En este video que compartimos, Miguel Sobrado aborda los desafíos que enfrenta América Latina en el contexto actual. Discute la riqueza de la región, y la contrasta con la falta de oportunidades que obliga a muchas personas a emigrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones. De la misma forma, analiza los cambios necesarios tanto a nivel mundial como dentro de los países latinoamericanos para fomentar la inclusión y garantizar educación y oportunidades para todas las personas.
Se hace hincapié en la importancia de la colaboración y el trabajo conjunto para construir un futuro más próspero y equitativo en la región.
El embargo estadounidense a la isla de Cuba es de larga data, prácticamente nace con la Revolución Cubana.
Las primeras leyes del embargo se produjeron en 1958, es decir, antes del triunfo de la insurgencia revolucionaria, por parte del gobierno del presidente Dwight D, Eisenhower, el cual emitió una ley contra la venta de armas, en marzo del año mencionado, durante el régimen de Fulgencio Batista. Después de esta primera ley de embargo, la abundante mayoría de las leyes aprobadas contra Cuba, fueron contra la revolución. La primera de ellas ocurre en 1960 contra el gobierno de Fidel Castro, en castigo por las expropiaciones de las tierras en propiedad de las empresas estadounidenses y de otros grandes empresarios de este país.
No obstante, poco después en 1962 cuando se produjo la crisis de los misiles, consistente en un serio enfrentamiento que amenazó la paz mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, derivado de la instalación de una base militar con armas de mediano alcance como consecuencia de un acuerdo entre los gobiernos de Cuba y la URSS, el gobierno estadounidense robusteció las medidas de castigo al gobierno y pueblo de Cuba, incluyendo la restricción a la venta de todo tipo de mercancías a la isla, tales como medicamentos y alimentos.
El endurecimiento de las medidas se produjo, a pesar del retiro de los misiles de Cuba por parte de la URSS; la condición que se le había solicitado a los Estados Unidos consistía en que desmantelara sus propias bases militares que amenazaban a la Unión Soviética, instaladas en países de la OTAN como Turquía e Italia y, además, que el gobierno de los EE. UU se comprometiera a no invadir Cuba, como ya lo había hecho, apoyando a la contrarrevolución cubana en la invasión de “Bahía de Cochinos” acaecida en 1961.
Pero… ¿han sido eficaces estos bloqueos? ¿Cuánto han afectado a la economía cubana?
La prolongación del embargo
Desde 1959, se han sucedido en la enorme y poderosa nación del Norte, una diversidad de gobiernos de signo republicano y demócrata, todos ellos excepto uno, el de Barak Obama, hicieron lo posible por perjudicar al máximo a Cuba, ya no solo mediante leyes de embargo, sino también, alimentando con dólares la operación de fuerzas contrarrevolucionarias, como la guerrilla que actuaba en las montañas del Escambray que, saboteaba y asesinaba a los productores cubanos. Por otro lado, con más saña todavía, por razones ideológicas se buscó destruir las propiedades de la economía social. En tercer lugar, estas organizaciones no escatimaron esfuerzos para intentar sembrar el pánico, colocando bombas mortales en edificios públicos como en el antiguo Hotel “Hilton” de la Habana, ya por entonces llamado “Habana Libre”; o en el vuelo 455 de “Cubana de Aviación”, el cual había despegado de la Isla de Barbados y se dirigía a Jamaica, con destino final a la capital de la Habana. Este atentado terrorista, se lee en Wikipedia, tuvo lugar el 6 de octubre de 1976, ocasionando la muerte de las 73 personas a bordo, convirtiéndose en el peor ataque de este tipo en el hemisferio occidental. Las bombas empleadas fueron descritas como dinamita o explosivo C-4. Hubo evidencia, continúa diciendo Wikipedia de que el atentado fue perpetrado por individuos vinculados al exilio cubano en Miami, con vínculos con la CIA estadounidense y con algunos miembros de la policía secreta de Venezuela de aquel entonces, denominada “Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DISIP. Aun cuando de momento el gobierno de los EE. UU no reconoció su complicidad en el ataque, documentos desclasificados en el 2005 indicaron que la agencia de de espionaje estadounidense, “tenía inteligencia concreta de avanzada, tan temprano como junio de 1976, sobre planes de grupos terroristas cubanos exiliados, de atacar con una bomba un avión de la línea cubana”. (Cfr. “CIA and FBI documents detail career in international terrorism; connection to U.S.” -Detalles de la CIA y el FBI detallan carrera en el terrorismo internacional; conexiones hacia los EE. UU- Contenido en “Caso del avión cubano en el sitio web www.latinoamericanstudies.org”).
También narra Wikipedia que el antiguo agente de la CIA, Luis Posada Carriles, aunque negó haber estado personalmente involucrado en el atentado, proporcionó después varios detalles acerca del acto terrorista en su libro publicado en 1944, “Los caminos del guerrero.” Además, continúa la narración, cuatro hombres fueron arrestados después de un juicio celebrado en Venezuela en aquella época, y fueron: Freddy Lugo y Hernán Ricardo Lozano con una sentencia que dictaminó 20 años de prisión. En el caso de los más conocidos terroristas contrarrevolucionarios, Orlando Bosch Ávila fue absuelto por defectos técnicos en la consecución de las pruebas. Mientras tanto, Luis Posada Carriles, permaneció detenido durante ocho años mientras aguardaba una sentencia definitiva, aunque logró huir; posteriormente ingresó ilegalmente a los Estados Unidos, por lo que se le detuvo, viéndose liberado en abril del 2007. En ese país dice la crónica, vivió protegido hasta su muerte en el 2018. (Cfr. Wikipedia. “Vuelo 455 de Cubana”. es.m.wikipedia.org). He acudido a esta fuente que no es fiable para realizar trabajos académicos más serios, pero sí lo es para brindar información como esta.
Se ha puesto el subtítulo “La prolongación del embargo”, porque una copiosa información de diversas fuentes -como lo veremos- revela que los gobiernos de los EE. UU continuaron promoviendo leyes para reforzar el embargo de la economía cubana, con el propósito fundamental de derrumbar al gobierno de Cuba. También es cierto que, el propósito de convertir a “la mayor de las Antillas”, como también se denomina a Cuba, en un enclave neocolonial de Los Estados Unidos, viene desde la “Enmienda Platt” y quizás desde antes. La “enmienda Platt” fue una ley aprobada como es obvio en el Congreso de Los Estados Unidos, impuesta a Cuba como una adición a la Constitución cubana desde los inicios del siglo XX, una vez que Cuba, había alcanzado la liberación del colonialismo español, en el año de 1898. En dicha “Enmienda” se estableció que, si algún gobierno de la Isla no aceptaba el mencionado apéndice a la Constitución, daría lugar a una ocupación militar de su territorio. Uno de los artículos de la “Enmienda” estableció que: “el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercer el derecho de intervenir para la preservación de la independencia y el sostenimiento de un gobierno adecuado a la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual”. En otro artículo de la enmienda se le quitaba al naciente estado cubano la soberanía sobre la Isla de Pinos, por lo que la soberanía de Cuba sobre este territorio quedó sujeta a ser discutida en el futuro. También se estipuló el “derecho” de los EE. UU a establecer bases “carboneras y militares” en las costas cubanas, -de aquí proviene la “base naval de Guantánamo”, todavía en poder del gobierno estadounidense-. (Cfr. “Enmienda Platt de 1901”. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2525/15.pdf)
Además, con mucho cinismo el general Leonardo Woods, quien estuvo al enfrente de la ocupación militar de Cuba por los estadounidenses, desde el desalojo de los españoles en 1898, había adelantado en una carta al Departamento de Estado lo siguiente: “A Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt (…) y lo único indicado ahora es buscar su anexión (…) Con el control que tenemos sobre Cuba, un control que sin duda pronto se convertirá en posesión, en breve controlaremos el comercio de azúcar en el mundo. Creo -agregó- que es una adquisición muy deseable para los EE. UU. La isla se norteamericanizará gradualmente y al poco tiempo contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que haya en el mundo.” (Cfr. Santos, Rafael. “La Enmienda Platt fue derrocada por la revolución”. PrensaObrera, 28-6-2021).
