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Etiqueta: elecciones presidenciales

En las próximas elecciones presidenciales, realice un voto informado

Por José Luis Pacheco

En el próximo mes de febrero no solo elegiremos dentro de los candidatos a la presidencia uno de ellos sino que también y junto a ese que se elige se eligen también dos vicepresidentes y además 57 diputados. Por eso es sumamente importante conocer a quienes llevarán esos candidatos en sus Vicepresidencias. Sería ideal que fueran personas cuyo currículo demuestre no solo capacidad y preparación sino y especialmente honestidad y que no se encuentren envueltos en escándalos de ningún tipo y menos en el área de la corrupción.

Otro elemento que quisiéramos que desaparezca de nuestras actividades políticas es el NEPOTISMO, es decir, “dar ese trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos, máxime ahora en que cada vez se persiguen más activamente los casos de tráfico de influencias, nepotismo y otras formas de corrupción política».

Ya hemos tenido esa experiencia de soportar nombramientos de familiares y amigos en puestos de elección popular y que consideramos como “herencias políticas”. Se pasan de un puesto a otro y se mantienen “pegados a esos puestos” sin soltarlos y obteniendo beneficios y lo peor es que sin devolverle ningún beneficio al país. Incluso se dan casos en que se desean dejar en puestos a hijos, hermanos e incluso a esposos, sin que hayan hecho méritos para ello, simplemente para mantener esa entrada económica, pues ha sido la forma de vida durante muchos años, saltando de puesto en puesto. Si es que hubieran hecho maravillas en favor del pueblo pues se justificaría pero a estas alturas no tenemos a nadie en esas condiciones.

Así que, a estar atentos y a informarnos adecuadamente para que este tipo de prácticas no las tengamos nuevamente en las próximas elecciones.

Dios quiera que haya respeto de los que aspiran y que no se presenten estos casos y que quienes se propongan bajo esas condiciones tengan la fortaleza y la vergüenza para no aceptar dichos cargos (cajita blanca quizá).

UCR: Análisis de las elecciones presidenciales del 2018 retrata una democracia amenazada

Además de definir al actual presidente de Costa Rica, el último proceso electoral en el país dio a conocer aspectos relevantes sobre la situación democrática nacional

Las elecciones del 2018 evidenciaron que en Costa Rica existen identidades políticas muy debilitadas, es decir, que una parte significativa de la población no tiene una vinculación importante con los partidos. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR..

Diversos aspectos permiten considerar las elecciones presidenciales del 2018 en Costa Rica como un proceso inédito. Fue la primera vez que las agrupaciones políticas que consolidaron el bipartidismo en el país estuvieron fuera de la segunda ronda de votación y, además, el partido con la mayoría de votos en la primera ronda no llegó a la Presidencia.

El Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), y el Programa Estado de la Nación prestaron atención a las particularidades menos evidentes de la más reciente fiesta democrática nacional y profundizaron en su comprensión mediante una serie de investigaciones que plantean el retrato de una democracia amenazada.

Los investigadores y editores del libro que compila los análisis realizados por un amplio grupo académico, Felipe Alpízar Rodríguez y Ronald Alfaro Redondo, reflexionan sobre la forma en que los diversos aspectos retratados en las últimas elecciones podrían favorecer la comprensión de realidad política en el país y la toma de decisiones.

-La democracia costarricense es considerada liberal, madura y estable como resultado de la ausencia de perturbaciones que hayan puesto en entredicho su legitimidad por un largo periodo histórico ¿Cuáles son los principales aspectos a los cuales se atribuye lo anterior?

Felipe Alpízar Rodríguez (FAR): En Costa Rica se habla de una democracia madura, porque tenemos una tradición de muchas décadas, en las cuales las elecciones democráticas han sido el mecanismo para elegir a las autoridades. Es estable, porque no hemos sufrido rupturas al orden democrático, durante al menos los últimos 70 años. Y es liberal, porque superadas las limitaciones de la primera mitad del siglo XX, todos los hombres y mujeres tienen la capacidad de elegir y ser electos. Estas características se explican con la trayectoria histórica del país.

