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Etiqueta: electricidad

Privatización energética: un negocio familiar, no un beneficio nacional

Martin Rodríguez Espinoza

La reciente presión de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) para acelerar la apertura del mercado eléctrico en el país es una muestra clara de cómo el sector empresarial busca anteponer sus propios intereses económicos sobre el bienestar nacional.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es la institución pública, que pertenece a todos los costarricenses, que históricamente ha garantizado el acceso a la electricidad para la mayoría de los costarricenses, está en la mira de quienes ven en la privatización una oportunidad de negocio para un pequeño grupo familiar, sin considerar las consecuencias a largo plazo para el país.

Desde su creación, el ICE ha sido un pilar del desarrollo nacional, asegurando que la electricidad llegue a todos los rincones de Costa Rica con tarifas reguladas y un enfoque social. Sin embargo, la presión del sector privado, muchos de ellos ampliamente favorecidos con obscenas exoneraciones fiscales, muchos, además, evasores y elusores al fisco, con el argumento de una supuesta ineficiencia y altos costos, pretende privatizar el mercado energético, lo que en realidad podría derivar en una segmentación del servicio, afectando a los más vulnerables y beneficiando únicamente a grandes corporaciones.

Cacia, en su comunicado, cataloga la suspensión de la discusión legislativa sobre la apertura eléctrica como “inexplicable y generadora de incertidumbre empresarial”, pero lo que realmente está en juego no es la incertidumbre del empresariado, sino el futuro del modelo eléctrico costarricense.

La experiencia internacional ha demostrado que la privatización de sectores estratégicos como la electricidad suele derivar en aumentos de tarifas, menor inversión en infraestructura pública y una priorización de la rentabilidad sobre la cobertura universal del servicio.

El argumento de que los costos de producción se han elevado debido a las tarifas eléctricas es una narrativa que ignora la estabilidad que el ICE ha brindado en el suministro energético durante décadas. Si bien existen retos que enfrentar, privatizar el servicio eléctrico, sin una visión clara de sus implicaciones puede resultar en un modelo donde el acceso a la electricidad quede sujeto a la lógica del mercado y no a la necesidad del pueblo.

La insistencia del sector privado en la liberalización del mercado eléctrico no es altruista ni busca el desarrollo del país; es un movimiento estratégico para garantizar su propia rentabilidad a costa del patrimonio nacional. El llamado debe ser a fortalecer el ICE, mejorar su eficiencia y asegurar que continúe operando con un enfoque de servicio público, y no ceder ante presiones empresariales que solo buscan ganancias sin considerar el impacto social.

El futuro energético de Costa Rica debe construirse con un enfoque que garantice el acceso equitativo a todos los ciudadanos, y no bajo un esquema que privilegie a unos pocos a costa de la mayoría.

29 de marzo de 2025

FECON: Paran “Armonización” de electricidad por miedo electoral

  • Nada garantiza que no impulsarán nuevos proyectos contra el ICE.

La decisión de parar la discusión del proyecto de Ley de “Armonización”, 23.414, no elimina los riesgos de la privatización de la electricidad pública de Costa Rica.

Nuestra prioridad es seguir trabajando para repensar el ICE y el modelo de electricidad empezando por y el carácter de lo público, el respeto y la protección de los derechos de los ecosistemas y de las comunidades y definir qué haremos con el negocio privado de la electricidad. Otro tema que es extremadamente prioritario es la discusión sobre cuál es la transición energética que nuestro país y en general las sociedades necesitamos: ¿una orientada por los negocios, amparada en la falacia de “verde” y “sostenible” como discurso, o una verdaderamente adecuada a las energías como un derecho fundamental de todas las personas?

Un modelo de electricidad incluyente obliga a incluir las organizaciones sociales y las comunidades en el debate, pero también sumar elementos hasta ahora descuidados u olvidados como los derechos jurídicos de los ríos y los ecosistemas.

Sabemos y es evidente que esta tregua electoral es totalmente insuficiente y que vendrán uno o muchos más proyectos en la misma dirección nefasta de desaparecer el modelo eléctrico público que tenemos. Ahora «paran» por cálculo electoral, pero nuestra pregunta es si el PLN, como dice, quiere un diálogo con otros actores sociales o si, como ha sido por décadas, pactará con ACOPE y las Cámaras empresariales otro texto que por el fondo avance en la privatización en favor de los negocios que benefician directamente las empresas de sus integrantes.

Las organizaciones ecologistas y sindicales que desde hace años insistimos y empezamos a reunirnos en distintas comunidades del país y en la Asamblea Legislativa con la diputada Sofía Guillén y otras del FA, reconocemos que este momento de triunfo parcial y temporal en la defensa del ICE más bien nos compromete y obliga a mantenernos alertas permanentemente en defensa del modelo eléctrico público justo y solidario que la sociedad costarricense requiere y que ha sido deteriorado con todas las acciones de privatización a medias que ya sufre la electricidad en Costa Rica.

Convocan a movimientos sociales por lucha contra proyecto eléctrico – 27 de marzo a las 7:30 am

Diversas organizaciones sociales y ambientales convocan a las barras del público de la Asamblea Legislativa para estar presentes en un momento crucial para el Proyecto 23.414 «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional».

La Comisión de Energía decidirá la continuidad o suspensión de la discusión del mencionado proyecto, por lo que se invita a los movimientos sociales a participar.

