Diversas organizaciones nacionales e internacionales intervienen en la búsqueda de la mercantilización de la educación superior, que busca adecuar la labor y oferta de las universidades públicas a la lógica neoliberal de mercado. Lo que provoca que se anteponga la creación de capital humano, antes de la formación de pensamiento crítico y humanista.
Este material del grupo de trabajo Articulación Sede de Occidente recoge las acciones de cuatro organismos como lo son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
Imaginar que los mercados urbanos seguirán siendo emporios para las ventas de mercancías y servicios, así como ser fuentes de fuerza de trabajo barata, son las elucubraciones de los empresarios, el gobierno y los nefastos entes internacionales, que se imaginan maltusianamente, una sociedad y un mundo con poblaciones muy inferiores a su origen manufacturero del siglo XVIII, pero dotadas de extraordinarias capacidades productivas gracias a los trabajadores que con su esfuerzo e imaginación crean nuevas tecnologías. Es comprensible un capitalismo con elevada producción y productividad para más y mayores mercados, pero nunca para reducidos mercados y poblaciones. No existe tendencia alguna que sustente una estructura productiva y distributiva para atender las necesidades ciudadanas y menos aún con tasas decrecientes de ganancias. Ello es un error de las expectativas, una visión contradictoria o una forma para eliminar a empresarios competidores.
¿Acaso estamos viviendo un proceso de concentración económica como nunca antes ha conocido la humanidad? ¿se pretende destruir a miles de productores y trabajadores, con la mediación viral pandémica, para concentrar y centralizar, en muy pocas empresas globales y en menos países, el abastecimiento de mercancías, servicios o insumos que el mundo requiere? ¿se construye un nuevo orden económico mundial? No es de orates ni es una especulación suponer la intencionalidad de estas prácticas, pues es una regularidad efectuada en toda la historia capitalista. Las guerras, invasiones, ocupaciones, los asesinatos, espionajes, expropiaciones, confiscaciones y adquisiciones han servido, en el pasado y el presente, para apoderarse de las riquezas, recursos y mercados del mundo, como tampoco es extraño, el crecimiento y expansión de las inmensas empresas que actúan en todos los mercados y espacios nacionales del planeta y menos aún, se puede desconocer la permanente destrucción de las empresas competidoras por parte de entes que anhelan el monopolio, o el control de la producción y la distribución mercancías del mundo.
El empobrecimiento generalizado de las poblaciones por los efectos económicos de la pandemia agudizados por las estructuras sociales y laborales excluyentes que, sin redistribución de los recursos generados, restringen el consumo, la educación, la sanidad pública, lo cual tienen como consecuencia la inhabilitación de las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores, aunque paradójicamente son imprescindibles para la valorización del capital. El capitalismo ha ampliado los mercados e integrado a todos los trabajadores del mundo en un proceso de reproducción global del capital. Es absurdo y contradictorio para el capital, atentar contra los trabajadores, porque es una evocación propia a tanatus.
La falsa conciencia y el hedonismo empresarial se embelesa en tener el poder capaz de crear una sociedad a la medida de sus intereses, sin la resistencia por parte de reducidos, supeditados y contestatarios trabajadores y sin institucionalidad alguna, para erigirse en una absolutista versión moderna del Estado de Luis XIV. Esos sueños utópicos ocultan sus pesadillas de no ser autosuficientes, de necesitar trabajadores, mercados y de un Estado que les garantice sus condiciones de existencia y vivir de los otros.
Los negociantes al imponer la reapertura productiva y mercantil, no reactiva la economía realmente, solo garantiza nuevas infecciones y muertes. Ante las evidencias, silencian sus voces, pero sin desistir ni enmendar la culpabilidad de sus acciones contra trabajadores y clientes. La vocinglería empresarial de tener la solución a las crisis, económica y pandémica, ha mostrado su incapacidad de dinamizar la economía, a la vez de ser un nefasto difusor de la pandemia en el país.
Los mercaderes creen que ofrecer mercancías, es suficiente para reactivar la economía, como si la causa de la crisis fuera por su carencia. Esa simpleza de pensamiento deriva suponer como lo hizo hace siglos Jean-Baptiste Say (1767-1832), que toda oferta crea su demanda, ignorando a John Maynard Keynes (1883-1946) que postulaba precisamente lo contrario, como si la economía fuera una relación mecánica entre dos variables. Pero, los empresarios no quieren ver ni entender que los asalariados-compradores han sido afectados por ellos, el Estado y la pandemia, en un contexto estructural inequitativo y excluyente. Esas mayorías despreciadas y pobres, son los que sustentan y garantizan la riqueza privada.
La producción capitalista no es para el autoconsumo de propietarios, no es para los millonarios, ellos no sustituyen el consumo de las poblaciones trabajadoras, a quienes no dan ninguna alternativa de consumo ni de sobrevivencia suficiente y digna. Los pobres, desempleados y enfermos, entre otros, no consumen. Tampoco los sectores medios y pobres poseen los recursos suficientes ni duraderos para afrontar un futuro inestable, incierto y crítico, no solo por el previsto colapso del sistema de salud, o un posible desabastecimiento alimentario, agravado por un medio gubernamental sin recursos y asfixiado por sus déficits y por los legisladores. Asimismo, la destrucción de la institucionalidad pública y la educación superior, compromete dramáticamente el futuro de la sociedad costarricense. La legalidad democrática costarricense, se transfigura en una dictadura ilegal.