La estabilidad se atribuye también a la existencia de una institucionalidad política muy fuerte, la cual empezó a construirse a inicios del siglo XX y que en diferentes momentos creó instituciones como la Sala IV y la Defensoría de los Habitantes. Esto no quiere decir que no hayan existido tensiones, pero se han diseñado una serie de mecanismos democráticos para tratar de proteger a la ciudadanía.

Todo ese entramado institucional le da mucha fortaleza al sistema, pero eso no lo deja exento de amenazas. La estabilidad democrática no está exenta de conflicto, pero alcanzar ese estatus es el resultado de un proceso muy extenso de luchas, reformas y que no necesariamente ha acabado, porque el proceso de democratización es algo permanente en la sociedad.

-Las investigaciones realizadas señalan el advenimiento de una democracia disfuncional, como resultado de la falta de capacidad de las instituciones públicas y de las organizaciones de representación política ciudadana para adaptarse a los contextos que presenta el país. ¿De qué forma se manifiesta esta situación en la vida cotidiana?

FAR: Tener una democracia estable y madura no quiere decir que se ha alcanzado todo lo que se necesita para convertirse en un paraíso democrático. Al mismo tiempo que la democracia ha logrado proteger los derechos de la ciudadanía y los procesos electorales, siguen sin resolverse muchos problemas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo o que son producto de unos equilibrios políticos consustanciales, los cuales pueden llegar a generar una parálisis decisional. Es decir, que el sistema democrático a veces puede resultar más lento para resolver asuntos comunes o que hay momentos donde una instancia bloquee a la otra.

Estas situaciones no solo son parte del diseño de la democracia, sino también del diseño del apartado estatal, porque de alguna forma hemos sido incapaces de realizar reformas estructurales al sistema político y al Estado en los últimos 40 años. Esto hace sentir a la gente que existen dificultades para resolver los problemas y que el sistema político de alguna manera está entrabado.

Las disfuncionalidades surgen porque no se han podido atender todas las inquietudes, demandas y necesidades en diferentes temas que a la gente le pesan y se van arrastrando.

Según los expertos, la combinación de las disfuncionalidades estructurales con las débiles identidades políticas ciudadanas, detectadas en las elecciones del 2018, conforma una amenaza latente para la democracia. Foto: Cristian Araya Badilla, UCR.

-¿Cómo es que a la luz de los fenómenos sociopolíticos experimentados en las elecciones presidenciales de Costa Rica en el año 2018 es posible plantear el retrato de una democracia amenazada?

Ronald Alfaro Redondo (RAR): Muchas veces, las amenazas que experimentan las democracias no están necesariamente materializadas, algunas pueden ser latentes, pero las democracias pueden tener mecanismos para resolver o librarse de esas amenazas. Es posible realizar algunas transformaciones o apegarse a algunos principios y valores, y de esta forma evitar que esas amenazas pasen de ser latentes a volverse reales.

Las elecciones del 2018 evidenciaron que en Costa Rica existen identidades políticas muy debilitadas, es decir, que una parte significativa de la población no tiene una vinculación importante con los partidos. Cuando hay identidades políticas fuertes, la gente tiene claro por quién va a ir a votar, mucho antes de que se celebren las elecciones. Pero cuando ocurre lo contrario, la gente no sabe qué hacer, no sabe a quién apoyar o quién es el oponente.

Cuando una democracia tiene identidades políticas debilitadas se corre el riesgo de que cualquier evento externo pueda alterar por completo el juego, romper con el orden y crear las condiciones para que exista muchísima incertidumbre política y electoral.

La combinación de las disfuncionalidades estructurales —que ya arrastraba el país— con las débiles identidades políticas ciudadanas —que detectamos en las elecciones del 2018— conforma una amenaza latente, porque pueden generar mucha volatilidad e incertidumbre de cara a situaciones futuras que, incluso, pueden atentar contra la misma democracia.

FAR: La democracia amenazada surge cuando los descontentos y temas que no se resuelven terminan convirtiéndose en reivindicaciones que van en contra de la democracia misma, como puede ser —por ejemplo— el hecho de optar por la salida autoritaria.

