a ello, a partir del 19 de junio se ejecutó la requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura; actualmente se encuentra ocupada por fuerzas policiales. Este edificio emblemático alberga colecciones y acervos culturales fundamentales para la investigación, la construcción de la identidad colectiva y el goce de los derechos culturales. Esta es una violación al patrimonio nacional y a los derechos de los miembros de la sociedad ecuatoriana, y evidencia un desconocimiento de la gestión cultural y la preservación de los bienes que construyen las memorias nacionales. Nos preocupa que esta acción haya sido justificada por las autoridades públicas en el campo cultural siendo su mandato la salvaguarda del patrimonio y su deber brindar garantías de acceso ciudadano al patrimonio. Su tardía justificación de hacerlo por cuidar el patrimonio es insostenible, pues la presencia de armas en medio de un conflicto social solo puede poner en peligro este valioso patrimonio común, lo cual se suma a su persistente descuido de la provisión de recursos para las instituciones culturales, el abandono de archivos y notables problemas para gestionar la correcta preservación del Patrimonio Nacional visible desde el 2015 y agravada en los últimos 5 años.

4. La movilización social en Ecuador no es resultado de una coyuntura, sino de factores de carácter estructural. La carestía de la vida, agravada por políticas anti-humanitarias durante la pandemia del COVID 19 y el impacto en el precio de los alimentos que tiene conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tiene sus orígenes en un Estado y en una sociedad empeñada en políticas excluyentes e insistentemente indolentes ante las demandas de inclusión social. La lucha histórica por la inclusión política, la soberanía alimentaria y el buen vivir se oponen a modelos de acumulación oligárquicos, extractivistas, primario-exportadores y gamonales que producen todo un conjunto de desposesiones contra la sociedad. La mala gestión para disminuir las desigualdades sociales y para acoger sus legítimas demandas políticas en pos de una democracia para el pueblo, ha provocado que los sectores más vulnerables sientan de forma más profunda y excluyente, los impactos de la crisis mundial.

Actualmente, en el campo ecuatoriano se concentran los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil crónica. Por eso, es tarea de los gobiernos la adecuada planificación para la atención prioritaria, efectiva y alejada de paternalismos y visiones excluyentes de las necesidades del campo ecuatoriano, conformado en su gran mayoría por pueblos y nacionalidades.

Las reivindicaciones planteadas por varios sectores de la sociedad corresponden a problemas de fondo que afectan a todos los ecuatorianos. Es alarmante el deterioro en los sectores de salud y educación pública por falta de presupuesto, lo que vulnera derechos constitucionales. Por tanto, la protesta social es legítima y el gobierno debe dialogar de forma horizontal y empática para responder a las demandas populares contenidas en el Pliego de Peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

5. Nuestro rechazo al uso instrumental del concepto de democracia. Este ha sido vaciado por el gobierno central y los grandes medios de comunicación a ser sinónimo de votaciones, cuando este implica formas más complejas de manifestación y participación ciudadana. De igual forma, el gobierno central en sus declaraciones ha usado el concepto de democracia para alimentar un clima de represión y conflicto, además de justificar la limitación de libertades.

6. Nuestro llamado a los medios de comunicación para difundir los acontecimientos actuales de forma plural, responsable, sin criminalizar la protesta social y permitiendo que voces diversas alimenten la formación de la opinión pública. Rechazamos la censura y la mordaza pues esta aumenta la posibilidad de que la violencia quede impune. Una opinión pública diversa y pluralista implica abandonar los intereses privados a los que representan. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan respetar el ejercicio periodístico de los medios independientes amenazado por la violencia de las fuerzas del Estado.

7. Nuestra adhesión a la resolución política del conflicto mediante el establecimiento de vías transparentes de diálogo, respetando la independencia de las diferentes funciones del Estado y garantizando los derechos de los sectores movilizados. Este llamado debe incluir a la pluralidad de la sociedad civil y no solo a sectores adeptos al gobierno central. Creemos que los decretos de excepción expedidos no brindan un contexto adecuado para la obtención de los más profundos intereses de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Instamos a la conformación de un verdadero diálogo que parta del cumplimiento, de parte del Ejecutivo, de las demandas enunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales.

Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de la comunidad académica nacional e internacional a este comunicado en pos de una democracia atenta a las demandas sociales y al reconocimiento político de las mayorías en el Ecuador.

Los firmantes: 

Alejandro López Valarezo Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Viviana Velasco Herrera Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política 

Rosa-María Mantilla-Suárez Seminario Permanente de Historia Política

Michelle Alejandra Andrade Paredes FLACSO – Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Luis Esteban Vizuete Marcillo El Colegio de México / Seminario Permanente de Historia Política

Agatha Rodríguez Bustamante Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin / Seminario Permanente de Historia Política

Fernando A. Muñoz-Miño Seminario Permanente de Historia Política / El Colectivo

Sofía Luzuriaga Jaramillo Pontificia Universidad Católica del Ecuador/ Seminario Permanente de Historia Política

Katiushka Aguirre-Pacheco Pontificia Universidad Católica de Chile / Seminario Permanente de Historia Política

Enma Pilar Chilig Caiza Seminario Permanente de Historia Política

Lorena Rosero Manzano Seminario Permanente de Historia Política

Nicolás Zapata Seminario Permanente de Historia Política / Minga: democracia entre todos

Valeria Coronel FLACSO-Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Racismo y educación superior en Estados Unidos

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

El pasado 02 de junio, el profesor de sociología de la Brown University y autor de diversos libros sobre racismo y discriminación, José Itzigsohn participó en una entrevista con el investigador de la UNTREF y del CONICET, Daniel Mato. 

El racismo es un fenómeno que se manifiesta en la vida cotidiana y en las diversas instituciones de nuestras sociedades. José Itzigsohn plantea que este sigue presente en la educación superior norteamericana. Sin embargo, hoy toma la forma de racismo institucional, es decir, mecanismos que reproducen la desigualdad y que crean experiencias distintas para blancos y para gente de grupos racializados.

La teoría de Itzigsohn plantea tres formas en las que se expresa el racismo institucional: la subrepresentación, la experiencia dentro de la universidad que tienen los estudiantes y los profesores racializados, y las consideraciones de metodologías y temas legítimos de conocimiento.

Durante la entrevista se resalta que, pese a que sí ha habido un avance en contra del racismo, es incorrecto considerar que aún no se presenta en la educación superior. Es importante señalar otras formas en las que el racismo, ahora institucional, se desarrolla actualmente para poder enfrentarlo. Además, se desarrolla una descripción del sistema universitario en Estados Unidos, donde se resalta que no es gratuito; lo cual limita el acceso para muchos de los sectores minoritarios y discriminados.

