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Etiqueta: empleo público

UCR reitera su desacuerdo con el proyecto Ley Marco de empleo público

La UCR mantiene su posición de que las universidades públicas deben quedar fuera de este proyecto de ley. (Imagen: Andrea Jiménez)

Alejandra Amador Salazar, Periodista

Luego de analizar el texto sobre el Proyecto Ley Marco de empleo público dictaminado por la Comisión Permanente de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó nuevamente no aprobar dicha propuesta debido a que mantiene muchos de los elementos que violentan la autonomía de las universidades públicas y la independencia de los poderes del Estado.

En el dictamen que la Institución enviará al Poder Legislativo, el Órgano Colegiado llama la atención sobre la manera tan básica en que el proyecto concibe la autonomía universitaria y sobre los planteamientos desarrollados por la misma Sala Constitucional que resultan contradictorios al artículo 84 de la Constitución Política.

Para la UCR, las modificaciones introducidas al texto no corrigen los vicios señalados por la Sala IV, sino que son una coletilla que no toma en cuenta el sistema completo, pues lo que hace es maquillar la propuesta original para decir que se adapta a las estipulaciones constitucionales sin realmente hacerlo.

Por otra parte, esta casa de estudios superiores señala que la iniciativa tiene implicaciones serias para las universidades públicas, ya que concibe dos categorías de contratación laboral: una que tiene fines protegidos constitucionalmente en sus actividades de docencia, investigación, extensión y acción social –a la que no se le aplicaría la futura ley–, y otra de personal administrativo y demás personas trabajadoras que sí se somete a las nuevas regulaciones y que quedaría expuesta a los vaivenes del Poder Ejecutivo.

Para el Consejo Universitario, el proyecto de empleo público tiene un objetivo de naturaleza financiera y de control del gasto en materia de remuneraciones, pero –solapadamente– también contiene una reforma del Estado no explicitada, discutida, ni decidida por la sociedad costarricense, cuando centraliza este tema en el Poder Ejecutivo y debilita las autonomías otorgadas constitucionalmente, lo cual lesiona un aspecto básico de la democracia costarricense como es la independencia de poderes.

Al mismo tiempo, la UCR indicó que, si bien es oportuno diseñar una legislación que permita a las instituciones estatales continuar fortaleciendo su eficacia, efectividad y eficiencia, en procura del bienestar de la población, ese objetivo es enemigo de la improvisación, el análisis superficial, la falta de rigurosidad científica y de estudios técnicos, así como de perspectivas cortoplacistas cimentadas en análisis económicos que acentúan la dinámica fiscal por sobre las complejas interrelaciones que caracterizan a las sociedades actuales.

Ejemplo de ello es la intención de unificar el sistema salarial del sector público sin que estén claros los aspectos metodológicos que contemplaría el establecimiento del salario global.

Finalmente, el Consejo Universitario llamó la atención sobre la cláusula de objeción de conciencia que todavía conserva el proyecto de ley y que para el ámbito universitario es inconveniente, porque la universidad pública debe posicionarse a la vanguardia en las reflexiones, nunca tener autorización para evadir el análisis crítico de las ideas y los sistemas de pensamiento o, peor aún, discriminar a las personas por causa de ellas.

Adicional a estos señalamientos, el criterio de la UCR contempla una serie de observaciones específicas y posibles formas de subsanar los inconvenientes que presenta el texto, en caso de que la Asamblea Legislativa insista en aprobar la iniciativa de ley.

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Tomado de: https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/ucr-reitera-su-desacuerdo-con-el-proyecto-ley-marco-de-empleo-publico.html

La desconstitucionalización de las autonomías y empleo público

“La tesis según la cual el Presidente, o el Ejecutivo, deben tener todas las atribuciones en última instancia, (…), esa es la teoría estatista o totalitarizante; la de las autonomías, (…) para evitar la concentración de poder y recursos, es la tesis democrática.” (Diputado Constituyente Rodrigo Facio)

Manuel Hernández

En un artículo de opinión que recientemente me publicó el Semanario Universidad, titulado “El virus del malinche universitario”, critiqué, desde el punto de vista jurídico, la pusilánime posición de CONARE acerca del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

A raíz de ese artículo, funcionarios de otras instituciones públicas, que me honran con su lectura, me solicitaron que, más allá de los confines de los campus universitarios, expusiera los alcances que tiene el proyecto, en general, en el ámbito de las autonomías institucionales.

Pues bien, trataré de cumplir este particular cometido.