El encuentro está programado para el jueves 27 de marzo a las 7:30 de la mañana en las barras de la Asamblea Legislativa.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran Fecon, Ríos Vivos, Proal, Comunidades ECOlogistas La Ceiba, Acotel, Bloque Verde y Bloque Azul, FEUCR, y Talamanca Siempre Verde.

La “tregua” no alcanza: proyecto de ley que destruirá al ICE debe desecharse

  • El PLN debe ser coherente con su aporte en la creación del ICE y archivar el proyecto de ley 23.414.

  • La electricidad pública de Costa Rica seguirá en peligro mientras esté en la corriente legislativa el proyecto de Ley de “Armonización”.

El expediente legislativo 23.414, que pretende profundizar la privatización de la electricidad pública del país sigue su curso en la Asamblea Legislativa, gracias a un texto sustitutivo del PLN. Ese texto fue aplaudido y acogido por el oficialismo chavista y el PUSC, y mantiene todos los peores objetivos de las versiones originales como desmantelar el sistema de planificación ordenada y centralizada, crear un mercado de subastas para someter la generación a la competencia y permitir la exportación de electricidad privada usando todas las redes del ICE.

De aprobarse, ese proyecto pondrá en riesgo todos los ecosistemas, empezando por los ríos para construir muchas más represas hidroeléctricas privadas y destruirá el modelo eléctrico público con sentido solidario para atender zonas remotas y a precio justo. En resumen, es sustituir un modelo universal por otro que garantizará los negocios privados a costa del servicio social de la electricidad. Con ese nefasto objetivo es que, en vísperas de la convención electoral verdiblanca la bancada del PLN y el chavismo se dan la mano.

Según el presidente del PLN “Cualquier proyecto de ley que genere conflictos entre sectores sociales y productivos puede afectar la credibilidad de nuestro partido en un momento tan sensible como este”. Para FECON ese cálculo político revela que el PLN olvidó su aporte en la creación del ICE, y niega que al menos dos expresidentes han disfrutado de negocios con la electricidad privada.

Si el PLN pretende tener alguna credibilidad lo que debe hacer es ayudarnos a eliminar el proyecto que pactó con Rodrigo Chaves para destrozar el ICE. Al PLN y a su presidente, señor Ricardo Sancho, les decimos que el país no necesita ninguna “tregua” ni negociar otro texto privatizador, si no el archivo definitivo del expediente 23.414. Les exigimos que dejen en paz al ICE y al servicio público de electricidad y de paso que recuperen algo de su memoria histórica

Para nuestras organizaciones y comunidades es urgente reforzar la organización, movilización e incidencia política ante el proyecto 23.414 que de aprobarse destruirá al ICE. En esa dirección hemos organizado el encuentro de organizaciones sociales y ecologistas¿”ARMONIZAR” O DESMANTELAR EL MODELO ELÉCTRICO PÚBLICO DE COSTA RICA?, que se realizará el próximo 5 de abril de 2025.

FECON, Federación Ecologista de Costa Rica.

Llamado desde la Liga Cívica Nacional:

1) Alertamos a la ciudadanía de las afectaciones del proyecto de «armonización» al exitoso modelo eléctrico costarricense.

2) Expresamos nuestra preocupación que incluyan el expediente 23.414 con una vía rápida como parte de las componendas para elegir el próximo directorio legislativo.

3) Llamamos al movimiento social a tomar postura y organizarse.

Por favor comparta este video y espere nuestro siguiente comunicado . . . seguiremos informando.

Liga Cívica Nacional.

Las incongruencias del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Gerardo Fumero Paniagua

PRIMERA PARTE: Se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley No. 23.414, irónicamente llamado de Armonización, cuando debiera de llamarse de Destrucción del ICE. Por supuesto que para nada se expresa tal intención, no serían tan ingenuos sus autores para decirlo, pero si lo suficientemente perversos para establecerlo en un proyecto. Veamos solo algunos detalles, de los muchos que el proyecto tiene y que insisto, terminarían destruyendo -literalmente- al ICE.

En el Artículo 11 se establece: “La planificación de la expansión del SEM (Sistema Eléctrico Nacional) seguirá los siguientes pasos; 1. Será responsabilidad del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), elaborar el Plan de Expansión de la Generación. Este plan será desarrollado en consulta con los agentes del sector e interesados.” Nótese que de un plumazo le cercenan al ICE lo que mejor ha hecho desde su fundación, la planificación del Sistema Eléctrico Nacional.

En el Artículo 19, se establece “Serán funciones del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN): 1. Operar el Sistema Eléctrico Nacional al mínimo costo, cumpliendo los requerimientos de calidad, seguridad y desempeño.” Nótese que de otro plumazo le cercenan al ICE el Centro de Control de Energía, el cerebro del sistema eléctrico nacional y en el cual el ICE ha invertido millones de dólares.

En el Artículo 20, Fuentes de Financiamiento del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), se estableceEl Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) tendrá exclusivamente financiamiento del canon de energía que esta ley establece para los agentes de los mercados eléctricos.” Nótese que este canon se refiere al costo que pagarían los agentes de energía eléctrica que el proyecto crea (definidas como personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, agregación y grandes consumidores de electricidad), como derecho de paso para trasegar la energía por las redes eléctricas del ICE, principalmente.