Los parlamentarios contrarios a los intereses de la colectividad, son aliados y cómplices de demandas empresariales, inviables e imposibles para nuestra sociedad, además de que sus intereses electoreros los empuja a boicotear los presupuestos públicos requeridos para la asistencia a los desempleados formales e informales que ha provocado la pérdida de puestos laborales durante la actual coyuntura. Son los intocables amigos, no por enfermos, sino porque enferman y matan a los otros, con su inmunidad e impunidad económica y política, son los mismos que impiden la devolución total de los salarios acumulados para supuestas pensiones obligatorias, que nutren las finanzas privadas, con argumentos falaces que ocultan los desfalcos financieros y administrativos de los mismos, a pesar de la agudización de la pobreza y del hambre que comienza a azotar a los sectores vulnerables de nuestra sociedad.
Asimismo, uno de los entes generadores de miedo, el poder judicial, se ha convertido en un espectador de las tragicomedias de las transgresiones constitucionales, del derecho público y de la institucionalidad estatal.
Costa Rica en la actual coyuntura vive momentos contradictorios, sin alternativas económicas viables ni razonables, enfrentada a una frustrada omnipotencia o impotencia empresarial y legislativa de instaurar regresivamente el absolutismo totalitario, mientras que el Gobierno, ambigua y contradictoriamente, se ocupa y relativamente se sostiene políticamente por el sistema de salud existente, mientras que, por otro lado, destruye institucionalidad pública y liquida conquistas alcanzadas históricamente por la ciudadanía y su Estado Social, especialmente en materia de derechos y reivindicaciones laborales.
Los que se aprovechan de sus influencias para hacer negocios privados y contratos de obra pública, han multiplicado muchas veces sus riquezas y adquirido un saber que no emana de la ciencia, sino de procesos políticos corruptos del quehacer estatal y judicial. La ciencia y la investigación no les interesa ni forman parte de sus decisiones y prácticas, como tampoco les importa el ejercicio de la justicia social y la moralidad pública. Sin embargo, pretenden ser dictaminadores y fiscalizadores de la sociedad costarricense, del aparato estatal y de los intereses, necesidades y anhelos ciudadanos. Así, las visiones y prácticas de esos sectores privilegiados de la sociedad, ignoran la complejidad de los procesos sociales y también de la economía. Los negociantes creen que solo la reproducción del ciclo comprar, producir y vender, es suficiente y que ellos son los actores fundamentales, pero están muy equivocados. A ese economicismo, basta señalar que los “ticos” radicados y trabajadores en otros espacios nacionales, que regresan al país, no lo hacen porque carecen de trabajo y son pobres, sino porque Costa Rica es su espacio de vida con sus familias, en su sociedad y cultura, que les garantiza sobrevivencia social, más allá, del trabajo y situación económica. Este fenómeno también ocurre con los ciudadanos de otros países que vuelven a sus países y a sus pueblos para convivir y compartir solidariamente. El economicismo es una visión ideológica que emana de la preeminencia económica capitalista que impide comprender la complejidad de las realidades y la significación cultural, social, política e histórica de las relaciones económicas.
Las visiones simplificadas de las realidades suelen ser dogmáticas y creen que el devenir de las personas y sus contextos, están determinadas absoluta e inevitablemente, como ocurre con la economía y sus pretendidas leyes universales, pero también con la pandemia, a la cual le atribuyen cualidades de transformación de economías y sociedades. No obstante, son las relaciones sociales, políticas y económicas hegemonizadas con poderes concretos y tangibles que, encubriéndose en la pandemia, imponen sus intereses, intenciones y nuevas condiciones sobre las personas y pueblos de la aldea global. Tampoco los poderes sociales que dominan y sentencian son omnipotentes, son de barro en su vulnerabilidad y miedo ante los trabajadores-compradores en la pandemia.
[1] Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Una sensación de tierra de nadie, de barco a la deriva, de papalote que se lo lleva el viento. Y no es aleatoria. Tiene su origen bien definido y tiene nombres. Sabemos quiénes son los responsables.
Esos nombres son los de un porcentaje muy grande de los nunca más mal llamados «padres de la patria». Se ha creado una especie artera, que de a callado va socavando las bases de lo que ha sido Costa Rica.
Van por las universidades públicas (estas representan para ellos un peligro, allí se enseña a pensar). Las universidades que ocupan en el contexto latinoamericano los primeros lugares, que han formado artistas, pensadores, científicos, ingenieros, en resumen, el verdadero capital, la verdadera riqueza del país. Personas sin ninguna preparación, de una incultura supina, pretender dictar cátedra y cambiar la constitución para meter mano, perdón, zarpa, en la educación superior. ¿Cómo se atreven? ¿Quién los manda?
Van por la naturaleza: pretenden revivir la explotación petrolera. De a calladito y a pasito lento. Y destruir otra de las fortalezas que tenemos como país: nuestra naturaleza, la riqueza de nuestros ecosistemas.
