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Etiqueta: electricidad

Convocan a movilización contra proyecto 23.414 y alertan sobre privatización del sistema eléctrico

Diversas organizaciones agrupadas en el Movimiento por el Derecho a la Electricidad y la Liga Cívica Nacional convocaron a la ciudadanía a participar en acciones de presión y movilización frente a la Asamblea Legislativa para exigir el rechazo del expediente 23.414, iniciativa que consideran una amenaza para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las tarifas eléctricas y el modelo solidario del sistema energético nacional.

Las actividades anunciadas incluyen presencia en barras legislativas los días 25 y 26 de mayo a las 3:00 p.m., así como una vigilia el 26 de mayo a las 6:00 p.m. en las afueras de la Asamblea Legislativa.

La convocatoria se realiza bajo la consigna:

“No al expediente 23.414. ¡Ayer, hoy y siempre, el ICE se defiende!”

En los materiales divulgados por las organizaciones se sostiene que el proyecto abriría el camino a un proceso de privatización eléctrica mediante un mercado de subastas que beneficiaría a grandes generadores privados y empresas transnacionales.

El Movimiento por el Derecho a la Electricidad recordó que en mayo de 2024 el país estuvo “a punto de quedar a oscuras” debido a decisiones políticas relacionadas con el sistema eléctrico nacional. A partir de ese antecedente, advirtió que el expediente 23.414 debilitaría al ICE y aumentaría las tarifas eléctricas para la población.

Según el pronunciamiento, la propuesta permitiría que generadores privados y empresas transnacionales tomen decisiones estratégicas sobre el sistema eléctrico mediante un modelo de mercado diseñado “a su medida”.

Las organizaciones cuestionan especialmente la creación de una nueva entidad denominada ECOSEN, en cuya estructura podrían participar representantes de empresas privadas de generación eléctrica. A juicio del movimiento, esto generaría conflictos de interés y una situación de “juez y parte” en la regulación del sistema eléctrico nacional.

El pronunciamiento también afirma que actualmente los ingresos obtenidos por el ICE mediante exportación de electricidad hacia Centroamérica ayudan a reducir las tarifas eléctricas nacionales, mientras que con el nuevo modelo esos beneficios serían trasladados a empresas privadas.

“Eso es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”, sostiene el documento del movimiento.

Por su parte, el dirigente César López Dávila, vocero de la Liga Cívica Nacional, criticó tanto al gobierno como a sectores políticos que —según indicó— mantienen respaldo a una agenda neoliberal en materia energética.

En particular, López Dávila interpeló al diputado Álvaro Ramírez Bogantes, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, señalando que organizaciones del movimiento enviaron consultas formales a su despacho sin haber recibido respuesta.

El dirigente calificó el proyecto como “un adefesio” y “un mamotreto” que podría causar “estragos en el sistema eléctrico nacional”.

Durante los últimos días, distintos sectores sociales y políticos han incrementado las críticas contra el expediente 23.414. Entre ellas destacan las advertencias formuladas por la exdiputada Sofía Guillén, quien señaló que el proyecto podría provocar aumentos tarifarios, debilitamiento institucional del ICE y mayor concentración del negocio eléctrico en manos privadas.

Las organizaciones invitaron además a la ciudadanía a observar y compartir dos videos: el de la conferencia de prensa relacionada con el tema, así como el que presenta una explicación sintética de la lucha por la defensa de la electricidad.

Sofía Guillén alerta sobre proyecto eléctrico y denuncia intento de privatización que elevaría tarifas y debilitaría al ICE

La exdiputada del Frente Amplio Sofía Guillén lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para movilizarse contra el proyecto de ley expediente 23.414, impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves, el cual —según denunció— abriría el camino a la privatización del mercado eléctrico, aumentos en las tarifas y debilitamiento estructural del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En un audio difundido públicamente, Guillén afirmó que el proyecto podría ser votado en primer debate de forma inminente debido a que las mociones presentadas por la anterior fracción legislativa del Frente Amplio ya no pueden ser reiteradas. Según explicó, esto permitiría acelerar el trámite sin nuevos mecanismos de contención parlamentaria.

