ANEP reitera su oposición al texto actual y exhorta a que la comisión legislativa no lo dictamine
Ejecutarían varias reformas constitucionales de facto que, finalmente, ¡fracasarán!

Comunicado de Prensa ANEP

La Comisión de Gobierno y Administración, desoyendo los más responsables y especializados criterios de doctrina jurisprudencial y laboral en materia de empleo público, se alista para darle dictamen de mayoría al expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, previéndose una votación de 5 a 4 este martes venidero, día 10 de noviembre de 2020.

Ante esta circunstancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reitera su total rechazo a dicho texto, por varias razones que ya hemos venido dando con argumentación sólida, legal y profesional; mismas que han sido despreciadas por las diputaciones más extremistas de dicho foro legislativo.

Este proyecto 21.336 contiene graves violaciones a los principales postulados de la todavía vigente Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, especialmente en cuanto a la separación y la independencia de poderes. Será el Ejecutivo el que impondrá su visión y su política de empleo, de recursos humanos y salarial a los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial; agregándose el dictado centralista en la materia al que se considera el “cuarto” poder: el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). ¡He aquí una reforma constitucional de facto!

Este proyecto 21.336, castra, de raíz, la filosofía que animó la emisión de la Constitución Política de 1949, cual fue evitar la centralización del poder del Estado, estableciendo regímenes institucionales de autonomía, como el de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el municipal y el de las universidades públicas. Fue, precisamente, esa centralización de poder la que, entre otras razones, dio origen al enfrentamiento armado entre costarricenses, en 1948, cuando murieron unos 3 mil compatriotas de ambos bandos. ¡He aquí otra reforma constitucional de facto!

La anulación del papel institucional de la Dirección General de Servicio Civil, “departamentalizándolo” como dependencia del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), es un serio retroceso en cuanto al proceso de selección y reclutamiento del empleo público. Tal potestad queda nulificada, políticamente hablando, al decidirse en cada ministerio o ente estatal, bajo la égida de Mideplan, contrataciones a nivel “local”. Esto será un paso firme a la repartición cuatrienal de puestos de trabajo, precisamente por la altísima vulnerabilidad en que este proyecto deja la ya casi inexistente estabilidad laboral en el empleo público. ¡Otra reforma constitucional de facto!

Como indicamos, la poca estabilidad laboral en el empleo público que aún queda, llegará a su mínima expresión, dado que serán las jefaturas del personal subalterno a ellas, en todos los niveles de la jerarquía institucional, las que decidirán las calificaciones-evaluación del desempeño de las personas trabajadoras que dirigen en la función cotidiana; abriéndose así un peligroso sendero de trueque inmoral para conservar el empleo ante acoso laboral de diverso orden, solicitudes de favores sexuales, adhesiones partidarias por coyunturas electorales, celos por mejor capacidad del dirigido ante quien lo dirige, etc. Una evaluación del desempeño subjetivizada al máximo, sabiéndose que dos calificaciones consecutivas de menos de 70 % generarán despido inmisericorde, sin responsabilidad patronal alguna. Estamos de cara a un peligroso retorno al escenario pre- constituyente de 1949, en materia de asignación y de estabilidad en el empleo público.

Sin duda alguna, no se trata de una simple reforma legal en materia de empleo público. Hay un profundo fondo en todo esto y es la concepción del papel del Estado en la sociedad que anima a los promotores ideológicos y políticos de esta legislación, dentro de los cuales hay personas y grupos que no tienen escaño legislativo alguno pero que pesan, fuertemente, en la actual Asamblea Legislativa.

Podemos definir que el escenario político que se vive en el seno de la Comisión de Gobierno y Administración, tratándose del destino final en la misma al proyecto Ley Marco de Empleo Público, no es más que la definición de un rumbo peligroso para el país, cual es el del fomento del autoritarismo totalitario, en contra de la mismísima Carta Magna de 1949, la cual plantea la Democracia Participativa en su artículo 9. Por cierto, el pasado 7 de noviembre, la Constitución Política de Costa Rica cumplió 71 años de vigencia.

Si el germen nocivo del autoritarismo totalitario todavía no carcome, de manera definitiva, los principios fundacionales de la Segunda República y su Constitución Política de 1949, este proyecto 21.336 está destinado a ser declarado inconstitucional; aunque es nuestro deseo que la necesaria legitimidad de la Democracia de la Calle se exprese con toda su fuerza, en rechazo de esta perversa legislación anti-obrera y en favor de una real negociación, más que necesaria.

Comunicado de Prensa
Albino Vargas Barrantes,
Secretario General de ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de ANEP
San José, domingo 8 de noviembre de 2020