1.- La ruptura de las autonomías constitucionales

El último texto de Empleo Público, que podría estar la próxima semana, en la agenda de primeros debates, que ya va por la cuarta edición, y que en cada versión de esta tragedia legislativa, como decía Unamuno, se mantiene en estado de agonía, conserva, en lo esencial, el mismo libreto totalitario y antidemocrático, trastocando las autonomías de las universidades públicas, Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

Al tenor de la nueva cirugía reconstructiva que sufrió el accidentando proyecto, fundamentado en un singular voto de la Sala Constitucional (N° 017098-2021), que como la serpiente que se come su misma cola, ese Tribunal se volvió contra su propia doctrina y jurisprudencia, el proyecto estableció que quedan excluidas de la rectoría de MIDEPLAN, únicamente “las relaciones de empleo de personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sea exclusivas o excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas“ a aquellas entidades públicas.

La regulación de la relación de empleo de esta única categoría de personas trabajadoras, la retendrán simbólicamente los órganos supremos de cada una esas entidades, pero que no quedan excluidas de la cobertura del proyecto, y en consecuencia, estarán sometidas al rigor de sus cánones autoritarios y fiscalistas. Por contrario, la rectoría y regulación de la relación de empleo, en materia de reclutamiento, selección, contratación, concursos, evaluación de desempeño, remuneraciones, entre otras, de todas las demás personas trabajadoras de esas instituciones, la asumirá y definirá unilateralmente MIDEPLAN.

Entonces, a esta dependencia del Poder Ejecutivo, transmutada en el emergente Leviatán, el proyecto, haciendo una regresión en el tiempo, que nos devuelve más de 70 años atrás, a la época del clientelismo y reparto del botín político (spoils system), le transfiere a MIDEPLAN la gobernanza y regulación de la relación de empleo de significativas categorías de trabajadoras y trabajadores de dichas instituciones.

De esta manera, tratándose de estos amplios colectivos laborales, se desposeen las competencias constitucionales de esas entidades, cuya regulación, mediante políticas, directrices, reglamentos y ordenanzas, la realizará ese despacho del Gobierno.

Esta transferencia de competencias tendrá consecuencias directas muy graves en el conjunto de las autonomías, el funcionamiento regular de las instituciones y no menos, en la prestación de los servicios públicos.

2.- La autonomía constitucional de las instituciones es unitaria e indivisible

Esta segregación competencial y configuración de un régimen dual de empleo público, es absolutamente artificiosa.

La autonomía de las entidades descentralizadas es indivisible, resultando contrario a los preceptos constitucionales, quebrar de esa manera la autonomía y repartir las competencias regulatorias entre la respectiva institución y MIDEPLAN.

El proyecto violenta la máxima Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir), vaciando de contenido el ejercicio de una potestad constitucionalmente asignada, que produce la ineficacia de la norma constitucional; es decir, trayéndose al suelo, de un solo golpe, el principio de supremacía constitucional.

La autonomía de las universidades públicas, la CCSS y las municipalidades, es unitaria, inescindible, por lo que no se podría sostener ese espurio reparto de competencias y ese régimen bifronte de empleo público, dentro de cada una de ellas, salvo que sea a contrapelo de los artículos 84, 86, 87, 73, 169, 170 y 175 de la Constitución Política.

Así, cada institución autónoma, podría representarse con una caricatura de un monstruo de dos cabezas, que se vuelven y destruyen a si mismas, cuya lucha terminará causando, por una parte, hacia afuera, una constante inestabilidad política-institucional, y por otra parte, hacia dentro, una permanente conflictividad laboral.

3.- La alteración del diseño constitucional del Estado democrático

Este ficticio reparto de competencias funcionales y materiales, entroniza aquella tesis autocrática que vehemente rebatió el constituyente Rodrigo Facio, la intervención política del Poder Ejecutivo, residenciado en MIDEPLAN, en materias que constitucionalmente están reservadas a cada una de esas instituciones.

Por esto es que el proyecto quiebra la arquitectura del diseño orgánico del Estado, definido por el constituyente, porque sacrifica la autonomía de las instituciones.

La ruptura del diseño constitucional, que no es cualquiera cosa, significa una grave alteración de las reglas del sistema democrático.

Además, esta alteración de las reglas constitucionales tendrá serias consecuencias en la prestación de los servicios públicos asignados a cada institución.

Los servicios públicos que prestan las universidades, la CCSS, municipalidades y otras entidades, constituyen la infraestructura de la democracia, los cuales no quedan indemnes del otro objetivo que tiene el proyecto, tendiente a reestructurar las instituciones y privatizar los servicios que se les cometieron.

