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La obsesión por el dinero

Escrito en 30/06/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Preguntarse por lo que quieren los empresarios, parece una pregunta ociosa, pero no se trata de buscar una respuesta simple y alienada al deseo empresarial por una riqueza sin límites, se trata de comprender los medios empleados para conseguirla califican la pertinencia social, económica, política, moral y cultural de esa ambición.

El enriquecimiento por los actos de saqueo en las invasiones y ocupaciones colonialistas que esclavizaban y diezmaban pueblos, no es una riqueza deseable ni posible para todos; los militares, mercenarios y sicarios, lo hacían posible en nombre y amparados por las potencias militares o por gamonales y caciques en las distintas épocas del pasado y el presente latinoamericano. Tampoco es admisible la riqueza obtenida por otros actos delincuenciales, sea por venta de drogas, asaltos, estafas, asesinatos, secuestros, robos, corrupción etc., como también es censurable que empresarios se enriquezcan apropiándose del bienestar colectivo y vendiendo mercancías y servicios que afectan la salud, la vida, el medio ambiente y la naturaleza, como también es cuestionable que incumplan con sus obligaciones tributarias y como consecuencia los ingresos fiscales del Estado sean sostenidos por los sectores sociales vulnerables y medios de la sociedad. Las prácticas ilegales de los empresarios son conocidas, sin embargo, se incumplen por la complicidad estatal que afectan a la sociedad en su conjunto.

No se cuestiona a los propietarios del capital y sus representantes, por su riqueza, por su condición de vida, por sus éxitos o fracasos. No, se les cuestiona cuando transgreden el orden constituido, establecido para la convivencia y la interdependencia colectiva, porque los favores y concesiones que reciben y las ilegalidades que se les permite, violentan la condición y formalidad jurídica de igualdad ciudadana que perjudica al resto de la sociedad, así como condicionan la parcialidad de la actuación estatal.

Esto es, no se censura a los empresarios ni a los ricos por serlos, como especulan algunos de sus representantes. De ningún modo se critica a los negociantes que ofrecen mercancías y servicios de modo honesto, en razón del esfuerzo, dedicación y trabajo que realizan sin especular, ni apropiándose indebidamente de los recursos de los demandantes, tampoco se critica a quienes respetan el trabajo digno y no explotan a sus trabajadores más allá de lo establecido por el orden jurídico laboral y derechos establecidos, ni hacen elusión y evasión de sus obligaciones tributarias y cumplen con las disposiciones del Estado Social. Ellos serán respetados, no obstante, merecerán ser repudiados, censurados, demandados y sentenciados, quienes valiéndose de sus influencias y poder económico, político, legislativo y judicial atentan contra la naturaleza, el medio ambiente, la sociedad, la salud y la vida de trabajadores, así como de los consumidores y los ingresos fiscales.

Sin embargo, el presente revela la vulnerabilidad de la economía y su dependencia de los trabajadores, consumidores y del Estado, así como de quienes sustentaron las bases democráticas y sociales de nuestra nación: los campesinos. Sin ellos, los empresarios no habrían surgido ni enriquecido, como tampoco tendrían viabilidad alguna de existencia.

La incesante invocación a los negocios, por parte de ricos y pobres, es el prejuicio de la época, que imagina ser el único modo posible, para vivir confortablemente sin penurias ni angustias de supervivencia y reproducción social. Derivado de este afán de promoción de los negocios, se ha generado una preocupante tendencia por la creación de micro empresas o “empresas” de autoexplotación, que frustran las ilusiones y esperanzas de pobres y desempleados que, sin lograr liberarlos de la voracidad financiera, se empobrecen rápidamente por las deudas crediticias que deben hacer frente.

El fetiche del dinero ha ponderado su magnitud como unidad de medida del crecimiento e inclusive del desarrollo, todo busca ser medido y comparado con las cantidades acaparadas y disponibles de dinero. Así, el Producto Interno Bruto (PIB), o el valor estimado de la producción anual nacional, la medida con que se juzga y califica a los países, como se evalúa a las empresas públicas, privadas e incluso las solidarias, del mismo modo como se segrega y excluyen a las personas. Por cantidades de dinero las instituciones públicas son satanizadas, porque “gastan” y no generan ganancias, no obstante, crean valor público para la vida social y las condiciones necesarias para la reproducción privada y nacional. Las visiones economicistas -cuantitativistas y fetichizadas- distorsionan, simplifican y absolutizan las realidades, ignorando la historia, la cultura, las relaciones sociales y la propia humanidad.

En las diversas situaciones descritas, el dinero se ha convertido en un fetiche más allá de ser un medio para el intercambio mercantil, para otorgarle una significación de suficiencia, bienestar y poder, sin serlo, porque la capacidad adquisitiva se modifica cotidianamente, porque el bienestar trasciende a las magnitudes dinerarias y porque el poder es una relación social. La representación simbólica del dinero como capital, es el sustento ideológico del poder, como prejuicio popular y clasista de la sociedad capitalista.

