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Etiqueta: empleo

Cuando no se tiene criterios a la Sala Constitucional se la lleva el viento… Comentario de jurisprudencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

M.Sc. Mauricio Castro Méndez

15 de junio del 2018

 

El auxilio de cesantía está establecido en la Constitución como una indemnización por despido injustificado (art. 63), y en el Código de Trabajo (arts. 29 y 30) se reguló a partir de dos criterios: la antigüedad de la persona trabajadora en su empleo y su salario. A partir de esos dos criterios se calcula el monto que se debe pagar a la persona trabajadora.

En 1943 cuando se promulga el Código de Trabajo se estableció que ese auxilio de cesantía no superaría los 8 años de antigüedad (art. 29 inciso 4). Ese tope de cesantía es tan arbitrario como haber establecido 3, 9, 15 o sin límite de años, es decir, reconocer una indemnización conforme a la antigüedad que efectivamente haya laborado la persona trabajadora ¿Cuál fue el criterio para determinar ese tope de cesantía? Ninguno. El tope se estableció como una estrategia para que los empleadores, que nunca habían tenido un Código de Trabajo en Costa Rica, no lo rechazaran de plano. Es decir, el tope fue una decisión política tomada por la Asamblea Legislativa en ejercicio de sus competencias constitucionales.

Hasta aquí tenemos tres características:

  • La cesantía estaba planteada como una “expectativa de derecho”, es decir, como una indemnización que puedo ganar o perder dependiendo de la razón por la que termine la relación laboral. Pierdo la cesantía si incurro en una causal de despido o si renuncio al empleo. Y me la pagan si la relación laboral termina sin responsabilidad del trabajador (despido sin causa), por pensión, o por culpa del empleador.
  • Hay dos criterios para calcularla: antigüedad y salario promedio devengado.
  • Se estableció un tope de 8 años tan arbitrario como cualquiera.

¿Qué ha dicho la Sala Constitucional sobre la cesantía?

En síntesis, la posición de la Sala Constitucional, en el mejor de los casos, ha sido cantinflesca. Es decir, podemos decir que se traduce en un “ni si, ni no, sino todo lo contrario”. A nuestro juicio la posición de la Sala Constitucional se puede resumir en lo siguiente:

  1. LA CESANTÍA SE PUEDE PAGAR EN CUALQUIER CASO, INCLUSO EN CASO DE RENUNCIA, EN PARTICULAR PARA LOS SOLIDARISTAS DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO, PERO NO SI ESTO SE ESTABLECE POR MEDIO DE UNA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO EN NEGOCIACIÓN CON LOS SINDICATOS.

Durante la discusión de la Ley de Protección al Trabajador, muchos-as participamos en las discusiones previas (durante la Concertación Nacional), así como en los procesos de negociación, adentro y fuera de la Asamblea Legislativa. De manera que tuvimos oportunidad de estar metidos en la “cocina” de la elaboración de esa importante Ley. Dos de nosotros (el maestro Mario Alberto Blanco Vado) y quien escribe estas líneas, teníamos una preocupación: Si la constitución establece el auxilio de cesantía como una indemnización que se paga en caso de despido injustificado, ¿no sería inconstitucional que se pagara, en cualquier caso, incluyendo renuncia y despido justificado? Nuestro temor era que, si parte de la cesantía se transformaba en un derecho adquirido, es decir, que el trabajador lo recibiera sin importar la razón de la terminación laboral, eventualmente la Sala Constitucional declarara esa parte inconstitucional. Por eso hicimos mil malabares hasta llegar al acuerdo de que lo que íbamos a hacer era reducir la cesantía (del 8,33% por mes laborado al 5,33% por mes laborado), y la diferencia del 3% se constituiría en una carga laboral nueva denominada Fondo de Capitalización Laboral, que el patrono pagaría mes a mes, sin límite de años, y que el trabajador retiraría al finalizar la relación laboral por cualquier causa, e incluso antes, cada cinco años. Así quedó en la ley finalmente aprobada. Cuando el tema se consultó a la Sala Constitucional, este tribunal dijo que los que habíamos hecho esa maniobra (¡me doy por aludido!), habíamos hecho algo innecesario, ya que la Constitución Política no impide que el auxilio de cesantía se pague en otros casos distintos al despido injustificado. Es decir, la Sala Constitucional en su voto 2000-643, señaló que es posible pagar la cesantía en caso de renuncia al empleo o despido justificado, pero que lo que exige la Constitución es que en caso de despido injustificado se pague siempre:

