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Etiqueta: empleo público

Proyecto de empleo público: entre el autoritarismo-totalitarista y la democracia participativa

ANEP reitera su oposición al texto actual y exhorta a que la comisión legislativa no lo dictamine
Ejecutarían varias reformas constitucionales de facto que, finalmente, ¡fracasarán!

Comunicado de Prensa ANEP

La Comisión de Gobierno y Administración, desoyendo los más responsables y especializados criterios de doctrina jurisprudencial y laboral en materia de empleo público, se alista para darle dictamen de mayoría al expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, previéndose una votación de 5 a 4 este martes venidero, día 10 de noviembre de 2020.

Ante esta circunstancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reitera su total rechazo a dicho texto, por varias razones que ya hemos venido dando con argumentación sólida, legal y profesional; mismas que han sido despreciadas por las diputaciones más extremistas de dicho foro legislativo.

Este proyecto 21.336 contiene graves violaciones a los principales postulados de la todavía vigente Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, especialmente en cuanto a la separación y la independencia de poderes. Será el Ejecutivo el que impondrá su visión y su política de empleo, de recursos humanos y salarial a los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial; agregándose el dictado centralista en la materia al que se considera el “cuarto” poder: el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). ¡He aquí una reforma constitucional de facto!

Este proyecto 21.336, castra, de raíz, la filosofía que animó la emisión de la Constitución Política de 1949, cual fue evitar la centralización del poder del Estado, estableciendo regímenes institucionales de autonomía, como el de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el municipal y el de las universidades públicas. Fue, precisamente, esa centralización de poder la que, entre otras razones, dio origen al enfrentamiento armado entre costarricenses, en 1948, cuando murieron unos 3 mil compatriotas de ambos bandos. ¡He aquí otra reforma constitucional de facto!

La anulación del papel institucional de la Dirección General de Servicio Civil, “departamentalizándolo” como dependencia del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), es un serio retroceso en cuanto al proceso de selección y reclutamiento del empleo público. Tal potestad queda nulificada, políticamente hablando, al decidirse en cada ministerio o ente estatal, bajo la égida de Mideplan, contrataciones a nivel “local”. Esto será un paso firme a la repartición cuatrienal de puestos de trabajo, precisamente por la altísima vulnerabilidad en que este proyecto deja la ya casi inexistente estabilidad laboral en el empleo público. ¡Otra reforma constitucional de facto!

Como indicamos, la poca estabilidad laboral en el empleo público que aún queda, llegará a su mínima expresión, dado que serán las jefaturas del personal subalterno a ellas, en todos los niveles de la jerarquía institucional, las que decidirán las calificaciones-evaluación del desempeño de las personas trabajadoras que dirigen en la función cotidiana; abriéndose así un peligroso sendero de trueque inmoral para conservar el empleo ante acoso laboral de diverso orden, solicitudes de favores sexuales, adhesiones partidarias por coyunturas electorales, celos por mejor capacidad del dirigido ante quien lo dirige, etc. Una evaluación del desempeño subjetivizada al máximo, sabiéndose que dos calificaciones consecutivas de menos de 70 % generarán despido inmisericorde, sin responsabilidad patronal alguna. Estamos de cara a un peligroso retorno al escenario pre- constituyente de 1949, en materia de asignación y de estabilidad en el empleo público.

Sin duda alguna, no se trata de una simple reforma legal en materia de empleo público. Hay un profundo fondo en todo esto y es la concepción del papel del Estado en la sociedad que anima a los promotores ideológicos y políticos de esta legislación, dentro de los cuales hay personas y grupos que no tienen escaño legislativo alguno pero que pesan, fuertemente, en la actual Asamblea Legislativa.

Podemos definir que el escenario político que se vive en el seno de la Comisión de Gobierno y Administración, tratándose del destino final en la misma al proyecto Ley Marco de Empleo Público, no es más que la definición de un rumbo peligroso para el país, cual es el del fomento del autoritarismo totalitario, en contra de la mismísima Carta Magna de 1949, la cual plantea la Democracia Participativa en su artículo 9. Por cierto, el pasado 7 de noviembre, la Constitución Política de Costa Rica cumplió 71 años de vigencia.

Si el germen nocivo del autoritarismo totalitario todavía no carcome, de manera definitiva, los principios fundacionales de la Segunda República y su Constitución Política de 1949, este proyecto 21.336 está destinado a ser declarado inconstitucional; aunque es nuestro deseo que la necesaria legitimidad de la Democracia de la Calle se exprese con toda su fuerza, en rechazo de esta perversa legislación anti-obrera y en favor de una real negociación, más que necesaria.

Comunicado de Prensa
Albino Vargas Barrantes,
Secretario General de ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de ANEP
San José, domingo 8 de noviembre de 2020

MINUCIAS LEGISLATIVAS y como tirarse de palo a palo

Roberto Zeledón

Ayer se aprobó el Proyecto 21478 para el aprovechamiento sostenible de pesca de camarón. Proyecto muy pero muy controversial.

Este proyecto es de la autoría del diputado Melvin Núñez Piña, puntarenense del Partido Restauración Nacional, partido que ostenta la Presidencia del Directorio Legislativo con Don Eduardo Cruiskshank y que para su nombramiento contó con los votos de la fracción del gobierno PAC y del otro socio el PLN. Este proyecto de pesca de arrastre tuvo la firma de 40 diputados más al ser presentado.

En la agenda de ayer se encontraba el proyecto para reducir el costo del marchamo. Otro proyecto polémico y que para que pudiera entrar en vigencia debía aprobarse antes del 1 de noviembre.

Recordemos que tanto la fracción de Gobierno como el propio gobierno se habían opuesto al proyecto porque «afectaba los ingresos de Hacienda». Previendo la aprobación de este proyecto, el Gobierno mediante el Ministerio de Hacienda decretó un aumento en la valoración de vehículos en un 25% en general para minimizar el impacto del proyecto.

Con el traslado al Edificio nuevo hubo contagios que afectaron principalmente al departamento que es principal soporte administrativo para el funcionamiento de comisiones. Tan es así que el martes pasado en horas de la mañana se cancelaron todas las comisiones hasta el 31 de octubre próximo, solamente quedó funcionando la Comisión de Hacendarios porque supuestamente ese personal no tuvo contacto con los contagiados del Departamento de Comisiones. Así fue como entre las comisiones canceladas está Gobierno y Administración que tenía que dictaminar el Proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Este jueves 22 la discusión del proyecto sobre pesca de arrastre consumió gran parte de la sesión.

Luego de la votación del proyecto de Restauración Nacional de pesca de arrastre, por ahí de las 3 pm, don Eduardo Cruickshank levantó la sesión argumentando que había 44 personas de toda la Asamblea que habían tenido contacto con contagiados y cerró las instalaciones hasta el lunes inclusive.

Con esta decisión de don Eduardo deja sin posibilidades al proyecto de reducción del costo del marchamo principalmente por los tiempos que no darían para Primer Debate, Segundo Debate y hasta la posibilidad de veto presidencial, que ya Carlos Alvarado había anunciado.

Así las cosas, el gobierno y las fracciones del PAC y Restauración aprovecharon la coyuntura pandémica y lograron cada uno sus objetivos: Restauración pesca de arrastre y Gobierno que no se aprobara la disminución en el costo del marchamo.

Dos apuntes finales:

  1. ¿Irá el Ministerio de Hacienda a revocar el aumento de valoración de la flotilla vehicular o aprovechará para cobrar más y sacarle más plata a los propietarios de vehículos?
  2. Carlos Alvarado como candidato se opuso a la pesca de arrastre: ¿irá a cumplir su palabra y vetará el proyecto aprobado sobre pesca de arrastre?

Movimiento Rescate Nacional: La teoría del diálogo y el espontaneísmo de clase

Trino Barrantes Araya
Alfonso Pardo Martínez
camilosantamaria775@gmail.com
alfonsopar@gmail.com
APARTADO No.
San José, 16 de octubre de 2020

El espontaneísmo de clase puede ser, en ciertas coyunturas, de una fuerza vital, capaz de derribar una tiranía, una dictadura o, simplemente, la dictadura en democracia que se ha logrado engarzar en el poder nacional del Estado costarricense, mediante la articulación y sujeción de los otros poderes de la República. La resolución de la Sala Constitucional respecto a la protesta social, es un buen referente de lo que decimos, como también lo es, la fotografía que refleja a cuerpo entero al presidente del Poder Legislativo, con el mandatario actual. Digámoslo de manera muy simple. Hoy existe en Costa Rica una fuerza omnipotente y omnipresente bajo el cobijo del mandatario Carlos Alvarado Quesada.

Pero la verdadera emancipación de la clase obrera, de las y los trabajadores, ha quedado demostrado históricamente, no deriva del espontaneísmo, por el contrario, la efectividad del movimiento popular descansa y requiere de una dirección colectiva y capaz de conducir el movimiento de protesta y popular hacia una ruptura del orden establecido. Lo demás es simple ejercicio de diálogo, a lo sumo de negociación.

Por lo general el espontaneísmo de clase, aún en su ruta de ascenso más determinante, en su clara afirmación de toma de conciencia (conciencia de clase), debe y requiere potenciarse para afirmar el proyecto alternativo, para evitar así, en su espiral ascendente y alcanzado el vértice más álgido del conflicto, el fracaso o la derrota del mismo. Digamos que, sin un proyecto político el movimiento espontáneo, deviene en una derrota clasista de corto plazo, aunque posibilita, precisamente por su falta de conducción y orientación política, el paso al oportunismo de clase y por encima de las dirigencias populares y honestas que han estado al frente de la conducción del movimiento como tal, se entronizan los falso líderes, o dirigencias que llevan a capitular ante el poder establecido.