La riqueza o el exceso de medios y recursos para una vida digna, no es una creación mágica, es una creación colectiva producto de la desigualdad de los términos del intercambio entre los actores económicos, que distorsionan el fundamento de la existencia del dinero. Así, la práctica bancaria especula y multiplica ficticiamente muchas veces el valor de cada bien, para formalizar valores inexistentes que terminan confiscando recursos y riquezas ajenos para beneficio exclusivo de algunos “inversionistas”. Sin embargo, ese dinero paradójicamente no representa riqueza, no generan bienes ni constituyen centros de empleo, la labor fraudulenta financiera se encubre con papeles y registros para apropiarse de las riquezas existentes. Así, entre papeles y cuentas han desaparecido miles de millones de los salarios de los trabajadores en las operadoras bancarias de pensiones obligatorias en América Latina que, con el pretexto de invertir y proteger los recursos y los futuros ingresos de los trabajadores, son sustraídos de modo premeditado e intencional de los medios de vida de los pensionados. Los dineros se pierden para parar en cuentas privadas de las redes financieras, sin ser recuperados, sin sancionar ni condenar a los funcionarios corruptos que parasitan dichos recursos, ni de los cómplices estatales que autorizan actos delincuenciales encubiertos de legalidad.

El dinero especulativo predominante o la apropiación de la riquezas, propiedades y recursos con dinero, es un estilo feudal de las relaciones económicas, que aun acompaña al capitalismo, fagocitándolo desde su propio seno hasta el fin de sus días.

Así, el afán por el dinero en una sociedad y mundo desigual y con crecientes niveles de miseria, hambre, insalubridad y muerte, es un medio ansiado no solo por los propietarios del capital, también necesario y deseado por los pobres, aunque con valoraciones profundamente diferenciadas, para unos es un medio para conseguir más dinero, mientras que para millones de personas es el medio para la subsistencia, la educación, la salud o la vida misma.

El uso consistente, pertinente y primigenio del dinero, a decir de Aristóteles y muchos otros, es efectuado por las inmensas poblaciones del mundo, al ser el medio para intercambio mercancías; mientras que el dinero empleado para hacer dinero o, dicho de otro modo, para enriquecerse y empobrecer infinitamente a otros, es una falsificación de su creación originaria efectuada por los ricos y entes financieros. Los 28 bancos que controlan las finanzas del planeta, la hydra mundial, como los califica Francois Morin, son la concreción de la regresión capitalista, que ha convertido a una institución de origen y funcionalidad feudal en el factor dominante del empobrecimiento y descomposición de la globalidad contemporánea.

La ponderación del dinero como unidad de medida del valor de las mercancías, ha sido transformado en un objeto de manipulación política internacional en por gran parte de las monedas del mundo. Las determinaciones políticas de los organismos financieros de Bretton Woods, creados en 1944, en momentos previos a la terminación de la II Guerra Mundial y en plena hegemonía norteamericana, y que ocho décadas después aún siguen definiendo la política monetaria y financiera internacional, así como los entes privados de la Reserva Federal y los conglomerados bancarios, son los entes que determinan el valor del dólar y la imposición de los precios de muchas monedas nacionales. Asimismo, la condición privilegiada de la moneda mundial de un solo país, posibilita la transferencia y apropiación de las riquezas a una economía frágil, pero prepotente y agresiva militarmente. Así, creer que las capacidades adquisitivas de las monedas se mantienen, en plena contracción económica mundial, es un error, como es la ilusión imperial norteamericana, de considerar al dólar como una moneda libre de las fluctuaciones económicas y de su crisis hegemónica.

La ponderación de mucho o poco dinero, es la magnificación de esos objetos incesantemente creados, recreados o inventados por los bancos que deciden su producción y definen privadamente su capacidad adquisitiva. La ponderación del dinero por el dinero mismo, es un contrasentido, pues es el medio de intermediación mercantil por excelencia para la satisfacción de necesidades, alcanzar el bienestar, la salud, la educación, el arte, la ciencia, de los medios de vida para las personas y las condiciones naturales para la sobrevivencia.

La inequidad, desigualdad y arbitrariedad en la asignación del valor de las mercancías, así como del valor de la fuerza de trabajo y del propio dinero, reproduce de modo ampliado la diferenciación social, la explotación y la apropiación de los recursos colectivos por la vía mercantil. Asimismo, el empleo del dinero para hacer más dinero esclavizando a individuos, organizaciones y países a pagar por deudas, muchas veces pagadas, es el modo dominante para transferir valores a los usureros y empobrecedores de los organismos financieros, de la banca y las potencias económicas mundiales.