Todos estos anhelos de la potencia del Norte se incrementaron con el advenimiento de una revolución que para distribuir la riqueza expropió los terrenos de las compañías norteamericanas en Cuba. Hubo dos leyes que, una detrás de la otra, extendieron el afán de los gobiernos estadounidenses por acotar y destruir la revolución; una de ellas fue la ley “Torricelli”, y la otra la “Helms-Burton”. La ley Torricelli se presentó en el 102 Congreso de los EE. UU por el representante demócrata de New Jersey, Roberto Torricelli y secundado por quien llegaría a ser senador por el estado de Florida, Bob Graham. Dice la crónica que la ley sancionada en el Congreso fue promulgada por el expresidente George Bush (el padre), el 23 de octubre de 1992, cuando se encontraban en plena campaña electoral y tuvo como propósito influir sobre el electorado conservador de Florida. Ya la ley Torricelli incurrió en la osada pretensión de la “extraterritorialidad”, consistente en el establecimiento de penas contra países cuyos gobiernos no impidiesen el comercio de empresas de esa nacionalidad con Cuba, lo mismo que contra empresas navieras que acarrearan la mercancía. La ley resultó particularmente onerosa, habida cuenta de que se produjo en el contexto del derrumbamiento de los países socialistas, que se habían convertido en importantes socios comerciales de Cuba. Como si lo anterior no hubiese sido suficiente, el 3 de marzo de 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton, en el 104 Congreso de los Estados Unidos, se aprueba otra ley, encaminada a reforzar el bloqueo contra Cuba. La ley fue promovida con el pomposo nombre de: “Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática”, más conocida como “Ley Helms-Burton”, que son los apellidos de un senador republicano y un representante en la Cámara de los diputados que la promovieron. En aquel momento, los republicanos habían ganado el control de ambas cámaras, pero el presidente Clinton (demócrata), desde la campaña electoral, había comprometido su apoyo al proyecto en cuestión, igual que lo había hecho antes Bush, con tal de ganarse al electorado de origen cubano de la Florida.
Conclusión
La ley “Helms-Burton”, vino a endurecer el embargo económico y político contra Cuba, puesto que implicó la decisión de EE. UU de hacer entrar en vigor el título III de la ley que había quedado pendiente, ante ciertas objeciones de los países de la Unión Europea y Canadá, porque sus inversionistas se veían implicados en las sanciones en caso de invertir en la isla antillana. Las repercusiones de esta ley se han extendido hasta hoy, ya que, durante el gobierno de Donald Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que la administración Trump implementará integralmente el Título III de la “Ley Helms Burton” que había quedado en suspenso, a partir del 2 de mayo de 2019. Hoy han quedado a salvo de las sanciones aquellas empresas de propiedad de inversionistas europeos o de otras nacionalidades ajenas a los EE. UU, que no hayan hecho inversiones en bienes que hubiesen sido confiscados por la Revolución cubana hace seis décadas, merced a la intervención de los países de la Unión Europea y Canadá y sus recursos interpuestos en varias instancias internacionales, principalmente en la Organización Internacional del Comercio.
La discusión de esta cuestión no puede ser un asunto ideológico, como los Estados Unidos han querido hacerlo ver. Si así fuera, cómo es que la mayoría de los políticos estadounidenses que han promovido el bloqueo contra Cuba, no repudian los actos del gobierno israelí de Netanyahu, que están basados en el uso de la fuerza y que son a todas luces violatorios de los más elementales derechos humanos de la población civil de Palestina; ¿por qué callan frente al propio gobierno de Biden, que ha mantenido una actitud de apoyo solapado o encubierto a las acciones atroces del gobierno israelí? Es más recientemente, el gobierno de los Estados Unidos vetó la resolución de la ONU que pedía “pausas humanitarias” a la desbordada acción del gobierno de Israel, para poder entregar ayuda a Gaza. Bajo el gobierno del presidente George Bush, los EE. UU, se tomaron la atribución de invadir Iraq, alegando la existencia de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron por ninguna parte, dejando a su paso destrucción y muerte de miles de ciudadanos de aquella nacionalidad, que no estaban implicados en asuntos de naturaleza política. Hay muchas otras arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario en el mundo y que cuentan con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, como para creer que dicho gobierno actúa en el caso cubano por razones humanitarias atinentes a la violación de los derechos humanos.
Si el embargo no tuviera repercusión en el desarrollo de Cuba, ¿por qué insistir en ello, cuando es obvia la intención de diferentes gobiernos estadounidenses de derribar al gobierno de Cuba?
No pensaba escribir al respecto de las protestas en Cuba, hace pocos días atrás, pero hay que resaltar que EEUU y sus aliados contra Cuba, siempre hacen lo mismo, y tropiezan con la misma piedra.
El domingo 17 de marzo por la tarde, los ciudadanos/as de Santiago de Cuba y otras provincias, salieron a la calle a protestar por el aumento de los apagones, por falta de electricidad y la escasez de alimentos.
Normal en un país bloqueado por EEUU hace 65 años; y como se hace un poco en Venezuela por la misma causa. Normal, igualmente, en países con gobiernos de derecha y neoliberales que protestan contra un gran sinnúmero de problemas económicos, sociales, políticos y otros.
Lo que sí es repetitivo es la acción por parte de EEUU y sus aliados, al querer maximizar tal protesta, como un reclamo a la revolución cubana, o como un hartazgo de ella.
Prueba de tal acción reiterativa es la publicación de la Embajada de EEUU en la Habana: «Instamos al gobierno cubano a respetar los derechos humanos de los manifestantes y abordar las necesidades legítimas del pueblo cubano».
E inmediatamente, viene la guerra mediática de los aliados de EEUU, que no repetiremos aquí, pero sí diremos lo que sucede en realidad, por ejemplo:
Luego del apagón, regresó la electricidad y llegaron dos camiones con arroz para las bodegas. Alimentos que el gobierno cubano entrega mensualmente a cada habitante a precio subsidiado.
Desde principios de marzo, Cuba enfrenta una nueva racha de cortes por los trabajos de mantenimiento que se realizan a la planta termoeléctrica Antonio Güiteras, la más importante de la isla y ubicada en la central provincia de Matanzas. Por cierto, para el lunes 18 de marzo, el gobierno revolucionario tenía previsto entregar dicha planta, luego de diversas reparaciones.
Se agrega que, el problema eléctrico se agudizó por la escasez de combustible que hay en el país, necesario para alimentar las demás termoeléctricas.
Recordar que, tanto a nivel nacional, como en EEUU y otros países, han proliferado personas individuales y organismos-ONGs que buscan cualquier protesta, por mínima que sea para desestabilizar, maximizar y provocar caos.
Realmente un interés detrás del bloqueo de EEUU, es dar protagonismo a estas personas, y lo más difícil de contrarrestar es que tienen financiados equipos y personas estudiando la sociedad cubana (y otras) para encontrar los puntos vulnerables.