En esta corta, pero convulsa agitación política que venimos viviendo desde el 10 de setiembre del año 2018, hemos logrado ascensos y resbalones (como decía Arnoldo Ferreto), que nos obligan a recomponer las fuerzas y a exigirnos a nosotros mismos, señalamos a las dirigencias sindicales y a una buena parte de los dirigentes del movimiento popular y a las izquierdas, una verdadera lectura de objetividad de la coyuntura, en que ha quedado inserto el movimiento popular en cada gesta de lucha que hemos venido sumando.

Pareciera una obviedad la desunión que se percibe al interior del movimiento popular, sindical y de izquierda; esto, sin lugar a dudas, no nos ha dejado avanzar. Apostamos, eso sí, a un posible proyecto electoral como otra salida espontánea, porque ni siquiera hemos sido capaces de establecer una carta país fundamental que haga posible la totalidad de las demandas.

Nos corresponde una gran cuota de responsabilidad. La izquierda nacional, o las izquierdas partidistas existentes en nuestro contexto, hemos sido incapaces de posesionar una visión de nuevo proyecto democrático, participativo y que tenga clara legitimidad ante las clases populares. Este vacío de conducción, esta visión de pecata minuta, también le es correspondiente al movimiento sindical clasista que, pese a sus grandes esfuerzos, sigue sin tener una agenda unitaria para, verdaderamente, enfrentar y derrotar al modelo neoliberal y al capitalismo.

Creemos, pertinente, señalar que esta lucha, aunque espontánea, ha dejado al descubierto las grandes falencias del Partido Acción Ciudadana-PAC, hoy en el poder, pero también ha dejado en evidencia, la incapacidad de sus lacayos de turno, el PLN, PUSC, PRN, PRSC, PIN. Una cuota no menos importante, la carga el Frente Amplio, que aunque de manera minoritaria, no ha hecho el ejercicio de una verdadera oposición.

Hoy, en este mismo orden de cosas, la coyuntura nos ha demostrado y ha dejado al descubierto el ascenso salvaje de los cuerpos represivos. El Comando Sur y las prácticas supervisadas en Murciélago, se graduaron, en su más sucio y pueril manifestación de poder militar. La prensa se alineó con un gobierno absolutamente deslegitimado, tuvo que convertirse en su caja de resonancia, porque por sí mismo, la figura del ejecutivo quedó invisibilizada. La incapacidad demostrada por Carlos Alvarado, la terquedad de negarse a escuchar las voces disidentes, y su escaso protagonismo a favor de los valores más importantes de la Patria, quedaron ausentes. Por el contrario, su gobierno altamente inmaduro, se puso al servicio de los intereses de la burguesía apátrida, la derecha recalcitrante y las cámaras patronales e industriales.

Hemos vivido un excelente ensayo de política de masas, nos toca y corresponde una importante jornada. Lo bueno es que en cada lucha se templa de manera más acabada el espíritu del proletariado, de las clases populares y de toda la masa de trabajadores del país.

APARTADO No. II

APUNTES: EXAMEN ACTUAL DE LA COYUNTURA CONTRA EL ACUERDO DEL FMI Y LA POLÍTICA IMPOSITIVA

Breve prontuario:

El movimiento magisterial, principalmente en las organizaciones de la Asociación Nacional de Educadores-ANDE, el Sindicato (Asociación) de Profesores de Segunda Enseñanza-APSE, el Sindicato de Educadores(as) Costarricense-SEC, El Sindicato Patriótico de Educadores 7 de Agosto-SINPAE y la Federación de Sindicatos de Trabajadores(as) de la Educación Superior-FESITRAES, articulados actualmente al Movimiento Social y Sindical Costarricense y al Bloque Unitario Social y Sindical Costarricense-BUSSCO, inició su participación activa y combativa de lucha, a partir del mes de setiembre, en el marco de la coyuntura actual.

Inicialmente con las caravanas patrióticas de relevos, las cuales recorrieron el país de frontera a frontera y de costa a costa, con el objetivo de concienciar al pueblo de Costa Rica, de las repercusiones nefastas de las políticas neoliberales del actual gobierno y la dirección político empresarial con la cual se dirige el actual proceso gubernamental, que sitúa a nuestro país, como el noveno país más desigual del mundo y uno de los más caros de América Latina.

Un segundo gran eje o aspecto que merece toda la discusión del caso, es que el resultado actual de la crisis fiscal, no responde a la naturaleza generada por el sector público de empleados, sino como resultado concreto de seis factores que han sido claramente expuestos y analizados. A saber: Elusión, evasión, exoneraciones, privilegios fiscales, corrupción, lavado y narcotráfico.

El carácter regresivo del Plan Fiscal, en sus cuatro grandes capítulos: Impuesto al valor agregado (Impuesto de Venta); Impuesto de la renta global, al empleo público y la regla fiscal, no resuelven en esencia el problema fundamental de esta crisis, como tampoco el endeudamiento estructural que supone la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Aunado hoy a esta profunda crisis fiscal, se suma la embestida de la pandemia, producida por el COVID-19, y los proyectos e iniciativas de las élites político empresariales que tienen, entre otros objetivos, privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social, desfinanciar a las universidades públicas, desmantelar el Estado mediante la venta de sus activos e instituciones emblemáticas: Fábrica Nacional de Licores, Consejo Nacional de la Producción, Instituto Costarricense de Electricidad, entre otras. Acompañando todas estas políticas, se ha logrado concertar una estrecha relación de los tres poderes, que afinan las políticas antilaborales, reducen los salarios, atacan sostenidamente al régimen de pensiones, precarizan la labor docente y profundizan la tercerización de la economía nacional. El panorama, mayor curva de desempleo, pobreza e inseguridad.

Por eso, desde una visión crítica y políticamente avanzada el movimiento magisterial ha venido apoyando con todas sus fuerzas, la iniciativa de lucha que se establece a partir del 30 de setiembre y que se mantiene hasta la fecha.

Por el contrario, la solución a la actual crisis que vive el gobierno se resolvería en la medida en que, el gobierno sea capaz de establecer medidas y correctivos para sanear el sistema tributario, establezcas proyectos claros y concretos para dinamizar la economía y establezca verdaderos mecanismos contra la corrupción.

II.- Sistemática represión, violación a los derechos humanos y actores sociales populares.

Independientemente del carácter espontáneo e inorgánico que le brindó a la conducción de este estallido social el Movimiento Rescate Nacional, lo cierto es que puso en la palestra política a una serie de nuevos actores sociales. Digámoslo de una forma política. Las clases populares más proletarizadas lograron un gran avance en su conciencia de clase.

Por su parte, el sector magisterial, interpretando correctamente el papel de estos nuevos actores sociales, bajo la Dirección del BUSSCO, fijo inteligentemente una clara política de alianzas una correcta interpretación de la unidad en la acción.

Independientemente del examen que posteriormente hagamos de esta coyuntura, si es necesario dejar constancia sobre su debilidad orgánica; lo espontaneo rebasó lo político. Aunque no ha sido nada despreciable el salto de calidad en la lucha popular que se ha ganado en este momento y los diferentes métodos de lucha que puso en juego el movimiento popular.

Bajo una política de alianzas formada por cuatro grandes bloques: Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense; Patria Justa, las Centrales y Confederaciones y el Magisterio en Acción, y el Movimiento Rescate Nacional, auguramos un buen norte en la lucha popular que se avecina en nuestro país.

III.- Punto de inflexión/punto de quiebra.

Como en todo proceso, este también tuvo un punto de inflexión. Creemos que,

sin embargo, el pliego final del MRN, presentado como condición para abrir el diálogo, llevó a una parálisis a la combatividad que hasta ese momento los sectores populares habían imprimido a la lucha

Todo comité de lucha debe tener un punto de inflexión, un punto de quiebra, a fin de hacer la lectura correcta de la coyuntura en que se inscribe el movimiento popular.

Los bloqueos sostenidos a lo largo de todo el país, en un ritmo de casi 25 de ellos diarios, dio lugar a que los aparatos represivos, la prensa mediática y la derecha lograra recomponerse. No obstante, hoy, el gobierno queda en un mal predicado y con el peligro subyacente que se genere un gran vacío de poder, presumiblemente canalizado por los grupos más recalcitrantes, fascistas y de derecha del país.

Hemos sido actores y testigos de una escuela política de lucha, un aula presencial que rompió con la burbuja del distanciamiento físico.

Como lo dijimos anteriormente, la contradicción irresuelta entre espontaneísmo de masas y proyecto político se convirtió en el gran obstáculo para haber obtenido un éxito absoluto en esta etapa de la lucha.

APARTADO No. III

MOVIMIENTO RESCATE NACIONAL, AJUSTE VIOLENTO Y DE SHOCK: El papel de las clases subalternas y el poder popular. NO al FMI


“…Cuando los enfrentamos nosotros(as), estómagos hambrientos, los imperialistas buscan sus armas. Cuando los imperialistas nos enfrentan, nosotras(os), estómagos hambrientos, unimos nuestros brazos y marchamos hacia adelante… El planeta está en llamas, los virus avanzan, el hambre acecha la tierra, pero incluso en este desastre, nosotrxs, la vasta mayoría de lxs habitantes del planeta, no hemos renunciado a la posibilidad de un futuro.”