La erosión de las identidades genera gobiernos con poca legitimidad. Y la legitimidad es el cemento que mantiene unidas a las sociedades. Cuando eso se erosiona, nos enfrenta a gobiernos débiles en los que la gente no cree y donde el apoyo ciudadano se vuelve líquido o volátil. Son como globos que se lleva el viento, porque no están amarrados a ningún lugar.

Más allá de la popularidad de un presidente, la sensación de descrédito de la política, de los políticos y la falta de sentido de pertenencia en el país impiden que haya una base, un proyecto político común para concretar ciertas reformas. En Costa Rica, esta identidad está muy erosionada y eso ocasiona mucha inestabilidad para el funcionamiento del sistema. Entonces la amenaza actual es que se pongan en riesgo los cimientos mismos de la democracia, que la sociedad deje de creer que la democracia es el medio para resolver sus asuntos.

-La investigación que presentan señala la existencia de disfuncionalidades endémicas y convergentes en el país que, lejos de responder a eventos coyunturales, han sido arrastradas por un largo periodo. ¿De qué forma es que la comprensión de esta realidad puede guiar la toma de decisiones en el presente?

RAR: Las democracias pueden tener disfuncionalidades, problemas, defectos y hay formas de corregirlos. Por su parte, la ciudadanía puede tener cierto conjunto de actitudes que, en algunas ocasiones, sean desfavorables. El asunto que detectamos es que tenemos una combinación de disfuncionalidades estructurales y de actitudes sociales que no fortalecen la democracia.

Si tuviéramos partidos políticos más fuertes, es probable que esa molestia y esa protesta de la gente se canalizaría a través de ellos. Pero como no es así, no pueden ser los escuderos de la gente, y ese papel lo asumen otras organizaciones de la sociedad civil fuera de los partidos. Esta situación plantea grandes dificultades, porque si los partidos están pensados para que sean los que procesen esas demandas y necesidades del pueblo, y no lo hacen, se desconfigura un actor central del escenario político.

FAR: Costa Rica tiene un parlamento muy pequeño y eso representa una dificultad importante en este tiempo, porque no todos los grupos y voces encuentran un canal institucional para manifestar su descontento. Se evidencia así la imposibilidad del sistema de tramitar esas demandas por una vía institucional. Todos los llamados al diálogo que estamos viendo en este momento por parte del Gobierno son intentos para tratar de traer al campo de lo institucional ese descontento que hoy está en la calle.

Frente a este contexto, uno de los principales retos para el país es mejorar la representatividad de los diversos sectores de la sociedad costarricense, la cual se ha complejizado y que, de alguna manera, el actual Congreso no refleja.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Denuncia contra Luis Almagro y la misión de la OEA por provocar violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia en elecciones de 2019

La Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante Michelle Bachelet, en su calidad de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La denuncia fue formulada en contra del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, la Misión de Observadores Electorales de la OEA, encabezada por Manuel González, y los auditores y responsables de la suscripción de los Informes preliminares e Informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia por haber cometido acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia que aluden a un supuesto fraude electoral el cual no han podido probar.

La denuncia sintetiza ocho informes técnicos internacionales de varios centros estadísticos de universidades y periódicos de prestigio mundial entre los cuales resaltan los elaborados para el New York Times, el Washington Post, el MIT (Universidad de Massachussets) y el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) a lo que se suma la petición de congresistas estadounidenses para que se investiguen las acciones de la Secretaría General de la OEA. Los estudios desmienten contundentemente las acusaciones de fraude de la OEA en las elecciones del 2019 que llevaron al derrocamiento de un Gobierno Constitucional, la desestabilización de la democracia que concluyó en un Golpe de Estado, la muerte de 37 personas, más de 860 heridos, más de un millar de detenidos ilegalmente, la persecución policial y judicial con fines políticos y el exilio de cientos de dirigentes políticos y sociales.

Los denunciantes señalan: “La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, ha vulnerado abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y resoluciones generales de la OEA, transgrediendo el Derecho Internacional y la Soberanía nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los actos de intervencionismo cometidos por la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, han tenido consecuencias nefastas en Bolivia provocando un quebrantamiento del Estado; la desestabilización de la democracia, el flagelo a la población, uso irracional del poder y el desmantelamiento de la Constitución Política del Estado, llevando a un Golpe de Estado y a la instauración de un gobierno transitorio que comete sistemáticamente delitos contra la población.”

