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Etiqueta: educación superior

Carta abierta a la institucionalidad universitaria: Hablemos de salud mental, la precarización laboral y la violencia simbólica

MSc. Luis Rojas Herra*

Me dirijo a la institucionalidad universitaria no desde la comodidad del aula ni desde la neutralidad de los informes técnicos con el fin de llenar requisitos del POA, sino desde el cansancio acumulado de quienes sostienen con su cuerpo, su deseo y su precariedad los engranajes del sistema educativo. Desde quienes aman la docencia y la investigación, pero se encuentran ahogadxs en un océano de tareas mal remuneradas, evaluaciones continuas, burocracia interminable y una cultura institucional que glorifica la autoexplotación como si fuera sinónimo de compromiso académico.

La salud mental en la universidad se ha convertido en una bomba de tiempo silenciada. El discurso del bienestar circula como política de imagen, pero no como práctica estructural. Se organizan semanas de salud mental, talleres de mindfulness (así en lenguaje liberal) y charlas de autocuidado, mientras en la práctica los ritmos de trabajo y los niveles de exigencia se intensifican.

Largas jornadas frente a la pantalla, la multitarea permanente y la competencia entre colegas por fondos o reconocimientos institucionales han instalado el cansancio crónico como norma. La universidad, que debería ser espacio de pensamiento crítico y emancipador, se ha transformado en una máquina de productividad emocional que devora la subjetividad de quienes la habitan.

La autoexplotación se ha naturalizado. Se aplaude al docente o investigador que trabaja fines de semana, que responde correos a medianoche, que asume más carga académica “por compromiso con el estudiantado” o “la persona que se pone la camisa de la institución”.

Pero detrás de esa mística del sacrificio del ¨buen empleado¨ hay un sistema que se sostiene en la vulnerabilidad emocional y económica del personal. Los salarios fraccionados (1/4 y 1/2 tiempos), especialmente en los rangos más bajos, son insuficientes para cubrir el costo real de vida. En contextos donde el alquiler, los alimentos y los servicios básicos aumentan cada mes, la perdia de garantias laborales como las anualidades congeladas, la imposibilidad de aumentar la jorda laboral por meio de un 16 bis1, la fata de trnasparencia institusional en estos procesos y el desinteres de las autoridades equivalen a una forma de violencia institucional: una que erosiona lentamente la salud física, la estabilidad emocional y la dignidad profesional.

La precarización no es solo económica, es también simbólica. Se espera que la academia sea un espacio meritocrático donde el conocimiento y el esfuerzo bastan para abrir caminos, pero la realidad es otra: los cuerpos y las identidades disidentes siguen enfrentando barreras invisibles. Las personas LGBTIQ+, especialmente quienes habitamos corporalidades cuir, seguimos cargando con la sospecha institucional. Nuestras existencias son toleradas en tanto no incomoden el orden normativo; nuestras investigaciones son aceptadas mientras se mantengan en el margen del “tema especial” y no cuestionen de raíz las estructuras cisheteronormativas de la producción del saber.

Esta violencia simbólica tiene efectos concretos en la salud mental. Vivir permanentemente en un entorno que exige disimular, traducir o justificar la propia existencia produce un desgaste profundo.

La universidad debería ser un refugio frente a estas violencias, pero muchas veces las reproduce con una sutileza institucionalizada. Se promueve la diversidad como valor, pero sin transformar los mecanismos estructurales de exclusión. Se firman políticas de igualdad, mientras los protocolos de atención siguen sin reconocer la complejidad interseccional de las diversas condiciones de vida de sus empleadxs. Se habla de inclusión, pero los espacios de decisión continúan ocupados por persons previlegiadas que no muestran empatia por las condiciones laborales precarias y violentas.

En ese contexto, la salud mental no puede abordarse como un asunto individual. No se trata de aprender a respirar mejor ni de asistir a talleres de resiliencia. Se trata de reconocer que la precarización material y simbólica mata lentamente. Que la ansiedad y la depresión no son solo diagnósticos clínicos, sino síntomas de un sistema que prioriza los indicadores de desempeño sobre el bienestar humano. Que la autoexplotación no es un acto de amor al trabajo, sino una estrategia de supervivencia frente a la inseguridad laboral.

El bajo salario, la sobrecarga de tareas y la exigencia constante de resultados no solo afectan el cuerpo, sino también el deseo de crear, investigar y acompañar procesos educativos transformadores. Nos encontramos en un punto donde la vocación se convierte en trampa: se nos pide pasión, pero se nos niegan las condiciones para vivirla dignamente. La pasión sin justicia social se transforma en explotación emocional.

Frente a esto, exigimos una transformación estructural, no paliativos simbólicos. Queremos universidades que no midan su excelencia por la cantidad de publicaciones, sino por la calidad de los vínculos que promueven. Queremos que la salud mental sea reconocida como una cuestión política y colectiva. Que se hable de bienestar junto con redistribución, de inclusión junto con justicia económica, de diversidad junto con descolonización del saber.

