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Etiqueta: educación pública

Carta pública al presidente electo- OIDH-CR

Carta pública

San José, abril del 2022.

Sr, Rodrigo Chaves Robles

Presidente Electo de la República de Costa Rica.

Presente.

Estimado Señor:

La Organización Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) es una agrupación inscrita en la Sección de Asociaciones del Registro Público con la cédula jurídica No. 3-002-587995.  Como Organización de la sociedad civil, estamos muy interesados en promover, mantener e intensificar, desde un enfoque interseccional, las conquistas alcanzadas en los últimos años que han venido a satisfacer algunas de las demandas y necesidades sentidas y manifiestas de aquellos grupos que históricamente hemos sido excluidos de la condición de ciudadanía por orientación sexual, identidad o expresión de género, condición migratoria, procedencia étnica, condición etaria, discapacidad.

Frente a su elección y pronta toma de la dirección del Poder Ejecutivo, nuestra Organización, está interesada en que usted pueda conocer algunas de nuestras preocupaciones con el objetivo de que sean tomadas en cuenta en su gobierno de manera explícita que permitan suscitar políticas públicas inclusivas, justas y equitativas que beneficien a los sectores sociales que nuestra Organización representa.

En consecuencia, Señor Chaves, nuestros puntos son los siguientes:

  1. Promoción de una ley antidiscriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género, procedencia étnica, estatus migratorio, discapacidad, adultos mayores de la diversidad.  (Hay un proyecto de ley de reconocimiento de los derechos a la identidad de género e igualdad ante la ley -Proyecto de ley número 19841- actualmente archivado en la Asamblea Legislativa, que sería una buena base para discutir.)  Y eliminar de la ley de empleo público lo referente a la objeción de conciencia.
  2. Impulsar un programa de capacitación para todas las personas funcionarias públicas acerca de los derechos humanos de todos los grupos que históricamente hemos sido vulnerabilizados.
  3. Revisar y reforzar científicamente los programas de afectividad y sexualidad en la educación pública y privada.
  4. Desarrollar un programa de desarrollo integral para las personas transgénero, transexuales e intersex.
  5. Potenciar en los distintos municipios programas de inclusión social para personas que forman parte de las comunidades sexualmente diversas.
  6. Mantener el 17 de mayo como el Día en contra de la Homolesbobitransfobia.  Y conmemorarlo por parte del Gobierno. 
  7. Consolidar la figura del comisionado o comisionada presidencial para asuntos de la diversidad sexual, afectiva y de género, asignándole presupuesto y reconociéndole la condición de funcionario público con carácter de asalariado y no ad honorem.
  8. Promover en las regiones costeras, junto con sus municipalidades, oficinas de la diversidad sexual, similares al modelo vigente en la Municipalidad de Goicoechea, que permita movilizar recursos para la potenciación de capacidades de todo tipo para la población diversa sexual y de género presente en cada una de esas regiones, en especial orientadas al empleo y autoempleo, al emprendimiento y la culminación de los procesos formativos para todas aquellas personas que se han quedado rezagadas, esto mediante acciones conjuntas entre el MEP, el INA y universidades públicas ubicadas en esas zonas.
  9. Promover un censo nacional que permita determinar la cantidad de población diversa sexual y de género que vive en Costa Rica para la toma de decisiones en materia de política pública.
  10.  Mantener, impulsar, mejorar y promover todos los programas de prevención contra las infecciones de transmisión sexual.  Que la distribución eficaz, efectiva y amplia de medicinas antirretrovirales y la PrEP (medicina preventiva) sea muy ágil y sin tanta limitación.
  11.  Desarrollar una discusión nacional de alto nivel acerca de la urgencia de declarar a Costa Rica un estado laico.
  12.  Mantener y consolidar todas las conquistas alcanzadas por la comunidad de la diversidad sexual y de género durante los últimos ocho años.
  13.  Tipificar como delito agravado los crímenes de odio.
  14.  Crear programas de protección real y eficaz a personas activistas y defensoras de Derechos Humanos: de la diversidad sexual y de género, afrodescendientes, ciudadanos originarios, migrantes y refugiados en Costa Rica.
  15.  Mantener políticas de puertas abiertas para la protección de las personas refugiadas.
  16.  Garantizar que los funcionarios públicos brinden una atención integral y efectiva en sus funciones a los habitantes del país, sin malas caras o malos tratos, menos sin tener la necesidad de recurrir a un Recurso de Amparo ante Sala Cuarta Constitucional para hacer que ellos como funcionarios públicos hagan su trabajo.
  17.  Garantizar la seguridad de los pobladores indígenas y acatar los llamados de los mismos sobre la protección de sus tierras.  Que sus tierras ancestrales se les retornen a su poder.  Que se investigue el destino de los fondos girados hasta el momento a estos grupos.
  18.  Mejorar el índice de seguridad para la ciudadanía, evitando incluso que los funcionarios se burlen u omitan agresiones, ofensas, acosos y hostigamientos a la mujer, migrantes, indígenas, personas de la comunidad diversa sexual y de género, personas con discapacidad y comunidades marginadas, proporcionando seguridad en puntos alejados del Área Metropolitana.
  19.  Mejorar o reconstruir la infraestructura y garantizar una educación integral REAL a los habitantes que estudian en las comunidades rurales, que garantice que los profesores no tengan que poner de sus bolsillos para que los alumnos tengan que moverse a los centros de estudios, que tengan útiles escolares o incluso comedores dignos.
  20.  Mejorar los programas de asistencia social y seguridad en comunidades rurales, tanto los citadinos de la GAM como los campesinos son habitantes de este país y tienen los mismos derechos, por tanto, deben ser tratados con la misma igualdad que otros, no dando excesivo lujo al capitalino o metropolitano e ignorando la necesidad de hambre del que habita en lo rural.
  21.  Realizar atención psiquiátrica y psicológica gratuita.  Una línea de atención de crisis para personas suicidas para personas en crisis o con problemas psicológicos o psiquiátricos.
  22.  Que personas mayores de la diversidad y de género tengan especial protección estatal.