Algunas de estas personas, lamentablemente, sirven de quinta columna al enemigo, protestando contra las políticas egoístas y criminales de EEUU; además que algunos de estos personajes se llenan los bolsillos fungiendo como mercenarios del imperio, y otros llevando a los ciudadanos/as confundidos a manifestaciones absurdas.
En este sentido, hay que desenmascarar a estos apátridas y vende patrias, que llevan a cabo una guerra a muerte contra el pueblo cubano; existen muchas manifestaciones en las redes sociales, de esos personeros que intentan por todos los medios de desprestigiar el sistema político cubano.
Es una gran incoherencia de EEUU, que estrangulan con un bloqueo criminal y asesino, que fue ferozmente intensificado por la primera potencia del mundo contra este pequeño país, y entonces salgan a decir que respeten los Derechos Humanos; que por cierto allí nadie fue reprimido como sí hacen en el imperio inmoral.
Por otro lado, si es cierto que recientemente, producto que el imperio agudiza cada vez más el bloqueo, las autoridades buscaron la ayuda de un programa de asistencia alimentaria de las Naciones Unidas para garantizar el suministro de leche en polvo subvencionada para los niños. El organismo tiene desde hace tiempo proyectos en la isla.
También es cierto que, producto del bloqueo, y hay que reiterarlo hasta lo sumo, Rusia, socio de Cuba, ha enviado a la isla un buque con 650.000 barriles de crudo para hacer frente a la crisis energética, con apagones que afectan a la mitad del territorio y que se han extendido por varias horas.
Por otro lado, el gobierno cubano se ha visto en la obligación de rentar siete centrales eléctricas flotantes a las empresas turcas Karpowership y Karandeniz Holding, como parte de un plan de cooperación internacional a desarrollarse durante los próximos dos años.
El bloqueo además ha afectado las entregas de productos, como la carne de res deshuesada, las carnes en conservas, el pollo, el café y el yogur de soya.
En fin, hay múltiples cosas que no se dicen, pero lo que sí es cierto es que, si no hubiera bloqueo contra Cuba heroica, las cosas cambiarían radicalmente, en beneficio del pueblo cubano.
Enfatizamos entonces, EEUU insiste en provocar un estallido social en Cuba, al reforzar el cerco económico y sabotear la capacidad del Estado para responder a los requerimientos de la población, incitando a la desestabilización mediante plataformas mediáticas tóxicas y promoviendo una campaña difamatoria contra Cuba, en franca violación del derecho internacional, y los propósitos y principios de la carta de Naciones Unidas.
Como indicamos anteriormente, EEUU y sus aliados, torpemente vuelven a repetir su guion anunciado y conocido ante las protestas en Cuba, el mismo cuento de siempre, que ya nadie les cree, y, además, tropiezan y tropiezan con la misma piedra, sin tener en cuenta que el pueblo cubano defiende su revolución, prueba de ello es que, como en otras ocasiones, salieron a las calles no fueron solo manifestantes antigubernamentales, sino también los que apoyan al Gobierno.
Los principales instigadores de estas protestas no quieren algo positivo para Cuba, sino un cambio de régimen para imponer el modelo neoliberal, el mismo modelo que ha impedido que miles de personas accedan a los medios indispensables para sobrevivir.
Una pregunta, ¿Por qué es tan difícil de comprender que los bloqueos de EEUU, son los causantes de los males, a los países que se les aplican?
Finalmente, ratificar nuestro compromiso con la denuncia del bloqueo estadounidense contra Cuba que torpedea la soberanía e impide desarrollar plenamente las capacidades económicas, productivas y creativas de la isla-país. Un bloqueo que pretende condenar al sufrimiento a todo un pueblo y es una cobardía contra la humanidad.
El 18 de marzo de 2024, el Encargado de Negocios de los Estados Unidos, Benjamin Ziff fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores por el viceministro Carlos Fernández de Cossío, quien le trasladó formalmente el firme rechazo a la conducta injerencista y los mensajes calumniosos del gobierno estadounidense y su embajada en Cuba ante asuntos internos de la realidad cubana.
Con la entrega de una nota formal de protesta, se le recordó al diplomático estadounidense los estándares mínimos de decencia y honestidad que se esperan de una misión diplomática en cualquier país y que la embajada de los Estados Unidos en Cuba se muestra incapaz de observar, a la vez que se enfatizó que esa oficina diplomática y su personal están obligados a comportarse conforme a las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
En el encuentro, también se llamó la atención sobre la responsabilidad directa del gobierno de los Estados Unidos ante la difícil situación económica por la que atraviesa Cuba en estos momentos y, en específico, ante las carencias y dificultades que enfrenta la población de manera cotidiana, con la depresión e insuficiencia de abastecimientos y servicios esenciales, bajo el peso e impacto del bloqueo económico diseñado para destruir la capacidad económica del país.
Se repudió el empeño ostensible del gobierno de los Estados Unidos en limitar y obstaculizar cada esfuerzo del Estado cubano por encontrar soluciones y dar respuestas las necesidades económicas y sociales del país.
El plan desestabilizador y su ejecución son evidentes a la vista de todos. Descansa en el reforzamiento de una guerra económica despiadada para provocar y explotar la natural irritación de la población. Se financia cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de los Estados Unidos. Cuenta con una poderosa infraestructura tecnológica para explotar las redes digitales desde territorio estadounidense y con propósitos agresivos. Disfruta de la complicidad de importantes medios de comunicación de la gran prensa estadounidense e internacional, y el respaldo mercenario de personas radicadas fundamentalmente en el sur del Estado de Florida en los Estados Unidos, cuyo único modo de vida es la industria de la agresión a Cuba.
Si el gobierno de los Estados Unidos tuviera una preocupación mínima y honesta sobre el bienestar de la población cubana, sacaría a Cuba de la lista arbitraria de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo; pondría fin a la persecución de los suministros de combustible que requiere importar el país; dejaría de perseguir cada transacción financiera de Cuba en el mundo; pondría fin a la grosera persecución contra los programas de cooperación médica de Cuba en el mundo; dejaría de intimidar a empresarios, visitantes, artistas y toda persona que se sienta con el interés y el derecho de interactuar con el pueblo cubano.
Washington, 26 feb (Prensa Latina) Activistas convocaron hoy una vigilia frente a la embajada de Israel en Estados Unidos por Aaron Bushnell, miembro de la Fuerza Aérea, tras prenderse fuego en protesta por el genocidio contra los palestinos en Gaza.
Bushnell, de 25 años, sucumbió a sus heridas anoche tras reportes de que fue trasladado al hospital en estado crítico.
«Palestina libre» se escuchó repetidamente mientras su cuerpo se consumía por las llamas, según un video que publicó en redes sociales donde transmitió su autoinmolación.
Bushnell, que vestía uniforme de faena la tarde del domingo en Washington, cuando ocurrieron los hechos, era un ingeniero de DevOps con sede en San Antonio, Texas, y de acuerdo con los informes, previo a este acto también envió un mensaje a los medios de prensa.
“Hoy (ayer) planeo participar en un acto extremo de protesta contra el genocidio del pueblo palestino”, advirtió.
Por su parte, en Facebook escribió: “Ya no seré cómplice del genocidio. Estoy a punto de participar en un acto extremo de protesta”, mientras caminaba hacia la entrada de la embajada de Israel.
“Pero en comparación con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a manos de sus colonizadores, no es nada extremo. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que será normal”, dijo.
Luego el joven se roció con líquido y tomó su encendedor, incluso se pudo escuchar a algunos agentes preguntando si podían ayudarlo cuando de momento se vieron las llamas y se oía su grito de protesta hasta que su voz se apagó.
El Departamento de Policía Metropolitana (MPD) dijo en una publicación en X que también investigó un vehículo sospechoso cerca de la escena pero que no se encontraron materiales peligrosos.