4.- La eliminación de las estructuras salariales propias de las instituciones

Pero, además, hay que tener muy claro que la competencia exclusiva y residual que el proyecto reserva a las instituciones autónomas, limitada únicamente a aquel colectivo de funcionarios, queda muy restringida y condicionada, porque, de toda suerte, su ejercicio tiene que adecuarse a sus reglas fiscalistas. No se olvide que las autónomas, no quedan excluidas de su cobertura (artículo 2), sobre las cuales cae, con todo el peso, esa espada de Damocles.

Lo anterior implica, por ejemplo, en materia de remuneraciones, que las estructuras salariales propias que actualmente tiene cada una de esas instituciones, que evolutivamente se configuraron de acuerdo con la naturaleza y especialidad del servicio que ejecutan, amparadas a sus autonomías, quedarán derogadas, suprimidas, y en su lugar, se sustituirán por el esquema de salario global único.

Este esquema salarial es el producto estrella, pero el más opaco, que constituye la punta de lanza de la política fiscal del proyecto de ley.

Otra grave vulneración de la Constitución, porque la ley ordinaria le está imponiendo a esas instituciones un esquema salarial determinado, irreconciliable con las autonomías constitucionales.

Además, como si lo anterior fuera poco, ese esquema salarial se complementa con el congelamiento y estancamiento de los salarios de todas y todos los trabajadores que prestan sus servicios en los Poderes del Estado e instituciones públicas que cubre el proyecto, a merced de la salvaje regla fiscal y los transitorios XI y XII del proyecto, que recibieron la bendición neoliberal de la Sala Constitucional.

Quedará por ver, como suele ocurrir en las películas de terror, si en los últimos capítulos, el monstruo muere ajusticiado por un héroe, que aplaste las cabezas del Leviatán.

16/11/2021

El impacto del voto de la Sala Constitucional acerca del proyecto de empleo público en el Estado Social y Democrático

Este miércoles 06 de octubre del 2021 a las 5:00 pm se realizará el conversatorio: El impacto del voto de la Sala Constitucional acerca del proyecto de empleo público en el Estado social y democrático. Ésta es una actividad realizada por BUSSCO y se contará con la exposición de Manuel Hernández V, especialista en relaciones laborales.

El conversatorio se desarrolla por medio de la plataforma zoom, ID de reunión: 824 6888 3193, código de acceso: 996362

Programa Orden del Día analizó voto Integral de la Sala sobre Empleo Público

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado lunes 27 de septiembre se llevó a cabo el programa Orden del Día, donde se analizó el voto integral de La Sala sobre el Empleo Público. 

En el espacio participaron:

  • Gastón Baudrit, Asesor legal del Consejo Nacional de Rectores. 
  • José Miguel Villalobos , Profesor de Derecho Constitucional y Abogado penalista.
  • Manuel Hernández, Abogado especialista en relaciones laborales.

El programa fue conducido por Giselle Boza Solano y Rosaura Chinchilla Calderón. Fue transmitido mediante la frecuencia 96.7 FM de Radio Universidad y vía Facebook Live en las redes sociales de las radioemisoras.

Este enlace le llevará al video del programa:

https://www.facebook.com/radiouniversidadcr/videos/258379949374724

Servicio civil: proyecto de empleo público pulveriza su esencia constitutiva

  • El odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales es recalcitrante

  • Los partidos Liberación, Acción Ciudadana, Unidad y los dos religiosos (RN y NR), en abierta coalición anti-obrera

Una de las fundamentales esencias de los valores constitutivos del Régimen de Servicio Civil, siempre fue su desvelo para brindar un buen nivel de estabilidad en el cargo a las personas trabajadoras estatales que han estado cubiertas por el mismo.

Efectivamente, el artículo primero del Estatuto de Servicio Civil puntualiza lo siguiente: “Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES” (las mayúsculas son nuestras).

Así lo ha sido desde la promulgación legal de dicho Estatuto, en 1953. Pues bien, 68 años después, se pretende una transformación radical en el concepto original del sistema de Servicio Civil que, incluso, a partir de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, quedó con rango constitucional.

Las diputaciones actuales que, de un modo u otro en diversas circunstancias del actual proceso parlamentario, impulsas decisiones legislativas contrarias el bien común y a la inclusión social, introdujeron en el Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, la siguiente modificación al Estatuto de Servicio Civil:

“Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública”.

Como se nota, la frase-concepto, “Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES”, fue eliminada.

Si ya, de todas formas, la estabilidad protectora del empleo público bajo el Régimen de Servicio Civil (que nunca fue inamovilidad en el cargo), tiene fuertes cuestionamientos de parte de los sectores político-ideológicos y económicamente hegemónicos; la modificación que estamos denunciando estaría cerrando el ciclo histórico de 68 años de este tipo de seguridad en el empleo para personas trabajadoras estatales cubierto por el mismo.

