Luis Fernando Astorga Gatjens
“La discapacidad es un concepto que evoluciona” expresa el preámbulo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), de Naciones Unidas y subraya “que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define “deficiencia” como “toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. La deficiencia es parte de la condición y el ciclo de la vida humana. Podemos adquirir alguna deficiencia, temporal o permanente, en algún momento de nuestras vidas. En mi caso particular, puedo dar testimonio de ello.
En el campo de la discapacidad se pueden identificar varios modelos. Deseo destacar tres: El modelo social, el médico-rehabilitador y el tradicional-caritativo. Estos tres modelos coexisten en nuestro entorno socio-cultural.
El modelo de la discapacidad presente en el citado tratado internacional es el social; el cual establece que el problema principal está en el entorno y en la sociedad, no en la persona. La discapacidad, consecuentemente, es un derivado de entornos “discapacitantes”. Lo que aportamos las personas con discapacidad es algún tipo de deficiencia adquirida o que la traíamos al nacer.
Esta perspectiva de la discapacidad es la más avanzada y jurídicamente vinculante para los Estados (como el costarricense) que han ratificado la Convención. Dentro de esta visión, la discapacidad está fuertemente condicionada por el entorno político-institucional, social, cultural, físico e info-comunicacional.
Como bien lo indica el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI): “La discapacidad es una variable que resulta de la interacción entre una variable que tiene que ver con la funcionalidad de la persona y otra variable que está relacionada con el entorno y la organización social”.
Por su parte, el modelo médico-rehabilitador centra su mirada en la condición del individuo y considera que la discapacidad es una resultante directa de la deficiencia (o deficiencias) de la persona. La discapacidad es entonces considerada fundamentalmente como un problema de salud y derivado de ello, es un asunto del ámbito médico. Dentro de esta visión, en muchas ocasiones, la discapacidad se hace sinónima de enfermedad.
Mientras tanto la mirada tradicional-caritativa visualiza la discapacidad como una condición inherente a la persona con deficiencias –físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales–, que limita o impide su desarrollo, y la convierte en dependiente y objeto de la caridad privada o la asistencia pública.
El llamado modelo médico conceptualiza a la discapacidad como una patología propia del individuo. Mientras tanto el modelo social se inclina a encuadrarla como una patología de la sociedad.
Alguien podría preguntarse al leer los párrafos precedentes: ¿Qué tiene que ver todo eso con la vida de las personas con discapacidad de carne y hueso, que habitamos Costa Rica? ¡Mucho! ¡Muchísimo! Porque las políticas públicas en materia de discapacidad están, inevitablemente, determinadas por el modelo que oriente a quien decida sobre ellas.
La Asamblea Legislativa, en su calidad de primer poder de nuestra República, es una fuente fundamental en la aprobación e impulso de políticas públicas. Entonces lo que piensen y digan las y los diputados tiene una enorme relevancia práctica.
Esta semana se completó la integración de la comisiones legislativas permanentes. Una de las conformadas fue la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad y Adulto Mayor. Esta importante comisión será presidida por el diputado del Partido Nueva República, Yonder Salas Durán y la secretaría la ocupará la diputada del Partido Progreso Social-Democrático, María Marta Padilla Bonilla.
Con toda seguridad, a las y los diputados que forman parte de esta instancia parlamentaria, les anima la mejor intención para lograr avances en la lucha contra todas las formas de discriminación y exclusión social que afecta a las personas con discapacidad, mediante políticas y acciones inclusivas.
Es por ello que es imperativo que sigan los dictados de normas como la ley 7600 y la Convención de la ONU, que se guían por el modelo social, ya que ni el caritativo ni el médico dan respuesta a los problemas, necesidades y aspiraciones de la población con discapacidad. La situación que prevalece en el mundo de la discapacidad da testimonio inequívoco de tal aserto.
La diputada Padilla Bonilla, secretaria de la comisión, expresó lo siguiente, según lo consigna el diario digital CR. Hoy en su edición del 23 del mes en curso, para referirse a las personas con discapacidad: «Son seres humanos que yo digo incluso superiores al resto, porque tienen una serie de condiciones y amor que los hace más elevados espiritualmente que a nosotros, entonces lucharemos para darles el lugar de seres humanos superiores en todo sentido».
Desde luego que no puedo estar de acuerdo con este enfoque de la bien intencionada diputada. He de indicarle: Que las personas con discapacidad somos antes que nada personas. Y en el ancho y variopinto mundo de la discapacidad, las hay buenas y malas, solidarias y egoístas, generosas y mezquinas, inteligentes y no tanto, espirituales y terrenas, alegres y amargadas, reservadas y locuaces… y la lista podría seguir.
Lo que si cubre como ancha capa a todas (o casi todas) las personas con discapacidad, es la discriminación, la exclusión y la subvaloración. Somos parte de esa humanidad diversa. Somos más de mil millones en el reino de este mundo (como escribiera Alejo Carpentier) entre los más de siete mil millones que ya somos.
En discapacidad –como en todo– el lenguaje es muy importante. Las formas suelen llenarse de contenidos. He observado que muchas personas cuando hablan sobre las personas con discapacidad, dudan, titubean, no quieren herir susceptibilidades. Y se hacen un embrollo enorme. No se preocupen: La denominación correcta es persona con discapacidad, les suene o no les suene. Así aparece en la 7600, en los tratados de la ONU y la OEA, en el nombre del ente rector del país (CONAPDIS). Así que no debe existir confusión alguna.
No somos minusválidos, ni inválidos, ni mongolitos, ni cieguitos, ni sorditos, ni sordo-muditos, ni ningún otro “ito” que nos hunda en lo peyorativo. No somos tampoco especiales, ni contamos con capacidades diferentes, ni tenemos necesidades especiales. No somos lo contrario a personas normales porque eso nos convierte en anormales. No somos extraterrestres; somos simplemente seres humanos fieramente discriminados. Formamos parte de la diversidad humana y aspiramos a que se nos respete aún cuando seamos diferentes.
Para formular políticas públicas inclusivas en todas las áreas (salud, educación, empleo, vivienda, información, comunicación, recreación, cultura, deporte, etc.) es imprescindible saber cuántos somos, dónde vivimos, que necesidades tenemos. Se debe partir de una apreciación diagnóstica de la situación y realidad de las personas con discapacidad y eso pasa por evitar elevarnos a un plano de amor y espiritualidad que sin duda puede sesgar la mirada objetiva.
(28 de mayo, 2022)