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Etiqueta: educación pública

Marcha en defensa del Estado Social de Derecho y por la Educación Pública: una demanda nacional legítima

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  • CONARE rechaza las manifestaciones públicas del presidente de la República contra el Tecnológico de Costa Rica y su rectora

25 de octubre del 2023.  Debido al descontento ciudadano frente a las políticas públicas del actual Gobierno en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de la cual forma parte el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas convocó este 25 de octubre a una marcha nacional pacífica.

Esta manifestación propia de todo sistema democrático representa el ejercicio de las libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.

CONARE y las universidades públicas en conjunto con los otros sectores que participamos de la marcha respaldamos las siguientes demandas nacionales que hacemos al Gobierno de la República: soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universales y de calidad, la protección del ambiente y nuestra seguridad energética, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y cultura, facilidades para obtención de vivienda digna, atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.

Además, reiteramos un llamado urgente al fortalecimiento de la educación pública, el cual debe ir más allá de posturas ideológicas.

Estos pilares son el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho, hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

En este contexto, el CONARE rechaza las declaraciones públicas del presidente de la República contra la acción de protesta y en particular contra una de nuestras universidades el Tecnológico de Costa Rica y su rectora, que tienen como objetivo el desprestigiar y minimizar la participación multitudinaria en la manifestación.

Desprestigiar los movimientos sociales, acallar las voces y desoír las demandas de conglomerados que somos parte del pueblo soberano es negar la posibilidad al desarrollo de estrategias de acción colectiva para lograr fortalecer el bienestar social.

De tal forma, expresamos el respaldo al Tecnológico al promover activamente la participación en la marcha del 25 de octubre, con un cambio de actividades amparados a las funciones y responsabilidades que brinda nuestra Constitución Política y el Estatuto orgánico, que enmarca el quehacer de la universidad.

Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara.

Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia.

Instamos al presidente de la República al respeto de la autonomía y al diálogo abierto como para la elaboración de propuestas, soluciones y acuerdos que tanto requiere el país.

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

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Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

Frente Nacional de Lucha convoca a participar en la gran manifestación nacional en protesta de la gestión neoliberal del actual gobierno

Escrito en . Publicado en Derechos.

¡Las devastadoras políticas neoliberales se derrotan en las calles!

El Frente Nacional de Lucha (FNL) desea hacer del conocimiento de la ciudadanía y del pueblo costarricense que este próximo miércoles 25 de octubre se sumará a la gran manifestación nacional de protesta contra la gestión neoliberal del actual gobierno.

Al mismo tiempo, en tanto alianza de organizaciones de todos los sectores nacionales, el FNL extiende una invitación amplia a toda la ciudadanía para que se sume a esta gran movilización, con el fin de que, en nombre de la democracia real, demos cuenta ante el gobierno del gran descontento nacional existente debido a sus políticas neoliberales antisociales, con las que ha seguido beneficiando solamente al gran capital y a las grandes corporaciones, en detrimento abierto del pueblo y de la institucionalidad pública solidaria.

El Frente Nacional de Lucha (FNL) es una plataforma organizativa pluralista que integra a más de 60 organizaciones nacionales de todos los sectores sociales, la cual se conformó con el objetivo de encauzar, de manera organizada y planificada, y con base en el estudio y análisis riguroso, el enorme malestar presente en la sociedad costarricense ante las políticas neoliberales del actual gobierno, las cuales constituyen una continuación de las antisociales y antidemocráticas políticas y gestiones de los gobiernos del PLN, del PUSC y del PAC.

Con dichas políticas, y con base en un manejo irrespetuoso e irresponsable de la información y de la gestión institucional, el actual gobierno de Rodrigo Chaves está atentando contra la existencia de instituciones clave del desarrollo solidario del país, que han brindado por décadas bienestar, desarrollo y condiciones de convivencia pacífica a las familias costarricenses. Destacamos los sistemáticos ataques a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el sistema de educación pública y el sistema de becas, el INA y el BANHVI, además de que se afecta de manera directa al campesinado, así como al pequeño y mediano productor del agro y de la industria nacional.