Niegan el concepto de igualdad y creen, en su ignorancia, que los derechos humanos son para unos cuantos. Que algunos son más humanos que otros, o que algunos tienen más derechos que los demás.
Y allí están, en sus curules, destrozando los logros de los que nos enorgullecemos. El país de avanzada, una luz en el continente, navega ahora sin rumbo, da tumbos y parece que se lo tragará el abismo. ¿Cómo se atreven?
Frente a la crisis económica que vive el país, la Feuna propone cinco medidas para emprender una reforma universitaria, en un manifiesto presentado ante el Consejo Universitario de la UNA.
“Planteamos cinco medidas urgentes para emprender una reforma universitaria en el marco de un diálogo entre todos los actores que conforman nuestra institución; paralelamente, rechazamos cualquier intento que pretenda disminuir el principio de autonomía universitario, amparado en la Constitución Política de nuestro país”, afirmó Noel Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), quien también es representante estudiantil en la Comisión de Enlace donde se negocia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) entre las universidades y el gobierno.
El dirigente estudiantil explicó que claramente la situación generada por la covid-19 profundizó una crisis que Costa Rica venía arrastrando desde hace tiempo, con lo cual se condicionan las posibilidades del Estado para otorgar el presupuesto constitucional que le corresponde a la educación superior y se ven amenazadas las necesidades estudiantiles.
“Los retos que el país enfrenta requieren de esfuerzos extraordinarios por parte de las autoridades nacionales y universitarias; la sostenibilidad y pertinencia del modelo de universidad pública debe ser la aspiración de la institución”, aseguró.
Es por eso que la Feuna plantea las siguientes medidas en el Manifiesto por la reforma universitaria, presentado el pasado 11 de junio ante el Consejo Universitario:
Formular un plan de inversión del superávit institucional antes de finalizar el presente año. Es necesario que dicha inversión se dirija de forma prioritaria a la atención de los campus, sedes y secciones regionales.
Solicitar al Consejo Nacional de Rectores (Conare) instaurar una mesa técnica en conjunto con el Estado de la Educación para iniciar un proceso de formulación de una política de educación superior
Ajustar, haciendo uso de la autonomía de gobierno que le otorga la Constitución, los porcentajes de la “dedicación exclusiva” que disfruta el personal de la institución, a los montos establecidos en la Ley 9635.
Reducir en un 15% el recargo al salario base establecido para el gabinete de Rectoría y miembros del Consejo Universitario
Solicitar al Consejo Universitario que le instruya a la Rectoría iniciar el proceso de renegociación de la Convención Colectiva.
Para el presidente de la Feuna, las medidas propuestas buscan dar un respiro de legitimidad que permita emprender el urgente proceso de reforma estructural en un marco de diálogo universitario. “Nuestro objetivo es fortalecer el Fondo de Becas para estudiantes y sentar las bases de la universidad del siglo XXI”, subrayó.
Añadió que la propuesta pretende consolidar un proceso de diálogo interno para optimizar el uso de los recursos y ampliar la cobertura del Fondo de Becas frente a la inminente crisis.
Por su parte, Jazmín Arroyo, secretaria general de la agrupación estudiantil Feuna, recalcó que la responsabilidad de compromiso de la organización no es solo con la población estudiantil sino también con la comunidad universitaria “porque la Universidad Nacional debe ser para todas las personas, ahora y en los próximos años”.
Agregó que la disminución de las desigualdades sociales debe iniciar desde adentro de la institución, en el marco de autonomía universitaria, para que las condiciones estudiantiles y laborales sean justas y sostenibles en el largo plazo.
“Somos una representación estudiantil propositiva. No somos enemigos de las personas trabajadoras porque pensamos en el futuro de todas y todos, para que desde afuera no nos impongan medidas que no contemplan las particularidades que tiene la educación superior pública”, recalcó la dirigente estudiantil.
Luego de cerca de dos años de haber presentado una agenda de reforma interna denominada #LaUqueMerecemos, los dirigentes estudiantiles se ven en la obligación de insistir en esa ruta.
Hoy martes 16 de junio a partir de las 2 p.m., la Feuna realizará una transmisión por Facebook live para explicar las medidas propuestas.
Además, la dirigencia de la agrupación estudiantil solicitó un pronunciamiento publicó a los candidatos a rectoría sobre las medidas planteadas por la Feuna, en vista de que el próximo lunes 22 de junio se realizará la elección de nuevas autoridades universitarias en la UNA.
***Mayores detalles con Noel Cruz, presidente Feuna, 8657-9858 o con Jazmín Arroyo, secretaria general 8558-7733.
El Nodo Costa Rica está a cargo de la Dra. Flor Jiménez Segura y la Licda. Estrella Meza Rodríguez. Está inscrito en el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la UCR como proyecto de investigación conjunto con la Escuela de Orientación y Educación Especial.
El Nodo Costa Rica del Observatorio Regional de la Calidad y Equidad de la Educación Superior Latinoamericana (Oracle), de la Universidad de Costa Rica, se creó para contar con información integrada sobre las acciones universitarias (dirigidas a diferentes colectivos como el estudiantado, docentes y personal administrativo) relacionadas con la calidad y equidad.
