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Etiqueta: económica

Ser joven y la ruta costarricense con las elecciones como crisol

Escrito el . Publicado en Aportes para el desarrollo, Mi Arado.

Héctor Ferlini-Salazar

Imágenes de jóvenes recorriendo calles y comunidades costarricenses para llevar el mensaje casa por casa y persona por persona, cuando el país se alista para votar en segunda ronda el 1 de abril inundan las redes digitales. Evidentemente esa no es una muestra de conciencia simple, sino de compromiso, la fase superior de la conciencia. Y es la juventud, gente de menos de cuatro décadas de vida quienes asumieron la tarea creando Coalición Costa Rica y sus agrupaciones en cada localidad; son decenas de grupos en todo el país que suman miles de personas. ¿Es un hecho sin trascendencia o algo pasajero? Creo que no; veamos:

  1. La conformación

Por iniciativa de gente joven, Coalición Costa Rica incluye a personas provenientes de distintas agrupaciones electorales y mucha gente independiente, que confluye en el objetivo de evitar el triunfo de una propuesta de partido-iglesia que pretende gobernar desde los preceptos del movimiento neopentecostal, esto es, desde una visión que habla de “guerra espiritual” contra quienes tienen otras creencias o cosmovisión, que utiliza una supuesta “teología de la prosperidad” para justificar el enriquecimiento de quienes lideran las congregaciones mediante el cobro del diezmo incluso por adelantado y la venta de “milagros”, donde sus líderes se auto-proclaman apóstoles y profetas, y recurren a cultos cargados de fuerza discursiva y notoriedad mediante la tecnología de la información especialmente la televisiva. Al rechazar esta propuesta, la Coalición Costa Rica adhiere la candidatura de Carlos Alvarado Quesada, cuya propuesta se centra en el respeto a los derechos humanos; la inclusión social, económica y cultural; la administración transparente; y especialmente, la idea de un gobierno nacional que incluya a personas de distintas tradiciones o militancia electoral.

  1. Las tareas realizadas

Después del 4 de febrero esta fuerza mayoritariamente joven ha visitado casas y personas, ha llevado el debate respetuoso y los argumentos a cada rincón del país, ha creado espacios digitales, ha impreso y distribuido volantes, ha propuesto estrategias, apoyado a su candidato en presentaciones públicas… y un sin fin de expresiones de la creatividad de que es capaz la gente joven.

  1. La base histórica que puede sustentar la preferencia electoral

Cuando desarrollamos el movimiento ciudadano La CCSS Que Queremos (2011-2014), en una de tantas reuniones comunitarias en todo el país, se puso de pie la recordada Myriam Zamora Solera (QEPD) y con su octogenaria sabiduría y compromiso, esta maestra de la lucha social costarricense dijo: “En Costa Rica tenemos escuelas para aprender a manejar carro o para aprender muchas otras cosas, pero también tenemos una escuela de solidaridad que es la Caja Costarricense de Seguro Social y no debemos dejar que nos la destruyan”. Esas palabras de la querida maestra social nos explican el rechazo que un importante sector del país expresa hacia una propuesta electoral del partido Restauración Nacional, que se basa en lo contrario a la inclusión y la solidaridad y apuesta por favorecer a las personas “elegidas” y las que “no viven en pecado” según su estrecho entendimiento. Este sector del electorado incluye a personas que no son de la dirigencia y que con sinceridad abrazan los postulados de la socialdemocracia y del socialcristianismo. Esa escuela de solidaridad mencionada por doña Myriam, la podemos ampliar a todo el sistema de seguridad social alentado por los movimientos sociales, especialmente de perfil laboral, y que desde el siglo diecinueve y especialmente en la primera parte del veinte dieron aliento a la alianza Mora-Sanabria-Calderón y sus fuerzas que lograron las garantías sociales, y así mismo, dieron la base para su continuidad con la Segunda República de Figueres Ferrer, Rodrigo Facio, Benjamín Núñez y otros pensadores socialdemócratas. A esa “escuela de solidaridad” que es nuestro sistema de seguridad social se suma, -y es parte del mismo entramado-, el modelo educativo costarricense (que con sus limitaciones) es universal. Esta conjunción es la tierra fértil para el trabajo que Coalición Costa Rica y toda persona comprometida hace para asegurar el triunfo electoral. Así, encontramos en esa “escuela de solidaridad” el elemento constructor de una sensibilidad especial del pueblo costarricense que hoy debemos levantar para convertir, -esta coyuntura electoral-, en el cuenco o crisol en el que se podrían fusionar los elementos para un camino costarricense que debemos re-construir.

  1. El nuevo pacto socio-político

Esta coyuntura ha provocado un espacio para el reacomodo político, pues ante la posibilidad de caer en una teocracia teñida además de incapacidad programática, distintas personas y fuerzas se han agrupado de uno y otro lado de las candidaturas presidenciales. Este fenómeno, que incluye a medios de información, representantes de los partidos políticos que formaron parte del bipartidismo, importantes sectores críticos dentro del catolicismo y de las otras iglesias históricas de un lado y el neopentecostalismo de otro, y más expresiones sociales, culturales, empresariales, académicas y políticas, podrían abrir el espacio para el desarrollo de un nuevo pacto socio-político que nos permita pensar la Costa Rica que queremos y acordar un programa para lograrla. Ciertamente para ello, es necesario dejar de lado dogmas, rencores, e intereses mezquinos.

  1. Las tareas del futuro y la permanencia de la Coalición

Uno de los valores principales de la Coalición Costa Rica es que no es un partido político, sino una alianza social con posibilidades de convertirse en movimiento, esto es, contar con objetivos de largo plazo, cohesión en torno a ellos y permanencia. Por ejemplo, ¿no podría esta Coalición impulsar una reforma mediante referendo u otra vía para lograr un mecanismo de elección legislativa que si haga honor a una democracia en su sentido de gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo? Este ejemplo propone abrir la posibilidad de pensar en otras luchas o procesos más allá del 1 de abril.

  1. El sentido de ser joven

Si bien es cierto Coalición Costa Rica tiene la agradable y conveniente marca de las juventudes, también es cierto que probablemente se cuentan por miles las personas que ya no clasificaríamos en ese concepto etario, pero si, como escribí en otro texto, en la propuesta de que ser joven es tener hoy metas nuevas para cumplir mañana. El elemento clave entonces es el compromiso, la fase superior de la conciencia que nos mostró doña Myriam. Y con base en ese compromiso, no importa la edad para asumir la tarea de contribuir en la construcción, o re-construcción, del camino costarricense hacia el respeto pleno a los derechos de todas las personas.

  1. La urgencia de un resultado electoral y el estrechamiento del espacio político

Más allá de concentraciones, encuestas o mediciones de fuerza, el resultado de la segunda vuelta electoral costarricense tiene una connotación política clave: el riesgo de un estrechamiento del espacio político. Igual que como ocurre en las sociedades dominadas por el ejército, con un gobierno basado en principios religiosos o sectarios el espacio político, -es decir, la posibilidad de disentir, proponer públicamente sin peligro de discriminación o condena, de organizarse para promover luchas sociales, y en general, para impulsar propuestas distintas a las del gobierno-, se vería limitado. El solo hecho de que la propuesta neopentecostal gane una elección, enviaría a toda la sociedad el mensaje de que existe por definición y con validación electoral lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo inaceptable. Eso no lo podemos permitir y por ello la abstención no es una opción válida. Por esto, lo expuesto en el punto 3 en torno a la base histórica que puede sustentar la preferencia electoral, resulta clave. Para ejemplificar lo que esto significa, recordemos la idea propuesta desde el Partido Restauración Nacional de que “es necesario restaurar la universidad pública”, o bien, lo dicho por Arnoldo Castillo, representante de esa misma agrupación en entrevista con La Nación el 8 de marzo: » Yo esperaría que no coartemos la libertad cultural, yo esperaría que eso no lo hagamos, que no tengamos que llegar a eso».

  1. La construcción de ciudadanía y la ruta hacia la democracia participativa

La reforma del 2003 al Artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica que establece el “gobierno participativo” es una ruta a seguir. El gobierno participativo, como elemento administrativo, requiere de la construcción de una democracia participativa, esto es, que los distintos sectores aceptemos que ese es el modelo político en el cual deseamos vivir y que debemos construirlo. Lograr la democracia participativa como elemento que rige la sociedad junto al modelo representativo que hace viable el gobierno, implica desarrollar la capacidad de proponer desde la ciudadanía políticas públicas, participar en su ejecución, controlarlas y re-formularlas cuando sea necesario, es decir, desarrollar una cultura de ciudadanía, de compromiso con la comunidad, el cantón, la provincia, el país. Será un reto del movimiento social hacerse presente para impulsar este proceso. Será un reto también para un gobierno de Carlos Alvarado aceptar y promover esto en suma a las alianzas que ha hecho con otras fuerzas políticas.

Como vemos, el papel de esta Coalición Costa Rica no es algo de poca importancia, todo lo contrario, puede tomar mayor fuerza e influencia nacional si logra conservar su autonomía y alcanzar permanencia. Las tareas que vienen son de gran importancia estratégica, especialmente si se toma en cuenta que este proceso electoral ha servido para abrir a la luz pública algo que estaba semioculto a la conciencia: la existencia de un movimiento con alta estructuración y cobertura, basado en una lectura ahistórica de la Biblia, con evidentes móviles financieros y de poder político, que opera con base en la obediencia, y se alimenta de la desigualdad socio-económica y la urgencia de soluciones, reconocimiento y apoyo para la población marginada o que es presa de la injusticia social. En adelante, la vida de quienes lideran estas congregaciones, -ahora expuestas a la luz-, y sus alianzas de oportunidad podría no ser la misma; pero ello depende de que el compromiso del gobierno, de los movimientos sociales y de las personas conscientes se haga presente con base en ese camino que puede surgir de la confluencia de quienes no solo queremos votar y trabajar en contra de, sino, por una Costa Rica transparente, inclusiva y solidaria.