Con fuerza de vehemente denuncia, tenemos que condenar la acción estratégicamente coordinada de los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Socialcristiana, juntos a los dos partidos religiosos (Restauración y Nueva República), para:

Seguir incrementando el odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales; odio de clase que tiene ya un carácter recalcitrante.

Incrementar en grado sumo el riesgo de estabilidad en el empleo para unas 120 mil personas trabajadoras empleadas públicas: los conglomerados laborales de Educación Pública, de los otros ministerios del Poder Ejecutivo, así como las diversas entidades adscritas a los mismos; e, incluso, para entidades que, de un modo u otro, tienen sistemas de personal que se guían por los postulados del Estatuto de Servicio Civil.

Retrocedernos en el tiempo y potenciar el carácter del empleo público como botín politiquero, por una parte; y, por otra, garantizarse lealtades electorales circunstanciales de turno: Cambiar voto por empleo, como sucedía antes de la Constitución de 1949.

La ANEP condena, drásticamente, esa “variante” del ataque estructurado a las personas trabajadoras del sector público del Gobierno Central y entes adscritos, ataque que es dirigido, también a sus propias familias.

La ANEP se encargó de destrozar, radicalmente, la perversa tesis esgrimida al inicio por los neoliberales y su “escuadrón sicario de orden parlamentario”, en el sentido de que el déficit fiscal obedecía a los salarios pagos en el empleo público; y, mucho menos, a quienes los devengan desempeñándose en el Poder Ejecutivo central y sus entes adscritos, “cubiertos” por el Régimen de Servicio Civil, hasta hoy en día.

La ANEP reafirma, su oposición rotunda al nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, verdadera intentona de “Golpe de Estado parlamentario”, cargada de inconstitucionalidades, inconexidades, ocurrencias y, por supuesto, con la fuerte carga ideológica de odio de clase de los neoliberales que han venido gobernando en los últimos tiempos con sus diversos partidos políticos.

San José, viernes 24 de setiembre de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

 

La nota original se encuentra en el siguiente enlace: https://anep.cr/servicio-civil-proyecto-de-empleo-publico-pulveriza-su-esencia-constitutiva/

Programa Orden del Día: Análisis del Voto Integral de la Sala sobre Empleo Público

En el programa Orden del Día se analizará el voto integral de La Sala sobre el Empleo Público. 

En el espacio participan:

Gastón Baudrit, Asesor legal del Consejo Nacional de Rectores. 

José Miguel Villalobos , Profesor de Derecho Constitucional y Abogado penalista.

Manuel Hernández, Abogado especialista en relaciones laborales.

Usted puede sintonizar el programa el lunes 27 de setiembre a las 4:30 p.m. a través de la frecuencia 96.7 FM de Radio Universidad o vía Facebook Live en las redes sociales de las radioemisoras.

Voto de Consulta Legislativa Exp 21-011713-0007-CO – Empleo Público

Compartimos el documento con el Voto de Consulta Legislativa Exp 21-011713-0007-CO – Empleo Público.

Puede descargarlo en el enlace que ofrecemos después de la vista previa:

También puede leerlo en línea siguiendo este vínculo:https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/09/Voto-de-Consulta-Legislativa-Exp-21-011713-0007-CO-Empleo-Publico.pdf

Cicap-UCR, Voz experta: Empleo Público: ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre

Por Dr. Esteban O. Mora Martínez, profesor e investigador del Cicap-UCR

La reforma al empleo público es una decisión que afecta los pilares que sostienen el pacto social y la prestación de los servicios públicos

A lo largo de estos años en nuestras investigaciones sobre la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), hemos apreciado cómo los diferentes expertos que conforman los Comités que estudian a nuestro país, son rigurosos y, más allá de las recomendaciones, posicionan factores de éxito para asegurar un modelo de desarrollo, es decir, buenas prácticas de las cuales podemos echar mano para resolver nuestros problemas, sin brindar recetas.

En este sentido, el país ha pasado por una discusión sobre el proyecto de ley marco de empleo público que tiene implicaciones más allá de la estructura del sector, de sus relaciones obrero-patronales, de las funciones y remuneraciones, y toca profundamente el pacto social que genera la condiciones para el desarrollo.

En el segundo semestre del 2017, la Unión Europea reconoció en sus estudios sobre la Calidad de la Administración Pública que, “el sector público es la principal ‹‹industria›› de la Unión Europea”. Incluso analiza que esta figura da empleo a aproximadamente a 75 millones de personas en los 27 países que la conforman, lo que significa el 25% de la población económicamente activa, con un gasto público que asciende al 50% del PIB (Producto Interno Bruto).

