Los rectores de las universidades públicas hemos observado con preocupación ataque que, principalmente desde, mediados del 2018, diputados de diversas fracciones y medios de comunicación han hecho a las instituciones de la educación superior.
Estamos preocupados porque, como intento probar, no obstante, el respeto que nos merecen tanto los diputados, como los representantes de los medios de prensa, la mayor parte de los argumentos son descontextualizados, se basan en información falsa y contienen con frecuencias descalificaciones contra lo rectores. Para probar lo dicho me referiré, como un ejemplo al editorial de La Nación del 14 de enero pasado informativo.
1- El editorial cita un fragmento del artículo 85 de la Constitución Política, según el cual las rentas que reciben las Universidades con cargo al Presupuesto Nacional (o FEES), no podrán ser abolidas, ni disminuidas, y que las mismas serán ajustadas de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda.
El editorialista tiene el afán de resaltar lo que denomina “el riesgo moral” que—según él—se alimenta cuando las universidades obtienen un elevado aumento en la base. Este afán lo lleva a omitir algunos hechos muy importantes. El primero de ellos, sobre el cual no se dice media palabra, es que al aprobar el último Presupuesto Nacional de la República, el 20 de noviembre, los diputados disminuyeron las rentas que reciben las universidades, en clara violación del artículo 85 Constitucional.
En segundo lugar, el mismo artículo 85 señala que: “Cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.” Pero no surgió ningún diferendo en el seno de la Comisión de Enlace. Considero imposible que el editorialista desconozca este hecho.
2-Por otra parte, se omite decir que los aumentos “elevados” del FEES a la base como el que se produjo al inicio de la administración Solís, son una excepción en los últimos nueve años. También se guarda el editorial de puntualizar que según el artículo 85 constitucional, el presupuesto de cada año no puede ser disminuido, ni abolido, “…si no se crean, simultáneamente otras mejoras que las sustituyan.” Si bien es cierto desde el 2010 el presupuesto universitario creció a una tasa un poco inferior al 10%, de nuevo se omiten dos circunstancias concordantes entre sí:
3- El editorial pretende abordar el tema de los pluses, de una manera sesgada. Veamos:
Tampoco es cierto, que los subsidios del FEES “…beneficien a estudiantes provenientes de familias acomodadas, que en mayor proporción concluyen la educación media.” La UNA posee uno de los sistemas de admisión más justos de las universidades del país. Lo que no podemos directamente es impedir, como universidad, que sean los estudiantes de familias acomodadas los que en mayor proporción concluyen la educación media. Endosarnos esto también es el colmo de la distorsión de la realidad, solo para desprestigiar a las universidades públicas.
Con la comisión recientemente instalada en la Asamblea Legislativa, si desean analizar los recursos del FEES, estamos prestos a colaborar, somos entidades que no tenemos nada que esconder y estamos dispuestos al diálogo. Las universidades estatales estamos al servicio del país.
Enviado a SURCOS por M.Sc Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación Rectoría UNA.
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En el marco de los procesos de gestión de la calidad, se desarrolló el “IV Foro sobre calidad e innovación en la Educación Superior” el 5 y 6 de noviembre en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica; 7 y 8 de noviembre en el Centro Universitario de la UNED en San José y en la sede central del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago, respectivamente.
La organización del evento estuvo a cargo del equipo interuniversitario Gestión de Calidad e Innovación en Educación Superior (GECIES) que inició su labor en el año 2016, con el compromiso de fortalecer la cultura de calidad e innovación en las instituciones universitarias.
Este equipo organizador está conformado por representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN). Además, en esta oportunidad se contó con la colaboración del Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA).
El objetivo de la actividad se orientó a propiciar la sensibilización a distintos grupos de interés acerca de la importancia de la gestión de la calidad e innovación en la dinámica de las instituciones de educación superior, así como compartir las buenas prácticas que favorecen los procesos de mejoramiento continuo e innovación del quehacer académico, fortaleciendo la calidad de sus resultados, productos y servicios.
En el evento participó personal académico y administrativo de las diferentes universidades; gestores de calidad de instituciones y organizaciones gubernamentales y privadas, quienes coincidieron en la necesidad de generar e intercambiar nuevos aprendizajes en la temática.
La apertura del foro estuvo a cargo de la Dra. Ana María Hernández Segura, Rectora Adjunta de la Universidad Nacional, quien hizo alusión a la importancia de gestar y articular acciones entre las universidades y fortalecer la relación universidad sociedad.