La política del Departamento de Defensa establece que los miembros del servicio activo no pueden participar en actividades políticas partidistas y además se prohíbe el uso del uniforme durante discursos públicos no oficiales, entrevistas, piquetes, marchas, mítines o cualquier manifestación pública.
Las protestas se han vuelto comunes contra las acciones militares de Israel en Gaza, así como contra el apoyo de Estados Unidos al régimen sionista desde que estalló la guerra contra el palestino Movimiento de Resistencia Islámica Hamas en Gaza después del pasado 7 de octubre.
El Ministerio de Salud de Gaza reveló que el bombardeo del enclave por parte de Tel Aviv mató en los últimos cuatro meses a unas 30 mil personas, buena parte de ellas mujeres y niños.
La autoinmolación tiene una larga historia como forma de protesta. En diciembre, una persona no identificada con una bandera palestina quedó en estado crítico después de que se prendió fuego frente al consulado israelí en Atlanta.
El asesoramiento en política, es una herramienta bastante común que ha sido utilizada desde la antigüedad, por la mayoría de profesionales de la política o agrupaciones políticas.
Un asesor/a político es un profesional que proporciona orientación, análisis y recomendaciones a líderes, lideresas, políticos/as, candidatos/as, partidos políticos u otras organizaciones en el ámbito político y otros. Su función principal es ayudar a tomar decisiones informadas y estratégicas que les permitan alcanzar sus objetivos políticos u otros.
Básicamente, este es el perfil de un buen asesor político. Lamentablemente, EEUU y específicamente el presidente Joe Biden, juntamente con sus asesores para Oriente Medio, y más específicamente aún, para el conflicto Israel-Gaza, está muy lejos de alcanzar los mínimos estándares, rayando en la incompetencia y la confusión.
Según Chris Hedges, en su artículo «los cuatro jinetes del apocalipsis de Gaza«, señala: «El círculo íntimo de estrategas de Joe Biden para Oriente Medio, tienen poca comprensión del mundo musulmán y una profunda animadversión hacia los movimientos de resistencia islámicos. Consideran que Europa, Estados Unidos e Israel están involucrados en un choque de civilizaciones entre el Occidente ilustrado y un Oriente Medio bárbaro. Creen que la violencia puede doblegar a los palestinos y otros árabes a su voluntad. Defienden la abrumadora potencia de fuego de los militares estadounidenses e israelíes como la clave para la estabilidad regional, una ilusión que alimenta las llamas de la guerra regional y perpetúa el genocidio en Gaza».
Agregando, «están dotados del presunto poder conferido al Poder Ejecutivo para eludir al Congreso, proporcionar armas a Israel y llevar a cabo ataques militares en Yemen e Irak. Este círculo interno de verdaderos creyentes descarta los consejos más matizados e informados del Departamento de Estado y las comunidades de inteligencia».
Los mal llamados «estrategas» de Biden-EEUU, son: Antony Blinken, Jake Sullivan y Brett McGurk, pero ¿quiénes son estos personajes?, veamos al primero de ellos.
Por ejemplo, Antony Blinken, ante la acusación de genocidio, por parte de Israel hacia Gaza, presentada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha calificado las acusaciones sudafricanas de infundadas y su campaña ha sido intensa al respecto.
A su vez, el cinismo y la hipocresía en las palabras de Blinken es manifiesta, por ejemplo, cuando, insiste en que está tratando de detener lo que, según su propia admisión, es el bombardeo indiscriminado de palestinos por parte de Israel, mientras pasa por alto al Congreso, para acelerar el suministro de armas a Israel, incluidas las bombas no dirigidas. Insiste en que quiere poner fin a los combates en Gaza, mientras veta las resoluciones de alto el fuego en la ONU. Insiste en que defiende el Estado de derecho, mientras subvierte el mecanismo legal que puede detener el genocidio.
También, las visitas de Blinken a Jerusalén y a Ramalà, que se han dado, son complicadas para él, ya que se dan en medio de una escalada e intensificación de la violencia de Israel contra Palestina.
Sigamos viendo el proceder de Blinken. En las reiteradas visitas a Israel Blinken, ha «pedido» que el régimen sionista proteja a los civiles, pero a la vez, se ha negado a establecer condiciones que alterarían los 3.800 millones de dólares, que Israel recibe en asistencia militar anual o el paquete de ayuda suplementaria de 14.300 millones de dólares de EEUU y sus aliados.
En cuanto a la estrategia de Israel contra Gaza, Blinken ha estado de acuerdo de repetir con Israel la frase comunicativa «Hamás es ISIS» y «Hamás es peor que ISIS», ante lo falso en tal afirmación.
En general, Blinken, ha desempeñado un papel fundamental en la coordinación con Israel, participando abiertamente en las reuniones de su gabinete y encabezando las negociaciones diplomáticas en nombre de Tel Aviv.
En fin, Blinken, ha tomado partido en la crisis Israel-Gaza, cuando aterrizó en Israel tras los ataques de Hamás, y otros grupos de resistencia el 7 de octubre, anunciando en una conferencia de prensa, con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu: «Me presento ante ustedes no únicamente como Secretario de Estado de los Estados Unidos, sino también como judío», e intentó, en nombre de Israel, presionar a los líderes árabes, para que aceptaran a los 2,3 millones de refugiados palestinos, que Israel pretende limpiar étnicamente de Gaza, una solicitud que provocó indignación entre los líderes árabes.
En el caso de, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, y Brett McGurk, son oportunistas consumados, burócratas falaces que atienden a los centros de poder reinantes, incluido el lobby de Israel, y que se podrían informar de muchas de sus tretas.
Finalmente, podemos afirmar que, hasta este momento que, lo que inició como una cuestión de política exterior (Israel derrotando a Hamás), se ha convertido en una importante crisis interna, tanto en EEUU como en Israel. El descontento dentro de Estados Unidos por la conducción de la guerra por parte de Israel, está alimentando el crecimiento de importantes movimientos de protesta. ¿Quién puede creer realmente que un nuevo viaje de Blinken a la región solucionará algo a estas alturas? Nadie. Es muy difícil anticipar cómo estarán las cosas en la región dentro de un par de meses. Hemos entrado de lleno en un período de colapso, de violencia. Y las fuerzas en conflicto están desmantelando el antiguo statu quo de ambas naciones.
De falsas, sin fundamentos ni evidencias calificaron en La Habana, las recientes aseveraciones difundidas por América TV sobre este asunto
JOSÉ MANUEL LAPEIRA CASAS
De falsas, sin fundamentos ni evidencias calificaron en La Habana, las recientes aseveraciones difundidas por América TV sobre el supuesto autorizo del Departamento de Comercio de Estados Unidos (EE. UU.) en 2023 para la exportación de insumos médicos a Cuba por valor de más de ocho millones de dólares.
Armando Garrido Beracierto, presidente de la Sociedad Mercantil Importadora y Exportadora de Productos Médicos (MediCuba S. A), precisó que esas informaciones, además de falsas y maliciosas, pretenden desviar la atención de las presiones generadas por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por ese país a la isla, que en muchas ocasiones obstaculiza la adquisición de medicamentos e insumos necesarios para la atención a la población.
El doctor aseguró, en conferencia de prensa, este sábado, que esa narrativa pretende mostrar las ineficiencias internas como la causa de la escasez, para negar el hecho de que, en los momentos actuales, ninguna farmacéutica estadounidense mantiene vínculos comerciales o financieros con MediCuba, a raíz de la política de hostigamiento y la inclusión unilateral del país caribeño en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
Detalló que la entidad contactó el año pasado con 69 compañías a las que se le realizaron solicitudes para negocios, de las que solo respondieron cinco, tres negándose y dos con respuesta positiva, pero sin incorporarse a la cartera de proveedores, la cual consta de más de 500 socios.