Las políticas dentro de las universidades han cambiado de “reparar injusticias históricas”, a una “noción de diversidad”. El problema de este sistema es que se pierde la perspectiva de las injusticias, previas y aún vigentes. Además, plantea el debate de que puede originar “racismo inverso”, es decir, que se discrimina a los grupos blancos históricamente más privilegiados.

Para evitar este conflicto, y que no se acepten individuos en las universidades con menos méritos, las cortes en Estados Unidos han usado una metodología de “bien común”. En esta, la “raza” u origen del individuo es una de muchas variables a considerar; junto con notas académicas, actividades extracurriculares, recomendaciones, entre otras.

Es de alta importancia que estos grupos posean a sus propios profesionales con capacidades, conocimientos y recursos para defender sus derechos. La formación de profesionales indígenas, latinos, afroamericanos u otros grupos racializados tienen efectos sociales que inciden sobre la perspectiva de vida de estas comunidades.

Todos estos conceptos y perspectivas fueron discutidos en detalle por José Itzigsohn y Daniel Mato. Puede ver la entrevista completa en:

La UNTREF, desde la Cátedra UNESCO de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA), realiza una serie de acciones tendientes a visualizar y erradicar el racismo en la educación superior. Para informarse sobre el tema, puede seguir sus redes y programas.

 

Fuentes: 

Entrevista completa “Entrevista virtual: Racismo y Educación Superior en Estados Unidos” disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8C2Unpa1icI&t=265s

Mundo UNTREF. (2022). La necesidad de detectar y eliminar el racismo en la educación superior. Disponible en: https://untref.edu.ar/mundountref/la-necesidad-de-detectar-y-eliminar-el-racismo-en-la-educacion-superior

Rodolfo Hernández. un contradictor inaceptable

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El domingo 29 de mayo de 2022, será fecha recordada en los anales electorales de Colombia. El candidato progresista, Gustavo Petro Urrego, con un Programa de Gobierno Alternativo, coaligado con la izquierda, la socialdemocracia y demócratas de partidos históricos; acompañados de una fórmula presidencial encarnada en la afro descendiente Francia Márquez Mina, rompiendo el tradicionalismo político de no dar cabida a aspirantes de raza negra a un máximo cargo de elección a la Vicepresidencia de la República; pese a encabezar las preferencias mayoritarias de opinión de los electores, no alcanza el margen del 51% de los votos emitidos y por ende no logra coronar la elección como Presidente, en la primera vuelta.

El sistema electoral colombiano goza de desprestigio en el ámbito nacional e internacional, por ser clientelista, corrupto, discriminador, objeto de parcialización y de naturaleza de casino; por imperar impunes prácticas de compra y venta de votos; en una sociedad caracterizada por el predominio de una economía subterránea, producto de un sistema narco paramilitar en el ejercicio del poder.

Las pasadas elecciones del 13 de marzo de 2.022, en que se eligieron a los representantes del Parlamento; sistema electoral que abarca más de 200 representantes a la Cámara y más de 100 Senadores; dejaron al desnudo el cúmulo de omisiones y defectos, que conducen al engaño o error y que gracias a la prevención y trabajo de organización de la oposición política expresada en el partido Pacto Histórico, logró descubrir en el pre conteo, que en cerca de 30.000 mesas no se habían contado los votos del Pacto Histórico y ello trajo consigo la reivindicación y reconocimiento de cuatro curules o asientos más en el Senado, a favor del partido de oposición. Sumaron más de 700 mil los votos distraídos.

Ha hecho costumbre y es habitual y reincidente la práctica del fraude electoral en Colombia. El pasaje relatado obedece a la veeduría aplicada por desconfianza en el sistema electoral; asimilado en el movimiento popular por la máxima del cura guerrillero Camilo Torres R, de “el que escruta elige”. Es por ello que para el pasado 29 de mayo, el partido Pacto Histórico inscribió 50 mil testigos electorales, que, junto con los Observadores Internacionales, acompañaron el máximo de mesas posibles en el pre conteo de los votos. El pre conteo es un arbitrario adelanto de resultados que la Registraduría, con la venia del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la aplicación de un conteo manual y para demostrar eficiencia y rapidez, publica por las cadenas privadas de medios de comunicación. La labor de los testigos electorales radica en la observación y seguimiento de ese pre conteo que por lo general carece de precisión y exactitud. Luego del pre conteo sobreviene el escrutinio, que es el acto o momento administrativo en el que se precisa si hubo fraude o no, en el ejercicio electoral. De manera que ante el conocido pre conteo de votos en el que el candidato Gustavo Petro no alcanzó el umbral del 51% de los votos emitidos, pues llegó al 43% y con una ventaja de 2.580.000 votos sobre el segundo contendiente, Ingeniero Rodolfo Hernández; se habilita la labor de veeduría y seguimiento en estos tres días hábiles, para que se conozcan o se corrijan imprecisiones, vaguedades, etc. Solo en Colombia, pues en el resto de los países latinoamericanos, el umbral de porcentaje es del 40% de los votos emitidos, para de lo contrario acudir a una segunda vuelta. Múltiples son las falencias del Sistema Electoral colombiano, que fue objeto de definición a una reforma profunda en los Acuerdos de La Habana y la extinta guerrilla de las FARC, que como es conocido por de todo el mundo, la oligarquía militarista hizo trizas y no implemento.

DE LAS CIFRAS ELECTORALES

Gustavo Preto Urrego obtuvo 8.527.768 votos. Rodolfo Hernández obtuvo 5.953.209 votos, Federico Gutiérrez 5.058.010 votos

Gustavo Petro gana con el 40.33% de los votos emitidos, la Primera Vuelta y se disputará el gobierno con el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien obtuvo el 28. %; quedando el derrotado F. Gutiérrez con el 23.%

Un mapa por regiones indica que en el Centro del país (excluida la capital Bogotá DC.) y el Nororiente del país votaron por R. Hernández mayoritariamente.

En la Costa Atlántica. Petro en los Departamentos de la Costa (Atlántico, Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar y San Andrés, en el Caribe) con un 52% en promedio, alcanzando en Atlántico la mayoría del 56%, un fortín electorero del Clan Chard Fuad… R. Hernández, en esos Departamentos de la Costa obtiene un 17.2% y F. Gutiérrez, el 26.75%.