Sin embargo, su preocupación lejos del tamaño o del volumen del gasto, radica en el envejecimiento de la población de funcionarios públicos, considerándolo el mayor riesgo operativo para las instituciones del Estado, donde países como Bélgica, España e Italia están a escasos 11 años de que el 45% de sus funcionarios se jubilen.

En una lógica lineal básica esto es positivo porque reduce el gasto, sin embargo, la realidad es mucho más compleja y ciertamente genera una reacción en cadena porque existen “serias preocupaciones sobre la capacidad, la estabilidad institucional y la calidad de los servicios a largo plazo”. Esto cobra sentido cuando las valoraciones sobre la calidad, eficacia y rentabilidad social de los servicios públicos es alta, y el gasto es comprendido como prestaciones públicas efectivas para satisfacer las necesidades sociales.

Nota: Figura 3.1 Informe Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2020, p. 79.

Así, en la actualidad están poniendo en práctica una serie de estrategias para la atracción del mejor talento a las Administraciones Públicas y a las instituciones del Estado, con el fin de asegurar el relevo generacional y realizar un proceso de transferencia de capacidades y conocimientos apropiado para los retos que se enfrentan, así como ofrecer una perspectiva de carrera en la gestión de lo público.

Dos aspectos deben ser tomados en cuenta: el ingreso de personas probas basado en la meritocracia, y la detección y denuncia del clientelismo que reduce las posibilidades de la toma de decisiones racional de las instituciones. Únicamente de esta manera, más allá del indicador del tamaño del Estado por sus instituciones y funcionarios, se pueden construir instituciones sólidas y con soluciones duraderas.

En esta línea, el informe Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2020 de la OCDE y del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), resalta que el empleo público “refleja el acuerdo social sobre el papel del Gobierno en la economía y en la sociedad, así como la decisión sobre cómo se prestan los servicios públicos ya sea por parte de los empleados públicos o en asociación con los sectores privados o sin fines de lucro”.

Esta perspectiva reviste de vital significado la delegación o subcontratación (outsourcing) de los servicios públicos, pues en ocasiones lo que falla es el prestador del servicio y el órgano supervisor o regulador debe hacer uso de los mecanismos que dispone para no interrumpir la prestación a los usuarios.

A pesar de lo anterior, para algunos sectores la discusión del tamaño del sector público sigue siendo el meollo del asunto, sin embargo, según las fuentes consultadas en relación con el empleo público, el total para la Unión Europea rondó el 25% en 2017, mientras que el promedio para los países de la OCDE fue de 21,2% y el de Costa Rica de 12,7% para el 2018. En la siguiente figura se muestra el empleo del sector público como porcentaje del empleo total, 2011 y 2018 para los países de Latinoamérica y el Caribe (ALC) en comparación con la OCDE.

Como puede apreciarse Costa Rica está cercano al promedio de la Región ALC (11,9%) mientras se distancia del promedio de la OCDE por 8.4 p.p. En su último informe sobre Panorama de las Administraciones Públicas del 2021 (Government at a Glance) la OCDE analiza el empleo público en el contexto de la pandemia por COVID-19, resaltando el importante rol que han desempeñado los empleados públicos en la entrega de servicios públicos esenciales, manteniendo la salud pública de los ciudadanos, la seguridad y el soporte económico.

Si bien esto varía entre los países miembros de la OCDE, y para el caso de Costa Rica no existe la información porque a la fecha del informe el país aún estaba en proceso de adhesión, la Organización resalta a los funcionarios públicos como el actor central en los procesos de recuperación.

Finalmente, los procesos de reforma o modernización del Estado deben considerar al empleo público como parte de los pilares que sostienen el pacto social y la prestación de los servicios públicos, donde, una afectación desmedida, poco planificada y sin visión prospectiva, puede dar al traste con el modelo de desarrollo del país, por ello, ¿cuál es la medida adecuada del empleo público?, ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. Para llegar a esa respuesta deben realizarse mediciones precisas de la situación actual, así como proyecciones del progreso que queremos de nuestro país, utilizando indicadores de desarrollo y no únicamente datos del gasto público.