En el foro se realizaron conferencias magistrales, paneles y talleres con especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas atinentes a innovación, empleabilidad y seguimiento de egresados, internacionalización en la educación superior, planificación y gestión de la calidad.
Las conferencias magistrales abordaron los temas:
Para la Máster María Agustina Cedeño Suárez, Coordinadora de la Iniciativa Gestión de la Calidad para la Excelencia (Rectoría Adjunta), el desafío es asegurar que la responsabilidad que la sociedad le encomendó a las instituciones de educación superior se cumpla, y esto se hace evidente en la medida que la comunidad universitaria da cuenta de ella: “ Las participaciones durante este IV Foro abordaron, en términos generales, la importancia de la mejora continua en el desarrollo de los procesos, el conocimiento innovador orientado a solventar problemáticas del contexto social y el compromiso de transferir conocimiento como un acto de responsabilidad social y forma de establecer su nivel de calidad”, indicó Cedeño.
En este sentido, se desarrollaron reflexiones, discusiones y planteamientos sobre el tema de calidad e innovación en la Educación Superior necesarios en nuestras instituciones de educación universitaria.
El académico José Miguel Carot Sierra, de la Universidad Politécnica de Valencia, España participó en la actividad de forma virtual con el video: “Empleabilidad y Seguimiento de Egresados”, de esta manera, aludió que el seguimiento de las personas egresadas es primordial para conocer la calidad de la educación superior y su impacto en la sociedad: “Se requiere de forma inminente el análisis de la empleabilidad, considerando para ello las nuevas demandas de la sociedad, el aprendizaje continuo, la flexibilidad de los profesionales en la sociedad del conocimiento, proporcionando herramientas que posibiliten la búsqueda de soluciones innovadoras”, expresó Carot.
En el panel “Calidad e Innovación en procesos académicos” participaron Giannina Ortiz, académica del TEC; Susana Ruiz Guevara, Vicerrectora de Vida Estudiantil de la UNA y José Luis Arce Sanabria de la UCR, quienes coinciden en general en que la gestión de la calidad en educación superior implica participación, acceso y socialización de la información y pertinencia social como principios básicos para la toma de decisiones.
El segundo panel denominado “Planificación y gestión de la calidad” a cargo de María Auxiliadora Protti, del TEC; Javier Rodríguez, de la UNA y Carlos Luis Rojas, de CCA plantearon se planteó la necesidad del cambio en la dinámica cotidiana de las instituciones, mediante una adecuada planificación como elemento esencial para la ejecución y logro de lo propuesto. Se da por sentado que en la búsqueda de la calidad se cuente con una actitud positiva y de apertura como requisito indispensable.
En la presentación “Buenas prácticas: calidad e innovación” se compartieron experiencias de varias universidades: Noemy Quirós Bustos, del TEC; Xinia Castillo Campos, de la UTN, y Viviana Berrocal Carvajal, de la UNED; Randall Jiménez Retana, de la UCR; David Argüello, de la UNA; y José Miguel Rodríguez, director ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).
En cuanto a los talleres académicos realizados durante el Foro los temas abordados fueron: “Estrategias relacionadas a la Gestión de Calidad” (Claudia L. Velandia G.); “Diseño de Proyectos Internacionales” (María Almudena Garrido D.); “Prácticas de Innovación y Calidad Académica” (Francisco González A.)
Colaboración:
María Agustina Cedeño Suárez
Cindy Chavarría Muñoz
Iniciativa Gestión de la Calidad para la Excelencia, Rectoría Adjunta UNA
Fotografías: Cortesía UNED
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
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Asociaciones y redes de instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, reunidas los días 3 y 4 de diciembre de 2018, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, manifiestan su adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y expresan su compromiso profundo y consecuente con contribuir a erradicar la pobreza, fomentar la prosperidad y el buen vivir, y proteger el planeta y todas las formas de vida.
Al mismo tiempo, exhortan a los Estados y gobiernos de la región, a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, y a las instituciones públicas y privadas, a llevar a cabo iniciativas que impulsen el desarrollo con equidad, justicia e igualdad, y promuevan acciones para superar las necesidades de la población mediante la educación, la salud, la protección social, la seguridad alimentaria y las oportunidades de empleo, sin afectar su financiamiento y los derechos fundamentales consagrados, a la vez que tomen medidas contra el cambio climático y estimulen la protección del medio ambiente.