A tiempo de presentar la denuncia, los firmantes del documento solicitan al Alto Comisionado de Naciones Unidas que acoja estas graves denuncias contra la Secretaría General de la OEA por los delitos contra los derechos civiles, políticos y sociales al acusar de un presunto fraude, sin pruebas y con un sesgo marcadamente político. Exigen que la OEA, como un organismo intergubernamental, respete a las organizaciones políticas populares, a las instituciones nacionales, a la democracia y a la soberanía de los pueblos de uno de sus Estados Miembros, y de su gobierno constitucional.

Asimismo, piden al Alto Comisionado de Naciones Unidas que se forme un grupo de expertos para lleve a cabo una investigación independiente y transparente sobre los informes de la Secretaría General de la OEA y los graves hechos que han causado muerte, persecución, cárcel y exilio en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Buenos Aires, 15 de octubre de 2020

 

Imagen tomada de: https://www.voanoticias.com/

Carlos Mesa: avaro, corrupto, inepto y autócrata

El Último Presidente Neoliberal en la Historia de Bolivia

Lic. José A. Amesty R.

El próximo 18 de octubre 2020, son las elecciones presidenciales en Bolivia. El candidato opositor Carlos Mesa, al candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, fue presidente de Bolivia entre octubre de 2003 y mayo de 2005, por la Alianza de Derecha Comunidad Ciudadana, y apenas pudo mantenerse en el poder por un año y siete meses. Pasados 14 años desde que renunció, ahora, quiere una segunda oportunidad.

Al expresidente, en este momento, y quizás nunca, no le han movido razones democráticas, ya que de lo contrario no habría declarado y ratificado públicamente el pasado 18 de noviembre 2019, una frase que revela su interpretación autoritaria, violenta y señorial de la democracia: “reconocemos y apoyamos al gobierno de la presidenta Jeanine Añez”.

Considerando además que, para fungir de vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada en las elecciones nacionales de 2002, Carlos Mesa exigió un pago de alrededor de un millón de dólares, cabe preguntarse cuántos son, en 2020, los millones en juego en su afán de llegar a la silla presidencial. Realmente son 20 millones de dólares.

Para estas elecciones 2020, su reputación se mueve en medio de denuncias y reproches añejos, no solo del oficialismo, sino también de los sectores más radicales de la oposición boliviana, por presuntas ganancias ilícitas y corrupción.

Según algunos allegados a su perfil, desde joven simpatizó con las medidas neoliberales de ese entonces, como la privatización de las empresas bolivianas; se entusiasmó con el discurso reformista y modernizador, y por eso terminó sumándose al proyecto político del exitoso empresario minero y jefe del partido de mayor poder en Bolivia en ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada; finalmente se enamoró de las medidas de ajuste estructural y estabilización económica con alto costo social. Se asegura que de verdad creyó en las políticas ejecutadas en la década del 90, y que terminaron en la crisis social y económica de principios de siglo en Bolivia.

En realidad, durante su breve ejercicio en el poder, fue incapaz de lograr apoyos significativos en el Congreso, dividido entre los partidos que fueron parte de la coalición de Sánchez de Lozada y la bancada dirigida por Evo Morales.

Organizó un referendo para definir las políticas nacionales sobre hidrocarburos, pero aquello estuvo lejos de zanjar la principal demanda de ese entonces en Bolivia: nacionalizar las reservas de gas.

Tampoco pudo apaciguar el país cuando anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La controversia sobre qué hacer con los campos de gas se mantuvo hasta el último día de su mandato, cuando el Congreso aprobó su renuncia en una sesión de emergencia fuera de La Paz y cercada por organizaciones sindicales.

En general, su gestión se caracterizó por dificultades económicas que atravesó el país mientras él fue presidente. Si algo caracterizó al gobierno de Carlos Mesa fueron sus vacilaciones, contradicciones e indecisiones. Fue catalogado como un mal presidente y ahora es un mal candidato; así que piensan que actualmente arrastra una gran frustración política.