“En contraste con el criterio que ha venido prevaleciendo en la discusión del proyecto consultado, para este tribunal el artículo 63 constitucional no prohíbe que se otorgue el llamado auxilio de cesantía aun en hipótesis en que no hay despido «sin justa causa». Lo que sí manda, con carácter supremo, diríase, es que siempre que el despido sea incausado, procede la indemnización”. (Sala Constitucional, voto no. 2000-00643, considerando III).

De tal manera, la Sala, a la luz de los vientos que soplaban fuerte a favor de la Ley de Protección al Trabajador (arts. 18 inciso c y 21 incisos b y c), estableció que la cesantía se puede transformar en un derecho adquirido, que incluso pagarse en caso de despido sin justa causa. Siguiendo esta idea, La Ley de Asociaciones Solidaristas había establecido desde 1984, que la cesantía acumulada en el fondo de cesantía, la recibiría el trabajador en cualquier caso. Otro tanto han hecho convenciones colectivas. Estos instrumentos, según el artículo 62 constitucional TIENEN FUERZA DE LEY, y no de ley entre las partes como en ocasiones se dice. Las partes de las convenciones son el empleador y los sindicatos firmantes. Los-as trabajadores-as no son parte de la convención, ni los afiliados a los sindicatos ni los afiliados a ellos, pero a todos-as se les aplica obligatoriamente el convenio precisamente porque tiene fuerza de ley.

Sin embargo, de nuevo siendo fiel a los vientos políticos que soplan actualmente, en una sentencia reciente (7690-2018) sobre la convención colectiva de trabajo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), se declaró inconstitucional el pago de cesantía en caso de renuncia. No importó que se haya establecido por medio de una convención colectiva que tiene fuerza de ley según la Constitución ni que se fundamentara en el la jurisprudencia de la propia Sala Constitucional (2000-00643). De forma tal que podemos sintetizar la jurisprudencia de la Sala Constitucional en que se puede pagar la cesantía en cualquier caso, incluso en caso de renuncia, en el sector público y privado, sobre todo si se es solidarista, pero no si se es sindicalista, es decir, si se negocia por medio de una convención colectiva de trabajo.

El favoritismo hacia el solidarismo nos lleva 30 años atrás, cuando Costa Rica fue condenada por la OIT por tener un sistema de cesantía mejor para los solidaristas y peor para los sindicalistas (OIT, 1991, Informe sobre el Solidarismo en Costa Rica. Debate Laboral. Revista Americana e Italiana de Derecho del Trabajo, San José: 8-9).

  1. LA CESANTÍA SE PUEDE PAGAR SIN LÍMITE DE AÑOS, EN EL SECTOR PÚBLICO Y EN EL SECTOR PRIVADO, SI SE ES SOLIDARISTA O SI SE ESTABLECE POR LEY, PERO NUNCA SI SE HACE POR CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. TAMBIÉN SE PUEDE PAGAR UNA CESANTÍA QUE IGNORE TOTALMENTE LOS CRITERIOS DE ANTIGÜEDAD Y SALARIO DEVENGADO POR LOS TRABAJADORES, SI LA CESANTÍA SE ESTABLECE PARA PRIVATIZAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA.

