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Etiqueta: elecciones 2026

Presentarán Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio

Construyamos una democracia libre de desinformación y odio”, es el llamado con el que diversas organizaciones y colectivos convocan a la presentación del Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, en el marco de las Elecciones Nacionales del 2026 en Costa Rica.

La actividad se realizará el viernes 31 de octubre de 2025, a las 10:00 a.m., en el Auditorio del Museo Nacional de Costa Rica (ingreso por el costado este, Bulevar Ricardo Jiménez).

Esta iniciativa es cocreada por organizaciones y colectivos, instancias académicas y sociales, comprometidas con promover un ambiente informativo transparente, responsable, plural y respetuoso de la dignidad humana, como aporte al fortalecimiento de la democracia costarricense.

Convocan:

ACCESA,
Centro de Investigación en Comunicación (CICOM-UCR),
Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR),
Escuela de Ciencias Políticas (ECP-UCR),
IDdeco
Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres,
Mujeres por Costa Rica,
La Red por Costa Rica,
PROLEDI,
Punto y Aparte,
IPLEX,
Voces Nuestras,
ONDA UNED,
Jóvenes por Costa Rica (JxCR),
UCR electoral

Testigos de honor:

Defensoría de los Habitantes,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH),
FLACSO,
Programa Estado de la Nación,
Programa Estado de la Nación
PNUD

Más información: (506) 2511-6414 (WhatsApp)
Confirme su asistencia aquí: https://bit.ly/Confirmacion-AcuerdoNacional

Candidatos y partidos políticos

Vladimir de la Cruz

Que haya 20 candidatos a la presidencia de la República no me preocupa. Me parece que esto es parte de la expresión democrática que existe, que permite que personas, o grupos de personas, que no sesienten representados por partidos políticos, se organicen para participar en la campaña electoral. Esto es válido.

La existencia de esta cantidad de partidos molesta a algunas personas. En la campaña electoral anterior del 2022 fueron 25 candidatos presidenciales. Su molestia se orienta negativamente a plantear la necesidad de reducir el número de candidatos, lo que es igual a reducir el número de partidos políticos. Algunas personas incluso concentran su opinión en que no debería haber más de cuatro partidos, y algunos otros destacan como en algunos países dos partidos son los dominantes del escenario electoral.

Si se siguiera el criterio de estas personas efectivamente solo habría esos 4 o 2 partidos políticos, lo que sería un tetrapartidismo o un bipartidismo.

En Costa Rica hemos tenido esa experiencia en la práctica electoral. Cuando desde 1949 hasta el 2014 el Poder Ejecutivo, la presidencia de la República, se la alternaban dos partidos, se hablaba del bipartidismo político, por el dominio que esos dos partidos tenían de la Presidencia de la República, independientemente de si en los procesos electorales participaban más de dos partidos con candidatos presidenciales, que eran los partidos Liberación Nacional y el que para este análisis llamo Unidad Social Cristiana.

En el 2014 y en el 2018 el Poder Ejecutivo lo eligió el Partido Acción Ciudadana. Con este partido se le dio una estocada de muerte al tradicional bipartidismo presidencial. Se rompió la tradición, se superó ese monopolio que esos dos partidos tenían. Pasamos del bipartidismo presidencial al tripartidismo presidencialista. Esto se vivió como un fortalecimiento de la democracia nacional. Muchos electores igualmente se alegraron de ese triunfo continuo de dos gobiernos sobre el bipartidismo tradicional. Lamentablemente para el partido Acción Ciudadana su gestión presidencial de dos gobiernos, pero especialmente el segundo, fue pésimamente percibida y asimilada por el electorado, que ni siquiera le favoreció con la elección de un diputado.

En la elección nacional del 2022, sorpresivamente otro partido, de cortísimo tiempo de existencia, el partido Progreso Social Democrático, se impuso a esos tres partidos políticos que habían gobernado el país desde 1949 hasta el 2022. Con ello avanzamos al tetrapartidismo presidencial, cuando cuatro partidos políticos han llevado a la Presidencia de la República a sus candidatos. Eso es lo que hemos tenido, independientemente de si en esos procesos electorales llegan a participar hasta 25 partidos políticos con sus respectivos candidatos.