En el Artículo 24, Canon de energía eléctrica, se estableceLos agentes del mercado eléctrico nacional integrantes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) están obligados al pago del canon de energía eléctrica el cual será recaudado por el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Dicho canon se destinará a financiar el presupuesto aprobado para el ECOSEN. El canon será pagado por todos los agentes nacionales, según las transacciones de energía ejecutadas en el Mercado Eléctrico Nacional.” Nótese la ironía y el descaro, que no pueden ser mayores, se le quita la planificación nacional al ICE, se le cercena el Centro de Control de Energía al ICE, se le obliga a disponer sus redes eléctricas para el servicio de los agentes del mercado eléctrico, y como si fuera poco, se establece un Canon sobre esas redes del ICE, para financiar el Ecosen. ¡Así hasta yo!, como alguien dijo alguna vez (Semanario Universidad, 02/10/2024).

SEGUNDA PARTE: Analicemos hoy otro de los aspectos del proyecto de ley No. 23414, que destruiría nuestro Sistema Eléctrico Nacional actual, antes que Armonizarlo, proyecto al que hicimos referencia en un artículo anterior, por este mismo medio, el 2/10/2024.

En el Artículo 3, Inciso b) se define el Agregador de recursos en la demanda: “Es la persona física o jurídica legalmente autorizado por la ARESEP como un agente económico independiente. Es una entidad o empresa que actúa como intermediario entre los consumidores y el mercado nacional.”

En el Artículo 3, Inciso m) se define el “Gran consumidor de energía eléctrica: persona física o jurídica que cumple con … que le permita ser agente del mercado mayorista.”

En el Artículo 31 se crean los Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN).Son Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) las personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, agregación, transmisión, distribución, y comercialización, así como los grandes consumidores indistintamente de su naturaleza pública, privada o mixta, … los propietarios u operadores de recursos energéticos distribuidos con capacidad instalada mayor a un mega vatio…”.

En el Artículo 37 se autoriza a los Agentes a “poner a disposición la oferta o demanda de energía y sus excedentes en el Mercado Eléctrico Nacional, igualmente podrán ofertar la energía para ser negociada, comercializada y transada en el Mercado Eléctrico Regional.”

Y en el Artículo 38Se habilitan como agentes del Mercado Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Regional a las empresas privadas de generación de electricidad que han contado con una concesión de generación de electricidad bajo los términos de la Ley No. 7200 y sus reformas en sus actividades de generación.”

De aprobarse este proyecto, convertiría el mercado eléctrico nacional en un mercado persa. Cualquiera que genere más de un MW de potencia o bien sea un gran consumidor (73 son hoy), podría hacer de todo en el marcado eléctrico nacional: generar, distribuir, comercializar, importar y exportar energía.

Si consideramos la creación del Centro de Control de Energía, ECOSEN, a expensas del ICE -como ya vimos en el artículo anterior-, y se habilita la cantidad de agentes de mercado que podrían comerciar con la energía, (según los artículos arriba transcritos), que alguien me explique: ¿cómo si creamos más burocracia estatal y un centenar de nuevos intermediarios, podrían bajar los precios?

Lo que sí es clarísimo es que esos 73 grandes clientes y todos los generadores, tendrían la libertad de negociar los mejores precios, en el mercado nacional y centroamericano, no así todos los demás. Cuando el ICE, la CNFL, las empresas Municipales y las Cooperativas actuales, pierdan esos grandes clientes, deberán de soportar el mismo nivel de gasto y endeudamiento que ya tienen, y por pura regla de tres, quebrarían como empresas o se verían obligados a subir las tarifas al resto, 1.9 millones de medianos y pequeños clientes, que no tendrían el derecho ni el músculo empresarial para hacer lo que los grandes.

Es la eterna historia del burro amarrado contra el tigre suelto. Sería otro duro golpe al sistema solidario de que tanto nos preciamos, amparado en principios constitucionales, consagrados en los artículos 50 y 74 de nuestra Constitución Política,1 los cuales pasarían a ser un saludo a la bandera -en este campo-, principios ya de por si debilitados por la Ley 72002, pero que ahora terminarían de vaciarse de contenido. Todo gracias a algunos “padres de la patria”, que más bien se comportan como “destructores de la patria” (Semanario Universidad, 23/10/2024).

TERCERA PARTE: En esta tercera parte del análisis, desearía valorar la normativa que conforma nuestro marco legal, y la nueva, de ser aprobado el proyecto de ley No. 23414. Tal y como hemos visto, ésta provocaría enormes pérdidas al ICE (Primera publicación) y aumentos en las tarifas de los pequeños y medianos usuarios, mientras las disminuiría para los grandes (Segunda publicación).

El Dictamen AL-DEST- IJU- 332 – 2022, del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre este proyecto de ley, refiriéndose al marco legal actual, informa de: “… la existencia de 31 leyes relacionadas con el marco regulatorio o general, razón por la cual el modelo regulatorio se puede calificar como disperso…”. A ese marco legal, este proyecto agregaría una ley más, la que transformaría por completo nuestro modelo de desarrollo eléctrico y crearía más burocracia -el ECOSEN-, según el Artículo 17 y más intermediarios –los Agentes de Mercado-, según el Artículo 37.

De modo que, si el marco legal era ya disperso y complejo, se volvería aún más confuso con una nueva ley, que provocaría profundos cambios, potenciaría posibles traslapes legales y crearía nuevas fronteras de responsabilidad al establecer una nueva institución, lo que lejos de contribuir a la seguridad jurídica, agregaría más caos y confusión.

