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La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) presentó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sus observaciones al borrador de la Política Pública de Educación Financiera 2026-2036. En una carta del 28 de setiembre de 2026, dirigida a Cynthia Zapata, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), y a Kattia Chaves Matarrita, jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, la organización advierte que la política, tal como está planteada, está pensada para enseñar a las personas consumidoras, pero no para cambiar las prácticas del mercado que las llevan al sobreendeudamiento.

RENASES agrupa a 170 organizaciones sindicales, comunales, cooperativas de trabajadoras y trabajadores, organizaciones de mujeres, grupos juveniles y movimientos sociales de base de todo el país. «No somos una entidad financiera ni una academia: somos la voz organizada de las personas trabajadoras y sus familias», señala la carta. La organización explica que atiende el sobreendeudamiento a diario en comunidades, sindicatos y asambleas, que ha promovido una agenda legislativa de protección al consumidor financiero y que sus afiliados han participado en espacios de consulta del MEIC. «No llegamos como invitados de cortesía: llegamos como actores con propuesta».

El diagnóstico: un problema que no se explica por falta de educación

Según la carta, al 30 de abril de 2026 el Poder Judicial registraba 771.279 casos activos de cobro judicial presentados por prestamistas formales. RENASES compara esa cifra con poco más de dos millones de personas trabajadoras, y concluye que casi cuatro de cada diez tienen una deuda que ya llegó a los tribunales. Detrás de cada expediente, afirma, hay una persona trabajadora que no pudo pagar, una familia que recortó su alimentación para abonar una deuda o una mujer que buscó un segundo empleo para cubrir los intereses. Además, esos procesos saturan el sistema judicial y retrasan la justicia pronta y cumplida para toda la población.

Para la organización, esta situación «no se explica por falta de educación de los consumidores», sino por un mercado que empuja el crédito de manera agresiva, sin evaluar la capacidad real de pago y sin que nadie frene las prácticas más dañinas. «Enseñarle a alguien cómo hacer un presupuesto cuando ya tiene tres deudas que superan su salario es un gesto bienintencionado, pero insuficiente y tardío».

Cinco problemas de fondo

RENASES reconoce el valor del borrador y el trabajo técnico que lo sustenta, pero identifica cinco problemas estructurales:

1. Se enseña al consumidor, pero no se cambia el mercado. Una educación financiera que solo pide a la ciudadanía comportarse mejor, sin exigir lo mismo a quienes venden el crédito, tiene un sesgo profundo. RENASES propone formación obligatoria para ejecutivos y asesores de crédito sobre colocación responsable, evaluación honesta de la capacidad de pago y conocimiento de los sistemas de avales públicos (FODEMIPYMES, Sistema de Banca para el Desarrollo y FIDEIMAS) y de las garantías mobiliarias.
2. No se enseñan los derechos que las personas ya tienen. Entre ellos, la prescripción de deudas antiguas, la protección legal contra el acoso de las gestoras de cobro, el derecho a conocer y corregir la información crediticia, y los canales de denuncia ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la DAC. Según la organización, son herramientas que pueden cambiar la situación de una persona hoy, no en diez años, y la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) debe priorizarlas con urgencia.
3. Quién define qué se enseña. El Comité de Coordinación de Educación Financiera (COCEF) otorga peso mayoritario a quienes ofrecen el crédito y a los entes que los regulan. Las organizaciones de defensa del consumidor tienen un único asiento, sin acceso a las subcomisiones donde se deciden los contenidos. «El conflicto de interés existe, aunque nadie actúe de mala fe: un banco no puede enseñar de manera imparcial cuándo no conviene endeudarse». RENASES pide abrir esas subcomisiones a sindicatos, academia, asociaciones solidaristas e iglesias, entre otras organizaciones.
4. El Estado invierte en supervisar a los bancos, pero casi nada en proteger a quienes los financian. El sistema financiero se sostiene con el dinero de ahorrantes, cotizantes, familias asalariadas y personas trabajadoras cuyos fondos de pensión alimentan los activos de los intermediarios. Sin embargo, según la carta, son el único actor sin voz ni voto en las decisiones. RENASES sostiene que la rectoría del sistema ha sido «colonizada» de forma progresiva por quienes tienen interés directo en sus resultados, mientras el Estado destina cada año decenas de miles de millones de colones a supervisar la solidez de las entidades. Por eso pide que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) financien una política activa, independiente y robusta de educación y defensa del consumidor financiero, «como obligación del Estado».
5. Se mide lo fácil de medir, no lo que importa. Contar talleres y asistentes no dice si la situación de las familias mejoró. RENASES propone indicadores de impacto: si bajaron los expedientes de cobro judicial, si mejoró el nivel de endeudamiento de los hogares, si aumentaron las denuncias por prácticas abusivas, cómo evolucionó la morosidad y cómo se comparan las tasas de interés con las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dos ausencias urgentes