Los puntos señalados son considerados por nuestra Organización como mínimos necesarios para garantizar que en el presente y en los próximos años nuestra sociedad y, en general, nuestro país, pueda seguir avanzando por la senda del desarrollo integral y mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas, y mejore radicalmente la situación que nos ha calificado últimamente como una de las sociedades más desiguales del continente americano, para circunscribirnos solo a nuestra región. 

Asimismo, tome en cuenta que OIDH-CR estará dispuesta, siempre que así se disponga por parte de las eventuales autoridades de gobierno a colaborar estrechamente para avanzar por la ruta de la inclusión, justicia y equidad.  

De antemano, le agradecemos su disponibilidad para establecer el diálogo para que en conjunto logremos regresar a Costa Rica a nuestro lugar, reconocido internacionalmente, de respeto a los derechos humanos y la mejor distribución de la riqueza.

Por Junta Directiva OIDH-CR.

Enviado a SURCOS por Marco Castillo Rojas.

La democracia que tenemos. La que podríamos tener

Alberto Salom Echeverría

Después de celebrada la primera ronda del proceso electoral 2022, una prima envió al chat de la familia un conmovedor artículo de una persona nicaragüense, admirada por lo que vio el 6 de febrero en las calles costarricenses, día en el que se celebró la primera ronda de las elecciones. Esta ciudadana nicaragüense estaba como encantada por las cualidades que, en su opinión, exhibe el sistema político costarricense; pero a la vez la embargaba una enorme tristeza al comparar nuestro sistema democrático con lo que para ella es el remedo de democracia existente en el hermano país.

No la culpo. Nicaragua encierra en las cárceles a los opositores del gobierno, de cualquier signo ideológico, inclusive a héroes y heroínas de la Revolución Sandinista de julio del 79 que se jugaron la vida contra la tiranía somocista. En Nicaragua se ha vuelto a reprimir con violencia, como se hacía en tiempos del Somocismo, a los jóvenes, estudiantes, a las mujeres, ancianos, o a cualquier persona que se convierta en opositora beligerante del régimen de Ortega. En Nicaragua el sistema electoral está férreamente controlado por el gobierno, por lo que no existe libertad para formar partidos políticos como no sean turecas del oficialismo. La pobreza y la desigualdad allí siguen siendo flagelos que hieren hasta los más fuertes espíritus y destruyen a los más débiles o postergados, desde el punto de vista social y económico. En Nicaragua, en pocas palabras, la democracia no existe. Por todo eso y más comprendo las expresiones de halago hacia nuestro sistema democrático de la amiga de mi prima y su decepción respecto de su país. Pero ¿qué tan democrático es nuestro sistema político y nuestra convivencia ciudadana?

Los ingredientes que debe tener un sistema democrático

«La democracia exige que los derechos políticos y de las minorías se resguarden». «Luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia». “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”. Nelson Mandela. Primer presidente negro de Sudáfrica.

Cuando escribo sobre conceptos como es el de la democracia, me gusta inspirarme y traer a colación, pensamientos, frases de egregios o insignes ciudadanos que se hayan destacado en la vida por su ejemplo y coherencia. Nelson Mandela es en mi opinión uno de los más grandes líderes democráticos en el mundo contemporáneo. Mandela tuvo que soportar durante veintisiete años la cárcel a manos del segregacionismo blanco de su país. Su voluntad fue inquebrantable, nunca se doblegó. Por ello, su prestigio y su reputación crecieron como la espuma, hasta que se convirtió en el líder más connotado de todos los que lucharon contra la cruel represión de aquel sistema de “apartheid” de oprobio que imperó en Sudáfrica hasta tiempos muy recientes.

Me inspiro en Mandela, porque como se extrae de las tres citas que les he presentado, su concepción de la democracia trascendió lo puramente formal, para apuntar a los derechos humanos de primera generación, o sea los civiles y políticos de las personas, pero junto a ellos, los de la segunda generación que son, los económicos, sociales y culturales, valga decir, el derecho al trabajo, a una remuneración digna, a la seguridad social, a la salud, a la educación, así como a un nivel de vida digno. Los de la tercera generación, son los derechos colectivos o de solidaridad. Todavía se ha destacado una cuarta generación de derechos que son el derecho a la paz, a la solución pacífica de los conflictos por medio de un tribunal internacional que intervenga contra los crímenes de lesa humanidad y, muy importante hoy en día, el derecho a un desarrollo sostenible y a preservar el medio ambiente natural y el patrimonio de la humanidad.

En suma, el sistema democrático, implica ciertamente un régimen en el que haya elecciones libres, informadas y competidas, de modo que todas las personas ciudadanas puedan concurrir sin restricción alguna a emitir su voto periódicamente. O sea, como se infiere claramente de la primera de las citas que les he presentado, un sistema en el que se resguarden los derechos políticos de todas las personas, pero con acento en los derechos políticos de las minorías. La razón es sencilla, los derechos de los grupos minoritarios pueden resultar ignorados por los grupos dominantes.

En Costa Rica, por ejemplo, esta discriminación fue contundente desde nuestra independencia hasta muy entrada e instaurada la vida republicana contra los desvalidos de los bienes de fortuna. Las minorías étnicas y las mujeres de manera connotada entre ellos han sido fuertemente dejadas en un papel cívico inferior al de los hombres; todos estos grupos de la sociedad se vieron siempre marginados de la participación del derecho a elegir, ser electos; las minorías también sufrieron en cuanto a que no disfrutaron por mucho tiempo del derecho de movilización en todo el territorio nacional e inclusive en lo concerniente a la libertad de expresión. Insisto, las minorías indígenas, los afrodescendientes, chinos y otras minorías étnicas, hasta tiempos muy recientes vivieron segregados de los derechos civiles y políticos que poseían en sí y para sí, solamente los acaudalados de los bienes de fortuna. Es decir, la democracia la habían construido únicamente para ellos mismos, como ocurría en la esclavitud. Todo lo que queda expresado, fue una realidad hasta la Constituyente de 1949, cuando se consagró en la Constitución de la República, para todos los ciudadanos, el derecho a poseer el voto democrático para elegir presidente o vicepresidentes de La República, a postularse para ser diputado, alcalde, regidor o aspirar a la libre movilidad de las personas en todo el territorio, y la plena libertad de expresión. Estas y otras conquistas y derechos civiles y políticos individuales se alcanzaron gracias a la lucha tesonera de las mujeres, de los afrodescendientes, de las poblaciones indígenas, de los chinos e italianos que habían sido traídos para incorporarse a la construcción del ferrocarril, en condiciones paupérrimas de semiesclavitud, desde fines del siglo XIX. Otro tanto ocurrió después con el resto de los derechos de segunda, tercera y cuarta generación. Nada de esto ha podido alcanzarse en ninguna parte del orbe, sin que medie la lucha de los pueblos por sus derechos.

