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Etiqueta: educación virtual

Los pilares de la educación en Costa Rica del siglo XXI

Anais Patricia Quirós Fernández.

MSc. Anais Patricia Quirós Fernández
Académica Universitaria, Escritora
Carrera de Idioma Inglés y Programa Institucional Ingles para el Trabajo PIT
Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI
Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN
Sede del Pacifico, Sede Central 

apquiros@utn.ac.cr / www.utn.ac.cr

¡La educación tiene 5 pilares fundamentales!

No podría iniciar sin explicar antes la definición de pilar. “Un pilar es aquel objeto que permite sostener o aguantar algún tipo de estructura, especie de columna para dar soporte.”

Los pilares de la educación según Jacques Delors (1996) y, la UNESCO (2022) son los siguientes:

  • Aprender a conocer
  • Aprender a hacer
  • Aprender a vivir juntos
  • Aprender a ser
  • Aprender a transformarse

Conocer, hacer, vivir, ser y transformarse se relacionan entre sí y afectan la educación y en la forma en que percibimos sus pilares.

La humanidad entró a un colapso mundial (la pandemia) entre 2019 al 2020. Todo el planeta se vio afectado sin importar raza, religión, nivel económico, edad, país o deseo de vivir o morir. La muerte repartió citas en la puerta de cada hogar, algunas las atendió, otras quedaron para luego.

La economía se fractura, algunas actividades se debilitan otras tomaron fuerza, los gobiernos trataron de implementar medidas extremas para responder a las necesidades, el área de salud trabajo arduamente mientras que en los hogares se dispararon detonantes de conflictos tales como: disminución de los ingresos, divorcios, desintegración familiar, incremento en el uso de alcohol, y otras drogas para disminuir la ansiedad de no saber que venía adelante.

Cada grupo a su manera busco enfrentar el caos, pero aún no sabemos si se logró o quien lo logro. Ante ello surge la pregunta:

¿Qué paso con la educación y sus 5 pilares?

Del 2021 al 2022, la educación al igual que la sociedad estuvieron eclipsadas. Los centros educativos tanto públicos como privados comenzaron a ciegas a implementar estrategias y planes educativos desconocidos para muchos y empíricos para otros. Al igual que todos aquellos relacionados con los avances tecnológicos (TIC’s). Por ejemplo el incremento de la educación en línea – programas que emergen como agua en el desierto para aquellos centros e instituciones educativas que se guiaban desde 1950 por clases presenciales, magistrales, de materiales físicos, pizarra, tiza, marcador, libros, cuadernos y fotocopias. El viraje hacia los entornos de aprendizaje virtual trajo como consecuencia caos, desconocimiento, experimentación, confusión, deserción, desinterés, incapacidad, desigualdad, frustración, como apenas unos de los tantos conceptos que se perciben en los pasillos y aulas de los centros educativos como en diferentes hogares.

La “fábrica educativa” continúa preparando masivamente profesionales titulados, algunos sin un norte seguro hacia un mercado laboral donde la competencia exige calidad, habilidades y destrezas idóneos para asumir puestos nacionales, internacionales y trasnacionales, que puedan llenar las necesidades del mercado. ¿Pero que paso con los pilares de la educación?

Entre el 2022-2023 (febrero), tenemos diagnosticado ( Informe del Estado de la Educación-2020-2022) lo que ocurrió en nuestras instituciones educativas y en los hogares de Costa Rica.

En conclusión, durante el Siglo XXI y los años citados se revolucionaron los 5 pilares fundamentales de la educación costarricense. Aprender a conocer nos obliga a buscar nuevas habilidades y competencias para entornos globales ya no nacionales. Aprender a hacer nos lleva a encontrar respuestas a la pregunta: ¿esto que estoy haciendo me ayuda a mí, a mi comunidad y al planeta? Aprender a vivir juntos apuesta por un mundo global de relaciones con distintas geografías y entornos virtuales. Aprender a ser enfoca hacia la educación holística. Aprender a transformarse implica la integración del pensamiento prospectivo e interdisciplinario en la educación para el desarrollo sostenible y la creación de estilos de vida responsables.

Indudablemente, nuestro sistema educativo costarricense nos obliga a realizar una profunda y urgente reforma… Como dijo Albert Einstein: “Todo mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por no trepar al árbol, este vivirá creyendo es incapaz.” No podemos seguir en un sistema donde no solo creemos que todos son iguales sino también que todos aprenden de la misma forma. El siglo XXI trajo muchos cambios con ello una nueva generación que se sienta en las aulas, y el entorno además se trata de recuperar de una pandemia que ataco al mundo entero, a niños, adolescentes y adultos. Muchos sin entender ¿Qué realmente paso? Pero enfrentando en sus aulas el mismo sistema de los años 80s, 90s, y que se perpetua en los primeros años de este siglo.

Debemos fortalecer el último pilar, aprender a transformarse, permitiéndole a nuestra población estudiantil que piensen en forma creativa, innovadora, critica, independiente donde se desarrolle la habilidad de conectar con un entorno exigente. Se afirma científicamente que no existen dos cerebros iguales. A eso se le suman elementos como edad, generación, fortalezas, necesidades, dones, y posibilidades que sin duda requieren diferentes estrategias.

¿Cómo podríamos optimizar un sistema educativo cuando alguno de sus pilares esta fracturado?

Si la ciencia de la medicina se actualiza, la tecnología avanza y hasta el diseño de los automóviles cambian; nos preguntamos: ¿Qué pasa con el sistema educativo? ¿Quiénes son el futuro? ¿Acaso el médico medica a todos sus pacientes por igual con la misma dosis y el mismo medicamento? Oh, ¿seguiremos obligando a los peces a trepar árboles?

Democracia digital: Imprescindible pero ausente

Luis Fernando Astorga Gatjens

Muchas de las tantas cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia, es que el país se situaba lejos, muy lejos de estar en lo mínimo preparado para la participación e inclusión social, a partir del acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para la inmensa mayoría de sus habitantes.

Todos debemos de coincidir que en el presente un componente clave para el desarrollo económico y social, es el acceso lo más democráticamente posible a Internet. Pero la pandemia y el limitado desarrollo del Costa Rica en este campo nos muestran un país con significativos desfases, sino abismos, entre regiones, sectores –sociales y poblacionales—y personas.