La carta señala dos vacíos. El primero es que Costa Rica no tiene una ley que permita a una persona sobreendeudada reestructurar sus deudas de manera ordenada y comenzar de nuevo; hoy, la única salida es el embargo y la exclusión financiera durante años. RENASES propone articular la ENEF con una iniciativa legislativa y con un Plan Nacional de Reestructuración de Deudas Personales y limpieza de récords crediticios. El segundo es la definición misma de inclusión financiera, que según la organización no consiste en tener una tarjeta o una deuda, sino en acceder a servicios financieros formales, seguros y a un costo razonable. «Una persona con tres deudas impagables no está incluida: está atrapada».

Diez solicitudes al MEIC y a la DAC

RENASES solicita:

1. Abrir un espacio formal de participación de la sociedad civil en las subcomisiones técnicas del COCEF, donde se definen los contenidos y se evalúan los resultados.
2. Que los programas de educación financiera los ejecuten entidades desvinculadas de quienes colocan deuda, como iglesias de todas las denominaciones, sindicatos, universidades, asociaciones solidaristas y organizaciones gremiales con amplia base territorial.
3. Concebir la educación financiera como formación para la vida, que enseñe a planificar ingresos, construir ahorro y tomar decisiones con criterio propio, y no como instrucción para administrar cuotas.
4. Incluir con carácter urgente un capítulo sobre cómo salir de las deudas: negociación con acreedores, prescripción de obligaciones, refinanciamiento con orientación independiente y asesoría legal gratuita.
5. Incorporar como contenido obligatorio los derechos del consumidor financiero: prescripción de deudas, protección contra el acoso financiero, acceso a los registros crediticios y canales de denuncia ante la SUGEF y la DAC.
6. Incluir a ejecutivos y asesores de crédito como destinatarios de programas formativos de la ENEF, con énfasis en colocación responsable, evaluación real de la capacidad de pago e instrumentos públicos de aval y garantía.
7. Financiar la educación y defensa del consumidor financiero con cargo al BCCR y al CONASSIF, con independencia real de quienes ofrecen el crédito.
8. Establecer un sistema de evaluación con indicadores de impacto sobre el sobreendeudamiento de los hogares y los expedientes de cobro judicial activos.
9. Articular la ENEF con una iniciativa legislativa que cree un mecanismo de reestructuración de deudas para la persona sobreendeudada.
10. Conceder una audiencia para ampliar lo planteado y explorar mecanismos de implementación conjunta.

La carta, firmada por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES, cierra con una advertencia: «Una política de educación financiera que no escucha a quienes trabajan con las familias endeudadas, que no incorpora sus derechos como contenido central y que se financia con los recursos de quienes les prestan el dinero, no es una política pública: es una hoja de publicidad con sello de Estado. RENASES cree que Costa Rica merece algo mejor, y está dispuesta a construirlo».

Contacto: renases.cr@gmail.com

Puede descargar la carta original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Carta-RENASES-MEIC-ENEF-28-setiembre-2026.pdf