La asociaciones y redes de educación superior de América Latina y el Caribe, conscientes de los beneficios de iniciativas conjuntas y concertadas, ponen a disposición de los Estados, los gobiernos y las sociedades de la región sus conocimientos y capacidades para desarrollar una agenda inclusiva de cooperación con el fin de contribuir al logro conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esto será posible, tal y como ya lo ha demostrado el grupo de monitoreo del tema 4 de los ODS sobre educación para América Latina y el Caribe, siempre y cuando se pueda revertir la difícil situación en la que se encuentran las universidades e instituciones de educación superior, y se logren enfrentar las enormes desigualdades e inequidades que se presentan en toda la región, las dificultades y retrocesos en la gobernabilidad democrática, y se favorezcan las condiciones para el buen vivir, la dignidad y la libertad de nuestros pueblos.
Córdoba, Argentina, 3 y 4 de diciembre de 2018.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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La Secretaria General de la Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA) hizo un llamado a los gobiernos de los países miembros del Sistema de la Integración Regional Centroamericana y manifestó su apoyo a las gestiones de las universidades públicas para obtener presupuestos justos.
Según el comunicado del CSUCA, los recursos suficientes son necesarios para cumplir responsablemente con la inmensa tarea de expandir la cobertura educativa a toda la población, ofreciendo una Educación Superior con calidad, pertinencia y transparencia.
Además señalaron que las últimas acciones de los gobiernos de algunos países de la región de reducir las asignaciones presupuestarias para la educación en general y para la educación superior en particular, ponen en riesgo el cumplimiento de los fines fundamentales de las universidades públicas y vulneran la autonomía universitaria y su naturaleza de bien público social.
Igualmente se resaltó la importancia para los países de la región de fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación que garanticen la calidad, transparencia y la condición de servicio público de las instituciones, para que la educación contribuya eficazmente al crecimiento económico, a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación.
Asimismo, que construya la identidad regional; genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y así contribuir con la creación de conocimiento, y a la trasformación social y productiva de las sociedades centroamericanas.
El documento señala que la educación superior es un derecho humano que constituye un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz.
Andrea Marín Castro,
ODI; UCR
Imagen ilustrativa tomada de la página oficial de la UCR.
Enviado por Oficina de Divulgación e Información, UCR.
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El recorte al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) aprobado en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios el miércoles 17 de octubre, no es aún un recorte definitivo, pues debe primero ser discutido en el Plenario Legislativo en dos debates.
La moción fue presentada por el diputado Jonathan Prendas, del Partido Restauración Nacional (PRN), y pretende recortar este fondo en ₡10 mil millones para trasladarlo a las partidas de amortización de deuda. Esa moción fue aprobada con 7 votos a favor y 3 en contra.
“El FEES es la principal fuente de financiamiento de las universidades estatales, para cumplir con las funciones de docencia, investigación y acción social. La educación superior es un factor de movilidad social, y uno de los principales aportes a la competitividad del país a largo plazo. Reducir el FEES sería dar un paso atrás en la definición del modelo de desarrollo de Costa Rica, y vulnerar el Estado social de derecho en el acceso a la educación superior pública”, afirmó el Dr. Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En sus palabras, la UCR ha venido implementando una serie de medidas para contener el gasto, en línea con las necesidades del país por salvaguardar sus finanzas. Por ejemplo, este año se ahorraron ₡2 029 millones por la reducción de las anualidades al pasar del 5,5% al 3, 75%. Para el 2019, once rubros y nueve medidas adicionales tendrán restricciones presupuestarias que serán gestionadas desde la administración.
El Artículo 85 de la Constitución Política dispone, entre otras cosas, que el Estado mantendrá —con las rentas actuales y las que fuesen necesarias— un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), cuyas rentas “no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”. También indica la Constitución Política, en su Artículo 78, que el gasto público de la educación estatal (incluida la superior) no debe ser inferior al 8% anual del producto interno bruto (PIB).
El monto requerido por las universidades públicas es establecido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en un plan nacional quinquenal (PLANES) que incluye los egresos de operación y de inversión. Aunque la Constitución no lo establece, las Universidades y el Gobierno han aceptado que el monto del FEES sea negociado en una Comisión de Enlace. Si, como ha sucedido, no se logra un acuerdo quinquenal, la Comisión ha adoptado acuerdos anuales respecto al monto presupuestario requerido, y el Poder Ejecutivo debe incorporar en el presupuesto ordinario la partida correspondiente al FEES.