El tope de 8 años de cesantía fue modificado en Costa Rica por diversos mecanismos, logrando topes mayores que van de los 9 años al pago sin límite de años. Esto se ha hecho por diversos mecanismos. Veamos algunos:

  • La ley de asociaciones solidaristas (art. 18 inc. B) establece el pago de auxilio de cesantía sin límite de años, es decir, si una persona trabaja 40 años para una institución pública o para un empleador privado, tiene derecho a 40 años de auxilio de cesantía.
  • El Estatuto de servicio civil (art. 37 inc. f y 47) establece que, si un trabajador es despedido por reestructuración institucional, tiene derecho a la cesantía por todos los años laborados, es decir, sin límite de años.
  • La misma Ley de Protección al Trabajador que transformó una parte del auxilio de cesantía en el Fondo de Capitalización Laboral que deposita mes a mes el empleador sin límite de años en una cuenta a nombre de la persona trabajadora.
  • La Reforma Procesal Laboral (Código de Trabajo reformado por la RPL, art. 576) establece que si un trabajador-a protegido-a por fuero especial, obtiene una sentencia que anula el despido y ordena su reinstalación en el empleo, la persona trabajadora puede sustituir su reinstalación con el pago de auxilio de cesantía sin límite de años.
  • Por convenciones colectivas se ha roto el tope de cesantía, estableciendo topes mayores a 8 años, incluso estableciendo la cesantía sin límite de años, es decir, por todo el tiempo efectivamente laborado.

En todos estos casos el auxilio de cesantía se calcula en función de los criterios definidos por el Código de Trabajo: antigüedad y salario devengado por la persona trabajadora.

No obstante, a principios de los años 2000, la convención colectiva del INCOP estableció una norma muy especial, ya que no solo rompió el tope de cesantía estableciéndolo en 12 años, sino que además estableció que, si la relación laboral terminaba por privatizarse el INCOP (cosa que finalmente sucedió), los trabajadores-as recibirían un auxilio de cesantía ADICIONAL a los 12 años establecido en una tabla que iba de los US$6.000 si se tenía un año de antigüedad hasta llegar una cesantía ADICIONAL de US$50.000 si se tenía treinta años de antigüedad.

Curiosamente los que venían impugnando el contenido de convenciones colectivas de trabajo (el entonces Defensor de los Habitantes y algunos diputados), nunca se atrevieron (¡o quizás se olvidaron!) de impugnar esa cesantía adicional. Sin embargo, como esa cesantía adicional se pagaba con fondos públicos que debían ser incluidos en el Presupuesto de La República, un grupo de diputados sí consultó sobre la constitucionalidad de ese pago. Al respecto, la Sala Constitucional resolvió la consulta de la siguiente manera:

“V.- CONVENCIÓN COLECTIVA Y FUNDAMENTO DE LA TRANSFERENCIA. En criterio de los consultantes la celebración de un acuerdo entre los diversos sectores involucrados en el fortalecimiento y modernización del INCOP y la posterior adición a la convención colectiva para agregar la indemnización consultada a los trabajadores cesados de esa entidad, no son suficientes para dar sustento a tal beneficio extraordinario o gratificación. En lo atinente a este punto, en el considerando IV ya se expusieron las razones por las cuales este Tribunal no entiende que la indemnización adicionada a la convención colectiva sea una suerte de regalía o liberalidad singular y, por ende, inconstitucional. La norma presupuestaria consultada no es atípica, puesto que, la indemnización se encuentra adicionada a la convención colectiva de la institución en beneficio de los trabajadores, siendo que ésta tiene, según lo dispuesto, en el numeral 62 de la Constitución Política, fuerza de ley”.

Es decir, la Sala Constitucional en esa ocasión señaló que bastaba que tal cesantía adicional estuviera incluida en una convención colectiva de trabajo para que fuera constitucional.

Poco tiempo después, la Sala Constitucional declaró inconstitucional una norma de la Convención Colectiva de Trabajo de la Junta de Protección Social (JPS), que copiaba casi literalmente la norma del Estatuto de Servicio Civil, es decir, señalaba que si la institución era reestructurada los-as trabajadores-as recibirían el auxilio de cesantía sin límite de años, es decir, se pagaría reconociendo todos los años efectivamente laborados por las personas trabajadoras. En este caso, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la norma de la convención colectiva por irrazonable y desproporcionada (06727-2006). Finalmente, por muchos años, de una forma absolutamente arbitraria, los magistrados de la Sala Constitucional decidieron (¡¡¡o legislaron!!!) un nuevo tope de cesantía que fijaron en 20 años, manteniendo que, a “ojo de buen cubero” ese era un tope razonable.