De modo que este proyecto en nada hace honor a su nombre (Armonización del Sistema Eléctrico Nacional), todo lo contrario, mantendría un marco legal aprobado en el transcurso de más de 80 años, pues alguna de las leyes data de 1941. Cierto es que un marco tan complejo ameritaría una verdadera modernización y armonización, pero este proyecto más bien lo complica y enreda aún más.

Me cuestiono ¿cuál sería el objetivo de los ingenieros que diseñaron esta nueva arquitectura para nuestro sistema eléctrico?, (con un mercado de subastas, docenas de agentes de mercado, creación de más burocracia, libertad y abaratamiento de los costos para los grandes clientes y encarecimiento de los precios para todos los demás), si la ingeniería construye para mejorar y buscar mayor eficiencia. ¿O será que se copió algún modelo de un país hermano? Copiar es siempre más fácil, el único cuidado es copiar solo lo bueno, aunque también es cierto que dependiendo de a quién se quiera favorecer con el cambio, se pueden copiar otras cosas.

Me cuestiono ¿en qué pensarían los abogados que dispusieron crear más legislación y burocracia?, y que, en contraste, agregaron una mayor injerencia política en la operación y administración del sistema eléctrico, en contradicción con la técnica que una materia tan especializada amerita. Cuando más bien están llamados a simplificar, transparentar y ordenar el Estado y a garantizar la primacía de la técnica en procesos altamente complejos. ¿O será que se dejaron llevar por el mismo interés detrás del diseño ingenieril?

Me cuestiono ¿qué motivará a los diputados que apoyan este proyecto, que terminaría de debilitar al ICE, encarecería los precios de las tarifas eléctricas a 1.9 millones de costarricenses y en cambio los abarataría para no más de un centenar de grandes consumidores?

Desearía poder entender finalmente ¿cómo este proyecto pretende “impulsar la modernización del Sistema Eléctrico Nacional, buscar la eficiencia del sistema y su sostenibilidad, garantizar confiabilidad, calidad y el menor costo posible para los consumidores finales de energía y promover el aprovechamiento de las nuevas tecnologías”? retóricos objetivos que se establecen en su Artículo 1.

Si, por el contrario, parece que lograría todo lo opuesto, según lo que hemos analizado en estos tres breves artículos. De lo que sí no tengo duda es de que auguraría el principio del fin del ICE (lo que persiguen desde el Combo Eléctrico) y garantizaría el encarecimiento de los precios para casi la totalidad de los usuarios, en beneficio de unos pocos, acelerando la desigualdad y la inequidad en el país y contraviniendo importantes principios constitucionales (Semanario Universidad, 22/01/2025).

1 Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Artículo 74: “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.

2 La Ley 7200 ha garantizado sobre precios para los generadores privados durante 24 años, por ejemplo, “La CGR estimó que las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados a mayo de 2019 eran de $23,8 millones solo entre 2017 y 2019.” Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/ice-ha-pagado-casi-%C2%A21-9-billones-a-generadores-privados-por-compras-de-electricidad/#:~:text=Entre%201989%20y%202021%20el,a%20estas%20empresas%20y%20cooperativas.

El “proyecto jaguar” de la electricidad

Luis Paulino Vargas Solís

El proyecto de ley número 23.414, llamado de “Armonización del Sistema Eléctrico”, es, en realidad, un “proyecto jaguar” de la electricidad: tan chapucero como lo eran los “proyectos jaguar” del presidente Chaves y, por lo demás, un adefesio y un mamarracho similares.

Voy a sintetizarlo en 10 puntos:

1. Al modo de premisa de base, una precisión importante: el servicio de electricidad es de grandísima importancia estratégica: para el eficaz funcionamiento de la economía, para la promoción de formas equilibradas de desarrollo y desde el punto de vista de la calidad de vida de la población. Por lo tanto, es deseable y necesario que este sector se regule con base en políticas de Estado, o sea, políticas que den lugar a una planificación integral y de largo plazo, libre de influencias politiqueras cortoplacistas y sin intrusión de intereses privados localizados.

2. Puede que el sistema actualmente vigente no cumpla a plenitud con esas condiciones. Necesitamos mejorarlo, sobre todo para blindarlo de cualquier influencia politiquera cortoplacista, pero de ninguna manera se debe desmantelar, como se pretende en este proyecto.

3. Este proyecto tiene tres defectos fatales: subordina el desarrollo del sistema eléctrico a los antojos y ocurrencias del gobierno de turno; lo hace vulnerable a los intereses de las empresas privadas que participen en este negocio; y lo subordina a criterios de mercado, o sea, a criterios cortoplacistas de rentabilidad privada.

4. Los mecanismos de planificación que se incorporan son débiles, laxos e imprecisos. Se habla de “planificación indicativa” y a la hora de explicar qué se entiende por tal cosa, se recurre a la siguiente estratagema: a) explícitamente se indica lo que no es (artículo 13), definido de acuerdo con las mejores conveniencias privadas; b) pero cuando se trata de definir lo que sí es, se recurre a abstracciones vaporosas e inaprensibles, haciendo imposible saber de qué va realmente la cuestión.

5. Aparte la vaguedad, esa “planificación indicativa” viene a ser un gatito (que jamás un jaguar) destentado: nada obliga a los actores participantes en el mercado eléctrico a acatar lo que se “indique”, con lo que, al cabo, el asunto viene siendo “un saludo a la bandera”, una bocanada de humo en el viento. Las cosas quedan libradas a la voluntad, anónima y caótica, del mercado.