La exdiputada sostuvo que la iniciativa “desarma y destruye el modelo solidario eléctrico del ICE”, al sustituir el sistema de planificación estatal por un esquema de mercado de subastas eléctricas.

Guillén advirtió que este tipo de mercados ya ha generado aumentos tarifarios en países como España y Colombia, debido a que pocos grupos empresariales concentran la generación privada y terminan coordinando precios artificialmente elevados.

“Así funcionan los mercados de subasta de electricidad en la práctica, en nuestros países repletos de imperfecciones y de corrupción”, afirmó la exlegisladora, quien aseguró que el resultado sería un incremento en los recibos de electricidad para la población costarricense.

Otro de los principales cuestionamientos planteados por Guillén se refiere al traslado de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), considerada el “cerebro eléctrico” del ICE, hacia una nueva entidad denominada ECOSEN. Según explicó, en esa nueva institución participarían representantes de generadores privados de electricidad dentro de la junta directiva.

La exdiputada afirmó que este cambio pondría en riesgo la capacidad operativa del sistema eléctrico nacional y podría provocar apagones y deterioro en la calidad del servicio. También sostuvo que la reforma responde al interés de “los mismos de siempre”, en referencia a grupos económicos vinculados a la generación privada.

Los planteamientos de Guillén coinciden con el pronunciamiento divulgado por el Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad, el cual sostiene que el proyecto “despedaza el ICE y los ríos” y beneficiaría a grandes grupos empresariales ligados a la generación privada.

El documento denuncia que el expediente 23.414 crea una nueva institucionalidad eléctrica que debilitaría la rectoría del ICE sobre el sistema nacional y trasladaría funciones estratégicas hacia un esquema con participación de actores privados.

Además, el movimiento advierte que la iniciativa habilitaría mayores posibilidades de exportación eléctrica privada, incentivando nuevos proyectos hidroeléctricos “a filo de agua” en ríos del país y generando impactos sobre comunidades y ecosistemas.

Según el pronunciamiento, una empresa transnacional dedicada a generación privada ya habría manifestado interés en instalarse en Costa Rica para exportar electricidad.

La organización sostiene también que cuando el ICE exporta electricidad, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aplica rebajos en las tarifas eléctricas nacionales, mientras que una reducción del papel exportador del ICE podría eliminar esos beneficios para las personas usuarias.

En su mensaje, Sofía Guillén llamó a la ciudadanía a organizarse, divulgar información, asistir a barras legislativas y participar en vigilias frente a la Asamblea Legislativa para intentar frenar la aprobación del proyecto.

“Lo poco que nos queda del Estado Social de Derecho, ¿cómo vamos a dejar que nos lo quiten?”, expresó la exdiputada al cierre de su intervención.

El Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad compartió además una conferencia de prensa pública sobre el tema y reiteró el llamado a impedir la aprobación del proyecto legislativo.

Convocatoria a reunión en contra del proyecto de armonización y en defensa del ICE

La diputada de la República Sofía Guillén Pérez propone a compañeros y compañeras de los diferentes sectores sociales del país una reunión de trabajo presencial el próximo martes 5 de agosto a las 4:30 pm en la Asamblea Legislativa para defender la electricidad de la Patria.

El PUSC, el oficialismo y el PLP anunciaron su intención de darle vía rápida al proyecto de armonización, es decir, privatización del mercado eléctrico. Al ver frenado el plenario con las jornadas de 12 horas, están decidiendo cambiar de estrategia y parece que su siguiente objetivo será el ICE. Esto implica que urge reactivar la lucha y definir la ruta a seguir.