La democracia es pues, un concepto que irradia luz a todos los aspectos fundamentales de la convivencia de los pueblos y naciones, para que se pueda forjar una cultura democrática trascendente y no solamente una forma de elegir a los representantes políticos y consagrar en la legislación el derecho a ser electos. La democracia real en consecuencia ha de ser integral, interactiva entre los diferentes aspectos de la vida en comunidad. Concierne a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos, muy en especial a las personas con discapacidad, a quienes la sociedad debe ofrecer plenas oportunidades y garantías para su desarrollo individual y social. No puede haber democracia sin la consagración de estos derechos individuales de primera generación, pero tampoco la habrá si una nación no es capaz de erradicar la pobreza, la desigualdad social, y dotar a todas las personas que conviven en una comunidad política, de un ambiente sano, en el que se combatan, hasta hacerlas desaparecer, las prácticas depredadoras de los bosques, exterminadoras de los animales y contaminadoras de los océanos, mares y ríos. El reto como puede verse es grande y desafiante para toda la humanidad. Costa Rica, país pequeño como es, tiene sin embargo una gran importancia en todo lo dicho, pero más en este último tema del ambiente. La tiene por todo lo que hemos hecho y forjado, aunque falta mucho por hacer, Costa Rica ha suscitado y despertado admiración en numerosas naciones de la tierra. Su importancia tiene mucho de simbólico.

¿Cómo es la democracia costarricense y cómo quisiéramos que fuera?

Puedo entender a las personas nacionales y especialmente extranjeras que consideran que tenemos un régimen político maravilloso, como la amiga nicaragüense de mi prima; de verdad puedo entenderla; sobre todo cuando lo compara con el sistema político de su país, Nicaragua; cuyas falencias y dolores tienen hondas raíces históricas, las que son alimentadas hoy por déspotas como Daniel Ortega, Rosario Murillo y su cohorte de sometidos seguidores. Puedo entenderla, aunque pretendo aportar en el sentido de relativizar ese “maravilloso sistema político” que muchos nos atribuyen. Eso no quiere decir que no lo valore o, “contrario sensu”, lo menosprecie. De ninguna manera. Aprecio lo que hemos conquistado y lo defiendo con pasión y convicción.

¿Qué defiendo de nuestro sistema político? Defiendo y valoro el régimen de libertades democráticas alcanzado algunas veces hasta con sangre, sudor y lágrimas. La dolorosa guerra civil de la década de los cuarenta, en la que murieron hermanos de un bando y otro, sirvió para asentar profundamente un régimen de libertad electoral, que requería renovación y ajustes. No es un mito, como es harto conocido antes de la guerra, “los votos de los contendores del 48” se contaban en Casa Presidencial. En cambio, tras la guerra, se afianzó la libertad electoral y la independencia de un Tribunal Supremo de Elecciones que nació entonces con independencia del poder ejecutivo.

Esa conquista la defiendo “a muerte”. Perdón por la expresión, la empleo solo para que se me entienda mi convicción, hoy soy enemigo de las guerras, soy pacifista convencido. Eso lo aprendí de Mahatma Gandhi. Es invaluable, además, la abolición del ejército; un mérito histórico de José Figueres Ferrer, sin importar de quien fuera la idea primigenia. “El mazazo al Cuartel Bellavista” fue un símbolo bellísimo que reflejó una realidad, una voluntad inquebrantable de buscar la paz imperecedera como resultado de la guerra. Y fue también un símbolo de la democracia que se deseaba, entre otras cosas, porque aquí no se pagan sueldos para “generalotes”, se usan, o deberían usarse los recursos para construir escuelas, hospitales y carreteras. Aunque nos equivoquemos y algunas veces nos olvidemos de ello, o algunos usen el dinero público con abuso, premeditación y corrupción.

Hay plena identificación de la inmensa mayoría de la ciudadanía costarricense, de la juventud, con el régimen público de gratuidad de la educación primaria y secundaria. El analfabetismo sobrevive apenas en un 3.2% de la población. Aunque estamos avisados de su deterioro. ¡Cuidado con ello! La democracia costarricense igualmente no se podría entender sin una seguridad social como la que tenemos y que, los ganadores de la guerra civil profundizaron con la universalización del seguro social. Su desgaste igualmente ha provocado que algunas personas se equivoquen creyendo que la solución es la privatización de algunos de los servicios de la “Caja Costarricense del Seguro Social”. Sin esa formidable conquista anterior a la guerra del 48, pero que se profundizó tras ella, estoy convencido que la democracia se derrumbaría; conste no soy, ni quiero ponerme catastrofista. Otro tanto se puede decir respecto del ICE. La conquista de la creación del ICE después del 48 fue algo extraordinario para la democracia. La energía eléctrica y la telefonía llegaron hasta los lugares más recónditos. Democracia pura. Hoy el ICE requiere un remozamiento en el funcionamiento a cargo de la energía, puesto que ya el mercado de la telefonía celular se abrió. Sin embargo, ha sido una célebre conquista de la democracia costarricense. Hay voces privatizadoras, pero no creo que sea la mayoría de la población.

Costa Rica cuenta además con energías limpias, como la eólica, la solar, la proporcionada por la presión del agua, la geotérmica. Se habla ahora de la hidráulica o cinética y la potencial. Los bosques desde los decretos primero y luego las leyes de los años setenta, constituyen otra conquista esplendorosa de nuestra democracia. Por ahora me quedo aquí.