Los dineros excedentes privados son inútiles para la adquisición y satisfacción de las necesidades para quienes no necesitan nada y todo lo tienen, es una contradicción, como lo es también, la imposibilidad de materializar o concretar las inmensas cantidades de dinero existente, ficticios o solo formalmente registrados. Las magnitudes excedentes de dinero para el intercambio deben ser redistribuidas a la sociedad, como una necesaria devolución a quienes los generaron y en los espacios sociales que son requeridos. En los años setenta del siglo pasado James Tobín (1918-2002), proponía tímidamente un impuesto conocido como tasa Tobín, del 0.1 ó 0.2% a las transacciones especulativas en la banca y las bolsas de valores, las cuales exceden los 2 billones de dólares diarios y cuya recaudación podría rondar entre los 200, 000 y 400,000 millones de dólares anuales, que serían empleados para paliar la pobreza y los desequilibrios causados por la desigualdad del intercambio internacional entre los países. Dicho impuesto ha sido rechazado en muchos países y aun se discute en otros, incluso el propio James Tobín (laureado con el premio Nobel en 1981) llegó a criticarlo por el apoyo recibido de los movimientos antiglobalización europeos.

La alienación del dinero por parte de los propietarios del capital en Costa Rica, se expresa presionando al gobierno con el apoyo de muchos legisladores, para eliminar las restricciones sanitarias, quebrar la institucionalidad pública, despedir y empobrecer a los funcionarios públicos, liquidar las universidades públicas y la Universidad de Costa Rica en particular, así como, eliminar las políticas sociales e inclusive vender los activos del Estado. Esto es, se repite la añeja cantaleta liberal del Consenso de Washington, de los programas de tres Ajustes Estructurales y los tratados de libre comercio. La eliminación de las restricciones sanitarias, es un pretexto para imponer la colonialidad del poder y del saber, destruyendo los vestigios de democracia, libertad y futuro de nuestro pueblo.

¿Qué pretende la liberación de las restricciones sanitarias? ¿dar trabajo? ¿continuar con el enriquecimiento privado con afectación pública? La agresividad del empresariado turístico, que dice ser el más afectado, quiere clientes y ojalá muchos, pero que puedan pagar, los pobres e incluso los sectores medios, no tendrán cabida porque han perdido sus trabajos, han reducido sus salarios, o los porque muchos están esclavizados por largas jornadas e intensas labores, como tampoco expondrán sus recursos, salud ni supervivencia por visitas de esparcimiento. ¿Entonces a quienes quieren como clientes? Los pudientes del país prefieren hacer turismo en otros países y los extranjeros que ven atractivo conocer nuestra tierra, aun no pueden hacerlo. ¿No será que aprovechando la pandemia se busque quebrar a los competidores locales de las empresas trasnacionales del turismo? ¿no será que se quiere que los riesgos e incrementos de infección pandémica y posibles fallecimientos, se pretenda deslegitimizar no solo las medidas sanitarias, sino también la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho?

Algunos empresarios reclaman que no existe plan gubernamental, que se imponen y suprimen medidas sin previsión alguna, que se carece de decisiones y acciones estatales que resuelvan el desempleo e incluso les parece indebido que no se enuncien las medidas sanitarias que se adoptarán contra la pandemia. Reclamos absurdos e irracionales que muestran la ignorancia de lo que es un plan, de la imposibilidad gubernamental de resolver el desempleo cuando precisamente han sido los negociantes privados quienes lo han agudizado por la sobreexplotación y la sustitución de trabajadores con software robóticos, así como, tampoco se pueden adoptar nuevas y permanentes medidas sanitarias, cuando no son previsibles los niveles y las tendencias de la infección pandémica. Estos empresarios del sistema están dispuestos a sacrificar la existencia de poblaciones por los negocios que generan riqueza para quienes no necesitan nada y millones de pobres que carecen de todo.

La actual pandemia está revelando de cuerpo entero a empresarios y sus representantes que, en razón de sus intereses y ambiciones individuales pretenden disponer de la salud y vida de las personas, que por subsistencia y necesidad deben trabajar y concurrir al mercado para vivir. Pero, esos propietarios del capital no satisfechos con ello, estrangulan las finanzas para el apoyo de los que despidieron y cercenaron salarios, así como con sus amigos legisladores, restringen recursos para la salud, la educación superior pública y la institucionalidad estatal. Asimismo, en su insaciable voracidad, exigen retribuciones estatales, condonar y prolongar deudas, amnistías tributarias, así como reclaman subsidios y financiamiento para sus negocios. Esas personas que desfalcan el bienestar y la riqueza colectiva para beneficio privado, que defraudan la moralidad y lo público, cometen delitos de lesa humanidad.

Creer que la democracia es complacer a los empresarios transgresores del bienestar colectivo, dispuestos a condenar al pueblo a miseria hambre y enfermedad en aras del crecimiento económico, que se imaginan ser aristócratas que deben ser servidos por la sociedad y el Estado, están equivocados, eso no es democracia, es totalitarismo.

[1] Catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Imagen: www.infopalancia.com

Del distanciamiento a la convivencia digna

Escrito en 19/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia.
Adela Cortina

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El distanciamiento recomendado para evitar el contagio del Covid19 es de apenas 1.8 M. Sin embargo, siguiendo el mal ejemplo de quienes levantan muros, un país que ha gozado del reconocimiento internacional por su hospitalidad y la promoción y defensa de los derechos humanos, se está dejando contagiar por el virus letal de la insolidaridad: un distanciamiento desproporcionado e injusto.