Privatización energética: un negocio familiar, no un beneficio nacional

Martin Rodríguez Espinoza

La reciente presión de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) para acelerar la apertura del mercado eléctrico en el país es una muestra clara de cómo el sector empresarial busca anteponer sus propios intereses económicos sobre el bienestar nacional.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es la institución pública, que pertenece a todos los costarricenses, que históricamente ha garantizado el acceso a la electricidad para la mayoría de los costarricenses, está en la mira de quienes ven en la privatización una oportunidad de negocio para un pequeño grupo familiar, sin considerar las consecuencias a largo plazo para el país.

Desde su creación, el ICE ha sido un pilar del desarrollo nacional, asegurando que la electricidad llegue a todos los rincones de Costa Rica con tarifas reguladas y un enfoque social. Sin embargo, la presión del sector privado, muchos de ellos ampliamente favorecidos con obscenas exoneraciones fiscales, muchos, además, evasores y elusores al fisco, con el argumento de una supuesta ineficiencia y altos costos, pretende privatizar el mercado energético, lo que en realidad podría derivar en una segmentación del servicio, afectando a los más vulnerables y beneficiando únicamente a grandes corporaciones.

Cacia, en su comunicado, cataloga la suspensión de la discusión legislativa sobre la apertura eléctrica como “inexplicable y generadora de incertidumbre empresarial”, pero lo que realmente está en juego no es la incertidumbre del empresariado, sino el futuro del modelo eléctrico costarricense.

La experiencia internacional ha demostrado que la privatización de sectores estratégicos como la electricidad suele derivar en aumentos de tarifas, menor inversión en infraestructura pública y una priorización de la rentabilidad sobre la cobertura universal del servicio.

El argumento de que los costos de producción se han elevado debido a las tarifas eléctricas es una narrativa que ignora la estabilidad que el ICE ha brindado en el suministro energético durante décadas. Si bien existen retos que enfrentar, privatizar el servicio eléctrico, sin una visión clara de sus implicaciones puede resultar en un modelo donde el acceso a la electricidad quede sujeto a la lógica del mercado y no a la necesidad del pueblo.

La insistencia del sector privado en la liberalización del mercado eléctrico no es altruista ni busca el desarrollo del país; es un movimiento estratégico para garantizar su propia rentabilidad a costa del patrimonio nacional. El llamado debe ser a fortalecer el ICE, mejorar su eficiencia y asegurar que continúe operando con un enfoque de servicio público, y no ceder ante presiones empresariales que solo buscan ganancias sin considerar el impacto social.

El futuro energético de Costa Rica debe construirse con un enfoque que garantice el acceso equitativo a todos los ciudadanos, y no bajo un esquema que privilegie a unos pocos a costa de la mayoría.

29 de marzo de 2025

FECON: Paran “Armonización” de electricidad por miedo electoral

  • Nada garantiza que no impulsarán nuevos proyectos contra el ICE.

La decisión de parar la discusión del proyecto de Ley de “Armonización”, 23.414, no elimina los riesgos de la privatización de la electricidad pública de Costa Rica.

Nuestra prioridad es seguir trabajando para repensar el ICE y el modelo de electricidad empezando por y el carácter de lo público, el respeto y la protección de los derechos de los ecosistemas y de las comunidades y definir qué haremos con el negocio privado de la electricidad. Otro tema que es extremadamente prioritario es la discusión sobre cuál es la transición energética que nuestro país y en general las sociedades necesitamos: ¿una orientada por los negocios, amparada en la falacia de “verde” y “sostenible” como discurso, o una verdaderamente adecuada a las energías como un derecho fundamental de todas las personas?

Un modelo de electricidad incluyente obliga a incluir las organizaciones sociales y las comunidades en el debate, pero también sumar elementos hasta ahora descuidados u olvidados como los derechos jurídicos de los ríos y los ecosistemas.