Pero el tema no terminó ahí. Igual que en los últimos días, la arbitrariedad y la ausencia absoluta de criterios de los magistrados-as constitucionales en aquel momento generó una gran indignación en los sindicatos, que se manifestaron frente a la Corte Suprema de Justicia. Me tocó a mí, redactar un documento que le fue entregado a los-as magistradosas de esa Sala, que el 7 de junio del 2006 tuvieron la deferencia de recibirnos en una delegación (salvo Luis Paulino Mora Mora que estuvo ausente). En esa ocasión, me tocó exponer el documento, en el que se subrayaba la arbitrariedad y la contradicción de la Sala Constitucional en lo que al auxilio de cesantía se refiere. Para ejemplificarlo inventé un caso hipotético de dos personas trabajadoras, que ingresaron a trabajar el mismo día, uno en la Junta de Protección Social y otro en el INCOP, los dos tuvieron siempre el mismo salario y los dos fueron despedidos por reestructuración (en caso del trabajador de la JPS) y por privatización (en el caso del INCOP), de manera que se aplica la cláusula de ruptura de tope de cesantía sin límite de años en la JPS y la cláusula de cesantía adicional en el INCOP. El resultado fue el siguiente (calculando la cesantía en ambos casos a razón de un mes por año laborado para facilitar el cálculo), todo lo cual les fue expuesto a los-as magistrados-as:

Cuando no se tiene criterios a la Sala Constitucional se la lleva el viento

De forma tal que para la Sala Constitucional era constitucional que luego de un año se pagara US$5.255 y no los US$255 que establece el Código de Trabajo y la Convención Colectiva de la JPS. A la vez, para la Sala Constitucional era constitucional que con 30 años de antigüedad se pagara una cesantía de US$55.108 por la cesantía de 13 años más la cesantía adicional en el INCOP, PERO ERA INCONSTITUCIONAL PAGAR US$11.787 por la cesantía sin límite de años. ¿Cómo se puede explicar eso? En aquella ocasión le manifestamos a los magistrados-as, que, desde nuestro punto de vista, para la Sala Constitucional era posible justificar constitucionalmente tal arbitrariedad siempre y cuando sea pagara con la finalidad de privatizar una institución pública.

Luego de exponerles este caso, nos retiramos sin mayores expectativas. Sin embargo, algo extraordinario pasó. Un par de meses después nos notificaron el texto completo de la sentencia (2006-06727) que declaraba inconstitucional la cláusula de la convención colectiva de la JPS, pero, ¡¡¡engrapada a esa sentencia venía otra sentencia de la Sala Constitucional (2006-14423), en la que, de oficio, anulaba la primera sentencia y declaraba constitucional la cláusula que establecía la cesantía sin límite de años por reestructuración en la JPS!!!

Es decir, en aquella ocasión, la vergüenza pudo más que la arbitrariedad. Aunque bien podría haber cambiado de parecer la Sala Constitucional y resolver a partir de criterios y n a partir de los gustos personales. Podría, por ejemplo, haber asumido los criterios que establece el Código de Trabajo: antigüedad y salario, de manera que era absolutamente posible y razonable declarar inconstitucional la cesantía complementaria de la convención colectiva del INCOP, ya que esta no tiene ninguna relación ni con el salario ni con la antigüedad. ¡Esto, sin embargo, hubiera impedido la privatización del INCOP!

