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Etiqueta: educación pública

“Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras” presentará exigencias al Ejecutivo

Distintos sectores involucrados en la movilización hacia Casa Presidencial este 5 de febrero de 2025 difunden las exigencias que presentarán al Poder Ejecutivo.

En su comunicado se exponer: “Nos organizamos como una coalición de distintos sectores sociales, quienes nos haremos presentes en un plantón afuera de Casa Presidencial, durante la conferencia de presa” que es usual los miércoles de cada semana.

El siguiente documento incluye las exigencias por parte de la Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras:

Exigencias al Ejecutivo

Ante la crisis que atraviesa el país y la falta de respuestas efectivas por parte del Ejecutivo, presentamos las siguientes exigencias organizadas por ejes temáticos y construidas entre la diversidad de colectivos, entidades y organizaciones que son parte de esta coalición. Estas demandas son puntuales, viables y fundamentales para la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo pleno de la promesa del futuro.

1. Seguridad y lucha contra el crimen organizado

  1. Exigimos una estrategia integral de seguridad que combata los vínculos del narcotráfico con estructuras del Estado y la crisis de homicidios que afecta al país. ¡No se matan entre ellos! Hay cientos de inocentes de por medio.
  2. Exigimos la inmediata reubicación y fortalecimiento de la Academia de Guardacostas para el control de rutas marítimas utilizadas por el crimen organizado.

2. Educación pública y acceso equitativo al conocimiento

  1. Exigimos la restitución de los programas de educación sexual y protocolos contra el bullying en secundaria para la población LGBTIQ+.
  2. Demandamos la garantía de una educación laica sin intervención religiosa y la no injerencia de grupos de interés ajenos a los principios democráticos en el sistema educativo.
  3. Exigimos la reversión del congelamiento del aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la certeza del respectivo aumento solicitado y estudiado.
  4. Exigimos una solución urgente a las 849 órdenes sanitarias en centros educativos y la presentación de una ruta clara para el fortalecimiento del sistema educativo. ¿Dónde quedó la ruta de la educación?

3. Transparencia, institucionalidad y financiamiento electoral

  1. Exigimos una investigación inmediata sobre el financiamiento ilícito en campaña electoral utilizados por el gobierno actual.
  2. Exigimos el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la gestión gubernamental y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
  3. Exigimos el respeto a la institucionalidad democrática, el cese del debilitamiento de las instituciones públicas y un alto a la violenta polarización del Ejecutivo.

4. Derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables

  1. Exigimos una política efectiva para la prevención y sanción de los feminicidios, así como la erradicación de la impunidad en delitos sexuales. ¡No más impunidad!
  2. Demandamos el acceso real a servicios de atención y acompañamiento en situaciones de violencia de género.
  3. Exigimos la restitución del decreto #38999 para erradicar discriminación en instituciones contra población sexualmente diversa.
  4. Exigimos la apertura de un debate serio y fundamentado sobre la despenalización del aborto en casos urgentes y en sus respectivas demandas.

  5. ● Exigimos la declaratoria de un estado de emergencia por la ola de femicidios.

5. Protección del ambiente y recursos naturales

  1. Exigimos una moratoria inmediata a proyectos de gentrificación y hotelería que afectan comunidades costeras y vulnerables.
  2. Demandamos la regulación estricta del uso de agroquímicos y la implementación de estrategias reales para la protección de fuentes de agua y bosques.
  3. Exigimos la revisión de las irregularidades en proyectos de explotación ambiental y la aplicación rigurosa de sanciones a quienes violen la normativa ambiental. ¿Qué pasa en Manzanillo, Limón?

6. Trabajo y justicia económica

  1. Exigimos una estrategia clara para abordar la pobreza y el desempleo, con políticas que promuevan el empleo formal y digno.
  2. Demandamos la eliminación de cualquier intento de ejecución de la jornada laboral 4×3 que precariza los derechos laborales y afecta la calidad de vida.

7. Comercio internacional y soberanía económica

  1. Exigimos la revisión inmediata del Tratado de Libre Comercio con Israel para garantizar que no comprometa la soberanía económica ni los derechos humanos.

8. Cultura y derecho a la libre expresión

  1. Exigimos el descongelamiento de los 67 300 millones retenidos en los presupuestos de educación, cultura y seguridad.
  2. Demandamos el respeto a la institucionalidad y al diálogo democrático, garantizando la libertad de prensa y expresión sin represalias.