Las universidades deben dejar de ser espacios de sufrimiento normalizado. No queremos más docentes agotadxs, estudiantes medicadxs por ansiedad o funcionaries que sobreviven a punta de café y precariedad. Queremos espacios donde el pensamiento crítico no se quede en el discurso, sino que atraviese las prácticas institucionales, los presupuestos, las jerarquías y las políticas laborales.

Exigimos respeto, redistribución y reconocimiento. Queremos seguir produciendo conocimiento, pero sin que ello implique enfermarnos. Queremos enseñar, pero también vivir. Queremos que el amor por el trabajo académico no sea el disfraz de la explotación.

La universidad tiene la oportunidad —y la obligación— de repensarse como espacio de cuidado mutuo, de dignidad y de justicia. Pero eso solo será posible si escucha las voces que históricamente ha silenciado: las de quienes hemos sostenido el sistema desde la marginalidad, desde el deseo, desde la precariedad y desde el agotamiento.

La salud mental universitaria no se cura con pausas activas ni con campañas motivacionales. Se cura con justicia laboral, con sueldos dignos, con políticas reales de inclusión y con una pedagogía del cuidado que no tema incomodar la norma. Hasta que eso ocurra, seguiremos insistiendo: nuestra existencia, nuestro cuerpo y nuestra salud no son negociables.

*Artista seropositivo e investigador académico.

Imagen: Cartel del Frente Gremial UNED, colocado en las gradas de acceso frente a la Vicerrectoría en el edificio C, Sabanilla Montes de Oca.

1 Desde mediados de los 2025 recursos humanos de la UNED, no acepta solicitudes de 16 Bis para aumento de jornadas laborales por la crisis financiera para la educación superior.

UCR presentará su infraestructura de supercómputo al servicio de la investigación regional

Conversatorio sobre la HPC@UCR: una herramienta estratégica para la ciencia y la innovación

La Universidad de Costa Rica (UCR) invita al conversatorio “HPC@UCR: Infraestructura de supercómputo para generar investigación y conocimiento; al servicio de Centroamérica y el Caribe”, que se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025, a las 10:00 a.m., en el Auditorio del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP). Se invita al público a presentarse desde las 9:40 a.m.

Durante el encuentro, expertos del Centro de Informática presentarán los avances y alcances del HPC@UCR, el sistema de cómputo de alto rendimiento (High Performance Computing) que permite a la comunidad académica y científica costarricense desarrollar investigaciones complejas y proyectos de gran escala con impacto nacional y regional.

La HPC@UCR es una plataforma que impulsa el análisis de grandes volúmenes de datos, la modelación científica y la innovación tecnológica, poniéndose al servicio no solo del país, sino también de Centroamérica y el Caribe. Este recurso tecnológico es fundamental para fortalecer la colaboración interdisciplinaria y promover una mayor autonomía científica en la región.

El evento forma parte de las actividades del Centro de Informática de la UCR en su 50 aniversario, y es organizado por el Clúster Institucional de Cómputo de Alto Rendimiento (HPC@UCR).

La actividad será gratuita y abierta al público, y también podrá seguirse en transmisión en vivo por Facebook a través del siguiente enlace:
https://www.facebook.com/share/17KDbYBbVq/

Dos años del SIUNED: de la indignación a la lucha organizada

Comunicado

En un contexto universitario marcado por profundas contradicciones económicas y más de una década de recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), acompañado esto de un debilitamiento de las estructuras organizativas -lo cual se evidencia en el retroceso de los niveles de sindicalización, tanto a nivel nacional como institucional-, se abre una ventana de oportunidad para la construcción de un sindicato unitario, de clase y combativo en la UNED.

Más allá de dicho contexto, la perspectiva de fundar un nuevo sindicato en la universidad refleja no solo los problemas laborales, sino también la necesidad de reivindicar una cultura democrática representativa y de lucha, ante el retroceso organizativo derivado de un viejo sindicato desvinculado de los intereses de la clase trabajadora unediana y del panorama político universitario y nacional.

Es así como hace dos años, el lunes 16 de octubre del 2023, en medio de un suelo árido largamente desatendido y como una aspiración de las Asociaciones Gremiales y otros actores políticos universitarios que se unieron a esta lucha, nace el Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED).

Este sindicato germina, en medio de una universidad marcada por estructuras verticales, donde el control institucional se impone como sombra sobre los derechos laborales y salariales. Además, tras los golpes que a la clase trabajadora dio la nefasta Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y ante la preocupación de la Comunidad Universitaria por la imposición de un Salario Global Transitorio que abría un mar de cuestionamientos.

El SIUNED emerge como una apuesta clara por la unidad, la dignidad, la solidaridad y la lucha de clase. Su fundación es el resultado de años de silencios acumulados, de injusticias normalizadas y de voces que pedían ser escuchadas más allá de los pasillos del poder.