En La Región Pacífica. Por Petro 73% (Choco, Nariño, Cauca). Por R. Hernández 9.6% y por F. Gutiérrez 14.%.

Zona del Sur Occidente (Valle del Cauca, Tolima y Huila) 40% Petro; 34% R. Hernández y el 21% F. Gutiérrez.

El Eje Cafetero (Risaralda, Quindio, Caldas) 33% Petro. 32%. R. Hernández y 28.9% F. Gutiérrez.

Departamento de Antioquia. 25% Petro. 19% R. Hernández y 50% F. Gutiérrez.

En Medellín. Petro 275.497 votos, 24.5%. R. Hernández 141.415, 12 votos, 6% y F. Gutiérrez 603.092, 62%

En Los Santanderes: Departamento de Santander, la derecha acoge a R. Hernández con 67%. Por Petro el 55%, quedando F. Gutiérrez únicamente con el 9%. Y en el Departamento de Norte de Santader, cambio del panorama electoral, siendo un fortín del narco para militarismo en el gobierno y de confrontación armada en la zona de frontera con Venezuela y el conflictivo Catatumbo; donde las insurgencias mantienen control territorial, Por Petro 16%. R. Hernández 55%. Gutiérrez 25%

En Bucaramanga Petro 68.600 votos, 21% R. Hernández 219.748 votos, 67% y F. Gutiérrez 39.114, votos, 09%

En Cúcuta. Petro 46.288,21 votos, 14%. R. Hernández 169.932 votos, 50%. F. Gutiérrez 100.251 votos, 29%

Centro del País (Cundinamarca, Boyaca y Meta) por Petro el 32%. Por R. Hernández el 50% y por F. Gutiérrez el 13%.

En Bogotá, DC. 50% Petro (1.769.671 votos). El 22% R. Hernández (833.0169 votos) y el 19% F. Gutiérrez. (con 723.638 votos)

En Los Llanos Orientales (Vichada, Arauca, Casanare). Por Petro el 27%. Por R. Hernández 55% y por F. Gutiérrez 14%.

En La Amazonia (Putumayo, Vaupes, Guainia, Amazonas , Guaviare y Caquetá) Petro 52%. R. Hernández 29% y F. Gutiérrez 14%

DE PROPUESTAS CONCRETAS

Al cuestionado sistema electoral colombiano va engranado el sistema de encuestas y consultorías sin garantía de veracidad y objetividad. Genera un marrullo de imprecisiones, de falsas expectativas y de sobre dimensiones de mandatos sublimes, que conllevan, al elector, a referencias despectivas y falsedades presuntas. Contribuyen al juego de casino, apuestas e inversión de dineros en la compraventa de votos.

Ya la Dirección de la campaña del Pacto Histórico ha emitido pronunciamiento sobre las pautas a seguir para asegurar el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez el próximo 19 de junio. Ello se logra con votos y ante el reto de aumentar mínimo en un millón de votos los obtenidos, los activistas en el trabajo de proselitismo, a fuer de escoger los sectores en todos los niveles donde se analizaren necesidades de impulso, es recomendable poner en práctica y ejercer acción en temas y sectores como:1. El aspecto de la Abstención. ¡El equipo de publicidad de la Campaña Petro presidente! ha demostrado capacidad y eficiente alcance de información, así como educación y aportada claridad en sus mensajes. Una iniciativa de intensidad que busque educar y captar la atención de esas personas y dirigida a la población que no ejerce la obligación cívica y el derecho a votar, prefiriendo permanecer en sus casas u ocuparse en pasatiempo. Asumir el reto de disminuir el 45% que arrojo el índice de abstención en esta pasada primera vuelta electoral. Casi la mitad de la población votante indiferente ante el destino y futuro del país. 2. Atención de preferencia a la Mujer y aspecto de género. Se debe aumentar el índice de votación de las mujeres. Que aumente el número de mujeres que vayan a las urnas, borrando la mala fama que no salen a votar por atender los quehaceres del hogar. Precisamente, la aplicación de pedagogías de dignidad, liberación, organización participativa, auto valía y carácter de importancia de la mujer en la sociedad colombiana, son los motivadores para que ellas apliquen el papel que debidamente les corresponde. Mas aún, en este momento histórico en donde el machismo acosador y explotador las coloca en una situación servil y de inferioridad.3. Primordial atención a la Juventud. No descuidar la atención a la población juvenil del campo, áreas rurales, sub urbanas y juventud que depende de su fuerza de trabajo. La Juventud obrera organizada y vinculada al movimiento de masas, juntos con sus organizaciones sociales, constituye verdaderas correas de transmisión para la consecución de las reivindicaciones que un gobierno Alternativo propone y al que también, en ocasiones corresponderá exigirle. 4. Aplicar iniciativas organizativas de inteligencia popular, para descubrir, informar ante las masas, desacreditar y desenmascarar a los traficantes de votos, en veredas, comunas, barrios, etc. Superar los de “recibe la plata o dinero y vota por Petro”, en el entendido que corresponde arremeter contra tan delictivo proceder de la compraventa de votos.

¿QUIÉN ES RODOLFO HERNÁNDEZ?

El perfil del candidato de la contra parte, no aporta en modo alguno ejemplo, ni es modelo de buenas cualidades. No está entre sus virtudes el ser emulado, ni conduce a acciones con afán de superación. Posee una personalidad difusa, superabundante en palabras y gestos. Poco claro o preciso en sus planteamientos y compromisos. Es agresivo, machista, pendenciero. Posa de verraco. Propio de los sujetos que son ogros en sus casas y unas pascuas, portadores de sonrisas postizas, en la calle. Sus actitudes reflejan a una persona sagaz o astuta. Le cabe el calificativo de tunante, puesto que demuestra que tiene astucia y picardía para aprovecharse de las situaciones. Si no fue un oportunista con su candidatura, si fue el elemento oportunista utilizado por los hacedores de candidaturas, en momentos en que el candidato oficial del gobierno narco paramilitar en ejercicio, el señor Federico Gutiérrez, no llenaba las expectativas para los intereses del Innombrable, ante la personalidad arrolladora de Gustavo Petro, su figura de estadista; conocedor del país; docto en todos los temas a tratarse; figura de talla internacional reconocida; como persona indicada y con capacidad para elevar la dignidad y presencia de la Nación colombiana, en el escenario internacional y garante en el logro de una modificación del escenario de la geopolítica latinoamericana. Nos daría vergüenza a colombianos y colombianas escuchar a un sujeto como Rodolfo Hernández – así improvisado para gobernar al país- en escenarios como las Naciones Unidas, por ejemplo. No hay derecho a que luego de 4 años de la imposición de un sub presidente títere, haciendo el hazmerreír en sus periplos de visitas oficiales internacionales, nos endosen a un tal sujeto de marras. Entró en escena cuando imponentes consultores de estadísticas deciden “congelar” los ascensos de opinión de los candidatos Petro y Gutiérrez y salta la liebre apareciendo el personaje de piel curtida, escaso pelo teñido, gesticulador de gestos y señas, sanador de entuertos. El 70% de mala imagen, no favorable, perjudicial y adverso de su mentor gobernante, el sub presidente Duque, causaba estragos con la díscola personalidad desobediente y presencia personal nada habitual del candidato Federico Gutiérrez. A Rodolfo Hernández, un multimillonario con un haber de más US$ 100 millones de dólares, resulto fácil engranarlo y encajar en el desafiante y provocador sistema electoral en uso. Creció como espuma y acertó al propinar con sorpresa el golpe de gracia al candidato oficial, quedando incólume los intereses del militarismo; del monopolio bancario y financiero especulativo; del actual estado de cosas en el rancio estatus del Establecimiento dominante.