Desde el FNL hacemos un llamado al pueblo costarricense para que rechace y para que proteste contra estas políticas neoliberales del actual gobierno de Rodrigo Chaves, quien, demostrando su carencia de independencia respecto a los intereses de las élites vinculadas al gran capital transnacional, así como su desinterés en gobernar para el pueblo, se ha subordinado a las directrices del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y se ha abocado a aplicar recortes irracionales a las instituciones públicas que, durante décadas, han establecido las condiciones básicas de la paz social que ha caracterizado al país.

Como parte de las motivaciones para participar en esta gran marcha del próximo 25 de octubre, el FNL desea manifestar su profunda preocupación, así como presentar la respectiva denuncia a la opinión pública nacional, ante los siguientes (entre otros) hechos relacionados con la gestión del actual gobierno:

  1. El empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora y de los pequeños comerciantes y productores nacionales ante la ausencia de políticas económicas coherentes, lo cual se suma a la injusta y absurda política de salarios congelados.
  2. Los recortes en recursos para la vivienda de la case más empobrecida, así como los recortes en educación, comedores escolares y becas estudiantiles; recortes en cultura, en el presupuesto de las pensiones del régimen no contributivo y en programas de ayudas sociales para los más necesitados.
  3. Las intromisiones sistemáticas del gobierno en la administración de la CCSS para promover de manera subterránea su privatización, la incapacidad para resolver las listas de espera y la permanente negativa de cumplir las obligaciones legales de pago a la deuda de la Caja.
  4. El permanente irrespeto a la institucionalidad democrática, que se comete de manera permanente con la violación constante de la independencia de poderes y de las instituciones autónomas, así como de las obligaciones constitucionales.
  5. Las acciones irresponsables orientadas a promover, mediante varios proyectos de ley y mediante políticas públicas, la destrucción del modelo eléctrico solidario, que ha permitido al país ofrecer bienestar a través de una cobertura eléctrica superior al 99% de la población.
  6. Las miopes, reduccionistas y cortoplacistas políticas de atención al aumento exponencial de los índices de inseguridad y criminalidad asociados a las acciones de las mafias del narcotráfico, consistentes en priorizar recortes presupuestarios a las instituciones policiales, así como a instituciones públicas relacionadas con la oferta social solidaria de oportunidades, a pesar de que son las únicas que pueden potenciar el ascenso social, la mejora de condiciones salariales y la creación de alternativas laborales para las clases más empobrecidas, las cuales constituyen el sustrato de la actividad criminal en el país.
  7. El sistemático abandono de los agricultores y campesinos
  8. La ausencia total de políticas y acciones concretas de protección al ambiente, en general, y en particular en lo que respecta a la crisis climática, la situación del agua y el uso sistemático de agroquímicos tóxicos.
  9. El incumplimiento de la promesa de ataque al fraude fiscal, ante lo cual se sigue facilitando, normalizando y, de alguna manera, promoviendo la evasión y el fraude fiscal.

Ante este caótico escenario hacemos un llamado a toda la población para que salgamos este 25 de octubre a manifestar nuestro repudio a estas políticas neoliberales capitalistas radicales y demostremos a quienes gobiernan que el Pueblo va a dar pelea. Que esta movilización del 25 de octubre sea la demostración inequívoca de la unidad popular en defensa de las garantías sociales y las instituciones públicas que están al servicio de las mayo- rías y de los sectores populares.

No más pugnas de poder entre élites económicas sin conciencia cívica y sin amor patrio.
¡Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro!
¡Abajo las políticas privatizadoras y antipopulares!
¡Arriba los sectores populares que se organizan para luchar por sus derechos!

Frente Nacional de Lucha, 23 de octubre 2023.

La U pública y la defensa de la Caja

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

La Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades públicas son parte de un mismo sistema social. Fueron y son consustanciales en la construcción de Estados orientados a mejorar la calidad de vida mediante la inversión social pública. La mejora en la calidad de vida de una sociedad requiere alta inversión en educación y en salud.  La historia de Costa Rica demuestra que la fundación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja fueron pasos fundamentales para asegurar que la sociedad costarricense diera un giro radical hacia la mejora de la calidad de vida en general, lo cual se manifiesta en indicadores como la esperanza de vida al nacer que pasó de los 46,9 años en 1942 a 78,31 para los hombres y de 83,46 años para las mujeres, según datos del INEC de 2022 (ver Costa Rica en cifras).  Pero ahora mismo, lo que estamos perdiendo es la virtud de que una familia pudiera pasar en tan solo 3 generaciones de personas analfabetas, a personas con primaria y luego a personas con título universitario.