 

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Reactivación de la economía: muchos buenos empleos para una vida digna hoy

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Al presentarme como precandidato a diputado del Frente Amplio, quise sustanciar mi postulación con propuestas. Continuo con ese esfuerzo, pero ahora visto, sobre todo, como un deber ciudadano.

Espero que, al cabo, todo esto dé lugar a un libro.

 

  1. Quinto eje

Reactivación de la economía: muchos buenos empleos para una vida digna hoy

5.1. Desde 1984, año en que inicia la implantación del Proyecto Histórico Neoliberal en Costa Rica, y hasta 2007 inclusive, el crecimiento de la economía costarricense en promedio fue de 5% al año. Posteriormente, y durante los últimos nueve años, el dinamismo de la economía se ha empobrecido notablemente (es un 30 a 35% inferior), en parte como consecuencia de la crisis económica mundial que inició en 2007, con sus prolongadas secuelas posteriores, pero, además, a causa de diversos factores internos. Mas, en todo caso, lo realmente importante, y con mucho lo más preocupante, se registra en el ámbito del empleo, el cual, desde 2009 en adelante, ese año incluido, experimenta un agudo deterioro sin que, por otra parte, se observen signos de alguna mejoría significativa.

5.2. Las tasas de desempleo se han mantenido tercamente en los alrededores del 9 al 10%, lo cual es sobradamente insatisfactorio. Entretanto la informalidad absorbe entre 43 y 45% del empleo total. Alrededor de una tercera parte de los empleos asalariados y un 85% de los empleos “independientes”, están en situación de informalidad. Resumiendo: entre 1,1 y 1,2 millones de personas deben sobrellevar una situación laboral anómala, con graves consecuencias para su familia y para su dignidad y autoestima. Y, como sabemos, son las mujeres y las personas jóvenes las más afectadas. Por otra parte, la tasa de ocupación en Costa Rica –o sea la parte o proporción de la población en edad de trabajar que tiene alguna ocupación remunerada– se ubica en los alrededores del 53-54%, lo cual resulta sumamente bajo cualquiera sea el estándar internacional con el que se le compare, y lo es mucho más en el caso de las mujeres (39% comparada, por ejemplo, con el 59% en la Unión Europea). Por lo tanto, el grave deterioro que los diversos indicadores ponen de manifiesto, sería mucho mayor de no ser porque una porción tan sustancial de la población en edad de trabajar se mantiene fuera de los mercados laborales. Si esa población (que, conforme los estándares europeos, serían de alrededor de 400 mil personas, de las cuales más de 380 mil mujeres) intentase conseguir empleo, con toda seguridad no lo conseguiría. Tan solo se dispararían los índices de desempleo, subempleo e informalidad, en forma abrupta. Esto reafirma, por vía indirecta, que los problemas del empleo son mucho más graves de lo que los indicadores usuales revelan, y que la economía costarricense adolece de una grave incapacidad para crear empleo.

5.3. Entre tanto, se ha hecho casi obligatorio celebrar si la economía crece algo por encima del 4%, como ha ocurrido en el bienio 2015-2016. Lo cual nos pone ante un cambio semántico realmente desconcertante. Antes de 2008, un auge económico era crecer al 8%. Ahora hay “auge” si se crece apenas un poco por encima de la mitad de eso. Pero mucho más que la abstracción inaprensible del PIB y sus índices de crecimiento, debe interesarnos esa cruda, realmente catastrófica, realidad del empleo, con todas sus terribles secuelas humanas y sociales.

5.4. Es urgente devolverle dinamismo a la economía y, en especial, relanzar la generación de empleos de buena calidad. Lo es en perspectiva de largo plazo –para lo cual son necesarios cambios profundos que necesariamente llevarán tiempo– pero lo es también a corto plazo: porque la gente reclama y tiene derecho a un buen empleo, y es imperdonable seguirle dando largas a una cuestión en que se juega, en el día a día, la dignidad de muchísima gente y el bienestar de muchísimas familias. Eso es lo esencial, y ahí debe enfocarse nuestro interés prioritario, pero sin perder de vista que si la economía y el empleo no recuperan empuje, el problema fiscal –que ya es suficientemente preocupante– arriesga degradarse en un círculo vicioso destructivo, en el que los intentos de la ortodoxia económica por reducir gastos y aumentar impuestos, tan solo debilitarán aún más la economía, empujando, a su vez, en perverso bucle de realimentación, a un deterioro adicional de la situación fiscal.

5.5. Un error frecuente a la hora plantear posibles opciones orientadas hacia la reactivación de la economía, es enfocarse unilateralmente, de forma exclusiva o casi exclusiva, en lo que podríamos llamar “el lado de la oferta”. Entre éstas, las típicas propuestas neoliberales que enfatizan ciertas calificaciones en la fuerza de trabajo, tenidas como indispensables (dominio del inglés y otro idioma, manejo de las computadoras, etc.), o bien la promoción de pequeñas o micro empresas. Esto último a veces asume una derivación progresista, pero la mayoría de las veces es solo propaganda para embellecer las grandes falencias del proyecto neoliberal. Aparte el carácter fragmentario y muy parcial que estas propuestas asumen, se olvida el “lado de la demanda”. En resumen: ni las mejores calificaciones de la fuerza de trabajo garantizan empleo donde no la hay, ni las mejores ideas empresariales pueden florecer sin contar con mercados donde dar salida a su producción.

5.6. Pero, además, se olvida también que en un contexto capitalista –como predominantemente sigue siéndolo la economía costarricense– la rentabilidad es un criterio medular, de forma que, por lo general, no se emprenderán proyectos productivos que no satisfagan, al menos como expectativa, ciertos mínimos de ganancia, como tampoco aquellos cuyo financiamiento dependa de créditos onerosos, cuyas tasa de interés resultan excesivas relativamente a las tasas de rentabilidad usuales. Pero incluso tratándose de pequeños emprendimientos cuya lógica no es propiamente capitalista, la obtención de un rendimiento económico mínimo, sigue siendo criterio ineludible sin el cual no es posible sobrevivir.

5.7. Mirado desde el “lado de la demanda”, debemos reconocer que, en general, los centros ricos del capitalismo mundial se han venido moviendo –ya desde 2008 y hasta la actualidad– a lo largo de un largo ciclo de muy bajo crecimiento. Con el agravante añadido por una respuesta política desacertada, la cual profundiza el estancamiento, los problemas del empleo y las desigualdades. A su vez, esto ha servido de combustible para la conflictividad social y política, cosa que hace mucho más incierta cualquier posible recuperación económica. Sería iluso e irresponsable confiarse a la evolución de estos mercados ricos, si de intentar impulsar la reactivación de la economía se tratase.

5.8. Por otra parte, hay muchos indicios que sugieren que los niveles de rentabilidad –y en último término de competitividad– de la planta empresarial costarricense (las transnacionales de zona franca –tanto manufactureras como de servicios– son seguramente otra cosa), andan atrofiados. Un factor fundamental para entenderlo, tiene que ver con la revalorización del colón frente al dólar, un fenómeno que empezó a manifestarse en 2006 y el cual, como tendencia general, se mantiene vigente hasta la actualidad. Ello propició cierta sensación de engañosa holgura, la cual surgía del relativo abaratamiento de las importaciones y del cómodo recurso (al menos para algunos sectores) al crédito en dólares. Pero al estropicio causado a los sectores exportadores de fuera de zona franca y al empresariado turístico, ambos basados principalmente en capital nacional y en gran medida gestados durante el período 1984-1997, es seguramente grave, como lo es también el problema que las importaciones relativamente baratas representaban para los sectores de producción local con los cuales compiten. El resultado neto ha sido ampliamente desfavorable para el crecimiento económico y, sobre todo, el empleo.

5.9. Considérese que, además, el funcionamiento del sistema financiero agrega cargas adicionales, en virtud de su comprobada ineptitud para gestar mecanismos financieros innovadores y eficaces que canalicen, en forma accesible, el financiamiento que requieren las empresas micro, pequeñas y medianas, como, asimismo, por el altísimo costo que impone sobre el crédito. En realidad, durante este nuevo siglo, la banca en Costa Rica ha tendido, en forma sostenida, a privilegiar el crédito hacia las familias, en los rubros de consumo y vivienda. Y mientras el peso de las deudas sobre los hogares se incrementa inexorablemente, el financiamiento destinado a la producción tiende a concentrarse en empresas relativamente grandes que son, en general (o así se quiere creer), las más seguras y solventes. Eso en el mejor de los casos, ya que no es infrecuente que simplemente se dedique a financiar negocios fáciles –como el de bienes raíces e inmobiliario– con una cierta deriva especulativa, y de muy dudoso beneficio para la productividad de la economía. Es una banca con una fuerte impronta rentística, la cual vampiriza la producción mediante el cobro de altísimas tasas de interés reales. Pero, además, es un sistema financiero que pretende justificarse desde sí mismo, no por el servicio que presta al empleo, la producción, el avance tecnológico, la elevación de la productividad. Recalquemos que el sistema financiero tiene una sola razón de ser: dar satisfacción a un conjunto de objetivos socialmente deseables. He aquí un aspecto en que es urgente desnudar las falacias de la narrativa neoliberal.

