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Etiqueta: educación pública

Curso lectivo de 2025 inicia con desafíos críticos

Curso lectivo inicia con bajo presupuesto, ausencia de pruebas de idoneidad para docentes y aumento creciente de la violencia escolar.

El curso lectivo inicia en Costa Rica marcado por desafíos críticos: 825 órdenes sanitarias que afectan a instituciones educativas, un presupuesto reducido, la ausencia de pruebas de idoneidad para docentes y un contexto de creciente violencia escolar. Ante esta situación, el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA), hace un llamado a la sociedad costarricense a renovar el compromiso con la educación pública, por ser un pilar del desarrollo nacional, equidad y justicia social.

El sistema educativo público enfrenta múltiples retos que requieren una respuesta inmediata y coordinada, según advirtió Susana Jiménez, vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide-UNA). Este año, dijo, el presupuesto destinado a la educación es el más bajo de la década, lo que limita las inversiones urgentes en infraestructura, capacitación docente y programas educativos. Además, la falta de concursos para docentes recién graduados y la ausencia de pruebas de idoneidad dificultan el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza.

Las 825 órdenes sanitarias vigentes en los centros educativos reflejan una problemática que impacta directamente las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Paralelamente, el aumento de casos de violencia en las aulas agrava la situación, afecta el ambiente escolar y provoca un desgaste emocional y profesional entre el personal docente, que enfrenta desmotivación frente a estas adversidades.

La educación pública, sin embargo, continúa siendo un eje central para el desarrollo nacional. A lo largo de la historia costarricense, ha sido la herramienta que ha permitido a millones de personas acceder a oportunidades, reducir desigualdades, y promover el progreso colectivo. Ante este panorama, cita Jiménez, existen experiencias internacionales con estrategias que podrían ser replicadas en el país.

En otros contextos, agregó la experta, se implementan programas educativos que integran a las comunidades en procesos de aprendizaje sostenibles. “La colaboración activa entre familias, comunidades y escuelas fomenta el capital social y la corresponsabilidad en la mejora del sistema educativo. Además, inversiones en educación temprana y en la calidad de los procesos en todos los niveles posicionan a la educación pública como un motor de bienestar colectivo y desarrollo regional”.

En el caso de Costa Rica, señala la experta, reivindicar la figura docente es clave para superar los retos actuales, ya que las maestras, maestros, profesoras y profesores desempeñan un rol esencial como agentes de cambio y es fundamental, además, fortalecer su compromiso y motivación. “Esto se puede lograr mediante programas de formación continua que incluyan liderazgo transformacional, desarrollo de competencias pedagógicas y tecnológicas, así como una reflexión crítica sobre el impacto social de su labor”, dijo.

Actores clave

Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes también es indispensable. De acuerdo con la especialista, fomentar encuentros que permitan la reflexión profesional puede ayudarles a reencontrarse con su vocación y renovar su entusiasmo. Estas acciones son fundamentales para garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema educativo a largo plazo.

El rol de las familias es igualmente crucial. Además, crear espacios accesibles y acogedores en las instituciones educativas facilita su participación activa en la educación de sus hijos e hijas. La capacitación para apoyar el aprendizaje en casa y su involucramiento en las decisiones escolares fortalecen el sentido de comunidad y la confianza mutua entre familias e instituciones.

Desde el Cide-UNA se hizo un llamado a la sociedad costarricense para defender la educación pública. Este sistema no solo impulsa el desarrollo personal, sino que es un motor de equidad, justicia social y progreso económico, además de promover la cohesión social.

Cada familia puede apoyar activamente a sus hijos e hijas en el proceso educativo. Cada docente tiene la oportunidad de inspirar a sus estudiantes, incluso en los contextos más difíciles. Además, la ciudadanía en general debe cuestionar discursos que minimizan el valor de la educación pública, considerándola un gasto en lugar de una inversión estratégica para el desarrollo del país”, mencionó la vicedecana.

El inicio del curso lectivo 2025, agregó, debe ser un punto de partida para renovar el compromiso colectivo con la educación pública. Afirmó que este llamado no solo corresponde a los actores directamente involucrados en el sistema educativo, sino a toda la sociedad costarricense: la educación pública es un bien común que beneficia a todos y debe ser defendido con firmeza.