La creación de SIUNED busca romper con el molde tradicional del sindicalismo, muchas veces supeditado a intereses institucionales o electorales. Este nuevo sindicato apuesta por ser una organización independiente, con un claro compromiso en una causa mayor: la defensa de la clase trabajadora universitaria, desde una perspectiva de clase, combativa y profundamente humana.

En estos dos años, el SIUNED ha sido un faro para quienes buscan orientación en medio de la precarización laboral y la imposición de medidas ajenas a los marcos laborales.

El sindicato se ha colocado como alternativa ante las estructuras injustas, pero también ha sido un brazo que acompaña a quienes sufren el peso de la indiferencia institucional.

En su corta existencia, el SIUNED ha cosechado grandes victorias y diversidad de aportes tales como la generación de espacios de denuncia, la promoción del respeto de los derechos laborales y oportunidades para la organización desde abajo. Además, se ha sembrado una emergente cultura política crítica, que florece en cada conversación, en cada reunión, en cada charla y en cada acto de resistencia.

Respecto a los métodos de lucha, estos también han cambiado. Ya no se trata únicamente de quejarse, resignarse o confiar en las promesas de las autoridades de turno. Se trata de pensar críticamente, de analizar con profundidad y de construir colectivamente desde la conciencia y la acción informada.

El SIUNED ha entendido que la articulación implica movimiento de ideas y de voluntades. Se ha apostado por el análisis riguroso de la realidad nacional y universitaria, la formación sindical y política, la información y comunicación constante con la comunidad universitaria, así como la creación de herramientas que empoderan a las personas trabajadoras.

La lucha no se limita a exigir derechos: implica comprenderlos, apropiarse de ellos y convertirlos en herramientas de transformación hacia un ambiente laboral más justo y coherente.

Hablar de la propuesta política del SIUNED, es hablar de un proyecto con visión de futuro a largo plazo, que busca una universidad democrática, crítica y comprometida. La ruta está clara: avanzar hacia una Convención Colectiva que no se quede en el papel, sino que se convierta en una base real para el reconocimiento de derechos históricamente ausentes o postergados en la universidad. El SIUNED continúa en la dinámica de construir un sindicalismo crítico, que no se acomoda, que no negocia principios y que no guarda silencio ante los abusos.

En tiempos de retroceso político donde el neoliberalismo se disfraza de modernización y la indiferencia se vende como eficiencia, el SIUNED defiende los derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras universitarias. En una universidad donde el control institucional ha sido, por años, parte de la cultura dominante, el SIUNED ha abierto espacios que dan paso a la conciencia, la organización y la esperanza. Es posible organizarse, denunciar, resistir y construir.

El sindicato se ha colocado como una fuerza independiente frente al modelo de órdenes y sacrificio y que impulsa en el imaginario de la comunidad que la universidad no es solo un lugar de saberes, sino también un territorio de luchas, de debate, de solidaridad interna y externa.

Así las cosas, consolidar un sindicalismo comprometido, independiente y combativo no es tarea fácil. Sobre todo, en un contexto de retroceso político nacional e internacional, donde los derechos laborales se erosionan. Por tanto, fortalecer organizaciones de clase como el SIUNED, más que necesario, es urgente. Sólo desde la organización consciente, desde la crítica reflexiva y desde la acción colectiva, podremos construir una clase trabajadora universitaria que reconozca las amenazas y defienda sus derechos.

Para este fin, se cuenta con un marco legal que permite y garantiza la libertad sindical, como un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en los artículos 339 al 367 del Código de Trabajo, que regulan la constitución, funcionamiento y protección de los sindicatos. Además, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan el derecho de las personas trabajadoras a formar sindicatos sin autorización previa y a negociar colectivamente.

El SIUNED se respalda en la existencia del fuero sindical, como mecanismo de protección, que se extiende no solo a sus dirigentes, sino a cualquier persona trabajadora que participe en actividades sindicales. Esta protección es vital en contextos como el universitario, donde el poder institucional puede ejercer presiones para desarticular la organización sindical y cuestionar las propuestas alternativas.

Como lo señala Ariane Grau-Crespo en su análisis sobre el deterioro de los derechos laborales en Costa Rica, el anti-sindicalismo ha sido un componente estratégico de las políticas neoliberales, lo que hace urgente revalorizar y fortalecer la organización independiente de la clase trabajadora1.

En ese sentido, SIUNED no solo es una respuesta, sino una construcción coherente: una forma de hacer sindicalismo desde la praxis y la propuesta. Dos años resultan poco tiempo, todavía quedan muchas tareas y retos para cimentar un sindicato independiente y de clase. Hacia ese camino nos dirigimos, colocando toda la fuerza, el compromiso y la esperanza a favor de la clase trabajadora de la UNED.

SIUNED: ¡Unidad y Lucha!