No se trata de cualquier distanciamiento. Tiene una dimensión de violencia simbólica y psicológica que cultiva el odio hacia los “otros amenazantes” (Carlos Sandoval), en el caso de los inmigrantes nicaragüenses ahora, además, convertidos en los principales agentes o “vectores” de contagio. Y una dimensión de violencia socioeconómica por parte de inescrupulosos empresarios, quienes aprovechándose de su condición de indocumentados y de pobreza, se les explota sometiéndolos a situaciones infrahumanas, con la complacencia de los gobiernos de turno. Cabe destacar que todavía hay reservas de hospitalidad solidaria que nos hermanan, y que debemos fortalecerlas.

Como bien señala la filósofa Adela Cortina, “aprender a convivir no basta; es preciso aprender a convivir con justicia”[1]. En este sentido, destaca esta autora que las sociedades deben proteger los “derechos humanos de segunda generación”, que corresponden a la “ciudadanía social”: “Aunque las Naciones Unidas cargan la tinta en el racismo y la xenofobia como obstáculos ante la conciencia de la igualdad, el mayor obstáculo sigue siendo la aporofobia, el desprecio al pobre y al débil, al anciano y al discapacitado”[2].

El país está lejos de una convivencia justa que garantice ese derecho fundamental a la ciudadanía social. Especialmente, cuando se favorece -lo que, paradójicamente, se ha venido convirtiendo en “política de Estado”-, la evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes empresas y el sector financiero. Asimismo, una campaña de odio y desprestigio contra los trabajadores y pensionados del sector público, presentándolos ante la opinión pública como delincuentes que viven a costas de los impuestos del pueblo.

Con este falso discurso se busca desviar la atención sobre los verdaderos privilegios producto de una relación “incestuosa” entre gobierno y sectores económicos dominantes, hoy dispuestos a desmantelar el Estado social de Derecho y privatizar la institucionalidad pública.

El discurso del odio de Donald Trump, que estigmatizó al inmigrante latino, y particularmente al mejicano, como delincuente y terrorista, ha encontrado su réplica en nuestro país ¿Cómo es posible que llevados por mezquinos intereses de una élite insolidaria, cuyo dios es el dinero y el poder a cualquier precio, se haya caído tan bajo, emulando a uno de los líderes políticos más nefastos y vergonzosos del mundo? ¿Hacia dónde quieren llevar el país las fuerzas políticas y mediáticas, utilizando las armas letales del miedo y el odio en una guerra permanente contra su mismo pueblo? No basta la escandalosa desigualdad que nos separa, ahora también se trata de concitar el odio para conducirnos al fratricidio.

Para el escritor mejicano, Alberto Ruy Sánchez, “el problema no es la crisis humanitaria, sino que en el poder de varias potencias estén desquiciados amantes de la violencia y de las armas, incluyendo las armas nucleares. Y que estos poderosos adinerados detesten a la cultura o la vean como algo decorativo. El mundo nunca ha dejado de estar en crisis humanitaria. Pero al salir de la última guerra mundial en el siglo XX se trató de establecer una nueva convivencia basada en los derechos humanos, incluyendo los culturales y de salud. La avaricia del dinero y poder avasallantes quiere pretender que todo eso no existe y no es necesario. Y eso es indignante”[3].

La pandemia actual está contribuyendo, como si fuese un actor político de primer orden, a exponer a la luz el verdadero rostro, cultural y éticamente empobrecido, de los poderes “fácticos” de un sistema neoliberal, que viene cultivando la frivolidad, la violencia y el autoritarismo. Y que ahora, en su desesperación, como la bestia herida de muerte, se ha vuelto más insensible y agresivo. Y como señala, el autor citado, lo más indignante es que le ha declarado la guerra a la cultura. La más devastadora porque ataca al “sistema inmunológico” de las sociedades humanas. Desestructurar las culturas ha sido la estrategia de dominación por excelencia de los imperios coloniales y neocoloniales.

Uno de los símbolos más elocuentes de este sistema insensible y violento es la rodilla del policía blanco de Houston Texas, Derek Chauvin, presionando hasta provocar la muerte por asfixia del ciudadano negro, George Floyd. Ambos ciudadanos de una misma patria, distanciados en un país sometido a la supremacía blanca, acicateada por el actual gobierno racista y aporofóbico de Donald Trump.

Es un símbolo trágico que retrata de cuerpo entero a un sistema que se resiste a morir, y uno nuevo y diferente que pugna por nacer (Gramsci). Efectivamente, ante la desesperación de no poder justificar tanta injusticia se acude a las armas más innobles para someter y asfixiar a quienes protesten o se rebelen: criminalización de la protesta social.