Un país que invierte en educación invierte en su futuro. Renovar la esperanza y defender la educación pública es una tarea que nos compete a todos. Solo mediante un esfuerzo conjunto será posible garantizar un sistema educativo a la altura de las necesidades del país, que permita construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria”, concluyó Jiménez.

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

Educación en jaque: personas expertas piden cambios

La educación pública enfrenta un panorama crítico en Costa Rica. Fondos congelados, recortes presupuestarios y deficiencias en la formación docente fueron algunos de los temas abordados en la conferencia Retos a los sistemas educativos y a la formación de profesionales de la educación, el pasado 4 de febrero en el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional (UNA).

Carlos Calvo Muñoz y Silvia López de Maturana Luna, especialistas en educación, expusieron sobre los desafíos estructurales de la enseñanza y la urgencia de un cambio en el modelo educativo.

Ser docente no es sólo impartir una materia, es asegurar que el estudiante aprenda”, enfatizó Calvo, al advertir que muchos de estos profesionales carecen de formación pedagógica y solo reproducen contenidos sin garantizar comprensión. López reforzó esta idea al indicar que “la educación sigue estancada porque no ha habido una crisis que obligue a cambiar el paradigma. Falta un número crítico de afectados para que se impulse una transformación real”.

En la actividad se expuso la falta de inversión en educación: ₡7.710 millones destinados a becas del programa Avancemos, ₡2.000 millones para educación superior y recursos para comedores escolares permanecen inactivos, mientras universidades públicas, sindicatos y organizaciones civiles denuncian el desfinanciamiento del sector.

Francisco González Alvarado, rector de la UNA,  recordó el contexto en el que nació la Universidad Nacional en 1973: “Costa Rica tomó la decisión de crear una tercera universidad pública en medio de conflictos en Centroamérica y una polarización global. Esa visión transformó el país y sigue siendo clave para el desarrollo y la democracia”.

Por su parte, Susana Jiménez Sánchez, vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide), señaló que el curso lectivo 2025 inicia con 825 órdenes sanitarias vigentes en instituciones educativas, ausencia de concursos docentes y un presupuesto en su punto más bajo.

«No hay pruebas de idoneidad para el personal docente, a pesar de que la ley lo exige. La violencia en los centros educativos aumenta y el desgaste profesional es evidente», alertó Jiménez.

 “Se enseña, pero no se aprende”

El especialista Calvo Muñoz fue contundente al describir la realidad en las aulas: «En el pasado, de cada 100 niños que ingresaban a la escuela, solo uno se graduaba. Los otros 99 simplemente desaparecían del sistema”.

Además, cuestionó la formación docente : “Hay colegas con posdoctorados que no saben enseñar. Creen que su trabajo termina al dar la clase, cuando la verdadera responsabilidad es asegurarse de que los estudiantes comprendan».

Por su parte, López de Maturano advirtió que el sistema educativo ha condicionado a los estudiantes a memorizar información sin comprenderla. «Se preparan para exámenes, no para aprender. Se convierten en reproductores de contenido y no aplican lo que estudian en la vida real», explicó.

Ambos expertos coincidieron en que la educación no debe limitarse a la escolarización. «Aprender es inevitable, pero el sistema ha enseñado a los estudiantes a no gustarles ciertas materias. Crecen sacando buenas notas, pero sin entender lo que realmente saben», destacó el conferencista.

¿Hacia dónde avanzar?

La conferencista Silvia López propuso estrategias para mejorar la enseñanza: “La educación comunitaria, la colaboración entre escuela y familias, la inversión en educación temprana y la reivindicación del rol docente son urgentes”.

Calvo cerró con un llamado directo: “Si un profesor se enorgullece de que más del 90% de su clase reprueba, debe retirarse de la docencia. No podemos seguir dañando generaciones de estudiantes”.

El evento dejó en evidencia la necesidad de un replanteamiento profundo en el modelo educativo y en la formación docente, en un contexto de recortes y falta de inversión que amenaza el derecho a una educación de calidad en nuestro país.

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica

“Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras” presentará exigencias al Ejecutivo

Distintos sectores involucrados en la movilización hacia Casa Presidencial este 5 de febrero de 2025 difunden las exigencias que presentarán al Poder Ejecutivo.

En su comunicado se exponer: “Nos organizamos como una coalición de distintos sectores sociales, quienes nos haremos presentes en un plantón afuera de Casa Presidencial, durante la conferencia de presa” que es usual los miércoles de cada semana.

