Este mes de agosto, la Universidad Técnica Nacional (UTN), estará graduando a un total de 2234 nuevos profesionales, provenientes de diferentes áreas de conocimiento.
Asimismo, el señor Emmanuel González Alvarado, Rector de la UTN expresó su felicitación a los nuevos profesionales y a su vez manifestó sentirse muy honrado que la universidad pueda concluir de manera satisfactoria su gran objetivo que es la formación de especialistas.
Las universidades públicas generan la mayoría de las investigaciones del país con el objetivo de que los resultados obtenidos aporten al desarrollo del país y al mejoramiento de la calidad de vida de su gente.
El Instituto Clodomiro Picado (ICP) de la UCR, es el centro de investigación científica encargado de contribuir a la solución del problema de envenenamientos por animales ponzoñosos en Costa Rica. En la actualidad se registran entre 400 y 600 mordeduras de serpientes cada año.
Sus estudios son primordiales para el desarrollo y mejoramiento de técnicas para producción de antídotos diseñados para su uso terapéutico en nuestro país y otras regiones del mundo.
Invertir en la U Pública es invertir en Costa Rica y su gente…¡apoyémosla!
Él es Ernesto, indígena boruca, graduado de la carrera de Planificación Económica y Social-EPPS- UNA, gracias al esfuerzo y sacrificio personal y de su familia.
Más del 64% de la población graduada de las universidades estatales provienen de hogares donde padres y madres no tienen un título universitario.
Fortalezcamos la U Pública, sigamos construyendo país.
El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) de la Universidad Nacional, cumple las funciones de Centro Nacional de Alerta de Tsunamis y está reconocido como tal ante la IOC/UNESCO.
Además de manejar posibles alertas de tsunami, haciendo un análisis de la amenaza para la CNE, el SINAMOT realiza estudios de amenaza de tsunami, mapas de evacuación por tsunami, ejercicios de tsunami y apoya a las comunidades e instituciones en su preparación ante tsunamis.
Mainier Barboza Soto. Movimiento Patriótico por Costa Rica.
¿Puede parecer una protesta de este tipo acto vandálico? No conocí de esta noticia hasta hoy, sin embargo, independientemente de quiénes fueron (estudiantes, profesionales de la educación, administrativos, algún grupo focalista), la reacción es una muestra para mí respetuosa, ante la agresión, que no por ser verbal deja de serlo, de las opiniones del gobierno en materia de educación y de la Superior, con el FEES, que es un soporte del Estado Social de Derecho.
Las universidades públicas hace rato, están en la mira, representan no solo un baluarte de la democracia y nuestro Estado, su proyección con el desarrollo del país, con los programas de extensión, la preparación de profesionales de alta calificación, con sus observatorios en las distintas disciplinas y materias educativas, cursos libres, y lo mejor, la investigación científica, cultural, económica, entre otras representan la mejor forma de generar conocimiento, crearlo y reinvertirlo socialmente.
Ese es el problema en las sociedades signadas por el neoliberalismo, forma encubierta para no decir capitalismo salvaje (ya señalado desde los últimos decenios del siglo XX).
Aquí seguimos, bueno, los vasallos del poder hegemónico (G-7 con USA, al frente), demoliendo este Estado, les molesta que un país con 50100 kms2 de territorio (sin contar los casi 600 mil kms2 de mar territorial, abusado por pesca ilegal, ruta de narcos, contrabando, entre otras) tenga un Estado Social de Derecho. En tanto, las poblaciones costeras están en los niveles más deprimidos de la estadística oficial, (primeros lugares en pobreza extrema, en exclusión, en niveles de desocupación, y las mujeres encabezan esas listas).
Potencialmente el mar es la frontera económica que solventaría la crisis actual del país y la región centroamericana, lo que se necesitaría, es unir voluntades, inteligencias, cooperación, espíritu gregario, una alta dosis de patriotismo y de solidaridad. No es posible tener al frente la solución y solo postergarla, en aras de intereses mezquinos.
Que no nos pase como en otras naciones de América Latina, donde arrasaron con el Estado Social de Derecho y de los Servicios Públicos, sumiendo esas naciones en una pobreza sin límite, que recae, como «norma” del capital y su acumulación ambiciosa, en los segmentos de población más vulnerable, y la deuda pública, externa e interna inmanejable.