Otro tanto hay que decir del papel indispensable de la educación en todos sus niveles y la salud para elevar el nivel de calificación de la fuerza de trabajo. Por esa inversión social nuestro país tiene un mercado laboral atractivo para la inversión externa directa, y también para la inversión de capital nacional.  Este es un gran asunto por discutir que resumido en una pregunta es: ¿qué pasaría si a las empresas que vienen y contratan a las personas con buena salud y elevada calificación universitaria, les decimos que deben pagar al menos una parte de lo invertido en cada una de esas personas desde que nació hasta el día que la contrataron?  ¿Cuánto deberían pagar?  Es ahí cuando vemos que toda la inversión social en educación, salud, vivienda, la recreación social, inversiones para atender especialmente a las personas mayores y más pobres en general, fueron indispensables para contar con una fuerza de trabajo/personas trabajadoras saludables y capacitadas.

Otro elemento que une absolutamente la Caja con el sistema de universidades públicas es el grado y autonomía que constitucionalmente les fue otorgado para cumplir eficientemente y a cabalidad sus misiones.  Ambas entidades fueron dotadas de una autonomía especial que les permite autogobernarse y definir autónomamente cuáles son las necesidades en las cuales debe invertir los recursos que reciben de la sociedad costarricense por medio del Gobierno.  Cuando se debilita la autonomía de la Caja por cualquier vía sucede exactamente la misma agresión que cuando se trata de debilitar la autonomía de las universidades públicas.  Las destituciones ilegales de la presidencia ejecutiva de la Caja y de sus directivo.as, son tan graves como recortar, sin justificaciones válidas, el presupuesto de la educación.

La defensa de la salud y de la educación, en este caso de la Caja y de las universidades públicas, son tareas que van en paralelo.  Si se trata de mantener y fortalecer sociedades algo o más justas y equitativas, tal y como está establecido en los principios de la Caja y en los Estatutos orgánicos de las universidades públicas, es indispensable mancomunar esfuerzos para hacer cumplir la autonomía especial de rango constitucional que ambas instituciones tienen.

Cuando las universidades públicas nos sumamos a la defensa de la Caja, de su financiamiento y de su autonomía, estamos haciendo en paralelo defensa de esos mismos principios para la educación pública.  Ambas son indispensables para hacer cumplir garantías sociales que deben ser recuperadas, reforzadas y aseguradas. En la sociedad costarricense no se puede entender un buen sistema de salud pública sin un buen sistema educativo público.  No podríamos comprender la relevancia y aporte crucial de la Caja Costarricense del Seguro Social en la mejora de la calidad de vida de la sociedad costarricense, sin comprender el aporte de la Universidad de Costa Rica, y del sistema público de universidades en la formación de las personas especialistas en todos los campos que requiere el sistema de salud. 

Es el sistema de educación público en el que se han formado la mayor parte de las personas que hoy son trabajadoras de la salud en todos los campos.  Esto incluye al personal que puede realizar una operación del más alto grado de especialización, pero también el que atiende laboratorios, farmacias, servicios de enfermería, comedores hospitalarios, servicios de limpieza, etc, pues todos, absolutamente todos, los servicios de salud requieren diferentes niveles de formación académica. En una visión integral de salud, todos los servicios devienen en esenciales, fundamentales y complementarios a la hora de garantizar una atención integral de salud.  La historia de la salud en Costa Rica es en gran parte la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social y en paralelo es la misma historia de la universidad pública. Se trata de un mismo sistema de inversión social, que es el que permitió que la sociedad costarricense se construyera con niveles de vida altos y aceptables, pero ahora en caída.  

En el “Pronunciamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica con respecto al informe FEES aprobado por la Asamblea Legislativa” (ITCR, 2021, primera edición), respondimos innumerables acusaciones infundadas de parlamentario.as del cuatrienio anterior.  Reseñamos que en la última Agenda de Cooperación entre gobierno y universidades públicas, se incluyeron “18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos. El presupuesto que financia todos estos proyectos de la Agenda de Cooperación proviene de los Fondos del Sistema del FEES y de aportes de las universidades estatales.  La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República” (ITCR 2021.169).