La práctica de la vida democrática y electoral, del sistema político costarricense ha hecho que los votantes se inclinen con sus votos de esa manera.

En el 2022, de nuevo se derrotó al bipartidismo tradicional, ya fuera de Poder Ejecutivo desde el 2014 y al tripartidismo político que había emergido en el 2014.

Hacia las elecciones de febrero del 2026 en el escenario electoral esos cuatro partidos están disputando la presidencia con otros 16 partidos políticos. Pero, esos cuatro partidos están siendo retados por un nuevo partido político, Pueblo Soberano.

Hoy son más frágiles y volátiles los electores, más emocionales, más irracionales para hacer esa decisión de sufragio. Ya no atienden a los partidos políticos, como organizaciones político-electorales, les importa poco sus programas electorales de gobierno, son indisciplinados partidarios, son seguidores de personas más que de partidos como organizaciones con disciplinas partidarias, son gente desorganizada pero movilizada agresiva y emocionalmente fanatizada en la identificación que tiene con su líder, con quien les ha enamorado. Más se llevan por la imagen, por las frases huecas, vacías, altisonantes, de insultos, de agresiones verbales contra opositores, de comportamientos pachuquezcos, de matonismo, de gritos, de frases irrespetuosas, de poca elaboración intelectual que tocan las fibras hepáticas de los resentidos sociales, excluidos y marginados de los beneficios sociales nacionales y de las políticas de acciones gubernativas, generalmente de sectores desclasados, lumpescos de diversos grupos sociales, pero especialmente de bajos estratos urbanos y rurales, oprimidos social y económicamente y los auto oprimidos ideológica y mentalmente identificados con el que consideran el principal líder, a modo de un nuevo mesías, un salvador, que no pudiendo reelegirse impulsa a sus seguidores a apoyar a su candidata presidencial de esa nueva organización, Pueblo Soberano, que se presenta como la continuadora del presidente, no del partido que lo eligió en el 2022, sino de un nuevo partido que procurará borrar del escenario electoral a todos los otros partidos políticos, a sus candidatos y a todo lo que ellos representan como lo peor que ha dado la sociedad costarricense. Así se está perfilando obligadamente el proceso electoral.

Estamos a las puertas de avanzar hacia el pentapartidismo, cuando otro nuevo partido, un quinto partido, llegue a gobernar el país.

De los anteriores partidos que han gobernado el país, Liberación Nacional es el que más está reluciendo. La coalición del Partido Acción Ciudadana con Agenda Democrática Nacional, bajo el nombre de Coalición Agenda Ciudadana, ha logrado incrustarse en los más llamativos, con la dificultad que tiene su candidata de no distinguirse con claridad de las malas obras y acciones de gobierno que hiciera el presidente Carlos Alvarado, en su gobierno del 2018-2022, ni de distinguirse de ese gobierno señalando como rectificar lo que se le cuestiona al presidente Alvarado, lo que da la sensación de que es otra continuación política, como los es Pueblo Soberano del actual gobernante.

En este sentido el que más sobresale, sobre ellos, es el candidato de Esperanza Nacional, Claudio Alpízar, que se presenta más fresco. La Unidad Social Cristiana pareciera que se desinfló presidencialmente, quedándose sin hoja de ruta y sin brújula.

El partido Progreso Social Democrático no está jugando en la presidencial, aunque tenga a su fundadora como la candidata presidencial.

Con este escenario, ¿por qué tenerles miedo a muchos partidos? La verdad es que el proceso se va concentrando poco a poco en ocho partidos llamativos, Liberación Nacional, Pueblo Soberano, Esperanza Nacional, Unidad Social Cristiana, Coalición Agenda Ciudadana, el Frente Amplio que tiene una buena fracción parlamentaria, seguidos de Unidos Podemos y Nueva República.

En todo este embrollo para las elecciones de febrero vamos con 20 partidos nacionales, con sus candidatos presidenciales y un grupo parecido de partidos con aspirantes a diputados. No se puede eliminar ni impedir la participación de los que han cumplido con los requisitos formales de inscripción.

Los que claman por eliminar y reducir partidos en cierta forma claman por recuperar la vieja estructura bipartidista del pasado para que de esa forma se definan los procesos electorales, con dos principales partidos, considerando a toda la población costarricense dividida en dos grandes grupos electorales.