Pero haciendo gala de jurisprudencia “ventolera” y no basada en criterios, en la actual coyuntura donde los vientos políticos soplan en contra de lo público y en particular de los empleados-as públicos-as, en una nueva pirueta jurídica la Sala Constitucional vuelve a fallar (¡¡¡legislar!!!) y dice que la nueva proporcionalidad y razonabilidad para el tope de cesantía la encuentra en 12 años y ya no en 20. Advirtiendo quizá su arbitrariedad trata de disfrazarla inventando un “criterio”: ¡¡¡12 años es el 50% del tope de 8 años del Código de Trabajo!!! ¿Y bueno, y por qué no el 30, el 40, el 55 o el 100% más que lo que estableció políticamente el legislador en 1943? La arbitrariedad es evidente y tiene como consecuencia que la Sala Constitucional es la que en última instancia define las políticas públicas de negociación colectiva, en una violación directa y abierta a lo establecido en el convenio 98 de la OIT ratificado por Costa Rica, y a lo que la doctrina de los organismos de control de la OIT ha señalado sistemáticamente.

En definitiva, según la jurisprudencia “ventolera” de la Sala Constitucional:

  • no importa otorgar cesantías exageradas sin relación alguna a ningún tipo de criterio si es para permitir la privatización de una institución pública;
  • es constitucional pagar la cesantía en caso de renuncia en el sector público por medio de las asociaciones solidaristas, pero jamás por medio de convenciones colectivas negociadas con sindicatos;
  • es constitucional pagar la cesantía sin límite de años en el sector público por medio de las asociaciones solidaristas, pero jamás por medio de convenciones colectivas negociadas con sindicatos.

En el pasado la OIT planteo abiertamente que los fallos de la Sala Constitucional francamente generaban inseguridad jurídica. Lo peor es que esa inseguridad jurídica se genera cuando es la dirección del viento la que determina cómo resuelve la Sala Constitucional.

Creo que la pista nos la da las declaraciones de uno de los magistrados de la Sala Constitucional, cuando justificó la anulación del decreto ejecutivo que permitía la fecundación in vitro en el 2006, al decir que se dictaba el fallo porque ¡¡¡la Sala debe escuchar el clamor popular!!! Esto fue el reconocimiento expreso por parte de un juez de la República, de que sus fallos están construidos a partir de la opinión pública. Si hoy esta sopla fuerte por el recorte de derechos, el vaciamiento del derecho humano de la negociación colectiva y en contra de los sindicatos del sector público, ¿para qué necesitaría la Sala Constitucional criterios? La jurisprudencia “ventolera” camina a paso firme y así lo hará hasta que de nuevo la vergüenza de los-as magistrados prevalezca sobre la arbitrariedad, o instancias internacionales, una vez más, les enmienden la plana.

 

Imagen tomada de www.paislobo.cl

Enviado por el autor.

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Mesa redonda UNA: Déficit fiscal y empleo

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este miércoles 16 de mayo a las 9 a.m., especialistas de la Universidad Nacional (UNA) e invitados especiales estarán analizando el tema del déficit fiscal y su efecto sobre el empleo en Costa Rica. Se trata de una mesa redonda que tendrá lugar en la Sala de Exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, en el Campus Omar Dengo, Heredia.

En la actividad participarán Cristóbal Pérez, académico de la Escuela de Administración (EDA) de la UNA, David Cardoza, académico de la Escuela de Economía de la UNA, Pamela Jiménez, investigadora principal del capítulo “Oportunidades, estabilidad y solvencia económica” del Programa Estado de la Nación y representante del Instituto de Estadística y Censo (INEC). La moderadora será Floribeth Solís, directora de la EDA.

El evento es organizado por la Rectoría, la Rectoría Adjunta, el Programa UNA Vinculación, la Facultad de Ciencias Sociales y la EDA. Para más información se dispone del correo electrónico vinculación@una.cr y del teléfono 2277-3974.

 

***Más información en la Oficina de Comunicación. Tel. 2237-5929 / 2277-3067***

 

Imagen tomada de http://dfiscal.blogspot.com

Enviado por Oficina de Comunicación, UNA.

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El problema fiscal: Lo que no debería hacerse pero insisten tercamente en hacer

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

 

Sin duda nos conviene, incluso nos urge, encontrar una salida pronta al problema del déficit fiscal y la escalada ascendente sobre la deuda pública que trae consigo. Pero ello no debería de ninguna manera ser pretexto para la precipitación y la chapucería. De acuerdo con la evidencia empírica y la teoría más seria y mejor fundamentada, hay cosas que no deberían hacerse. Lo malo es que se insiste en hacerlas.