De esta manera una democracia que de por si es deficitaria en el campo económico, social y político, se hace más agudamente deficitaria en el ámbito digital.

Hoy día, la atención a la salud sería mucho mejor, si más personas tuvieran acceso a una Internet de calidad, a dispositivos adecuados y con suficiente memoria, y si estuvieran mejor capacitadas en el uso de aplicaciones, para desarrollar citas virtuales en todos los servicios médicos, que puedan ser resueltos de esta manera. Pero eso no es así: solo un porcentaje limitado cumple con estas condiciones de inclusión digital efectiva.

Igualmente, el acceso a la educación en esta época aciaga de la pandemia, se ha visto severamente limitado, ya que más de 400 mil hogares carecen de conectividad y demás requerimientos. Esto hace que casi medio millón de estudiantes de primaria y secundaria de la educación pública, no tengan otro horizonte que la educación presencial. Este hecho genera una grave situación relacionada con la calidad formativa ante tal desventaja y que éste sea un contribuyente más en la ampliación de la brecha entre educación pública y privada, en la cual todos los educandos si cuenta con acceso a Internet.

El otro tema es el teletrabajo. Ésta modalidad productiva creció rápidamente en los últimos meses, al compás de las restricciones y de la aplicación de otras medidas de seguridad sanitaria. Sin embargo, más allá que no todas las actividades laborales son sujetas a adecuarse a esta alternativa productiva, lo real es que la precondición de acceso a Internet, está lejos de estar democráticamente extendida para la gran mayoría de trabajadores.

Se combinan varias causas y factores para que la democracia digital en Costa Rica, sea mucho más quimera que realidad. Pasemos revista:

Lo primero que tenemos que destacar es la calidad y alcance en el acceso a Internet. La oferta general de servicios de Internet es de limitada calidad y eso se hace más grave, dependiendo de si el servicio es de zona urbana o rural, o remota.

Le segundo es el costo, la asequibilidad del servicio. Para contar con un servicio de buena o excelente calidad, se deben pagar cifras que son imposibles de cubrir para la mayoría de las familias.

Lo tercero está relacionado con los dispositivos, sean teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Igualmente, la mayoría de los hogares y personas no cuentan con recursos, para comprar dispositivos con programas, aplicaciones y suficiente capacidad de almacenaje, que permitan un uso adecuado de Internet.

El cuarto elemento tiene que ver con la alfabetización digital. Es imprescindible que las personas potencialmente usuarias (ya cumplidos los requisitos precedentes), se capaciten de manera práctica, en el uso de Internet, para sacarle el mayor provecho y para que sean participantes de la era digital, que con la pandemia, inevitablemente, se ha tenido que acelerar.

Cabe aquí hacer una mención específica relacionada con las personas con discapacidad y el acceso a Internet y dispositivos, y programas adecuados. Se requerirán ajustes razonables según el tipo de discapacidad, pero antes que nada hará falta que cuenten con esos aparatos y acceso a Internet, y eso no se da en la mayoría de las personas con tal condición.

De esta manera, el grave aislamiento que afectaba a las personas con discapacidad antes de la pandemia, se ha hecho más grave aún en el presente, por no tener acceso a Internet en una época en que para conectarse en casi todas las esferas de la actividad social, es imprescindible contar con este servicio. Así las cosas, todo hace prever que el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, se afianzará para la desdicha de miles de personas con discapacidad esparcidas a lo largo de nuestra geografía. Eso porque el acceso a la salud y la rehabilitación, a la educación y formación técnica, y al empleo y la actividad productiva, en general, se ha hecho sumamente complicado y lejano para este sector poblacional. Lo que debería ser una oportunidad de inclusión social para las personas con discapacidad mediante el teletrabajo, se torna en lo contrario por la falta de acceso a Internet, como una causa fundamental.

El que exista tan enorme brecha entre personas con acceso o falta de acceso a Internet, lo explica en primer término la pobreza y la exclusión social. Esa es la primer causa y barrera estructural a derribar.

Sin embargo, hay otra razón que se suma y que es de carácter coyuntural. Es la incapacidad que ha tenido esta administración de atender este tema mediante una política de Estado, seria y robusta, que habría de impulsar antes de la pandemia y ya una vez con ella instalada como tenaz acompañante, acelerar procesos para avanzar rápidamente con acciones de emergencia.

Y aquí alguien podría decir que lo que planteo no es objetivo ya que a raíz de la pandemia, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios, para echar adelante una política de inclusión digital, como la situación exige en forma imperiosa. Pero si los hay. Están en FONATEL. Veamos que se indica al respecto: “Es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y es el instrumento de administración de los recursos para financiar el régimen de garantías fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N° 8642…“.

Entonces, nos debemos preguntar: ¿Por qué el país no ha avanzado como debe ser en este tema, de acuciante prioridad? La respuesta urgente la deben ofrecer las autoridades competentes, que con seguridad, si cuentan con servicios de Internet de alta calidad; no como la inmensa mayoría de los costarricenses que miran desde muy lejos, la democracia digital.

(24 de mayo, 2021)

Toda batalla tiene un final

Pablo García Monge, estudiante UCR *

Faltando unas cuantas semanas para que acabe el semestre, quería redactar esto, y espero que sirva de motivación para aquellas personas que les ha costado la virtualidad por motivos como ubicación geográfica, condición social etc (yo al principio de semestre había redactado unas ideas de como sobrellevar el semestre virtual y había ofrecido mi cochera para aquellos estudiantes que no tenían internet, y también ofrezco clases gratis, etc).

Han avanzado mucho, han quitado las piedras más grandes del camino, y se han demostrado a ustedes mismos que son capaces de lograr lo más difícil, están luchando por una meta en común, que es superarse, pero recuerden al único que tienen que demostrar superar las adversidades, son a ustedes mismos, el ser humano puede llegar a potencializarse de una increíble manera, pero el trabajo arduo, el empeño necesario, los llevará al éxito, si han logrado sobrellevar todo este contexto actual social, económico, sanitario, podrán sobrellevar cualquier cosa, y ojalá utilicen de buena manera la herramienta más poderosa que nos enseña la UCR, el conocimiento, y úsenla en pro de la sociedad, y para edificarse a ustedes mismos.