 

Dr. Esteban O. Mora Martínez

Pandemia y reactivación de la economía: una ocasión para un proyecto país

  1. La pandemia y su doble crisis, sanitaria y económica.

La crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19 ha profundizado la crisis económica que venía desde antes, reflejada en el estancamiento del crecimiento económico del país en los últimos años. Por ejemplo, en el decenio transcurrido entre 2001 y 2010, la tasa de crecimiento real promedio de la economía de Costa Rica fue de 4,33%, mientras que en el decenio 2011-2020 la tasa de crecimiento real promedio fue de 2,70%. En el desempleo igualmente se venía de una situación compleja, que se agudizó en medio de la pandemia, pues desde la crisis económica del 2008-2009 el desempleo había llegado a los 2 dígitos y con la pandemia subió por encima del 20%, situación que, además, ha afectado en mayor proporción a las mujeres, a los jóvenes y a los habitantes de las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca.

Además de las pérdidas lamentables de seres queridos, que se cuentan por miles en el país y por millones en el mundo, la pandemia ha dejado muchas personas con consecuencias en su salud, que requerirán atención permanente y apoyo social para retomar sus vidas. No podemos dejarlos solos, el Estado debe procurar los medios para atender a estas personas que sufrirán consecuencias en sus vidas una vez que la pandemia haya terminado. Pero también debemos buscar la manera de fortalecer financieramente la atención médica del país, que ha sufrido presiones enormes en medio de la crisis, debido a la caída en los ingresos de la CCSS y a una mayor demanda de los servicios de salud, que han llegado casi al límite de su capacidad.

  1. Una crisis siempre nos afecta y de ella nunca salimos igual, salimos peores o mejores.

El papa Francisco nos lo ha recordado con frecuencia, planteándonos el reto histórico de salir mejores. La crisis que estamos viviendo nos enseñó que una situación de estas requiere de la acción de todos, que solo con la ayuda de todos podemos salir adelante, que el apoyo para las personas más afectadas es esencial y que las acciones colectivas son fundamentales para sobrellevar los efectos de la crisis. El amor al prójimo debe reflejarse en el respeto a las medidas sanitarias que protegen a los demás, así como la disposición a construir soluciones en conjunto.

  1. Es importante hacer énfasis en la búsqueda de una solución para las personas más afectadas por el impacto económico de la pandemia

Debemos plantearnos como objetivo fundamental poder otorgar un ingreso vital mínimo para las personas que viven en pobreza, para que puedan vivir con dignidad, así como garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, a la salud, a una educación de calidad, al acceso a agua potable y a un ambiente sano.

La sociedad post pandémica debe plantearse como objetivo fundamental una sociedad más equitativa, también debemos tomar medidas para distribuir la inequidad en la distribución del ingreso. Evitar el deterioro de los salarios reales, reducir la informalidad y la precariedad laboral e impulsar un sistema tributario más progresivo, deben ser objetivos de la sociedad como un todo.

  1. De la crisis sanitaria la impresión generalizada es que estamos saliendo o vamos a salir relativamente pronto.

Poco a poco se empieza a ver la luz al final del túnel, aunque todavía nos falta caminar un trecho importante y empiezan a surgir nuevos retos. El mundo observa con preocupación cómo la variante Delta se vuelve la variante dominante del virus en muchos países, siendo esta variante más contagiosa que las otras, incluso que la variante original que presuntamente salió de Wuhan, China. Costa Rica ya registra la presencia de la variante Delta en el país, así como de la variante Lambda, ambas variantes de preocupación, según la OMS. Se suma a lo anterior, que existen personas en el país que se resisten a vacunarse, lo que ha frenado el avance inmunitario y el logro efectivo de la inmunidad de rebaño. En el interín tenemos que atender el llamado a seguir colaborando entre todos, mantener la vigilancia, el uso adecuado de mascarillas, a evitar actividades públicas masivas en lugares cerrados.

Por otra parte, se ha producido el acaparamiento de vacunas por parte de los países más ricos, al punto que se está llegando a la posibilidad de que muchas vacunas en poder de países desarrollados lleguen a alcanzar su fecha de vencimiento sin haber sido utilizadas. La tan deseada inmunidad de rebaño es global, no local, estamos conectados y este egoísmo y falta de solidaridad, y hasta engaño, atrasó toda proyección de mejora conjunta en el manejo de la crisis; ahí ya, empezamos a fallar en grande. Se difundieron además y con amplitud algunas de las dificultades que han ralentizado el sistema COVAX, un esfuerzo multinacional de acopio y distribución de vacunas contra el COVID-19. Así las cosas, el egoísmo con el que se ha manejado el tema de la vacunación mundialmente, está atrasando la salida del problema y provocando más enfermedad, una extensión de la crisis y más sufrimiento.

  1. Por ello, a nivel de países desarrollados y en vías de desarrollo, en lo que ya desde hace un tiempo se viene pensando es en la reactivación de la economía.