6. Una vez que se separa el grano de la paja, lo que tenemos es un sistema regido por criterios cortoplacistas de rentabilidad. Eventualmente esto provocaría un desarrollo desordenado proclive a la creación de sobrecapacidad instalada, que tendría indeseables consecuencias ambientales, y cuya salida presuntamente estaría en la venta a otros países centroamericanos…siempre que estos lo necesiten y quieran comprarlo (algo que nadie, a priori, puede garantizar).

7. No puede entonces descartarse que terminemos subsidiando a las empresas cuya producción, por excedentaria, carece de demanda. Pero es que, además, el sistema tarifario quedaría estructurado desde la determinación del costo marginal, en función, por lo tanto, del productor menos eficiente, generando o bien ganancias extraordinarias para quienes sean más eficientes o bien tarifas excesivas para las personas usuarias, o quizá ambas cosas. Porque si no se hace de esa forma, seguramente algunas inversiones resultarían redundantes y las empresas quebrarían.

8. Pero es que, además, la ley contempla, de forma explícita o solapada, diversos mecanismos de subsidio, que, de una u otra forma, impactarían sobre las finanzas públicas o sobre las tarifas que pagan las personas usuarias. Artículo 48: la capacidad contratada deberá pagarse, sea que se utilice o no.

9. Absolutamente nada en el proyecto garantiza universalidad del servicio ni equidad en el acceso y disponibilidad. De hecho, se desmantela el sistema de subsidios cruzados que, en su propio funcionamiento, incorpora estructuralmente el ICE, gracias a lo cual el servicio adquiere universalidad y llega a grupos sociales carenciados y a regiones alejadas, poco habitadas y empobrecidas. La preeminencia del criterio de rentabilidad privada hace imposible dar cumplimiento a este objetivo.

10. En correspondencia con lo anterior, las personas usuarias no tienen ninguna incidencia ni representación, como tampoco lo tienen entidades u organizaciones que aporten criterios técnicos y científicos independientes.

Sería una gravísima irresponsabilidad que esto se apruebe.

Comunidades y ecologismo se manifiestan en contra de proyectos de ley 23.414 y 22.561 y proponen iniciativa para regular la minería no metálica

Este martes 26 de noviembre, organizaciones comunitarias y ecologistas de distintas partes del país, llevaron a cabo una manifestación frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en rechazo a los proyectos de ley sobre energía 22.561 y 23.414, convocados por el Poder Ejecutivo para sesiones extraordinarias el pasado 1° de noviembre. Estos dos proyectos proponen abrir el mercado de la electricidad para las empresas privadas, con lo cual se abriría la puerta a la privatización del sistema eléctrico nacional. También, el proyecto 23.414 propone remover la rectoría del sector eléctrico del ICE, así como remover funciones, activos, sistemas y bienes muebles e inmuebles de esa institución, con lo cual se pondría el riesgo el servicio de electricidad público, solidario y al costo, con el que la población costarricense ha contado por más de 70 años, gracias al ICE.

Alberto Gutiérrez Arguedas, geógrafo de la Universidad de Costa Rica (UCR), que asistió a la manifestación, dijo que “no es exagerado hablar de un segundo combo del ICE por todas las implicaciones que tiene el proyecto 23.414 para el ICE y para el país”. También manifestó que “las implicaciones que han sufrido los demás países centroamericanos donde ya se ha sufrido un proceso de privatización de sus sistemas eléctricos, han sido realmente nefastas, en términos de calidad eléctrica y de las tarifas eléctricas. Lo que está en juego es muchísimo”.

Por otro lado, Maleza Barrantes, activista del Movimiento Ríos Vivos, también indicó que “estos proyectos de ley proponen que la electricidad deje de gestionarse como un bien común y como una necesidad del país que debe de ser cubierta y pretenden que esta pase a convertirse en un bien mercantil, dominada por las dinámicas del mercado y la generación de lucro de las empresas privadas”, también indicó que “abrir el mercado de la electricidad, promovería la proliferación de hidroeléctricas privadas en los ríos de nuestras comunidades, razón por la cual desde el movimiento Ríos Vivos nos oponemos rotundamente a estos proyectos”.

Así también, las organizaciones comunitarias y ecologistas presentaron, junto a la fracción del Frente Amplio, un proyecto de ley que pretende que se incorpore el concepto de “caudal ecológico” en el Código de Minería de Costa Rica, el cual es una ley planteada en el año 1982. La reforma, también incluye una mayor regulación sobre las corporaciones que extraen material de los ríos, y que así, estas no puedan obtener concesiones mineras si tienen algún proceso abierto con el Ministerio Público. Además, propone que se limiten las concesiones mineras colindantes que se puedan obtener por una empresa o una persona y su familia.

Dylanna Rodríguez, docente del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, explicó: “Empresas como MECO o H. Solís se vieron envueltas en presuntos casos de corrupción nacionales tan graves como el caso Cochinilla, y aun así, continúan accediendo a concesiones, extrayendo material de los ríos de nuestro país, enriqueciéndose con esa actividad y la exportación de materiales”. Agregó que “este proyecto se crea desde las comunidades, se crea en el río, se crea en la resistencia y en la indignación de todos los días de ver cómo los ríos que han sido utilizados de forma familiar y comunitaria, hoy día ya no pueden ser usados, por los impactos que ha tenido la minería no metálica en los ríos”.