Para muchos no es fácil llevar este ciclo anual virtual, pero que les quede de enseñanza la virtud del poder superarse y que les sirva de motivación para luchar por lo que ustedes desean. No decaigan, no flaqueen, puesto si no decayeron este año, no creo que lo hagan a futuro. Y mostremos nuestro lado humanista que nos inculca la UCR con los demás, el contexto actual afecta a muchos estudiantes hoy en día, mostremos los valores sanos y positivos, y moralmente correctos.

El que hace una acción buena produce un efecto espejo en otra persona; el mundo y la humanidad será empática.

 

* Estudiante de Economía Agrícola y Agronegocios, Universidad de Costa Rica, bachiller en Derecho

Imagen ilustrativa, UCR.

UCR: Un camino educativo por recorrer en realidad virtual y aumentada

Aprendizaje basado en el descubrimiento

En el marco del ciclo de charlas Educación del futuro, del Instituto de Investigación en Educación, INIE, se desarrolló la conferencia titulada “Realidad extendida: nuevos retos y nuevas realidades en el aprendizaje” por medio de la cual se abordó la realidad virtual y aumentada como herramientas educativas.

Estas novedosas y muy llamativas herramientas posibilitan, entre un sin fin de opciones, mejorar la interactividad de los libros de texto; también hacen posible e invitan a los alumnos a interactuar con los diferentes elementos que estas realidades muestran. Sin duda los docentes pueden encontrar en estas herramientas un refuerzo al aprendizaje de ciertos contenidos educativos asociados con el mundo real; hablamos de un aprendizaje basado en un concepto de descubrimiento continuo.

El especialista en comunicación, Víctor Hugo Gutiérrez Araya, brindó una mirada futurista sobre las nuevas tendencias en aprendizaje, mediante el diseño de aplicaciones multimedia que innovan el contexto educativo.

Durante la conferencia se realizó un recorrido histórico sobre la relación entre la realidad y la virtualidad. También fue posible abordar una clara delimitación entre los conceptos de realidad virtual, realidad aumentada y la realidad mixta, así como ejemplificar el uso de estas modalidades de realidad extendida y las consideraciones éticas asociadas a dichas realidades como herramientas de aprendizaje.

Si bien en la actualidad se cuenta con una visión positiva en torno a las posibilidades que puedan ofrecer estas tecnologías en diversos ámbitos, algunas consideraciones éticas que entran en discusión son los efectos de la exposición prolongada que pueden derivar en inestabilidad emocional o psicológica, así como asuntos relacionados a la privacidad y la recopilación de los datos.
“En este momento hay mucho optimismo alrededor a estas tecnologías y hay muchísimas expectativas respecto a lo que se va a poder o no se va a poder hacer con estas” explicó Gutiérrez.

Cabe destacar, entre los puntos más importantes mencionados durante la conferencia,  el análisis de la accesibilidad real que se puede llegar a tener de estos recursos en los diferentes contextos de nuestra vida cotidiana o en sectores específicos como el educativo.

Esta interesante conferencia puede verla por medio del siguiente enlace https://www.blog-inie.com/post/camino-educativo-por-recorrer-en-realidad-virtual-y-aumentada

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Consideraciones para el Consejo de Rectoría Ampliado de la Universidad de Costa Rica

Juan Armando Navarro Martínez
Abogado – SINDEU

Hay tres consideraciones que no se les ha prestado atención, sobre lo que establece el Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público, Expediente Número 22.081 de la Asamblea Legislativa.

La primera puede ser blindarse en las acciones que la Universidad está realizando como: los respiradores no invasivos; el suero contra el COVID-19; los protectores faciales; repartir medicamentos de la CCSS a pacientes; participar en los operativos de tránsito; mantener el respaldo al sector productivo agropecuario en un momento donde la soberanía alimentaria importa más que antes; la participación indiscutible de profesores y estudiantes que están día a día en primera línea, trabajando en las instituciones que el artículo 2 del proyecto de ley tiene como excepciones;  mantener la continuidad de los estudios de toda la población estudiantil en todo el país; redistribuir presupuestos internos y aportar de sus finanzas para la atención de la crisis; entre muchas otras acciones que se están realizando en la Universidad de Costa Rica para enfrentar la pandemia; estas, ya son razones suficientes para exigir que la Universidad de Costa Rica (y a las Universidades Públicas) integre la lista de excepciones de instituciones que están combatiendo la pandemia.

Esto tiene fundamento en los principios de realidad, equilibrio, razonabilidad, sana crítica, equidad, igualdad y no discriminación, entre otros; así como, la diferencia que se daría entre la aplicación de los artículos 128-139 de la Ley General de Administración Pública sobre la eficacia del acto administrativo y, por otro lado, lo que establece el artículo 6 de la misma ley, sobre la jerarquía de las normas. Lo cual quiere decir que, pese a la eventual existencia de un acto administrativo que contemple todos los contenidos de los artículos 128-139 citados, este acto nunca podrá irrespetar la jerarquía de las normas que, por considerable importancia, está en la parte general de ley.

Pese a lo expuesto, la segunda consideración debe generar una discusión mayor que lo antes mencionado, está en la aplicación que estable el artículo 1 del proyecto de ley. Este se refiere a que se aplica a las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley número 2166, que con la aprobación del Plan Fiscal quedó, así redactado en el inciso 2): La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. (Así adicionado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018).

Por varias razones, eso excluye a la Universidad de Costa Rica de la aplicación. Lo primero es que el artículo 26 de la Ley citada, es parte del capítulo III ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO, únicamente; esto ya está siendo aplicado por el Rector mediante resolución R-73-2019.

El artículo 1 de la misma ley, refiere a la aplicación general de la ley: La presente ley se dicta para garantizar la eficiencia de la Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para todas las clases de puestos clasificados en el Manual Descriptivo de Puestos, conforme lo dispone el Capítulo X del Estatuto de Servicio Civil. Evidentemente, la Universidad de Costa Rica no tiene ninguna relación o responsabilidad administrativa con el Manual Descriptivo de Puestos ahí mencionado.