Otro dato que debe destacarse es que para contribuir con la emergencia por la COVID-19, las universidades cedieron ¢13.000 millones del FEES (de su presupuesto en caja). “Además, trasladaron ¢6.000 millones para fortalecer al sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos tuvieran la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Adicionalmente, del presupuesto 2020 se financiaron diecisiete proyectos de investigación para atender la pandemia del COVID-19 (ITCR 2021. 28 y 105).

Hoy, el modelo estatal neoliberal está orientado a borrar la inversión social y la convirtió en un simple “gasto” aduciendo que cualquier inversión social es imposible porque el Estado es financieramente deficitario.  Desde hace década transitamos de la inversión social al gasto y luego al déficit.  Ese desfinanciamiento de la CCSS, de la educación, y en general de la inversión pública, se da mientras el Ministerio de Hacienda (2023) -sólo porque es obligado- da a conocer la “Lista de contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes nacionales que declaran el impuesto sobre la renta (utilidades) con “pérdida” o “cero ganancias” actualizado al 30/06/2023”, según el cual en el año 2022 205 empresas se declararon con “pérdida” o “cero ganancias”. Ante esa propuesta no queda más que sumar esfuerzos entre las instituciones estatales asociadas con la existencia del Estado social costarricense, como la Caja y el sistema educativo público, para hacer que se cumpla lo que la Constitución y otras leyes dicen sobre el presupuesto para inversión social. 

En las últimas décadas los gobiernos de Costa Rica han deambulado en materia de inversión social, haciendo inversiones focalizadas pero no invirtiendo con visión estratégica en los servicios de salud.  Eso es lo contrario de lo que debería hacerse siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de entidades como la Comisión económica para América Latina (CEPAL), que en su estudio “Panorama Social de América Latina” (2021) hizo un llamado claro y directo a fortalecer los sistemas de salud en todos los países.  Entre otras notas clave de la CEPAL, destacan que “Los sistemas de salud son fundamentales para el bienestar y la salud de las poblaciones”, y que “la salud es la parte más importante para el desarrollo de las capacidades humanas, por lo que se ha sostenido que explicaría de forma robusta las distintas sendas de desarrollo económico”.

En resumen, debemos repetir que contrario a lo que pide la CEPAL, los gobiernos provocan que cada día más personas se vean privadas de acceso a sistemas de salud eficientes, integrales y reciban atención verdaderamente humanizada, precisamente porque están cayendo las inversiones y se está ensanchando el campo de acción de la enfermedad como negocio privado.

Criminalización de la protesta social en Costa Rica año 2023 – Fabián Fernández Ureña – Kendall Eduardo Rodríguez

Escrito en . Publicado en Derechos.

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

La ACODEHU informa que, estos dos estudiantes costarricenses, el primero con nivel universitario, y el segundo joven de secundaria están siendo víctimas de fuertes procesos de criminalización y judicialización de la protesta social.

En el contexto del movimiento de huelga, en Defensa de la Educación Pública, cientos de estudiantes se movilizaron en diferentes lugares del país: Osa, Siquirres, Caribe, Pacífico, Heredia y provincia de San José. En dicha movilización representantes de los diferentes programas educativos, por ejemplo los PEC, CINDEA, Aula EDAD, CONED, y demás centros educativos correspondientes al Ministerio de Educación Pública-MEP, utilizaron la protesta social pacífica, para denunciar la mala preparación, recortes presupuestarios a la educación pública, inconformidad con los cambios abruptos en las pruebas estandarizadas, pérdida de becas, cierre de comedores, deficiencias en los transportes estudiantiles y deterioro de las instalaciones de los centros educativos en diferentes partes del país.

Dichas protestas canalizaron el malestar estudiantil contra la ministra ANNA KATHARINA MÜLLER y contra otras autoridades del gobierno; por lo que el día 7 de agosto del año 2023 efectuaron una movilización hacia casa presidencial denunciando sus inconformidades y exigiendo un documento escrito de Casa Presidencial. En esta protesta social de carácter pacífico algunos(as) de los(as) estudiantes que se manifestaban fueron detenidos y víctimas de la violencia brutal de la policía contra estudiantes de secundaria del país.