Por otra parte, Danny Villalobos, geógrafo y activista de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, dijo “poblaciones de varias especies están siendo amenazadas por la minería no metálica en ríos, que genera extracción y sedimentos perpetuos que impiden a las poblaciones reproducirse y sobrevivir en ese ecosistema río”. También, denunció cómo en muchos estudios de impacto ambiental de proyectos de minería no metálica, se hace un uso superfluo de los datos biológicos de la zona que se propone afectar y que muchas veces, se desestiman los impactos sociales de estos proyectos y se otorga la viabilidad ambiental a pesar de la oposición de las comunidades.

Manifestación por los ríos y por el ICE

El próximo martes 26 de noviembre a las 11:30 a.m. frente a la Asamblea Legislativa se estará llevando a cabo una manifestación en contra de los proyectos de energía 23.414, y 22.561, los cuales buscan abrir el mercado de la electricidad y avanzar hacia la privatización del sistema eléctrico nacional, el desmantelamiento del ICE, y la afectación de más ríos y comunidades rurales con la construcción de hidroeléctricas innecesarias.

Esta manifestación es convocada por varias organizaciones ambientales, como la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, MORFO, FECOU, FECON, y el Movimiento Ríos Vivos Costa Rica y el Frente de Resistencia Animal y de la Tierra.

Habrá también un concierto con la banda Manitas Muscarinas. Les invitamos a formar parte de este movimiento en defensa de la institucionalidad pública y el ambiente.

 

Información compartida con SURCOS.

Apuntes urgentes sobre la privatización de la generación y transmisión de la electricidad en Costa Rica

Golpe de gracia al Estado Social e instauración definitiva del excluyente Estado neoliberal. Modificación unilateral del Contrato Social Costarricense procedente de los años 40 y 50 del Siglo XX.

Alejandro A. Sura

Nota introductoria:

En el Plenario de la Asamblea Legislativa, impulsado por la administración Chaves Robles, (PLP de Feinzag, PUSC y el PNR de Fabricio, más una mayoría del PLN que repudia la Social Democracia, excepto diputado Nicolás) y promovido por el aparato mediático nacional con raras excepciones, se tramita aceleradamente con la oposición del Frente Amplio, a espaldas del pueblo, y en la opacidad conveniente en este tipo de privatizaciones, el Expediente N° 23 414 que contiene el proyecto de ley titulado LEY DE ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL. Con esta ley, los servicios de electricidad son privatizados y no regulados por ARESEP y declarados como servicios NO PÚBLICOS. (Ver 21 Definiciones al final del texto Proyecto de ley 23 414 y Semanario Universidad No. 2514, pág. 4 y 5)

Esta ley se propone privatizar totalmente el Sector Eléctrico del ICE: un objetivo político y económico largamente ambicionado por los comerciantes de electricidad locales y regionales que ha sido frenado hasta ahora únicamente por la resistencia de un movimiento social y sindical nacional que se ha opuesto consistentemente a esa privatización y la consecuente entrega de recursos naturales energéticos a un grupo de interesados en hacer grandes fortunas con la explotación de cualquier recurso energético que esté al alcance de su mano y de sus chequeras.

Para lograr la aprobación de esta ley de «armonización del mercado eléctrico costarricense» es que se armó el escándalo de los supuestos apagones regionales que nunca se produjeron tal y como lo advertimos antes de que se anunciaran públicamente como un hecho y se generalizara el temor.

Para lograr este propósito fue que se levantó la campaña mediática contra el ICE por la prensa televisiva y escrita. Particularmente La Nación y Telenoticias. Todo con base en un refrito contra un ICE que en telefonía celular e internet actúa en los dominios del mercado y del comercio privado de las telecomunicaciones y que por lo tanto se relaciona directamente con los gigantes industriales en ese mercado mundial.

Breve y necesario encuadre

Con esta ley privatizadora se cierra el círculo iniciado con el PAE I aprobado en la administración Monge Álvarez, 1982-1986 y se termina de imponer el modelo neoliberal de la derecha costarricense. Así se termina de meter en el ataúd el que fuera conocido en vida como ESTADO SOCIAL DE DERECHO. Queda Costa Rica al amparo nada más de la ilusión de un ESTADO DE DERECHO, cuyas reformas profundas en materia de derechos laborales y aprobación de tratados internacionales empujan a ver en realidad un ESTADO DE DERECHA.

Adentro de ese ataúd ya está la educación pública debilitada (apagón educativo del que tampoco se señalan responsables en ningún lado) donde la misma se ha ido privatizando en todos sus niveles, igual la salud pública, es claro el debilitamiento de esos servicios y el ataque frontal a la CCSS por parte de la administración Chaves Robles. Todo esto para tercerizar servicios (listas de espera y otros que terminan a disrio en un una especie de genocidio encubierto y sin responsables otra vez. Hay gente muriendo por falta de atención médica) y favorecer los intereses privados en ese campo. El acceso a la vivienda es carísimo; el acceso a los salarios crecientes; y derechos laborales que desaparecieron hace 5 años, los derechos sindicales arrasados por el PAC de Solís-Alvarado y el PLN de los Arias-Sánchez y su emisario diputado Benavides, y, desde luego, toda la pequeña y mediana producción agropecuaria en abandono y largamente traicionada con muchas falacias por la casta neoliberal que incluye al actual gobierno de Chaves.