Además, es claro que existe en proceso Contencioso Administrativo que pretender dirimir la diferencia absurda entre incluir a las Universidades Públicas en un reglamento, cuando no se incluyó en la ley. Existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que se cita en los votos 495-92 y 1313-93, en la cual se establece que, la autonomía de las Universidades Públicas es superior y diferente a la que se dispone en los artículos 188 y 190 de la misma Constitución, la cual es la que hace referencia a las Instituciones Autónomas. De manera que, en caso que una ley o jurisprudencia indique que se aplica a las instituciones autónomas, debe entenderse que no incluye a las Universidades Públicas, salvo que la norma lo haga bajo texto expreso.

Está de más decir que, esto es materia fundamental del primer mes en la carrera de derecho y en varios cursos del derecho, principalmente en el curso de Introducción al Derecho, cuando se ve la pirámide de Kelsen sobre la jerarquía normativa (del texto Teoría Pura del Derecho), en este sentido, no tengo duda que si se le pregunta a un estudiante de la Facultad de Derecho de esta Universidad, emitirá contundente respuesta diciendo que el reglamento tiene un rango inferior a la ley y no la puede equiparar o sustituir.

Entonces ¿por qué el Rector resuelve el pago de la cesantía como indica el título III del Plan Fiscal desde el 15 de marzo de 2019 y ahora dice La Nación del 10 de julio de 2020, sin que exista resolución institucional, que la Universidad pagará la anualidad del título III del Plan Fiscal y no lo que indica la Convención Colectiva de Trabajo? ¿Por qué aplicar el título III del Plan Fiscal en momentos diferentes?

La tercera consideración es la captura del jerarca. Es de suponer que, con la amenaza de miedo y control, el Gobierno está utilizando la pandemia como forma de infundir temor y control para que la clase trabajadora no se movilice, todo lo contrario, que se paralice, sea obediente y haga únicamente, lo que dice el Gobierno sobre como “enfrentar la pandemia”.

En el caso del Rector, debe estar amenazado por la PGR y la CGR que, si decide no aplicar el título III del Plan Fiscal de manera ilegítima, como le indican, que harán el informe correspondiente para enterar al Ministerio Público de la supuesta irregularidad del jerarca, situación que le podría significar eventualmente repercusiones penales por emitir resoluciones contrarias a la ley (prevaricato).

Pese a que los contenidos del Proyecto de Ley 22.081 son de todas formas ilegales, es posible que en el caso que exista algún intento de consolidar la aplicación del contenido del proyecto, en el momento en que sea ley, si es que ocurre, sea la claudicación del jerarca frente a las presiones, temor y control del Gobierno.

Sólo una observación de lo expuesto. La clase trabajadora no se ha dejado intimidar, sigue organizando la lucha, ha exigido respeto, se ha movilizado y continuará haciéndolo. El Consejo de Rectoría Ampliado debe ver en toda la Comunidad Universitaria la articulación de la lucha y la defensa de la Universidad de Costa Rica. Las personas trabajadoras están dispuestas a articular esa lucha frente a los ataques del Gobierno y demás, Poderes de la República. Lo mínimo esperable del Consejo de Rectoría Ampliado es determinar el rechazo al Proyecto de Ley 22.081 y resolver de inmediato la movilización de toda la Comunidad Universitaria para la defensa de la Educación Superior Pública y de Calidad.

No permitamos más robos al empleo público, de cualquier manera, que propongan las estructuras de poder, la eliminación de derechos laborales en razón de la pandemia, es un manifiesto ilegal, inconstitucional e inmoral.

UNIDOS SOMOS MÁS Y MÁS FUERTES

Internet gratis y universalizado – PROPUESTA DEL SINDEU

Estamos en el marco de la IV Revolución Industrial, la era de la robotización y la cibernética. Las relaciones sociales de producción exigen nuevas adecuaciones curriculares para entender las lógicas de la extracción de la plusvalía y la explotación.

Frente este magro horizonte, otro nuevo fenómeno nos azota con gran violencia. La pandemia del coronavirus, el SARS-Co. V2 o más popularmente el COVID-19. Condujo y obligó a las universidades y los ministerios de educación a reinventarse. Nos exigió, sin estar preparados, a elevar la calidad del teletrabajo y el rendimiento académico, bajo la ausencia de las condiciones mínimas infraestructurales.

De pronto la educación se encuentra ante la urgente tarea de desarrollar una excelente alfabetización tecnológica, pero no se tenían las condiciones presupuestarias para las nuevas exigencias del virus, que todavía no se dibuja una salida integral por parte de los gobiernos para atender y dar una salida radical a dicho problema.

Por el contrario, un gobierno como el nuestro, dirigido por Carlos Alvarado Quesada y una Asamblea Legislativa que puso en su mira derrotar y destruir la clase media y empobrecer aún más a las masas populares, no nos puede augurar nada bueno en el corto plazo.

Rebaja salarial en el sector público, conculcan principios de los derechos laborales esenciales. Prohibición de las huelgas, eliminación de la jornada histórica de las 8 horas, flexibilización de jornadas, reducción de salarios, en fin se carga con demasiada violencia los costos de la crisis generada por el Estado Neoliberal y bajo el pretexto de un COVID-19, con las espaldas de la clase trabajadora. Pero no es este el examen que nos interesa. Aunque, lógicamente, un problema estructural de esta envergadura no podemos soslayarlo.

Recientemente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo adscrito a la ONU, definió que “… el Internet es un Derecho Humano de tercera generación” y por tanto los Estados miembros de la ONU, deben entenderlo como tal”.

En este sentido, Edwin Estrada, exviceministro de telecomunicaciones, responsable del Fondo Nacional de Telecomunicaciones –FONATEL, manifestaba en una entrevista pública lo siguiente:

“… en Costa Rica los índices son 95 líneas de Internet móvil por cada 100 habitantes, tenemos casi 200 líneas de teléfono por cada 100 habitantes”.

Claro que en su entrevista el señor Estrada, enfatizaba en que hoy Internet debe ser un derecho humano esencial. Estamos en la obligación de dar un salto de calidad para que las diferentes zonas del país hagan posible el sueño de que Internet llegue a todos los hogares del país.

Defender entonces el Internet como derecho humano esencial, es también decirle al pueblo de Costa Rica de la urgente tarea de defender al Instituto Costarricense de Electricidad.