9. Crisis de gobernabilidad y responsabilidad política

  1. Exigimos la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo ante la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país.
  2. Demandamos explicaciones claras sobre las múltiples renuncias en el gabinete y medidas para restaurar la estabilidad institucional. ¡No más proselitismo!
  3. Exigimos la eliminación de prácticas de discriminación sistemática en todas las instancias del gobierno.

El cumplimiento de estas exigencias es fundamental para la reconstrucción del pacto social y democrático del país. Exigimos respuestas inmediatas y acciones concretas que garanticen el bienestar de toda la población. ¡Seguiremos en la lucha!

Debilitar la educación no es una opción. Rectoría UCR

El pasado miércoles 15 de enero Semanario Universidad informó que el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, declaró que el aumento de un 2% para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2025 está “congelado”. Ante esta manifestaciones, es necesario recordar:

  1. El financiamiento de las Universidades Públicas está garantizado por el artículo 85 de nuestra Constitución Política, en el cual obliga a la dotación de patrimonio propio y rentas a estas instituciones para la operación y funcionamiento que requieran.
  2. Para fijar el presupuesto ordinario de las Universidades Públicas, existe un ente coordinador llamado “Comisión de Enlace”, integrado por las representaciones del Poder Ejecutivo y las Universidades, las cuales acordarán el presupuesto anual correspondiente.
  3. En caso de desacuerdo en la Comisión de Enlace mencionada, la Constitución Política establece que la aprobación del monto presupuestario para el financiamiento de las Universidades será resuelto por la Asamblea Legislativa.
  4. La Constitución además, establece que “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.”

En la negociación del año 2024 entre las Universidades Públicas y el Poder Ejecutivo, para la fijación del monto del presupuesto de las Universidades para el ejercicio del 2025, no hubo acuerdo entre las partes. Por lo anterior, la negociación pasó a la Asamblea Legislativa, donde se acordó con las Universidades Públicas un aumento del 2% del presupuesto del FEES, que entró a formar parte del presupuesto permanente de las Universidades.

Congelar el aumento del 2% al FEES, según afirma el Ministro de Hacienda, representa un perjuicio al funcionamiento y crecimiento de la Educación Superior Pública en el país. Este incremento fue aprobado siguiendo un proceso riguroso y transparente, en estricta observancia con lo establecido por la Constitución Política y la normativa vigente.

Desde la Rectoría, reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera decidida en este tema, impulsando las gestiones necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de nuestra institución y el giro oportuno de los recursos correspondientes. No permitiremos que se congele la Educación Superior. Como Comunidad Universitaria, estrechamente unida, enfrentaremos esta situación con firmeza y responsabilidad.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector Universidad de Costa Rica

Nogui Acosta enemigo de la educación pública

Comunicado del SEC

Nogui Acosta ministro de Hacienda, se pronunció esta semana por varios medios de comunicación rechazando la resolución de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional el presupuesto asignado a la educación pública en el presente año 2025, por no respetar el artículo 78 de la Constitución Política que fija una asignación mínima de un 8% del PIB para la educación.

Dicho ministro anunció al país que ordenó congelar las transferencias presupuestarias aprobadas a la educación pública en 8 mociones introducidas al presupuesto 2025 por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, las que asignaron 38 mil millones de colones para financiar partidas urgentes como las becas «Avancemos», los subsidios para transporte estudiantil y el Programa de Comedores Escolares, las transferencias a las juntas de educación y a los colegios científicos así como el faltante en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), entre otras partidas omitidas por el Poder Ejecutivo al enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa.

El SEC denuncia estas acciones del ministro de Hacienda como impropias de un jerarca del Poder Ejecutivo de un Estado democrático; primero porque irrespeta el principio de supremacía constitucional. Como bien conocemos la Constitución Política representa el nivel normativo superior al cual están sujetos, no solo los jueces constitucionales, sino todas las autoridades de gobierno incluyendo al señor Nogui Acosta por más «superministro» que se crea. El congelar estas partidas autorizadas por diputadas y diputados, es una burla porque él no está por encima de la ley para irrespetar las disposiciones de la Sala Constitucional (sentencias firmes) y de la Asamblea Legislativa (leyes de la República). Es una violación sin precedentes del principio de separación de poderes, provocando un peligroso conflicto constitucional de competencias entre los poderes, de consecuencias imprevisibles para el Estado de Derecho.

El SEC denuncia la evidente intromisión del señor Nogui Acosta en asuntos que son propios de educación, suplantando una vez más la autoridad de la ministra de Educación Pública quien brilla por su ausencia.