¿En qué necesitamos mejorar?

Persiste un nivel alto de contaminación, proveniente de emanaciones de gases de las fábricas que todavía usan combustibles fósiles. El principal factor contaminante lo constituye el parque automotor que produce alrededor del 56% de las fuentes contaminantes del aire. Las regiones más contaminadas están localizadas principalmente en el área metropolitana, o en las principales ciudades de la ruralidad del país. Lo grave es que aún este porcentaje se incrementa anualmente, debido a que los camiones o vehículos de combustión fósil crecen en un 7.4% cada año. En el 2020, nuestro país registró emisiones de CO2 del orden de 7,818 megatoneladas, por lo que llegó a ocupar el lugar n.69 en un ranking de países contaminantes de CO2, entre 84 naciones ordenadas de menor a mayor. La huella ecológica no es sostenible para Costa Rica, pues según datos del 2019 (de ODI/UCR), representa un 8% más de lo que el territorio es capaz de reponer. Como todo lo anterior, todavía tenemos deficiencias graves en la gestión y producción de residuos, además de este, algunos de los principales problemas son: la escasez y contaminación del agua, la sobreexplotación de los recursos del mar, así como el uso excesivo de agroquímicos.

Otros males que no podemos dejar de mencionar que afectan decisivamente la democracia son: el ominoso y abominable incremento de la desigualdad social. Nos hemos convertido en uno de los países con más rápido incremento de la desigualdad en el mundo. La pobreza y desocupación siguen representando un peso descomunal para la economía costarricense, la que acumula un déficit fiscal que venía siendo mayor del 7% del PIB; en el 2021, afortunadamente descendió a un 5.18%, el más bajo por cierto de los últimos tres años, según datos del Ministerio de Hacienda. Veremos si somos capaces como nación de disminuirlo, hasta que deje de representar un serio problema para nuestras finanzas.

Ciertamente, no hay democracia sin elecciones limpias, competidas y un TSE independiente del ejecutivo. Pero una democracia se robustece si el desarrollo no solamente hace crecer el Producto Interno Bruto anualmente, sino sobre todo si la distribución de la riqueza permite que cada vez porcentajes más altos de la población dejen la pobreza y pobreza extrema y adquieran niveles de vida confortables y sobre todo con justicia social. La corrupción, aunque ha mejorado, según el índice de percepción de esta (IPC), medido por Transparencia Internacional, Costa Rica se colocó en el año 2021, en el lugar 39 entre 180 naciones. La corrupción continúa afligiendo a la ciudadanía, sobre todo porque un porcentaje muy alto de los casos denunciados (90%) no llegan a juicio. La corrupción lacera y carcome las entrañas de la Patria, casualmente porque destruye la democracia.

Para concluir diré, que muchas personas sentimos que la división de poderes, principio esencial de una democracia, desde que los hubiese escrito el varón de Montesquieu, se ha debilitado. Al Poder Legislativo llega mucha gente mal preparada, alguna gente se postula a la presidencia tan solo para incrementar su opción para ir a la Asamblea Legislativa. El contrabando y otras acechanzas son verdaderas amenazas para los poderes del Estado nacionales y locales y provocan que la democracia trepide y la ciudadanía pierda fe en ella.

Nuestra democracia sigue teniendo solidez institucional, pero existe la percepción generalizada de que no hay una ruta clara para el desarrollo. Es indispensable apuntalar en la población la idea de lo imprescindible que resulta un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza, con el ambiente, con los ecosistemas, con la vida. Solo por una ruta como esta podremos vigorizar nuestras instituciones democráticas y superar el subdesarrollo. Espero que la patriota nicaragüense comprenda la integralidad del concepto de la democracia. ¿Es complejo construir este concepto? Más compleja es la realidad democrática que todo hombre y mujer honrada pretende forjar.

 

Publicado en www.larepublica.net/noticia/la-democracia-que-tenemos-la-que-podriamos-tenery

Compartido con SURCOS por el autor.

Escuela Indígena Curré inauguró pasillo peatonal y una nueva aula

Uriel Rojas

La escuela indígena de Rey Curré de Buenos Aires inauguró el pasado miércoles 22 de diciembre, varias obras de infraestructura entre los que se encuentra su nueva aula para los niños de preescolar, así como un extenso pasillo a aceras que comunica este recinto con el gimnasio y el comedor.

Para celebrar este acontecimiento, la Junta de Educación y padres de familia realizaron varias actividades con los niños como juegos infantiles, concursos, piñatas y muchas comidas y bebidas.

De abril a julio del presente año, se desarrolló la primera parte del proyecto general, el cual consistía en la construcción de la nueva aula y a mediados de diciembre se culminó con las aceras o pasillos internos, cuyas dimensiones son de aproximadamente 40 metros de largo por dos de ancho, que permitirá a los estudiantes caminar seguros dentro de su propia institución, especialmente para los pequeños de preescolar que deben trasladarse a una zona con algunos desniveles en la topografía del lugar.

Estas obras de construcción se lograron gracias a los aportes de algunos sectores de la comunidad civil, los cuales, se complementaron con los fondos recolectados en las distintas actividades sociales realizadas por los padres de familia de esta institución.

De acuerdo con Junier Varela, representante de la Junta de Educación de este centro educativo, “la construcción de esta aula ha sido un avance hacia el cumplimiento de nuestro deber como Junta Administrativa de facilitarles mejoras en su infraestructura física escolar y de paso facilitar el ejercicio del derecho que tienen los niños a esta fase de pre escolaridad.

Las aceras cuentan con dos pequeños puentes con techos y barandas protectoras que buscar evitar posibles riesgos de los niños a sufrir algún incidente. Es una obra diseñada con el mayor detalle en busca de lo mejor para esta comunidad estudiantil. Por su parte, el aula cuenta con un moderno sistema de electrificación, cielo raso, servicios básicos y con bastante ventilación. Este proyecto de mejoras a la infraestructura escolar tuvo un costo aproximado a los 8 millones de colones.