Desde el 30 de setiembre del 2020, al día de hoy, el movimiento popular costarricense, bajo la dirección del grupo autodenominado Rescate Nacional, ha mantenido una constante en la lucha popular, mediante el bloqueo de las vías terrestres de comunicación más importantes de Costa Rica. Se calculan unos 35 bloqueos diarios.

Inicialmente, bajo consignas muy confusas, lograron articular una gran convocatoria de resistencia. Decimos consignas muy confusas, toda vez que se expresaban entre algunas de ellas: “No más socialismo”, “No a los impuestos”.

El Movimiento Social y Sindical, por su parte, desde las “Caravanas de Relevos”, estableció cuatro ejes fundamentales para articular la lucha popular: NO AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, QUE LOS RICOS PAGUEN COMO RICOS Y LOS POBRES COMO POBRES, un tercer eje articulador: No a la venta de instituciones públicas y finalmente Contra la agenda antiobrera. Obviamente estas cuatro consignas, se convierten en la bandera de lucha de todo el pueblo de Costa Rica. Pues en ellas se sintetizan el malestar que el pueblo de Costa Rica, impulsa contra el gobierno neoliberal de Carlos Alvarado Quesada, actual presidente de Costa Rica. Gobierno que, desde el primer día de manifestaciones, no ha propiciado el DIALOGO. Por el contrario, irrespetando la voluntad del soberano sostiene, bajo un esquema de terquedad, mantener la negociación de un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, por la suma de $ 1.750 millones, en condiciones que lesionan, no solo los intereses de la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables de este país, sino que compromete sensiblemente la soberanía de nuestro Estado/nación.

Las medidas del desmantelamiento del Estado costarricense, la venta de activos nacionales, los gravámenes exorbitantes contra el salario, las pensiones y los mecanismos de negociación de manera lesiva para el país, resultado del nuevo convenio con el FMI, dibujan el rostro de este gobierno.

Los grandes problemas estructurales no son atendidos. La evasión, la elusión, las exoneraciones a las grandes fortunas y la falsa facturación, son, en primer lugar, la causa esencial de la crisis fiscal que vive el país y que quieren descargarla sobre la espalda del pueblo y su clase trabajadora.

Ciertamente, por las políticas erráticas de la actual administración del presidente Alvarado, su estilo y esencia NEOLIBERAL, privilegiando al sector de los empresarios que han logrado la mayor concentración de las riquezas de nuestro país, es que se maduran las condiciones objetivas para que esta curva de lucha popular crezca exponencialmente, y sitúe al país en límites tan peligrosos, que si la pradera encuentra una chispa, la conflagración podría ser inevitable.

Por eso, desde el movimiento social y sindical pesan grandes preocupaciones: Qué respuestas tiene el gobierno de Alvarado para evitar el gasto público, y enfrentar a los grandes evasores.?

Si no se quiere tocar a los grandes intereses, los problemas que se vienen arrastrando sobre pobreza, desempleo, tercerización, propiciarán un caldo de cultivo y una efervescencia, que, si no se detiene a tiempo, vendría decididamente a romper con el orden constitucional costarricense.

Hoy solo se pide un espacio concreto. Que el gobierno establezca el diálogo con los actores de la lucha popular. Porque pese al nivel de violencia de los cuerpos policiales represivos, la lucha popular, antes de decaer, crece sostenidamente.

Sintetizamos diciendo. No a la venta de los activos nacionales, exigimos respeto a los derechos humanos fundamentales, la protesta social es un derecho, criminalizarla, es renunciar a la memoria de un Estado Nacional que se precisa de democrático. Estamos frente a la urgencia de recuperar el Estado Social de Derecho, pero también en una parte inédita de la política de alianzas y de la lucha de clases en este país.

Finalmente, hacemos nuestra la consigna, bajo la cual se ha aglutinado la protesta social: NO AL FMI, COSTA RICA NO SE VENDE, NUESTRO PAÍS SE DEFIENDE.

APARTADO No. IV

ACUMULACIÓN DE FUERZAS, ACTORES SOCIALES Y CUERPOS REPRESIVOS

4.1.- Derrotas contextuales y acumulación de fuerzas

Los acontecimientos que tienen lugar a partir del 30 de setiembre del 2020, aunque lo hemos indicado en párrafos iniciales, revisten de un gran contenido de espontaneísmo de clase, forman también un evento histórico de cualificación de la lucha popular, pues son resultado de un largo proceso de acumulación de “derrotas contextuales”, pero con una constante acumulación ideológica y clasista en la toma de su consciencia.

Un ligero mapeo de lo que señalamos: 2000, lucha contra el combo del Instituto Costarricense de Electricidad-ICE; 2002 Enfrentamiento del pueblo contra el monopolio de RITEVE: 2007, histórica resistencia popular contra el Tratado de Libre Comercio-TLC, 2018 (10 de setiembre) , histórica huelga de más de 92 días del magisterio nacional contra el Plan Fiscal, 2020, Caravanas de Relevos. Este último evento potenció la chispa y crispó el interés de clase que tendrá lugar a partir del 30 de setiembre y que de manera sostenida se mantuvo, a través de bloqueos en todo el país, hasta el 16 de octubre del año en curso.

4.2.- Actores sociales en el contexto de los bloqueos

En un ligero mapeo que nos ofrecen los diferentes actores que se hicieron presentes en los bloqueos a lo largo de todo el país, se pueden descubrir los siguientes sectores de clase.

En el sector campesino surgen con claridad el papel de los pequeños productores, un amplio sector de jornaleros, sectores medios agrícolas y campesinos sin tierra.

Vale destacar que, por ejemplo, el sector empresarial medio agrícola, incorpora como consigna básica: “Dejar ingresar la mano de obra extranjera”, para darle sostenibilidad a la producción del café y otras ramas de la agricultura. Pero también es este sector el que impulsa con toda la fuerza del caso, el carácter pacifista de la lucha, la defensa de la institucionalidad y la recuperación del Estado Social de Derecho.

Una frase que debe llamarnos la atención es la que expresa el dirigente campesino José Oviedo y otros dirigentes campesinos. No son palabras textuales, pero sus opiniones se orientan básicamente a lo siguiente. La situación del campo va a explotar, la agricultura nacional está en una profunda crisis, lo que pone al país a las puertas de una hambruna generalizada. Si no tenemos correctivos inmediatos y soluciones a corto plazo, puede que los bloqueos desistan, pero la crisis estructural tendrá un punto de explosión aún más violento y fuerte del que vivimos hoy día.

Otros tres agentes del motor social de esta lucha, están constituidos por los amplios sectores de la masa indígena, con acciones de lucha muy concretas, principalmente en la Zona Sur Sur y la frontera con Panamá. Otro tanto de este sujeto histórico lo constituyeron los actores de los “pymes”. Tal vez el caso más emblemático de la lucha se dibuja en la figura de Benjamín “El Indio” Mayorga.

4.3.- El enemigo principal y la política de alianzas

Ha sido muy novedoso, en el contexto de esta lucha, la forma en que los enemigos de clase se expresan y se manifiestan tácitamente.

Se rompe, de alguna manera, los hilos invisibles entre los poderes de la República y sus socios de ruta. La alianza entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más el amparo del TSE, el grupo Nuevo Horizonte, La Nación, Teletica y Repretel, son más que una señal en el comportamiento que asumen las políticas de alianza en este país contra los sectores populares y mayoritarios.

4.4.- El papel de los cuerpos represivos.

 “Fuerzas del Orden” y es muy posible que el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, hacia el movimiento social, se deba a la doctrina promovida por EEUU que básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la “seguridad nacional”.

Si algo claro nos ha dejado esta lucha, es la forma en que se logró dibujar de manera transparente, los cuerpos represivos de la Fuerza Pública.

Queda demostrado que la forma en que operaron los diferentes cuerpos de este incipiente aparato militar responde a los manuales de la Academia de Preparación y Entrenamiento de Alto Rendimiento Militar y Policial. Leer entre renglones, nos va dibujando algunos aparatos represivos que se hicieron presentes en los bloqueos. La Unidades Especiales de Apoyo-UEA, La Unidad de Intervención Policial-UIP, Los Policletos, La Policía Montada, el Grupo de Apoyo Operacional, La Policía de Fronteras y los agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica-SERT, amén de los cuerpos de la policía especializada como los cuadros del OIJ, la DIS o los agentes infiltrados pertenecientes al grupo.

Para nadie es un secreto y se ha venido documentando la participación de los cuerpos de la Fuerza Pública costarricense en las academias militares de los Carabineros, los Centros de especialización militar de Colombia o los talleres de formación bajo la dirección del MOSAE a las reservas de la Fuerza Pública.

Valgan aquí algunas consideraciones básicas. Obviamente, las academias militares proporcionan instrucción militar. La instrucción se hace antes de que cualquier persona reciba autorización para operar el equipo técnico, para disolver bloqueos, mítines, penetrar organizaciones o en el campo de batalla. Por los cursos que se reciben por parte de los carabineros y el ejército colombiano, se exige, pasar un examen físico. Si se pasa, inicia el entrenamiento primario, a decir información básica y lo más importante entrenamiento en técnicas necesarias para ser un militar eficaz.