Sabemos y es evidente que esta tregua electoral es totalmente insuficiente y que vendrán uno o muchos más proyectos en la misma dirección nefasta de desaparecer el modelo eléctrico público que tenemos. Ahora «paran» por cálculo electoral, pero nuestra pregunta es si el PLN, como dice, quiere un diálogo con otros actores sociales o si, como ha sido por décadas, pactará con ACOPE y las Cámaras empresariales otro texto que por el fondo avance en la privatización en favor de los negocios que benefician directamente las empresas de sus integrantes.

Las organizaciones ecologistas y sindicales que desde hace años insistimos y empezamos a reunirnos en distintas comunidades del país y en la Asamblea Legislativa con la diputada Sofía Guillén y otras del FA, reconocemos que este momento de triunfo parcial y temporal en la defensa del ICE más bien nos compromete y obliga a mantenernos alertas permanentemente en defensa del modelo eléctrico público justo y solidario que la sociedad costarricense requiere y que ha sido deteriorado con todas las acciones de privatización a medias que ya sufre la electricidad en Costa Rica.

Convocan a movimientos sociales por lucha contra proyecto eléctrico – 27 de marzo a las 7:30 am

Diversas organizaciones sociales y ambientales convocan a las barras del público de la Asamblea Legislativa para estar presentes en un momento crucial para el Proyecto 23.414 «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional».

La Comisión de Energía decidirá la continuidad o suspensión de la discusión del mencionado proyecto, por lo que se invita a los movimientos sociales a participar.

El encuentro está programado para el jueves 27 de marzo a las 7:30 de la mañana en las barras de la Asamblea Legislativa.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran Fecon, Ríos Vivos, Proal, Comunidades ECOlogistas La Ceiba, Acotel, Bloque Verde y Bloque Azul, FEUCR, y Talamanca Siempre Verde.

La “tregua” no alcanza: proyecto de ley que destruirá al ICE debe desecharse

  • El PLN debe ser coherente con su aporte en la creación del ICE y archivar el proyecto de ley 23.414.

  • La electricidad pública de Costa Rica seguirá en peligro mientras esté en la corriente legislativa el proyecto de Ley de “Armonización”.

El expediente legislativo 23.414, que pretende profundizar la privatización de la electricidad pública del país sigue su curso en la Asamblea Legislativa, gracias a un texto sustitutivo del PLN. Ese texto fue aplaudido y acogido por el oficialismo chavista y el PUSC, y mantiene todos los peores objetivos de las versiones originales como desmantelar el sistema de planificación ordenada y centralizada, crear un mercado de subastas para someter la generación a la competencia y permitir la exportación de electricidad privada usando todas las redes del ICE.

De aprobarse, ese proyecto pondrá en riesgo todos los ecosistemas, empezando por los ríos para construir muchas más represas hidroeléctricas privadas y destruirá el modelo eléctrico público con sentido solidario para atender zonas remotas y a precio justo. En resumen, es sustituir un modelo universal por otro que garantizará los negocios privados a costa del servicio social de la electricidad. Con ese nefasto objetivo es que, en vísperas de la convención electoral verdiblanca la bancada del PLN y el chavismo se dan la mano.

Según el presidente del PLN “Cualquier proyecto de ley que genere conflictos entre sectores sociales y productivos puede afectar la credibilidad de nuestro partido en un momento tan sensible como este”. Para FECON ese cálculo político revela que el PLN olvidó su aporte en la creación del ICE, y niega que al menos dos expresidentes han disfrutado de negocios con la electricidad privada.

Si el PLN pretende tener alguna credibilidad lo que debe hacer es ayudarnos a eliminar el proyecto que pactó con Rodrigo Chaves para destrozar el ICE. Al PLN y a su presidente, señor Ricardo Sancho, les decimos que el país no necesita ninguna “tregua” ni negociar otro texto privatizador, si no el archivo definitivo del expediente 23.414. Les exigimos que dejen en paz al ICE y al servicio público de electricidad y de paso que recuperen algo de su memoria histórica

Para nuestras organizaciones y comunidades es urgente reforzar la organización, movilización e incidencia política ante el proyecto 23.414 que de aprobarse destruirá al ICE. En esa dirección hemos organizado el encuentro de organizaciones sociales y ecologistas¿”ARMONIZAR” O DESMANTELAR EL MODELO ELÉCTRICO PÚBLICO DE COSTA RICA?, que se realizará el próximo 5 de abril de 2025.