1 Grau-Crespo, Ariane. (2024). El deterioro de los derechos laborales y sindicales en Costa Rica en las últimas cuatro décadas: El largo camino de una política laboral neoliberal que continúa. Revista Espiga, 23(48), 31-51. https://doi.org/10.22458/re.v23i48.5451

Medición estratégica para la excelencia universitaria

Dr. Javier Rodríguez Ramírez
Economista – Académico
Escuela de Economía, UNA
javier.rodriguez.ramirez@una.ac.cr

Para el año 2026 la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior se estableció en un monto de ₡593.484 millones. Estos recursos promoverán la equidad en el acceso a la educación, así como la mejora en becas, investigación, innovación y transferencia tecnológica, entre otros beneficios que impulsan el desarrollo del país. Sin embargo, junto con esta asignación presupuestaria, el contexto actual exige que las universidades cuenten con instrumentos adecuados para medir los resultados de sus acciones, considerándolo una necesidad estratégica y un medio de rendición de cuentas ante la sociedad.

La calidad universitaria ha sido tradicionalmente un ideal aspiracional que trasciende la simple satisfacción del usuario. Se concibe, más bien, como el resultado de una gestión integral que abarca todas las etapas del quehacer sustantivo de la institución. En este marco, la evaluación debe ser un proceso intrínseco, permanente y orientado a la mejora continua, en el que los indicadores de gestión actúan como insumos cuantitativos que vinculan las acciones institucionales con los logros deseados.

Las universidades costarricenses han dependido tradicionalmente de indicadores simples, como el número de estudiantes matriculados, las tasas de graduación, la proporción docentes/estudiantes, los porcentajes de retención o el número de publicaciones, entre otros. Si bien esos datos permiten monitorear ciertas tendencias, resultan insuficientes para reflejar la complejidad del sistema académico y las interrelaciones que se dan entre la docencia, investigación, extensión universitaria, gestión de la infraestructura y prestigio externo.

En el ámbito de la medición del desempeño universitario, el QS Latin America & Caribbean University Rankings 2026 constituye una clasificación regional elaborada por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS). Su propósito es ofrecer una evaluación comparativa entre las universidades de América Latina y el Caribe, considerando las particularidades propias de la región. Para ello, incorpora ocho indicadores: el de mayor peso relativo es la reputación académica (30%), seguido por reputación entre empleadores con 20%. Con una ponderación de 10% cada uno se incluyen los indicadores: profesores con doctorado, profesores por alumno, citaciones por artículo, red internacional de investigación; finalmente, con un 5% de peso relativo, se encuentra el impacto web y publicaciones por académico.

Las universidades públicas costarricenses ocupan posiciones modestas frente a sus pares regionales. La Universidad de Costa Rica (UCR) se ha consolidado como la principal institución del país en esta evaluación, al ubicarse en el puesto 19 en el ranking latinoamericano y la posición 499 de la versión global 2026 de QS. Por su parte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica Nacional se posicionan en los lugares 91, 96 y 115, respectivamente, dentro del ranking regional.

Para que las universidades públicas superen el estancamiento relativo observado en los últimos años, sería necesario revisar su planificación estratégica con el fin de alinear y equilibrar los esfuerzos institucionales hacia las dimensiones más valoradas por QS: reputación académica, reputación ante empleadores, producción científica, citaciones, relación docentes-estudiantes y visibilidad web.

En este contexto, la adopción institucional de un modelo interno de indicadores compuestos podría brindar a las universidades públicas una ventaja competitiva. Un indicador compuesto (IC) se genera cuando varios indicadores temáticos se integran mediante procesos metodológicos de normalización, ponderación y agregación. Diversos autores señalan que este tipo de índice permite medir fenómenos multidimensionales, como la competitividad académica, así como comparar de manera integral unidades internas (facultades, sedes) o incluso diferentes instituciones.

Los indicadores compuestos permiten integrar diversas dimensiones o áreas de interés, facilitan la comparación y sirven como herramienta para identificar qué componentes del quehacer sustantivo presentan rezagos: ¿son las citaciones? ¿la reputación internacional? ¿la proporción de investigadores con grados avanzados? Esta visión sistémica posibilita priorizar acciones estratégicas que generen un mayor retorno institucional.

Un indicador compuesto bien diseñado permite evaluar los efectos de las políticas institucionales, como la contratación de profesores con grado de doctorado, el estímulo a la producción científica o la mejora de la infraestructura digital, sobre el índice agregado. La divulgación del modelo metodológico y de los resultados internos proporciona una herramienta adicional para fortalecer la institución y mejorar su credibilidad ante organismos de acreditación, agencias de financiamiento, entidades gubernamentales y la sociedad en general. El uso de indicadores compuestos, siempre que se construyan con rigor y transparencia, puede transformar la manera en que una universidad orienta sus esfuerzos hacia la excelencia.

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Pública Superior costarricense no solo deben crecer en volumen -número de estudiantes, edificios, flota vehicular-, sino también en coherencia, visibilidad y relevancia. Para lograrlo, no basta con ampliar el alcance de las mediciones existentes; es necesario medir con mayor precisión y pertinencia. Una política institucional que impulse la creación de un sistema interno de indicadores compuestos, confiable y ampliamente aceptado, puede resultar decisiva para que la institución supere su rango global, mejore su posición regional y, sobre todo, consolide su papel como referente académico nacional y motor de desarrollo social.