Citamos en extenso:

“El año 2016 la Escuela de las Américas entrenó a 1749 uniformados del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea de América Latina pero también a 15 civiles y 190 policías /…/ Sabemos que Costa Rica y Panamá enviaron a sus policías a recibir entrenamiento, por el simple hecho que ambos países no tienen ejércitos; pero entre estas dos naciones el total suma 44 el 2016 /…/ Lo que sabemos es que esto puede influir negativamente en las llamadas “Fuerzas del Orden” y es muy posible que el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, hacia el movimiento social, se deba a la doctrina promovida por EEUU que básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la “seguridad nacional”.( Pablo Ruiz, periodista, es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas. /… /En Costa Rica por ejemplo, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, se conoció que entre los cursos que tomaron los policías de este país en la Escuela de las Américas, en los últimos años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso Operaciones información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia para Oficiales” y “Curso Analista de Información”

(https://www.alainet.org/es/articulo/183982 ).

Qué aspectos nos llevan a considerar todo lo anterior en este apartado. Veámoslo sucintamente:

  • Agresiones directas sin respetar género ni edades.
  • Exponer a los cuerpos policiales ante los manifestantes, sin el uso adecuado de su indumentaria. Esto para provocar intervención directa contra ellos y tener las justificaciones posteriores para avanzar en la represión.
  • Disparar directamente a la cara, al cuerpo o simplemente en el uso de armas que no son las reglamentarias.
  • Generar un desgaste físico y geográfico a los diferentes actores en los bloqueos. Posteriormente golpear utilizando un despliegue gigantesco contra los manifestantes. Gas lacrimógeno, las macanas y otros utensilios militares.
  • Forma particular de emplear u utilizar la “bestia” contra los manifestantes.
  • El juego artificioso que usó un gran contingente de los cuerpos represivos invocando el “pacifismo” y la “institucionalidad” que le está conferida a la Fuerza Pública. Se alega que incluso algunos agentes de la Fuerza Pública serán juzgados por abuso de autoridad. Pero de inmediato se ofrecen las cifras de 120 policías heridos y la perdida millonaria en busetas y patrullas que tuvo lugar en los días de los bloqueos.
  • Golpear sectores que no están participando directamente como manifestantes, para quebrar la moral de los potenciales participantes.
  • Se deja claramente establecido por la forma de actuar de los distintos cuerpos policiales, que sus métodos y tácticas responden denominado al proceso AIT (Entrenamiento Individual Avanzado, por sus siglas en inglés. “El desarrollo de aptitudes alude a la instrucción que recibe un miembro del Servicio para que su accionar sea lo más efectivo y eficiente”. (https://www.todaysmilitary.com/es/education-training/advanced-training).

ANEXO No.1

ANEXO. No.2
EMPRESAS QUE DECLARARON *_CERO GANACIAS_*
*POLYMER S.A.

*AERIS HOLDING COSTA RICA
*ARCELORMITTAL COSTA RICA
*BANCO LAFISE
*GRUPO FINANCIERO IMPROSA
*RESERVA CONCHAL
*OCCIDENTAL SMERALDA
*CLARO CR TELECOMUNICACIONES
*CLOROX DE CENTROAMERICA
*CORPORACION B C T
*ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA
*FLORIDA INMOBILIARIA
*SECRETO DEL PACIFICO
*TELEFONICA DE COSTA RICA
*CEMACO INTERNACIONAL
*CENTENARIO INTERNACIONAL S.A.
*CORPORACION MEGASUPER
*DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE *ELECTRODOMESTICOS MABECA
*FLORIDA ICE AND FARM COMPANY
*GRUPO DEL ISTMO COSTA RICA
*MAPFRE SEGUROS COSTA RICA S.A.
*PRODUCTOS DE CONCRETO
*REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO
*SCOTIA TARJETAS DE COSTA RICA
*STANDARD FRUIT COMPANY DE COSTA RICA S.A.
*BETTER RESTAURANT BRANDS S.A.
*CHIQUITA BRANDS COSTA RICA S.R.L.
*CORPORACION DAVIVIENDA CR
*CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE S.A.
*CORPORACION DE INVERSIONES CREDOMATIC
*CORPORACION PIPASA
*DURMAN ESQUIVEL S.A.
*GRUPO FINANCIERO CITIBANK DE COSTA RICA
*INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.
*PINTUCO COSTA RICA
*ALMACENES EL COLONO
*BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO
*CERVECERIA COSTA RICA
*GMG COMERCIAL COSTA RICA S.A.
*GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.
*GRUPO ISTMO DE PAPAGAYO S.R.L.
*INMOBILIARIA ALCOBENDAS CR S.A.
*KELLOGG COSTA RICA S.R.L.
*SERVICIOS DE PASTELERIA
* SUR QUIMICA S.A.
*UNIVERSIDAD U LATINA
*ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
 *AUTOSTAR VEHICULOS *BANCO IMPROSA
*BN VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.
*BOLSA NACIONAL DE VALORES S.A.
*CARLOS FEDERSPIEL &
*COMPANIA HOTELERA PLAYAS DE TAMARINDO
*CORPORACION COMERCIAL EL LAGAR
*DIPO
*DISTRIBUIDORA LUCEMA *ELECTRONICA DAYTRON
*GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS
*HIDROENERGIA DEL GENERAL H D G S.R.L.
*HOTEL Y CLUB PUNTA LEONA S.A.
*INGENIO TABOGA S.A.
*JARDINES DE LA CATARATA
*JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
*LAND BUSINESS S.A.
*METALES FLIX S.A.
*POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.
*SF COSTA RICA HOTELERA DE GUANACASTE S.A.
* 3-101-138869 S.A.
*ACNIELSEN COSTA RIC
*AJECEN DEL SUR S.A.
*ASESORES CORPORATIVOS DE COSTA RICA S.A.
*AUTOPISTAS DEL SOL
*BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S A BATCA SUCURSAL COSTA RICA
*CORPORACION ZERMAT DE COSTA RICA
*CORRUGADOS DEL GUARCO S.A.
*DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO S.A.
*DROGUERIA INTERMED
*FINANCIERA DESYFIN
*LA NACION S.A.
*MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A.
*SIEMENS S.A.
*VIDRIERA CENTROAMERICANA
*AVON DE COSTA RICA
*BANCO BCT S.A.
*BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
*BEJOS MIGUEL YAMUNI E HIJOS S.A.
*BRIDGESTONE DE COSTA RICA S.A.
*CASINOS PAJARO TRUENO S.A.
*CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA
*CIRSA GRAN ENTRETENIMIENTO DE COSTA RICA
*COMPAÑÍA ARROCERA INDUSTRIAL S.A.
 *COMPAÑÍA FARMACÉUTICA S.A. *CORPORACION ALGARD
*CORPORACION ROSTI POLLOS S.A.
*CORRUGADOS DEL ATLANTICO S.A.
*DHL MANAGEMENT CENAM S.A.
*DIAGEO DE COSTA RICA
*DISTRIBUCIONES HORIZONTALES S.A.
*DISTRIBUIDORA FARMANOVA S.A.
*DISTRIBUIDORA METALCO S.A.
*EL PELON DE LA BAJURA S.A.
*ERICSSON DE COSTA RICA S.A.
*ESSITY CENTROAMERICA S.A.
*EUROMOBILIA S.A.
*FABRICA NACIONAL DE LICORES
*FIDEICOMISO DE TITULARIZACION P.H. CARIBLANCO
*GMG SERVICIOS COSTA RICA
*GP SERVICES INTERMEDIA
*GRUPO NACION G N
*HIDROELECTRICA AGUAS ZARCAS.
*ILG SUPPLY CHAIN SERVICES
 *INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
 *INVERSIONES AM PM
*MARINA DE HERRADURA S.R.L. *METALCO S.A.
*MOLINOS DE VIENTO DEL ARENAL
*MONDELEZ COSTA RICA LIMITADA
 *OMNILIFE DE COSTA RICA
 *PETRODELTA COSTA RICA S.A.
*PETROLEOS DELTA COSTA RICA
*SCOTIA LEASING COSTA RICA
*SIGMA ALIMENTOS COSTA RICA
*S.A. DE VEHICULOS AUTOMOTORES
*SOIN SOLUCIONES INTEGRALES
*SONY INTER-AMERICAN S.A. SUCURSAL EN COSTA RICA.
 *GRUPCOST S.A.
*HOTEL OCCIDENTAL PLAYA NACASCOLO
*HOTELERA TOURNON
*AGROGANADERA PINILLA
 *FIDEICOMISO DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN
*TORRE MERCEDES S.A.
*TRANSACCIONES FERRETERAS DE COSTA RICA
*EBRO COSTA RICA LIMITADA
*HOTELERA SANTA MARTA
*HOTELES AUROLA S.A.
 *TORNILLOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA
*CONSTRUCTORA SAN JOSE CALDERA CSJC
*TIENDAS CARRION S.A.
*BAHIA LANGOSTA TAMARINDO LIMITADA
*CENTRO INDUSTRIAL MANUFACTURERO EL ROBLE CIMER S.A.
*CONSORCIO FERRETERO DE SAN JOSE S.A.
 *FIDEICOMISO MAG PIPA BANCREDITO
*HISPANIC COALITION
*PANASONIC CENTROAMERICANA
*PERSONNA DE COSTA RICA
 *QUIZNOS SUBS S.A.
*RECA QUIMICA S.A.
*BNS LEASING DE COSTA RICA S.A.
*CARIBE HOSPITALITY DE COSTA RICA S.R.L.
*CORP. ARROCERA COSTA RICA S.A.
*COSTA RICA MEATS COMPANY S.A.
 *HOSPEDAJE AEROPUERTO S M S.A.
*INDUSTRIAL ESCOSA
*INTELICELSA S.A.
*INVERSIONES DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO S.A.
 *MABE INDUSTRIAL S.A.
*NOKIA COSTA RICA S.A.
*CITI VALORES ACCIVAL
*CONAVEN S.A. *MARIN RAVENTOS S.A.
*R.R. DONNELLEY DE COSTA RICA S.A.
 *ALDESA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION
*AUTO ENSAMBLADORA
*CORPORACION YANBER
 *DETERGENTES Y JABONES S.A.
*EMINENT COMERCIAL
 *GEOENERGIA DE GUANACASTE LIMITADA
*LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA
 * MEDIO DE PAGO S.A. *SCOTIA SAFE S.A.
*SCOTIA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION
*TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA S.A.
*ADT SECURITY SERVICES
*ANIXTER COSTA RICA
*COLLIN STREET BAKERY INC
*GLOBAL EXCHANGE CASA DE CAMBIO S.A.
*H B FULLER CENTROAMERICA S.A.
 *REFRIGERACION INDUSTRIAL BEIRUTE
*RIMORE SERVICIOS S.A.
 *SMURFIT KAPPA EMPAQUES DE COSTA RICA S.A.
*A H R S CONSTRUCTOR SANCARLENO
 *ACCIONCORP S.A.
 *CENTRO COMERCIAL CURRIDABAT
 *COLCHONERIA JIRON
 *COMPAÑIA CONSTRUCTORA VAN DER LAAT Y JIMENEZ
 *EL ELECTRICO FERRETERO
*EVERTEC LATINOAMERICA
 *HOLCOM INDUSTRIAL
 *LAUREATE INTERNATIONAL COSTA RICA S.R.L.
 *MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA PUESTO DE BOLSA S.A.
* PARISIMA DOS INTERNACIONAL S.A.
*PORCINA AMERICANA
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SEC: Pedimos suspender la discusión del proyecto de Empleo Público