El siguiente documento incluye las exigencias por parte de la Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras:

Exigencias al Ejecutivo

Ante la crisis que atraviesa el país y la falta de respuestas efectivas por parte del Ejecutivo, presentamos las siguientes exigencias organizadas por ejes temáticos y construidas entre la diversidad de colectivos, entidades y organizaciones que son parte de esta coalición. Estas demandas son puntuales, viables y fundamentales para la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo pleno de la promesa del futuro.

1. Seguridad y lucha contra el crimen organizado

  1. Exigimos una estrategia integral de seguridad que combata los vínculos del narcotráfico con estructuras del Estado y la crisis de homicidios que afecta al país. ¡No se matan entre ellos! Hay cientos de inocentes de por medio.
  2. Exigimos la inmediata reubicación y fortalecimiento de la Academia de Guardacostas para el control de rutas marítimas utilizadas por el crimen organizado.

2. Educación pública y acceso equitativo al conocimiento

  1. Exigimos la restitución de los programas de educación sexual y protocolos contra el bullying en secundaria para la población LGBTIQ+.
  2. Demandamos la garantía de una educación laica sin intervención religiosa y la no injerencia de grupos de interés ajenos a los principios democráticos en el sistema educativo.
  3. Exigimos la reversión del congelamiento del aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la certeza del respectivo aumento solicitado y estudiado.
  4. Exigimos una solución urgente a las 849 órdenes sanitarias en centros educativos y la presentación de una ruta clara para el fortalecimiento del sistema educativo. ¿Dónde quedó la ruta de la educación?

3. Transparencia, institucionalidad y financiamiento electoral

  1. Exigimos una investigación inmediata sobre el financiamiento ilícito en campaña electoral utilizados por el gobierno actual.
  2. Exigimos el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la gestión gubernamental y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
  3. Exigimos el respeto a la institucionalidad democrática, el cese del debilitamiento de las instituciones públicas y un alto a la violenta polarización del Ejecutivo.

4. Derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables

  1. Exigimos una política efectiva para la prevención y sanción de los feminicidios, así como la erradicación de la impunidad en delitos sexuales. ¡No más impunidad!
  2. Demandamos el acceso real a servicios de atención y acompañamiento en situaciones de violencia de género.
  3. Exigimos la restitución del decreto #38999 para erradicar discriminación en instituciones contra población sexualmente diversa.
  4. Exigimos la apertura de un debate serio y fundamentado sobre la despenalización del aborto en casos urgentes y en sus respectivas demandas.

  5. ● Exigimos la declaratoria de un estado de emergencia por la ola de femicidios.

5. Protección del ambiente y recursos naturales

  1. Exigimos una moratoria inmediata a proyectos de gentrificación y hotelería que afectan comunidades costeras y vulnerables.
  2. Demandamos la regulación estricta del uso de agroquímicos y la implementación de estrategias reales para la protección de fuentes de agua y bosques.
  3. Exigimos la revisión de las irregularidades en proyectos de explotación ambiental y la aplicación rigurosa de sanciones a quienes violen la normativa ambiental. ¿Qué pasa en Manzanillo, Limón?

6. Trabajo y justicia económica

  1. Exigimos una estrategia clara para abordar la pobreza y el desempleo, con políticas que promuevan el empleo formal y digno.
  2. Demandamos la eliminación de cualquier intento de ejecución de la jornada laboral 4×3 que precariza los derechos laborales y afecta la calidad de vida.

7. Comercio internacional y soberanía económica

  1. Exigimos la revisión inmediata del Tratado de Libre Comercio con Israel para garantizar que no comprometa la soberanía económica ni los derechos humanos.

8. Cultura y derecho a la libre expresión

  1. Exigimos el descongelamiento de los 67 300 millones retenidos en los presupuestos de educación, cultura y seguridad.
  2. Demandamos el respeto a la institucionalidad y al diálogo democrático, garantizando la libertad de prensa y expresión sin represalias.

9. Crisis de gobernabilidad y responsabilidad política

  1. Exigimos la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo ante la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país.
  2. Demandamos explicaciones claras sobre las múltiples renuncias en el gabinete y medidas para restaurar la estabilidad institucional. ¡No más proselitismo!
  3. Exigimos la eliminación de prácticas de discriminación sistemática en todas las instancias del gobierno.