Esto, unido a la falta de acceso a créditos y la persecución a las transacciones financieras y bancarias, determina cómo, aun con disponibilidad de recursos monetarios, en ocasiones no se puede cumplir con los convenios contratados o acceder a determinados productos o mercados, y aumenta las tensiones en la cadena logística con el incremento de precios en los fletes y costos adicionales a las importaciones, precisó.
Según ejemplificó, en la nación caribeña están identificados 220 mil pacientes con diabetes mellitus que necesitan suministro de insulina, y se destinan alrededor de 3,5 millones de dólares con el propósito de garantizar tres meses de cobertura, en lo cual hay una clara afectación del bloqueo, así como en otras áreas de alta prioridad como el Programa Materno Infantil, el oncológico y la genética, entre otras.
Cristina Lara Bantanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública, aclaró que persiste la voluntad y esfuerzo de país de conseguir todos los materiales e insumos necesarios, para lo cual la industria nacional cubre el 62 por ciento del cuadro básico de medicamentos en la mayor de las Antillas, con principal énfasis en las enfermedades más comunes, aunque no es suficiente.
Destacó que estás cifras divulgadas por América TV, no solo son desproporcionadas e impracticables, sino que se contradicen con los números manejados en publicaciones anteriores en las cuentas en redes sociales de la representación diplomática norteamericana en La Habana. Persisten también restricciones hacia soportes de venta o licitación de productos farmacéuticos hacia Cuba con una afectación considerable y resentimientos a los servicios, añadió.
Las imágenes vistas en Ecuador, en enero pasado, en que un grupo de encapuchados armados se tomaron un canal de televisión fueron impactantes, sin la menor duda. Los grupos criminales, vinculados al narcotráfico, siguen en aumento en Ecuador y en tantos de nuestros países de América Latina impulsados por el rentable negocio de la droga que se consume, en su gran mayoría, en los Estados Unidos y Europa.
Paralelamente, durante la última década, Ecuador nuevamente está siendo tomado por el gobierno de los mismos Estados Unidos que bajo la bandera del narcotráfico ahora, incluso, ha anunciado un nuevo plan de seguridad de cinco años para Ecuador.
Es necesario recordar que la fuerte presencia militar de Estados Unidos en Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína a nivel mundial, y su lucha contra el narcotráfico, dirigida por el Comando Sur y otras agencias, ha sido un rotundo fracaso en esos países y lo seguirá siendo también en Ecuador.
Mientras en los Estados Unidos, el principal consumidor de drogas a nivel mundial, no erradiquen las causas profundas que originan la demanda y no se desmonte la red de corrupción y tráfico que existe en los mismos EEUU -la que permite que la droga se comercialice- el negocio de la droga no podrá ser derrotado y los grupos criminales, al contrario, seguirán en aumento convirtiendo nuestras naciones en “estados fallidos” y excelentes compradores de sistemas y armas del Complejo Militar Industrial estadounidense. Buen negocio para ellos, por donde se les mire.
Entonces la agenda de militarización que Estados Unidos está imponiendo en nuestro continente cada vez más sólo servirá para el control geopolítico de nuestras naciones, mantener la dependencia, e intentar alinearnos con sus políticas guerreristas.
Recapitulemos. A los pocos días de los hechos de violencia en Ecuador, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), la General Laura Richardson, y el Asesor Presidencial Especial para las Américas, Christopher Dodd, visitaron el país y se reunieron con el Presidente Daniel Noboa.
“Esta visita –señaló INFOBAE– es una muestra del apoyo de Estados Unidos al Ecuador tras el aumento de la violencia. Además de la entrega de equipamiento y financiamiento para las fuerzas del orden, los Estados Unidos han explicado que han previsto un plan de seguridad para Ecuador con duración de cinco años con base a un acuerdo de cooperación marítima firmado entre ambas naciones”.
El apoyo estadounidense al gobierno ecuatoriano, de acuerdo a una nota de la Embajada de EEUU en Ecuador, busca “profundizar la cooperación bilateral, incluso en materia de seguridad, cooperación antidroga, migración y desarrollo económico”.
En concreto, el gobierno estadounidense ha facilitado a Ecuador más de 20.000 chalecos antibalas, más de un millón de dólares en equipamiento de seguridad, incluyendo ambulancias y vehículos de apoyo logístico para la defensa. También, en materia de cooperación, el FBI aumentará su personal en Ecuador en apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General. También el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU desplegará personal para apoyar el entrenamiento de la policía y la fiscalía; y la USAID aumentará el apoyo a sus programas de seguridad municipal, incluido el apoyo a las comunicaciones de crisis. En dos palabras: Más intervención.
Involucrar a Ecuador en la guerra
Llamó la atención que la ayuda de EEUU a Ecuador, en enero pasado, llegará en el avión ucraniano Antonov An-124 al aeropuerto de Guayaquil.
Este hecho es muy inusual. Un avión de un tercer país, más todavía de un país en guerra, como es Ucrania, trae el cargamento de EEUU a Ecuador.
Esto podría ser coherente en el escenario que muy posiblemente el verdadero motivo de la segunda visita a Ecuador de la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, no fue en primer lugar la situación crítica que se vivía en Ecuador sino concretar la entrega de armas y equipamiento militar ruso, del que dispone Ecuador, anunciadas por el Presidente Daniel Noboa, al gobierno estadounidense a cambio de 200 millones de dólares en equipamiento militar “moderno” de EEUU.
Esto explicaría el porqué de la presencia del avión ucraniano Antonov An-124 en Guayaquil. Qué mejor que enviar a Ucrania el armamento ruso directamente en un avión ucraniano y con esto saltarse las autorizaciones que posiblemente debe pedir al Congreso estadounidense cada vez más renuente a seguir brindando apoyo militar a Ucrania.
Recordemos que la generala Laura Richardson dijo, en un evento organizado por el think tank estadounidense Atlantic Council, en enero de 2023, que “Rusia tiene aliados en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero otros seis países tienen equipamiento militar ruso. Estados Unidos está tratando de que esos seis países donen el equipamiento militar ruso a Ucrania y reemplazarlo con armamento estadounidense”.
Con esto, lamentablemente, Ecuador será el primer país de América Latina que sigue las órdenes y deseos del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de enviar armas destinadas al conflicto armado que se desarrolla en Ucrania pasando por alto la neutralidad estratégica que nuestros países debieran tener de no involucrarse militarmente en ninguna guerra.
Con esto Ecuador, pasa por alto el principio que América Latina y El Caribe es concebida como Zona de Paz violando el espíritu de la Proclama del 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que este año cumple 10 años desde que se firmará en la reunión en La Habana, Cuba, y que aboga, entre otros compromisos, para que “las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación”.
La militarización en Ecuador
No es nueva la injerencia de Estados Unidos en Ecuador. De acuerdo al sitio defensa.com ya el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, en agosto de 2023, entregó donaciones por 3,1 millones dólares a las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
De acuerdo al medio especializado, 1,1 millones de dólares fue para equipo militar; 1,3 millones de dólares para el Centro de Mantenimiento Fluvial para la Brigada de Selva 19 “Napo”; y 747.000 dólares para equipos de comunicación para la Brigada de Infantería de Marina San Lorenzo.
En septiembre de 2022, una nota de la Agencia EFE informaba que “Estados Unidos donó a Ecuador equipos militares por valor de 730.000 dólares para el control de una zona amazónica cercana a su frontera norte con Colombia, según informó en un comunicado la Embajada estadounidense en Quito”.