A nivel parlamentario en el escenario producen escalofríos algunos de los posibles candidatos que pueden llegar a la Asamblea Legislativa: deudores de la Caja Costarricense del Seguro Social, demandados judicialmente en el campo penal, cuestionados moral y profesionalmente, ¡cuidado, que algunos de ellos pueden hasta estar vinculados a las organizaciones narcocriminales y del tráfico de drogas!, como ya los han señalado.

Compartido con SURCOS por el autor.

Elecciones 2026

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

Interesante la caricatura publicada por el Semanario recientemente, basado en una muy temprana encuesta. El cuadro lo encabeza la candidata oficialista, empujada por el actual presidente. El mismo que nos tiene en la peor crisis de seguridad de los últimos tiempos, quien abandonó la educación y su ruta, aunque si nos dio la Ruta del Arroz, para ayudar a sus financistas de campaña, desmantelando a nuestros arroceros, dejando de percibir el Estado los impuestos de importación sin que haya variado el precio del arroz.

La sigue el candidato del PLN, persona brillante e idónea para ser presidente, pero quien lleva una batalla quijotesca contra los molinos de su partido. Detrás, el candidato del Frente Amplio cuyos diputados han hecho una excelente labor de oposición; atacan al PAC con dureza para posicionarse en el centro izquierda, olvidando que cuando tuvieron ocho diputados fue por iniciativas de la Coalición Viva, de la cual fui parte representando al PAC. Ligeramente detrás está la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana y aún detrás el candidato del PUSC, a la derecha de la John Birch Society

A mí me gusta Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana conformada por el PAC y la Agenda Democrática Nacional. Ella es arquitecta con experiencia en la empresa privada donde impulsó un grupo de arquitectos costarricenses en Panamá. Como primera dama en el gobierno anterior tuvo un destacado papel impulsando el Tren Metropolitano que cuesta lo mismo por kilómetro que el que impulsa el actual gobierno, a seis meses de terminar su período y que dejó listo para ser adjudicado. Tiene una especialidad en urbanismo, tan necesario para solucionar el caos vial que sufrimos y en los últimos años estudió en una prestigiosa universidad de Estados Unidos.

En enero definimos cuál será el voto útil.

Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica presenta los boletines Demo-crítica, una serie de reflexiones colectivas nacidas en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”. Esta producción reúne diálogos, aprendizajes y herramientas construidas por comunidades, colectivos, organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la democracia y la justicia socioambiental.

Más que conclusiones definitivas, los boletines son semillas de pensamiento crítico y acción comunitaria que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social en el marco de las elecciones nacionales del 2026. El contexto es desafiante: discursos políticos maquillados de verde, criminalización de la protesta, proyectos extractivos y la necesidad urgente de construir alternativas desde los territorios.

Democracia en disputa

Uno de los ejes centrales del taller fue repensar la democracia más allá de las urnas. Se evidenció cómo la captura del poder por élites económicas y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática. La democracia, señalan los aportes colectivos, debe vivirse día a día en la defensa del agua, los territorios indígenas, los bosques y en la organización comunitaria.

El “desarrollo” como trampa discursiva

Se identificó cómo términos como sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde funcionan muchas veces como ropajes discursivos que legitiman megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y monocultivos que generan despojo y desigualdad.

Criminalización de la protesta

El curso también abordó la creciente criminalización de la protesta social en Costa Rica. Desde la Ley Antihuelgas hasta la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, se debilita la protección de defensoras y defensores ambientales. Recordar las muertes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera refuerza la urgencia de visibilizar la protesta como un motor democrático, no como una amenaza.

Herramientas para el análisis electoral

Entre los principales aportes destacan:

  • Matrices de análisis para detectar trampas discursivas y beneficiarios reales de los proyectos.

  • Hoja de ruta socioambiental 2026, no solo como lista de reclamos, sino como horizonte de vigilancia y organización.

  • Estrategias de comunicación diversa, desde lo digital hasta el arte y el humor, para disputar sentidos frente al marketing político.

Más allá de las urnas

Los boletines concluyen que el poder real no se agota en el voto: la democracia y la justicia socioambiental se construyen cada día en los territorios, en la calle y en las comunidades. El proceso electoral es un escenario clave, pero no definitivo.