Con fecha reciente, el Banco Mundial, BM, publicó un documento titulado “La vía rápida hacia nuevas competencias…”, en el que se hacen varias propuestas de cómo ordenar la educación superior en América Latina y El Caribe.
El documento contiene la propuesta de una herramienta denominada “Programas de Ciclos Cortos, PCC, para la educación superior”.
En su visión, el BM propone: “Dado que los gobiernos enfrentan severas limitaciones presupuestarias, el desarrollo de la mano de obra apenas dispone de recursos adicionales.” p. 2 (subrayado mío)
Entre algunos elementos contextuales para la puesta en marcha de los PCC, se hacen consideraciones como la siguiente: “Los Gobiernos cuentan con una ventaja innata a la hora de recopilar la información pertinente, ya que pueden imponer a las IES la obligación de comunicarla”. p. 190 (IES, Instituciones de Educación Superior.)
En el marco de los diálogos sobre la asignación del FEES 2023 a las universidades públicas, el miércoles 17 de agosto, al siguiente día de la marcha universitaria hacia la Casa Presidencial, donde se sostenía una sesión de trabajo sobre dichos diálogos, la Ministra de Educación, envió el siguiente mensaje:
“17 de agosto 2022
DM-1003-08-2022
Señores Miembros de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal
Asunto: Solicitud de información para la cuarta sesión de la Comisión de Enlace para el financiamiento de la educación superior universitaria estatal”.
Por medio de este mensaje la ministra indicó “que debemos posponer la cuarta reunión prevista para el miércoles a las 2:30 pm”.
En el mismo se dice: “Recordamos los siguientes criterios que deben prevalecer para el otorgamiento y distribución del monto FEES 2023 que prioriza las universidades y programas que cumplan los siguientes criterios:” y se anota 11 puntos.
Un primer llamado de atención que se observa es que, este mensaje está muy en concordancia con lo citado anterior del texto del BM, de la p. 190.
Otra llamada de atención es que el párrafo que alude a “criterios” y algunos de éstos, son de supina prepotencia y a todas luces contrarios a lo decidido en artículo 84 de la Constitución: “La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones … así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional…”.
Comporta una actitud irrespetuosa, por parte del gobierno, que no debe permitirse, el manejo del escenario con estas formas de abuso y unilaterales.
Es necesario tener claridad que lo que está en la mesa no es sólo una cantidad de dinero sino una institucionalidad y un lugar en el desarrollo del país.
Es intolerable que en tercer punto se diga: “Mayor cantidad de cupos en programas STEAM”, dictándole a la Universidad Pública cómo debe ordenarse, siendo que además esos programas, por sí solos, no comportan una educación integral.
Hago hincapié en la palabra diálogo y no negociación, porque el asunto no es negociar: El gobierno está en la obligación de cumplir con su mandato.
Siguiendo con el documento del BM, se observan los dos siguientes contenidos:
“…los gobiernos subsidian generosamente… las IES públicas, pero rara vez ofrecen ayuda económica a las IES privadas…”. 186
“… la readaptación profesional y formación complementaria a gran escala de la mano de obra necesaria en la situación de emergencia actual solo puede ser posible si se subsidia a … las IES públicas y privadas.” 194
Dos observaciones:
Por un lado, está clara la intención de financiar con fondos públicos, el negocio de la educación privada;
Por otro lado, se insiste en la visión del educando, como mano de obra que debe ser preparada según la demanda de las empresas.
En la producción de estos autómatas, nada importan las Humanidades, las artes u otro tipo de sensibilidades y formación humanística. Tampoco las consecuencias para la salud física y mental, personal y social, de un trabajo irreflexivo y labores mecánicas, con enfoque maquinista, pragmático y de sobrevivencia, así como tampoco importa el pensamiento político, la reflexión filosófica, cultivar el espíritu. Más parece una maquila de bolsa laboral.
En otro orden de consideraciones, es necesario tener en cuenta una acertada comunicación con la opinión pública y de hoy en adelante, no sólo como reacción a la difusión de desinformación contra la Universidad pública por parte del gobierno y sectores interesados en la Asamblea Legislativa y otros emisores de desinformación y falsedades. Así también poner atención a salarios desproporcionados, que, además, se constituyen en flancos de ataque.