La ACODEHU manifiesta que la protesta social es un derecho humano fundamental que permite canalizar el derecho a la expresión, el derecho a la organización de diferentes sectores de la sociedad costarricense, como uno de los ejercicios de participación ciudadana, propios de la democracia participativa.

Llamamos a la solidaridad con el movimiento estudiantil de la secundaria y específicamente para con los jóvenes Randall E. Rodríguez y Fabián Fernández U., como víctimas del proceso judicial que estarán enfrentando el martes 17 de octubre a las 10:30 AM, en el Circuito Judicial de San José.

La ACODEHU condena la violencia de la policía en este país y exigimos el respeto de la protesta social como derecho humano fundamental.

San José, 16 de octubre de 2023

UNA expone delicada situación educativa: ¡Costa Rica en Alerta!

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en un acto de responsabilidad cívica y urgencia nacional, revela la impactante verdad sobre el sistema educativo costarricense y lanza un llamado de emergencia a toda la sociedad. Este revelador evento tuvo lugar el pasado miércoles 27 de setiembre y contó con la destacada participación de los ponentes académicos Pablo Chaverri Chaves y Guiselle Román López, además de la investigadora Isabel Román Vega, coordinadora del Estado de la Educación.

El noveno informe del Estado de la Educación, una investigación exhaustiva y crítica, ha dejado al descubierto la crisis que amenaza con desmantelar el futuro del país. Los hallazgos de este informe son devastadores y exigen una acción inmediata, según expresaron los ponentes.

Pablo Chaverri Chaves, académico de la UNA, tras el análisis del documento, comentó que “podríamos decir que hay tres conclusiones e implicaciones fundamentales. La primera y la más importante se refiere a los estudiantes y la crisis de aprendizaje que se está dando. El segundo caso se relaciona con las personas docentes y sus condiciones laborales, así como los sistemas de contratación y selección, que son fundamentales para garantizar calidad educativa: no puede haber calidad educativa sin calidad docente. El tercer elemento es el financiamiento, tal como lo indica el artículo 78 de nuestra Constitución Política, que establece que se debe destinar al menos un 8% del PIB a la educación en Costa Rica, y lamentablemente, tenemos una tendencia a la baja”.

Por su parte, Guiselle Román López, académica de la Universidad, acotó que este rezago viene desde muchos años, pero que la situación ahora es crítica. “Hay varios aspectos que construyen toda una estructura del proceso educativo en Costa Rica y que ha atravesado los diferentes momentos en las últimas décadas, especialmente desde los 80, cuando hubo una crisis terrible de la educación y un rezago importante de esa generación que hoy está trabajando. Esto sigue como una herencia que hoy se manifiesta en diferentes indicadores que siguen siendo estructurales. Para mí, eso es lo más grave: que no se está abordando de la manera correcta un fenómeno que es complejo desde una solución compleja; es decir, multidimensional. Deben abordarse equipos interdisciplinarios, ya que sigue habiendo no solo un rezago educativo y la adquisición de habilidades y conocimientos técnicos, sino que también esto va agravar la expulsión de un grupo importante de estudiantes del sistema educativo.”

Entre los aspectos del informe que los expositores identificaron como “alarmantes”, se encuentran cuatro puntos cruciales:

  1. Desplome en la inversión educativa:

Los académicos de la UNA hacen un llamado de emergencia para revertir el dramático descenso en la inversión en educación, buscando alcanzar el 8% del PIB. Según los expertos, esta inversión es esencial para rescatar nuestro sistema educativo y garantizar un futuro prometedor para las generaciones venideras.

  1. Rescate de aprendizajes y reducción de rezagos:

La crisis ha causado estragos en el aprendizaje de todos los estudiantes. Es vital que la sociedad se una en un esfuerzo masivo para recuperar lo perdido y eliminar las brechas educativas que amenazan con perpetuar la desigualdad.

  1. Transformación urgente de la evaluación educativa:

La evaluación educativa está en crisis. Es imperativo que se reevaluen y reformen radicalmente los procesos de evaluación para garantizar una educación de calidad y pertinente.