FECON, Federación Ecologista de Costa Rica.

Llamado desde la Liga Cívica Nacional:

1) Alertamos a la ciudadanía de las afectaciones del proyecto de «armonización» al exitoso modelo eléctrico costarricense.

2) Expresamos nuestra preocupación que incluyan el expediente 23.414 con una vía rápida como parte de las componendas para elegir el próximo directorio legislativo.

3) Llamamos al movimiento social a tomar postura y organizarse.

Por favor comparta este video y espere nuestro siguiente comunicado . . . seguiremos informando.

Liga Cívica Nacional.

Las incongruencias del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Gerardo Fumero Paniagua

PRIMERA PARTE: Se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley No. 23.414, irónicamente llamado de Armonización, cuando debiera de llamarse de Destrucción del ICE. Por supuesto que para nada se expresa tal intención, no serían tan ingenuos sus autores para decirlo, pero si lo suficientemente perversos para establecerlo en un proyecto. Veamos solo algunos detalles, de los muchos que el proyecto tiene y que insisto, terminarían destruyendo -literalmente- al ICE.

En el Artículo 11 se establece: “La planificación de la expansión del SEM (Sistema Eléctrico Nacional) seguirá los siguientes pasos; 1. Será responsabilidad del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), elaborar el Plan de Expansión de la Generación. Este plan será desarrollado en consulta con los agentes del sector e interesados.” Nótese que de un plumazo le cercenan al ICE lo que mejor ha hecho desde su fundación, la planificación del Sistema Eléctrico Nacional.

En el Artículo 19, se establece “Serán funciones del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN): 1. Operar el Sistema Eléctrico Nacional al mínimo costo, cumpliendo los requerimientos de calidad, seguridad y desempeño.” Nótese que de otro plumazo le cercenan al ICE el Centro de Control de Energía, el cerebro del sistema eléctrico nacional y en el cual el ICE ha invertido millones de dólares.

En el Artículo 20, Fuentes de Financiamiento del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), se estableceEl Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) tendrá exclusivamente financiamiento del canon de energía que esta ley establece para los agentes de los mercados eléctricos.” Nótese que este canon se refiere al costo que pagarían los agentes de energía eléctrica que el proyecto crea (definidas como personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, agregación y grandes consumidores de electricidad), como derecho de paso para trasegar la energía por las redes eléctricas del ICE, principalmente.

En el Artículo 24, Canon de energía eléctrica, se estableceLos agentes del mercado eléctrico nacional integrantes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) están obligados al pago del canon de energía eléctrica el cual será recaudado por el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Dicho canon se destinará a financiar el presupuesto aprobado para el ECOSEN. El canon será pagado por todos los agentes nacionales, según las transacciones de energía ejecutadas en el Mercado Eléctrico Nacional.” Nótese la ironía y el descaro, que no pueden ser mayores, se le quita la planificación nacional al ICE, se le cercena el Centro de Control de Energía al ICE, se le obliga a disponer sus redes eléctricas para el servicio de los agentes del mercado eléctrico, y como si fuera poco, se establece un Canon sobre esas redes del ICE, para financiar el Ecosen. ¡Así hasta yo!, como alguien dijo alguna vez (Semanario Universidad, 02/10/2024).

SEGUNDA PARTE: Analicemos hoy otro de los aspectos del proyecto de ley No. 23414, que destruiría nuestro Sistema Eléctrico Nacional actual, antes que Armonizarlo, proyecto al que hicimos referencia en un artículo anterior, por este mismo medio, el 2/10/2024.

En el Artículo 3, Inciso b) se define el Agregador de recursos en la demanda: “Es la persona física o jurídica legalmente autorizado por la ARESEP como un agente económico independiente. Es una entidad o empresa que actúa como intermediario entre los consumidores y el mercado nacional.”