El problema fiscal, la economía y el empleo

El primer serio error es no captar la relación entre el problema fiscal y el desempeño de la economía y del empleo. Si en otras épocas, se decía que el “mejor ministro de Hacienda” era una buena cosecha de café, hoy, tiempos del gobierno de Carlos Alvarado, podemos afirmar que la “mejor ministra de Hacienda” es una economía boyante que genere muchos empleos de calidad. El dinamismo económico, que pone a caminar todos los engranajes de la maquinaria productiva y provee empleos abundantes con salarios al alza, automáticamente genera mayores ingresos al gobierno. En cambio, por ya casi diez años la economía tica crece claramente por debajo de sus estándares históricos, con el agravante –incluso mucho más importante– que ese mediocre dinamismo es sumamente deficitario en términos de su capacidad para generar empleos y contribuir al sostenimiento de las finanzas públicas.

Según como se haga, el abordaje de lo fiscal puede dañar la economía y el empleo

Si se opta por un abordaje que enfatiza el recorte de gastos del gobierno, y la imposición de impuestos que obliguen a los sectores pobres de la población y a los grupos medios a recortar sus gastos de consumo, lo que tendremos, con casi total seguridad, es un bajón de la economía que deteriorará aún más la de por sí lamentable situación del empleo. Es como si decidiéramos despedir a nuestra “mejor ministra de Hacienda”, para sustituirla por algún tipo inepto y descuidado. El problema podría empeorar en vez de mejorar, y resolverlo conllevará costos aún más elevados.

A mediano y largo plazo la factura podría ser muy onerosa

Tenemos entre manos propuestas fiscales que, claramente, se desentienden de los problemas del empleo. Se arriesga con ello agravar la anemia crónica de la economía y la masiva carencia de empleos decentes. Pero, además, son propuestas inequitativas, que recargan los costos del proceso sobre los sectores más pobres y, en segundo lugar, sobre los grupos medios. Ello agravará la de por si aguda desigualdad que hoy fractura nuestra sociedad. Y, para peores, se apuesta (por medio de la regla fiscal) a un debilitamiento de la institucionalidad pública que, por encima de todo, golpeará a quienes más necesidad tienen. Esto puede provocar inestabilidad social en lo inmediato y, en todo caso, es algo que daría combustible al hervor a fuego lento del malestar y el disgusto que siente mucha gente en Costa Rica, especialmente en las zonas periféricas empobrecidas y olvidadas, y en los barrios marginales de las ciudades del Valle Central. Es echar leña a una hoguera que eventualmente puede convertirse en una enorme conflagración. Ya lo vimos en esta última campaña electoral, cuando caminamos al borde del abismo. La próxima podríamos caer.

Las propuestas en discusión: ejemplo perfecto de lo que NO debería hacerse

La transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), generalizando su aplicación a muchos servicios que hoy están exentos, tendrá dos consecuencias principales: en lo inmediato obligará a un recorte de los gastos de consumo por parte de familias pobres y de clase media, lo que implicará un frenazo a la economía y, posiblemente, un deterioro en los pésimos indicadores de empleo que tenemos. Segundo, en el mediano y largo plazo, agudizará la desigualdad, ya que es un impuesto que pesa más fuertemente sobre el bolsillo de quienes menos tienen.

El IVA podría ser aceptable, dadas las ventajas que tiene como herramienta para el control del fraude en el impuesto sobre la renta, pero solo si fuese parte de una propuesta integral que hiciese que, en su conjunto, el sistema tributario fuese realmente justo y equitativo. No es lo que se propone. El impuesto sobre rentas y ganancias de capital, incluido en el proyecto en discusión, podría dar un aporte en ese sentido, pero en gran medida pierde ese cualidad, en vista del diseño que se le da (una tasa “plana” del 15%, que lo mismo sería pagada por el pequeño inversionista o ahorrante, que por los grandotes). El incremento en el impuesto sobre salarios por encima de 2,1 millones al mes, tiene cierto grado de progresividad o justicia (poquitas personas en Costa Rica reciben tal monto de ingresos), pero es claramente, un impuesto que afectará a los profesionales asalariados del sector público, y el cual no toca en absoluto a los ricos-realmente-ricos, propietarios de grandes patrimonios (como acciones de empresas; bonos del gobierno; mansiones principescas; edificios de alquiler; yates, autos de lujo y aviones privados, etc.).