CONARE, conjuntamente con cada uno de los sindicatos universitarios y las respectivas asociaciones de trabajadores y empleados, deben convertirse en los grandes abanderados de esta lucha, que bajo las condiciones infraestructurales que ha desarrollado el ICE, no es una utopía o una simple propuesta salida de la angustia que nos genera el encierro de nuestra burbuja social. Si no, por el contrario, es ser propositivos y ofrecer a toda la masa estudiantil: primaria, secundaria y de educación superior, la plataforma adecuada para enfrentar los déficit de una malla curricular que no contaba con este nivel de exigencia de una educación virtual y un trabajo académico teletrabajado.

Nos parece entonces que, con el aporte de los diferentes sindicatos adscritos al ICE, los institutos científicos de nuestras universidades, la voluntad política del MICITT y el compromiso moral de la Superintendencia de Telecomunicaciones-SUTEL, podemos darle a la población de Costa Rica la aplicación de este tan importante Derecho Humano: El INTERNET COMO DERECHO HUMANO DE LA TERCERA GENERACIÓN y así aportar integralmente en este espacio de la IV Revolución Industrial en que quedamos insertos, sin estar lo suficientemente preparados.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Igualdad de oportunidades en la educación en contexto de la pandemia

Luis Muñoz Varela[1]

En marzo de 2020, de un día para otro la vida cotidiana costarricense amaneció enmarcada en un cuadriculado de emergentes temores, ansiedades, incertidumbres, restricciones. Había llegado una amenaza invisible de la que, según lo apuntaron la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades sanitarias de diversos países del mundo y los informes de investigación de distintos centros e institutos científicos especializados, nada se sabía. Un virus al que se le dio por nombre Covid-19, originado por zoonosis y cuyas causas se atribuyen a los desequilibrios provocados en la naturaleza por la depredación de los recursos naturales y la destrucción humana de los ecosistemas. A cien años de la “gripe española”, la pandemia del coronavirus Sars Cov-2 se había instalado planetariamente.

En Costa Rica, al tiempo que se establecieron las medidas sanitarias y diversas restricciones dictadas por el gobierno (confinamiento en casa, restricción a la movilización vehicular, cierre de diversos establecimientos comerciales, paralización de múltiples actividades económicas y productivas, el teletrabajo), también llegó, lógicamente, la pérdida de empleos, la reducción de la jornada laboral, la clausura de ingresos para pequeños negocios y empresas; la crisis económica.

La llegada de la pandemia trastocó y puso en estado de quiebra toda la “normalidad” en la que se vivía hasta inicios de marzo. Las primeras reacciones estuvieron determinadas por una ambivalencia entre cuidarse de los contagios y respetar las medidas sanitarias, o si aventurarse a seguir en las mismas dinámicas de la vida cotidiana tal como se hallaban definidas y estructuradas hasta ese momento. Pronto dicha ambivalencia quedó resuelta, al irse tomando conciencia de la gravedad de la situación y, sobre todo, a partir del momento en que las autoridades de gobierno establecieron medidas drásticas cuyo desacato implicaba penalizaciones de diversa magnitud.

Trascurridos poco más de dos meses desde la aparición del primer contagio de Covid-19 en Costa Rica, los acontecimientos ocurridos en este tiempo han revelado con claridad varios aspectos importantes y, por cierto, algunos de ellos también bastante preocupantes.

En primer lugar, seguramente quepa destacar las capacidades de respuesta desplegadas por las instituciones del sistema de salud del país; capacidades de organización hospitalaria, de competencias y solidez profesional del personal médico y de enfermería; de acervo de conocimiento científico y de capacidad tecnológica instalada en materia de salud; la seriedad asumida por las autoridades de salud en el ámbito de la gestión para controlar y contener la propagación de los contagios. La pandemia, en resumen, ha puesto de manifiesto el valor y la importancia de contar con un sistema de salud pública bien articulado y con capacidades de cobertura universal. La sociedad costarricense despertó de una especie de modorra y de indolencia en la que estaba, para empezar de pronto a comprender que hay instituciones a las que se debe proteger, cuidar y defender.

Asociado a este aspecto positivo, la pandemia también vino a transparentar, por otra parte, una realidad nacional de profunda desigualdad social y económica. Aunque ya claramente se percibía esta situación desde hace mucho tiempo, sin embargo, había pasado a quedar marginada de la sensibilidad social e institucional del país; se había normalizado. La pandemia no solo ha venido a poner de manifiesto de manera clara y contundente la magnitud de las desigualdades sociales prevalentes en Costa Rica, sino que, además, las profundiza aún más y las coloca en un plano de incremento y de reproducción en una proyección de largo plazo.

Al respecto, valga la ocasión para hacer una pequeña exposición de las cifras que dan cuenta de las desigualdades sociales en Costa Rica. Según informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al año 2019, la tasa de pobreza en el país abarca al 20,98% de los hogares, distribuida en 15,14% de hogares en condición de pobreza no extrema y de 5,84% en pobreza extrema. La zona rural es la que presenta la mayor tasa de hogares en pobreza: un 24,17% frente a un 19,77% en la zona urbana. Por regiones de planificación, la distribución de las tasas de pobreza es como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1: Tasas de pobreza de los hogares en Costa Rica, año 2019

Región de planificación

No pobres

Pobres

Total

Pobreza no extrema

Pobreza extrema

Central

83,01

16,99

12,68

4,32

Chorotega

79,74

20,26

14,84

5,42

Pacífico Central

70,21

29,79

20,67

9,11

Brunca

69,65

30,35

21,11

9,24

Huetar Caribe

70,76

29,24

20,34

8,90

Huetar Norte

72,41

27,59

18,70

8,89

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares, 2019a.

El término pobreza indica que los hogares están en una situación tal “cuando su ingreso per cápita es menor que el costo per cápita de una canasta de bienes y servicios, requeridos para mantener un nivel mínimo de subsistencia”. (INEC, 2020, p. 35). Se trata de una canasta básica de bienes y servicios de necesidad elemental para la subsistencia: alimentación, salud, agua potable, energía, vivienda, educación. Por su naturaleza básica, esta canasta no incluye bienes y servicios tales como dispositivos tecnológicos, computadoras, tabletas, conectividad a internet.