Sin embargo, cada vez son más visibles las manifestaciones de quienes apuestan, con decisión y voluntad, por superar el distanciamiento radical, insolidario y deshumanizante que impide la “hospitalidad universal” (Kant), la convivencia justa y afectiva entre los seres humanos y con la naturaleza.

Esta pandemia nos está convocando a un cambio de rumbo sustantivo, como bien señala el historiador Frank Snowden: “No es el fin del mundo, pero sí un claro mensaje de la naturaleza de que estamos viviendo de un modo no sostenible. Ese desafío no va a desaparecer incluso si la Covid 19 desaparece o aparece una vacuna contra ella”[4].

El desafío, en lo fundamental, apunta a la construcción un nuevo proyecto de convivencia global donde nos dispongamos a fortalecer las relaciones empáticas como especie y con nuestro hábitat; elevar al máximo nuestras potencialidades y capacidades afectivas para la convivencia digna y justa.

El país requiere con urgencia rectificar, en esa dirección. La mesa para el diálogo social constructivo sigue vacía. Se agota el tiempo y también la paciencia. La clase dirigente debería despertar, para darse cuenta que la presión de su “rodilla” está llevando al pueblo a los límites de la asfixia.

[1] Cortina, Adela (1999). Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid, Alianza Editorial p. 254.

[2] Ibid, p.238

[3] Paniatowska, Elena et.al. (2017) Trump. México te habla. Grandes esinnobles ycritores mexicanos opinan sobre Donald Trump. Entrevistas de Raúl Godínez. México, Nueva Imagen. P.57

[4] https://www.infobae.com/economia/2020/05/31/frank-snowden-historiador-de-epidemias-el-desafio-no-es-tener-cuarentenas-permanentes-sino-reabrir-la-economia-con-el-menor-costo/

La crisis del Covid en Costa Rica: una reflexión desde la geografía crítica

Escrito en 13/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Antonio Mora Calderón
Alberto Gutiérrez Arguedas

El presente documento es resultado de las reflexiones expuestas en el Foro “La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19”, realizado el 10 de junio de 2020, en el marco del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (GT-PGCL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como tal, el texto está estructurado en forma de una secuencia de ideas, a partir de las tres cuestiones/interrogantes que fueron levantadas en dicho Foro: (1) ¿Cómo ha sido la respuesta de cada gobierno? (2) ¿Cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno y cómo se complejiza en esta coyuntura? y (3) ¿De qué forma la geografía en general y la geografía crítica en particular contribuye o puede contribuir a enfrentar esta crisis?