“La Constitución Política garantiza de modo efectivo la financiación de las Universidades estatales. La Asamblea Legislativa no puede desconocer, ni mucho menos violar, esta garantía constitucional. El Artículo 85 no confiere facultades al Poder Legislativo para disminuir el monto presupuestario definido por el PLANES o el establecido unánimemente por la Comisión de Enlace, sin diferendo alguno. A la Asamblea Legislativa no le resta más que cumplir con su obligación constitucional de aprobar el presupuesto destinado a la educación superior pública”, comentó el Dr. Luis Baudrit, jefe de la Oficina Jurídica de la UCR.
En julio de este año, la Comisión de Enlace acordó establecer el monto del FEES para el 2019 en ₡511 154 millones y para la UTN un presupuesto de ₡34 868 millones. Estos montos corresponden al presupuesto del año 2018, ajustado por la inflación (estimada en un 3% para el año 2019).
La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios es la encargada de discutir el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019 (Expediente 20 964), cuya votación final debe realizarse antes del sábado 20 de octubre. Para que el proyecto pase a Plenario, el dictamen o los dictámenes deberán ser rendidos antes del 25 de octubre.
Caterina Elizondo Lucci
Periodista de Rectoría
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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El Consejo Universitario acordó solicitar a la Asamblea Legislativa que no se apruebe en segundo debate el Proyecto de Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas dados los vicios de inconstitucionalidad que se encontraron en el texto.
El acuerdo explica que se pretende reformar al artículo 78 de la Constitución Política al incorporar a su contenido instituciones estatales ajenas a las que el espíritu de la norma intentaba resguardar, además de una modificación tácita en relación al concepto de autonomía universitaria.
Igualmente, reiteró que este proyecto tendrá implicaciones negativas en las finanzas de las instituciones de educación superior pública.
Según el órgano colegiado, el texto aprobado en primer debate, contiene, al igual que las versiones anteriores, normas que causarían un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como a la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria.
El proyecto actual grava actividades anteriormente exentas de las instituciones de educación superior estatal. Asimismo, otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales, en contraposición con la Carta Magna y el espíritu del legislador constituyente. Finalmente, elimina recursos económicos y grava actividades que resultan fundamentales para financiar parte de los procesos de regionalización, desarrollo institucional, así como acciones de alcance nacional, relacionadas con la investigación, monitoreo y supervisión, como, por ejemplo, de la red vial, las condiciones meteorológicas o sismológicas del país.
En caso que exista un texto sustitutivo, el Consejo Universitario solicitó que se considere modificar aquellos artículos inconstitucionales y que debilitan las finanzas universitarias. Entre ellos, eliminar el artículo que incluye las redes de cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación estatal. Así como abogar por la exención del Impuesto del Valor Agregado (IVA) para la compra y venta de servicios que hagan las instituciones universitarias estatales, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior.
Señaló además que aunque la Rectoría ha alcanzado acuerdos importantes con las autoridades de gobierno y algunas fracciones legislativas en cuanto al financiamiento, se hace necesario que la voluntad política quede plasmada directamente en el texto de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
Este acuerdo se tomó el 16 de octubre en sesión ordinaria, como respuesta a la solicitud del criterio institucional sobre el texto actualizado del Proyecto de Ley fortalecimiento a las finanzas públicas, que solicitó la misma Asamblea Legislativa.
Andrea Marín Castro
Periodista Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Este lunes 1 de octubre, la atención nacional se concentrará en la Asamblea Legislativa cuando comience la discusión de las mociones de reiteración del proyecto de ley 20 580, “Fortalecimiento de las finanzas públicas”.
La UCR reitera su llamado al diálogo e insiste en buscar un consenso que atienda la situación fiscal de manera integral y permita avanzar hacia un modelo basado en la solidaridad, la justicia distributiva y la equidad tributaria.
La UCR es consciente de la grave crisis fiscal que atraviesa el país y de la necesidad de implementar medidas encaminadas a solucionarla, por la vía de establecer tasas impositivas que generen progresividad en el sistema tributario, mecanismos claros que permitan combatir la evasión y elusión fiscal, promuevan la reactivación de la economía y la contención del gasto público.
Sin embargo, no considera correcto perjudicar aspectos sustanciales como la educación, pues es un pilar indispensable para el desarrollo de la nación.