5.10. De tal forma, la reactivación de la economía a corto plazo pasa por la satisfacción de dos requisitos esenciales: generar las condiciones de demanda, y por lo tanto, la necesaria disponibilidad de mercados y, segundo, restablecer condiciones de rentabilidad apropiadas (o de rendimiento económico, en emprendimientos no capitalistas). Correlativamente esto último conlleva una tercera condición: la de que sea factible financiar nuevos proyectos de inversión en condiciones y a costos viables.

5.11. En concordancia con lo anterior, debería emprenderse con carácter urgente, un programa de reactivación, orientado al logro de dos objetivos prioritarios: primero, elevar el crecimiento de la economía a cuanto menos 6-7% anual y, enseguida, generar al menos 70 mil empleos al año, que es el mínimo indispensable para lograr un reducción sostenida, aunque gradual, de los índices de desempleo e informalidad laboral.

5.12. Medidas desde el lado de la oferta:

5.12.1. Ajuste gradual y sumamente controlado y cuidadoso del tipo de cambio a fin de llevarlo a niveles realistas, “neutro” en la medida de lo posible, esto es, que no genere subsidios ni penalizaciones artificiales a favor de ningún sector productivo o actividad económica en particular, pero que permita restablecer una nivel de competitividad[1] que, a su vez, sea acorde con los niveles efectivos de productividad de la economía nacional y de sus diversos sectores o actividades, relativamente a los niveles de productividad de los países con que se comercia. Hay que enfatizar que devaluar es siempre una operación riesgosa, potencialmente muy dañina. Es necesario hacerlo, pero de forma tal que se minimicen los posibles estropicios, y se aproveche de la mejor forma posible, los potenciales beneficios. Es posible que, en el estado actual de las cosas, y según la evolución previsible de los acontecimientos, el movimiento hacia la devaluación se dé casi “naturalmente” como consecuencia de las menores entradas de capital que el país recibe. Sin embargo, el proceso debería ser acompañado por el Banco Central mediante una intervención cuidadosa, realizada con máxima prudencia, de forma que se eviten movimientos especulativos desordenados y se aplaque a tiempo cualquier posible manifestación de pánico o fuga de capitales. Estas son metas que actualmente están al alcance del Banco Central, en vista de su disponibilidad de reservas, si bien al momento de escribir esto (junio de 2017) ha pecado de exceso de activismo, lejos de la cautela y prudencia requeridas. Pero, además, ha optado por una política de agresivo incremento de las tasas de interés que, lejos de promover la dinamización de la economía, podría agravar su tendencia al estancamiento o, incluso, hundirla en la recesión. La posibilidad de establecer controles de capitales debe tenerse a mano, lista para ser aplicada cuando sea necesario y con la debida prudencia.

5.12.2. Las tasas de interés activas para sectores productivos, o sea, las que se cobran sobre los créditos, deben reducirse a un máximo de 6% en términos reales[2], lo cual debería ser fruto de varios movimientos concomitantes: primero, la reducción del margen de intermediación[3] a 4 puntos porcentuales (lo cual podría lograrse a corto plazo sacrificando rentabilidad y, a un plazo algo más largo, mediante un esfuerzo por elevar la eficiencia y productividad de las instituciones bancarias); segundo, una política monetaria expansiva por parte del Banco Central que, mediante la reducción de sus propias tasas de interés de referencia y al posibilitar mayor liquidez en la economía (mayor cantidad de dinero en circulación), reduzca las tasas interés en todo el sistema financiero; tercero, medidas de control de los flujos de capital y del crédito en dólares, a fin de prevenir la dolarización de ahorros o de créditos.

5.12.3. Concertar de forma urgente un esfuerzo interinstitucional que acompañe y complemente los créditos que concede la llamada “banca de desarrollo” a microempresas o emprendimientos de la economía social-solidaria, con el fin de garantizar que estas iniciativas logre sobrevivir y florecer.

5.13. Medidas desde el lado de la demanda:

5.13.1. Hasta tanto no se registre un efectivo relanzamiento de la economía y se constate que se están generando empleos al ritmo requerido, no se tomarán medidas de ajuste fiscal, ni desde el lado de los ingresos ni del de los gastos. La mejor y más saludable política fiscal que Costa Rica puede aplicar es la dinamización de la producción y el empleo. Una reforma tributaria justa y progresiva, debe quedar pospuesta a un momento posterior, cuando la recuperación de la economía haya propiciado un mejoramiento de las finanzas públicas.

5.13.2. Un esfuerzo prioritario de coordinación y cooperación interinstitucional, concertado con el sector privado, para acelerar, de forma urgente, los procesos de ejecución de obra pública, pero tratando de diseñar los proyectos de forma que sean intensivos en mano de obra, no en maquinaria y equipo (“intensivos en capital”).

5.13.3. Debe tenerse presente que las reservas acumuladas en fondos de pensiones, asociaciones solidaristas y empresas aseguradoras, representan un monto total cercano al 40% del PIB. Es posible canalizar estos fondos hacia la inversión en obra pública, en condiciones de rentabilidad y riesgo bastante aceptables, si bien para ello es obligatorio que la banca desarrolle, afine y ponga en ejecución mecanismos de financiación innovadores. Interesa, sobre todo, preservar pleno control público sobre las obras construidas. Cuando se demuestre que ello es necesario, esa infraestructura podría ser construida y gestionada por empresas privadas. Pero es igualmente importante avanzar en mecanismos de control y auditoría ciudadana que garanticen eficiencia y total rectitud en el manejo de las inversiones, y máxima calidad en la prestación de los servicios.

5.13.4. Fijarse entonces la meta de elevar la inversión pública a corto plazo, y durante al menos los primeros dos años, a un monto anual equivalente, cuanto menos, al 5% del PIB, de forma que ello funcione como principal motor de dinamización de la economía y el empleo. Lograr tal cosa podría bastar para elevar el crecimiento de la economía por encima del 6%, lo cual podría tener efectos positivos muy importantes tanto en el ámbito del empleo como en el fiscal. En los años sucesivos, la inversión pública debería mantenerse sostenidamente en los alrededores del 4% del PIB.

5.13.5. Conforme las tasas de interés bajen, el monto del ahorro en el pago de intereses de la deuda pública que de eso resulte, será destinado, durante los primeros dos años, a promover programas de empleo temporal en actividades de cuido (niñez, personas enfermas o mayores) o realización de obras comunales (limpieza y mejora de parques y sitios públicos, edificios escolares, centros de salud, etc.) en lo cual se emplearían personas desempleadas. Ello permitirá mejorar las condiciones de vida de familias pobres o cercanas al umbral de la pobreza, y contribuirá a dinamizar la economía a través de un mayor consumo privado.

5.13.6. Durante dos años se impondrá una sobretasa temporal del impuesto sobre la renta, por un monto del 5% adicional sobre ingresos personales superiores a 3 millones de colones mensuales y de 10% sobre ingresos personales superiores a 6 millones, así como una tasa temporal del 10% sobre los valores patrimoniales de activos altamente suntuarios (autos con precios superiores a $50 mil, yates, aviones o helicópteros de uso particular, licores de muy elevado precio, joyas y obras de arte de muy alto valor, casas de playa o montaña, etc.). Se pondrían sobretasas similares sobre ganancias de capital y a las ganancias derivadas de actividades de dudosa deseabilidad social (clubes privados exclusivos, casinos, etc.). Estos recursos financiarán la concesión de una renta básica personal, por un monto uniforme, a favor de todas las personas dentro de los tres quintiles inferiores de ingreso, lo cual promoverá el consumo sin afectar la rentabilidad empresarial. Conforme la economía mejore y el empleo y los balances fiscales se recuperen, se podrán entonces aprobar nuevos impuestos, de carácter permanente y de perfil ampliamente progresivo, que permitan también hacer permanente esta renta básica universal y uniforme destinada a las personas de los quintiles inferiores de ingreso.

 

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[1] En un contexto capitalista es inevitable hablar de “competitividad”. El sistema lo exige e impone de forma implacable.

[2] El concepto de tasas de interés en términos reales, hace referencia a la comparación entre esas tasas y la tasa o porcentaje de inflación. Es el rendimiento efectivo que se obtiene de una determinada inversión financiera, una vez descontado el aumento de los precios en la economía.

[3] El concepto de margen de intermediación, explicado en forma simple, hace referencia a la diferencia entre tasas de interés activas (las que se cobran sobre los créditos que los bancos conceden) y las tasas pasivas (las que se pagan sobre los ahorros). La idea de que los bancos son instituciones que intermedian entre quienes ahorran porque tienen recursos de más, y quienes toman deuda porque tienen menos recursos de los que necesitan, es en gran parte errónea. Pero, aun así, el concepto de “intermediación financiera” sigue teniendo valor como indicador de eficiencia de los bancos.

Agenda comunitaria, ecologista y popular ante la expansión piñera

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen.

Sólo durante 2015, 2016 y lo que va del 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó 29 Estudios de Impacto Ambiental, referentes a nuevos proyectos piñeros, los cuales suman 6.258 hectáreas convertidas en nuevos monocultivos de la fruta. Lo que demuestra que la expansión sigue sin ningún tipo de control, planificación, ni fiscalización real. A esto, se suma que muchas fincas piñeras operan sin siquiera tramitar el permiso ambiental.

Como si fuera poco, Costa Rica sigue siendo uno de los países con más consumo de agrotóxicos y solamente en materia de herbicidas, en la última década se han triplicado el volumen de herbicidas importados según datos de PROCOMER. Lo que agrava la contaminación de aguas superficiales muchas usadas para consumo humano que tiene costos en salud pública aún sin cuantificar, pero evidentes.