Boletines publicados

  • Boletín 1 (8 agosto 2025): Democracia y bienes comunes en disputa.

  • Boletín 2 (23 agosto 2025): Discursos verdes y desigualdades socioambientales.

  • Boletín 3 (29 agosto 2025): Criminalización de la protesta y organización social.

  • Boletín 4 (5 septiembre 2025): Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios.

👉 Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/elecciones-2026-claves-socioambientales-para-una-lectura-critica-del-momento-electoral

Democracia en jaque: el Joker en las urnas

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) da a conocer su Documento de Trabajo N.° 15, titulado El Joker en las urnas: elecciones y desigualdad en sociedades polarizadas (septiembre 2025). Esta producción invita a reflexionar sobre los desafíos actuales de la democracia en contextos marcados por la polarización y la desigualdad.

La producción retoma la figura del Joker en la película El Caballero Oscuro como una metáfora provocadora que permite analizar fenómenos políticos contemporáneos. Más allá de un análisis cinematográfico, el documento establece un puente entre la ficción y la realidad, indagando en las razones por las cuales personajes que representan la rabia social, la ruptura de normas y el espectáculo del caos logran legitimarse en procesos electorales.

Entre los principales aportes, el texto destaca que la desigualdad y la polarización constituyen un caldo de cultivo para el surgimiento de candidaturas antisistema, pues la concentración de riqueza, las dinámicas de exclusión y la pérdida de confianza en las instituciones abren espacio a liderazgos disruptivos.

Asimismo, analiza lo que denomina el fenómeno del Joker político, es decir, figuras cuya fortaleza radica menos en la solidez de sus propuestas programáticas y más en la capacidad de canalizar el enojo social.

Se subraya también que el voto puede convertirse en una válvula de escape para el descontento ciudadano, aunque con el riesgo de alimentar ciclos de frustración que debilitan a las instituciones democráticas.

En esa línea, se propone una reflexión crítica y pedagógica que incorpora ejercicios prácticos y preguntas abiertas dirigidas a promover debates tanto en la academia como en espacios comunitarios y ciudadanos.

El documento incluye diversos elementos destacados. Entre ellos se encuentran ejercicios pedagógicos como el mapa causal de la desconfianza democrática, el ciclo de expectativas del voto disruptivo y el denominado semáforo democrático para valorar las candidaturas. También ofrece ejemplos internacionales que ilustran este fenómeno, con referencias a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele y el Movimiento 5 Estrellas, a partir de los cuales se identifican patrones comunes de atracción hacia lo disruptivo.

Junto a estos insumos se formulan preguntas guía que invitan a la reflexión, entre ellas: ¿cómo distinguir entre candidaturas que fortalecen la democracia y aquellas que la socavan? y ¿qué papel juegan la educación cívica y la transparencia como antídotos frente al atractivo del caos?

En su análisis final, el documento plantea que las candidaturas tipo Joker deben entenderse como síntomas de democracias frágiles y que la respuesta no es culpabilizar a las personas votantes, sino reconocer y enfrentar las deudas sociales e institucionales que les dan legitimidad.

La relevancia de este material se potencia en el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica, momento en que la sociedad costarricense deberá afrontar dilemas propios de las democracias contemporáneas. El mayor valor del documento radica en que no se enfoca en juzgar las decisiones electorales de la ciudadanía, sino en comprender las condiciones estructurales que hacen posible el atractivo de opciones caóticas o autoritarias.

De este modo, se abre una invitación a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía en general a dialogar y construir alternativas democráticas que sean más sólidas, justas y sostenibles.

Puede acceder a la nota completa y descargar el documento en la página del Observatorio de Bienes Comunes UCR:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/democracia-en-jaque-el-joker-en-las-urnas/

Crisis de gestión y proceso electoral entre el conflicto y la inseguridad

El Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional, coordinado por el máster Carlos Carranza Villalobos junto a un equipo de investigadoras y asistentes, presentó su informe del trimestre de setiembre de 2025 y la conferencia de prensa titulada Crisis de gestión y proceso electoral: entre el conflicto y la inseguridad. Ambos materiales ofrecen un panorama crítico de la realidad nacional, en un momento marcado por la fragilidad institucional, el deterioro de la gestión gubernamental y la intensificación de la inseguridad en la antesala de las elecciones de 2026.