  1. Respeto y mejora de las condiciones docentes:

Los educadores y educadoras, pilares fundamentales de la sociedad, merecen condiciones de trabajo dignas y respeto absoluto. Es hora de reconocer su ardua labor y brindarles el apoyo que necesitan según los experimentados en educación.

El CONARE convoca a todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta la sociedad civil, para unirse en un esfuerzo sin precedentes y tomar medidas audaces para abordar esta emergencia educativa. La crisis educativa de Costa Rica no puede ni debe ser ignorada, concluyeron.

Pueden ver las entrevistas en el siguiente video:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Hoy debemos ser más prudentes que nunca

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marco Vinicio Fournier

Tal y como lo habíamos anunciado, los niveles de violencia tienden a aumentar conforme disminuye el apoyo al presidente, ya que la población sufre una decepción más y una evidencia más del poco compromiso de la clase política con las miserias de la mayoría de la población.

Definitivamente la mayoría de los homicidios están asociados al crecimiento del narcotráfico. Pero también existe un problema creciente de violencia cultural que genera manifestaciones más allá del crimen organizado. Piénsese, por ejemplo, en los suicidios y en las muertes en accidentes de tránsito, que juntos superan la tasa de homicidios. O en los hechos de violencia en centros educativos que también la superan con creces como tasa poblacional.

Por otra parte, recuérdese que la relación entre la tasa de homicidios y el coeficiente Gini es de 0,70.

Entonces, es innegable que urgen mejores estrategias de seguridad; pero, por encima de esto, urge un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y mejores estrategias de socialización para una cultura de paz y convivencia. Cuando un pueblo se empobrece y pierde respeto al ordenamiento jurídico, necesariamente se hará más violento, pero también se sentirá más atraído hacia el crimen, incluyendo el narcotráfico.

Por eso, es un absoluto sinsentido el quitarle recursos a la educación para reforzar la seguridad. Pero también resulta irracional el generar más violencia con la excusa de controlarla.

Solo durante esta semana, he leído dos artículos que insisten en que Costa Rica no puede enfrentar al narcotráfico porque no tiene ejército y se compara a nuestro país con México y Colombia, como si esos países hubiesen logrado algún tipo de avance en el control de la violencia asociada al narcotráfico a través de la acción de sus ejércitos. Ni qué decir de los Estados Unidos, con el ejército más poderoso del mundo y con el mayor consumo de drogas por parte de su población.

Del mismo modo, en uno de los artículos que circularon esta semana se menciona también que nuestros parques nacionales son un obstáculo para la lucha contra el narcotráfico, mientras se promueve un nuevo megaproyecto turístico frente al Parque Nacional Santa Rosa.

Dentro de esta misma línea, la ANEP apoyó públicamente el abuso policial de hace dos semanas, en donde fueron brutalmente agredidas muchas personas frente a la Asamblea Legislativa, incluyendo profesores y estudiantes universitarios, una diputada, periodistas y varias activistas feministas. Según la ANEP, la censurable actuación de la policía se basaba, precisamente, en la necesidad de combatir el consumo de marihuana, aunque no se hubiese encontrado esta droga en ninguna de las personas detenidas y aunque el motivo de la manifestación fuera el rechazo a la violencia policial.

Ante la ola creciente de violencia, es entendible que surjan con mucha fuerza sentimientos asociados al miedo, al tiempo que también se genere mucho enojo ante la incapacidad del gobierno para enfrentar el problema.

Sin embargo, debemos ser muy prudentes al escoger las estrategias a seguir o a apoyar. El miedo puede llevarnos a aceptar políticas que a la postre generan más violencia, como el apoyo a un ejército o a la brutalidad policial. Del mismo modo, el enojo puede llevarnos a aprobar medidas autoritarias y agresivas, como las que sistemáticamente ha favorecido el gobierno actual, o a permitir en nosotros mismos actitudes y conductas violentas hacia nuestros familiares o vecinos o hacia sectores de población más vulnerables.