El cumplimiento de estas exigencias es fundamental para la reconstrucción del pacto social y democrático del país. Exigimos respuestas inmediatas y acciones concretas que garanticen el bienestar de toda la población. ¡Seguiremos en la lucha!

Debilitar la educación no es una opción. Rectoría UCR

El pasado miércoles 15 de enero Semanario Universidad informó que el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, declaró que el aumento de un 2% para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2025 está “congelado”. Ante esta manifestaciones, es necesario recordar:

  1. El financiamiento de las Universidades Públicas está garantizado por el artículo 85 de nuestra Constitución Política, en el cual obliga a la dotación de patrimonio propio y rentas a estas instituciones para la operación y funcionamiento que requieran.
  2. Para fijar el presupuesto ordinario de las Universidades Públicas, existe un ente coordinador llamado “Comisión de Enlace”, integrado por las representaciones del Poder Ejecutivo y las Universidades, las cuales acordarán el presupuesto anual correspondiente.
  3. En caso de desacuerdo en la Comisión de Enlace mencionada, la Constitución Política establece que la aprobación del monto presupuestario para el financiamiento de las Universidades será resuelto por la Asamblea Legislativa.
  4. La Constitución además, establece que “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.”

En la negociación del año 2024 entre las Universidades Públicas y el Poder Ejecutivo, para la fijación del monto del presupuesto de las Universidades para el ejercicio del 2025, no hubo acuerdo entre las partes. Por lo anterior, la negociación pasó a la Asamblea Legislativa, donde se acordó con las Universidades Públicas un aumento del 2% del presupuesto del FEES, que entró a formar parte del presupuesto permanente de las Universidades.

Congelar el aumento del 2% al FEES, según afirma el Ministro de Hacienda, representa un perjuicio al funcionamiento y crecimiento de la Educación Superior Pública en el país. Este incremento fue aprobado siguiendo un proceso riguroso y transparente, en estricta observancia con lo establecido por la Constitución Política y la normativa vigente.

Desde la Rectoría, reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera decidida en este tema, impulsando las gestiones necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de nuestra institución y el giro oportuno de los recursos correspondientes. No permitiremos que se congele la Educación Superior. Como Comunidad Universitaria, estrechamente unida, enfrentaremos esta situación con firmeza y responsabilidad.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector Universidad de Costa Rica

Nogui Acosta enemigo de la educación pública

Comunicado del SEC

Nogui Acosta ministro de Hacienda, se pronunció esta semana por varios medios de comunicación rechazando la resolución de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional el presupuesto asignado a la educación pública en el presente año 2025, por no respetar el artículo 78 de la Constitución Política que fija una asignación mínima de un 8% del PIB para la educación.

Dicho ministro anunció al país que ordenó congelar las transferencias presupuestarias aprobadas a la educación pública en 8 mociones introducidas al presupuesto 2025 por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, las que asignaron 38 mil millones de colones para financiar partidas urgentes como las becas «Avancemos», los subsidios para transporte estudiantil y el Programa de Comedores Escolares, las transferencias a las juntas de educación y a los colegios científicos así como el faltante en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), entre otras partidas omitidas por el Poder Ejecutivo al enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa.

El SEC denuncia estas acciones del ministro de Hacienda como impropias de un jerarca del Poder Ejecutivo de un Estado democrático; primero porque irrespeta el principio de supremacía constitucional. Como bien conocemos la Constitución Política representa el nivel normativo superior al cual están sujetos, no solo los jueces constitucionales, sino todas las autoridades de gobierno incluyendo al señor Nogui Acosta por más «superministro» que se crea. El congelar estas partidas autorizadas por diputadas y diputados, es una burla porque él no está por encima de la ley para irrespetar las disposiciones de la Sala Constitucional (sentencias firmes) y de la Asamblea Legislativa (leyes de la República). Es una violación sin precedentes del principio de separación de poderes, provocando un peligroso conflicto constitucional de competencias entre los poderes, de consecuencias imprevisibles para el Estado de Derecho.

El SEC denuncia la evidente intromisión del señor Nogui Acosta en asuntos que son propios de educación, suplantando una vez más la autoridad de la ministra de Educación Pública quien brilla por su ausencia.