Ante la entrada en discusión del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el SEC solicita a las señoras diputadas y diputados retirar la propuesta, por la afectación que ocasionaría a la clase trabajadora del sector público.

Este proyecto ha sido conceptualizado bajo una visión neoliberal equivocada y carente de diálogo con los sectores involucrados la cual pretende favorecer al FMI, dejando en evidencia un nuevo intento por hacer que las trabajadoras y los trabajadores paguen por la crisis que grupos económicos poderosos ocasionaron.

Instituciones y diversos analistas, han señalado que su planteamiento aumentará el gasto, más grave aún convierte al Estado en un prestador de bienes y servicios, al mejor estilo de la empresa privada, pasando por alto su función de tutelar y garantizar derechos para la población, una perspectiva que ya trajo afectación en esos países que la han adoptado como México y Colombia.

También provoca una intromisión en los poderes y labores del Servicio Civil, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, órgano rector de las condiciones laborales en el país.

Para el SEC, el planteamiento de este proyecto debe ser otro, uno en el que se priorice desde las deficiencias estructurales que presentan los diferentes sistemas de empleo público, y no que se considere únicamente la visión sesgada de los sectores conservadores, enemigos del sector público, que pretenden restarle responsabilidad al Estado.

Por todo lo anterior y mientras exista un panorama de diálogo con voluntad política, pedimos suspender la discusión de dicho proyecto, en aras de encontrar otras rutas más oportunas para la recuperación económica y social del país.

 

Imagen ilustrativa.

¿El simplismo autoritario como atajo frente a la crisis fiscal? (Acerca de las propuestas de Gerardo Corrales)

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED

Me refiero aquí a un texto escrito por el economista y banquero Gerardo Corrales, que pareciera ser un mensaje dirigido al presidente Alvarado, y el cual, en los últimos días, circuló profusamente en redes sociales. Se trata de un listado de medidas gracias a las cuales lograríamos resolver, al parecer en forma definitiva, el problema fiscal. Con cada medida, viene la cuantificación respectiva. Algunas de esas cifras provienen de fuentes oficiales. En su mayoría son de la propia hechura del susodicho. De dónde salen los números que se ofrecen, nadie lo sabe; tienen un origen arcano y misterioso, solo al alcance del señor Corrales. Finjamos demencia, y limitémonos a repetirlas.

En lo que sigue, examino brevemente cada una de esas propuestas.

1) La aprobación de la ley de empleo público, incluyendo la prohibición de las convenciones colectivas (según lo indicado por Rubén Hernández) aportaría un ahorro del 1% del PIB en cuatro años. Así lo plantea Corrales. Yo, por mi parte, me permito decir ¿qué tal si, con una perspectiva menos autoritaria, admitimos que el tema es, como mínimo, opinable? Porque, ciertamente, es muy debatible la idea de imponer un régimen de empleo uniforme en todo el sector público, y un control centralizado de las políticas de empleo público. Por ejemplo, y para ilustrar el punto, mientras Corrales fue gerente del BAC ¿los regímenes laborales y salariales aplicados en ese banco eran idénticos a las que aplicaban el resto de las empresas, en el propio sector bancario y en otros sectores de la economía? ¿Será que había acaso algún estímulo especial a favor de quienes jaqueaban las bases de datos de la Caja, o para quienes embaucaban a gente humilde con tarjetas de crédito que cobraban tasas de interés arriba del 50%?

2) Aplicación generalizada del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas): 1% de ahorro. La idea es por lo menos, rara. El SICOP debería ser una herramienta para lograr mayor eficiencia, de forma que, gastando lo mismo, las cosas se resuelvan con más rapidez, y, entonces, los servicios sean de mayor calidad y más oportunos. Debería haber mejora que incremente la calidad y cantidad de los servicios, no recorte del gasto ¿de dónde saldría ese recorte? ¿Acaso se compraría menos? ¿Consistiría acaso la idea en hacer el mismo volumen de compras con menos gente, procediendo entonces a realizar despidos? Supongamos, en todo caso, que el ahorro proviene de economías de escala en las compras ¿no deberían emplearse entonces esos recursos que quedan disponibles para ampliar y mejorar servicios, en vez de irse a hinchar los recortes? Porque una cosa es cierta: las necesidades y demandas destendidas o mal atendidas, son muchas. Recortar, en vez de aprovechar lo que quede disponible para ampliar la capacidad de atención, es una vía regresiva.

3) Reforma organizacional (reorganización): 2% del PIB. Dejemos de lado, por un segundo, el autoritarismo implícito a la forma como la propuesta se formula, y admitamos que ningún proceso de reorganización está exento de conflictos y fricciones. Que si tal cosa ocurre -y en el mundo de los seres de carne y hueso es usual que ocurra- el resultado podría ser incierto. Acaso ello podría evitarse si de por medio hubiese un proceso, necesariamente complejo y laborioso, de diálogo y construcción de consensos. Pero, bueno, no parece que eso calce con el talante autoritario y la impaciencia que caracteriza la propuesta que estamos comentando.

4) También en este caso -como con el SICOP- cabe preguntarse ¿por qué reorganizar deba implicar ahorrar, es decir, recortar? Debería, en cambio, implicar mejoría. Es decir, sí es una buena reorganización, que genera ganancias en la eficiencia y motivación y compromiso en las personas, debería propiciar que, con la misma cantidad de recursos, se presten más servicios y servicios más expeditos y de mejor calidad. Proponer que habrá ahorros, equivale, poco más o menos, a proponer que se mantendrá la misma calidad y cantidad de servicios, pero utilizando menos recursos ¿Querrá esto decir que se despedirá gente, de forma que, aproximadamente, se mantengan los mismos servicios, pero con menos personal? De ser ese el caso, ello agregaría nuevos elementos de conflicto y fricción, los cuales, aunque ajenos a la racionalidad autoritaria, sí forman parte inherente de la realidad, y sí tienen consecuencias reales, generalmente negativas.

5) Aparentemente (el planteamiento es sumamente oscuro) hay también una propuesta de recorte de los altos salarios, por un monto equivalente al 2% del PIB. No sé cómo se amolda eso con las leyes vigentes, ni parece que sea algo que preocupe a Corrales. No lo dice, pero se adivina que la cuestión queda resuelta como un ejercicio tan simple como arbitrario: agarre las tijeras y corte.

6) Corrales admite que podríamos recuperar hasta un 2% mediante el combate a la evasión. Curioso: no dice nada de la elusión, herramienta favorita de los muy ricos para evitar pagar impuestos. Asimismo, llamativo: solo menciona los “movimientos subterráneos” en Aduanas ¿y las ganancias empresariales que, comprobadamente, son la principal fuente de evitación del pago de impuestos?

7) Privatización de empresas públicas. Las ideas aquí vuelven a ser oscuras y enrevesadas, lo que, de nuevo, obliga a un ejercicio de adivinación. La cuestión va como así: que un 60% de la propiedad de esas empresas pase a los fondos de pensiones, lo cual al parecer reduciría la deuda en el equivalente al 5% del PIB y reduciría los pagos por intereses en, al parecer, un 2% del PIB. Recalcó lo del “al parecer”, inevitable cuando hay tal oscuridad en la expresión de las ideas. Es muy llamativo que una reducción del monto de la deuda por cinco puntos genere un ahorro en intereses de dos puntos ¿cuáles son las tasas de interés que implícitamente el señor Corrales asume? Pero, en fin, como es él quien lo dice hay que creerle. Eso exigen sus fans, que tanto lo idolatran.