El informe señala que el estilo de gobierno actual, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, se ha caracterizado por un discurso confrontativo y por acciones orientadas a debilitar los contrapesos democráticos. Se evidencian intentos de limitar el control político, cuestionamientos al poder judicial y a la Contraloría, así como tensiones con la Defensoría de los Habitantes en temas de política carcelaria y migratoria. El documento advierte que esta estrategia se acerca a lo que la literatura politológica denomina “populismo delegativo”, en el que el mandatario se presenta como representante del “pueblo” para justificar cambios en las instituciones a su conveniencia.

En la relación con la Asamblea Legislativa, el análisis identifica un clima de confrontación marcado por discursos beligerantes, aunque con menos uso de vetos formales en el último trimestre. Las tensiones entre el presidente y el presidente legislativo Rodrigo Arias se intensificaron en torno a la renuncia del vicepresidente Stephan Brunner y las discusiones sobre el fuero presidencial, lo que refleja un escenario inédito en la política costarricense reciente.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también es protagonista en este periodo. El organismo advirtió al presidente por manifestaciones que afectan la equidad del proceso electoral y le prohibió usar símbolos vinculados a partidos políticos en actividades oficiales. Al mismo tiempo, la coalición que agrupa a fuerzas oficialistas muestra fracturas internas, mientras alcaldes y alcaldesas de distintos partidos han decidido sumarse al rodriguismo, generando un reacomodo del mapa político hacia 2026.

En materia de política exterior y derechos humanos, el informe subraya la creciente subordinación a la política estadounidense, evidenciada en la aceptación de personas deportadas desde Estados Unidos en condiciones precarias y en el alineamiento con las políticas punitivas de seguridad y migración promovidas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. En este marco, se solicitó un presupuesto cercano a los 8 000 millones de colones para la construcción de un nuevo centro penitenciario, lo cual implicaría recortes a instituciones sociales como FODESAF.

La política hacendaria ocupa un lugar central en el análisis. Se destaca la pérdida de más de ₡2 billones anuales por exoneraciones tributarias que benefician principalmente a sectores de mayores ingresos, lo que acentúa la inequidad fiscal. Además, la modernización de Hacienda Digital presenta atrasos y deficiencias de gestión, mientras que la transferencia del 1 % adicional del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue condicionada a la aprobación de eurobonos, situación criticada por las universidades públicas.

El ámbito educativo sigue marcado por el rezago acumulado desde la pandemia. Más de un millón de estudiantes regresaron a clases con brechas significativas, mientras persisten problemas de infraestructura y carencias en materiales. Aunque el Ministerio de Educación Pública anunció una nueva ruta de recuperación y programas de capacitación docente, la falta de resultados inmediatos genera desconfianza social. La negociación del FEES 2026 concluyó con un aumento del 1 %, lo cual se percibe como un congelamiento en un contexto de creciente demanda y necesidades del sector.

En lo ambiental, se advierte un retroceso institucional con la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la Agenda 2030 antes de la Cumbre de los Océanos, debilitamiento de órganos como el MINAE y el SINAC, y una política orientada a la flexibilización normativa. Se registraron incrementos en la tala ilegal y se autorizaron exportaciones de aletas de tiburón martillo, mientras se mantienen recortes presupuestarios al sector ambiental. Estos hechos ponen en tensión la histórica imagen de Costa Rica como país líder en sostenibilidad.

El informe también subraya los retos en competitividad e innovación. Si bien el gobierno impulsa la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y la red 5G, los procesos enfrentan retrasos y conflictos políticos, además de una dependencia creciente de la cooperación y los intereses de Estados Unidos. Esta orientación plantea interrogantes sobre la verdadera soberanía tecnológica y sobre quién se beneficiará del acceso a las nuevas tecnologías.

En el campo de género y derechos humanos, se identifican patrones de reclasificación, reconfiguración y retroceso en las políticas públicas, que se tornan más restrictivas y vulnerables a la improvisación. La sociedad civil, aunque fragmentada, busca recomponerse frente al debilitamiento de derechos y al incremento de la violencia, en un contexto donde la inseguridad se consolida como el principal desafío para la democracia costarricense.