En el Artículo 3, Inciso m) se define el “Gran consumidor de energía eléctrica: persona física o jurídica que cumple con … que le permita ser agente del mercado mayorista.”

En el Artículo 31 se crean los Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN).Son Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) las personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, agregación, transmisión, distribución, y comercialización, así como los grandes consumidores indistintamente de su naturaleza pública, privada o mixta, … los propietarios u operadores de recursos energéticos distribuidos con capacidad instalada mayor a un mega vatio…”.

En el Artículo 37 se autoriza a los Agentes a “poner a disposición la oferta o demanda de energía y sus excedentes en el Mercado Eléctrico Nacional, igualmente podrán ofertar la energía para ser negociada, comercializada y transada en el Mercado Eléctrico Regional.”

Y en el Artículo 38Se habilitan como agentes del Mercado Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Regional a las empresas privadas de generación de electricidad que han contado con una concesión de generación de electricidad bajo los términos de la Ley No. 7200 y sus reformas en sus actividades de generación.”

De aprobarse este proyecto, convertiría el mercado eléctrico nacional en un mercado persa. Cualquiera que genere más de un MW de potencia o bien sea un gran consumidor (73 son hoy), podría hacer de todo en el marcado eléctrico nacional: generar, distribuir, comercializar, importar y exportar energía.

Si consideramos la creación del Centro de Control de Energía, ECOSEN, a expensas del ICE -como ya vimos en el artículo anterior-, y se habilita la cantidad de agentes de mercado que podrían comerciar con la energía, (según los artículos arriba transcritos), que alguien me explique: ¿cómo si creamos más burocracia estatal y un centenar de nuevos intermediarios, podrían bajar los precios?

Lo que sí es clarísimo es que esos 73 grandes clientes y todos los generadores, tendrían la libertad de negociar los mejores precios, en el mercado nacional y centroamericano, no así todos los demás. Cuando el ICE, la CNFL, las empresas Municipales y las Cooperativas actuales, pierdan esos grandes clientes, deberán de soportar el mismo nivel de gasto y endeudamiento que ya tienen, y por pura regla de tres, quebrarían como empresas o se verían obligados a subir las tarifas al resto, 1.9 millones de medianos y pequeños clientes, que no tendrían el derecho ni el músculo empresarial para hacer lo que los grandes.

Es la eterna historia del burro amarrado contra el tigre suelto. Sería otro duro golpe al sistema solidario de que tanto nos preciamos, amparado en principios constitucionales, consagrados en los artículos 50 y 74 de nuestra Constitución Política,1 los cuales pasarían a ser un saludo a la bandera -en este campo-, principios ya de por si debilitados por la Ley 72002, pero que ahora terminarían de vaciarse de contenido. Todo gracias a algunos “padres de la patria”, que más bien se comportan como “destructores de la patria” (Semanario Universidad, 23/10/2024).

TERCERA PARTE: En esta tercera parte del análisis, desearía valorar la normativa que conforma nuestro marco legal, y la nueva, de ser aprobado el proyecto de ley No. 23414. Tal y como hemos visto, ésta provocaría enormes pérdidas al ICE (Primera publicación) y aumentos en las tarifas de los pequeños y medianos usuarios, mientras las disminuiría para los grandes (Segunda publicación).

El Dictamen AL-DEST- IJU- 332 – 2022, del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre este proyecto de ley, refiriéndose al marco legal actual, informa de: “… la existencia de 31 leyes relacionadas con el marco regulatorio o general, razón por la cual el modelo regulatorio se puede calificar como disperso…”. A ese marco legal, este proyecto agregaría una ley más, la que transformaría por completo nuestro modelo de desarrollo eléctrico y crearía más burocracia -el ECOSEN-, según el Artículo 17 y más intermediarios –los Agentes de Mercado-, según el Artículo 37.