El Observatorio pretende ser un espacio para el intercambio de experiencias, la elaboración de estudios y la propuesta de líneas de trabajo enfocadas a mejorar la inclusión y la equidad en las instituciones de educación superior de América Latina.
El Nodo (entendido como un componente que forma parte de una red) y diferentes unidades de equidad en otras universidades latinoamericanas y europeas conforman el Oracle, cuyo objetivo es crear un observatorio regional que integre a otros observatorios institucionales destinados a fomentar la equidad en todos los estamentos y ámbitos vinculados con la institución universitaria.
El foco de análisis serán los estudiantes, el personal de administración y servicios, así como el profesorado que forma parte de las instituciones analizadas. En su fase inicial, el observatorio está compuesto por 30 instituciones de América Latina; además, participan como asociadas cinco universidades europeas.
Así, al crear el Nodo Costa Rica Oracle en la UCR, se cuenta con un espacio académico que reúne los esfuerzos de la Institución en materia de calidad y equidad universitaria. Además, el Nodo se visualiza como la instancia que permite la vinculación institucional en ese ámbito, pues concibe la equidad desde una perspectiva global y comprensiva. Tal visión considera a estudiantes, docentes y personal administrativo, así como las acciones de la Universidad en las áreas de investigación, docencia y acción social que tengan relación con la equidad en la comunidad universitaria.
Entre los logros alcanzados hasta el momento por el Nodo Costa Rica, encontramos el desarrollo del libro Políticas y prácticas para la equidad en la educación superior (donde participaron representantes de cada una de las universidades que conforman el Oracle) y la presentación de dos ponencias aceptadas en el II Congreso Internacional Universidad y Colectivos Vulnerables, los días 5 y 6 de septiembre del 2019, en Medellín, Colombia.
El Nodo Costa Rica trabaja en la creación de redes académicas y acciones interinstitucionales para fomentar la equidad en los colectivos mencionados de forma eficiente, eficaz y efectiva, en tal labor la calidad es un componente importante en todo lo que se emprenda. En síntesis, el proyecto beneficiará a las autoridades universitarias, a la comunidad académica y administrativa de la Universidad. También se busca que las actividades del proyecto trasciendan y generen aportes que puedan ser de utilidad para las otras universidades públicas y otras instituciones interesadas en esta temática.
El video de presentación del Nodo Costa Rica puede verse en el siguiente enlace.
La Sede del Pacífico reflexiona sobre sus aportes al desarrollo regional y sobre sus desafíos frente a la actual coyuntura histórica
La región del Pacífico Central presenta una tasa de desempleo del 16.6 %, más alta que la tasa a nivel nacional, que alcanzó 11.9 % en el segundo trimestre del 2019. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La concentración de los recursos en el Valle Central de Costa Rica es una realidad y obedece a un modelo de desarrollo que genera desigualdad y marginación de las zonas costeras y periféricas del país.
Esta situación, muy palpable en la actualidad en la región del Pacífico Central, fue uno de los cuestionamientos centrales de las exposiciones del Foro Institucional 2019, que este año se efectúa en las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Titulado “Universidad de Costa Rica: sedes de la Universidad de Costa Rica en diálogo con las comunidades, los aportes de la universidad pública», el foro celebró su primera sesión el 1.º de octubre del 2019 en la Sede del Pacífico Arnoldo Ferreto Segura, en la ciudad de Puntarenas.
Estudiantes, docentes, personal administrativo y miembros de las comunidades participaron en sesiones a cargo de especialistas universitarios, en las cuales se analizó la actual coyuntura económica y social del Pacífico Central. Asimismo, se reflexionó sobre el compromiso y los retos de la UCR en esta zona, la más pequeña del país (7.6 % del territorio) y una de las más rezagadas social y económicamente.
Con 234 776 habitantes y 39 distritos, esta región es la más dispersa del territorio nacional y tiene una gran diversidad geográfica.
Al hacer un cuestionamiento del vallecentrismo, el profesor Oriester Abarca Hernández explicó que este patrón histórico se expresa en varios ámbitos, entre ellos la educación superior.
Dicho modelo de desarrollo ha dado como resultado, entre otras situaciones, que los habitantes del Pacífico Central presenten una muy baja escolaridad, pobreza y un nivel de desempleo que ronda el 16.6 %.
La mayoría de los distritos de esta área del país —que abarca una parte de la provincia de Puntarenas y, en menor medida, un sector de Alajuela— se ubica en los quintiles 2 y 4, que no son precisamente los más desarrollados. Esto significa que se encuentran en una situación de desventaja social, mientras que los distritos con mayor desarrollo se ubican en el Valle Central, indicó Abarca.
Ese es el caso del distrito central de Puntarenas, el cual ocupa la posición 160 de los 483 distritos de todo el país. Este hecho muestra que “hay un claro sesgo de las políticas públicas en favor de ciertos distritos del Gran Área Metropolitana”, afirmó el académico.