Espero que esta sucinta presentación del personaje opuesto al candidato Alternativo Gustavo Petro, contribuya en estimulante argumentos para destronar la aspiración del tal contradictor inaceptable.

Discapacidad y entorno socio cultural

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Luis Fernando Astorga Gatjens

“La discapacidad es un concepto que evoluciona” expresa el preámbulo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), de Naciones Unidas y subraya “que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define “deficiencia” como “toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. La deficiencia es parte de la condición y el ciclo de la vida humana. Podemos adquirir alguna deficiencia, temporal o permanente, en algún momento de nuestras vidas. En mi caso particular, puedo dar testimonio de ello.

En el campo de la discapacidad se pueden identificar varios modelos. Deseo destacar tres: El modelo social, el médico-rehabilitador y el tradicional-caritativo. Estos tres modelos coexisten en nuestro entorno socio-cultural.

El modelo de la discapacidad presente en el citado tratado internacional es el social; el cual establece que el problema principal está en el entorno y en la sociedad, no en la persona. La discapacidad, consecuentemente, es un derivado de entornos “discapacitantes”. Lo que aportamos las personas con discapacidad es algún tipo de deficiencia adquirida o que la traíamos al nacer.

Esta perspectiva de la discapacidad es la más avanzada y jurídicamente vinculante para los Estados (como el costarricense) que han ratificado la Convención. Dentro de esta visión, la discapacidad está fuertemente condicionada por el entorno político-institucional, social, cultural, físico e info-comunicacional.

Como bien lo indica el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI): “La discapacidad es una variable que resulta de la interacción entre una variable que tiene que ver con la funcionalidad de la persona y otra variable que está relacionada con el entorno y la organización social”.

Por su parte, el modelo médico-rehabilitador centra su mirada en la condición del individuo y considera que la discapacidad es una resultante directa de la deficiencia (o deficiencias) de la persona. La discapacidad es entonces considerada fundamentalmente como un problema de salud y derivado de ello, es un asunto del ámbito médico. Dentro de esta visión, en muchas ocasiones, la discapacidad se hace sinónima de enfermedad.

Mientras tanto la mirada tradicional-caritativa visualiza la discapacidad como una condición inherente a la persona con deficiencias –físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales–, que limita o impide su desarrollo, y la convierte en dependiente y objeto de la caridad privada o la asistencia pública.

El llamado modelo médico conceptualiza a la discapacidad como una patología propia del individuo. Mientras tanto el modelo social se inclina a encuadrarla como una patología de la sociedad.

Alguien podría preguntarse al leer los párrafos precedentes: ¿Qué tiene que ver todo eso con la vida de las personas con discapacidad de carne y hueso, que habitamos Costa Rica? ¡Mucho! ¡Muchísimo! Porque las políticas públicas en materia de discapacidad están, inevitablemente, determinadas por el modelo que oriente a quien decida sobre ellas.

La Asamblea Legislativa, en su calidad de primer poder de nuestra República, es una fuente fundamental en la aprobación e impulso de políticas públicas. Entonces lo que piensen y digan las y los diputados tiene una enorme relevancia práctica.

Esta semana se completó la integración de la comisiones legislativas permanentes. Una de las conformadas fue la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad y Adulto Mayor. Esta importante comisión será presidida por el diputado del Partido Nueva República, Yonder Salas Durán y la secretaría la ocupará la diputada del Partido Progreso Social-Democrático, María Marta Padilla Bonilla.

Con toda seguridad, a las y los diputados que forman parte de esta instancia parlamentaria, les anima la mejor intención para lograr avances en la lucha contra todas las formas de discriminación y exclusión social que afecta a las personas con discapacidad, mediante políticas y acciones inclusivas.

Es por ello que es imperativo que sigan los dictados de normas como la ley 7600 y la Convención de la ONU, que se guían por el modelo social, ya que ni el caritativo ni el médico dan respuesta a los problemas, necesidades y aspiraciones de la población con discapacidad. La situación que prevalece en el mundo de la discapacidad da testimonio inequívoco de tal aserto.

La diputada Padilla Bonilla, secretaria de la comisión, expresó lo siguiente, según lo consigna el diario digital CR. Hoy en su edición del 23 del mes en curso, para referirse a las personas con discapacidad: «Son seres humanos que yo digo incluso superiores al resto, porque tienen una serie de condiciones y amor que los hace más elevados espiritualmente que a nosotros, entonces lucharemos para darles el lugar de seres humanos superiores en todo sentido».

Desde luego que no puedo estar de acuerdo con este enfoque de la bien intencionada diputada. He de indicarle: Que las personas con discapacidad somos antes que nada personas. Y en el ancho y variopinto mundo de la discapacidad, las hay buenas y malas, solidarias y egoístas, generosas y mezquinas, inteligentes y no tanto, espirituales y terrenas, alegres y amargadas, reservadas y locuaces… y la lista podría seguir.

Lo que si cubre como ancha capa a todas (o casi todas) las personas con discapacidad, es la discriminación, la exclusión y la subvaloración. Somos parte de esa humanidad diversa. Somos más de mil millones en el reino de este mundo (como escribiera Alejo Carpentier) entre los más de siete mil millones que ya somos.