Compromiso por el Impulso de un Diálogo Social Multisectorial para Alcanzar un Gran Acuerdo por la Educación

SOBRE LA NECESIDAD DE ARTICULACIÓN ENTRE SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS

El fortalecer los procesos de diálogo nacional es hoy más que nunca un imperativo, necesario para construir confianzas en la diversidad, lo que se ha visto como un elemento fundamental a partir de los procesos desarrollados recientemente[1], con el fin de construir a partir del reconocimiento de las diferencias, siempre en los principios y valores que caracterizan la conformación de esta República; a saber, respeto, democracia, paz, libertad y solidaridad. 

Al respecto, el transitar la crisis que vive el mundo en la actualidad, según OIT plantea en el 7mo informe “La COVID‑19 y el mundo del trabajo” de enero 2021 requiere del reconocimiento de que: 

«Habida cuenta de una coyuntura de cambios estructurales y de déficit continuado, los encargados de la formulación de políticas deberán estar en medida de elaborar y aplicar estrategias de recuperación, sobre la base del diálogo social, con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con objeto de encontrar nuevas vías que faciliten el cumplimiento de los objetivos a largo plazo y la transición a una economía más inclusiva, justa y sostenible.»

Esta necesidad es aún más fundada a partir de la situación social y los elementos coyunturales que se identifican en el caso de Costa Rica.

Antes de marzo de 2020 situaciones estructurales ya venían afectando a Costa Rica en términos macroeconómicos, en cuanto a la situación fiscal del país y el aumento del desempleo, entre otros aspectos que han complicado la situación de las familias que habitan el territorio nacional. Estas situaciones se han agudizado producto de las medidas sanitarias y sus implicaciones económicas, necesarias para desacelerar el avance de los contagios por Covid-19 en el país. 

A nivel mundial, la ONU ha identificado cinco pilares clave para el apoyo a los países en la respuesta al COVID-19[2]. Proteger el sistema de salud durante la crisis de la COVID-19 es la primera prioridad. Al mismo tiempo, e igualmente urgentes, son los siguientes pilares:

  • ayudar a proteger a las personas a través de la protección social y los servicios básicos;
  • proteger los empleos, las pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos con mayores personas en situación de vulnerabilidad mediante la recuperación económica;
  • ayudar a guiar el aumento necesario en el estímulo fiscal y financiero para hacer que el marco macroeconómico funcione para las personas con mayores factores de vulnerabilidad, que fomente el desarrollo sostenible, las economías verdes e inclusivas y fortalezca las respuestas multilaterales y regionales, y finalmente,
  • promover la cohesión social y generar confianza a través del diálogo social, e invertir en sistemas de respuesta y resiliencia liderados por la comunidad, con una mirada particular en las poblaciones y personas que se están quedando atrás.

Sobre la base de estos preceptos es que en el proceso que se desarrolla se busca la construcción de grandes acuerdos sociales que permitan transitar de manera conjunta en la formulación de propuestas concretas, que posibiliten incidir políticamente en la gestión de las personas que forman parte de la gestión pública en sus distintas dimensiones, para aportar a la gobernabilidad democrática a partir de la participación ciudadana responsable.

Es en esta línea, que dentro de los componentes estratégicos que guían el proceso de Diálogo Social Multisectorial, se considera que la educación es un aspecto central para enfrentar los retos actuales y futuros.

La educación pública ha sido un motor de movilidad social ascendente de suma importancia para el desarrollo social y productivo de Costa Rica, y debemos asegurar que continue siéndolo, mediante el impulso de la reducción de las brechas que amplían las desigualdades en el acceso a educación de calidad, tal y como lo ha expresado en diferentes informes el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE):   

“…hay tareas complejas que requerirán la cooperación de todos los actores sociales y políticos interesados en sumarse a un gran acuerdo nacional por la educación. Este acuerdo es indispensable para crear la fuerza social y política necesaria para, en los próximos años, impulsar un marco de acción que trascienda intereses particulares y administraciones y se consolide como una política de Estado. (PEN, 2021, p. 55)

EDUCACIÓN COMO PILAR PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO COSTARRICENSE

A partir de los aportes del Estado de la Educación[3] (PEN, 2021) se establece la preocupación por lo que se ha denominado un “apagón educativo” debido a los rezagos importantes en la cobertura y calidad en educación preescolar, general básica y diversificada, como por ejemplo el aumento del 59% de estudiantes en pobreza extrema, que son solo algunas de las dificultades evidenciadas en el informe.

El informe del Estado de la Educación detectó también rezagos importantes en áreas como matemáticas y español, situación que pone en desventaja competitiva al país frente a otras naciones del globo y miembros de la OCDE que compromete el futuro de Costa Rica.

Ante esta situación:

“Los riesgos son varios: “volver a lo anterior”, improvisar políticas públicas sin sustento en la evidencia científica o recortar la inversión educativa por razones fiscales, lo que implicaría volver a cometer el grave error estratégico en el que el país incurrió durante la década de los ochenta del siglo pasado, solo que esta vez en un contexto demográfico mucho más adverso. La oportunidad es aprovechar los aprendizajes y lecciones generadas por la pandemia para hacer cambios sustantivos, postergados por largo tiempo, en el sistema.” (PEN, 2021, p. 55)

Ante el escenario brevemente esbozado, los sectores que conformamos el Diálogo Social Multisectorial, nos comprometemos en impulsar un gran acuerdo nacional por la educación, que permita:

  1. Promover y fortalecer una Educación Pública de calidad, equidad e inclusiva para la cual deben gestarse acciones participativas y consensuadas para impulsar una Transformación Educativa que genere un ordenamiento estructural, curricular, filosófico, jurídico y administrativo que responda a las exigencias que la innovación de hoy nos demanda en la evidente revolución tecnológica y del conocimiento.
  2. Declarar como una urgencia nacional la problemática que enfrenta la Educación Pública.
  3. Avanzar en un Diálogo Social, transparente y respetuoso desde los sectores organizados representativos de la sociedad, que tengan incidencia y relación con la Educación Pública para analizar y plantear las reformas que requiere el Sistema Educativo.
  4. Asegurar los procesos y mecanismos con tal que no se afecte el contenido presupuestario de los programas del Ministerio de Educación y de las Universidades Públicas en términos del acceso y calidad de la educación.
  5. Reducir las brechas y desigualdades preexistentes entre educación pública y privada, siendo acciones estratégicas asegurar: la conectividad a todas las familias, fortalecer la educación técnica que desarrolle habilidades especiales, formalizar el bilingüismo, promover e incentivar estudios STEAM (ciencia, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas), sin menoscabo de la formación en cultural y humanista.
  6. Asegurar el presupuesto nacional para que se pueda garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de presupuestar el 8% anualmente del P.I.B.
  7. Eliminar el recargo de tareas administrativas a la población docente para que se dedique expresamente a la formación y enseñanza aprendizaje del estudiantado.
  8. Definir el perfil de la persona educadora que se adecue a la reforma educativa planteada, que se modifique la malla curricular de educación superior de acuerdo con este perfil y que se mantengan procesos de capacitación constante para formar a las personas docentes que actualmente encuentran en las aulas.
  9. Revisar los Programas de Equidad como el de becas, de transporte estudiantil y de alimentación, no sólo como mecanismo de retención, sino como un paso hacia la transformación de la mentalidad del o la estudiante como una persona con derecho a una vida digna.
  10. Conectividad, acceso y alfabetización digital como insumos necesarios para fortalecer la accesibilidad a toda la comunidad educativa. Por lo que se hace urgente la interconectividad de banda ancha, equipos tecnológicos y materiales digitales de calidad.
  11. Actualizar, estandarizar y equiparar los textos e hipertextos, multimedios y materiales educativos. Se sugiere que el MEP tenga un repositorio de materiales didácticos.
  12. Fortalecer la educación técnica, esta representa una alternativa de educación integral para aquellas personas que desean incorporarse al campo laboral desarrollando habilidades especiales, sin dejar de aspirar a más conocimiento.
  13. Valorar y desarrollar la infraestructura del sistema educativo, de acuerdo con las exigencias de la sociedad, la época y el ambiente.
  14. Monitorear, apoyar y mejorar la gestión operativa de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
  15. Revisar la estructura administrativa y la gestión operativa de las Direcciones Regionales con tal de que cumplan la función y objetivos con que fueron creadas.
  16. Poner en marcha el Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación, entregado por el CONARE al Ministerio de Educación Pública.

De esta forma, los sectores sociales y productivos, nos comprometemos con la visión planteada por el CONARE a través del Programa Estado de la Nación, para potenciar a mediano plazo:

Con una mirada prospectiva, la educación “que viene” necesita que las aulas se conviertan en verdaderos laboratorios de innovación, donde lo más importante no sea transmitir la información, sino que los estudiantes desarrollen habilidades superiores del pensamiento crítico como la resolución de problemas, la comprensión lectora, la comunicación, la experimentación, la curiosidad, la creatividad, el trabajo colaborativo, y competencias digitales. Estas les permitirá actuar sobre los problemas cotidianos de una manera efectiva e implican cambios profundos en la pedagogía y no solo en los recursos didácticos. (PEN, 2021, p. 61)

Instamos a todos los sectores sociales y productivos del país a constituirnos en Mesa Nacional de Diálogo, para el impulso de un Gran Acuerdo Nacional por la Educación. 

Este Acuerdo procurará facilitar y promover una transformación educativa que responda a la exigencia del nuevo contexto del empleo y el trabajo, la innovación del Estado y la atención de los retos de la sociedad actual, con el fin de construir con urgencia alternativas consensuadas que puedan ser presentadas al actual o próximo gobierno de Costa Rica.

Firmas (puede sumar la suya o la de su organización):

[1] Foro Multisectorial de Diálogo Nacional convocado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal (ATTBPDC) y la Mesa de Dialogo Multisectorial convocada por el Poder Ejecutivo y recientemente la Mesa Patriótica por la Vacunación.

[2] Fuente: Organización de las Naciones Unidas. Respuesta integral  de  las Naciones Unidas  a  la COVID19: salvar  vidas, proteger  a  las sociedades, recuperarse  mejor. Junio de  2020. Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/comprehensive_response_to_covid-19_spanish.pdf

[3] Programa Estado de la Nación Octavo Estado de la Educación 2021 / Programa Estado de la Nación. — San José, C.R.: CONARE – PEN, 2021. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf

«Urge acuerdo nacional por la educación», afirman sectores sociales, productivos y académicos

9 de diciembre 2021

“Apagón educativo” compromete futuro de Costa Rica

Urge acuerdo nacional por la educación, afirman sectores sociales, productivos y académicos

Diversos sectores sociales, productivos y académicos preocupados por lo que el CONARE, desde el informe del Programa Estado de la Educación (PEN, 2021) denominó como “apagón educativo” que contempla los rezagos en la cobertura y la calidad de la educación en educación preescolar, general básica y diversificada consideran fundamental impulsar un gran acuerdo nacional por la educación en el marco del Diálogo Social Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria.

Dicho acuerdo debe contemplar, entre otras cosas, una declaratoria de urgencia nacional ante la problemática que enfrenta la Educación Pública, como, por ejemplo, el incremento del 59% de estudiantes en condición de pobreza extrema.

El “Diálogo Social Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y Solidaria” integrado por representantes del sector sindical, cooperativo, empresarial, comunalista, académico, entre otros; considera que la educación pública ha sido un motor de movilidad ascendente de suma importancia para el desarrollo social y productivo de Costa Rica, y debe continuar siéndolo, mediante el impulso de la reducción de las brechas que amplían las desigualdades en el acceso a educación de calidad.

Lo que se busca es la construcción de grandes acuerdos sociales que permitan transitar de manera conjunta en la formulación de propuestas concretas, que posibiliten incidir políticamente en la gestión pública en sus distintas dimensiones, para aportar a la gobernabilidad democrática, a partir de la participación ciudadana responsable.