No cabe duda de que la reactivación económica es una necesidad, que la pandemia se ha convertido en un problema, simultáneamente, local y global. Pero una reactivación de la economía en términos de una superación de la crisis provocada por la pandemia, como una vuelta al pasado, manteniendo el mismo sistema económico y las formas insostenibles de relacionamiento con el ambiente, con la avidez de recuperación que lo caracteriza y de la que tecnológicamente hoy día es tan capaz, sería radicalmente insuficiente. ¿Cómo sería una reactivación pensada en términos de abandonar el uso de energías fósiles y optar por energías y tecnologías amigables con la naturaleza, objetivos hacia los que como un máximo pareciera ya se están dando pasos?

Este cambio es importante como necesario, pero es insuficiente. Recordemos que el Papa Francisco ya estaba escribiendo su carta Fratelli Tutti cuando sobrevino la pandemia, denunciando la naturaleza tan poco humana y fraterna inherente al sistema económico, financiero y comercial actual, que incluso la escribió años después (3/10/2020) de la Laudato Si’ (4/05/2015) sobre la imperiosa necesidad del cuidado del planeta, nuestra casa común. En otras palabras, la necesidad de concebir y crear otra economía es anterior y superior a reactivarla e incluso a hacerla más amigable con la naturaleza. Hay que hacerla humana. Tiene que ser una economía en función del ser humano. El ser humano todo y todos los seres humanos tienen que ser el centro de la economía.

En Costa Rica no concretamos una estrategia de reactivación efectiva y, más bien, nos hemos sumido en un proceso de ajuste fiscal centrado en recortes de gasto, que provocarán más problemas para llevar la economía costarricense a una senda sostenible de recuperación económica y atrasarán la necesaria reducción del desempleo.

  1. Conocedores, expertos y decisores en el campo de las tecnologías, sobre todo de la tecnología informática, ya nos están presentando la digitalización como la base cultural de la nueva forma de vida y cómo la tecnología será capaz de activarla.

Tecnológicamente hablando puede ser cierto. Pero el problema que enfrentamos, anterior a la emergencia de la pandemia, es humano, cultural y social, no meramente tecnológico, que en absoluto se va a resolver con el desarrollo de nuevas tecnologías y la intensificación de la globalización, al contrario, se va a agravar, con sus efectos ya presentes de concentración de riqueza, desigualdad, discriminación y exclusión, empobrecimiento y migraciones. El ser humano y su entorno, deben ser el centro de las políticas públicas, que busquen el bienestar general como objetivo final. La salida de la pandemia debe centrarse en esa premisa básica, o seguiremos tropezándonos con “las mismas piedras” que antes de la crisis del COVID-19. No podemos volver a la “normalidad” pre pandémica.

  1. La digitalización va a generar la pérdida de empleos, cantidad de puestos están siendo sustituidos por tecnologías que hacen el trabajo de otros y otras

La superación de la pandemia y la necesidad de reactivar la economía, deben ser ocasión para concebir, formular, proyectar y poner las bases progresivas de un proyecto país profundamente fraterno y solidario. Desde ya cada proyecto y política pública nuevos deben pensarse en esta nueva dirección, como pasos hacia la misma y de la misma, una comunidad nacional y global profundamente humana, fraterna y solidaria donde todos podamos desarrollarnos lo más humanamente posible. En ningún proyecto de los que se discuten en la Asamblea hay un énfasis en el reentrenamiento del personal. A este aspecto hay que darle mucho énfasis dadas las proyecciones futuras de un mundo más digitalizado, virtualizado y automatizado.

  1. En este sentido hay que retomar la parábola del buen samaritano, donde están los criterios para organizar el mundo tomando como centro al ser humano.

La inclusión o exclusión de las personas que sufren define los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Cada día enfrentamos la opción de ser el Buen Samaritano y para reconstruir el mundo es necesario tener los criterios de la parábola del Buen Samaritano. Reconocer y superar la tentación que nos circunda, somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles.

Solo hay dos tipos de personas, los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo. El creer en Dios no garantiza el vivir como a Dios le agrada. Hay que ver al Señor en el hermano, esto es un reto. Vivimos en un mundo donde se menciona al Señor, pero no nos apropiamos de Él…creemos que debe ser Él el que haga, que a nosotros no nos toca hacerlo.

  1. En este nuevo marco deben inscribirse leyes como las de reformas y proyectos de ley, como el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, y por supuesto todos los proyectos y políticas tendientes a la reactivación económica.