Gracias a las movilizaciones y a las denuncias del último mes en contra de la expansión piñera, el Gobierno ha tenido que romper el silencio en este tema y ofrecer a la ciudadanía alguna respuesta. Sin embargo ésta se ha sustentado en declaraciones apuradas, a partir de medidas que aún no se pueden poner en práctica y por tanto confunden a la población en general. Hablamos del anunciado decreto de prohibición del herbicida Bromacil, anunciado por el Poder Ejecutivo el mismo día de la movilización en defensa del Humedal Térraba Sierpe, el pasado 15 de mayo de 2017. Esta declaración apresurada no se ha materializado en la redacción ni en la firma del decreto, que se anunció a la prensa sin que fuera un hecho consumado y que sigue sin materializarse una semana después de dicho anuncio.

Por otra parte, el gobierno solicitó a la comisión plenaria de SETENA integrar una comisión que indague la viabilidad ambiental que dicha Secretaría ha otorgado a plantaciones piñeras durante el último año. En realidad lo que corresponde es una auditoría externa que evalúe el cumplimiento legal en cada expediente y corrobore el apego a la legalidad de todas las viabilidades ambientales emitidas por la SETENA para la producción de piña, durante todo el período de gobierno y no solamente durante el año anterior, ya que la medida está dejando por fuera la mayoría de los permisos otorgados por la actual administración. Asimismo esa indagatoria debería contar idealmente con participación comunitaria y de profesionales en auditoría, derecho y gestión ambiental: no avalamos la autorevisión interna de SETENA ni confiamos en que esa Secretaría ponga en evidencia los errores de procedimiento que ella misma ha cometido.

Otra de las medidas anunciadas es la suspensión del proyecto piñero de más de 500 hectáreas que amenaza el Humedal Térraba Sierpe declarado sitio Ramsar en 1995. Esta medida es un distractor ante la indignación que ha generado el caso, pues ya hay suficientes evidencias para permitir al MINAE anular la viabilidad ambiental y abrir el órgano correspondiente para sancionar a los funcionarios y consultores que participaron en la aprobación irregular de este proyecto. Además este no es el único proyecto que amenaza este ecosistema, sino que es parte de un conjunto de proyectos en el área de Potrero Grande cuenca arriba, que en total sumarían 3000 hectáreas sembradas de piña en la zona y que también coinciden con sitios de importancia arqueológica por la presencia de vestigios tan importantes como las esferas de piedra.

Adicionalmente, existe la preocupación de una nueva expansión piñera sustentado en la creación de un acuerdo comercial con China para la venta de piña fresca y enlatada. Esta negociación realizada por Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior, se hace de forma irresponsable ya que no toman en cuenta las advertencias que se han emitido desde Universidades públicas, organizaciones ecologistas y comunitarias sobre los serios impactos en agua, suelo, bosque y salud humana del monocultivo de la piña.

La exportación al país asiático se haría pasándole por encima a la legislación ambiental, a la evidencia de serias violaciones a los derechos laborales y sin ningún tipo de planificación.

Las organizaciones firmantes celebramos los acuerdos alcanzados en el marco de la heroica caminata de Jorge Castro y Mariana Paniagua desde Pavón de Los Chiles hasta San José, que apuntan a fortalecer la presencia y accionar del Estado en las comunidades afectadas por la expansión piñera, y consideramos que son un paso en la dirección correcta. Sin embargo la gravedad de esta situación no puede atenderse solamente garantizando la aplicación de la ley en casos específicos: ante un impacto extraordinario e irreversible es necesario valorar medidas extraordinarias.

Por estas razones las organizaciones abajo firmantes exigimos una moratoria nacional a la expansión del monocultivo de la piña, misma que está sustentada en la necesidad de contar con estudios e instrumentos técnicos y políticos de carácter nacional y regionales que aseguren una debida planificación territorial, donde se prevengan y se ataquen los impactos negativos de la siembra desordenada y a gran escala del monocultivo de piña. Una decisión de este tipo beneficiaría directamente la gestión local y nacional de los bienes comunes y respondería de manera directa a las demandas de las comunidades afectadas. Asimismo permitiría tener una lectura más objetiva de la situación de violación a los derechos laborales y la toma de acuerdos en la dirección de tutelar los derechos de trabajadores y trabajadoras de la industria piñera. Finalmente, esta medida permitiría la continuidad de la producción y exportación de piña por parte de las empresas que se encuentran a derecho y están cumpliendo con la legislación ambiental y laboral, por lo que no afecta intereses consolidados y sí previene el crecimiento de las problemáticas relacionadas con la poca planificación y fiscalización de la actividad.

Hacemos un llamado a seguir las movilizaciones por una moratoria nacional a la expansión piñera,

La próxima cita es el lunes 5 de junio en todo el territorio nacional.

 

Suscribimos:

Alianza de Redes Ambientales (ARA)

Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)

ASADA de Pavón de Los Chiles

ASADA La Gamba, Golfito

Asociación Agro-orgánica Guanacasteca

Asociación de Estudiantes de Sociología, Universidad Nacional

Asociación de Piangueros de la Purruja, Golfito (APIAPU)

Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa RICA (APROCO) – Feria Orgánica El Trueque

Asociación de Protección, Gestión y Fomento de la Producción Agropecuaria de la Huetar Norte

Asociación Pro Cuenca Río Jabonal

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

CoecoCeiba-AT

Colectivo Eco-artístico y de Economía Solidaria

Colectivo de Estudiantes Autónomos El Quilombo, Universidad Nacional

Colectivo Ipís Ecológico

Colectivo Machete

Colectivo Río Urbano

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Coordinadora Norte Tierra y Libertad

Ditsö Costa Rica

Diwo Ambientales

Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA (FUNDAOSA)

Grupo Acción Golfito

GuanaRed

Huertos Urbanos de Costa Rica

Indignados CR

Molinos Verdes de Moringa

Movimiento Patriótico Juanito Mora

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Plataforma de Integración Ciudadana

PROAL-Pacuare

Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

Red Costarricense de Agricultura Ecológica (Red CAE)

Red de Coordinación en Biodiversidad

Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

Red de Plantas Medicinales de Costa Rica

Red Internacional de Forestería Análoga

UNOVIDA

¡Ya Basta!

 

Enviado por Presidencia FECON.

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UNA: Uber, un árbol que no nos debe impedir ver el bosque

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Programa Martes Económicos UNA

Diego Zárate Montero*

 

Los acontecimientos más recientes sobre las operaciones de Uber en Costa Rica, evidencian que en nuestro país aún no ha sido enfocado el tema subyacente que motiva tantas polémicas y disturbios, a saber, el surgimiento de las economías colaborativas con modelos de negocio que cuestionan la institucionalidad de la mayoría de países a nivel mundial.

Las economías colaborativas (o “sharing economies” en la literatura anglosajona) son formas de asociación económica, cuya estructura fundamental son las redes creadas mediante las plataformas de comunicación originadas por avances tecnológicos. Estas redes permiten que usuarios y colaboradores establezcan relaciones entre sí para optimizar el uso de sus recursos ociosos. Tal es el caso de la comercialización del excedente de energía producida mediante paneles solares en los techos de las viviendas, o el uso de vehículos privados para movilidad de personas, como Uber, Cabify o Blablacar.

Las economías colaborativas han sido tipificadas claramente en cuatro actividades principales: conocimiento, producción, consumo y finanzas. En cada una de ellas se ha abierto el debate sobre la manera en la que las legislaciones de los países se ajustan o no a los modelos de gestión y de negocio de las empresas que han encontrado en ellas un nicho de mercado. Por ejemplo, el enriquecimiento comunitario de semillas es una forma de producción colaborativa que ha enfrentado muchas disputas debido a los derechos de propiedad intelectual.

Los principales retos de fondo que plantea la operación de empresas basadas en economías colaborativas, tienen que ver con cuatros asuntos: a) el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de consumidores, colaboradores y las empresas; b) la regulación laboral y la seguridad social entre los colaboradores y las empresas; c) la protección de los usuarios, los cuales solo tienen como salvaguardia la confianza que le tienen a la empresa y; d) el cumplimiento de la legislación nacional específica para el tipo de actividad que realizan las empresas, por ejemplo disposiciones ambientales o la obligatoriedad del pago de seguros como es el caso del transporte público.

Uber ha sido clasificado dentro de las actividades de consumo colaborativo, ya que permite que quienes no se encuentran utilizando su vehículo puedan rentarlo a otros conductores para que puedan usarlo y transportar a personas de manera remunerada. Esta característica del servicio, que ofrecen tanto Uber como Cabify, ha entrado en conflicto con la regulación de los servicios públicos y de la libertad del comercio en el sector privado.

El problema de desconocer la importancia creciente de las economías colaborativas es que se renuncia a atender los retos y riesgos que implican para los colaboradores, los consumidores y las obligaciones con el estado. En el caso de Uber, con excepción de un proyecto de ley, nuestro país no ha avanzado en dar solución a estos conflictos, los cuales por ahora se relacionan con esa empresa pero no tardarán en presentarse cada vez en más servicios.

Más allá de los asuntos jurídicos puramente técnicos del último fallo de la Sala Constitucional sobre la ley que regula el servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad taxi (Seetaxi), es importante entender los cambios que se han introducido en las dinámicas económicas gracias a las tecnologías de la información y que tienen un auge cada vez mayor en los países de renta alta.

Los retos que plantean las economías colaborativas exigen que sean abordados con visión de largo plazo, ya que estas innovaciones no pueden ser abolidas mediante decreto. Es indispensable que los derechos, tanto de los trabajadores y colaboradores como de los consumidores, sean resguardados por una legislación pertinente a los cambios introducidos por las nuevas tecnologías. ¡Que Uber no sea un árbol que nos impida ver el bosque!