Por lo anterior los sectores suscribientes se comprometen e instan a todos los sectores sociales y productivos del país a constituir juntos la “Mesa Nacional de Diálogo para el impulso de un gran Acuerdo Nacional por la Educación”

Este Acuerdo procurará facilitar y promover una transformación educativa que responda a la exigencia del nuevo contexto del empleo y el trabajo, la innovación del Estado y la atención de los retos de la sociedad actual, con el fin de construir con urgencia alternativas consensuadas que puedan ser presentadas al actual o próximo gobierno de Costa Rica.  

Las acciones que busca promover esta iniciativa implican garantizar y fortalecer una Educación Pública de calidad, equitativa e inclusiva para la cual deben gestarse acciones participativas y consensuadas para impulsar una transformación educativa que genere un ordenamiento estructural, curricular, filosófico, jurídico y administrativo que responda a las exigencias que la modernidad demanda, ante la evidente revolución tecnológica y del conocimiento.

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)

Los jueguitos de un Presidente

Luis Fernando Astorga Gatjens

En un tono de regaño (que no le viene nada bien, por cierto), el presidente Carlos Alvarado les pidió a los candidatos presidenciales que “no pueden andarse con jueguitos” en lo concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También sacó pecho para afirmar que dejará las finanzas públicas “estables” y que terminará su gobierno bien.

¿Bien para quién? Es la inevitable pregunta que habría que formularle a un presidente, tan devaluado en su credibilidad como el colón. Y tendríamos que responder que para quienes habitamos esta Costa Rica bicentenaria y pandémica, y somos una inmensa mayoría, las cosas están mal. Estaban mal antes de la pandemia y a partir de las decisiones y políticas del actual gobierno, las cosas –en muchos aspectos– han empeorado.

No estarán de ninguna manera bien para quienes el hambre ha venido tocando sus puertas, sin clemencia, en los últimos meses. Tampoco para quienes apenas sobreviven en medio de una informalidad laboral, que es la otra cara de un crudo desempleo.

Obviamente que las cosas no están nada bien para los millares de hogares y las casi millón y medio de personas sumidas en la pobreza. Menos aún la situación estará bien para los sectores medios empujados a la creciente incertidumbre económica.

Claro está: El optimismo presidencial no estará bien para las crecientes cifras en desigualdad social y concentración de la riqueza en pocas manos.

No estará bien asimismo el final de esta administración para el casi 17 % de personas desempleadas y con un horizonte laboral marcado por la inseguridad laboral. No estará tampoco nada bien para los pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y pescadores que esa administración los abandonó a su suerte.

No estará bien para la salud pública, ya que la crisis financiera que golpea la CCSS sigue fijando un futuro sombrío para esta institución señera, mientras este gobierno, la fracción legislativa del PAC y otros diputados cómplices, se negaron a tomar medidas de fondo, para resolver una situación gravísima como lo fijó el informe de la comisión legislativa que investigó sus finanzas.

Y ¿Cómo puede decir el presidente Alvarado que terminará bien su mal-gobierno con el desastre que hereda en educación pública? O con la incapacidad manifiesta de su gobierno, en hacer avanzar la conectividad y la alfabetización digital para millares de hogares que podrían tener tal acceso, si se hubiera aquilatado a tiempo, el tamaño de la emergencia para utilizar los más de $ 300 millones de dólares que tienen en sus arcas FONATEL para tal propósito.

En fin, las cosas no marchan nada bien para un Estado Social de Derecho, de cuyo deterioro son corresponsables administraciones del PLN, PUSC y PAC, mientras que, en la acelerada erosión reciente, el gobierno de Alvarado Quesada tiene una cuota de responsabilidad enorme.

Para quienes si estarán bien las cosas es para las grandes empresas y personas, evasoras y elusoras de impuestos, sea que guarden sus enormes riquezas en paraísos fiscales (Papeles de Panamá y de Pandora), o en bancos propios o ajenos. Forman parte también de quienes se regocijan de felicidad ante las políticas de esta administración, esos “grandes contribuyentes” a los que este mal-gobierno les perdonó sus deudas.

Del presidente Alvarado ya no se puede esperar otra cosa que frases que ya no pueden causar un efecto favorable. Se trata de un gobernante que, a lo largo de estos tres años y medio, mostró su falta de liderazgo y su incapacidad absoluta de autocrítica. Se regodea en una mediocridad de varios días.

¿Cuántos días falta para el próximo 8 de mayo? No tantos en el calendario gregoriano, pero si demasiados para el fin de un gobierno que ha gobernado contra las mayorías.

(25 de octubre, 2021)

Invitación a firmar por estudiantes detenidxs y judicializadxs injustamente

Invitación Estudiantes detenidxs y judicializadxs injustamente en el 2019 convocan a Acción Solidaria para solicitar sobreseimiento definitivo del proceso judicial en su contra: FIRMA LA PETICIÓN

A finales del año 2019, lxs estudiantes de las universidades públicas salieron a protestar en defensa de la educación pública y contra las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la Fuerza Pública. De aquellas manifestaciones, varias personas resultaron detenidas, y a algunas de estas personas se les abrieron procesos judiciales que al día de hoy, siguen adelante con medidas cautelares injustas, criminalizantes y condenatorias.

El próximo 19 de julio del 2021 los tribunales decidirán si se abre un juicio penal en contra de ellxs.

Para evitar que lxs compañerxs sean llevadxs a juicio, convocan a todas las organizaciones, colectividades e individualidades a firmar la carta para solicitar el sobreseimiento definitivo de su proceso judicial.

FIRMA Y COMPARTE la solicitud en este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQSj4EVzMrTL8NjhHD7EiGq5vVXZarlb0Vf_V3friq1KXLUw/viewform?usp=sf_link

Publicación en Facebook:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1990442967769489&id=541570499323417

Compartido con SURCOS por Oscar Jara Holliday.

Democracia digital: Imprescindible pero ausente

Luis Fernando Astorga Gatjens

Muchas de las tantas cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia, es que el país se situaba lejos, muy lejos de estar en lo mínimo preparado para la participación e inclusión social, a partir del acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para la inmensa mayoría de sus habitantes.