Es importante el orden de una materia fundamental como el empleo público, pero esto no puede ser llevado adelante con criterios fiscalistas como norte, que no piensen en las condiciones de trabajo de miles de funcionarios públicos que aportan a la construcción del país. Es importante que se exija eficiencia en sus funciones y responsabilidad por sus actos, pero esto debe hacerse con políticas que promuevan mejores prácticas de trabajo y no castiguen la remuneración salarial en general, como parte de políticas de austeridad que han comprobado su falencia en otros países.

  1. Hay que hacer un diagnóstico del país que necesitamos.

Debemos plantear un modelo económico que nos permite alcanzar el máximo bienestar por medio del bien común y escoger proyectos y políticas que nos conduzcan al mismo. Se trata de un proyecto país, con la participación de toda la ciudadanía, resultado de un consenso nacional, que atraviesa organizaciones sociales, empresarios, partidos y gobiernos. La responsabilidad es de los políticos con la participación crítica de la ciudadanía.

“Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano.”

Encíclica Fratelli Tutti

José Amando Robles Robles, céd. 800520054
Carlos Pentzke Pierson, céd. 800750461
Natalia Jiménez Carvajal, céd. 106200962
Arturo Córdoba Sequeira, céd. 108060635
Axel Fernández Fajardo, céd. 800490514
Deyanira Sequeira Ortíz, céd. 102480675
Virginia Hernández Esquivel, céd. 400970377
Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Del grupo Maestro Eckhart.

La chispa

Manuel Delgado

Pocas veces el país ha estado enfrentado a un peligro tan determinante como la pretendida Ley de Empleo Público.

Es un adefesio jurídico; es un adefesio político, pero, sobre todo, es un adefesio moral.

Lo primero que llama la atención es que se le propone como una medida para ayudar a paliar la crisis fiscal y el déficit público. Pero la justificación económico-financiera no está ni medianamente clara. El gobierno dijo al principio que la ley iba a ahorrar un equivalente al 1,5% del PIB. Nunca dijo de dónde salió ese cálculo, pero más el Ministerio de Planificación estimó ese ahorro en una cifra situada entre un 0,6 y 0,9% del PIB. Ahora que se desvincularon de ella el Poder Judicial, las Universidades, las municipalidades y, al menos en parte, la Caja, ese mal llamado ahorro posiblemente sería muchos menos. Pero nadie ha dicho cuánto.

En los aspectos económicos ahondaremos más adelante, pero ahora quiero referirme a lo más aterrador de esa ley, que es el llamado Sistema de Gestión del Desempeño que le da al ejecutivo poderes absolutos sobre cuerpos y almas.

Se trata de darle a MIDEPLAN el poder rector sobre el empleado público, la posibilidad de determinar a quién se contrata y a quién se despide prácticamente sin cortapisas.

Para ello se le dota de una guillotina: los empleados públicos pueden ser despedidos con dos calificaciones anuales de menos del 70%. Los motivos de esa calificación son tan abstractos, que se le da al jerarca el poder omnímodo de echar sin responsabilidad patronal a los empleados que no le conviene a la administración o al partido de turno. O a él personalmente. Por supuesto, ya sabemos que los primeros que irán para fuera son los activistas sindicales.

Ese poder ilimitado de la administración, me decía una activista, alimentará el acoso laboral pero sobre todo el acoso sexual, porque los empleados y empleadas saben que tienen que estar bien con los jefes si quieren conservar sus puestos.

La ley le da a ese ministerio, además, potestades de adoctrinamiento de su mano de obra de manera ilimitada: formarán a los empleados de acuerdo con los intereses del grupo o grupos en el poder. Es lo que se conoce como Estado corporativo. Por cierto, esos grupos de poder y los partidos que los representan han dejado mucho que desear en materia moral como para que pongamos en sus manos tanta responsabilidad.

Todos queremos una administración pública más eficiente, pero ese proyecto no lleva como fin lograr esa meta. Muy al contrario: logrará un estado más autoritario, menos participativo, con jerarcas de más poder y, por tanto, un sistema más propenso a la corrupción.

Nosotros tenemos una excelente institución en materia de manejo del sector público. Es el Servicio Civil, creado por impulso de los trabajadores precisamente para frenar la práctica del clientelismo, que cada cuatro años cambiaba despedía a unos y contrataba a otros según la bandera del partido vencedor en las elecciones. Estamos a un tris de volver a esas prácticas de los años treintas y cuarentas.

Lo que hay que hacer es limpiar esa institución, e impulsar el control desde abajo, desde las asociaciones de beneficiarios, de pacientes del seguro, de clientes de los bancos, de abonados a los servicios de agua y luz, de estudiantes y padre de familia, de los ciudadanos corrientes. Precisamente la solución somos nosotros, los que financiamos ese aparato y no tenemos ningún poder en esas instituciones.