8) Quedaría algunas otras nimiedades por resolver: ¿o en serio alguien podría creer que basta con un movimiento de la varita mágica para que ese proceso de privatización llegue a su gloriosa realización? Creer que esas son fruslerías irrelevantes, solo es propio, o bien de una mente autoritaria, o bien de un razonamiento abstracto que perdió todo contacto con la realidad. Lo más probable es que ambas cosas a la vez.

9) Ahora que todavía restaría preguntarse: una vez privatizadas, ¿esas empresas seguirán contribuyendo al financiamiento del sector público de la misma forma y en los mismos montos como lo hacen hoy día? La pregunta cobra especial relevancia en el caso de los bancos públicos, aunque no solo con estos. Si la respuesta es negativa, ello implica que Corrales nos está debiendo la deducción correspondiente a los montos de las contribuciones fiscales (o más bien parafiscales) que esas empresas hoy día aportan, y que en el futuro desaparecerían.

10) La “reingeniería de la deuda”: aquí reaparecen las oscuridades discursivas del señor Corrales, de manera que no queda claro cuánto es el monto del ahorro estimado, aunque aparentemente (estoy adivinando) podría ser del orden del 2%. En todo caso, lo llamativo es que esa reingeniería deba limitarse exclusivamente a la deuda colocada en el sector público. Al parecer, los rentistas del sector privado merecen ser mimados.

11) Algunos ajustitos en materia tributaria darían un 1,5%, con afectación mínima para los más ricos. La supresión de algunas exoneraciones, aportarían, por su parte, un 1,16%. Puesto que, en este último aspecto, se acoge lo planteado por el propio gobierno, queda claro que zonas francas han de preservar intactos sus privilegios.

12) Y, por supuestísimo, la regla fiscal, materia en la cual Corrales también hace suyas las estimaciones oficiales, para sumar 3,3% a la buchaca de los recortes.

13) Para reactivar la economía, Corrales propone un “War Economic Room” (sic) de donde debe salir una reactivación de la economía que incrementará los ingresos en el equivalente al 2% del PIB. No se sabe cuáles son las medidas de reactivación -eso lo decidirá el “War Economic Room”- solo sabemos cuáles son los numeritos de Corrales, cuyo origen preciso igualmente desconocemos, pero ¿a quién le importa eso? Cuando lo afirma este señor, solo un camino queda disponible: creerlo.

14) En resumen, tenemos lo siguiente:

  1. Más del 13% (al parecer alrededor el 13,3%) del PIB en reducción de gastos.
  2. Aproximadamente un 6,7% de incremento de ingresos, incluyendo los 2 puntos que presuntamente rendiría la reactivación de la economía.
  3. Total: 20% del PIB, que, aparentemente, se obtendrían a lo largo de cuatro años, aunque eso no es claro (en algunos casos se menciona ese plazo, en otros se omite indicar plazo alguno).
  4. Al parecer, la mitad de ese monto se dedicaría a reducción (amortización) de deuda. La otra mitad para lograr reducir el déficit a cero. Recalco: al parecer es así, y es importante tenerlo en cuenta, en vista de las reiteradas imprecisiones en que el susodicho incurre, lo cual obliga a interpretar, suponer, imaginar y, en último término, adivinar. La cuestión no tiene que ver con la complejidad de las ideas planteadas. En realidad, éstas no son simples, sino simplistas, ajenas a cualquier problematización que tenga ni dos centímetros de profundidad. El problema es que las cosas están dichas de forma muy desprolija, con un manejo del discurso escrito que da pena.
  5. La cuestión tiene algo (o mucho) de delirante: nos quiere hacer creer que un ramillete de medidas puntuales e inconexas, no solo rendirían un monto gigantesco, sino que, además, podrían aplicarse sin que ello genere interrelaciones problemáticas y efectos secundarios, que, potencialmente, podrían ser muy complejos, y eventualmente muy conflictivos y dañinos. Como dije más arriba: es un planteamiento simplista, de tono autoritario y demagógico. Supongo que es justo por ello que resulta tan atractivo, puesto que, ante la ansiedad inevitable que toda esta situación genera, hoy son multitud quienes añoran una salida fácil, o algún milagro caído del cielo. Corrales, según parece, ha querido oficiar de profeta, a cargo de transmitir tan venturosa nueva.

15) En lo que no se dice -y lo que no se dice es muchísimo más que lo que está torpemente dicho- quedan muchas preguntas sin ser contestadas. Por ejemplo: ¿cómo se compatibiliza un proceso de ajuste fiscal de (al parecer) 5 puntos del PIB como promedio anual, con la presunta reactivación que el “War Economic Room” impulsaría? Quizá nos saque a relucir entonces las tesis de la “austeridad expansiva”, que, bien se sabe, enfrenta durísimos cuestionamientos teóricos y empíricos, y la cual, en un contexto de agravada incertidumbre como el que enfrentamos, y con índices de desempleo y pobreza realmente catastróficos, vendría a ser una apuesta al desastre. Pero, bueno, no sabemos. Este viene a ser otro más, en el interminable rosario de ejercicios de adivinación a que obligan las impresiones, vaguedades, silencios y omisiones de Corrales.

Alucinaciones fiscales en pandemia

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Un gobernante que se esconde detrás de verdugos pagados pronto olvida qué es la muerte
Juego de Tronos – George R.R. Martin

Tras la publicación de la propuesta de negociación del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), se presentaron una serie de polémicas que dejaron a primera vista un gobierno “huérfano” de todo apoyo; diputados y diputadas, sectores empresariales, sindicatos, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas entre otros reaccionaron con indignación, sin embargo, la presencia de algunos esos sectores no pueden ser abonado a una señal de solidaridad con los y las desfavorecidas. Para abordar estos hechos tan convulsos y confusos, se hace necesario poner de frente la ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para preguntarnos ¿Qué intereses nos llevaron a esta encrucijada?

Cuando vemos el camino hacia atrás de la implementación de la ley 9635 observamos una serie de compromisos y deudas pendientes con actores claves; algunos sectores cooperativos, los sectores financieros, los agroexportadores, los exportadores (zonas francas), además los evasores y elusores, esta lista no pretende ser exhaustiva, sino simplemente esbozar esos sectores que tuvieron al menos un trato preferencial en la conformación de esta ley y hoy se muestran al menos en silencio.

Por otro lado, la promesa del gobierno de turno fue continuar una ruta que estaba marcada por la creación o aumento de impuestos, reforma del empleo público y la consolidación de la regla fiscal. Todas estas promesas encontraron un freno ante la emergencia sanitaria, pero los números de las finanzas públicas empiezan a quedarse cortos.

Ante este escenario y la contracción económica, se ha visto como un salvavidas “oportuno” acudir al Fondo Monetario Internacional, que representa un tipo de alucinación de buenas intenciones, especialmente dado que es un organismo reconocido por su interés en la reestructuración de los Estados, en beneficio de los sectores dominantes del país, mediante la promoción de la privatización y la desregulación en aras de reducir el Estado, y privilegiar las condiciones de sectores con vínculos financieros internacionales (bancos, agroexportadores/exportadores).

Con esta idea del FMI, asistimos a una oleada de manifestaciones en las calles y una fila de “especialistas” y “técnicos” explicando los pormenores de las posibles medidas, una consigna se consolidó “no más impuestos”. Esta apuesta refleja por un lado el desencanto generalizado de la población por la administración económica-financiera del país, sin embargo, esconde otra alucinación, que todos y todas pagamos los mismos impuestos.

Alguna vez hemos sigo expuestos a ese negocio de dudosa reputación de la pirámide, donde nos prometen altos retornos por nuestra inversión, sin embargo, ese juego sólo beneficia al operador inicial, y dura hasta que “la gota derrame el vaso”. Así el gobierno de turno asemejo a un Esquema Ponzi (sistema de pirámide) empaquetó con promesas a diversos actores a cambio de su apoyo en distintas etapas, prometiéndoles que serían recompensados.

Lo que sucede es que los operadores de esta pirámide fiscal están quedando solos, dado que la capacidad de negociación les ha quedado corta, y hoy enfrentan la desnudez de sus intenciones, sectores agroindustriales, financieros y exportadores (zonas francas) son los operadores que sedujeron a través de esas alucinaciones a diversos actores que la cancha era igual y que “todos estarían pagando impuestos”.

El gobierno de turno intentó al igual que otros antes de él, vendernos esa alucinación de “equidad” tributaria con pesudo-reflexiones técnicas, y legitimar el actual estado de la coyuntura a través de esquemas tributarios que procuran según el discurso del sacrificio, expoliar a las personas de a pie, para así blindar por algunos años más a los sectores privilegiados.

Es evidente el tono de indignación detrás del “no más impuestos” ante la propuesta llana y sencilla de sobrecarga a través de los impuestos regresivos, sin embargo, una vez caída la pirámide, si miráramos con cuidado, al día de hoy no todos pagamos impuestos. Existen sectores de este país que han logrado convertirse en la “excepción a la regla” y hoy procuran seguir defendiendo esa posición, cobijados de una falsa “indignación”, es decir otra alucinación.

Es válido que pregunten, ¿entonces qué?, tal vez debamos corregir el pronombre relativo, y empezar a cuestionar Quiénes. Sigue la tarea vigente por visibilizar y denunciar esas actividades económicas que hoy siguen gozando de privilegios, esas ganancias que suman en las cuentas de sus titulares al margen de cualquier obligación, esos sectores financieros que acumulan ganancias y endeudan con sobregiros a las personas, esos sectores productivos que se encuentran al margen de cumplir con su responsabilidad corporativa, pero también esas omisiones postergadas convenientemente que han permitido eludir o evadir los impuestos.