1) Respuesta del gobierno/Estado costarricense
Desde el punto de vista meramente técnico-epidemiológico, la respuesta del Estado y la sociedad costarricense para contener la pandemia del Covid ha sido bastante eficaz y satisfactoria. Los números así lo revelan: 1.375 personas infectadas y 11 personas fallecidas -al 9 de junio-. Un dato revelador es el hecho que han muerto casi el doble de costarricenses en Estados Unidos (20), que dentro del territorio nacional. No obstante, en la última semana (1-7 junio) se ha visto un aumento inusitado de los casos, localizados principalmente en la Zona Norte, asociado a los enclaves agroexportadores. Vale aclarar: a pesar de que los números son en apariencia “buenos”, no queremos ser fríos y restar importancia a esta situación, pues la misma ha provocado sufrimiento a cada una de esas personas afectadas y sus familias.
Las medidas tomadas por el gobierno, y especialmente ordenadas desde el Ministerio de Salud, han buscado aminorar la cantidad de casos, evitar el llamado contagio comunitario, y al mismo tiempo desacelerar la velocidad de propagación del virus, con el fin de que el sistema de salud no colapse. Estas medidas han sido el teletrabajo en el sector público, cierre de escuelas, colegios y universidades públicas trasladando la educación a una modalidad virtual, la cuarentena voluntaria, así como la obligatoria para las personas que han venido del extranjero durante el estado de emergencia, el cierre de playas, parques nacionales y parques urbanos y metropolitanos, cierre de bares y espacios de confinamiento como teatros y cines, restricción vehicular y partes sanitarios, y otros.
Otro aspecto a destacar en esta coyuntura es la propuesta realizada por el gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud -OMS-, para crear un repositorio de acceso público en donde se faciliten conocimientos y tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del Covid. Si bien es una iniciativa admirable, el peso político que esta puede tener es bastante limitado, tomando en cuenta el papel de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo.
El principal factor que explica este “éxito” es la existencia de un sistema público de seguridad social aún bastante sólido y funcional, a pesar del debilitamiento que ha sufrido durante cuatro décadas de neoliberalismo, lo cual demuestra su enorme resiliencia. Han tenido un papel protagónico, en primer lugar, la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- y el Ministerio de Salud, pero también, todo un conjunto de instituciones públicas solidarias (Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, universidades públicas, Fábrica Nacional de Licores -FANAL, encargada de la producción de alcohol en gel-, Consejo Nacional de Producción -CNP-, entre otros).
En ese sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más claros que nos deja esta crisis es la importancia de defender las instituciones públicas, las cuales han sido víctimas de hostigamiento y de un ataque fraudulento y sistemático por parte de los grupos de poder político-económico, que abogan por su privatización. Todas las instituciones mencionadas anteriormente sufren graves desequilibrios financieros, así como un deterioro de su imagen en la opinión pública.
2) Contexto político y presiones económicas
La crisis sanitaria del Covid ocurre en un momento de profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región, en Costa Rica el proceso de neoliberalización no se ha caracterizado por “políticas de shock”, sino por una implementación gradual y progresiva durante casi 40 años, con algunas fases de aceleración, como la que vivimos actualmente. Otros ejemplos pueden ser los tres Programas de Ajuste Estructural (1985, 1989 y 1995), así como la firma del TLC con Estados Unidos (2008).
Como antecedente político más inmediato, tenemos la aprobación de una reforma fiscal de clara vocación regresiva, en 2018. Dicha reforma fue impuesta por el gobierno actual de forma vertical y autoritaria, a pesar de la masiva oposición por parte de diferentes sectores sociales. Entre algunas de sus medidas más cuestionables está la regla fiscal (que abre las puertas a recortar e inclusive cerrar instituciones públicas) y el Impuesto al Valor Agregado -IVA- (que recarga sobre la base social el mayor peso de la recaudación fiscal), al mismo tiempo que perpetúa privilegios fiscales sobre grandes capitales y no corrige los graves problemas de evasión y elusión.
Por detrás del “éxito” en la contención de la pandemia, se esconde un escenario social y económico muy preocupante, el cual se ha visto agravado y profundizado por esta crisis. Costa Rica ya está dentro de los diez países con mayor desigualdad en el mundo (el 20% más rico percibe 13 veces más ingresos que el 20% más pobre); el desempleo ha alcanzado uno de sus máximos históricos (12,5%) y apunta a seguir creciendo; hay una precarización económica y laboral acelerada (47,1% de la población económicamente activa en el sector informal), retroceso en derechos laborales; así como profundas asimetrías territoriales y regionales.
Los impactos económicos suscitados por el Covid han recaído mayoritariamente sobre aquellos sectores que ya, de por sí, estaban precarizados: pequeños productores y comerciantes, trabajadorxs informales, trabajadorxs del sector privado (el turismo sufrió un fuerte golpe), mujeres, jóvenes, entre otros. Cada vez más, importantes segmentos de la población enfrentan grandes dificultades y angustias para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda, trabajo y acceso a servicios. En muchas comunidades, rurales y urbanas, el hambre toca la puerta (encuesta reciente revela que una de cada tres personas se ha visto en la necesidad de disminuir tiempos de comidas).
Al mismo tiempo en que destacamos la importancia del Estado Social y las institucionalidad pública, criticamos el abandono histórico y sistemático que ha sufrido un conjunto de grupos sociales subalternos, por parte de ese mismo Estado. Campesinxs, pescadorxs, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante y refugiada, entre otras, han sido víctimas de exclusión y violencia estructural por décadas, y hoy, son algunos de los grupos en condición más vulnerable frente a la pandemia. El reciente brote de Covid en los enclaves agroexportadores -cuya mano de obra es mayoritariamente migrante- es clara muestra de ello.
Es precisamente a partir de estos grupos en condición de subalternidad que vemos algunas de las estrategias y alternativas más interesantes para encontrar salidas a la crisis social, económica y política del Covid. Frente al abandono y exclusión histórica, agravada en la coyuntura actual, se fortalecen los vínculos de solidaridad y reciprocidad, el autocuidado comunitario, muchas veces al margen del Estado, e inclusive, del mercado. Las comunidades fortalecen sus vínculos con el territorio, en busca de garantizar la reproducción de la vida.
En la coyuntura actual, el gobierno -y el Estado en general- se ha visto sometido a fuertes presiones por parte de grupos de poder político-económico. Si bien las medidas de contención de la pandemia han sido bastante eficaces, pareciera que hay sectores sobre los cuales el Estado prácticamente no tiene poder de injerencia, como el agronegocio. Las clases dominantes buscan aprovechar el estado de excepción provocado por la crisis del Covid para profundizar aún más el modelo, como quedó evidente en el documento publicado por Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado -UCCAEP- el pasado 5 de junio, titulado “Un pacto por el empleo”, en donde abogan, de manera cínica y autoritaria, por la eliminación y flexibilización de regulaciones laborales, fiscales y ambientales, para “reactivar la economía”.
3) Aporte de la geografía crítica para enfrentar la crisis
La geografía crítica puede ayudarnos a visibilizar la centralidad del territorio como parte de la construcción de un modelo de organización societeria alternativo. Ha quedado en evidencia la grave vulnerabilidad de tener una economía tan liberalizada y abierta a los circuitos de acumulación globalizados (por ejemplo, el agronegocio y el turismo), por lo tanto, es un momento oportuno para problematizar este modelo y apostar en otros usos del territorio, buscando una mayor equidad social, autonomía y justicia ambiental, “desde abajo y hacia adentro”. Propuestas como la agroecología y la economía social solidaria toman fuerza y se muestran como horizontes alternativos posibles. La soberanía/autonomía alimentaria es fundamental.
No obstante, creemos que a pesar de lo central que se ha vuelto el territorio para comprender y pensar en alternativas, la discusión de pensar la pandemia desde la lógica del territorio de gobernanza (Estado-nación) también puede invitar a fortalecer los nacionalismos, queriendo compararse con otros países. Esto puede llevar a que se pierda la perspectiva crítica en cuanto a la construcción social e histórica de los territorios, las territorialidades y los estados-nación. Pensamos esto porque nos preocupa el aumento del discurso de odio, xenofobia y chauvinismo, que se está dando en Costa Rica, por el aumento de casos en la Zona Norte.
Las escalas geográficas han cambiado enormemente a partir de esta pandemia. En este contexto, hablar de conceptos básicos de la Geografía como desplazamientos, distancias y localizaciones se vuelve un enorme reto, principalmente por el aumento del uso a los mecanismos digitales de comunicación. Además de ello, el confinamiento ha implicado desde doble a triples jornadas de trabajo en las mujeres, y esto no se puede naturalizar. La gigantesca ola de desempleo que desató esta pandemia tiene y tendrá repercusiones sociales que aún no logramos imaginar. La violencia y el consumo de alcohol en las casas se ha disparado y en general han cambiado muchísimo las escalas desde donde la gente está produciendo y reproduciendo su vida, en la medida de sus posibilidades. Por todo ello, nos surge la pregunta de cómo será la actual Geografía del Confinamiento en medio de esta pandemia. ¿Cómo podríamos cartografiar más allá de los casos activos por cantón, sino más bien lograr evidencias todas estas otras dinámicas sociales que se han desarrollado?