No es el Ministerio de Hacienda la autoridad llamada a fijar el rumbo de la educación pública costarricense. Sin embargo, con total atrevimiento sobre este tema que no conoce ni le compete, pretende delinear «la ruta de la educación» para los próximos 25 años, preguntándose: «¿Cuántos niños vamos a tener en 2050? (…) ¿tiene sentido el 8% de la educación en 2050?».

Obviamente don Nogui desconoce el contenido del Informe del Estado de la Educación y las recomendaciones de organismos internacionales especializados entre ellos la UNESCO, que señalan la importancia de incrementar el financiamiento de la educación pública como medio para solventar el empobrecimiento de los conocimientos de las personas estudiantes provocado por la pandemia COVID 19 y como mecanismo idóneo para mejorar la calidad educativa.

Es el momento ideal para mejorar la asignación de recursos por estudiante y para reducir el tamaño de los grupos en el aula procurando una educación más personalizada. Los informes especializados advierten sobre el peligro de desatender las obligaciones estatales con el financiamiento educativo, lo cual podría ser motivo de retrocesos irreversibles en la calidad de vida de las personas, en la capacidad productiva del país y en la vigencia misma de los valores democráticos de la Nación. El ministro Nogui Acosta se muestra así, como un completo ignorante de la lección fundamental sobre educación que impartió el benemérito de la patria don Mauro Fernández Acuña en 1885 — hace 140 años – al dotar al país de una visión educativa de largo plazo, proporcionándole a la educación pública los mejores recursos que el país podía ofrecerle, con lo que nos heredó una Costa Rica educada, culta, democrática y emprendedora, que es orgullo nacional así como motivo de reconocimiento internacional.

El SEC solicitará el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, y de las señoras y señores diputados para establecer el conflicto constitucional de competencias que establece el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Consideramos que toda la comunidad educativa, padres y madres de familia que verán afectados los servicios educativos para sus hijos, organizaciones sociales y magisteriales debemos declarar «non grato» al ministro Nogui Acosta, por considerarlo enemigo público de la educación costarricense.

SEC junto al pueblo.

El SEC exige cumplimiento del 8% del PIB para la educación en el 2025

SEC pide a la asamblea legislativa ordenar las transferencias completas aprobadas al MEP para este año

La Sala Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto de educación 2025 aprobado por la Ley N° 10.620, al no cumplir con el mandato constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a la educación pública, considerando que este presupuesto que asigna solo el 4.98% del PIB, viola el derecho fundamental a la educación gratuita y costeada por la Nación, según lo establece el artículo 78 de la Constitución. La resolución responde a una consulta de la Defensoría de los Habitantes y reclamos del SEC, otros sindicatos, universidades públicas y la Mesa de Diálogo Social y Productivo.

Aunque la Asamblea Legislativa ajustó parcialmente el presupuesto con 438.000 millones adicionales, esto no cubre el mínimo constitucional. Ahora, el Poder Legislativo debe aprobar presupuestos extraordinarios para garantizar el financiamiento de los servicios educativos en 2025.

Cabe recordar que ya existía otro antecedente similar en 2016, en el cual además se advirtió que esta reincidencia podría derivar en sanciones penales contra autoridades como diputados, ministros y el Presidente, según el artículo 314 del Código Penal.

El SEC advierte que solicitará las acciones penales correspondientes en caso de que las autoridades mencionadas insistan en desacatar lo ordenado por la Sala Constitucional, en ambos votos, por lo tanto, instamos a los sectores políticos como sociales para que nos unamos alrededor del objetivo común de defender y exigir el cumplimiento del 8% del PIB para la Educación Pública.

El pronunciamiento de la Sala Constitucional nos llama a no aceptar más recortes presupuestarios a la Educación Pública.

iSEC JUNTO AL PUEBLO!

Comunicado del SEC.

Universidades públicas aportan al desarrollo de la producción agrícola

Las universidades públicas del país invierten parte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en proyectos de investigación que a su vez causan un impacto en la sociedad costarricense.

Por ejemplo, con nuevos conocimientos sobre la mejora de cultivos de cacao, raíces y tubérculos se transforma la producción en la Zona Norte del país. 

La UNED crea la primera órtesis facial personalizada en Costa Rica – Así se invierte el FEES

El laboratorio FabLab de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), único en su tipo y abierto al público, ha diseñado y fabricado la primera órtesis facial personalizada en el país. Este logro, posible gracias al financiamiento del FEES, refleja el compromiso de la universidad pública con la innovación y el acceso a soluciones de salud.