¿Por qué mencionamos esto? Estos sectores se han localizado en un país que les ha dado las condiciones para sus operaciones (exoneraciones de impuestos, programas de apoyo institucionales, marco institucional y seguridad jurídica, inversión pública en diversas dimensiones) que representan acciones de política pública que han privilegiado sus actividades y protegido sus ganancias, pero para hoy se hace insostenibles ante las brechas socioeconómicas que han propiciado y los cambios estructurales que enfrenta la economía de nuestro país.

La simple frase “no más impuestos” sigue siendo una consigna de indignación, sin embargo, es un deber estar alertas y hacer las diferencias de quienes son, porque como lo sostenemos hoy, hay sectores y personas de este país que siguen sin pagar sus impuestos, beneficiándose de esquemas opacos o privilegios “trasnochados”, y esa factura debe se cobrada.

Costa Rica: un pueblo sin miedo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Una diputada, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que “la clase política no le tiene miedo al pueblo”, pues ahora es el pueblo quien no le tiene miedo a la clase política, al gobierno y a aquellos diputados y diputadas que están apoyando una negociación con el FMI, al estilo pordiosero, convirtiendo de nuevo al país en una “república bananera”, como en los tiempos de León Cortés – “cortés con los ricos y león con los pobres”.

Postrado, como un “siervo menguado”, este gobierno se deja imponer una agenda por parte del FMI, que crea las condiciones para el desmantelamiento institucional de la seguridad y bienestar social, que se ha obtenido a lo largo de nuestra historia republicana. Una afrenta a la celebración del Bicentenario de la Independencia.

Como en los tiempos del “Combo del ICE”, cuando el bipartidismo cerró filas para apoyar la privatización de esa insigne institución, hoy el pueblo se ha levantado y bloqueado puertos y ciudades, para decirle NO al servilismo y al sometimiento a los intereses privatizadores, que son los intereses más espurios y perversos de quienes solo piensan desde la billetera y no desde el corazón de la patria.

Este gobierno ha elegido el camino fácil de hipotecar el país, para que las nuevas generaciones tengan que cargar con su irresponsabilidad histórica de no propiciar salidas dignas, solidarias y justas a la crisis que estamos viviendo. O sea, sigue pateando la bola para no tener que asumir la responsabilidad histórica que le compete: pensar en el bien común y dejar de proteger a los sectores económicamente más poderosos de este país.

Para el presidente, según declaraciones dadas en Puntarenas este 30 de setiembre, solo hay dos alternativas: vender activos o poner más impuestos. Y como, supuestamente por ahora no se van a vender activos “rentables”, si no se aumentan los impuestos habría que sacrificar el empleo público, despidiendo trabajadores. Y el Ministro de la Presidencia, por su parte, aduce que la propuesta de impuestos pone a tributar a los que más tienen.

Ambos argumentos resultan una ofensa a la inteligencia y el sentido común. El ministro de Hacienda ha señalado que el impuesto a las transacciones bancarias significa el equivalente a un 20% del IVA, entonces se trata de un IVA con otro nombre, que lo tendrán que pagar todos los costarricenses. Lo mismo con el impuesto a los salarios y a las propiedades. Nuevamente, evade el gobierno la responsabilidad de poner a tributar a los que más tienen y cerrar la llave de la evasión, la elusión y las exoneraciones.

El pueblo haciendo uso de su sabiduría ha tomado la antorcha libertaria y se ha lanzado a las calles desafiando al COVID 19 y al gobierno. Son campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, entre muchos otros sectores.

Ellas y ellos, nos merecen el más digno reconocimiento y respeto. El movimiento social crítico y propositivo de este país, de mujeres y hombres libres, debería cerrar filas hoy alrededor de este movimiento, como se hizo en los tiempos del “Combo”.

 

Enviado por el autor.

Negociar primero con los acreedores, después con el FMI

Gilberto Lopes
Sep 2020

Reducir el gasto público, vender empresas del Estado y aumentar los impuestos: básicamente, son las tres recetas que el gobierno sugiere para negociar un préstamo con el FMI.

Quisiéramos sugerir que las dos primeras podrían ser desastrosas y la tercera debería ser revisada, entre otras cosas para eliminar exoneraciones a sectores como las zonas francas y normas que permiten a grandes empresas ocultar sus ganancias y no pagar nada al fisco.

Un estudio de la OCDE sobre la economía de Costa Rica (siempre lleno de generalidades y sesgos ideológicos), de junio pasado, señala que, como resultado de la pandemia el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse un 22% este año: el turismo ha colapsado; la tasa de desempleo está aumentando; alrededor de 7100 empresas, que emplean a más del 8% de todos los trabajadores, han solicitado ser incluidas en el régimen temporal de trabajo que les permite reducir las horas de trabajo y los salarios. El estudio reconoce también que la demanda interna se debilitará, ya que las medidas para controlar la pandemia impactan el consumo y la inversión.

Reducir el gasto público

En ese contexto, ¿qué sentido tiene reducir el gasto público?

Como los efectos de la Covid 19 en la economía mundial (y en la nuestra también) durará un tiempo largo, difícil aun de precisar, es necesario que los gastos reflejen nuestras prioridades para hacer frente a este desafío.

La crisis de la Covid 19 y la recesión ofrece una oportunidad única para repensar el papel del Estado, tanto sobre sus relaciones con las empresas privadas como con los empleados públicos y con las personas a las que ofrece todo tipo de servicios.

La vieja creencia de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha perdido toda credibilidad, señalaron recientemente dos economistas destacados, Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni. La reciente revelación de cómo los dineros de la CCSS se destinaron a financiar La Nación son una muestra contundente de cómo el sector privado depende del público.

Si no se compensa con dinero efectivo a empresas, trabajadores autónomos y asalariados, mientras no tengan ingresos, la economía irá directamente a la catástrofe; se dispararán la pobreza y todo tipo de problemas sociales, dijo el economista español Juan Torres. Se refería a la situación de su país (por cierto mucho más endeudado que el nuestro), pero no hay razón para pensar que la recomendación no se aplica también aquí. Pero nos quieren convencer de lo contrario.

Los salarios del sector público son casi un 50% más altos que los del sector privado en Costa Rica, como lo reconoce la OCDE. Parecería sensato, en las actuales circunstancias, pensar que es indispensable mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado. Pero no es así.

El pasado 28 de septiembre un economista costarricense publicaba en La República un artículo en el que señalaba, en tono crítico, que los “Salarios de empleados público son el doble de alto que en empresas privadas”. Reconoce también que si bien el salario promedio del sector público cae un 6,2% con respecto a marzo, como consecuencia de la pandemia, los privados caen un 9%, mientras los del gobierno central aumentan un 1,7%.

Dejemos por ahora de lado observaciones sobre el estudio de ese economista, naturalmente sesgado en cifras y conclusiones. Para el autor, de lo que se trata (también lo propone la OCDE) es de promover de forma urgente una “verdadera ley de empleo público que ordene el sistema salarial del sector, pasando a todos los funcionarios a un esquema de salario único para acabar con la perversidad de los pluses o incentivos salariales».

Es evidente la conveniencia de ordenar al régimen salarial del sector público que, con el tiempo, fue generando distorsiones entre las diversas instituciones. Pero la idea de esa “ley de empleo público”, tal como planteada, es llevar el sector al nivel del sector privado. En opinión de la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, un sistema de salario único “permitiría al Estado un ahorro de 243 mil millones de colones al año”.

¿Tiene sentido esto? ¿El Estado ahorra 243 mil millones de colones a costa de los costarricenses, propuesta hecha cuando lo que hace falta es garantizar ingresos suficientes a todos e inyectar recursos a la economía para evitar que colapse? Ese “ahorro” es dinero que Garrido propone sacar del bolsillo de los costarricenses, probablemente para pagar intereses de la deuda o –quien sabe– financiar proyectos “público-privados” cuyo costo para el Estado y para los costarricenses termina siendo desmesurado.

Esa visión miope y mezquina está detrás de todo el paquete económico propuesto por el gobierno. Quieren reducir el sector público, Pretenden cobrar impuesto al aguinaldo, acabar indefinidamente con los reajustes cuando la deuda supere el 50% del PIB. Una condición que la OCDE sueña con que la incorporemos a nuestra Constitución y que se hará eterna –como lo saben bien quienes hicieron una norma– pues difícilmente el país logrará rebajar su deuda a ese nivel en un tiempo previsible. Para tener una idea de lo que esa meta representa vale recordar que a finales de 2019, la deuda pública en la OCDE representaba 72,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros.

Consideraciones todas que nos llevan a la conclusión de que el gasto público debe incrementarse y mejorarse.

Vender empresas del Estado

También ha propuesto el gobierno vender empresas públicas.

El nuevo presidente de la Unión de Cámaras (UCCAEP), Álvaro Jenckins, empresario de la caña con empresas en zonas francas, –también miembro del grupo empresarial Horizonte Positivo, que hoy le habla al oído al presidente Alvarado–, no solo defiende el modelo sino que tiene interés en comprar Fanal, que el gobierno quiere privatizar.

En reciente entrevista Jenckins recordó los primeros contactos con Alvarado, cuando este era funcionario del IMAS en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se creó Horizonte Positivo.

Calculan el precio de venta de Fanal en doce mil millones de colones; pero la empresa aporta once mil millones a las arcas del Estado por año. Cosa similar ocurre con Bicsa, la otra empresa que quieren privatizar, con el argumento de que, con esos recursos, se reducirá la deuda pública.