En un entorno en el que la calidad educativa se somete cada vez más al escrutinio internacional, y donde la virtualización y el acceso en tiempo real a educación de calidad permiten a los estudiantes elegir entre universidades de todo el mundo, serán aquellas instituciones que se gobiernen con datos -y no solo con intuición- las que lideren el futuro académico de Latinoamérica.

6-10-2025

El papel de los sindicatos en la construcción de la universidad pública costarricense del Siglo XXI

Anais Patricia Quirós Fernández.

MSc.Lic.Bach. Anais Patricia Quirós Fernández
Académica Universitaria Titular Carreras ILE,PIT
Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés
Universidad Técnica Nacional, Sede El Roble
Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos,
Conciencia digital y fundamentos de la IA,
Diplomada Internacional en Cambio Climático y
Gestión Integral del Riesgo de Desastres Naturales
Estudiante Carrera Derecho,
Escritora. Líder Sindical,
Científica Social, Consultora Empresarial

apatriciaq@yahoo.com

La universidad pública costarricense se ha consolidado como uno de los pilares del desarrollo nacional, gracias a su aporte en docencia, investigación y extensión. Sin embargo, su construcción y sostenimiento no se explican únicamente desde la acción estatal o académica, sino también desde la participación activa de sindicatos y asociaciones gremiales que han defendido los derechos laborales, la autonomía universitaria y el financiamiento público.

En el Siglo XXI, marcado por transformaciones políticas, económicas y tecnológicas, el papel de los sindicatos universitarios se reconfigura y adquiere nuevos retos que trascienden lo laboral para insertarse en la defensa del modelo de educación superior pública.

Los sindicatos en la historia universitaria costarricense

El movimiento sindical universitario tiene sus raíces en la segunda mitad del siglo XX, con la consolidación de la Universidad de Costa Rica y posteriormente de las demás universidades estatales. Estas organizaciones nacieron en un contexto de lucha por condiciones dignas de trabajo y por el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Como señala Rojas (2015), los sindicatos han sido actores centrales en la configuración de una universidad pública con vocación democrática, plural y comprometida con el desarrollo social.

Defensa de la autonomía universitaria y del financiamiento público

En las últimas décadas, la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se ha convertido en un espacio estratégico de incidencia sindical. Según Mora (2020), los sindicatos han sido determinantes en la defensa del financiamiento estatal frente a intentos de recortes presupuestarios, argumentando que la inversión en educación superior es una condición necesaria para la competitividad y la justicia social. Asimismo, han sostenido la importancia de la autonomía universitaria como garantía de libertad académica y gestión democrática.

Construcción de condiciones laborales y diálogo social

Los sindicatos han aportado a la construcción de la universidad pública costarricense mediante convenciones colectivas y mesas de diálogo que garantizan derechos como estabilidad laboral, equidad de género, salud ocupacional y capacitación continua. De acuerdo con Chacón (2018), estos procesos no solo han mejorado las condiciones de los trabajadores universitarios, sino que también han contribuido a una gobernanza institucional más inclusiva, en la que la voz de los trabajadores tiene un papel en la toma de decisiones.

Retos del Siglo XXI: innovación, ética y sostenibilidad

El contexto actual de globalización, digitalización y cambios en el mercado laboral plantea nuevos desafíos. Los sindicatos deben posicionarse como agentes que impulsen la capacitación en nuevas tecnologías, la investigación pertinente y la incorporación ética de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Además, deben evitar caer en prácticas corporativistas, recordando que su misión no se limita a la defensa de intereses particulares, sino a la construcción de una universidad que sirva al bien común (Vargas, 2021).

Dentro de ese contexto, los retos prioritarios de los sindicatos universitarios, específicamente en la Universidad Técnica Nacional, son:

  1. Derechos laborales y condiciones de trabajo.

  • Negociar la primera convención colectiva de trabajo (CCT)

  • Defender la estabilidad laboral contra despidos injustificados o precarización

  • Promover mejoras en salarios, pluses, anualidades y pensiones

  • Velar por las condiciones seguras de trabajo (salud ocupacional, equipo adecuado)

  1. Defensa de la educación superior pública

  • Reinvindicar el Fondo Especial para la Educación Superior ( FEES)

  • Participar en la discusión sobre el financiamiento universitario

  • Rechazar políticas de recorte presupuestario que afecten la calidad

  • Apoyar el acceso equitativo de estudiantes de bajos recursos

  1. Políticas internas universitarias

      • Participar en órganos colegiados (Consejos Universitarios, Comisiones)

      • Defender la autonomía universitaria

      • Impulsar la transparencia en la gestión administrativa

      • Velar por criterios de contratación justos y meritocráticos

  1. Bienestar y desarrollo del personal

  • Promover programas de capacitación y profesionalización.