Pero tampoco es solución la paralización, la sumisión o la resignación. Debemos insistir en que la mejor estrategia para combatir la ola de violencia es el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y el apoyo a los esfuerzos para una educación integral, de calidad y de amplia cobertura. Pero ese mejoramiento no vendrá jamás como iniciativa del gobierno, por lo que la mejor solución pasa por el trabajo organizado y activo de la población exigiendo y promoviendo estrategias de enfrentamiento de la violencia a través de la promoción de una cultura de paz y respeto y exigiendo mejores políticas de redistribución de la riqueza y mejores estrategias de prevención y combate a la corrupción y a la violencia en todas sus manifestaciones. El miedo y el enojo deben canalizarse hacia la participación política activa y propositiva y dirigida al beneficio de la gran mayoría de la población, con énfasis en los sectores más vulnerables.

 

 

 

Foro: Emergencia en la educación pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Mujeres por Costa Rica invita al foro: «Emergencia en la educación pública», el cual se llevará a cabo este martes 19 de setiembre a las 4 p.m. en la Biblioteca Nacional (Sala España) y será transmitido por medio de Facebook Live de esta organización.

Participan:

  • Isabel Román, Estado de la Educación
  • Alicia E, Vargas, Mujeres por Costa Rica
  • Karen Marín, presidenta de la FEUCR
  • Randall Cordero, representante de la Federación de Estudiantes de Seccundaria

Modera: Yamileth González, Mujeres por Costa Rica

¿Quién inventó lo del 8% a la educación pública?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Margarita Bolaños Arquín

Bien sabemos que hacer cambios en nuestra Constitución Política es muy complejo. Se requiere de arduas y prolongadas negociaciones, y esperar el momento oportuno de alineación de los planetas. Pues ese fenómeno astral ocurrió precisamente el 26 de mayo del 2011, cuando se dieron las condiciones necesarias para la aprobación de la REFORMA DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, Ley No.8954 y, con ella, el aumento al 8% del PIB.

La reforma del 2011 establece claramente el derecho y refuerza la visión de la educación pública como un sistema. Además, condiciona que “El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios”.

Pero hay que retroceder en el tiempo para entender las razones que justificaron la aprobación del 8%. En el año 1997, el artículo 78 de la Constitución Política fue reformado según Ley No. 7676, para darle rango constitucional al 6%. El porcentaje alcanzado tampoco fue una ocurrencia, fue corolario de las presiones, propuestas y negociaciones de los movimientos sociales, que, desde distintas posiciones, se opusieron a la privatización de los servicios públicos como la panacea neoliberal para modernizar al Estado y acabar con la pobreza.

Recordemos la huelga de cinco semanas del magisterio nacional en julio-agosto 1995. Esta inicia con la reforma al régimen de pensiones, pero deja al descubierto las debilidades del sistema educativo para enfrentar las amenazas de la globalización y la creciente desigualdad social, producto de los cambios en la estructura agroindustrial promovidos por los PAES. En un ambiente de tensiones políticas y críticas al Pacto Calderón-Figueres, se aumenta el porcentaje del PIB destinado a la educación y se decreta la Política hacia el siglo XXI que marca la llegada de INTEL a Costa Rica, como bien lo describe el ex ministro de educación de esos años, Eduardo Doryan en sus memorias.

La gradualidad del aumento del PIB al 8% a la educación está ligada a las presiones y negociaciones promovidas por los movimientos sociales y las fuerzas políticas representadas en el legislativo y en el ejecutivo por mantener, por un lado, sus intereses y la estabilidad política y por otro, el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación pública como motor del desarrollo económico y la movilidad social.

Con la aprobación en primer debate de la “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado” (Combo del ICE), en marzo del 2000, se reactivan de nuevo los movimientos de defensa de la institucionalidad democrática y la educación pública ante un escenario global y nacional incierto. Sin dar tregua, dos años después se abre un nuevo capítulo: el Tratado de Libre Comercio (CAFTA), otra amenaza, esta vez de naturaleza extraterritorial. El país vivió un periodo de siete años de análisis, debates y recomendaciones múltiples para enfrentar el futuro. Durante la discusión del CAFTA sí hubo cambios importantes en la arquitectura institucional, pero no se dieron los resultados económicos prometidos por sus defensores.