En septiembre de 2021, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de mejorar sus relaciones en materia de seguridad y defensa. El acuerdo titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional” busca el intercambio de datos e información lo que les permitirá a las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador operar de mejor manera.
En el contexto de la firma del “memorando de entendimiento”, la embajada estadounidense en Quito señaló que “los Estados Unidos y el Ecuador gozan de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima” agregando que “desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de los Estados Unidos ha entregado más de $2.8 millones en asistencia humanitaria, $1.4 millones en entrenamiento militar, y $27.7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador”.
El artículo “Violencia y el rol de EEUU en Ecuador”, publicado en el sitio web de TELESUR, indica que “en el periodo 2021-2022 la asistencia militar de EEUU para Ecuador alcanzó los 172 millones de dólares en el marco de programas militares y antinarcóticos, convirtiéndolo en el principal receptor de asistencia militar en la región”.
Principales receptores de asistencia militar EE. UU. en América Latina y el Caribe (millones de dólares):
Más atrás, el 2019, el gobierno ecuatoriano firmó acuerdos con los Estados Unidos que permiten a los militares estadounidenses operar con sus aviones P-3 Orion desde las bases aéreas de Simón Bolívar y desde el aeropuerto de la Isla San Cristóbal ubicada en el archipiélago de las Islas Galápagos para combatir el narcotráfico.
El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo entonces que “Galápagos es un portaaviones natural” a modo de justificar la decisión.
A todo lo anterior, Ecuador repuso sus envíos de militares para entrenarse en los EEUU en la sucesora de la Escuela de las Américas que desde el 2001 se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés).
Recordemos que el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador 2010, titulado “Sin Verdad, no hay Justicia”, entre sus recomendaciones señala la importancia de: “Exhortar a los ministros de Defensa Nacional y de Gobierno y Policía para que no se autorice a miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional a que asistan a cursos de formación o capacitación en escuelas o instituciones que tengan antecedentes en la enseñanza de prácticas contrarias a los derechos humanos. De manera particular, por su historial en la formación de militares y policías en América Latina vinculados en violaciones de derechos humanos: el Instituto de Cooperación para Seguridad Occidental (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), antes conocido como la Escuela de las Américas (United States Army School of the Americas, USARSA)”.
Recordemos que el 2012, el presidente de entonces, Rafael Correa había decidido retirar a las tropas ecuatorianas del entrenamiento en WHINSEC por las consecuencias nefastas que ha tenido el entrenamiento militar estadounidense para América Latina. Así mismo, Correa tuvo la valentía el 2009 de no renovar el Acuerdo con EEUU del uso militar de la base aérea de Manta.
Actualmente, Ecuador también participa del entrenamiento a policías, fiscales y jueces que brindan los Estados Unidos en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) ubicada en El Salvador. Aunque algunos crean que Bukele es un anti imperialista, por algunos discursos populistas, El Salvador de Bukele está completamente al servicio de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.
La ILEA ha sido señalada como un instrumento ideológico de los Estados Unidos al servicio de la guerra sucia, la judicialización y criminalización de la protesta social, y la guerra jurídica, también conocida como “lawfare”, contra opositores a Washington y de las políticas neoliberales.
Privilegios e inmunidad
A todo lo anterior, en enero pasado el medio digital Primicias tituló que “Militares de Estados Unidos tendrán inmunidad y libre movilidad en Ecuador”.
El medio señala que la Corte Constitucional revisó tres acuerdos entre Ecuador y EEUU, firmados durante el gobierno de Guillermo Lasso, y, el 11 de enero pasado, les dio luz verde.
Se trata de los acuerdos: Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, y Asistencia en Interceptación Aérea.
El “Estatuto de las Fuerzas” permitirá que los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, empleados civiles del Departamento de Defensa, así como los contratistas estadounidenses, empresas y firmas y sus empleados “podrán estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano para «visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias».
La jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, durante su visita 2022 a Ecuador. Foto: Southcom.
“Con el acuerdo firmado –señala el medio digital Primicias- Ecuador acepta que este personal estadounidense tenga «privilegios, exenciones e inmunidades» equivalentes a los que tiene el personal diplomático”. De otra forma, se indica que “Estados Unidos mantendrá el control disciplinario y la jurisdicción penal sobre su personal, dentro de territorio ecuatoriano”.
Sobre el acuerdo sobre actividades marítimas, se indica que las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Ecuador “podrán entrar, salir y desplazarse libremente por el territorio ecuatoriano” e “incluye la utilización del espectro radioeléctrico, para sus sistemas de comunicaciones, sin costo alguno”.
En otras palabras, con estos acuerdos se da un manto de legalidad a las operaciones militares que ya Estados Unidos ha venido desarrollando en Ecuador desde hace años. En otras palabras, Ecuador nuevamente se ha convertido en una gran base militar estadounidense, en un punto de avanzada para sus operaciones en la región.
Es lamentable que el Estado de Ecuador se siga militarizando de acuerdo a las políticas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos que sigue adelante con su estrategia para que las Fuerzas Armadas y de Seguridad de América Latina sean dependientes y obedientes de los Estados Unidos dejando a un lado nuestro derecho a tener plena soberanía y completa independencia.
* Pablo Ruiz es periodista, editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz (www.derechoalapaz.org) y coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile.
En los grandes medios de América Latina pasó un tanto desapercibido el Informe Mundial 2024 de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) la que analiza la situación de derechos humanos de más de 100 países y que, en mi opinión, los grandes medios suelen utilizar sólo cuando les conviene, en general para seguir con sus retórica contra Cuba o Venezuela, sin explicar que las sanciones económicas de Estados Unidos contra estos países generan pobreza, migración, y terminan violando los derechos humanos.
En general, los grandes medios suelen ocultar o maquillar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus propios países al mismo tiempo que, por línea editorial, defienden el sistema económico neoliberal el que permite la concentración de la riqueza para unos pocos y la pobreza (violación de los derechos humanos) para muchos.
Por supuesto, del gran hermano, de la democracia estadounidense, casi nada se divulga sobre la situación de derechos humanos en Estados Unidos y si se conocen nadie pone el grito en el cielo ni pide sanciones. Menos se critica la política exterior estadounidense que tiene consecuencias nefastas para otros países en materia de derechos humanos.
Vemos en las noticias con horror, tristeza, e impotencia la muerte de más de 24 mil palestinos, muchos de ellos niños, asesinados por Israel con armas y apoyo de los Estados Unidos.
El 11 de enero pasado en las noticias del medio alemán DW en español entrevistaron al subdirector para América Latina de HRW, Juan Pipper, y le preguntaron cómo se explica el doble discurso de EEUU que dos veces vetó una resolución, en el Consejo de Seguridad de la ONU, para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza.
“Este doble rasero que vemos en Estados Unidos, que vemos en Bruselas y también en otros países del mundo es hoy uno de los grandes desafíos que tienen los derechos humanos a nivel global” dijo Pipper, agregando a continuación que la Comunidad Internacional reaccionó de forma correcta frente a la guerra en Ucrania.
“Hace falta que se apliquen las mismas herramientas, las mismas respuestas en el caso de lo que está ocurriendo hoy en Palestina y en otras crisis menos conocidas como lo que ocurre en Sudán o mucho más cerca, en nuestra región, en América Latina, en Haití. Son situaciones dramáticas de violaciones a los derechos humanos que requieren que la Comunidad Internacional responda de forma clara y sin dobles raseros. Siempre protegiendo los derechos humanos y a las víctimas”, expresó Pipper.