  • Impulsar servicios de apoyo(guarderías, salud mental, recreación)

  • Fomentar equidad de género, no discriminación, no misoginia, no violencia, no acoso no hostigamiento laboral ni sexual y no persecusión y beligerencia sindical a los dirigentes dentro de la UTN.

  1. Incidencia nacional y social

  • Alianzas con sindicatos de otras universidades y del sector público

  • Defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y derechos sociales.

  • Participación en movimientos nacionales contra reformas regresivas.

  • Impulso de agendas de sostenibilidad, inclusión y derechos humanos.

  • Campañas para fortalecer la autonomía universitaria frente a injerencias políticas.

  • Propuestas de teletrajo y horarios flexibles según la naturaleza de los puestos.

  • Defensa de régimen de pensiones del Magisterio Nacional

Conclusión

Los sindicatos en la universidad pública costarricense han sido y continúan siendo actores fundamentales en la defensa de la autonomía, el financiamiento y los derechos laborales. En el Siglo XXI, su papel se amplía hacia la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento del pacto social que sustenta la educación superior pública. Su capacidad para adaptarse, dialogar y mantener un compromiso ético con el interés general determinará la vigencia y relevancia de la universidad pública como motor de desarrollo nacional.


Referencias

  • Chacón, L. (2018). El sindicalismo universitario en Costa Rica: aportes y desafíos. Editorial UCR.

  • Mora, J. (2020). Educación superior pública y financiamiento estatal en Costa Rica: debates contemporáneos. Revista de Ciencias Sociales, 170(2), 45-62.

  • Rojas, M. (2015). Autonomía universitaria y movimiento sindical en Costa Rica. San José: Editorial de la Universidad Nacional.

  • Vargas, E. (2021). Universidad, sindicatos y futuro: desafíos del Siglo XXI. Revista Latinoamericana de Educación Superior, 12(3), 89-110.

Género, poder y democracia en la academia

III Congreso Universitario “Universidad y Sociedad”. Fuente: AUROL ¡Los académicos no deben voltear la mirada!

Rosaura CHinchilla-Calderón
Rosaura.chinchilla@ucr.ac.cr
Docente a.i. en la Facultad de Derecho

Nuestro país transita un campo minado: se ha erosionado el pacto social que nos sostuvo y se dinamitan pilares como la autonomía universitaria. El regateo de recursos del FEES, las leyes de empleo público y la desvalorización de la educación superior son síntomas de un desgaste estructural que también se refleja en la propia comunidad universitaria. El mundo tampoco ofrece un respiro. Autoritarismos renovados, neofascismos, guerras y genocidios ignominiosos asedian democracias frágiles y penetran los espacios académicos. En ese marco, los derechos se negocian a la baja y retroceden. Mientras tanto, en casa, los feudos internos de poder impiden acciones de avance.

Congresos con deuda pendiente

La UCR, aunque fue el primer centro educativo superior moderno y formalmente laico del país —al suceder a la pontificia Universidad de Santo Tomás que, además de Letras y Derecho contaba con Facultad de Teología— absorbió parte de las unidades académicas de aquella y las unió a otras nuevas, pero sin generar una unificación integradora. De allí que el quehacer universitario se fuera ajustando mediante la reflexión intra-orgánica por medio de los congresos universitarios los cuales se convirtieron en espacios de autocrítica y reforma. A esta fecha suman siete y un octavo está en curso. Algunos marcaron hitos, como el tercero (1971-72), que transformó la estructura académica. Solo en el quinto (1990) se instauró una comisión para reflexionar sobre “la (sic) mujer universitaria”.

Democracia universitaria: el ángulo olvidado

El VIII Congreso se desarrolla bajo el lema: “La construcción de la Universidad del futuro en respuesta a las necesidades nacionales y globales”. Una consigna esperanzadora que quedará en palabras si no se aprovecha la coyuntura para afrontar la deuda histórica con la democratización universitaria tanto externa —para llevar aún más oportunidades educativas de calidad a diversas zonas del país— como con la interna a fin de disminuir las brechas que hoy caracterizan el quehacer universitario. Entre estas se encuentran distorsiones como

  1. el desigual peso de las voces en la deliberación interna según se provenga del sector académico, administrativo o estudiantil;

  2. las desigualdades entre el personal académico de la sede central frente a las sedes regionales;

  3. la infravaloración del personal en condición de interinazgo frente al adscrito a régimen académico.

Sin embargo, la brecha más persistente es la de género, a la que se suman condicionantes interseccionales que generan nuevas estratificaciones. Mujeres interinas, en sedes regionales, indígenas, afrodescendientes o con alguna condición de discapacidad, para citar solo algunos casos, estarán en el vértice de las discriminaciones. Aunque es vital reflexionar sobre todas las formas de democratización universitaria, me centraré en esta última.