El capítulo sobre comercio exterior resalta la necesidad de diversificar mercados y superar la dependencia histórica de los Estados Unidos. A pesar de los intentos por abrirse a Asia y otras regiones, el país enfrenta nuevas barreras arancelarias que afectan sectores estratégicos como la agricultura y los dispositivos médicos.

Finalmente, el informe enfatiza que la seguridad pública atraviesa un momento crítico. El crimen organizado supera las capacidades institucionales actuales y la ausencia de un plan integral limita la respuesta estatal. El llamado es a articular políticas coordinadas y con financiamiento suficiente, que garanticen condiciones adecuadas de vida y convivencia social.

Jerarcas no podrán promover logros en plataformas institucionales a partir del 2 de octubre

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper) recordó a jerarcas de instituciones públicas que, según la resolución Nº 4190-E8-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a partir del 2 de octubre de 2025 y hasta el 1 de febrero de 2026, no podrán usar las plataformas institucionales para difundir mensajes que destaquen logros, atributos o su imagen.

La disposición adecúa la aplicación del Artículo 142 del Código Electoral a pronunciamientos de la CIDH y se extiende a medios de comunicación tradicionales y digitales, sin importar si son publicaciones pagadas o gratuitas.

El Colper subrayó que, aunque los equipos de comunicación deben acatar esta normativa, son los jerarcas quienes tienen la responsabilidad principal de garantizar su cumplimiento y canalizar consultas ante el TSE mediante el correo: secretariatse@tse.go.cr.

La información se extrajo de la charla “Límites y oportunidades en el uso de plataformas digitales durante la campaña”, impartida por el letrado Andrei Cambronero Torres, disponible en el canal de YouTube del Colper, disponible en este enlace: Charla virtual: Comunicación institucional y ética electoral

Se esfuma la idea de los 40 diputados y Chaves sigue a la baja en el «Wall Street» tico

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El apoyo al Chaves sigue cuesta abajo. En menos de un año, bajó del 63 % al 52 %, pese a su intensa «campaña electoral» con fondos públicos. Y mientras eso sucede, no encuentra la manera de trasladarle ese remanente, a la candidata chavista. Resulta que a doña Laura Fernández, no la apoya el 88 % del electorado, consecuencia de que, de cada 4 chavistas con el presidente, solo UNO la respalda. ¡Y eso que no ha empezado a hablar!

Cuando 8 de cada 10 costarricenses no tiene partido político, y solo Álvaro Ramos (6 %) y Ariel Robles (5 %) aparecen tímidamente, no hay presunto ganador de previo al inicio oficial de una campaña, donde nadie es el presunto ganador.

Y es que la confusión es tal, que incluso hay chavistas «básicos», que al no saber ni donde están parados, dicen estar dispuestos a votar por el presidente ( ? ). ¡Ve vos!

Asimismo, la contradicción parece increíble, pues mientras más de la mitad «respalda» al Chaves y dice que «su gobierno merece» seguir, un elevado 75 %, que incluye a esos mismos, expresa que «el gobierno tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo«!

Mientras, por otro lado, un 62 % dice preferir otro partido en el poder. Es decir, ¡Como que sí y como que no, al derecho y al revés!

Otra vez, la lectura del estudio del CIEP-UCR enciende las luces.

Empresas encuestadoras en Costa Rica: ¿fallan o aciertan?

José Solano-Saborío
JoseSo

Sobre la precisión y los tropiezos de las encuestas electorales recientes

Imaginemos el escenario: elecciones generales, la ciudadanía tensa y los medios pendientes de cada número que arrojan las famosas encuestas. En Costa Rica, estos procesos suelen ser acompañados por titulares llamativos, debates acalorados y cuidado, si no, sesgos evidentes. Sin embargo, en los últimos procesos electorales, muchas personas han notado que los resultados finales han estado distantes de las proyecciones que ofrecieron empresas encuestadoras como Opol y otras del sector. ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Por qué parecen fallar más de lo que aciertan? ¿Hay alguna que realmente haya logrado una mejor lectura de la realidad política costarricense?

La confianza en las encuestas: ¿en picada?