Análisis y justificaciones para no provocar mayor deterioro en salarios del sector público

Escrito en 12/04/2020. Publicado en Análisis, Trabajo.

Rodrigo Aguilar Arce, expresidente CTRN*

Como lo hemos indicado en ya reiteradas ocasiones, existen suficientes razones para oponerse a las deducciones salariales pretendidas por las fuerzas políticas afines a los sectores económicos neoliberales y liberales extremos para atender la crisis del COVID-19.

En esta difícil situación, la clase trabajadora es la primera que ha tenido que asumir sacrificios como reducir sus jornadas de trabajo y hasta perder su empleo por completo, cuando ya de por sí las estadísticas nos mostraban un desempleo superior al 12% y un subempleo cercano al 50%. La primera línea de sacrificados son los trabajadores del turismo en todas sus modalidades y de ahí los afectados se han extendido al resto de las actividades económicas.

Es claro que corresponde al Estado como tal, brindar la solución a toda esta población que por ese tipo de razones hoy carece de recursos para poder sostener a sus familias.

En algunos países los gobiernos han comenzado a utilizar los recursos provenientes de sus ingresos para distribuir en las personas que quedan en la indefensión, pero se trata de Estados que cuentan con suficientes recursos por cuanto sus sistemas tributarios recaudan altos porcentajes de la renta global y de la renta mundial, así como de otras rentas incluidas en sus sistemas tributarios, además del valor agregado.

Todo lo contrario sucede en nuestro país, donde no existen esos sistemas de renta de las empresas grandes, las que pertenecen al 1% de la población y que desde hace años evaden sus impuestos sin que lamentablemente se les haya impuesto límites a esas prácticas o aplicado sanción, como si ocurre en otros países.

Ya antes de que entráramos a conocer la crisis generada por la pandemia, el sector público había sufrido diversos golpes en su sistema salarial a pesar de la intensa y prolongada huelga realizada en el año 2018; los trabajadores del sector público vieron reducir parte de sus salarios con anualidades que se establecieron fijas y no porcentuales, vieron disminuir los porcentajes de dedicación exclusiva y prohibición, entre otras, y por supuesto, se les aplicaron ajustes salariales ya no a la base, sino fijos, muy lejanos al crecimiento de la inflación. Y no podemos dejar de mencionar que ya desde muchos años atrás esos salarios habían perdido su poder de compra, por cuanto en las diferentes administraciones se dieron incrementos muy por debajo de la inflación.

En otras palabras, el sector público ha sido golpeado y muy fuertemente desde hace mucho tiempo, y aún, así los políticos que solo siguen línea del sector empresarial insisten en seguir endosando los problemas a la clase trabajadora.

Volvemos a insistir que los salarios base del sector público están por debajo de los salarios del sector privado y en algunos casos en un alto porcentaje. Las anualidades apenas ayudan a equilibrar esas diferencias.

Por ello es necesario que la CTRN y las demás centrales sindicales se opongan a la propuesta del no pago de la anualidad, y exijan el cumplimiento del mismo tal como la ley lo indica.

Podría aceptarse una contribución de los salarios que estén por encima del ¢1 300 000 pero condicionado a que las grandes empresas aporten una cantidad equivalente a lo que han ocultado en los últimos tres años y que declararon supuestamente como pérdidas.