Androcratemia”

Designaremos, caprichosamente, como “androcratemia” el estado patológico de una comunidad de saberes en donde el poder masculino se naturaliza, reproduce y legitima como si fuera parte de su funcionamiento vital. El término une las raíces griegas “andrós” (hombre, varón), “Kratos” (poder, dominio) y “-emia” (sufijo de patologías sistémicas, como en anemia o septicemia, y morfonema final de la palabra “academia”). Y este es, precisamente, el estado de las cosas en la UCR.

Baste mencionar que el sexismo en nuestra academia está tan naturalizado que en más de 80 años de historia solo ha habido una rectora propietaria; la cantidad de profesoras eméritas y catedráticas es escandalosamente menor respecto de sus pares varones; los salones y plazas llevan nombres masculinos; cientos de docentes sostienen el quehacer interno con sus interinazgos perennes y la composición de las Asambleas de Facultad, Consejos Científicos de Institutos de Investigación y de paneles académicos convocados sigue siendo mayoritaria o exclusivamente masculina.

Pese a ello, los acuerdos formales adoptados por las instancias administrativas y de gobierno de la UCR sobre la discriminación contra las mujeres universitarias han sido pocos, recientes y no exentos de resistencia. No fue sino hasta 2020 en que el Consejo Universitario (CU) aprobó el proyecto Mujeres en la bibliografía para: “1. Exhortar a la comunidad universitaria a desarrollar procesos reflexivos que permitan identificar las desigualdades de género presentes en la academia, para así tomar medidas concretas, a fin de erradicar las inequidades existentes…” También se comprometió a incluir la perspectiva de género en el trabajo cotidiano de la Universidad y a elaborar diagnósticos anuales sobre el estado interno de la igualdad de género. Más recientemente se han creado iniciativas como PUBLICARE para estimular la producción académica de mujeres y su ascenso en régimen académico; surgió la Unidad de género de la UCR y la Red de Mujeres en Ciencias, Ingenierías y Humanidades. Sin embargo, fueron las denuncias públicas las que propiciaron la depuración de la tramitología asociada a procesos por acoso sexual en la docencia y no se ha dado el paso principal: implementar acciones afirmativas que garanticen la igualdad en la academia.

Paridad de género: una obligación, no una opción

El VIII Congreso tanto como las actuales autoridades universitarias no deberían evadir más la cuestión. Se requieren reformas estatutarias que garanticen la paridad en órganos de decisión y que implementen medidas afirmativas claras: concursos y becas exclusivas para mujeres, criterios diferenciados de admisión para poblaciones históricamente marginadas (como ya aprobó el CU algunas) y políticas de contratación que eliminen carteles diseñados a la medida de unos, no pocas veces cercanos a centros decisorios.

Quien objete estas medidas bajo el argumento de “discriminación inversa” desconoce que tratados internacionales como la CEDAW o la Convención de Belém do Pará, ambos ratificados por Costa Rica, obligan al Estado —y, por ende, a la universidad pública— a aplicarlas. Estos tratados están por encima de la Constitución Política y de la autonomía universitaria la cual nunca puede usarse para justificar retrocesos sino para potenciar posiciones humanistas y nada puede recibir mejor ese calificativo que disminuir brechas entre seres humanos. Las acciones afirmativas no son concesiones, sino compromisos éticos y jurídicamente vinculantes.

La paridad de género como justicia democrática

El Estatuto Orgánico de la UCR establece que su misión es contribuir a la justicia social y al bien común. Hoy, esa misión exige que la universidad asuma con seriedad la paridad y la perspectiva interseccional de género.

No basta con sumar algunos nombres de mujeres a listas o fotos institucionales. Se trata de transformar las estructuras que las excluyen, de abrir espacios de poder real y de garantizar que la academia costarricense deje de reproducir las mismas desigualdades que critica.

El VIII Congreso Universitario o reafirma una universidad que se moderniza en el vacío, sin democratizarse, o inaugura un camino donde las mujeres universitarias dejan de ser satélites de focos de poder y para ser concebidas como parte esencial de la academia, en igualdad de condiciones que sus pares hombres.

Avanza organización del Congreso Nacional del Pacto por la Educación Pública

En el marco de la organización del Congreso Nacional del Pacto por la Educación Pública, se realizó una sesión de trabajo en la que participaron representantes de distintos sectores vinculados a la educación. La actividad se desarrolló con el objetivo de planificar y diseñar esta iniciativa que reúne diversas acciones de interés político nacional orientadas al fortalecimiento y defensa de la educación pública, concebida como un eje social clave en Costa Rica.

Durante la sesión, se destacó que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en su 144 aniversario, respalda, participa y tiene incidencia en esta propuesta, reafirmando su compromiso con la educación costarricense. Se señaló que el trabajo no se limita a la organización del Congreso, sino que también abarca otros aspectos relacionados estrechamente con la educación en todos los niveles, con especial atención a la educación superior.

Las personas organizadoras hicieron un llamado a los sectores sociales y regionales de todo el país para sumarse a esta lucha conjunta y plural en defensa del derecho colectivo al acceso a la educación pública.