Todos debemos de coincidir que en el presente un componente clave para el desarrollo económico y social, es el acceso lo más democráticamente posible a Internet. Pero la pandemia y el limitado desarrollo del Costa Rica en este campo nos muestran un país con significativos desfases, sino abismos, entre regiones, sectores –sociales y poblacionales—y personas.

De esta manera una democracia que de por si es deficitaria en el campo económico, social y político, se hace más agudamente deficitaria en el ámbito digital.

Hoy día, la atención a la salud sería mucho mejor, si más personas tuvieran acceso a una Internet de calidad, a dispositivos adecuados y con suficiente memoria, y si estuvieran mejor capacitadas en el uso de aplicaciones, para desarrollar citas virtuales en todos los servicios médicos, que puedan ser resueltos de esta manera. Pero eso no es así: solo un porcentaje limitado cumple con estas condiciones de inclusión digital efectiva.

Igualmente, el acceso a la educación en esta época aciaga de la pandemia, se ha visto severamente limitado, ya que más de 400 mil hogares carecen de conectividad y demás requerimientos. Esto hace que casi medio millón de estudiantes de primaria y secundaria de la educación pública, no tengan otro horizonte que la educación presencial. Este hecho genera una grave situación relacionada con la calidad formativa ante tal desventaja y que éste sea un contribuyente más en la ampliación de la brecha entre educación pública y privada, en la cual todos los educandos si cuenta con acceso a Internet.

El otro tema es el teletrabajo. Ésta modalidad productiva creció rápidamente en los últimos meses, al compás de las restricciones y de la aplicación de otras medidas de seguridad sanitaria. Sin embargo, más allá que no todas las actividades laborales son sujetas a adecuarse a esta alternativa productiva, lo real es que la precondición de acceso a Internet, está lejos de estar democráticamente extendida para la gran mayoría de trabajadores.

Se combinan varias causas y factores para que la democracia digital en Costa Rica, sea mucho más quimera que realidad. Pasemos revista:

Lo primero que tenemos que destacar es la calidad y alcance en el acceso a Internet. La oferta general de servicios de Internet es de limitada calidad y eso se hace más grave, dependiendo de si el servicio es de zona urbana o rural, o remota.

Le segundo es el costo, la asequibilidad del servicio. Para contar con un servicio de buena o excelente calidad, se deben pagar cifras que son imposibles de cubrir para la mayoría de las familias.

Lo tercero está relacionado con los dispositivos, sean teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Igualmente, la mayoría de los hogares y personas no cuentan con recursos, para comprar dispositivos con programas, aplicaciones y suficiente capacidad de almacenaje, que permitan un uso adecuado de Internet.

El cuarto elemento tiene que ver con la alfabetización digital. Es imprescindible que las personas potencialmente usuarias (ya cumplidos los requisitos precedentes), se capaciten de manera práctica, en el uso de Internet, para sacarle el mayor provecho y para que sean participantes de la era digital, que con la pandemia, inevitablemente, se ha tenido que acelerar.

Cabe aquí hacer una mención específica relacionada con las personas con discapacidad y el acceso a Internet y dispositivos, y programas adecuados. Se requerirán ajustes razonables según el tipo de discapacidad, pero antes que nada hará falta que cuenten con esos aparatos y acceso a Internet, y eso no se da en la mayoría de las personas con tal condición.

De esta manera, el grave aislamiento que afectaba a las personas con discapacidad antes de la pandemia, se ha hecho más grave aún en el presente, por no tener acceso a Internet en una época en que para conectarse en casi todas las esferas de la actividad social, es imprescindible contar con este servicio. Así las cosas, todo hace prever que el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, se afianzará para la desdicha de miles de personas con discapacidad esparcidas a lo largo de nuestra geografía. Eso porque el acceso a la salud y la rehabilitación, a la educación y formación técnica, y al empleo y la actividad productiva, en general, se ha hecho sumamente complicado y lejano para este sector poblacional. Lo que debería ser una oportunidad de inclusión social para las personas con discapacidad mediante el teletrabajo, se torna en lo contrario por la falta de acceso a Internet, como una causa fundamental.

El que exista tan enorme brecha entre personas con acceso o falta de acceso a Internet, lo explica en primer término la pobreza y la exclusión social. Esa es la primer causa y barrera estructural a derribar.

Sin embargo, hay otra razón que se suma y que es de carácter coyuntural. Es la incapacidad que ha tenido esta administración de atender este tema mediante una política de Estado, seria y robusta, que habría de impulsar antes de la pandemia y ya una vez con ella instalada como tenaz acompañante, acelerar procesos para avanzar rápidamente con acciones de emergencia.

Y aquí alguien podría decir que lo que planteo no es objetivo ya que a raíz de la pandemia, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios, para echar adelante una política de inclusión digital, como la situación exige en forma imperiosa. Pero si los hay. Están en FONATEL. Veamos que se indica al respecto: “Es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y es el instrumento de administración de los recursos para financiar el régimen de garantías fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N° 8642…“.

Entonces, nos debemos preguntar: ¿Por qué el país no ha avanzado como debe ser en este tema, de acuciante prioridad? La respuesta urgente la deben ofrecer las autoridades competentes, que con seguridad, si cuentan con servicios de Internet de alta calidad; no como la inmensa mayoría de los costarricenses que miran desde muy lejos, la democracia digital.

(24 de mayo, 2021)

SINPAE rechaza suspensión del curso lectivo

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El Sindicato Patriótico de la Educación Siete de Agosto, hace público su rechazo a la decisión de la ministra de educación pública, de suspender en su totalidad, el curso lectivo 2021, pues plantean que esta decisión carece de algún fundamento técnico, y que genera vulnerabilidad y desigualdad al país en cuanto a los estudiantes que realizan sus estudios en el sistema de educación pública, en relación con los centros de educación privada. Según este movimiento lo que se necesita es solventar la brecha tecnológica que arrastra el sistema educativo desde hace mucho tiempo.

Adjuntamos el comunicado oficial:

 

Enviado a SURCOS por Carlos Manuel Vega.