Oriester Abarca Hernández, docente de la Sede del Pacífico, destacó en su exposición que históricamente el desarrollo del país se ha concentrado en el centro del país, en detrimento del resto de las regiones. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
“Hay que tomar medidas ya y no solo quedarnos en el nivel discursivo. La ciudadanía debe participar, ejercer presión en el Gobierno. También el trabajo ciudadano es muy importante a través de la organización comunal, no esperar todo de parte del Estado”, sostuvo ante una concurrida asistencia.
Oportunidades educativas en las regiones
Desde la creación de la Sede del Pacífico en 1975, esta unidad académica se ha vinculado con el contexto social y económico de la zona, a través de las actividades no solo de docencia, sino también de investigación y acción social.
La exdirectora de la Sede del Pacífico, Susan Chen Mok, recordó que la instalación de la UCR en Puntarenas se debió en gran medida al financiamiento estatal por medio de la Ley de Pesca y Acuicultura, conocida como ley del atún, que fue promovida por el diputado de entonces, Arnoldo Ferreto Segura. Estos destinos específicos fueron eliminados recientemente a raíz de la aprobación del plan fiscal.
Lo anterior ha permitido que la presencia de la UCR en el Pacífico Central pasara de ser un servicio descentralizado de la Sede de Occidente, a constituirse en una sede que ha crecido y se ha consolidado como un pilar de desarrollo muy importante en esa región.
Hoy, con una población de 1 338 estudiantes y 138 graduados en el último año, la Sede del Pacífico ofrece a la comunidad puntarenense y a sus alrededores una amplia oferta académica que incluye carreras de grado y posgrado en disciplinas y áreas que el lugar necesita.
Con sus 1 338 estudiantes en la actualidad, 40 proyectos de acción social, proyectos de investigación en áreas como la educación, ambiente, historia y cultura, así como con carreras a la medida, esta unidad universitaria constituye una opción que potencia el desarrollo no solo del cantón central de Puntarenas, sino también de otros lugares apartados y al margen de las políticas estatales.
En cuanto a la creación de carreras pertinentes para los distintos espacios del país, Susan Zamora Cortés se refirió a la oferta de opciones propias en la Sede del Pacífico, que respondan a las necesidades socioeconómicas de la región.
Actualmente, la Sede del Pacífico ofrece nueve carreras, de las cuales cinco son carreras propias: Informática y Tecnología Multimedia, Informática Empresarial, Inglés con Formación en Gestión Empresarial, Gestión Cultural e Ingeniería Electromecánica Industrial. Además, se tiene proyectada la creación de dos más: Economía Empresarial y Desarrollo Portuario y Comercio Internacional.
Al respecto, Zamora indicó que la matrícula en estas carreras ha aumentado considerablemente desde su apertura y hay oportunidades laborales para los graduados. Esto fortalece las opciones académicas de la Sede, no solamente de carreras nuevas, sino también de carreras únicas a nivel nacional. Tal aspecto, además, impacta positivamente a la región y contribuye a mejorar la situación económica y social, tanto de las personas graduadas como de su entorno.
“Tenemos estudiantes de muchas regiones y comunidades de la zona, cada uno representa a una familia y si ese alumno se supera profesionalmente, va a significar un ingreso considerable para su familia, su comunidad y para el país”, dijo Zamora.
El vínculo con las comunidades ha sido un factor fundamental en el quehacer de la UCR, en la región del Pacífico Central. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Entre el 2010 y el 2016 se crearon 15 carreras nuevas en la UCR, de las cuales siete correspondieron a sedes regionales.
“El cuestionamiento que nos hemos hecho en la Sede del Pacífico es cuáles son las carencias de la región del Pacífico Central, pero también cuáles son las potencialidades o posibilidades de desarrollo y de allí surgen las demandas de educación superior”, aseguró Héctor Ferlini Salazar, relator de las mesas de discusión.
El vínculo con las comunidades
La acción social o el vínculo con las comunidades ha sido un factor fundamental en el quehacer de la UCR en la región del Pacífico Central. Esta se ha plasmado en iniciativas de distintos tipos en diversas comunidades.
María José Quesada Chaves resaltó la incidencia de la Universidad en diferentes grupos humanos de la región mediante acciones educativas que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad.
“La academia no puede estar aislada del contexto social. Los proyectos de acción social aportan desde la educación no formal. Mucha gente del lugar tiene su contacto con la Universidad a través de los proyectos de acción social”, expresó.
La vinculación con la comunidad se da desde los TCU (Trabajo Comunal Universitario), los cursos libres, la Etapa Básica de Artes Integradas, las ferias de la salud y los cursos de inglés, entre otras modalidades, en áreas que se encuentran muy aisladas de las oportunidades educativas, por ejemplo, las islas del Golfo de Nicoya.
“Se abarca a una población muy diversa y de distintas edades, desde niños y niñas, jóvenes, hasta adultos mayores”, detalló Quesada. No obstante, insistió en que se requiere hacer más esfuerzos para mejorar las relaciones entre proyectos y entre instituciones que trabajan en la zona.
Por su parte, otra de las expositoras sobre el tema de la acción social, Stefanny Forester Delgado, dijo que un reto de la UCR es responder a toda la región, que presenta diferentes características geográficas y ubicaciones. Aunque se han logrado sinergias importantes con otros actores sociales, el gran reto que se plantean es lograr darle seguimiento a las iniciativas en los barrios y comunidades.