En discapacidad –como en todo– el lenguaje es muy importante. Las formas suelen llenarse de contenidos. He observado que muchas personas cuando hablan sobre las personas con discapacidad, dudan, titubean, no quieren herir susceptibilidades. Y se hacen un embrollo enorme. No se preocupen: La denominación correcta es persona con discapacidad, les suene o no les suene. Así aparece en la 7600, en los tratados de la ONU y la OEA, en el nombre del ente rector del país (CONAPDIS). Así que no debe existir confusión alguna.

No somos minusválidos, ni inválidos, ni mongolitos, ni cieguitos, ni sorditos, ni sordo-muditos, ni ningún otro “ito” que nos hunda en lo peyorativo. No somos tampoco especiales, ni contamos con capacidades diferentes, ni tenemos necesidades especiales. No somos lo contrario a personas normales porque eso nos convierte en anormales. No somos extraterrestres; somos simplemente seres humanos fieramente discriminados. Formamos parte de la diversidad humana y aspiramos a que se nos respete aún cuando seamos diferentes.

Para formular políticas públicas inclusivas en todas las áreas (salud, educación, empleo, vivienda, información, comunicación, recreación, cultura, deporte, etc.) es imprescindible saber cuántos somos, dónde vivimos, que necesidades tenemos. Se debe partir de una apreciación diagnóstica de la situación y realidad de las personas con discapacidad y eso pasa por evitar elevarnos a un plano de amor y espiritualidad que sin duda puede sesgar la mirada objetiva.

(28 de mayo, 2022)

29 de mayo: Día Nacional de la Persona con Discapacidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Dr. Federico Montero Mejía

Cuando en los Estados Unidos, la ejemplar y larga lucha por los Derechos Civiles que implicó grandes sacrificios, persecución, mucho dolor y pérdida de vidas irreparables como la de Martin Luther King alcanzó sus objetivos inmediatos; otra importante minoría conformada por las personas con discapacidad seguía sometida a la misma discriminación y segregación, tanto en ese país como en el resto del mundo.

Las personas con discapacidad, inspiradas por el modelo y las estrategias de reivindicación utilizadas por la población negra, desarrollaron e implementaron con ejemplar fortaleza y compromiso su propio movimiento en contra de esa situación de menosprecio, que limitaba aún más sus posibilidades de integración y participación como seres humanos y ciudadanos con plenos derechos. También las luchas de las personas con discapacidad por liberarse de la segregación y la discriminación a las que estaban sometidas, exigió grandes sacrificios y esfuerzos. Pero entre muchas otras cosas, los éxitos alcanzados pusieron en evidencia que las limitaciones físicas o de cualquier otro origen y severidad, nunca representan una barrera para alcanzar reivindicaciones, sociales, políticas y económicas, y tampoco para el disfrute de los inherentes derechos, o para el desarrollo personal. Las barreras, de toda índole, las impone la sociedad y no la discapacidad (Modelo Social vs Modelo Médico).

El movimiento iniciado por las personas con discapacidad en los Estados Unidos culminó con el desarrollo de normas tangibles tales como Ley de los Americanos con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en 1992. La ADA “es una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación en contra de los individuos con discapacidad en todas las áreas de la vida abiertos al público en general, tanto en lugares privados como públicos”. Este movimiento y sus logros se convirtieron en un modelo que rápidamente fue replicado por las personas con discapacidad en otros países del mundo. Casi al mismo tiempo, y después del Decenio de las Personas con Discapacidad (NNUU-1983-1992), la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un documento conocido como las “Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad” (NNUU. 1993-Resol. 37/53), que, a pesar de no ser vinculante para los Estados Miembros, fue un importantísimo incentivo que impulsó y estimuló aún más, el fortalecimiento de las luchas por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todo el mundo.

Señalo estos hechos, porque considero que resultan determinantes para entender, que los éxitos han sido el producto no de la buena voluntad o la comprensión de los políticos acerca de la realidad de esta población, sino del modelo recogido y aplicado por las organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo, que con sacrificios, pero efectivas acciones de incidencia política, obligaron a la población en general y a los responsables del diseño e implementación de política pública, a modificar actitudes y establecer normas de respeto a los derechos humanos. Más, o menos exitosos han sido los movimientos de personas con discapacidad en los diferentes países. La medida del éxito ha estado determinada en gran parte por las circunstancias vividas a lo largo de su historia por la gran mayoría las personas que conforman este sector, caracterizadas por la pobreza, la falta de acceso a la educación, al trabajo, al transporte, a la vivienda digna, etc., factores prevalentes y siempre palpables en nuestra tan desigual América Latina, que perpetúan y exacerban la condición de segregación y la estrecha relación: Pobreza = Discapacidad = Más pobreza. Más del 80% de las personas con discapacidad en el mundo, son pobres y viven en países de ingreso bajo y medio. Esta realidad ha determinado las dificultades que contribuyen a lentificar el desarrollo de un movimiento fuerte e influyente de organizaciones de personas con discapacidad, tales como los que sí han desarrollado las mujeres o los grupos LGBTI. Pero incluso estos dos sectores en mención, con frecuencia olvidan que también están compuestos por personas con discapacidad.

En nuestro país, las acciones llevadas a cabo por las personas con discapacidad tuvieron un importante efecto, que condujo a la promulgación de lo que hoy es la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley No. 7600). Pero esta Ley no llegó de la nada o por la buena voluntad o el compromiso incondicional e iniciativa de los legisladores que la aprobaron. Fue el resultado de muchas batallas que en nuestro país llevaron a cabo las organizaciones de personas con discapacidad existentes en aquellos años. Las diferentes acciones y manifestaciones públicas llevadas a cabo por esas organizaciones durante años previos, motivó al entonces Presidente electo a tomar la decisión de incluir en su equipo a un asesor en materia de discapacidad, quien impulsó y facilitó la conformación en el Congreso de la República, de una Comisión Especial Mixta que se avocó a la redacción de la Ley, la cual fue finalmente aprobada en el Congreso como Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (#7600), el 29 de mayo de 1996.

Como parte de los avances en materia de normativa legal, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en el año 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en nuestro país mediante la ley 8661, del 29 de setiembre del 2008.

Por iniciativa el entonces diputado Alberto Salom, y tomando en cuenta que ese mismo día del año 1996, se había aprobado la Ley 7600, la Asamblea Legislativa declaró el 29 de mayo como el Día Nacional de la Persona con Discapacidad (Ley N° 8671), vigente desde el 28 de enero del 2009.