No es el Ministerio de Hacienda la autoridad llamada a fijar el rumbo de la educación pública costarricense. Sin embargo, con total atrevimiento sobre este tema que no conoce ni le compete, pretende delinear «la ruta de la educación» para los próximos 25 años, preguntándose: «¿Cuántos niños vamos a tener en 2050? (…) ¿tiene sentido el 8% de la educación en 2050?».

Obviamente don Nogui desconoce el contenido del Informe del Estado de la Educación y las recomendaciones de organismos internacionales especializados entre ellos la UNESCO, que señalan la importancia de incrementar el financiamiento de la educación pública como medio para solventar el empobrecimiento de los conocimientos de las personas estudiantes provocado por la pandemia COVID 19 y como mecanismo idóneo para mejorar la calidad educativa.

Es el momento ideal para mejorar la asignación de recursos por estudiante y para reducir el tamaño de los grupos en el aula procurando una educación más personalizada. Los informes especializados advierten sobre el peligro de desatender las obligaciones estatales con el financiamiento educativo, lo cual podría ser motivo de retrocesos irreversibles en la calidad de vida de las personas, en la capacidad productiva del país y en la vigencia misma de los valores democráticos de la Nación. El ministro Nogui Acosta se muestra así, como un completo ignorante de la lección fundamental sobre educación que impartió el benemérito de la patria don Mauro Fernández Acuña en 1885 — hace 140 años – al dotar al país de una visión educativa de largo plazo, proporcionándole a la educación pública los mejores recursos que el país podía ofrecerle, con lo que nos heredó una Costa Rica educada, culta, democrática y emprendedora, que es orgullo nacional así como motivo de reconocimiento internacional.

El SEC solicitará el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, y de las señoras y señores diputados para establecer el conflicto constitucional de competencias que establece el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Consideramos que toda la comunidad educativa, padres y madres de familia que verán afectados los servicios educativos para sus hijos, organizaciones sociales y magisteriales debemos declarar «non grato» al ministro Nogui Acosta, por considerarlo enemigo público de la educación costarricense.

SEC junto al pueblo.

El SEC exige cumplimiento del 8% del PIB para la educación en el 2025

SEC pide a la asamblea legislativa ordenar las transferencias completas aprobadas al MEP para este año

La Sala Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto de educación 2025 aprobado por la Ley N° 10.620, al no cumplir con el mandato constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a la educación pública, considerando que este presupuesto que asigna solo el 4.98% del PIB, viola el derecho fundamental a la educación gratuita y costeada por la Nación, según lo establece el artículo 78 de la Constitución. La resolución responde a una consulta de la Defensoría de los Habitantes y reclamos del SEC, otros sindicatos, universidades públicas y la Mesa de Diálogo Social y Productivo.

Aunque la Asamblea Legislativa ajustó parcialmente el presupuesto con 438.000 millones adicionales, esto no cubre el mínimo constitucional. Ahora, el Poder Legislativo debe aprobar presupuestos extraordinarios para garantizar el financiamiento de los servicios educativos en 2025.

Cabe recordar que ya existía otro antecedente similar en 2016, en el cual además se advirtió que esta reincidencia podría derivar en sanciones penales contra autoridades como diputados, ministros y el Presidente, según el artículo 314 del Código Penal.

El SEC advierte que solicitará las acciones penales correspondientes en caso de que las autoridades mencionadas insistan en desacatar lo ordenado por la Sala Constitucional, en ambos votos, por lo tanto, instamos a los sectores políticos como sociales para que nos unamos alrededor del objetivo común de defender y exigir el cumplimiento del 8% del PIB para la Educación Pública.

El pronunciamiento de la Sala Constitucional nos llama a no aceptar más recortes presupuestarios a la Educación Pública.

iSEC JUNTO AL PUEBLO!

Comunicado del SEC.

Universidades públicas aportan al desarrollo de la producción agrícola

Las universidades públicas del país invierten parte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en proyectos de investigación que a su vez causan un impacto en la sociedad costarricense.

Por ejemplo, con nuevos conocimientos sobre la mejora de cultivos de cacao, raíces y tubérculos se transforma la producción en la Zona Norte del país. 

La UNED crea la primera órtesis facial personalizada en Costa Rica – Así se invierte el FEES

El laboratorio FabLab de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), único en su tipo y abierto al público, ha diseñado y fabricado la primera órtesis facial personalizada en el país. Este logro, posible gracias al financiamiento del FEES, refleja el compromiso de la universidad pública con la innovación y el acceso a soluciones de salud.