De modo que, si el marco legal era ya disperso y complejo, se volvería aún más confuso con una nueva ley, que provocaría profundos cambios, potenciaría posibles traslapes legales y crearía nuevas fronteras de responsabilidad al establecer una nueva institución, lo que lejos de contribuir a la seguridad jurídica, agregaría más caos y confusión.

De modo que este proyecto en nada hace honor a su nombre (Armonización del Sistema Eléctrico Nacional), todo lo contrario, mantendría un marco legal aprobado en el transcurso de más de 80 años, pues alguna de las leyes data de 1941. Cierto es que un marco tan complejo ameritaría una verdadera modernización y armonización, pero este proyecto más bien lo complica y enreda aún más.

Me cuestiono ¿cuál sería el objetivo de los ingenieros que diseñaron esta nueva arquitectura para nuestro sistema eléctrico?, (con un mercado de subastas, docenas de agentes de mercado, creación de más burocracia, libertad y abaratamiento de los costos para los grandes clientes y encarecimiento de los precios para todos los demás), si la ingeniería construye para mejorar y buscar mayor eficiencia. ¿O será que se copió algún modelo de un país hermano? Copiar es siempre más fácil, el único cuidado es copiar solo lo bueno, aunque también es cierto que dependiendo de a quién se quiera favorecer con el cambio, se pueden copiar otras cosas.

Me cuestiono ¿en qué pensarían los abogados que dispusieron crear más legislación y burocracia?, y que, en contraste, agregaron una mayor injerencia política en la operación y administración del sistema eléctrico, en contradicción con la técnica que una materia tan especializada amerita. Cuando más bien están llamados a simplificar, transparentar y ordenar el Estado y a garantizar la primacía de la técnica en procesos altamente complejos. ¿O será que se dejaron llevar por el mismo interés detrás del diseño ingenieril?

Me cuestiono ¿qué motivará a los diputados que apoyan este proyecto, que terminaría de debilitar al ICE, encarecería los precios de las tarifas eléctricas a 1.9 millones de costarricenses y en cambio los abarataría para no más de un centenar de grandes consumidores?

Desearía poder entender finalmente ¿cómo este proyecto pretende “impulsar la modernización del Sistema Eléctrico Nacional, buscar la eficiencia del sistema y su sostenibilidad, garantizar confiabilidad, calidad y el menor costo posible para los consumidores finales de energía y promover el aprovechamiento de las nuevas tecnologías”? retóricos objetivos que se establecen en su Artículo 1.

Si, por el contrario, parece que lograría todo lo opuesto, según lo que hemos analizado en estos tres breves artículos. De lo que sí no tengo duda es de que auguraría el principio del fin del ICE (lo que persiguen desde el Combo Eléctrico) y garantizaría el encarecimiento de los precios para casi la totalidad de los usuarios, en beneficio de unos pocos, acelerando la desigualdad y la inequidad en el país y contraviniendo importantes principios constitucionales (Semanario Universidad, 22/01/2025).

1 Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Artículo 74: “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.

2 La Ley 7200 ha garantizado sobre precios para los generadores privados durante 24 años, por ejemplo, “La CGR estimó que las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados a mayo de 2019 eran de $23,8 millones solo entre 2017 y 2019.” Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/ice-ha-pagado-casi-%C2%A21-9-billones-a-generadores-privados-por-compras-de-electricidad/#:~:text=Entre%201989%20y%202021%20el,a%20estas%20empresas%20y%20cooperativas.

El “proyecto jaguar” de la electricidad

Luis Paulino Vargas Solís

El proyecto de ley número 23.414, llamado de “Armonización del Sistema Eléctrico”, es, en realidad, un “proyecto jaguar” de la electricidad: tan chapucero como lo eran los “proyectos jaguar” del presidente Chaves y, por lo demás, un adefesio y un mamarracho similares.