En cuanto a su personalidad y actitudes, siempre ha sido aliado y apoyado por la clase media boliviana, esa clase media que se identifica y apoya el pensamiento neoliberal, que políticamente expresa un racismo que aplastó por siglos saberes y formas de reproducción cultural de los pueblos originarios, nunca ha aceptado que un indio pueda ser presidente de Bolivia, ni que pueda gobernar con resultados concretos de reducción de la pobreza y nacionalización de las riquezas naturales, que por siglos solo beneficiaron a una minoría de la población. Si ese segmento de la clase media boliviana pudiera, y si la ciencia lo permitiría, ella borraría el color de su piel morena, para ser todos blancos, altos y hablantes del inglés, como alguna vez ya lo expresó una Miss Bolivia.

La clase media boliviana que apoya a Carlos Mesa, quiere para el 18 octubre tener un presidente que no sea un indio; que no sea un Quispe, sino un noble brillante, un mestizo que con una sonrisa de mendigo entregue de nuevo el país a los patrones estadounidenses, un oportunista que ya anunció que pedirá a Washington el envío de un virrey embajador.

En una entrevista a la Deutsche Welle, Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, declaró que no reconoce la “candidatura ilegal de Morales” en aquel momento, afirmando en un tono mesiánico que está en él no dejar que Morales se quede en el poder.

Pero lo cierto es que Mesa, obedece las órdenes que vienen de Estados Unidos; carente de principios, es la veleta presta a girar hacia donde los vientos de la conveniencia soplen.

Más allá de una lectura de izquierda o de derecha, existen hechos concretos que demuestran la falta de cualidades éticas, la ausencia de honestidad intelectual, y una clara conducta de mercenario político en las acciones de Carlos Mesa.

Una declaración infeliz suya en diciembre 2017, es reveladora de su obediencia a EEUU, Mesa repite el libreto aplicado contra el gobierno de Venezuela, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela había logrado una victoria contundente en las elecciones municipales. Este resultado mostró la bancarrota de la oposición apoyada por Estados Unidos y fue señal de que Maduro ganaría en las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Esta situación hizo que la oposición venezolana decidiera boicotear esos comicios presidenciales, lo que sirvió para que más tarde se declare “ilegítima” una elección donde la oposición sabía que sería derrotada.

Declarando, que “no va a regalarle (a Morales) la elección como los venezolanos se la regalaron al chavismo”. Una declaración superficial que implicaría que todos los venezolanos conformaban la oposición a Maduro. Siguiendo el libreto preparado para el mestizo aspirante a presidente, sin presentar prueba alguna, éste afirma sin empacho que “el fraude se está consumando”.

Mesa sabe que va a perder las elecciones y busca ahora posicionarse para las maniobras que vendrán, siguiendo el ejemplo de Guaidó en Venezuela. Después del 20 de octubre, es muy probable que, tras una posible derrota, Mesa se autodeclare “presidente de Bolivia”.

La falla ética más grave, que lo descalifica como posible mandatario, es el haberse negado a apoyar las demandas de justicia de parte de los familiares de los más de 60 bolivianos asesinados en la ciudad de El Alto, hace 16 años, por órdenes del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Losada, que huyó a Estados Unidos tras su renuncia el 17 de octubre de 2003 y del cual Carlos Mesa era el vicepresidente.

Pese a los insistentes pedidos de parte de abogados bolivianos, de los familiares de las víctimas, de los abogados en Estados Unidos para que preste declaración ante la justicia de ese país para esclarecer responsabilidades sobre esas muertes; pese a que se le ofreció declarar desde Bolivia en apoyo a la causa de los caídos en defensa de los recursos naturales para los bolivianos, Mesa se negó a ello.

Fue el silencio cómplice de Carlos Mesa con los responsables de esos crímenes que se tradujo en la reversión de ese fallo, negando a las víctimas de esos crímenes, y a los bolivianos, el derecho a la justicia.

El lunes 28 de octubre 2019, en un mitin en la Zona Sur de La Paz, que reúne a barrios de clase media, Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana, declaró teatralmente “o voy preso o voy a la presidencia”, en ese instante quedó clara la visión de mundo de un candidato pequeño burgués que, con aires señoriales, se declara llamado por la historia a ser presidente del país, aunque los votos en las urnas digan lo contrario.