Contamos por lo tanto en nuestro país con normativa sólida que permite promover y defender los derechos de las personas con discapacidad, y que sin duda ha facilitado cambios tangibles pero aun bastante limitados en cuanto a la verdadera inclusión social, la participación plena o al ejercicio de todos los derechos por parte de muchas personas con discapacidad. Hacen falta mayores esfuerzos para desarrollar estrategias que faciliten la consolidación de un movimiento de personas con discapacidad fuerte e influyente. Queda además mucho camino por recorrer para alcanzar una clara y sincera toma de conciencia por parte de quienes construyen política pública, para que se garantice el real cumplimiento de dicha Ley y se impidan acciones tan dañinas, como lo fue por ejemplo durante la pandemia, el cierre del Centro Nacional de Rehabilitación y de otros servicios de esta especialidad en muchos hospitales. Esta decisión ocasionó a la población con discapacidad de Costa Rica, un grave e irreparable daño aun no cuantificado.

El Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-Banco Mundial 2010), refleja que como lo mencionamos, aún existe una preocupante realidad, porque se continúa tolerando la discriminación, la segregación y la restricción al disfrute de los más elementales derechos humanos a este sector de la población: “En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transparente, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas” (Informe Mundial sobre Discapacidad -OMS-).

El Reporte Mundial sobre Productos de Asistencia (OMS-UNICEF. Mayo 2022) nos señala que “Mil millones de personas necesitan productos de asistencia hoy y más de 2 mil millones alrededor del mundo se espera que requieran al menos un producto de asistencia para el 2030. Mientras cualquiera necesite un producto de asistencia en algún momento de su vida, estos son más frecuentemente requeridos por niños y adultos con discapacidad, adultos mayores y personas con condiciones de salud crónicas tales como diabetes y demencia” … “Al día de hoy, solo una de cada 10 personas que requieren productos de asistencia, tienen acceso a los mismos”.

ENLACES:

La objeción de conciencia o del derecho a limitar derechos: un llamado de atención

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Andrey Pineda Sancho

La objeción de conciencia usualmente es entendida como el derecho que asiste a una persona de sustraerse a cumplir con el deber estipulado por una norma jurídica que resulte incompatible con sus más íntimas convicciones éticas, religiosas, o culturales. Se trata de una extensión, o aplicación específica, de derechos humanos como las libertades de conciencia y religión, y persigue proteger a las personas de situaciones que puedan dañar de forma irreparable su identidad moral y su dignidad humana. En este sentido, se convierte en un principio especialmente útil para tutelar y fomentar la diversidad de posicionamientos ético-axiológicos que caracteriza a las sociedades modernas, y en una salvaguarda individual ante los abusos que pueden llegar a cometer, en nombre de la ley, las mayorías (morales, culturales, poblacionales, legislativas, etc.) en un país y momento dados.

Si bien los usos del principio varían de país en país, según las legislaciones nacionales, suele entenderse que este reviste un carácter individual, no institucional ni colectivo, y que su práctica es de tipo excepcional, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que su invocación no debe convertirse en una práctica de uso generalizado ni mucho menos en una vía para impugnar la legitimidad de las normas objetadas o para impulsar cambios en ellas. La persona objetara puede invocar motivos de conciencia para evadir el cumplimiento de una ley, pero no debe tomar dicha prerrogativa como una excusa para emprender una lucha política en contra de la norma legal o del sistema en el que ésta se sustenta.

Por lo expuesto hasta aquí es que resulta tan llamativo el uso que los sectores conservadores de toda América Latina le están dando a la objeción de conciencia. Esta ha empezado a ser utilizada no ya como un derecho individual, excepcional y pasivo, sino más bien como una estrategia activa y coordinada para contrarrestar la eficacia de las leyes que han ampliado los derechos sexuales y reproductivos de la ciudanía (educación sexual humanista; matrimonio igualitario, despenalización del aborto) y para socavar la legitimidad de las decisiones legislativas y judiciales que permitieron su incorporación a los ordenamientos jurídicos en primera instancia. Allí en donde no tuvieron el peso político suficiente para evitar la sanción de ese tipo de leyes, los sectores conservadores, que siempre han procurado presentarse como los legítimos representantes del sentir mayoritario de las poblaciones, han corrido a refugiarse en derechos históricamente habilitados para la protección de minorías.

En Costa Rica tal estrategia se puso en marcha de forma paralela al reconocimiento del matrimonio igualitario y se ha concretado ya a través de un artículo de ley que les permite a las personas funcionarias públicas alegar motivos de conciencia para no recibir programas de capacitación en materias relacionadas con la igualdad de género y los Derechos Humanos, y de un fallo de la Sala Constitucional que avaló el uso de la objeción de conciencia para servidores judiciales que atienden gestiones asociadas al reconocimiento jurídico de las uniones (de hecho o matrimoniales) entre personas del mismo sexo. Asimismo, se tramitan tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que pretenden hacer de este principio un recurso de uso corriente para todas las personas habitantes del país.

El peligro que entraña la politización de la objeción de conciencia reside, precisamente, en la posibilidad de que ésta se utilice no como un escudo de protección ante leyes lesivas de las propias convicciones, sino como un arma para obstaculizar el acceso a derechos ya incluidos en el ordenamiento jurídico-institucional. Entendido y practicado de esa forma, el principio quedaría vaciado de su condición de derecho y pasaría a ser un instrumento al servicio de la discriminación. Es importante que como sociedad podemos vislumbrar y debatir esta posibilidad, y que el Estado, y las instancias operadoras de justicia, tomen las previsiones para evitar que un derecho se utilice para lacerar otros tantos.

 

Tomado de: https://cicde.uned.ac.cr/blog/90-la-objecion-de-conciencia-o-del-derecho-a-limitar-derechos-un-llamado-de-atencion

Ya basta de odio, ya basta de racismo, ya basta de humillaciones

Escrito en . Publicado en Comunidad, Equidad y derechos de la mujer.

Tyronne Esna Montero *

En una visita que realizó para hacer un concierto en nuestro país Costa Rica el pasado fin de semana, Kanny García sale con una camisa que dice textualmente “EN LIMÓN NOS MATAN Y NOS VIOLAN”.

Primero que todo quiero preguntar: ¿Dónde estaban los organizadores de ese concierto cuando vieron semejante mensaje que va en contra de un pueblo noble y trabajador como lo es Limón, una provincia que siempre ha sido abandonada por los gobiernos de turno de nuestro país?

Pero siguiendo con el tema le puedo decir a Kanny García: usted sabe lo que pasa en su país Puerto Rico sobre la tasa de violaciones contra las mujeres para que venga a Costa Rica a hablar de violaciones que se dan en una provincia sin conocer lo de otras provincias, porque según las estadísticas de Costa Rica, Limón no es la provincia donde se da más violaciones contra mujeres.