Nada de esto ocurre sin la intermediación de los grandes intereses geopolíticos y geoestratégicos en un mundo que va saliendo con apuros de la estructura de poder global que emerge de la segunda guerra mundial. Dichos intereses son determinantes en cada rama de la actividad económica local y regional. Justamente esa combinación de castas neoliberales locales y esos grandes intereses regionales es como se explica por el fondo los altos niveles de desigualdad económica y social que sufre el país y que lo colocan lamentablemente entre los 10 países más desiguales del mundo (BBC News mundo. 2 de julio 2018).

Gran desigualdad económica y grande exclusión social de costarricenses, en la región más desigual del planeta. Justamente este es el encuadre socioeconómico que impulsa los altos niveles de criminalidad que nos agobia. Cientos de vidas de jóvenes que este modelo neoliberal impuesto en los últimos 44 años expulsa de las pocas oportunidades que tenían, generalmente con pretextos fiscales que han reducido drásticamente la inversión social. Todos sabemos que es así: la vieja y la nueva casta neoliberal lo saben; pero lo disimulan y lo esconden. El aparato mediático del que también son los dueños, salvo raras excepciones, trabaja para que el modelo excluyente y concentrador de riqueza no se toque. Preguntémonos qué pasaría si esos miles de adolescentes y jóvenes excluidos hubiesen tenido consciencia política contra aquellos que favorecieron desde sus posiciones de privilegio la imposición de las políticas públicas que generaron su pobreza y marginalidad. ¿A lo mejor volvería existir violencia política armada?

La vieja casta neoliberal y la nueva hablan de los efectos de la marginalidad y la desigualdad, pero esconden las causas, aunque sean tan groseramente evidentes y de nuevo, no hay responsables. Todos se quitan. Ese es el sector de la sociedad que ha concentrado la riqueza, la otra cara de la moneda. Esta es la esencia del modelo neoliberal impuesto regionalmente por la hegemonía económica e ideológica de Estados Unidos que actúa con mandato e imposición imperialista en nuestras débiles y dependientes economías. USAID, FMI, BM y otros son las correas de transmisión internacionales. PLN-PUSC-PAC y ahora la administración Chaves Robles han sido las correas nacionales de transmisión, en una especie de contrarreforma de las conquistas sociales de los años 1940 y de importantes aspectos de la Segunda República como el Código de Trabajo, ahora amenazado de muerte con la llamada ley 4-3.

Vamos a la ley de marras

Vaciamiento y trasvase de bienes públicos del ICE al sector de los comerciantes de electricidad. (Ahora retirada tácticamente por Chaves por lo q el articulado actual se modificará y algunos excesos evidentes se replantearán)

Lo explicado en el encuadre anterior es imprescindible para entender el dramático final de nuestro Estado Social. Y de Derecho?

Con este tipo de fin del modelo solidario y de acceso universal a la electricidad que representa el ICE, se desprenden las siguientes y profundas reformas privatizadoras del modelo eléctrico universal que representa el ICE. (Vaciamiento del ICE y regalo de la infraestructura eléctrica a los comerciantes de electricidad nacionales y extranjeros).

  1. Toda la infraestructura construida por los costarricenses por medio del ICE por mandato del Decreto Ley 449 del 8 de abril de 1949, será traspasado a los comerciantes privados y sus títeres en el Poder Ejecutivo. Ahí se va el Centro de Control de la Generación y Transmisión de Energía (CENCE) ahora
  2. El valor sugerido por técnicos del ICE puede ser de unos cuatrocientos cincuenta mil millones de colones. Ello sin contar con el equipo de profesionales especializados y altamente eficientes que trabajan en el control electrónico de la generación, transmisión y comercialización nacional y centroamericana de electricidad. Todo se lo llevan. Trasvase de riqueza de todos los costarricenses a unos cuantos hombres de negocios.
  3. Todas las líneas de alta tensión en transmisión de alto voltaje con sus torres gigantes, las subestaciones en todo el territorio nacional y todas las líneas y los postes que llegan a nuestras casas, también serán puestas a la disposición gratis de esos comerciantes nacionales e internacionales de electricidad. Todo ese ahorro nacional para que se enriquezcan unos cuantos, aumentando la pobreza y la desigualdad.
  4. El artículo 1 de la ley que crea el ICE dice: «Créase el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante llamado el Instituto, al cual se encomienda el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos. La responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.»

Este artículo ponía en el ICE la responsabilidad legal de llevar electricidad a todos los rincones del territorio nacional. Por ese mandato de derecho público había a quien reclamarle legalmente ese cumplimiento. Incluso por la vía de un amparo constitucional. En la ley privatizadora que aquí denunciamos esa obligación legal queda en el aire. NADIE RESPONDERÁ. Como se acostumbra en el comercio mal regulado que nos han impuesto y que por ello fomenta la corrupción y la falta de responsabilidad ante el indefenso pueblo consumidor.

  1. La ley privatizadora que aquí rechazamos, aparte de la GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, LA TRANSMISIÓN (Alto voltaje) Y LA DISTRIBUCIÓN (Al consumidor) arranca del ICE tres funciones básicas para la seguridad eléctrica del país: las que tenía el CENPE (Planificación eléctrica nacional) y la del CENCE el control de la generación y transmisión de energía y la comercialización de energía para atender la demanda nacional y la comercialización en Centroamérica de excedentes nacionales después de cubrir la demanda nacional o la importación en caso de desabastecimiento nacional o amenazas del mismo.