Las encuestas electorales han sido, por décadas, el termómetro de la opinión pública. Se han usado para anticipar tendencias, medir la intención de voto y hasta para definir estrategias de campaña. Pero lo que antes era tomado como palabra casi santa, hoy se mira con recelo. Es que, en los últimos dos comicios generales, los resultados oficiales dejaron en evidencia la imprecisión de muchos sondeos.

Opol, por ejemplo, ha sido una de las empresas más visibles, pero también de las más criticadas. Sus proyecciones han estado notablemente alejadas de lo que la ciudadanía finalmente decidió en las urnas. También hay fotos, videos y testimonios de la cercanía del propietario de la firma encuestadora a ciertos candidatos y partidos.

¿Fallaron los métodos? ¿Se equivocaron las muestras? ¿O la realidad costarricense simplemente es demasiado compleja para ser capturada por un par de preguntas bien estructuradas?

¿Por qué las encuestas fallan?

Existen varias razones por las cuales las empresas encuestadoras pueden errar. Para empezar, el desafío de obtener una muestra verdaderamente representativa es cada vez mayor. La fragmentación política, la baja identificación partidaria y el aumento de personas indecisas dificultan la labor de quienes buscan anticipar el resultado con precisión matemática.

A esto hay que sumarle el fenómeno del «voto oculto» y el famoso «voto útil», que muchas veces se manifiestan en los últimos días o incluso el mismo día de la elección, cuando las encuestas ya han quedado desactualizadas. Además, la desconfianza en las empresas encuestadoras ha llevado a que algunas personas opten por no responder sinceramente, o simplemente se nieguen a participar.

En el caso de Opol, a pesar de su constante presencia mediática, sus metodologías han sido cuestionadas, principalmente por la falta de claridad sobre cómo seleccionan a las personas encuestadas y el tamaño real de sus muestras que se sabe son proporcionales solamente a la densidad porcentual acorde al padrón, pero se desconoce si tienen considerados, en su método de muestra presencial, factores claves e indispensables, como género, clase social, educación o la edad, son también proporcionales a la realidad del electorado, en dichas muestras. Varias voces han señalado que sus predicciones no solo han sido poco precisas, sino que incluso han generado ruido y confusión en la opinión pública.

¿Hay encuestadoras que sí han acertado?

No todo es pesimismo. En medio del mar de imprecisiones, existen empresas que, sin llegar a la perfección, han demostrado una mejor capacidad de lectura estadística y proyecciones más cercanas al resultado final. Entre ellas destacan CID-Gallup y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

CID-Gallup ha logrado, en varios procesos, identificar tendencias clave y acercarse más a los resultados oficiales, aunque tampoco está libre de críticas. Por su parte, el CIEP, con su enfoque académico y mayor transparencia metodológica, se ha ganado el respeto de quienes buscan datos confiables y análisis imparciales. Sus boletines han sido, en más de una ocasión, referencia obligada para entender cómo va cambiando la intención de voto y cuáles son los factores que inciden en la decisión de la ciudadanía.

¿Cómo mejorar la precisión de las encuestas?

La receta de la precisión pasa por varios ingredientes: muestras más robustas y representativas, transparencia en la metodología, adaptación constante al dinamismo político y, sobre todo, honestidad en el análisis. Las empresas encuestadoras deben asumir el reto de innovar, incorporar nuevas tecnologías y abrir espacios para la auditoría de sus procesos.

Quizás sea hora de que las encuestas se presenten no como oráculos, sino como herramientas de análisis que ofrecen una fotografía parcial y sujeta a cambios. Si la ciudadanía y los medios entienden esto, se podrá reducir la frustración y la paranoia que generan los desaciertos estadísticos.

Finalmente, entre la incertidumbre y el aprendizaje

Costa Rica vive procesos electorales cada vez más complejos, y los errores de las empresas encuestadoras son parte de ese aprendizaje colectivo. Opol y otras firmas deben revisar y mejorar sus métodos si quieren recuperar la confianza de la sociedad. Mientras tanto, es recomendable que las personas tomen los datos con cautela, consulten fuentes diversas y mantengan el ojo crítico ante cada cifra publicada.

En la próxima elección, tal vez la pregunta no sea quién irá ganando según la última encuesta, sino quién logra comprender mejor el pulso profundo y cambiante de la ciudadanía costarricense. Porque, al final, la verdadera medición se hace en las urnas, no en los gráficos de las encuestadoras.