El término pobreza extrema, por su parte, salvando la obviedad, indica un estado socioeconómico en el que los hogares se encuentran en una situación de carencias múltiples que les impide el acceso a vivienda, alimentación, salud, higiene, servicios de agua potable y electricidad. Se trata de hogares en los que, lógicamente, el acceso a la educación y a la permanencia en el sistema educativo presentan serias y ostensibles limitaciones.

La población tipificada como no pobre, por otra parte, está conformada por hogares que, en general, cuentan con una solvencia económica al menos suficiente para tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación y salud, vivienda, educación. Sin embargo, esta es una población altamente heterogénea, desigual en la disposición de ingresos y en el acceso a bienes de índole tecnológica como una computadora o la conectividad de internet, así como a los diversos servicios que hoy son indispensables para solventar los requerimientos de la vida actual.

Por diversas razones (monto de los ingresos, lugar de residencia, estabilidad del empleo), el hecho de tipificar como un hogar no pobre no significa que se cuente con suficientes bienes y servicios. En este mayoritario grupo social de los hogares no pobres está incluida una importante cantidad de ellos en los que las probabilidades de pasar a formar parte de los hogares en condición de pobreza son bastante altas.  

De conformidad con las cifras expuestas en la tabla 1, las regiones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema son, en orden de mayor a menor, la Brunca, la Pacífico Central, la Huetar Caribe y la Huetar Norte. Todas estas regiones se caracterizan por ser mayoritariamente rurales y, salvo en el caso de la Huetar Norte, por ser también costeras. Con las obvias diferencias, puede decirse que, en general, en estas regiones, las actividades económicas están básicamente definidas por la agricultura, la ganadería, la agroindustria de monocultivo, la pesca, el turismo y los servicios.

Sobre la base de los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación, establecidos en las políticas educativas costarricenses del último cuarto de siglo, puede decirse que, en general, en todo el territorio nacional se hace necesario desarrollar acciones de política, institucionales y programáticas, para que la aplicación de estos principios conduzca, en efecto, a crear las capacidades que se requieren para reducir las desigualdades sociales y avanzar en el establecimiento de condiciones para el logro del bienestar social y el buen vivir.

Las anteriores diferencias por regiones de planificación indican que las acciones y esfuerzos por emprender no pueden ser desarrollados por medio de políticas, programas y estrategias de aplicación homogénea. Cada región amerita la atención que de manera específica demandan las propias realidades sociales, económicas, culturales e institucionales que les caracterizan. Esto también vale de manera especial para la educación.

A fin de complementar la información anterior y contar con un panorama un poco más amplio acerca de la situación socioeconómica en que se encuentran los hogares en Costa Rica, en la siguiente tabla se presentan las estadísticas sobre ocupación, desempleo, subempleo y de empleo informal.

Tabla 2: Tasas de ocupación, desempleo, personas ocupadas con subempleo, personas ocupadas con empleo informal, por regiones de planificación, año 2020.

Región de planificación

Tasa de ocupación[2]

Tasa de desempleo[3]

Porcentaje de personas ocupadas con subempleo

Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal[4]

Central

58,7

12,3

11,4

45,8

Chorotega

46,8

15,2

12,8

44,6

Pacífico Central

52,4

9,1

16,3

54,1

Brunca

45,7

16,1

15,0

53,9

Huetar Caribe

50,9

12,0

9,9

43,4

Huetar Norte

54,7

11,7

18,6

53,7

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta Nacional de Hogares 2020.

Tal como se puede observar, estas cifras develan, aún con mayor claridad, la magnitud crítica de la desigualdad social y de la precariedad e inestabilidad socioeconómica en la que se encuentra una significativa proporción de los hogares costarricenses.

La región Brunca sigue siendo la que presenta la situación más desfavorable, al exhibir la menor tasa de ocupación y la mayor de desempleo. Sin embargo, en este caso, la región Chorotega, que en los datos de la tabla 1 ocupaba la segunda mejor posición, registra ahora como la segunda de las regiones más afectadas por los bajos niveles de ocupación y los mayores de desempleo. La explicación de esta diferencia puede que resida en el hecho de que, al ser las tasas una representación de magnitudes promedio, no pueden dar cuenta de la intensidad específica en la que se distribuyen las desigualdades sociales al interior de cada región.

En general, incluso en un caso como el de la región Central, que en todos los aspectos considerados en las estadísticas del INEC aparece siempre ocupando las mejores posiciones, cabe presuponer que la magnitud de las desigualdades sociales intrarregionales es aún mayor y más intensa de lo que reflejan las cifras estadísticas.

En el actual contexto de la pandemia y de la crisis económica devenida y agudizada por ella, en materia de empleo, desempleo, pobreza y pobreza extrema, la información difundida por distintas fuentes oficiales señala la configuración de una situación que pasa a ser dramática en todo el territorio nacional. Las repercusiones económicas de la crisis sanitaria vienen a incrementar la crítica situación en la que ya de por sí se estaba antes de que ella apareciera y, en este momento, se incrementan por miles los hogares que afrontan múltiples dificultades para poder agenciarse la subsistencia del día a día.

En su informe anual 2019, Unicef- Costa Rica señaló que 470 mil niñas, niños y adolescentes viven en condición de pobreza en nuestro país. La crisis económica que ya enfrentábamos se agrava ahora por los efectos del COVID- 19 ante el aumento drástico del desempleo. (Guardia, 2020).

Según es obvio, se trata de una situación que, al mismo tiempo, desencadena afectaciones múltiples en lo que concierne a la educación. Una vez declarada la pandemia, las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) tomaron la decisión de suspender el curso lectivo presencial en todos los centros educativos del país, para pasar a implementar la modalidad de educación virtual a distancia.

A tal efecto, a fin de identificar de manera aproximada cuáles son las posibilidades que tienen las distintas poblaciones estudiantiles del país para hacer frente a los requerimientos que plantea la dinámica de la educación virtual a distancia, se presentan en la tabla 3 los porcentajes de viviendas que, por regiones de planificación, cuentan con disposición de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de necesidad básica para atender la educación virtual a distancia.