Carlos Mesa, educado por los jesuitas y que conoció a Luis Espinal, ha olvidado o no ha entendido el legado de lucha honesta, comprometida y solidaria que nos dejó ese sacerdote y periodista asesinado por los esbirros del general Luis García Meza en 1980.

Poco antes de su muerte, Espinal escribió un texto: “No queremos mártires”, que, leído hoy, explica la miseria intelectual, la mezquindad colonial y la falta de cualidades de Carlos Mesa como actor político. “El país no necesita mártires, sino constructores… El mártir es un personaje vistoso, demasiado emotivo; es el último refugio para los ‘héroes’ revolucionarios, sobre todo si proceden de la pequeña burguesía”, escribía Espinal con gran lucidez.

¿Cómo traiciona Carlos Mesa a Luis Espinal? Aquel principio cristiano, del ama a tu prójimo como a ti mismo, que el jesuita boliviano supo encarnar hasta el final de su vida, no ha sido comprendido por el católico Carlos Mesa. El candidato golpista y con aspiraciones de mártir se niega a reconocer la humanidad del indígena boliviano. Y lo hace negándose a reconocer ese voto indígena, que vale tanto como el de un mestizo de clase media de la zona sur de La Paz o del barrio Equipetrol en Santa Cruz.

En algún momento declaró que: “se siente orgulloso de la inclusión indígena” en las elecciones. ¿Cómo es posible que, en 2019, en un país mayoritariamente indígena, un sujeto nacional minoritario todavía hable de “incluir” a esta mayoría en un proceso democrático? Con esta expresión, el mestizo colonial les está diciendo a los pueblos originarios de Bolivia que él, en gesto de aparatosa magnanimidad, va a poner un cubierto más en la mesa de la democracia para hacerle un lugar a la servidumbre indígena.

Mesa historiador e intelectual del orden establecido, ha jugado un rol fundamental desde los años 80 cuando el neoliberalismo se aprestaba a tomar el gobierno y a desnacionalizar la economía y a derrotar a sangre y fuego al movimiento minero boliviano.

Hoy se presenta como candidato a la presidencia con un solo discurso “que no vuelva el MAS-IPSP”, que en el fondo significa que no vuelvan los indios ni los movimientos sociales con su democracia popular.

Pero el pueblo boliviano sabe que Mesa representa el fracaso de todos los esquemas de la derecha y, por lo tanto, la propuesta de Mesa no será exitosa en las actuales condiciones de crisis estructural; además que Mesa fallará porque es un ser inferior al reto que plantea en este momento la historia.

Hace años que los representantes del gobierno de Evo Morales no se ahorran las críticas con el mandato de Carlos Mesa, a quien no han dudado en calificar como el último presidente «neoliberal» en la historia de Bolivia.

 

*Imagen: Wikipedia.

Jeanine Añez: candidata a ser enjuiciada

Lic. José A. Amesty R.

El próximo 18 de octubre 2020, son las elecciones presidenciales en Bolivia. Luego de aquel fatídico día de noviembre de 2019, en que Jeanine Añez, la inepta autoproclamada, asumiera como presidenta, sin haber sido electa.

Y es que ella no eligió ser presidenta, la eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.

Así asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, Jeanine Añez, Senadora de Santa Cruz que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.

Su principal motivación para irrumpir en el poder radica en la cuantiosa riqueza del subsuelo boliviano (en reservas gasíferas y de litio) nacionalizada por el gobierno del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, su ubicación estratégica en el continente y su exitosa política económica antineoliberal, a contrapelo de los dictados del Fondo Monetario Internacional FMI.

Y recientemente, la autoproclamada Jeanine Áñez afirmó categóricamente que el “populismo autoritario”, como llaman a los líderes con arraigo popular como Evo Morales, no regresaría a Bolivia.