La “no renuncia” de Rodrigo Chaves: riesgos y oportunidades para la democracia costarricense

Por JoseSo
Analista Político

La decisión del presidente Rodrigo Chaves de no renunciar al Poder Ejecutivo para postularse como diputado redefine el escenario político hacia 2026. Su permanencia mantiene intacto el capital político que ha forjado, pero lo expone al debate público por los procesos judiciales en los que está involucrado. Este punto de inflexión abre oportunidades para consolidar la estabilidad gubernamental y, a la vez, genera tensiones entre quienes desean renovación política y quienes respaldan la continuidad del actual liderazgo.

Impacto político: equilibrio entre estabilidad y renovación

La permanencia de Chaves permite al oficialismo sostener su discurso de alta aprobación ciudadana, evitando la fragmentación del voto y reforzando la narrativa de continuidad en proyectos de infraestructura y programas sociales. Al delegar la campaña a sus allegados –exministros y cuadros del partido–, busca mantener la promoción de su gestión sin descuidar las labores diarias del Ejecutivo.

Sin embargo, la ausencia de su figura central en mítines y actos de campaña podría debilitar la conexión emocional con el electorado. La capacidad de transferir un apoyo estrictamente personal a candidaturas legislativas o presidenciales alternas no está garantizada. Además, el protagonismo en funciones de gobierno y la defensa de su inmunidad judicial podrían restarle frescura al perfil de “outsider” que lo impulsó originalmente.

Reacción de la base oficialista: de la desmovilización al surgimiento de nuevos liderazgos

Entre los simpatizantes de Chaves, la noticia de que no encabezará la lista de candidatos puede generar desmotivación inicial, pues muchos se identifican directamente con su estilo y retórica. Aun así, ese espacio de incertidumbre deja emerger figuras como la exministra Laura Fernández, quien podría capitalizar el descontento residual.

Para compensar la ausencia del presidente en actos de campaña, la estrategia oficialista pasará por reforzar el protagonismo de alcaldes y estructuras territoriales. De esta manera, se apuesta a conservar la movilización en cantones y comunidades, confiando en el arraigo local más que en la fuerza de una sola figura nacional.

Perspectiva judicial: fuero, presión política y narrativa de persecución

Chaves enfrenta más de cien procesos penales, pero conserva inmunidad mientras sea presidente, lo que retrasa las indagaciones directas. Este fuero funciona como escudo político: refuerza la narrativa de persecución al obligar a la Asamblea a asumir el costo de levantarlo, pero multiplica la presión mediática sobre privilegios presidenciales.

La prolongación de su defensa en el espacio público ofrece munición a la oposición para exigir reformas al fuero y transparencia inmediata. El debate sobre la inmunidad se instala como asunto central de campaña, obligando a todos los actores a definir su postura sobre el equilibrio entre protección presidencial y rendición de cuentas ciudadana.

Manejo de la agenda mediática y narrativa en redes sociales

El gobierno ha respondido con una estrategia de comunicación intensiva: conferencias diarias, hashtags oficiales y cobertura preferencial en medios afines. Al mismo tiempo, restringe el acceso de periodistas críticos, lo que agudiza el debate sobre libertad de prensa y derecho a la información.

La oposición, por su parte, ha logrado viralizar audios y memes en plataformas como TikTok y Twitter, caricaturizando el concepto de un presidente intocable. Este choque de narrativas define no solo qué temas dominan los titulares, sino también la percepción ciudadana sobre la legitimidad del Ejecutivo y de sus adversarios.

El papel de la ciudadanía: de espectadores a protagonistas

Este momento político exige una ciudadanía activa que trascienda el voto. La creación de observatorios ciudadanos para fiscalizar contratos públicos, la promoción de foros de debate y el apoyo a candidaturas que propongan límites reales al fuero presidencial son pasos decisivos. Impulsar campañas de educación cívica fortalecerá la comprensión sobre la importancia de la rendición de cuentas.

Solo con un electorado informado y movilizado será posible equilibrar los riesgos de la “no renuncia” con la oportunidad de consolidar una democracia transparente y participativa, donde ningún privilegio esté por encima de la igualdad ante la ley.