La PLANIFICACIÓN es la que permite conocer con anticipación los factores que pueden alterar el consumo y la producción de energía: es una tarea multidisciplinaria que, consecuentemente obliga planear las necesidades de más energía a futuro y proponer la construcción de plantas de generación: hídrica, térmica, eólica, geotérmica o solar. incluso el ICE conoce los detalles de la generación con hidrógeno propuesta por un reconocido científico nacional. Todas las energías renovables que le han dado fama mundial a CR, ESTA FUNCIÓN PASA A UN MINISTERIO, el MINAE. Este ministerio dirá que se necesita, para cuando se necesita y quien construirá las plantas. El ICE deberá hacer fila y con la Regla Fiscal entre manos y otras limitaciones fiscales ya veremos languidecer la generación de energía por parte del ICE.

EL CONTROL de la generación de electricidad en todo el país: hay q hacer un esfuerzo para entender la sofisticación y lo caro que son los equipos con los cuales el ICE y por su medio todo el País conoce la cantidad y la potencia real de cada klw hora que se produce a nivel nacional. Cantidad y calidad de la electricidad en un detalle imprescindible para que no se caiga la red nacional que permite la vida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La calidad de los profesionales que trabajan estos equipos y estos cálculos son otro activo importante. ESTA FUNCIÓN FUERA DEL ICE QUEDARÁ SUJETA A LAS PRESIONES DE LOS COMERCIANTES PARA DECIDIR CUAL PLANTA PRODUCE Y CUAL NO. En los sistemas privatizados de otros países es esta función una fuente de corrupción que termina afectado sensiblemente las tarifas y produce apagones y racionamientos múltiples. SIN RESPONSABILIDAD INMEDIATA PARA NADIE. Difícil conseguir los medios de prueba para sancionar sin violar el debido proceso.

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN: también se observan y miden desde estos caros equipos, pero además son redes de cables, torres y postería que son responsabilidad de dos Direcciones especializadas, la Dirección de Transmisión y Dirección de Distribución del ICE que las han desarrollado por décadas y que la ley privatizadora también pone al servicio de los comerciantes en forma gratuita para que transporten la energía que van a vender en Costa Rica o en Centro América. EL ICE TENDRÁ QUE HACER FILA. Igual que los enfermos en la CCSS. Nada importa en esa ley que el ICE devuelve ganancias de ventas en el mercado regional de electricidad bajando tarifas. Ganancias q ahora se irán los bolsillos sin fondo de los nuevos dueños de la electricidad. Tampoco se verán bajas de tarifas en el segundo semestre por reducción del CVG (Costo variable de generación) al bajar consumo de hidrocarburos ante el aumento de energía hidro por el relleno de los embalses del ICE.

COMERCIALIZACIÓN: Con esta función es la que el ICE y Costa Rica por medio del CENCE dispone de la cantidad y el origen de la electricidad que se pone a despacho para el consumo o la para la venta, en Costa Rica o en Centro América. ESTA FUNCIÓN FUERA DEL ICE PODRÁ DETERMINAR CON INTERESES QUE NO SON OBLIGACIÓN PARA NADIE QUE SEAN LOS DEL PUEBLO COSTARRICENSE. CUAL SERÁ EL PROPIETARIO DE PLANTAS QUE VENDERÁ PRIMERO Y SI HAY PARA EXPORTAR, TAMBIEN DIRÁ QUIEN HARÁ NEGOCIO Y EN QUÉ MOMENTO. El ICE perfectamente podrá ser relegado las veces que les de la gana por los operadores del sistema y sin mayores explicaciones para nadie. SIN RESPONSABILIDAD. (no queda claro redactar mejor) Ese mercado que ahora administra el ICE, según datos del CENCE-ICE, el año 2022 vio movimientos por valor de $ 839.2 millones. Unos 542.5 mil millones de colones. (Semanario Universidad No. 2514 ya citado)

  1. En el marco anterior, hay otras realidades contrarias al interés nacional: POR EJEMPLO, LA LEY PRIVATIZADORA SEÑALA TÍMIDAMENTE QUE SOLO SE PODRÁ EXPORTAR DESPUÉS DE CUBRIR LA DEMANDA NACIONAL(Art 46) PERO EN NIGÚN LADO SEÑALA QUIÉN DIRÁ SI LA DEMANDA INTERNA FUE SATISFECHA. QUEDA EN EL AIRE. Otra vez: SIN RESPONSABILIDAD DE NADIE.
  2. La ley privatizadora dice que al bajar los costos estos deberán reflejarse en reducción de tarifas; PERO NO DICE QUIENES EL RESPONSABLE DE SEÑALAR CUANDO y CUÁNTO DEBERÁ TRASLADARSE PARA LA BAJA DE TARIFAS; TAMPOCO DICE QUIEN TENDRA ESE ENCARGO.
  3. EN LO MEDIOAMBIENTAL. Este tema trae dos perlas agravios:

a) los estudios de impacto ambiental para la construcción de plantas no irán a SETENA. Una oficinilla a media máquina dentro del MINAE, será la que dará la viabilidad ambiental que deberá remitirse a la ARESEP. Capítulo 6, art 8.

b) Si alguien quiere explotar alguna fuente de energía, la que sea: será el «ministro» de turno en el MINAE el que con su firma harás realidad el propósito de alguien que quiera hacerse millonario con cualquier fuente energética. No discrimina el tipo de fuente. No hace esta ley la conexidad con otras normas al respecto. Capítulo 6 art 9.