En estos momentos, su dictadura se resquebraja y es objeto del mayor repudio popular, y es que quienes le dictan a Añez lo que debe decir y hacer, y quienes la manipulan son: Jorge Quiroga, Carlos Mesa y todos los cuadros y operadores políticos de la derecha boliviana y el Departamento de Estado estadounidense. Jeanine Añez es la marioneta mortal de la restauración neoliberal en Bolivia.

De allí que su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.

Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, ésta ocasionaría una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza.

Mientras tanto, Bolivia ya ha superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019.

La corrupción que ha llegado a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política.

En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, algunos juraron dos veces como Branko Marinkovic, porque se cambiaron de cartera, en este tiempo, se descubrieron al menos, 24 casos de corrupción, destacándose, la compra irregular de respiradores, gases lacrimógenos, venta de cargos, cobros ilegales; de los 24 casos, 18 son investigados en el Ministerio Público, ninguno llegó aún a la etapa de juicio oral.

A propósito de Marinkovic, un dato no menos relevante del Gobierno de Añez, es que cuenta con tres ministros con raíces croatas, en áreas clave, entre ellos el ministro del Interior Murillo Prijic, la canciller Karen Longaric y el ministro de Economía y Finanzas Branco Marinkovic. Todos ellos fueron muy activos políticamente, aunque para llegar al Gobierno necesitaron de un error histórico, pues de otra manera no lo habrían logrado.

Branko Marinkovic, fue acusado de ser parte de los violentos acontecimientos en 2009, que además involucraron al ahora exministro Oscar Ortiz. El Gobierno de Evo Morales denunció un plan separatista, del cual tomaron parte células armadas lideradas por croatas y húngaros. El juicio recientemente fue archivado, casualmente, luego de la designación de Marinkovic como ministro.

Además, se ha indicado que los padres de Marinkovic habrían sido militantes de la Ustacha, organización aliada de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuyos militantes llegaron a Sudamérica con ayuda de la iglesia católica, que jugó un papel importante en las negociaciones con EEUU para que croatas ligados a Ustacha y nazis alemanes lleguen a Sudamérica con el compromiso de operar para la Agencia Central de Inteligencia (siglas en ingles CIA).

Para no hacer más larga la historia de la dupla Añez-Croatas, es interesante descubrir que el candidato a vicepresidente de Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, dijo que de ser gobierno les gustaría tener como ministros a personas como Branko Marinkovic, a quien dijo respetar pues sabe de su compromiso con el país y con Santa Cruz. Esto muestra que, en términos de programa político, nada diferenciaría a un posible Gobierno de Mesa del de Jeanine Añez.

Lo único esperanzador es que en pocos días habrá elecciones y se abrirá la posibilidad de que el pueblo boliviano elija una opción que le dé mejores condiciones de vida, en vez de empobrecerles deliberadamente.

Las siete candidaturas del bloque de Añez, sus características son: una derecha conservadora, con matices que van desde el extremismo religioso evangélico, pasando por un autoritarismo violento y racista, hasta el moderado neoliberal y aristocrático, todos alineados a la geopolítica de EE.UU.

Ahora bien, es importante mencionar que el bloque político opositor al Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, después del golpe nunca tuvo la voluntad política de generar un proceso electoral libre transparente y democrático, para disputarse en este ámbito el poder del Estado. Es más, la estrategia post golpe fue prorrogar al gobierno de la estólida Jeanine Añez, postergar las elecciones y aniquilar al MAS-IPSP por todas las vías posibles; una de estas vías es la de eliminarlo como contendiente en el juego electoral.

Ha intentado, inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”.

Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.

Y sigue latente, como el año pasado, el fantasma del fraude electoral, la intervención de Washington, y la reedición de un golpe de Estado, entre otros.

Recientemente, la autoproclamada Jeanine Áñez afirmó categóricamente que el “populismo autoritario”, como llaman a los líderes con arraigo popular como Evo Morales, no regresaría a Bolivia. Es cierto que su dictadura se resquebraja y es objeto del mayor repudio popular, pero el dicho sugiere planes golpistas de la oligarquía.