Por esta razón, la UCR también les recuerda respetuosamente a las diputadas y los diputados considerar las implicaciones que este proyecto de ley generaría para la educación en general y la educación superior pública en particular, si se mantiene el texto actual.
La UCR estará pendiente de las mociones de reiteración que insistirán en que se elimine el artículo que incluye las redes de cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación estatal. Así mismo, de la moción R-304 que solicita que se elimine la derogatoria de los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas que asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general.
Por otro lado, abogamos por la exención del Impuesto del Valor Agregado (IVA) para la compra y venta de servicios que hagan las instituciones universitarias estatales, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior.
Durante este periodo, la UCR continuará realizando distintas actividades de reflexión, con el objetivo de abrir espacios de análisis y discusión que aporten a la comprensión de estos temas, los cuales son de gran importancia para el bienestar social y económico del país.
La Rectoría insta a la comunidad universitaria a participar en las actividades programadas y ejercer la necesaria coordinación para no afectar el desarrollo de las actividades sustantivas de la institución.
Dr. Henning Jensen Pennington
Rector de la UCR
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Los desafíos que las universidades de América Latina tienen ante sí son variados. Escuchar hablar de ataques a la autonomía universitaria, recortes presupuestarios, críticas por considerar a las instituciones de educación superior como sitio para privilegiados, gobiernos que priorizan la enseñanza primaria o secundaria por encima de la universitaria, entre muchos otros temas, parece ser un factor común en la problemática que enfrentan las casas de estudio superior de Latinoamérica.
Esa es la conclusión que se desprende de la conferencia inaugural de la XCIV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), realizada este lunes 3 y martes 4 de setiembre en la Sala de Prensa de la Plaza de la Autonomía, en la Finca 2 de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Contó con la presencia del rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen, quien ejerce además la presidencia de la UDUAL en el período 2015-2019.
La exposición de apertura se tituló “¿Qué universidad queremos?”, impartida por el profesor Gustavo Fischman, de la Arizona State University, de Estados Unidos, ante la presencia de 25 rectores y representantes de universidades de muchos países de América Latina, así como personeros de UDUAL.
Fischman brindó algunos datos reveladores del estado actual de la educación en el mundo: existen 1,4 billones de estudiantes, de los cuales solo 200 millones son universitarios. El número de docentes – en general – es de 61 millones de personas, aunque saber la cifra exacta de los que imparten clases en universidades es complicado, debido a que muchas de estas instituciones solo brindan datos de profesores que se encuentran en tiempo completo.
Más allá de los números, el experto de la Arizona State University aseguró que el número de estudiantes universitarios aumenta, aunque a un ritmo inferior de aquellos en primaria y secundaria. Los que no aumentan en el orbe son los presupuestos universitarios, factor que dificulta una mayor cobertura de la educación superior.
Otro desafío futurista señalado por Fischman: los empleos serán afectados por la inteligencia artificial, la cual hará desaparecer algunas carreras, aunque sí pronosticó que los docentes universitarios seguirán existiendo en la mayoría de disciplinas.
Si a esto se suma el distanciamiento que suele existir entre la función académica y el vínculo social de las instituciones de educación superior (sobre todo las públicas) en América Latina, el experto señaló que las universidades se convierten en un blanco fácil para sus detractores, que las acusan de no vivir la misma realidad que el resto de la población.
Para poder subsistir a estos retos, el profesor de la universidad estadounidense propone a la UDUAL, y a cada institución en particular, fortalecer su colaboración con la sociedad mediante una comunicación más efectiva, de manera que las universidades no se perciban como “torres de marfil”, sino que su accionar e importancia sean reconocidos por la ciudadanía.
Más en el ámbito investigativo, Fischman señaló que existe una clara disparidad en cuanto a publicaciones indexadas en el primer mundo versus las que producen los países en nuestros países en desarrollo, lo que indica cuál es la verdadera jerarquía en la creación de conocimiento en el orbe.
Aunado a lo anterior, más allá de la cantidad de investigaciones y los premios académicos, el Dr. Jensen insistió en que es necesario plantearse el impacto social que tienen estos estudios en las sociedades latinoamericanas, para evitar caer en la meritocracia que poco aporta a los problemas que vive la población.
La XCIV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la UDUAL concluyó este martes 4 de setiembre con la lectura de los acuerdos tomados por los representantes universitarios.
Pablo Mora Vargas
Periodista de Rectoría
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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