Tabla 3: Porcentajes de viviendas que cuentan con diferentes TIC, por regiones de planificación, año 2019

Región de planificación

Con teléfono residencial

Con teléfono celular

Computadora

Tableta

Servicio de internet en la vivienda

Central

39,1

96,2

55,1

21,9

88,3

Chorotega

20,7

95,8

38,0

9,2

82,5

Pacífico Central

20,0

96,1

36,0

9,8

88,1

Brunca

15,5

96,3

37,9

6,8

83,6

Huetar Caribe

11,6

96,4

29,1

8,3

82,8

Huetar Norte

16,1

96,1

29,9

7,7

80,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares 2019b.

Tal como refieren las estadísticas, el teléfono celular es el dispositivo TIC que en mayor proporción existe en los hogares de Costa Rica. Todas las regiones de planificación registran una tasa de más de 95% de las viviendas que cuentan con al menos un teléfono celular. Caso contrario lo es el de la telefonía residencial o fija, cuyas tasas son muy inferiores y la más alta de ellas ocurre en la región Central (39,1%), siendo ésta prácticamente el doble de la que presentan las regiones Chorotega y Pacífico Central, las dos regiones que, en este aspecto, ocupan la segunda y tercera posición.

Las estadísticas sobre la disposición de internet en las viviendas, por su parte, indican que, en todas las regiones de planificación, más del 80% de los hogares cuenta con acceso a este servicio. Las mayores proporciones las tienen la región Central y la Chorotega. Sin embargo, este dato es inespecífico; no refiere si la conexión es por la vía del servicio celular de datos móviles, o por la de la conexión fija. Es muy probable que sea lo primero.

En lo que respecta a la disposición de computadoras en los hogares, las cifras son bastante bajas y únicamente la región Central presenta una proporción ligeramente superior a la mitad de las viviendas. En las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte, en más de las dos terceras partes de los hogares no se cuenta con una computadora. Y en lo referente a tabletas, que constituye otra herramienta de necesidad básica para atender los requerimientos de la educación virtual a distancia, las cifras son aún menores. Únicamente en la región Central superan levemente el 20% de los hogares, mientras que en las demás regiones se ubican por debajo del 10%.

Costa Rica ha desarrollado legislación, diseñado políticas y establecido programas para asegurar los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación. Las poblaciones estudiantiles cuentan con el acceso a los servicios de los programas de Alimentación y Nutrición (PANEA) y de Transporte Estudiantil (PTE), así como a los apoyos que brindan el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Avancemos. Asimismo, de más reciente creación, también está la estrategia “Yo me apunto con la educación”, que tiene por finalidad brindar atención especial a los centros educativos de las comunidades que afrontan mayores niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y marginación social.

Este conjunto de iniciativas y de acciones está asociado con el principio fundamental de la solidaridad, que junto con los de igualdad de oportunidades y de inclusión y no discriminación es constitutivo de los derechos humanos y, en particular, del derecho humano a la educación. En su enunciado formal, el principio de solidaridad establece que, en su conjunto, la institucionalidad del Estado y de la sociedad tienen el deber y la responsabilidad ineludibles de proporcionar las condiciones y proveer la dotación de los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad que cumpla con los principios de “acceso universal”, “no discriminación” y de “igualdad de oportunidades y de trato”. En este sentido, declara la UNESCO (2016): “ningún país que se comprometa seriamente con la educación para todos se verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta”.

Más allá incluso de la dotación de recursos, que son imprescindibles, el principio de solidaridad remite esencialmente a la creación y facilitación de las condiciones que permitan el acceso a la educación en igualdad de oportunidades y no discriminación. En situaciones especiales causadas por desastres naturales, guerras, crisis sanitarias, crisis económicas, el principio de solidaridad involucra la creación y sustentación de las condiciones que faciliten a las comunidades y a las poblaciones estudiantiles más afectadas poder protegerse de los daños y pérdidas que acontezcan en el marco de la coyuntura de crisis.

Se trata de afectaciones que, de no atenderse con la prontitud, alcance de cobertura y calidad que se requiere, pueden pasar a convertirse en pérdidas cuyo impacto en el incremento de la inequidad y la desigualdad social tendrá efectos que se proyectarán a largo plazo, con todas las implicaciones negativas que harán derivar para el conjunto en general de la sociedad.

La pandemia llegó de repente y obligó a las autoridades de gobierno a tomar medidas de emergencia. El establecimiento de estas medidas representó una quiebra abrupta de la “normalidad” de la vida cotidiana y de todas las actividades asociadas a ella. En materia de educación, la suspensión del curso lectivo en su modalidad presencial y su conversión a educación virtual a distancia dejó en condiciones claras de desventaja a una diversidad de poblaciones y sectores estudiantiles. Además, al tiempo que se suspendía el curso lectivo, las medidas sanitarias establecidas para contener y frenar la propagación de la pandemia (confinamiento, distanciamiento social, restricción vehicular, cierre de lugares públicos), afectaron diversas actividades económicas y productivas, de la misma manera que una cantidad significativa de familias han visto restringidas o incluso canceladas las posibilidades para agenciarse la subsistencia.

En este momento, aún cuando no existan evaluaciones de por medio respecto del trabajo que se le asigna a la población estudiantil para realizar en sus hogares, lo cierto es que hay un sector mayoritario de estudiantes que, al carecer de las condiciones necesarias para atender los requerimientos de la educación virtual, ha quedado en una clara desventaja en relación con otros sectores que sí cuentan con esas condiciones. Esta es una situación que obliga a hacer un esfuerzo amplio de análisis, en articulación y convergencia interinstitucional y multisectorial, a fin de identificar y definir las acciones inmediatas y estratégicas que permitan dar contención a las afectaciones y allegar los apoyos que contribuyan a atender y solventar en la mayor medida posible las carencias.

Las desventajas no tienen que ver únicamente con la no disposición del equipo y la conectividad. También intervienen en ellas factores como el desempleo de las jefaturas de familia, la necesidad de contribuir con la búsqueda de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas; la carencia de una alfabetización adecuada en el hogar, que imposibilita brindar acompañamiento a las hijas e hijos en sus menesteres escolares. Se trata de carencias y desventajas “corrosivas” (Nussbaum, 2012) que, de no tomarse en consideración, inevitablemente repercutirán en un deterioro presente y a futuro del bienestar social para muchas familias y de oportunidades para distintos sectores de estudiantes.