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de renderasbusiness.com

Enviado a SURCOS por Oficina de Comunicación UNA.

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Iglesia católica pide decir NO al colonialismo en Puerto Rico

Escrito el . Publicado en Derechos.

Un mensaje de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña (CEP) ante las elecciones generales de noviembre próximo y la “nueva realidad” política frente a la creación de la junta de control fiscal federal en la isla advirtió de la “cruda condición colonial” del país.

La CEP, que encabeza el monseñor Roberto González Nieves, difundió una nota con 27 puntos en la que detalla su postura en víspera de los comicios del mes próximo.

Así, consigna que “Puerto Rico se enfrenta, en su realidad histórica actual, a su crisis socio-política y económica más profunda de los últimos 115 años. Toda la estructura del modelo político y económico en el que se ha basado nuestro desarrollo en las pasadas décadas ha perdido su legitimidad y su eficacia para atender las necesidades personales y colectivas del pueblo puertorriqueño”.

Ante este escenario, la entidad afirma que “también nos adentramos al periodo de discernimiento, propio de cada proceso electoral, para elegir candidatos y propuestas que nos guíen como pueblo ante estas circunstancias. Pero esta elección general cobra la peculiaridad de que el gobierno que constituirán los candidatos electos, estará bajo la autoridad de una junta de control fiscal establecida por el Congreso y nombrada por el presidente de los Estados Unidos, reflejo de nuestra cruda condición colonial”.

Al respecto, la CEP señaló que “esta situación exige un rechazo inequívoco y su superación es una tarea ineludible”.

Los obispos de Puerto Rico, ante la nueva situación política, pidieron al electorado actuar “con el grado de responsabilidad que reclaman los signos de los tiempos, reconociendo que Puerto Rico se encuentra hoy en uno de los momentos más críticos de su historia”.

“Por esto, denunciamos la situación colonial de Puerto Rico, que ha quedado crudamente manifiesta ante esta crisis fiscal, al no poder recurrir a un proceso de quiebra ordenado y sistemático, y ante la concesión del poder decisional a una junta fiscal externa, sin la participación democrática de los ciudadanos, pero con efectos en todos los ámbitos de nuestra convivencia social”.

Los religiosos recalcaron que “ha llegado la hora de decir no al colonialismo histórico que se ha acompañado de leyes injustas como las de cabotaje, la demagogia partidista, la mentira y el oportunismo de muchos líderes e inversionistas. También, advertimos de nuevos colonialismos a través de ideologías y poderes anónimos que esclavizan, globalizan la uniformidad con fines lucrativos y violentan las culturas y tradiciones de los pueblos”.

Para la CEP, las elecciones son “una oportunidad para elegir a un liderato político al que le duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres… con una nueva mentalidad política y económica que ayude a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social”, como dijo el Papa Francisco.

En cuanto a la situación política de la isla, la organización urgió “a los líderes del país, y de Estados Unidos, a dar los pasos necesarios para terminar con esta situación colonial en forma seria y responsable, respetando el derecho internacional de los pueblos, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas”.

“La situación colonial, sumada a la crisis económica y fiscal que enfrentamos durante largos años y agudizada en las últimas dos décadas, amenaza en convertirse en una crisis mayor para nuestros niños, jóvenes, ancianos y personas vulnerables, tales como personas jubiladas, migrantes, los sin techo y adictos”, afirmaron los obispos.

Junto con recalcar que “en momentos como éste, se hace cada vez más urgente la toma de conciencia sobre la necesidad de una participación ciudadana activa”, la CEP alertó del poder político “sujeto a intereses electoralistas, financieros, de producción y consumo, que ha llevado a los partidos a ser, en ocasiones, grupos restringidos que usurpan el poder del Estado, sustituyendo la democracia por la llamada partidocracia”.

Asimismo, el organismo dijo “basta de políticas económicas basadas en contribuciones e impuestos que recaen, mayormente, en la clase media y en los menos afortunados. El efecto de estas políticas ha sido la ruina económica y la motivación de muchos para abandonar el país”.

A su vez, consideró que “es la hora de una revolución moral y una transformación radical de nuestro modelo económico y de la participación ciudadana. Este esfuerzo, aunque sacrificado, nos guiará a una nueva senda de progreso y desarrollo”.

Sobre este punto, los religiosos opinaron que “nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, estamos muy divididos y polarizados, no estamos unidos; estamos estancados. Nuestra unidad es necesaria si queremos progresar”.

 

Enviado a SURCOS Digital por Nils Castro.

Fuente original de información e imagen: http://www.metro.pr/

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UNA: Sala de lactancia

Escrito el . Publicado en Derechos.

ALBERTO SALOM ECHEVERRÍA

La Vicerrectoría de Vida Estudiantil impulsa el bienestar del estudiantado

UNA sala de lactancia

La Vicerrectoría de Vida Estudiantil ha venido impulsando iniciativas que contribuyen al bienestar del estudiantado de la UNA. En este sentido, se han puesto a funcionar salas de lactancia y gestiones para diversas opciones de cuido para niños y niñas, que permiten apoyar a los estudiantes en condiciones de maternidad y paternidad.

Cabe mencionar que se está implementando en coordinación Federación de Estudiantes-FEUNA y el Departamento de Bienestar Estudiantil, brindar una ayuda económica mensual de treinta y cinco mil colones para el cuido de niños y niñas menores de 5 años. Para ello se cuenta con un Fondo de 15 millones de colones aportados por la FEUNA, para la cobertura a 50 estudiantes. Al 29 de julio se indica que 17 estudiantes ya disfrutan de este beneficio.

UNA sala de lactancia2

Desde el mes de mayo se ha iniciado el análisis y las acciones para la viabilidad de generar opciones de cuido para hijos e hijas de estudiantes universitarios, tarea a la que se integraron estudiantes de la FEUNA y del “Movimiento Pro-Guardería Infantil”. En este sentido, se han ido a visitar centros modelos como el Taller Infantil del TEC, para conocer con detalle su funcionamiento y valorar la viabilidad de una propuesta similar en la UNA.

Además, recientemente se llevó a cabo una reunión con la coordinadora Regional de CEN-CINAI (Centro de Educación y Nutrición Infantil) del Ministerio de Salud-Heredia, donde existe la posibilidad real e inmediata de facilitar espacios para el ingreso de niños y niñas menores de 5 años, hijos e hijas de estudiantes universitarios. Estos centros están ubicados en diversos cantones de Heredia, inclusive dos de ellos con horarios nocturnos.

UNA sala de lactancia3

Esta iniciativa en la UNA será promovida en el Campus de Nicoya-UNA, ya que en sus alrededores existe un CEN-CINAI y en este Campus hay una necesidad evidente de atender la gran cantidad de infantes que asisten con sus madres a clases.

Se ha previsto inaugurar el Campus Omar Dengo-Heredia la primera sala en el mes de agosto 2016, con ocasión de la celebración mundial de la lactancia materna, y de manera paralela se realizan acciones con los coordinadores de Vida Estudiantil de las Sedes Regionales, para ubicar un espacio físico donde opere la sala de lactancia, cuyo equipamiento lo asume la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.

UNA sala de lactancia4

Estas salas de lactancia deberán ser equipadas adecuadamente, con los requerimientos básicos para este fin y su equipamiento tiene un costo aproximado de 2 millones de colones.

La Vicerrectora de Vida Estudiantil va a plantear al Consejo de Admisión que preside el Vicerrector de Docencia, analizar la posibilidad de una acción afirmativa en materia de matrícula. La idea es dar prioridad en la matrícula a aquellas estudiantes en condición de maternidad, para que tengan la posibilidad de escoger mejores horarios que les facilite atender a sus hijos. Asimismo, tomar en cuenta a estudiantes en condición de paternidad que tienen la responsabilidad de la crianza de sus hijos, esto pensando en la equidad de género.

 

*Foto portada: diarioelargentino.com-ar

Información enviada a SURCOS Digital por Efrain Cavallini, Asesor de la Rectoría, UNA.

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El problema fiscal en su contexto: Despacio porque precisa

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(Una propuesta alternativa para la discusión ciudadana)

Autores: Luis Paulino Vargas Solís José Francisco Solano Pablo Abarca Douglas Montero GRUPO DE ECONOMISTAS CRÍTICOS

 

Consideraciones generales:

1) Desde 2009 el déficit fiscal en Costa Rica ha mantenido un nivel relativamente elevado, y tendencialmente creciente. Después de un corto período de relativo equilibrio fiscal en el bienio 2007-2008, en 2009 aparecieron déficits cercanos al 4% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), los cuales en los dos últimos años (2013-2014) han sobrepasado holgadamente el 5% y amenazan crecer por encima del 6%.

2) El déficit naturalmente obliga a recurrir al endeudamiento público. En consecuencia, la deuda pública tiende a aumentar. Como porcentaje del PIB, la deuda pública interna de la totalidad del sector público pasó de 18,0% en 2008 a 33,8% en 2014. En el mismo lapso, la deuda interna correspondiente propiamente al Gobierno Central aumentó de 17,5% como porcentaje del PIB a 30,4%. Al considerar en forma conjunto tanto la deuda interna como la externa, el total correspondiente se incrementa de 39,4% a 56,7% entre 2008 y 2014.