Ante esto, es necesario Denunciar Actos contra el Pueblo Boliviano, por parte de la derecha opositora, sobre todo de Añez-Camacho, como:

  1. Jeanine Añez, renuncio recientemente como candidata a las elecciones venideras, (y no es solo para no dispersar el voto de la derecha boliviana), ella declaró entonces: “Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia” que en lenguaje llano sería (dejo esta candidatura porque Washington me lo ordenó), sino para para esquivar los cargos en su contra, por las masacres de Sacaba y Senkata. Se conocen como masacres de Senkata y Sacaba a los hechos sucedidos en dichas localidades bolivianas, durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política y social de 2019.

El 15 de noviembre, al menos 11 civiles fueron muertos y otros 120 resultaron heridos en Sacaba. El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, otros 11 civiles fueron muertos y 78 heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares.

A su vez, por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con Documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.

Añez, no quiere que la responsabilicen por estos hechos, y teme ser enjuiciada por el gobierno que asuma tras las elecciones.

Tampoco quiere ser responsabilizada por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.

Ella puede estar preparando una salida abrupta y rápida del país, para no verse sometida a un juicio por violación de DDHH.

Los países latinoamericanos no deben recibirla como invitada, por su malísimo papel en el gobierno de transición y los macabros e ineficientes cambios estructurales, que afectaron a todos los bolivianos y bolivianas.

  1. Manipulo y utilizó la religiosidad boliviana, al invocar el nombre de Dios, y maniobrar dentro del fundamentalismo de las Iglesias, católicas y evangélicas, para incentivar y profundizar el racismo en la Nación boliviana.

Cometió nepotismo: trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.

Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.

Aprobó la privatización de múltiples empresas públicas del Estado boliviano.

Recientemente, se ha develado una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realicen las próximas elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. El objetivo central será evitar a como dé lugar el regreso de las fuerzas populares al gobierno.

La última perla de Añez, es que los militares que capturaron al Che Guevara fueron homenajeados en Bolivia, la ceremonia fue liderada por la golpista, Jeanine Áñez, que como “jefa de Estado” es capitán general de las Fuerzas Armadas del país altiplánico.

Los Beneméritos de Ñancahuazú, como se los conoce en Bolivia, fueron homenajeados este viernes como héroes del grupo militar que hace 53 años capturó en este país al revolucionario Ernesto “Che” Guevara. Un grupo de 47 militares recibió en la ciudad boliviana de Santa Cruz este homenaje por haber atrapado en 1967 al “Che”, que fue fusilado el 9 de octubre de aquel año.

Jeanine Áñez recordó en su discurso a quienes “cayeron víctimas del terror guerrillero que trajo a Bolivia el ‘Che’ Guevara”, quien había llegado al país en 1966 y organizó una guerrilla en la región de Santa Cruz. La mandataria transitoria calificó de “asesinatos cobardes” las muertes en la zona cruceña de Ñancahuazú por la guerrilla del revolucionario argentino-cubano, a quien definió como un “invasor” con “miseria moral”.

La captura y muerte del Che fue para Jeanine Áñez una lección de Bolivia al mundo en contra de “la dictadura comunista”, pues “ninguna dictadura pasará ni echará raíces en esta nación”, ni tampoco “fascista ni populista”.

Estas son solo algunas acusaciones contra Jeanine Añez, las cuales deben ser denunciadas para someterla a juicio y ser privada de libertad.

Y al pueblo boliviano le quedan pocos días para decidir su futuro político, ahí en las urnas, donde suele dilucidarse las confrontaciones políticas en las democracias representativas. Un pueblo boliviano que mayoritariamente se da cuenta de las fuerzas que amenazan a su estado plurinacional.

Por ello, en este tipo de democracia la receta, para la futura recuperación de Bolivia, es bastante simple: levántese temprano, acuda a los centros de votación y emita su voto. por el único candidato, que en el abanico de postulantes ha presentado un programa coherente, que tiene experiencia comprobada en buen manejo estatal y exhibe cifras económicas positivas bajo su gestión como Ministro de Economía, que garantizan posibilidades que Bolivia vuelva a transitar por el camino de un desarrollo sustentable.

Y a la oposición boliviana, los que les queda es seguir impulsando una situación de violencia, y preparando condiciones para frenar el ascenso nacional-popular orientado a recuperar y profundizar el proceso de liberación nacional.

 

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