Voy a sintetizarlo en 10 puntos:

1. Al modo de premisa de base, una precisión importante: el servicio de electricidad es de grandísima importancia estratégica: para el eficaz funcionamiento de la economía, para la promoción de formas equilibradas de desarrollo y desde el punto de vista de la calidad de vida de la población. Por lo tanto, es deseable y necesario que este sector se regule con base en políticas de Estado, o sea, políticas que den lugar a una planificación integral y de largo plazo, libre de influencias politiqueras cortoplacistas y sin intrusión de intereses privados localizados.

2. Puede que el sistema actualmente vigente no cumpla a plenitud con esas condiciones. Necesitamos mejorarlo, sobre todo para blindarlo de cualquier influencia politiquera cortoplacista, pero de ninguna manera se debe desmantelar, como se pretende en este proyecto.

3. Este proyecto tiene tres defectos fatales: subordina el desarrollo del sistema eléctrico a los antojos y ocurrencias del gobierno de turno; lo hace vulnerable a los intereses de las empresas privadas que participen en este negocio; y lo subordina a criterios de mercado, o sea, a criterios cortoplacistas de rentabilidad privada.

4. Los mecanismos de planificación que se incorporan son débiles, laxos e imprecisos. Se habla de “planificación indicativa” y a la hora de explicar qué se entiende por tal cosa, se recurre a la siguiente estratagema: a) explícitamente se indica lo que no es (artículo 13), definido de acuerdo con las mejores conveniencias privadas; b) pero cuando se trata de definir lo que sí es, se recurre a abstracciones vaporosas e inaprensibles, haciendo imposible saber de qué va realmente la cuestión.

5. Aparte la vaguedad, esa “planificación indicativa” viene a ser un gatito (que jamás un jaguar) destentado: nada obliga a los actores participantes en el mercado eléctrico a acatar lo que se “indique”, con lo que, al cabo, el asunto viene siendo “un saludo a la bandera”, una bocanada de humo en el viento. Las cosas quedan libradas a la voluntad, anónima y caótica, del mercado.

6. Una vez que se separa el grano de la paja, lo que tenemos es un sistema regido por criterios cortoplacistas de rentabilidad. Eventualmente esto provocaría un desarrollo desordenado proclive a la creación de sobrecapacidad instalada, que tendría indeseables consecuencias ambientales, y cuya salida presuntamente estaría en la venta a otros países centroamericanos…siempre que estos lo necesiten y quieran comprarlo (algo que nadie, a priori, puede garantizar).

7. No puede entonces descartarse que terminemos subsidiando a las empresas cuya producción, por excedentaria, carece de demanda. Pero es que, además, el sistema tarifario quedaría estructurado desde la determinación del costo marginal, en función, por lo tanto, del productor menos eficiente, generando o bien ganancias extraordinarias para quienes sean más eficientes o bien tarifas excesivas para las personas usuarias, o quizá ambas cosas. Porque si no se hace de esa forma, seguramente algunas inversiones resultarían redundantes y las empresas quebrarían.

8. Pero es que, además, la ley contempla, de forma explícita o solapada, diversos mecanismos de subsidio, que, de una u otra forma, impactarían sobre las finanzas públicas o sobre las tarifas que pagan las personas usuarias. Artículo 48: la capacidad contratada deberá pagarse, sea que se utilice o no.

9. Absolutamente nada en el proyecto garantiza universalidad del servicio ni equidad en el acceso y disponibilidad. De hecho, se desmantela el sistema de subsidios cruzados que, en su propio funcionamiento, incorpora estructuralmente el ICE, gracias a lo cual el servicio adquiere universalidad y llega a grupos sociales carenciados y a regiones alejadas, poco habitadas y empobrecidas. La preeminencia del criterio de rentabilidad privada hace imposible dar cumplimiento a este objetivo.

10. En correspondencia con lo anterior, las personas usuarias no tienen ninguna incidencia ni representación, como tampoco lo tienen entidades u organizaciones que aporten criterios técnicos y científicos independientes.

Sería una gravísima irresponsabilidad que esto se apruebe.