3) El pago por concepto de intereses pasó de 2,2% en 2008 a 2,6% del PIB, entre 2008 y 2014. Dentro de ese total, la parte que corresponde específicamente a intereses de la deuda interna se incrementó de 1,6% a 2,2%. Así pues, el aumento registrado proviene enteramente de esta última fuente. No obstante que para el año 2014 se logró contener su ritmo de crecimiento (aumento del 5,5%), en general, durante el período en consideración, su tasa de aumento anual ha sido elevada y en algunos años explosiva (33,9% en 2013). Como tendencia de mediano plazo, esto seguramente ha estado afectado por el nivel de las tasas de interés en Costa Rica, las cuales se han mantenido en niveles reales sumamente elevados. De hecho, el sector público ha estado pagando tasas de interés promedio implícitas en el total de su deuda interna, que en los últimos dos años (2013 y 2014) se ubican en el rango del 7,5% a cerca del 8%, lo cual resulta excesivo tratándose de un “agente” económico cuyo riesgo de impago es prácticamente nulo. Téngase en cuenta lo siguiente: siendo que actualmente el total de la deuda pública interna es de alrededor 8,7 2 billones de colones, un solo punto porcentual de intereses equivale, grosso modo, a 87 mil millones de colones. Con ese dinero se podrían financiar 59.825 bonos de vivienda de clase media (1 millón 454 mil colones cada bono); 13.385 bonos familiares de vivienda (6,5 millones cada uno); y hasta 2 millones 485 mil becas del programa Avancemos para 10º, 11º y 12º (35 mil colones cada beca).

4) Al mismo tiempo el desempeño general de la economía es sumamente insatisfactorio. Tras la caída registrada en 2009, la recuperación posterior fue de muy limitados alcances, en virtud de que apenas logró rozar el mediocre promedio histórico que ha caracterizado los treinta años de vigencia de la estrategia neoliberal. Con el agravante de que a partir de 2013, este año incluido, el dinamismo económico se ha debilitado marcadamente. Esa tendencia se ha agudizado en el actual año 2015, en el cual el crecimiento durante los primeros ocho meses ha caído incluso por debajo del 2%.

5) Y, sin embargo, el problema más importante –con mucho el más preocupante– tienen que ver con la gravísima situación del empleo. Según los datos de la más reciente Encuesta Continua de Empleo (segundo trimestre de 2015), en Costa Rica hay 218 mil personas desempleadas y 282 mil personas en situación de subempleo. Es decir, medio millón de personas trabajadoras desempleadas o subempleadas, o sea, el 22% del total de la fuerza de trabajo. Pero debe agregarse que, según esa misma encuesta, hay cerca de 928 mil personas en empleos informales (el 44,4% de la población ocupada) y, por lo tanto, en empleos de muy baja calidad, carentes además de la necesaria protección social.

6) Debe sin embargo hacerse notar que tan catastrófica situación del empleo no es un problema nuevo. La propia Encuesta Continua de Empleo así lo atestigua: desde la primera encuesta realizada –en el tercer trimestre de 2010– y hasta la fecha los datos invariablemente ponen de manifiesto una situación sumamente deteriorada. Pero lo más preocupante es que, lejos de mejorar, la tendencia claramente apunta en sentido inverso: hacia el deterioro gradual pero sostenido.

7) Estamos entonces en presencia de un conjunto de problemas y tendencias, que son concomitantes y que persisten durante un período muy largo, el cual data de 2009. Esos problemas se manifiestan en el ámbito fiscal, en el bajo crecimiento económico y, el más importante de todos, el gravísimo problema del empleo. Todo ello repercute, a su vez, en el agravamiento de la desigualdad social y la perpetuación de la pobreza. El costo social y el dolor humano que esto comporta es de una dimensión imposible de exagerar. Cabe resaltar que estamos en presencia de un problema estructural. Es urgente tomar medidas de fondo que ofrezcan una salida a la angustia de centenares de miles, seguramente millones, de costarricenses. Se evidencia así el agotamiento y los límites, posiblemente infranqueables, del 3 proyecto neoliberal, lo cual hace urgente un proceso de diálogo nacional que permita encontrar nuevas vías para salir del atascamiento y renovar las bases del desarrollo nacional.

8) Es una grave irresponsabilidad, y comporta riesgos muy elevados, pretender resolver el problema fiscal sin tener en consideración este contexto problemático más amplio. Los enfoques simplistas actualmente prevalecientes, que pretenden resolver el déficit fiscal recurriendo a recortes del gasto público o a incrementos de impuestos –o la combinación de ambas posibilidades– pero sin tomar en consideración las circunstancias más amplias de la economía, podrían ocasionar un deterioro económico aún mayor, lo que a su vez dificultaría grandemente poder sanear las finanzas públicas.

9) Tanto la teoría como la evidencia histórica demuestran que las políticas de austeridad, aplicadas por medio de recorte de gastos o incrementos de impuestos o ambos, cuando son aplicados en el contexto de una economía estancada y con graves problemas de empleo, comportan un deterioro adicional lo que, a su vez, hace más difícil resolver los problemas fiscales y obliga a esfuerzos aún más destructivos, que en lo social y político pueden resultar potencialmente explosivos. Imaginar que la sola austeridad provocará el milagro de que los mercados automáticamente devuelvan el dinamismo a la economía y al empleo, no es una teoría seria, sino mera superchería económica.

Despacio porque precisa:

Hacia soluciones progresistas, democráticas, viables y sostenibles

1) El problema fiscal debe ser abordado en su integralidad, no como una situación que, a partir de parches y medidas de alcance parcial, pueda ser afrontada –ni mucho menos resuelta– sin tener en consideración el contexto más amplio que plantea una economía casi estancada, aquejada de una situación de catástrofe en el ámbito del empleo. Las medidas en el campo fiscal deben ir de la mano con medidas para la reactivación de la economía y la generación de empleos. Esto último es requisito necesario para poder encontrar salidas a lo fiscal que impliquen los menores costos posibles y que resulten realmente viables y sostenibles.

2) Un punto crucial donde el problema fiscal se entrecruza directamente con el de la situación de la economía es el atinente a las tasas de interés. La banca costarricense, tanto pública como privada, ha mantenido durante todos estos años de mal desempeño económico, tasas de interés reales sobre sus créditos para las actividades productivas, que resultan abusivas, y claramente evidencian un manejo irresponsable, ineficiente y rentístico. Puesto que este comportamiento se ha manifestado de forma sostenida a lo largo de un período extenso, ello 4 obligatoriamente debe ser interpretado como síntoma de que hay problemas de fondo en el sistema financiero nacional, lo cual hace obligatorio entrar a debatir, para eventualmente replantear, la organización, regulación y criterios de funcionamiento de la banca, incluyendo un redimensionamiento sustantivo del papel y significación de la banca para el desarrollo. Toda esta situación ha afectado negativamente la inversión productiva y la generación de empleos, pero también impacta sobre las cuentas fiscales puesto que eleva el costo del endeudamiento a que el gobierno se ha visto obligado a recurrir. Recuérdese que, con una deuda interna de aproximadamente 8,7 billones de colones, cada punto en las tasas de interés representa alrededor de 87 mil millones de colones de gasto público adicional, lo cual, bajo la pérfida ideología prevaleciente, que hace prevalecer la deuda por encima de cualquier otra obligación, genera presiones restrictivas incluso sobre los servicios públicos más esenciales. Es, por otra parte, insostenible la tesis de que tales tasas de interés elevadas son producto del déficit fiscal, cuando más de una tercera parte de la deuda interna está en manos de entidades financieras y cuando es conocido que los bancos comerciales están literalmente “nadando” en liquidez que colocan en inversiones de muy corto plazo en el Banco Central. Al respecto, es importante retomar un proyecto de ley presentado por la fracción legislativa del Frente Amplio conducente a la creación de una plataforma de negociación de la deuda pública –valores del Estado, del Banco Central y créditos interinstitucionales– que quede bajo directo control del Banco Central y permita suprimir costos de intermediación bursátil.

3) Se hace urgente una política decidida y enérgica que obligue a los bancos públicos y privados a una reducción sustancial de las tasas de interés, incluyendo metas específicas que reduzca los márgenes de intermediación financiera de una forma sostenible. El objetivo ha de ser lograr que esas tasas se aproximen a niveles reales que no desincentiven la inversión privada y que estén al alcance de la mayoría de las empresas nacionales, en especial las pequeñas y medianas, las cooperativas y los emprendimientos de la economía social y solidaria. En ese sentido, es lamentable la actitud pasiva y permisiva del Banco Central, manifiestamente desentendido de la grave situación del empleo, la inversión productiva y el estancamiento persistente, y su actitud siempre complaciente con la banca comercial, bajo el escudo de una “autonomía” que, en realidad, es opacidad ante la ciudadanía y total ausencia de rendición de cuentas ante las legítimas instancias democráticas. Esa irresponsable pasividad del Banco Central se evidencia también en relación con el comportamiento de los precios, y las tendencias deflacionarias que la economía viene manifestando desde hace más de un año. Uno de los mayores riesgos que esto comporta es el incremento del peso real de las deudas, tanto públicas como privadas. Aparte que ello podría agravar la debilidad de la economía, también agudizaría el problema fiscal.

4) Debe haber un esfuerzo concertado, entre los diversos poderes de la república, las diversas instituciones públicas y el sector privado a fin de dar impulso decidido a la inversión pública, de modo que, en el corto plazo, ésta contribuya a la reactivación de la economía y del empleo, a la vez que genere condiciones propicias al desarrollo de la productividad en el mediano y largo plazo. Aparte el esfuerzo concertado desde el ámbito público para agilizar los procesos de ejecución de las obras, también el sector privado debería asumir un compromiso explícito de no recurrir, excepto que fuere estrictamente necesario, a mecanismos de apelación que complican y dilatan excesivamente los procesos de inversión pública. Igualmente se debe exigir del sistema financiero un mayor compromiso y una mejor disposición para una innovación que ofrezca positivos rendimientos sociales, a fin de facilitar el uso de recursos de los fondos de pensiones en el financiamiento de la inversión pública, lo cual, de paso, permitirá mantener el control nacional sobre la infraestructura que sea creada, en vez de entregarla, como negocio rentístico, fácil y altamente rentable, a manos de transnacionales.