Algunos de los sectores y actores claves con los que se ha trabajado son comités locales, iglesias, universidades, instituciones públicas, escuelas, colegios, pescadores, personas emprendedoras, adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños.
Forester indicó que para alcanzar mayor incidencia en la región se requieren espacios de articulación interinstitucional y comunal, la presencia de personas con poder de decisión, voluntad política, flexibilidad en las decisiones institucionales y concebir la acción social como un proceso.
“Hay un divorcio entre el ámbito local, cantonal y regional. Si bien somos conscientes de estas debilidades, seguimos tratando de buscar una mayor incidencia de la Universidad de Costa Rica en la región”, concluyó.
En la UCR, hay más de 700 proyectos de acción social y en los últimos cinco años se han invertido ¢6 000 millones anuales en este rubro.
Lisbeth Mora Elizondo, coordinadora de investigación de la Sede del Pacífico, se refirió a los aportes de las investigaciones para el mejoramiento de la realidad de la zona.
Mario Solera Salas, director de la Sede del Pacífico, expresó que la universidad pública es un espacio de reflexión crítica que le estorba a los sectores dominantes. Por esto, está en peligro de extinción en Latinoamérica y en nuestro país.
Costa Rica decidió que sería la educación y no la guerra la base para una sociedad justa y solidaria, por eso invertimos recursos en un sistema de educación superior de excelencia inspirado en la Reforma de Córdoba de 1918, la cual denunció que las clases dominantes y la iglesia decidían en las universidades, además reclamó con fuerza la autonomía de las universidades.
Los rectores de las universidades públicas hemos observado con preocupación ataque que, principalmente desde, mediados del 2018, diputados de diversas fracciones y medios de comunicación han hecho a las instituciones de la educación superior.
Estamos preocupados porque, como intento probar, no obstante, el respeto que nos merecen tanto los diputados, como los representantes de los medios de prensa, la mayor parte de los argumentos son descontextualizados, se basan en información falsa y contienen con frecuencias descalificaciones contra lo rectores. Para probar lo dicho me referiré, como un ejemplo al editorial de La Nación del 14 de enero pasado informativo.
1- El editorial cita un fragmento del artículo 85 de la Constitución Política, según el cual las rentas que reciben las Universidades con cargo al Presupuesto Nacional (o FEES), no podrán ser abolidas, ni disminuidas, y que las mismas serán ajustadas de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda.
El editorialista tiene el afán de resaltar lo que denomina “el riesgo moral” que—según él—se alimenta cuando las universidades obtienen un elevado aumento en la base. Este afán lo lleva a omitir algunos hechos muy importantes. El primero de ellos, sobre el cual no se dice media palabra, es que al aprobar el último Presupuesto Nacional de la República, el 20 de noviembre, los diputados disminuyeron las rentas que reciben las universidades, en clara violación del artículo 85 Constitucional.
En segundo lugar, el mismo artículo 85 señala que: “Cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.” Pero no surgió ningún diferendo en el seno de la Comisión de Enlace. Considero imposible que el editorialista desconozca este hecho.
2-Por otra parte, se omite decir que los aumentos “elevados” del FEES a la base como el que se produjo al inicio de la administración Solís, son una excepción en los últimos nueve años. También se guarda el editorial de puntualizar que según el artículo 85 constitucional, el presupuesto de cada año no puede ser disminuido, ni abolido, “…si no se crean, simultáneamente otras mejoras que las sustituyan.” Si bien es cierto desde el 2010 el presupuesto universitario creció a una tasa un poco inferior al 10%, de nuevo se omiten dos circunstancias concordantes entre sí:
Durante buena parte de la década de los años 90 el presupuesto de las universidades fue decreciente con relación al PIB nominal. En ese lapso hubo un año inclusive, en el que el crecimiento del presupuesto de las instituciones públicas de educación superior fue inferior al crecimiento del poder adquisitivo de la moneda y al menos en dos años de la misma década fue casi similar a la inflación. O sea, las universidades arrastraron un rezago importante en su presupuesto respecto del PIB.
En el 2011 se reformó el artículo 78 de la Constitución, ley 8954-06-02, mediante la cual se aumentó la dotación del presupuesto nacional a la educación en su conjunto, del 6% al 8%. El transitorio I de dicha ley señala que: “El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.” Como es sabido, en la fecha indicada no se llegó al 8% del PIB para la educación en su conjunto.
Por todas las circunstancias antedichas, el presupuesto en conjunto de las cuatro universidades (UCR, TEC, UNA y UNED) ni siquiera había llegado al 1.5% respecto del PIB, como parte del 8% del presupuesto total del gobierno destinado a la educación. No es sino hasta el 2019 que se llega al 8%; es decir, con un retraso de cuatro años. Esta relación del 1.5% respecto del PIB, en tanto el presupuesto total de educación llegase al 8%, nació de un acuerdo con el gobierno de Laura Chinchilla, el cual ha sido rubricado ya por dos gobiernos más.