Anotar que en el conflicto en Ucrania la gran mayoría de los países se oponen a la guerra y han abogado por negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Mientras que EEUU y los países de la OTAN han resuelto apoyar la guerra y que se sigan desangrando ambas naciones.
El Informe Mundial 2024, de la organización internacional Human Rights Watch, señala en el apartado de la situación de los derechos humanos en los mismos Estados Unidos que “el racismo, el sentimiento antiinmigrante y las amenazas a la democracia continuaron siendo problemas apremiantes de derechos humanos en Estados Unidos en 2023”. Veamos algunas partes del informe en cuestión.
Asesinatos policiales
De acuerdo con el informe, “hasta el 28 de septiembre, la policía había matado a más de 800 personas en 2023, cifras similares a las de años anteriores. Per cápita, la policía mata tres veces a más personas negras que blancas”.
Los números de las personas asesinadas por la policía siguieron aumentando, llegando hasta 1329 en el año 2023 de acuerdo al sitio de monitoreo mappingpoliceviolence.org.
El informe de Human Rights Watch indica que “los llamamientos generalizados para reducir la dependencia excesiva de la policía y abordar los problemas sociales con la inversión en vivienda, atención sanitaria y educación fueron en gran medida ahogados por los llamamientos a una mayor financiación policial y a la reversión de las reformas policiales”.
Esto último, “fueron impulsados por una persistente divulgación de información errónea y narrativas engañosas sobre el aumento de las tasas de criminalidad y la disminución de la seguridad pública”.
Lo mismo, sacado de manual, lo podemos ver en tantos países, donde ayudados por los grandes medios de comunicación de los grupos de poder, se siembra el miedo con el fin de seguir militarizando la vida y justificando leyes que dan más garantías e impunidad a las Fuerzas de Seguridad.
Otro antecedente que indica el Informe, común en muchos países del mundo, es que “la mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos se niegan a proporcionar datos sobre su uso de la fuerza, lo que hizo necesaria la recopilación y el análisis de datos de organizaciones no gubernamentales”.
Desigualdad Económica y Encarcelamientos
En Estados Unidos, uno de los países más ricos e industrializados del mundo, de acuerdo al informe, “la brecha de riqueza racial continuó siendo muy marcada: por cada dólar de riqueza de las familias blancas, las familias negras tenían apenas 24 centavos y las familias hispanas, 23 centavos, una brecha que ha cambiado muy poco en los últimos 50 años”.
“La desigualdad de ingresos en Estados Unidos es muy alta en comparación con otros países ricos: el 10 % de los que más ganan acapara casi la mitad de todos los ingresos y el 50 por ciento inferior obtiene sólo el 13 por ciento”.
El informe indica que “el índice GINI, una medida estadística de la desigualdad de ingresos, apunta que para Estados Unidos ha aumentado un 3,2 % desde 2021. La desigualdad de riqueza es igualmente marcada: el 50 % más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5 % de la riqueza privada del país”.
La pobreza, desigualdad, las grandes diferencias en el acceso a los derechos entre la población estadounidense puede explicar, en alguna medida, el aumento en la tasa de encarcelamiento, El informe de HRW dice que existen “aproximadamente 2 millones de personas recluidas en cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes estatales y federales en un día cualquiera, y millones más en libertad condicional” y donde, claro, hay “una representación enormemente excesiva de personas negras en prisiones y cárceles” en los Estados Unidos.
Migrantes: Biden expulsó a 2,3 millones de personas
Este punto, la problemática de la migración hacia los EEUU, es quizás uno de los pocos temas que uno puede leer en los medios masivos. Aunque, como en muchos temas, no se abordan las causas profundas de la migración que es la pobreza, las consecuencias del neoliberalismo, el cambio climático, las sanciones a terceros países, y la militarización impulsada por los mismos Estados Unidos que son factores que explican por qué las personas buscan migrar.
El informe de HRW señala que “las autoridades estatales y federales (en Estados Unidos) continuaron aplicando políticas destinadas a disuadir a las personas de buscar asilo en el país, en flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos, prácticamente forzándolas a emprender rutas más peligrosas”.
“La política de expulsiones sumarias del Título 42 de 2020 expiró en mayo, pero fue reemplazada por una nueva regla laberíntica de asilo. Conforme al Título 42, justificado como una medida de emergencia para combatir la pandemia de Covid-19, el gobierno de Biden expulsó sumariamente a 2,3 millones de personas sin analizar sus solicitudes de asilo”, señala HRW.
Vale recordar el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el que consagra que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” y los Estados están obligados por la Ley Internacional a tramitar sus solicitudes.
El informe recuerda que “como candidato, Biden prometió a poner fin a la detención de inmigrantes en cárceles privadas, pero en julio, el 90 % de los 30.000 extranjeros que en promedio son detenidos cada día en EE.UU. estaban recluidos en instalaciones privadas”.
La Cárcel ilegal de Guantánamo
Debemos recordar que, dentro de la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo, territorios que Cuba demanda sean devueltos al país, sigue existiendo una cárcel ilegal que viola los derechos humanos.
Este 11 de enero pasado, se cumplieron 22 años desde su apertura, la que fue establecida por el presidente George W. Bush en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La cárcel ilegal en Guantánamo ha llegado a albergar a más de 700 prisioneros.
El documento de HRW señala que “al momento de redactar este informe, 30 musulmanes extranjeros permanecían encerrados en el centro de detención militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, entre ellos cinco acusados de participar en los ataques del 11 de septiembre de 2001”.
También indica que “las conversaciones sobre un acuerdo para que los acusados del 11 de septiembre se declararan culpables a cambio de cadena perpetua se estancaron, después de que el presidente Biden rechazará las solicitudes de atención de los hombres para ayudarlos a recuperarse de las torturas de la CIA y no cumplir sus condenas en régimen de aislamiento”.
El informe de HRW también analiza algunas prácticas de la política exterior estadounidense partiendo por el presente conflicto palestino-israelí indicando que el “presidente Biden criticó duramente el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, que resultó en la muerte de cientos de israelíes y otros civiles y se comprometió a aumentar el apoyo a la defensa de Israel más allá de la ayuda militar anual ya aprobada”.
Sin embargo, HRW es crítico al respecto y señala que “dicha asistencia de seguridad y transferencias de armas incumplieron las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional. Los funcionarios estadounidenses instaron pública y privadamente a Israel a minimizar el daño civil en su respuesta militar y permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza”.
Agregó que si bien es cierto que algunos funcionarios del gobierno de Biden hicieron ver sus preocupaciones el gobierno israelí este no cambió su política y siguió atacando a la población civil palestina la que debe ser protegida y respetada de acuerdo con la Ley Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Pese a lo anterior, Estados Unidos ha seguido enviando armas y dando asistencia militar a Israel.
Sobre la guerra de Rusia y Ucrania, el informe indica que “Estados Unidos siguió brindando un importante apoyo militar y económico a Ucrania en 2023 en respuesta a la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022” y que “Biden aprobó la transferencia de municiones de racimo estadounidenses a Ucrania. Estas armas están prohibidas por un tratado internacional debido a los peligros que representan para los civiles, pero ni Estados Unidos ni Ucrania son partes de ese tratado”.
En este apartado no señala que también el gobierno de Zelensky incumplió “las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional”.
Sin embargo, en el capítulo sobre la situación en Ucrania señala el informe que “la Misión de Observación de la ONU también documentó 75 casos de detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas, en su mayoría de personas sospechosas de delitos penales relacionados con el conflicto, y el 57 por ciento de los detenidos dijeron que fueron sometidos a torturas y malos tratos, predominantemente en lugares de detención no oficiales”.