5) Debe abrirse, con carácter urgente, un amplio debate sobre la situación del tipo de cambio colón-dólar. La evidencia es abundante en el sentido de que su nivel actual es irreal y que ello está causando daño a la inversión privada y a la generación de empleos. He aquí otra manifestación de la actitud permisiva y acomodaticia del Banco Central, siendo por completo descabellado afirma que se trata de un “tipo de cambio de equilibrio”, lo cual equivale a legitimar y dar por válidas influencias y fuerzas financieras ajenas a la propia economía costarricense, y que nada tienen que ver con su realidad productiva más profunda. Las reservas monetarias internacionales (RIN) acumuladas por el Banco Central ascienden a una cifra muy elevada de alrededor del 16% del PIB. Han sido justificadas aduciendo objetivos preventivos para anticipar posibles movimientos desestabilizantes del tipo de cambio. Sin embargo son sobre todo manifestación del exceso de capitales expresados en dólares que el país ha recibido, con los efectos distorsionantes que ello ha provocado en la estructura productiva y la generación de empleos, y con consecuencias de fragilización de la posición económica del país ante el mundo. Ello llama la atención sobre el perjuicio que provoca un régimen de irrestricta libertad para los movimientos de capitales, así como respecto de la necesidad de tomar medidas que frenen su excesiva afluencia, sobre todo cuando se mueven con objetivos puramente financieros o en búsqueda de apropiarse de activos productivos preexistentes, en vez de la generación de capacidad productiva y empleos nuevos. Debe quedar claro, sin embargo, que cualquier proceso de corrección del tipo de cambio debe ser asumido con máxima prudencia y con meticuloso control público, en vista de los riesgos que conlleva. Sobre todo, es imprescindible contemplar mecanismos rigurosos que protejan el ya maltrecho poder adquisitivo de los salarios como, en general, la protección de las condiciones en que se desenvuelve la vida de los sectores más carenciados de nuestra sociedad.

6) Debe reconocerse que la economía mundial sigue atascada en un estancamiento de larga duración, del que no le será fácil sobreponerse. Desde la fase aguda de la crisis mundial en 2008-2009, se ha instalado es una situación perdurable de depresión económica que ha pasado por diversos estadios y cuya salida aún no se atisba. De ahí la importancia de desarrollar mecanismos de cooperación a nivel centroamericano, con el fin de reactivar el mercado del área –el cual es también nuestro mercado natural– y establecer políticas económicas concertadas, como una forma de compensar, al menos en parte, el efecto negativo proveniente de una economía mundial estancada. La estrategia económica promovida por el proyecto neoliberal optó, inicialmente, por una apertura unilateral al comercio internacional y luego, a partir de 1995, enfatizó la firma de tratados comerciales. Los resultados son, en la gran mayoría de los casos, decepcionantes, con déficits sustanciales en el comercio exterior. Se ratifica con claridad que la sola apertura no garantiza un avance económico sólido y sostenido, puesto que, confiados a la dudosa “magia” del libre mercado, se ha omitido cualquier estrategia coherente y sostenible de incremento de la productividad, incorporación de conocimiento a la producción y generación de encadenamientos y valor agregado.

7) Es por supuesto urgente mejorar la eficiencia y productividad del sector público, y, en especial, la calidad de sus servicios, como igualmente deberán atacarse y corregirse gollerías y excesos injustificados, con el debido cuidado de no lesionar lo que sí son derechos laborales irrenunciables. Pero el énfasis debe estar en mejorar, no en recortar, en la comprensión de que, en lo fundamental, no solo son dos cosas diferentes sino frecuentemente incompatibles. Es por completo insostenible la idea de que en el sector público sobra algo; no sobran escuelas ni dispensarios de salud ni patrullas policiales; no sobra personal docente ni médico ni policial ni científico; no sobran parques nacionales ni centros penitenciarios ni bibliotecas públicas ni patrimonio arquitectónico que deba ser protegido. El hecho de que nuestra carga tributaria esté en niveles ridículos e inconfundiblemente tercermundistas lo ratifica adicionalmente.

8) El país requiere de un reforma tributaria profunda, la cual debe ser diseñada a partir de una amplio diálogo nacional y aplicada de forma compatible con los esfuerzos de reactivación de la economía, de forma que los cambios necesarios en el sistema tributario no se convierta en una factor que retarde, ni mucho menos que bloquee, el necesario impulso que debe darse a la economía nacional, sin lo cual, como hemos dicho, la solución al problema fiscal será mucho más difícil y costosa. El diálogo nacional alrededor de cualquier reforma tributaria debe alimentarse de principios de responsabilidad cívica y patriótica, de forma que cada quien esté dispuesto a asumir la parte que le corresponde según el lugar que ocupa dentro de nuestro orden social. Solo de esa manera podrá haber la necesaria autoridad moral que legitime política y socialmente el esfuerzo que es necesario realizar ante los grandes desafíos actuales que enfrenta la sociedad costarricense.

9) La reforma tributaria que se impulse debe observar ciertos criterios de racionalidad indispensables:

  1. a) Racionalidad social: que garantice equidad y una distribución justa de las cargas, de forma que cada quien contribuya según sus reales posibilidades, de acuerdo con criterios que garanticen una vida digna a todas las personas.
  2. b) Racionalidad económica: de modo que, en el corto plazo, propicie la recuperación de la economía y del empleo, y en el mediano y largo plazo favorezca un más sólido y sostenible desarrollo, sustentando en una sustancial elevación de la productividad y una efectiva democratización en la distribución de la riqueza y los ingresos.
  3. c) Racionalidad ambiental: de forma que se desincentive aquellas formas de producir y consumir que resultan dañinas para la naturaleza, y promueva un cambio de fondo, a mediano y largo plazo, en los paradigmas de producción y consumo, con el fin de garantizar la reproducción de la vida en nuestro planeta y la reconstrucción, sobre nuevas bases, de la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

10) Algunos aspectos que consideramos indispensable incorporar en la reforma tributaria que se impulse son los siguientes:

  1. a) La transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA) solo es aceptable si la tasa se reduce al 10% y se incluye una tasa preferencial del 5% para los bienes y servicios considerados prioritarios. Debe realizarse un análisis cuidadoso de los bienes exentos, de forma que se garantice que realmente reflejan las necesidades de consumo de los grupos de más bajos ingresos.
  2. b) Las exenciones de impuestos a empresas de zonas francas deben ser revisadas. Tal es una estrategia de “dumping fiscal” que pone a competir a los países entre sí y genera una carrera hacia abajo, tratando cada quien de ofrecer las “mejores” condiciones. Ello debilita la base tributaria de los gobiernos y genera islotes de prosperidad desconectadas del resto de la economía. Ese fenómeno también se ha visto en Costa Rica, donde los efectos positivos de la inversión en zona franca son muy limitados. La capacidad de atracción de inversiones no debe fundamentarse en estímulos espurios de “dumping fiscal” (ni tampoco social o ambiental) sino en factores verdaderamente robustos: solidez institucional; productividad de la mano de obra y calidad de la infraestructura. Como mínimo debería recuperarse la idea de hacer tributar la remisión o exportación de dividendos de estas empresas. También debe reconsiderarse la exención de impuestos municipales. E igualmente deberán afinarse mecanismos de control que vigilen la manipulación de los precios de transferencia como mecanismos de evasión tributaria Ello debería ir acompañado del establecimiento de ciertos requisitos mínimos de desempeño que estas empresas deberán cumplir, particularmente en materia de generación de empleo, compras a empresas nacionales y transferencia de tecnología.
  3. c) Debe avanzarse decididamente hacia un régimen de renta global y renta mundial. El actual régimen cedular y territorial es fuente de muchas inequidades en el sistema tributario.
  4. d) Los ingresos personales (salarios, intereses, alquileres, dividendos, pagos por servicios profesionales, ganancias de capital, etc.), conjuntados como renta global, deberán incorporar tasas marginales más elevadas, pero solamente para ingresos que excedan de los 5 millones mensuales. Estas tasas podrían ser del 20% para ingresos sobre los 5 millones y hasta 8 millones, y del 25% sobre los 8 millones.
  5. e) El impuesto sobre las ganancias para pequeñas empresas y emprendimientos sociales y solidarias no debe sufrir modificación alguna.
  6. f) Debe avanzarse efectivamente hacia el establecimiento de impuestos sobre los patrimonios consolidados (netos de deudas), personales y familiares, incluyendo bienes muebles e inmuebles y patrimonio financiero. Deberá estudiarse los montos a partir de los cuales será obligatoria la tributación, y, a su vez, ésta podría operar en dos tractos: 1% y 2% según la magnitud de tales patrimonios.
  7. g) Igualmente debe aplicarse una apropiada tributación sobre herencias, a fin de prevenir la acumulación intergeneracional de riqueza y, por lo tanto, la consolidación de situaciones de desigualdad social por completo desvinculadas de ningún mérito empresarial, profesional, científico, deportivo, intelectual o artístico. También en este caso deberán estudiarse los montos apropiados a partir de los cuales se aplicará el tributo, puesto que, como es obvio, las pequeñas herencias han de mantenerse exentas. Podría pensarse en un esquema progresivo con tasas de 15%, 27,5% y hasta 40% según la magnitud de las herencias afectadas.
  8. h) Debe introducirse un esquema comprensivo y coherente de “impuestos verdes” que penalicen cualquier tipo de actividad productiva o forma de 9 consumo que dañe el medio ambiente, incluyendo las diversas formas de contaminación sónica y visual; la generación de cualquier tipo de desechos o emisiones que ensucien la atmósferas, los ríos, mares, bosques y mantos acuíferos o, en general, la naturaleza, como asimismo aquellas actividades que impliquen tala de bosques, desertificación de los territorios o modificaciones violentas o sustantivas del paisaje. Los impuestos verdes tan solo deben ser considerados como parte de una estrategia más amplia de sustentabilidad, dentro de políticas públicas comprensivas y con claro establecimiento de obligaciones para quienes provoquen destrucción o daño ambiental. Serán entonces concebidos, como un mecanismo complementario, que, en el mediano y largo plazo, apoye y refuerce una estrategia integral y de fondo que replantee a profundidad las formas de producir y consumir. El objetivo fundamental que se persigue es lograr un cambio de paradigma de amplio alcance, indispensable incluso a nivel mundial, como requisito necesario para la sobrevivencia de la vida sobre el planeta.
  9. i) Debe abrirse un amplio proceso de debate y diálogo nacional que, sobre bases totalmente equitativas para la libre manifestación de los diversos puntos de vista y posturas ideológicas y políticas, explore salidas viables, con perspectivas de mediano y largo plazo, para la situación de evidente atasco y agotamiento en que se encuentra hoy día el proyecto neoliberal, de la cual no podrá salirse si el país no emprende cambios sustantivos en los institucional, político, social y económico. No solo el aparato económico está bloqueado y la institucionalidad pública sobrepasada, sino que igualmente la situación social es cada vez más conflictiva e insostenible, en virtud de las profundas desigualdades e injusticias presentes en los ámbitos más diversos y la amplia gama de manifestaciones de descontento que ello provoca (clases sociales, de género, étnicas, de diversidad sexual, etarias, por razones de discapacidad, regionales, etc.). Debe salir a debate la necesidad e importancia de avanzar hacia paradigmas de organización de la producción que recuperen y potencien modalidades solidarias y participativas, centradas en la valoración del trabajo humano, la relación respetuosa con la naturaleza, y -cuando convenga y sea viable- los intercambios en mercados locales, bajo condiciones tales que garanticen la calidad de vida de las personas, familias y comunidades implicadas. El país urge un cambio de rumbo que deben ser emprendido sobre una base democrática, dialógica participativa y realmente inclusiva, equitativa y justa, pero a la mayor brevedad posible, antes que sea demasiado tarde.