Para terminar, algo sobre el Banco Mundial.
En el documento “La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos”, de CLACSO, Capítulo 10. “El banco mundial y la crisis de la deuda del tercer mundo”, de Eric Toussaint, se mencionan y anotan cuestiones y juicios como las siguientes:
“Banco Mundial: instrumento de succión de los recursos de los países del Sur.”
“Crisis de legitimidad sin precedentes. Desde 1997/1998 el Banco Mundial y el FMI atraviesan la mayor crisis de legitimidad de su historia. Innumerables manifestaciones de oposición en su contra se han desarrollado tanto en los países sometidos a su política como en los países más industrializados.”
“Lo que sí está demostrado es que el Banco Mundial y las potencias que lo dominan, comenzando por el gobierno de EE. UU., tienen una parte determinante de responsabilidad tanto en la sucesión de acontecimientos que desembocaron en la crisis como en la utilización de la crisis para aumentar la subordinación de los países de la Periferia respecto a los países capitalistas más industrializados.”
“Para intentar contrarrestar los efectos de su crisis de legitimidad al mismo tiempo que seguían su línea de profundización de las medidas neoliberales, las instituciones de Bretton Woods tomaron a partir de septiembre de 1999 una nueva iniciativa, que denominaron Estrategia de Reducción de la Pobreza”
Para cerrar, tengamos presente las palabras del premio nobel Jacinto Benavente: “Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin conciencia, son los que se complacen en ser mal gobernados”.
El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) de la Universidad Nacional y la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica, son centros especializados de investigación encargados de la vigilancia sísmica y volcánica en el país. Sus estudios son imprescindibles para contribuir con la prevención de riesgos y mitigación de los desastres que generan este tipo de eventos naturales.
Además, el trabajo que desarrollan estas instituciones apoyan directamente la toma de decisiones de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).
Puede conocer más e informarse acerca de la labor del OVSICORI y de la RSN ingresando a los siguientes enlaces:
El pasado 16 de agosto, en la sesión plenaria ordinaria número 53, en el espacio de “Control Político”, la diputada Pilar Cisneros Gallo señaló una amplia gama de medias verdades, incoherencias y falsedades, respecto a las cuales quiero hacer referencia. La transparencia debe prevalecer en nuestro sistema democrático y por tanto quiero clarificar a la ciudadanía, sobre todo porque la señora diputada al inicio de su intervención expresó que “para entender hay que hablar con hechos y realidades”. Así las cosas, hablemos con la verdad.
Señala la diputada Cisneros, que la Constitución prevé un solo presupuesto que se debe repartir entre más de cincuenta instituciones, incluido el INA. Para no caer en el mismo error de la diputada, cito textualmente el artículo 78 de la Constitución Política de la República “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución”.
Efectivamente, la inversión en educación estatal es una sola, pero no se puede dejar de lado lo que señala el artículo 85 constitucional en relación con el financiamiento de la Educación Superior, el cual indica “las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”. Además, se establece en ese mismo artículo que “el Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”. Es decir, la propuesta que defiende la señora diputada de reducir el financiamiento estatal en Educación Superior es contraria a lo establecido en este artículo constitucional.
Señala la señora diputada que entre el presupuesto de la educación estatal se encuentra los recursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Esta es una afirmación falsa y es realmente lamentable que una diputada de la República demuestre tal desconocimiento de la gestión pública. Según el artículo 15 de la Ley 6868, el financiamiento del INA queda establecido de la siguiente forma:
“El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de las planillas de salarios pagados mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores económicos, cuando ocupen en forma permanente por lo menos a cinco trabajadores; los patronos del sector agropecuario pagarán un cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de ese monto total de sus planillas, siempre y cuando ocupen un número superior a diez trabajadores en forma permanente; y, el uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de sus planillas de salarios que deberán pagar mensualmente las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado”.