Este panorama crítico plantea la necesidad urgente de que los diversos actores involucrados en el campo de la educación (académicos, institucionales, organizaciones de la sociedad civil, municipalidades, organizaciones productivas, colectivos de mujeres, asociaciones locales) contribuyan a buscar alternativas de atención y respuesta a esta difícil y problemática situación. La academia universitaria, en particular, la comunidad investigadora vinculada al campo de la educación se encuentra interpelada para desarrollar las acciones de investigación, análisis y reflexión sobre lo que acontece, a fin de identificar posibles soluciones y a hacer que éstas se canalicen y se pongan a disposición de las autoridades del MEP y de las demás instituciones que puedan estar convocadas a participar en la articulación y la convergencia de los esfuerzos.

La medida adoptada de establecer la modalidad de educación virtual a distancia requiere ser evaluada de manera urgente. En esta evaluación deben participar estudiantes, docentes y madres y padres de familia. Es preciso realizar consultas localizadas, contextualizadas, en cada una de las comunidades y regiones del país. Es imprescindible conocer de qué manera las poblaciones estudiantiles, la planta docente y las familias han asumido los requerimientos de la educación virtual a distancia; cómo se ha llevado a cabo la dinámica de la “mediación pedagógica” y con qué disposición de equipo se ha contado.

Esta evaluación es necesaria y muy importante, en la medida que sus resultados permitirán identificar las dificultades que se hayan tenido, hacer los ajustes pedagógicos que se requiera, brindar capacitación a la planta docente que se haya visto más limitada para el desarrollo de su trabajo, coordinar con las instituciones y empresas prestadoras de servicios de internet para asegurar la plena cobertura nacional de este servicio.

Según se ha indicado por parte del MEP, la proyección es retornar al curso lectivo presencial a partir del próximo mes de agosto, después de concluido el período de vacaciones de medio año. El cumplimiento de esta proyección, sin embargo, depende de diversos factores y la mayoría de ellos son externos al sistema educativo y a las competencias del MEP. El comportamiento de la pandemia es incierto y el regreso a los centros educativos, además, no se podrá llevar a cabo sin el establecimiento de diversas medidas de control y vigilancia sanitaria. Este es otro aspecto en el que las autoridades educativas habrán de implementar capacitaciones al personal docente y administrativo, para lo cual desde ya se tendrían que estar desarrollando las acciones correspondientes.

De igual manera, la decisión de retornar al curso lectivo presencial, ya sea en agosto próximo o después, es una decisión que requiere de un análisis minucioso acerca de todos los factores implicados, especialmente aquellos que tienen que ver con la disposición de ingresos de los hogares, el empleo, al menos una mínima estabilidad económica de las familias.

Esta es una dimensión de la situación de crisis que no puede ser obviada y que exige una atención cuidadosa. De no tratarse con el cuidado y la atención que amerita, se estaría empujando a una proporción amplia y diversa de sectores estudiantiles a una situación de mayor desigualdad que la que ya existía antes de la llegada de la pandemia. Esta decisión, en último término, debe estar basada en un plan de contingencia y de recuperación que, como ya se indicó, demanda una formulación de políticas que puedan ser ejecutadas por medio del accionar de una plataforma de articulación y convergencia multisectorial e interinstitucional.

Referencias bibliográficas

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Madrid: UNICEF. Recuperado de: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Guardia Donato, Diana. (2020). ¿Qué pasa con la infancia costarricense durante la cuarentena? Semanario Universidad, 06 de mayo de 2020. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/que-pasa-con-la-infancia-costarricense-durante-la-cuarentena/?fbclid=IwAR0Iz_GV18pQxGgpiZykAyHZyLQFg_x6B3Wte9RoODJvFGikFZsZMJAtpc0

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019a). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/pobreza-y-desigualdad/pobreza-por-linea-de-ingreso

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019b). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/otros-temas-ciencia-y-tecnologia/tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-en-hogares

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Anuario estadístico 2016/2018. Compendio de estadísticas nacionales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reanuario2016-2018.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Anuario estadístico 2016/2018. Compendio de estadísticas nacionales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reanuario2016-2018.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/empleo

Programa Estado de la Nación. (2019). Informe Estado de la Nación 2019. San José: Servicios Gráficos AC. Recuperado de: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf

Nussbaum, Martha C. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/361404680/Crear-Capacidad-Martha-Nussbaum

 

[1] Investigador del Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica. Mayo de 2020. C.e.: luis.munoz@ucr.ac.cr

[2] “Porcentaje de la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar.” (INEC, 2020). La población en edad de trabajar es la que tiene 15 años y más.

[3] “Porcentaje de la población desempleada respecto a la fuerza de trabajo. (INEC, 2020).

[4] “Porcentaje de la población ocupada con empleo informal respecto al total de ocupados.” (INEC, 2020).

Foto del Semanario Universidad. Estudiante de Sixaola, Limón.

SEC pide a ministra INTERNET GRATUITO para docentes y estudiantes

Por medio de una carta el SEC solicitó a la Ministra de Educación gestionar Internet gratuito para docentes y estudiantes:

Dra. Guiselle Cruz Maduro
Ministra de Educación Pública
S.D.
Estimada señora

Para el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, es importante garantizar los mecanismos necesarios para la continuidad del proceso educativo en su modalidad de teletrabajo, ante la emergencia nacional que vive el país y que provocó el cierre de los centros educativos.

Consideramos acertada la iniciativa anunciada de capacitar al personal para que pueda cumplir con esta labor docente de manera virtual, sin embargo, nos preocupa el acceso a ese servicio de Internet requerido para lograr una óptima conectividad entre docentes y estudiantes, ya que no toda nuestra comunidad educativa lo posee, debido a aspectos tramitológicos y costo económico.

Es por esta razón que de la manera más respetuosa le solicitamos gestionar ante las empresas de telecomunicaciones o la misma Superintendencia un acceso gratuito al servicio durante estos meses, además de garantizar la respectiva cobertura en todos los rincones del país, todo esto con el objetivo de no impactar más la economía de los costarricenses y asegurar el proceso educativo.

Quedamos a su total disposición para colaborar en lo que se requiera.

Sin más por el momento se despide.

Gilberth Díaz Vásquez

 

*Imagen tomada de tecnologia.uncomo.com

Enviado por SEC.

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