 

Glosario de términos

Sector Público: El conjunto total de las organizaciones públicas. Lo integran los Poderes de la República, las instituciones autónomas, las municipalidades, los Bancos del Estado, las empresas públicas y otras instituciones públicas no estatales.

Gobierno Central: los tres poderes de la república, entidades descentralizadas y seguridad social.

El IVA (impuesto al valor agregado): es un impuesto a cada una de las etapas de producción de un bien o servicio. Opera acreditándole al productor de un bien (en el momento de vender dicho bien) el impuesto pagado por los proveedores de los insumos utilizados en su producción. De esta forma, en cada etapa de la producción se paga solamente el impuesto por el valor agregado en esa etapa. Se considera el impuesto menos distorsionante para la actividad productiva porque, si se aplica con una tasa uniforme, todos los sectores productivos y todos los bienes quedan gravados igual. Es, sin embargo, un impuesto de efectos generalmente regresivos, es decir, que afecta de forma relativamente más severa a los grupos de ingresos más bajos, por lo que no resulta socialmente equitativo.

Impuestos directos: son los que gravan los ingresos de las personas o de las empresas, como el impuesto a la renta o a las ganancias. También los impuestos sobre el patrimonio tiene este carácter. Son en general impuestos progresivos, es decir, tributos que afectan relativamente en mayor grado a los grupos sociales de mayores ingresos.

Impuestos indirectos: son los que gravan a los bienes y servicios (y, por lo tanto, solo en forma indirecta a las personas, sus propiedades o empresas). Los impuestos a las ventas o el impuesto al valor agregado son impuestos indirectos.

 

Enviado a SURCOS Digital por Luis Paulino Vargas Solís.

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Coyuntura política, económica y social del país a análisis

Escrito el . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Formación.

Segundo Foro Institucional 2015 inicia este miércoles en la UCR

 

Rocío Marín González,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Coyuntura política, económica y social del país a análisis
Este Segundo Foro Institucional 2015 se concentrará en análisis de la realidad actual del país y proyecciones futuras. (foto archivo ODI).

Con el fin de analizar, reflexionar y proponer acciones al más alto nivel en torno a la difícil coyuntura política, económica, socio cultural e institucional, que atraviesa el país, este miércoles inicia en la Universidad de Costa Rica (UCR) el Segundo Foro Institucional 2015, “Costa Rica ante el futuro: situación, visión y retos”.

Durante cuatro jornadas, los días miércoles 7, 14, 21 y 28 de octubre, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación, diversos paneles de especialistas discutirán sobre la coyuntura nacional y su eventual impacto negativo sobre nuestra paz social y estabilidad democrática.

Según lo explicó el Dr. Manuel María Murillo Castro, coordinador de la Comisión Especial Interdisciplinaria (CEI) de la Rectoría, organizadora del foro, la idea es contribuir a entender, canalizar y armonizar las posiciones divergentes que afloran al respecto, en distintos sectores de nuestra sociedad.

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La actividad será inaugurada por el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR. (foto archivo ODI).

En la primera jornada se realizarán dos mesas redondas enfocadas a un análisis de situación desde la dimensión político-económica, con la participación del Dr. Constantino Urcuyo Fournier, el M.Sc. Max Alberto Soto Jiménez, el Lic. Ronulfo Jiménez Rodríguez y el Dr. Felipe Alpízar Rodríguez; y desde la dimensión socio-cultural e institucional, con la intervención del M.Sc. Jorge Mora Arias, el Dr. Jaime Ordoñez Chacón, la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón y el Dr. Alfredo Chirino Sánchez.

Las mesas redondas de la segunda jornada se dedicarán a discutir sobre la visión futura y retos del país desde las dimensiones política y económica, respectivamente. Mientras en la primera mesa participarán el Dr. Constantino Urcuyo Fournier, el Dr. Rotsay Rosales Valladares, el Dr. Alex Solís Fallas y el M.Sc. Fernando Zeledón Torres, en la segunda tomarán parte el M.Phil. Saúl Weisleder Weisleder, el Lic. Juan Diego Trejos Solórzano, el Dr. Pablo Sauma Fiatt y la M.Sc. Sara Barrios Rodríguez.

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El Primer Foro Institucional 2015, hizo énfasis en los aportes de la Universidad de Costa Rica al desarrollo del país, con motivo de su Septuagésimo quinto aniversario. (foto archivo ODI).

La tercera jornada estará integrada por dos mesas redondas sobre la visión futura y retos del país desde las dimensiones socio cultural e institucional, respectivamente. Participarán en la primera discusión el Dr. Miguel Gutiérrez Saxe, el Dr. Miguel Sobrado Chaves, el Dr. Carlos Sandoval García y la Dra. Rita Meoño Molina, y en la segunda, el M.A. Ronald Alfaro Redondo, la Dra. Ilka Treminio Sánchez, el Dr. Alberto Cortés Ramos y la Dra. Alejandrina Mata Segreda.

La última sesión, será dedicada a reflexiones, retos y propuestas de acción en procura de soluciones concertadas, integradas y sostenibles, con participación de ocho panelistas divididos en dos grupos. El primero integrado por la Dra. Ciska Raventós Vorst, el Dr. Daniel Camacho Monge, el Lic. Rodrigo Alberto Carazo Zeledón y el Dr. Leonardo Garnier Rímolo, y el segundo, por la Dra. Violeta Palavicini Campos, el Dr. Miguel Gutiérrez Saxe, el Lic. Armando Vargas Araya y el Dr. Jorge Arturo Chaves Ortiz.

Las personas interesadas en recibir certificado o constancia de participación pueden inscribirse en la dirección: http://www.ucr.ac.cr/foro-institucional.html. En el mismo sitio el foro será transmitido por streaming.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Foro UNA: Evolución Reciente de la Actividad Económica y del Empleo en Costa Rica

Escrito el . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Foro UNA- Evolución Reciente de la Actividad Económica y del Empleo en Costa Rica

La Universidad Nacional le invita a participar en el Foro: “Evolución Reciente de la Actividad Económica y del Empleo en Costa Rica”, a realizarse el próximo jueves 8 de octubre del 2015 a las 9:00 a.m. en el Auditorio Clodomiro Picado, Campus Omar Dengo, Heredia.

Panelistas:

  • Sc. Roxana Morales Ramos. Coordinadora, Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía, UNA.
  • Sc. Greivin Hernández González. Investigador, Observatorio de la Coyuntura Económica y Social. Subdirector, Escuela de Economía, UNA.
  • Henry Mora Jiménez. Diputado, Catedrático UNA.
  • Víctor Morales Mora. Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
  • Sc. Carlos Roberto Mora Gómez. Viceministro de Economía, Industria y Comercio.

Moderadora:

  • Sc. Ruth Martínez Cascante. Directora, Escuela de Economía, UNA.

 

*Entrada Gratuita. No requiere inscripción.

Invitan:

Rectoría; Rectoría Adjunta; Facultad de Ciencias Sociales; Escuela de Economía; Observatorio de la Coyuntura Económica y Social; Programa UNA-Vinculación.

 

Información tomada de la página de Facebook https://www.facebook.com/events/399699840219218/

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