3- El editorial pretende abordar el tema de los pluses, de una manera sesgada. Veamos:
El freno del crecimiento del FEES en el 1.5% del PIB, impedirá un crecimiento del mencionado presupuesto de las universidades, y por lo tanto, no se comerá “…año a año porciones mayores de los recursos económicos y fiscales del país” como lo supone el editorialista. Lo que sí puede ocurrir, si no se introducen correctivos a determinados pluses instalados en toda la administración del Estado, de los cuales las universidades públicas no son excepción, es el indeseable efecto de que los aumentos de la masa laboral crezcan en un porcentaje mayor respecto del total de los recursos del FEES. Empero, con los planes de control del gasto que se comenzaron a implementar, los rectores estamos dados a la tarea de impedir que eso suceda.
El editorial quiere desconocer lo que los rectores hemos hecho frente a gastos indebidos, al afirmar que “…es poco -o más bien, nada- lo que han hecho para evitarlos o moderarlos.” La Nación sabe algunas de las iniciativas que hemos emprendido, puesto que las noticias han sido publicadas en sus mismas páginas y los rectores en ocasiones hemos sido entrevistados. Ejemplos: Henning Jensen, de la UCR, se ha referido públicamente a un plan de contención del gasto, dentro del cual una de las medidas más importantes fue reducir la anualidad de un 5.5% a 3.75%. El rector Marcelo Prieto de la UTN disminuyó de un 55% a un 30% del salario el monto de la dedicación exclusiva; dejando el beneficio solamente a jefes, directores o coordinadores, ya antes se había eliminado el acceso de bachilleres a este beneficio.
Finalmente, vuelven a arremeter contra este servidor y contra la UNA, al publicar que parte de los ingresos que recibimos las universidades por concepto de transferencias (FEES) los dedicamos a la construcción de obras de baja importancia social, y mencionan la ya existente Plaza de la Diversidad Cultural. Hemos aclarado que no nos propusimos construir una plaza. Pero al repetir ese estigma una y otra vez, como lo hacen hoy La Nación y otros medios, han logrado instalar en la conciencia de mucha gente una idea errónea, desnaturalizando una obra cultural y académica, que se proponía crear una galería de arte, una concha acústica para la expresión artística de la danza, del teatro y de la música, junto a la ampliación de la soda Padre Royo, indispensable para una población universitaria creciente, así como oficinas para la dirigencia estudiantil de la UNA. Con la línea editorial de La Nación uno puede tener diferencias, pero siempre he leído con interés su trabajo en el ámbito cultural. No entiendo cómo pueden ahora separarse alevosamente de esa línea, buscando crear la imagen de que los universitarios malbaratamos los recursos en bagatelas. Esas “bagatelas” son obras del arte y la cultura. El desprestigio provocado no es sano ni justo con una institución a la que le ha costado años labrar la imagen que hoy tiene entre muchos conciudadanos, como una institución que usa los recursos para becar a cerca del 60% de sus estudiantes y otorgar beca completa al 78% de nuestros jóvenes en las zonas rurales. En cambio, no es posible por la ley de promoción de desarrollo científico y tecnológico, según el artículo 95, tomar los recursos que con sacrificio obtenemos de la venta de servicios en el ámbito externo a la universidad para, como lo pretende el editorial “…otorgar becas a estudiantes provenientes de familias de recursos limitados.” Es cierto que en ese mismo artículo la ley permite usar los recursos en lo que dispongamos las autoridades universitarias, cuando la venta de servicios se haga a lo interno. Sin embargo, los recursos de esta venta suelen ser exiguos como para pensar que se pueda otorgar un monto significativo en becas a estudiantes de escasos recursos. La pretensión del editorial refleja un desconocimiento supino acerca de cómo se deben manejar los recursos públicos que recibimos.
Tampoco es cierto, que los subsidios del FEES “…beneficien a estudiantes provenientes de familias acomodadas, que en mayor proporción concluyen la educación media.” La UNA posee uno de los sistemas de admisión más justos de las universidades del país. Lo que no podemos directamente es impedir, como universidad, que sean los estudiantes de familias acomodadas los que en mayor proporción concluyen la educación media. Endosarnos esto también es el colmo de la distorsión de la realidad, solo para desprestigiar a las universidades públicas.
Con la comisión recientemente instalada en la Asamblea Legislativa, si desean analizar los recursos del FEES, estamos prestos a colaborar, somos entidades que no tenemos nada que esconder y estamos dispuestos al diálogo. Las universidades estatales estamos al servicio del país.
Enviado a SURCOS por M.Sc Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación Rectoría UNA.
Educación Superior Pública busca sensibilizar a distintos grupos de interés acerca de la importancia de la gestión de la calidad e innovación en la dinámica universitaria
En el marco de los procesos de gestión de la calidad, se desarrolló el “IV Foro sobre calidad e innovación en la Educación Superior” el 5 y 6 de noviembre en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica; 7 y 8 de noviembre en el Centro Universitario de la UNED en San José y en la sede central del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago, respectivamente.
La organización del evento estuvo a cargo del equipo interuniversitario Gestión de Calidad e Innovación en Educación Superior (GECIES) que inició su labor en el año 2016, con el compromiso de fortalecer la cultura de calidad e innovación en las instituciones universitarias.