Al cierre de este artículo, en una cárcel de Ucrania murió el periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira quien antes de morir, bajo custodia del Estado ucraniano, acuso persecución, tortura, y extorsión bajo el gobierno de Zelensky.
Finalmente, el informe de Human Rights Watch, con sus acentos y silencios, nos permite ver cómo también dentro de los Estados Unidos se violan los derechos humanos. Es importante denunciar el mito de la democracia estadounidense.
* Pablo Ruiz es periodista y parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile
Ciertamente en política nada está escrito, pero si por la víspera de saca el día, Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos y Donald Trump, exmandatario en el periodo 2017-2021, volverían a encontrarse frente a frente en las elecciones del 5 de noviembre próximo.
Así ocurrió en las votaciones del 2020 cuando en aquella ocasión Biden, del partido Demócrata, se impuso a Trump, del partido Republicano. La historia puede repetirse y así lo vaticinan expertos de la Universidad Nacional (UNA), a pesar de un primer semestre del 2024 en el que Donald Trump deberá alternar su participación electoral con una serie de juicios y acusaciones que lo sentarán en el banquillo de los acusados.
Los fuegos electorales ya se abrieron en el estado de Iowa, cuando este lunes se realizó el caucus que determinó el triunfo de Trump. Le sigue ahora las primarias en New Hampshire el próximo 23 de enero, aunque sin duda, el evento que tiene todos los focos de atención es el supermartes del 5 de marzo, cuando 15 estados votarán por su candidato republicano.
La expectativa es aún mayor, pues apenas un día antes del supermartes arrancará, en Washington, el juicio donde el magnate está acusado de subversión por los acontecimientos del 6 de enero del 2021 en el Capitolio, cuando partidarios de Trump irrumpieron violentamente en la sede del Congreso por no reconocer el triunfo de Joe Biden.
El equipo legal de Trump trata, a toda costa, que el juicio se traslade al 2026, en un intento claro por postergar el proceso y que de esta manera no entorpezca sus aspiraciones presidenciales.
Mientras esto ocurre, está por verse qué decide la Corte Suprema de EE.UU., luego de que las cortes de los estados de Colorado y Maine emitieran un fallo donde determinaron la improcedencia de la nominación de Trump, justamente por la insurrección del 6 de enero del 2021.
“La defensa de Trump alega que él es inmune a cualquier demanda penal o civil porque los actos los hizo siendo él presidente y eso está ventilándose en una Corte de Apelaciones en Washington, donde es probable que termine escalando a la Corte Suprema, en la que tres de sus miembros han sido nombrados por el expresidente republicano”, explicó el analista internacional, Carlos Cascante.
Tanto Cascante como el analista Gerald Solano, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, ven poco probable que las gestiones judiciales saquen a Trump de la nominación presidencial. “Se ha manejado con mucha cautela por parte de las propias autoridades. Los jueces saben que la decisión que se tome puede tener connotaciones distintas y en un escenario donde a él se le prohíba la candidatura, puede cuestionar al propio sistema judicial, apoyado por movimientos que le dan el apoyo”, detalló Solano.
Además del juicio por la subversión en el Capitolio, la agenda del exmandatario está plagada de procesos judiciales, unos civiles y otros penales: presunto fraude por parte de sus empresas en el estado de Nueva York, incriminación por manifestaciones difamatorias contra una escritora, pagos a una estrella porno a cambio de guardar silencio por una relación extramarital y retención de material clasificado luego de que abandonara la Casa Blanca. Todos tiene previsto iniciarse en el primer semestre.
Lo anterior hará que el nombre de Trump resuene mediáticamente en este periodo de primarias republicanas. Junto con él, el nombre de Nikky Haley se ha posicionado con más fuerza como una contendiente en el bando republicano, situación a la que deberá prestársele atención.
Por el lado demócrata, Joe Biden parece tener el camino más claro de cara a la nominación que se oficializará entre el 19 y el 22 de agosto.
¿Por qué Trump y Biden?
Se hace llamativo el hecho de que Trump (77 años) y Biden (80 años) puedan repetir el enfrentamiento electoral. Para Carlos Cascante, desde la década de los setenta EE.UU. ha sufrido un proceso de fragmentación política en temas económicos y culturales por temas como el aborto, derechos civiles en el ámbito de las migraciones, así como en la educación, lo que ha conllevado a los partidos políticos a formar coaliciones electorales.
“El republicano fue tendiendo a ser nativista, conservador, se acercó a una ideología de derecha evangélica propia del medio oeste de EE.UU. y es ahí donde sobresale la figura de Trump. Él tiene la capacidad de hacer una conexión con el electorado a partir de su discurso, además de que es una figura conocida”, manifestó Cascante.
En el caso de Joe Biden, el experto asegura que ha sabido granjearse la posición de un político más moderado, que tiene la capacidad de liderar y alcanzar acuerdos y ser una figura ecuánime para enfrentar a Trump. En ese sentido—asegura Cascante—“ha creado una campaña de vote por mí y no por Trump, porque él es peor que yo y en esa lógica el aspirante más moderado para conjuntar las diversas facciones es Biden”.
Los temas
En el listón sobresalen algunos temas que parecieran ser los que van a predominar el debate entre los dos eventuales candidatos.
Para el analista Gerald Solano, el tema de la migración será capital en la próxima contienda. Solo en el mes de diciembre pasado intentaron cruzar la frontera hacia Estados Unidos, provenientes de México, 235.000 personas entre mujeres, hombres y niños; un promedio de 7.580 diarios, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
“Aunque Biden no ha hecho nada radicalmente distinto a Trump en materia migratoria, la cantidad de personas que tratan de ingresar a diario es un tema complicado para Biden, que tratará de aprovechar su contendiente. Tanto fue así que recientemente el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitó México para llegar a acuerdos”, manifestó Solano.
En segundo orden de prioridades, Gerald Solano ubica el tema de la seguridad y el desempeño de la economía. “Los números en cuanto a empleo e inflación parecen favorecer a Biden, pero Trump puede que se refiera al tipo de trabajos que se están generando y a la dificultad de algunos sectores para encontrarlo”.
Por su parte, Cascante coincide en que el tema de la migración será central, aunque no tanto los conflictos en Ucrania y en Oriente Próximo. “En EE.UU. lo internacional no pesa tanto como lo local. Veo más probable que el debate se centre en el manejo de la economía, los asuntos vinculados con derechos humanos, principalmente el aborto”.
Para Solano, el tema de los conflictos geopolíticos sí tendrá un peso relevante, principalmente porque del bando republicano han sido más proclives a la ayuda militar. Lo mismo considera que ocurrirá con el tema de China, donde las desavenencias han sido notorias.
Ambos expertos también dan crédito al hecho de que el tema de la edad sea debatido, principalmente de parte de Trump contra Biden. “Trump siempre ha sido un showman y no es descartable que, al igual que en ocasiones anteriores, se refiera a las capacidades físicas de su oponente”, indicó Solano.
Carlos Cascante añade otro argumento al respecto: “La idea de la presidencia en Estados Unidos, como comandante en jefe, siempre ha estado vinculada con la figura de un presidente fuerte y eso es parte del imaginario entre el elector norteamericano, y a Biden ya se le nota su edad. Trump, aunque se le acerca, luce, en definitiva, más vital”.
Las fichas del juego electoral están sobre la mesa. Lo que ocurra hacia adelante centrará la atención del mundo entero en un 2024, donde los estadounidenses decidirán entre el continuismo de las políticas demócratas u optarán por el regreso al poder de los republicanos, en apariencia, de la mano con la controvertida figura que representa Donald Trump.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