Hace 30 años –dijo Ottón Solís, economista y fundador del PAC– “se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales”, en larga nota en la que defiende las iniciativas del gobierno.

Pero lo cierto es que, en estas materias, no hay nada “inevitable”. Lo ocurrido hace 40 años (no 30), en el gobierno de Rodrigo Carazo, no tuvo nada de “falso heroísmo”. Como tampoco la crisis fue resultado inevitable de los esfuerzos hechos entonces por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal y los compromisos de la deuda sin afectar los servicios públicos, como los de salud y educación.

Que las políticas de Carazo no fueron la causa de la crisis lo demuestra la situación del país hoy donde, 40 años después y de una continuada aplicación de políticas contrarias, estamos frente a los mismos (o peores) desafíos que los de entonces.

Hoy se conoce bien los intereses que estaban detrás de los esfuerzos por ahogar las políticas del gobierno de Carazo. Se trataba de iniciar un proceso de ajuste estructural, de asalto al sector público y de privatizaciones, particularmente el del sector bancario, que se inició entonces con recursos de la AID norteamericana.

No se trató de generosas concesiones de los Estados Unidos, en el escenario de su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua, como sugiere Solís. Se trató de una política despiadada, con recursos de la AID que significaron una severa carga para el país –obligado a recibirlos y depositarlos en una cuenta del Banco Central; pagar intereses de 21% por ese dinero, que el Banco Central se obligaba a prestar a prácticamente nulos intereses para comprar productos norteamericanos. Además de préstamos por cerca de 200 millones de dólares para crear una banca privada, contribuyendo a desarmar las bases del Estado Social en Costa Rica y avanzar en las privatizaciones, comenzando por el sector bancario.

Desde entonces no han cesado en esa lucha, fundamento de toda política neoliberal, de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, que está en la base de la crisis política y económica que la Covid 19 solo contribuyó a desnudar y acelerar.

Tal como en los 80, cuando los intereses más conservadores se aprovecharon de la crisis para adelantar sus intereses, el modelo se repite ahora, en este nuevo escenario.

Vendiendo empresas públicas para pagar deudas, a la larga solo tendremos cada vez menos recursos y más deudas, como ha ocurrido en estos 40 años. El desafío es desarrollar empresas para ganar dinero y, además, pagar deudas. Pero parece eso demasiado pedir para políticos de visión corta y empresarios de ambiciones desmedidas.

Aumentar impuestos

Aumentar impuestos: ¡sí, claro! Pero revisemos los hechos.

La reciente reforma fiscal condonó multas e intereses a empresas como la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El Rey por 194 mil millones de colones, gracias a la amnistía tributaria incluida en la reforma fiscal del año pasado.

Según Procomer, 375 empresas de zona franca tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en 953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al tipo de cambio del 31 diciembre 2018, casi un 55% de los 1.750 millones de dólares que el gobierno quiere negociar con el FMI.

Entre las exoneraciones es particularmente incomprensible las que disfrutan, por ejemplo, los casinos y las empresas de apuestas electrónicas que mueven $4 mil millones de dólares al año. O empresas piñeras y bananeras, que exportan al costo a Panamá y, por lo tanto, no pagan impuesto. Luego reexportan desde Panamá, donde tampoco pagan, porque no son productos producidos allá.

Volvamos al documento de la OCDE, que sugiere “comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas, que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial”. Y agregan: “También debe darse prioridad a la eliminación de exenciones fiscales que benefician a los hogares de altos ingresos”. Para la OCDE esto incluye gravar el aguinaldo, “que actualmente está exento del impuesto sobre la renta”, pero no dice ni una palabra sobre las zonas francas.

Una reforma a la ley el año pasado le permitió a las empresas de zona franca vender en el mercado interno, algo que les estaba prohibido. Esto les ha dado una condición privilegiada en el mercado nacional, pero ha facilitado también a empresas instaladas fuera de zona franca crear mecanismos para ocultar ganancias y no pagar impuestos.

El mecanismo lo explicó el economista Daniel Vartanian: una empresa que está instalada en Costa Rica le compra –a precios particularmente elevados– servicios a una empresa de su mismo grupo inscrita en zona franca. Servicios como administración de personal, contratación de artistas y realización de grandes conciertos; display en las góndolas (en el caso de un supermercado), entre muchos otros.

El resultado es que la empresa que está en el mercado local no tiene ganancias y, por lo tanto, no tributa. La que esta en zona franca tampoco tributa porque las de zona franca están exentas. Walmart, o Credomatic, son empresas que operan con mecanismos de este tipo.

No deja se ser particularmente irritante que empresarios de zonas francas, hoy instalados en puestos clave del gobierno, argumenten que francas no se les puede cobrar impuestos porque se irían del país, argumento que –como es obvio– no se sustenta, conociendo ese vínculo entre las del mercado interno y las de zona franca.

En el caso de las zonas francas se agrega otra medida, también del todo inconveniente. Se trata de la reciente exoneración de los impuestos a bienes inmuebles que antes pagaban.

“Lo más paradójico es que hace dos meses exoneraron a las zonas francas del pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, que siempre habían pagado. Mientras a las empresas más grandes se les quita el pago, ahora quieren triplicárselo a la gente. Esta situación es insostenible”, expresó el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler.

El documento de la OCDE al que hemos hecho reiteradas referencias afirma también que, según la experiencia de Colombia, “reducir las contribuciones a la seguridad social puede ayudar a reducir la informalidad”.

Dice también que “trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”. Una falacia, en el fondo y en la forma, un argumento para el que el documento no aporta evidencia alguna.

Un lenguaje avieso para proponer lo que he llamado la “economía mágica”. Una economía sin sustento en los hechos, ideología pura que apenas esconde una voracidad perversa. Argumentos todos que ilustran bien la naturaleza de las decisiones sobre estas materias y hacia qué lado inclinan la balanza las propuestas del gobierno.

Negociar primero con los acreedores

El tema de la deuda pública es extenso y complejo. Se han multiplicado los análisis que desnudan los intereses que se esconden detrás de las diversas propuestas del largo documento donde el gobierno expone sus propuestas al FMI.

Los intereses que el país paga por su deuda llegaron a más del 4% del PIB a fines de 2019. De modo que es conveniente renegociarla, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el gasto público, como consecuencia de la Covid 19.

Pero, además de lo que propone el gobierno, no hay en el documento ninguna propuesta de renegociar la deuda –como hizo ya en dos ocasiones, por ejemplo, con mucho éxito, el gobierno argentino– reduciendo montos, mejorando plazos y tasas de interés. El gobierno de Alvarado no ha propuesto nada de eso, un aspecto indispensable en cualquier iniciativa seria de renegociación de la deuda.

Gran parte de la deuda pública de Costa Rica –al contrario de la de otros países– está en manos de acreedores nacionales. Como lo indica el gráfico de la OCDE, a fines de julio casi 78% de la deuda era interna y cerca de 22%, externa. Hay que negociar primero con los tenedores de esa deuda, antes de acudir al FMI, donde se debe llegar con un escenario más claro y menos demandante, si se logra una renegociación favorable.

El gobierno, además de no haber hecho ninguna propuesta de renegociación a los acreedores, tampoco ha hecho referencia alguna a otras diversas propuestas, como las de utilizar las reservas del Banco Central para hacer frente a los mayores gastos provocados por la pandemia que, como lo han demostrado economistas y banqueros nacionales, podrían hacer inclusive innecesario cualquier negociación con el FMI.

Queda en evidencia así que no se trata del problema de la deuda, ni del gasto público, sino de una nueva ofensiva para ordenar el país de acuerdo a un modelo que no solo no va a permitir reducir la deuda, sino que va a agravar las disparidades sociales que se han acentuado en los últimos 40 años, caldo de cultivo para la miseria insultante que la Covid 19 dejó en evidencia en todo el país.

Una alternativa política

Ante esta realidad –y esta es mi propuesta– habiendo surgido innumerables voces que, bien informadas, sugieren caminos más razonables y justos, sería oportuno que se reuniesen y, agrupados detrás de estas sugerencias, la transformen en el programa de un conjunto de personas dispuestas a conformar una importante fracción parlamentaria en las próximas elecciones, en un esfuerzo no solo por detener y revertir estas políticas conservadoras, sino también por recuperar un indispensable nivel político en una Asamblea Legislativa que hoy, con contadas excepciones, da vergüenza.

Manuel Delgado expone implicaciones de la negociación Gobierno – FMI

La seccional en el Hospital Nacional Psiquiátrico de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) invitó al periodista y filosofo Manuel Delgado Cascante, a comentar las implicaciones de la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el programa de opinión y formación Más que Una Opinión de UNDECA – Hospital Nacional Psiquiátrico, el analista detalla los efectos que tendría este pacto promovido por el gobierno y sectores afines. Le invitamos a escuchar la exposición.

Nota del expositor:

Hay en mi exposición un error de expresión que se me escapó y es que las exoneraciones en el país son del orden del 6% del PIB (eso está bien), pero el gobierno pretende reducirlas en un 0,52%, es decir, quedarían algo así como en un 5,48%. Es decir, las reducen en una cantidad ridícula. Perdonen que no me haya podido expresar bien. Vamos a hacer una edición escrita de la que luego les estaré hablando y voy a corregir. Agradezco todas las observaciones críticas que me ayuden a mejorar ese texto. Gracias.

Nota editorial: Las observaciones para el analista Manuel Delgado Cascante pueden enviarse al correo periodico.surcos@surcosdigital.com y con gusto se las haremos llegar.