Firmado el CAFTA, el aumento al 8% para el financiamiento de la educación se valoró como una medida necesaria para afrontar la apertura y sus consecuencias: automatización del trabajo, rezago tecnológico, infraestructura limitada y los intereses corporativos nacionales y transnacionales por cooptar el mercado de las telecomunicaciones. Desde las universidades públicas y los gremios de educación, la propuesta de aumento se consideraba clave. El partido Acción Ciudadana para la campaña electoral del 2006-2010, lanza en su programa de gobierno el aumento al 8% y lo justifica reconociendo los aciertos y las falencias del sistema educativo en las décadas anteriores. Su fracción legislativa (2010-2014) continuó trabajando la propuesta. Gracias a la creación de la Alianza Parlamentaria por Costa Rica, que aglutinó la mayoría de la oposición al Partido Liberación Nacional, y con Juan Carlos Mendoza en la presidencia del directorio, se logra aprobar la reforma escalonada para alcanzar el 8%.

Es un logro de muchos años de negociaciones, manifestaciones, cambios político-electorales y esfuerzos de diversos sectores del espectro ideológico costarricense. Es, estemos de acuerdo o no con los logros y alcances de las negociaciones, un triunfo político en democracia que siguió la vía constitucional.

Señora ministra Anna Katharina Müller Castro, La Ley Fundamental de Educación aprobada en 1957, con algunas modificaciones en los últimos años, continúa siendo faro y luz para no perderse en la oscuridad del Universo, los vertiginosos cambios tecnológicos, las amenazas del cambio climático y la pérdida de esperanza en el futuro.

¡Qué vergonzoso, ministra Müller!

Escrito en . Publicado en Análisis, Educación.

Por Luis Paulino Vargas Solís

Lo que la ministra Anna Katherina Müller dijo en la ULACIT, gozando para ello del espacio de confort y tolerancia que le ofrece esa empresa educativa regentada por familiar suyos, es extremadamente grave y alarmante. Con el permiso de ustedes, me referiré a las escandalosas barrabasadas que dejó dichas esa señora:

1) La disposición para que los presupuestos para el sistema educativo estatal, en su conjunto, no sean inferiores al 8% del producto interno bruto anual de la economía, está contenida en el artículo 78 de nuestra Constitución.

2) Se trata, por lo tanto, de una decisión política aprobada según las reglas propias de la democracia, las cuales en este caso se aplican con especial rigor, ya que, entre otras cosas, una reforma constitucional demanda mayoría calificada de al menos dos tercios del total de los votos en la Asamblea Legislativa.

3) En cuanto decisión política y democrática, la norma del 8% del PIB para educación, pudo haber tenido una fundamentación técnica y científica, pero no era necesario que la tuviese. En lo fundamental, esta disposición traduce una aspiración: sobre el país que queremos tener y la sociedad en la que queremos vivir. Eso no puede ser determinado ni fundamentado científicamente. Es, digamos, un valor y una aspiración de alcances metacientíficos.

4) En cuanto que norma constitucional -superior incluso a las leyes- es de acatamiento obligatoria. Cierto: nadie está obligado a lo imposible, es decir, puede acontecer que en un determinado año o, incluso, en una sucesión de años, no sea posible alcanzar el límite del 8%, porque razones objetivas de mucho peso lo impiden. Pero eso no exime de su obligación al presidente y a cada ministro y ministra, quienes tienen el deber ineludible de hacer el máximo esfuerzo con el máximo empeño, en tratar de cumplir.

5) Podrían estar en desacuerdo, pero eso no les exime de sus obligaciones y responsabilidades, ni les autoriza -como lo hace Müller- a renegar de ellas. En tal caso, lo que corresponde es que promuevan un cambio en la norma constitucional, siguiendo los procedimientos democráticos establecidos.

6) Las políticas educativas -llámense “ruta de la educación” o lo que fuere- sí deberían tener fundamentación técnica y científica.

7) Por lo tanto, no es de recibo -es una charlatanería y un insulto- venir a decir, como lo hace Müller, que tenemos una política educativa que es un “invento” personal de ella, un nebuloso y fantasmagórico “proceso vivo” que carece de objetivos y metodologías conocidas, y el cual, al decir de la ministra, ella podría dejar plasmado en un documento que elaboraría “en un fin de semana”. Es inaudito que toda una ministra de Educación se exprese con tanta frivolidad e irrespeto.

Si ya la crisis educativa es grave, con el gobierno de Rodrigo Chaves, y bajo la conducción de Müller, lo único que cabe esperar es el colapso total y definitivo.

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