Este equipo organizador está conformado por representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN). Además, en esta oportunidad se contó con la colaboración del Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA).
El objetivo de la actividad se orientó a propiciar la sensibilización a distintos grupos de interés acerca de la importancia de la gestión de la calidad e innovación en la dinámica de las instituciones de educación superior, así como compartir las buenas prácticas que favorecen los procesos de mejoramiento continuo e innovación del quehacer académico, fortaleciendo la calidad de sus resultados, productos y servicios.
En el evento participó personal académico y administrativo de las diferentes universidades; gestores de calidad de instituciones y organizaciones gubernamentales y privadas, quienes coincidieron en la necesidad de generar e intercambiar nuevos aprendizajes en la temática.
La apertura del foro estuvo a cargo de la Dra. Ana María Hernández Segura, Rectora Adjunta de la Universidad Nacional, quien hizo alusión a la importancia de gestar y articular acciones entre las universidades y fortalecer la relación universidad sociedad.
En el foro se realizaron conferencias magistrales, paneles y talleres con especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas atinentes a innovación, empleabilidad y seguimiento de egresados, internacionalización en la educación superior, planificación y gestión de la calidad.
Las conferencias magistrales abordaron los temas:
“Gestión de la calidad en las instituciones de Educación Superior” a cargo de Claudia Lucía Velandia Gómez, Universidad de los Andes, Colombia;
“Acreditación Institucional – HCERES” Tatiana Fernández Martín, Instituto Tecnológico de Costa Rica;
“Calidad e Internacionalización: realidad y desafíos” María Almudena Garrido Diez, Universidad de Deusto, España;
“Programa Éxito Académico en la Universidad Técnica Nacional” Katalina Perera Hernández;
“Calidad académica” Francisco González Alvarado, Universidad Nacional, Costa Rica.
Para la Máster María Agustina Cedeño Suárez, Coordinadora de la Iniciativa Gestión de la Calidad para la Excelencia (Rectoría Adjunta), el desafío es asegurar que la responsabilidad que la sociedad le encomendó a las instituciones de educación superior se cumpla, y esto se hace evidente en la medida que la comunidad universitaria da cuenta de ella: “ Las participaciones durante este IV Foro abordaron, en términos generales, la importancia de la mejora continua en el desarrollo de los procesos, el conocimiento innovador orientado a solventar problemáticas del contexto social y el compromiso de transferir conocimiento como un acto de responsabilidad social y forma de establecer su nivel de calidad”, indicó Cedeño.
En este sentido, se desarrollaron reflexiones, discusiones y planteamientos sobre el tema de calidad e innovación en la Educación Superior necesarios en nuestras instituciones de educación universitaria.
El académico José Miguel Carot Sierra, de la Universidad Politécnica de Valencia, España participó en la actividad de forma virtual con el video: “Empleabilidad y Seguimiento de Egresados”, de esta manera, aludió que el seguimiento de las personas egresadas es primordial para conocer la calidad de la educación superior y su impacto en la sociedad: “Se requiere de forma inminente el análisis de la empleabilidad, considerando para ello las nuevas demandas de la sociedad, el aprendizaje continuo, la flexibilidad de los profesionales en la sociedad del conocimiento, proporcionando herramientas que posibiliten la búsqueda de soluciones innovadoras”, expresó Carot.
En el panel “Calidad e Innovación en procesos académicos” participaron Giannina Ortiz, académica del TEC; Susana Ruiz Guevara, Vicerrectora de Vida Estudiantil de la UNA y José Luis Arce Sanabria de la UCR, quienes coinciden en general en que la gestión de la calidad en educación superior implica participación, acceso y socialización de la información y pertinencia social como principios básicos para la toma de decisiones.
El segundo panel denominado “Planificación y gestión de la calidad” a cargo de María Auxiliadora Protti, del TEC; Javier Rodríguez, de la UNA y Carlos Luis Rojas, de CCA plantearon se planteó la necesidad del cambio en la dinámica cotidiana de las instituciones, mediante una adecuada planificación como elemento esencial para la ejecución y logro de lo propuesto. Se da por sentado que en la búsqueda de la calidad se cuente con una actitud positiva y de apertura como requisito indispensable.
En la presentación “Buenas prácticas: calidad e innovación” se compartieron experiencias de varias universidades: Noemy Quirós Bustos, del TEC; Xinia Castillo Campos, de la UTN, y Viviana Berrocal Carvajal, de la UNED; Randall Jiménez Retana, de la UCR; David Argüello, de la UNA; y José Miguel Rodríguez, director ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).
En cuanto a los talleres académicos realizados durante el Foro los temas abordados fueron: “Estrategias relacionadas a la Gestión de Calidad” (Claudia L. Velandia G.); “Diseño de Proyectos Internacionales” (María Almudena Garrido D.); “Prácticas de Innovación y Calidad Académica” (Francisco González A.)
Colaboración:
María Agustina Cedeño Suárez
Cindy Chavarría Muñoz
Iniciativa Gestión de la Calidad para la Excelencia, Rectoría Adjunta UNA
Fotografías: Cortesía UNED
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