¿Realizó la pregunta ella? ¿Kanny García se informó o lo único que hizo fue repetir lo que algunas personas que están en contra de Limón le dijeron?

Me remonto a hace más 20 años cuando publiqué un artículo en un medio de prensa comparando situaciones que se suscitaron en Limón y en otro lugar de Costa Rica muy similares las dos y en tiempo también, pero los medios se prensan se fueron contra Limón.

Y me vuelvo a preguntar: ¿Será que en COSTA RICA existe el RACISMO y lo quieren solapar? Yo contesto: CLARO QUE SI EXISTE y por eso son estas expresiones. Siento indignación, rabia, cólera porque vienen a dejar en mal a nuestra provincia Limón.

Costa Rica, no lo podemos permitir porque somos un solo país y esta clase de personas nos están dejando en mal, eso no quiere decir que no tengamos problemas, y muchos problemas de violencia y de violaciones, pero es en toda Costa Rica como en todo el mundo, pero, ¿por qué la contra hacia la provincia de Limón, la cizaña?

Señora KANNY GARCIA, como limonense y como costarricense le solicito se retracte con las declaraciones que dio, y a los organizadores y representantes de la señora Kanny les pregunto: ¿Qué van a hacer ustedes porque vienen a nuestro país a llevarse nuestras divisas, cantantes de otros países y dejan que personas como estas se expresen así de una provincia?

Kanny primero vea la paja en su ojo, es decir, primero vea lo que pasa en su país PUERTO RICO para después hablar de mi Provincia Limón, Costa Rica.

YA BASTA de la violencia contra Limón, Ya BASTA de el racismo, YA BASTA con las humillaciones contra mi pueblo.

LIMONENSES Y COSTARRICENSES no nos quedemos callados y solicitemos a los organizadores y representantes de esta cantante se retracte de esas declaraciones o vetarla que venga a Costa Rica.

LO MEJOR DE LIMÓN ES SU GENTE Y TODOS LLEVAMOS UNA LUZ EN LA FRENTE.

* Ciudadano limonense, cédula 700980574

EL ODIO DETRÁS DEL MITO

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Recientemente fue aprobada en Costa Rica una ley que penaliza con cárcel entre 20 y 35 años a quien cometa un crimen tipificado como “crimen de odio”.

Esta ley, que agrega un inciso al artículo 112 del Código Penal sobre homicidio calificado, define como crimen de odio “cualquier homicidio que suceda a causa de la nacionalidad, raza, edad, sexo, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas».

Constituye sin lugar a dudas un avance en la estructura normativa y legislativa del país pero las tareas pendientes siguen siendo supernumerarias.

Por ejemplo, esta aprobación ha coincidido con una denuncia interpuesta por un grupo de vecinos encabezados por el Comité de la Persona Joven de Palmares, cantón ubicado al occidente del país, en la que señalan el ensañamiento y violencia recibido por un hombre que actualmente lucha por su vida, dadas las heridas provocadas por otra persona.

Todo apunta a que su orientación sexual estuvo tras las causas de este hecho. Las autoridades judiciales, en cambio, han insistido en investigarlo como un aparente intento de asalto.

Entre la ley, la percepción, las creencias y la acción institucional hay un mundo de diferencia. Pasa con los femicidios, a los que la prensa insiste en señalar como “crímenes pasionales” o la xenofobia, que en mucho casos se reviste de “defensa a ultranza de nuestro país, de nuestro territorio”.

Hablar de odio en una sociedad construida históricamente igualitaria y pacífica como la costarricense implica desmontar los andamiajes de un mito que ya no se sostiene. Significa, por ejemplo, trabajar con los efectos que discursos de muy diversa naturaleza provocan en lo cotidiano y se entienden como reacciones que terminan siendo naturalizadas.

Hago mías las palabras de la antropóloga costarricense Natalia Villalobos, que en estos días reflexionaba acerca de la violencia en el lenguaje vertido en redes sociales a propósito del fútbol. Cito: “ Viendo Memes, videos y otras formas de comunicación propias de estos tiempos, de las cosas que una ve terribles en el fútbol es mostrar orgullo o reproducir «chistes» a través de alegorías sexuales «qué rico les dieron hasta debajo de las…!!!», «qué rico a tal equipo se la metieron toda ayer», «que buena c0g1d4, para que respeten», éstas no son expresiones inocentes o chistes forman parte de algo más grande que está muy normalizado «la cultura de la violencia» y dentro de ellas la «violencia sexual», esa que busca castigar o aleccionar a través de actos sexuales…No dudo que muchas personas van a defender esas formas de comunicación… van a decir que soy exagerada pero no, es muy alarmante ver esas formas de violencia”.

Coincido con Natalia. Es alarmante el tipo de violencia que se enquista en la aparente democracia comunicativa de las redes sociales. Por ello el trabajo es amplio. Allí donde exista discriminación por nacionalidad, clase, género, nacionalidad, etnia, orientación sexual tanto en el lenguaje como en la práctica, se debe trabajar en restablecer las bases de una convivencia horizontal que hace mucho tiempo perdimos.

La violencia inicia justamente con los discursos y luego pasa a las prácticas, normalizadas muchas veces bajo una pasivo agresividad colectiva que todo lo naturaliza.

Si queremos ser recordados por ese mito de la igualdad y el pacifismo, empecemos por construirlo. Empecemos hoy.

Comité Cantonal de la Persona Joven de Palmares externa preocupación por escalada de violencia discriminatoria contra población LGTBIQ

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Se refiere al evento sucedido hace algunos días, en un lugar conocido como las canchas del distrito de Buenos Aires de Palmares, junto al campo ferial, en donde se generó una situación de violencia, que hasta el momento podría calificarse como intento de homicidio, según el Código Penal de Costa Rica y el cual también es considerado como “crimen de odio” por muchas personas dentro de la comunidad. 

Este evento tan violento y casi homicida, hizo que una persona joven, Memo, permanezca hospitalizado en estado crítico, en coma inducido por lesiones en la cabeza, evidenciando el más brutal acto de violencia, intolerancia por razón de género que se haya presenciado en nuestro cantón recientemente, y que por obvias razones alarma a toda la comunidad. Se adjuntan más detalles de este comunicado en las imágenes.

Tertulias nocturnas en el corredor con el abuelo

Escrito en . Publicado en Comunidad, Equidad y derechos de la mujer.