Cuadro comparativo de salarios base en el Sector Público con los salarios mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios

Podemos observar en este cuadro comparativo, que existen diferencias entre puestos similares hasta de ¢ 53 mil y diferencias relativas que van de 6,86% hasta 18.32%, siendo los más bajos los del Sector Público.

*Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

El COVID-19 y las tareas ciudadanas dentro del mandato constitucional

Escrito en 11/04/2020. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Carlos Campos Rojas

Estamos en Semana Santa. Momento de reflexión y confinados para desacelerar el avance de una epidemia, que tiene la capacidad de acabar con el más pintado si no se cuida. Así le pasó al Primer Ministro de Inglaterra, que sostenía que a esto no había que prestarle mucha atención, que la economía no debía detenerse. Hoy está delicadísimo en cuidados intensivos.

El país y con esto quiero decir, la ciudadanía, debe asumir, como lo establece el Art. 9 Constitucional, su plena responsabilidad para salir adelante, no solo con quedarse en casa, sino –y principalmente-, para asumirse como El Soberano que es, para intervenir en la toma de decisiones sobre lo que debe hacerse, para que Costa Rica salga airosa. Así lo manda la Constitución Política. Somos una República Participativa.

La actitud del gobierno de centralizar todo en Casa Presidencial, incluyendo los acuerdos legislativos, no hace otra cosa, que devolver el proceso de descentralización que había comenzado hace ya algunos años de manera tímida, para volver convenientemente al pasado, al vallecentrismo. Los gobiernos locales que apenas van a asumir este primero de mayo, vuelven a mendigar.

De esta forma, llaman a la población a aceptar con la cabeza baja, los despidos, la reducción de las obligaciones patronales, la reducción salarial, es decir que el pueblo socialice las pérdidas, pero los amigos del gobierno, capitalicen las ganancias. El argumento es que el pueblo debe, en estos momentos ser solidario.

Es claro que el Gobierno no va a permitir que los intereses de quienes se agrupan en el sector económico financiero productivo y de comunicación, de los que se autodenominan empresarios privados, sean tocados.

Si el Gobierno respondiera a los intereses de la ciudadanía, estaría, por ejemplo, suspendiendo el pago multimillonario de alquileres de los edificios donde operan las instituciones, para dirigir esos recursos a atender la crisis del Covid 19. Sus dueños no dependen de esos pagos millonarios, para soportar la crisis. Si el Gobierno fuera responsable, estaría llamando a cuentas a las grandes empresas que durante diez años no pagaron impuestos o que reportaron pérdidas y que siguen sin pagar impuestos, mientras que la ciudadanía, de manera responsable y en medio de su pobreza, paga día a día sus impuestos para sostener este país, pues es gracias a eso que gozamos de la poca paz que queda.

La corrupción y la impunidad como cultura institucionalizada, dio espacio a que una mafia política usurpara el poder de la ciudadanía. Han puesto en crisis la institucionalidad, hoy tienen el mejor terreno para hacer de las suyas, pero no nos representan.

Se nos había vendido la idea que seríamos el primer país del mundo en transformarnos en un Estado Abierto. Es decir, que para no cumplir lo que establece el Art. 11 Constitucional, de la obligatoriedad de los funcionarios públicos a la transparencia y a rendir cuentas, se habilitarían los datos del funcionamiento institucional, a través de sus páginas web. Hoy, desde el gobierno, la transparencia es censurada, centralizaron las decisiones y excluyeron la ciudadanía. La Constitución les estorba.

La crisis no es hoy, será mañana, será en los días que vienen. Si el Gobierno no abre las puertas al diálogo y a escuchar desde cada parte del país, las propuestas de solución, no habrá nuevo pacto social. Será el conflicto y el distanciamiento social, lo que nos enrumbe de cara al desafío que Costa Rica tiene que enfrentar, en un mundo que no será geopolíticamente el mismo.

Aunque algunos estén haciendo números alegres de cara a la elección presidencial y de diputados –que será en un año y ocho meses-, mejor no se confíen. La brecha social, la desigualdad económica y la carencia de oportunidades a la que nos condenaron quienes administraron el país, se profundizará con los nuevos pobres que van a surgir, ahora serán principalmente las Pymes, aquellos emprendedores que verán derrumbarse sus negocios y sus inversiones, porque la riqueza del país, estará encaminada a sostener los amigos del Gobierno.

Es el momento de construir sin manos escondidas, los procesos de trabajo y de diálogo, para mantener la paz y el desarrollo que nos han caracterizado. No una consulta vertical como al Gobierno le gusta. Debe ser un diálogo horizontal, sin exclusiones. Será para rectificar los errores de administraciones irresponsables, para asumir el desafío que nos dejaron los héroes y mártires de nuestra historia, que con su vida y su sangre nos legaron una institucionalidad que a pesar de los golpes que le han dado, ha sabido y demostrado ejemplarmente, enfrentar esta crisis.