Se confunde la señora diputada con lo establecido en el artículo 29 del título cuarto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Lo que este artículo señala es que los recursos presupuestarios del INA se contabilizarán como parte del 8% destinado la educación estatal según los términos del artículo 78 constitucional. Evidentemente, lo anterior no significa que el Gobierno de la República toma recursos del sistema educación estatal –preescolar, primario, secundario y superior — para el financiamiento del INA, pues esta institución ya cuenta con sus propias rentas dadas por ley.
Por otra parte, indica la diputada Cisneros que el Estado no puede cumplir con la asignación del 8% el PIB a la educación, y por tanto avala –como lo ha hecho también la Ministra de Educación— el incumplimiento constitucional del artículo 78, al reducir en un 2% el presupuesto destinado a la educación. En ese sentido, desconoce la diputada el voto de la Sala Constitucional (número 12803-2016, del 7 de setiembre de 2016) que declara inconstitucional el incumplimiento de incorporar en el presupuesto de la República un monto menor al equivalente al 8% del PIB en educación y, además, “se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito a acoger esta acción”.
Dando continuidad al posicionamiento discursivo de la señora Ministra de Educación, la diputada Cisneros intenta polarizar a la ciudadanía alrededor de los recursos presupuestarios asignados a la educación de primera infancia, primaria y secundaria en relación con los de la educación superior pública. Esta discusión fue superada en las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que da origen a nuestra Carta Magna. Según el acta número 160 del 4 de octubre de 1949, el diputado constituyente Fernando Baudrit Solera decía: “Se afirma nuevamente que nosotros pretendemos quitarle a la raquítica economía de nuestra educación el 10%. Esto no es cierto. La afirmación carece por completo de validez. (…) Pedimos que el presupuesto general de educación sea adicionado con una partida para la Universidad de Costa Rica, equivalente al diez por ciento del mencionado presupuesto. Esto es, una vez satisfechas todas las necesidades del país en materia educacional que a la Universidad se la dote con una suma básica, que le permita hacer frente a sus múltiples necesidades que aumentan día con día…”.
En consonancia con las palabras del diputado constituyente Baudrit Solera, hoy se puede afirmar que si el Poder Ejecutivo cumple con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de la República, ratificado por la Sala Constitucional en el fallo 12803- 2016, y se asignara a la educación pública el 8% del PIB, no estaríamos ante los intentos de polarización surgidos en estos últimos días y el sistema educativo como un todo estaría en mucho mejores condiciones, con el consiguiente incremento de oportunidades para la ciudadanía. La polarización no surge entre sectores del sistema educativo, como afirma la diputada Cisneros, sino entre la ciudadanía y el sistema educativo como un todo y los autores del incumplimiento del artículo 78 constitucional.
Muchas de las personas que leen este documento estarán pensando, al igual que la señora diputada, que dar cumplimiento al mandato constitucional implicaría aumentar el déficit de las finanzas públicas. Este es un tema que se tratará en una próxima reflexión sobre la participación de la diputada Cisneros Gallo en el plenario legislativo el pasado 16 de agosto.
Compartido con SURCOS por Roberto Salom Echeverría.
El sindicato, UNE-UNED, UNEDPRO, APROFUNED y AFAUNED demandamos lo siguiente:
Lo establecido en la Constitución Política de Costa Rica:
Artículo 11 Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.
Artículo 78 La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
Artículo 85 Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.
En la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza
Artículo 4 Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 26
La educación técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde se garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
Así mismo, demandamos que se respete el acceso de nuestros jóvenes al capital cultural aportado por las universidades públicas.
Remuneraciones salariales dignas a docentes, investigadores, técnicos y administrativos.
Respetar lo establecido en la Constitución Política y leyes conexas relativo a los porcentajes dirigidos a la educación pública, toda vez que se redujo del 5% en el 2018 al 0,87 % en el 2021.
Eliminar los puestos interinos por medio de la asignación de plazas a los funcionarios universitarios.
Fortalecer el sistema de becas a la población estudiantil en áreas rurales y comunidades urbanas.
Por tanto, exigimos se cumplan las demandas antes expuestas al Poder Ejecutivo y autoridades universitarias.
Dado en la Sede Central de la Universidad Estatal a Distancia, viernes 19 de agosto de 2022.
Gabriel Quesada Avendaño Rafael López Alfaro
Secretario General Sindicato UNE-UNED Presidente UNEDPRO