Bernardo Archer Moore

Es un sabor de la historia reciente para los amantes de la lectura.

La mayoría de nuestros abuelos, y en muchos casos bisabuelos, llegaron a Costa Rica en los albores del siglo anterior (1900), con una mano delante y la otra detrás.

Hicieron cualquier trabajo disponible para sobrevivir y pasaron su tiempo fuera de las horas de trabajo de la hacienda haciendo sus propias granjas.

Impulsados por su propósito, soportaron alegremente tales sacrificios y, a veces, dificultades. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo puede alguien ser feliz en circunstancias tan adversas?

Cada pequeño paso que dieron hacia su objetivo de brindar una mejor calidad de vida para sus futuras generaciones, trajo alegría a sus corazones y almas.

Fue así como en menos de cuatro décadas y, a pesar de no poder hablar el idioma español con fluidez, lograron forjar una base económica comunitaria autosuficiente, lo que captó la preocupación de los ciudadanos de clase alta, así como de los funcionarios del gobierno.

Que tomó cartas en el asunto de inmediato, al condicionar a la United Fruit Company, a «no emplear negros del Atlántico» en la nueva Concesión del Pacífico. Entidad que era el empleador más grande del país en ese momento.

Entonces, así fue como de repente se encontraron atrapados en un país extranjero, con las puertas del mayor empleador de mano de obra del país cerradas para los inmigrantes negros y sus hijos. (Decreto Ley No.13 de 1935).

Ese incidente marcó un hito para la relación racial en Costa Rica durante la siguiente mitad de siglo. Además de ser la primera evidencia documentada de políticas gubernamentales dirigidas a frenar la riqueza y el progreso de las familias negras en el Caribe.

Sin mucho alboroto las familias se dividieron, y mientras que los más adultos se quedaron para proteger sus tierras, los jóvenes más aventureros emigraron al sur para buscar empleo en el país vecino de Panamá, particularmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón y Ciudad de Panamá.

Por medio de un mensajeros personales o viajeros («ferrocarril subterráneo») los hijos, hijas, padres y hermanos mantuvieron una comunicación constante a través de las líneas fronterizas, durante las siguientes dos décadas (mediados de los años 30 a mediados de los 50); cuando algunos decidieron regresar a casa, mientras que otros se dirigieron a Estados Unidos.

Aquellos que regresaron a Costa Rica, se unieron a sus padres o parientes mayores para proteger y continuar desarrollando las propiedades de la familia; eso para evitar que la historia se repitiera.

Por su parte, quienes continuaron su migración a Estados Unidos nunca olvidaron a sus familiares en Costa Rica.

Aparte de apoyarlos económicamente con remesas periódicas de acuerdo a sus propias limitaciones, ayudaron a sus familiares y amigos a llegar también a EE.UU. donde había mayores oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida.

Creándose así la corriente migratoria de la década de 1960 desde la provincia de Limón hacia América del Norte; que se convirtió en el bombo popular del momento.

Por otro lado, a principios de los años 70, la riqueza y la prosperidad de las familias negras costarricenses estaba en un pico histórico, con la tenencia masiva de tierras, que no solo incluían hermosas propiedades frente al mar; sino, también cientos, si no miles de hectáreas de las tierras más fértiles y productivas del interior de la región caribeña, pero sin las familias para desarrollarlas debido al ya citado desarraigo.

Evidentemente, la «gran solución» de las autoridades gubernamentales de 1935 no cumplió sus propósitos; lo que los llevó a experimentar con un nuevo método en la década de 1970.

Lo que resultó en la confiscación masiva de sus tierras, paralela a una política de redireccionamiento de inversiones destinadas para la región, tanto privadas como públicas; así como las de empresas extranjeras.

Si bien no se emiten recibos por actos de racismo y corrupción, tenemos el triste recuerdo del caso documentado de la compañía JACK ROYAL PARKER ASSOCIATE, INC.

Empresa con sede en New Jersey, Estados Unidos, que en 1978 se interesó en establecer Parques Industriales y Zonas Francas en Limón, para albergar al menos 22 empresas industriales, lo que generaría un estimado de 4,500 nuevos empleos en aquel momento.

A pesar de los esfuerzos incansables de nuestro entonces Congresista Daniel Jackson Freedman y el apoyo de la Junta Directiva y Ejecutivos de Japdeva, este esfuerzo pionero de crear PARQUES INDUSTRIALES Y ZONAS FRANCAS EN EL CARIBE se vio frustrado, solo para reaparecer con fuerza en el Valle Central una década después; específicamente en Alajuela y Heredia (Zona Franca BES en El Coyol de Alajuela y Ultrapark en El Barreal de Heredia). Ambos con autorización de funcionamiento a partir de 1990.

El alcance de dicha actividad económica hace 7 años superaba los 80.000 empleados.

Según un informe de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) titulado: «Balance de las Zonas Francas», «el empleo directo formal generado por las empresas en zona franca fue de 82.086 en el 2015». Con un «beneficio país neto de $3.179 millones».

Ahora, ¿te imaginas cómo se vería hoy el Cantón Central de Limón (Ciudad de Limón) y la costa del Caribe con una cuarta parte de esos empleos (20,000)?

Sin duda, habría alterado el continuo desarraigo de jóvenes limonenses hacia Estados Unidos y el valle central del país en busca de oportunidades laborales, con la consecuente división y debilitamiento de familias y comunidades; tal como les sucedió a nuestros antepasados cuatro décadas antes con la prohibición de trabajar con la United Fruit Company en las fincas del Pacífico, citada anteriormente.

Así las cosas, el fracaso del más reciente Proyecto “LIMÓN CIUDAD PUERTO”, liderado por el hermano del entonces Presidente de la República, debe verse en el contexto de una continuidad política institucionalizada, orientada al desarraigo y desintegración de las familias negras limonenses; aunque también afecta a familias no afrocostarricenses que ahora viven en el Caribe.

Bajo el mismo lente, debemos mirar y evaluar las políticas gubernamentales actuales respecto a las áreas de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), declaratorias de «Patrimonio Natural Estatal (PNE)» y Territorios Indígenas, que incluyen propiedades ancestrales de familias afrocostarricenses, y a quienes ellos hayan vendido por razones de necesidad y subsistencia.

Sin duda estamos en la encrucijada de una batalla centenaria, que solo unidos venceremos tal desafío de no caminar por el mismo camino de nuestros ancestros.

Publicado originalmente en https://www.facebook.com/296937617065353/posts/5071836032908797/?sfnsn=mo