Hablando de Inteligencia Artificial: participación del Dr. Oldemar Rodríguez Rojas en panel especializado

Este 25 de julio de 2025 a las 18:00 horas (UTC -6) se transmitirá en vivo el panel “Hablando de Inteligencia Artificial”, con la participación del reconocido académico Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, catedrático de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica.

El Dr. Rodríguez ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight” (2000) y la Medalla de Oro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (Ginebra, 2004) por su destacada labor como inventor costarricense.

Cuenta con una sólida trayectoria académica: es Licenciado en Matemática Pura por la UCR, tiene una Maestría en Ciencias de la Computación y un Doctorado en Matemáticas de la Decisión por la Universidad de París PSL (Francia), así como un posdoctorado en Estadística en la Universidad de Stanford (EE. UU.). Ha ocupado puestos clave como decano, miembro del Consejo Universitario y vicerrector de Administración en la UCR.

La actividad es organizada por el Programa Alternativas, producido por el Colectivo Reflexión – Acción, y será transmitida en vivo por Facebook Live, YouTube y Spotify, además de ser retransmitida por Radio Guanacaste (106.1 FM), Radio Soberanía y Radio Revolución.

Estudio compara los gastos reales de estudiar educación superior en cuatro países de América Latina

Una nueva monografía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que el costo de asistir a la educación superior va mucho más allá del arancel. Transporte, alimentación, materiales y vivienda –gastos “ocultos” que con frecuencia no figuran en los cálculos oficiales– siguen siendo barreras críticas para la permanencia estudiantil en Chile, Costa Rica, Perú y Colombia.

El documento El gasto real de estudiar educación superior en América Latina: ¿cuánto invierten las familias y qué apoyo financiero reciben los estudiantes? analiza, en dólares PPP 2023, el desembolso anual que afrontan las familias según tipo de institución (pública o privada), nivel (universitario o técnico) y localización (capital o fuera de ella). Entre los principales hallazgos:

  • En las universidades privadas ubicadas en la capital, el gasto total promedio oscila entre US$ 48 634 en Costa Rica y US$ 121 671 en Chile.

  • Cuando se contrasta con el PIB per cápita, la carga relativa es similarmente elevada: en Chile representa entre 67 % y 78 % y en Colombia entre 46 % y 62 %.

  • La educación técnica implica desembolsos menores, aunque sigue siendo significativa; en institutos privados chilenos promedia US$ 45 738.

  • Los gastos de vivienda y arancel explican la mayor parte de la diferencia entre programas universitarios y técnicos.

  • Las brechas persisten a pesar de los programas de becas, créditos y, en algunos casos, gratuidad condicionada.

El estudio subraya que comprender la magnitud de estos montos es esencial para diseñar políticas que garanticen el acceso y la permanencia, especialmente de personas jóvenes de menores ingresos.

Descargue el documento completo en PDF y consulte los detalles metodológicos, los cuadros comparativos y las recomendaciones de política pública:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/07/El-costo-de-estudiar-en-educacion-superior-y-los-programas-de-apoyo-financiero-a-estudiantes-en-America-Latina.pdf

Universidades públicas alcanzan acuerdo con el gobierno para el FEES 2026

Dr. Carlos Araya Leandro.

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), doctor Carlos Araya Leandro, informó que las universidades públicas del país y el Gobierno de la República alcanzaron un acuerdo en torno al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al año 2026.

Según las declaraciones del rector, el acuerdo contempla un crecimiento del 1% en el presupuesto, del cual la mitad se destinará exclusivamente al fortalecimiento del sistema de becas estudiantiles. Esto representa un respaldo directo y significativo para miles de estudiantes en todo el país y reafirma el compromiso con la equidad y el acceso a la educación superior.

El convenio establece que en caso de que la inflación interanual supere el 1%, se aplicará un ajuste automático de hasta un 0,5% adicional por medio de un presupuesto extraordinario. Asimismo, se acordó que se establecerá una comisión conjunta que tendrá como objetivo presentar antes del 31 de octubre próximo una propuesta para la recuperación de los recursos que fueron postergados en los años 2020 y 2021 producto de la pandemia.

Este acuerdo surge tras un proceso de diálogo y negociación sostenido, en un contexto donde el presidente Rodrigo Chaves Robles había afirmado previamente que no se daría más que un 0,5% de aumento para el FEES.

Araya Leandro describió el convenio como reflejo de la voluntad de construir soluciones responsables, de proteger y fortalecer la educación superior pública costarricense y de seguir abriendo oportunidades a las nuevas generaciones. «Invertir en educación pública es sin duda invertir en el desarrollo de Costa Rica», afirmó.

El rector ha hecho un llamado a la comunidad de la UCR para continuar con las mismas capacidades que ha tenido históricamente para atender los tres pilares que surgen del Tercer Congreso Universitario: la docencia, la investigación y la acción social, que, junto a la atención prioritaria de la vida estudiantil, han permitido a la casa más antigua de educación superior del país aportar como lo ha hecho al desarrollo nacional.

SURCOS comparte el video con las declaraciones del rector de la UCR.