La llamada regla fiscal (véase mi artículo Regla fiscal parte II: para entenderla y entender el disparate) es claramente un receta animada por una feroz ideología anti-sector público, que inevitablemente conducirá a un mayor debilitamiento de los servicios públicos, con graves consecuencias: para la población más pobre en primer lugar, así como para estabilidad social y política en su conjunto.

Por su parte, todo el discurso que insiste en el recorte del gasto público, y que en buena medida traduce un odio mal disimulado hacia los empleados y las empleadas públicas, confunde la mojigatería moralizante con las realidades de la economía. Eso sumará a los factores regresivos, dañinos en lo inmediato para la economía y el empleo, y, a mediano y largo plazo, para la desigualdad, la estabilidad democrática y la paz social.

Necesitamos una propuesta fiscal diseñada sobre la base de otros criterios. Sobre eso volveré en un artículo posterior.

 

En imagen de portada: Rocío Aguilar, nueva ministra de Hacienda.

Tomado del blog: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

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Diálogos: “Crisis del empleo y problema fiscal: perspectivas de la administración Alvarado (2018-2022)”

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Dialogos Crisis del empleo y problema fiscal

Este próximo miércoles 2 de mayo a las 2 p.m. se llevará a cabo la transmisión por Facebook Live del programa Diálogos críticos con la ciudadanía, donde se tratará el tema: “Crisis del empleo y problema fiscal: perspectivas de la administración Alvarado (2018-2022)”.

Se contará con la participación del Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Economista y director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED y el programa estará bajo la conducción de la Licda. Eva Carazo Vargas, Investigadora del CICDE.

Siga la transmisión en: https://www.facebook.com/CICDEUNED/

 

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El empleo en el acuerdo Alvarado-Piza: cuando todos estemos muertos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

 

El acuerdo firmado por Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, que justificó ante la ciudadanía el apoyo que el segundo dio al primero en la campaña electoral de la reciente segunda ronda, contiene un apartado titulado “empleo y crecimiento”. Se supone que son medidas destinadas a devolverle dinamismo a la economía y reactivar el empleo, lo cual, por supuesto, tendría sentido como un esfuerzo para el corto plazo, es decir, para rendir frutos en un plazo de un año, aproximadamente.

Esto es bien importante. Veamos las razones.

Primero, en lo que se refiere al débil crecimiento de la economía, la historia se resume en lo siguiente:

– Es un problema que empieza a finales de 2008, hace casi 10 años. De ahí en adelante, e incluso si dejamos de lado la etapa (noviembre 2008 a septiembre 2009) en que se sintieron con más fuerza los impactos negativos de la crisis económica mundial, el dinamismo de la economía costarricense queda situado varios escalones por debajo de sus tendencias históricas previas.

– Entre mediados de 2015 y mediados de 2016 hay una cierta recuperación, cuando la economía crece en los alrededores del 5% (inclusive un trimestre que lo hizo al 6%), algo que, sin embargo, resulta muy modesto comparado con otras recuperaciones registradas en otros momentos (cuando se lograba crecer arriba del 8%).

– Ese mediocre recuperación fue posible sobre todo gracias a condiciones internacionales propicias, en particular, el fuerte bajón de los precios del petróleo, lo que, a su vez, empujó el consumo de las personas y las familias (esto último favorecido, además, por el crédito y la deuda).

– Las condiciones que propiciaron esa recuperación se han agotado: los precios del petróleo volvieron a subir pero, además, el peso de las deudas está obligando a mucha gente a frenar sus gastos de consumo.

– Todo lo cual ha hecho que en el último año el crecimiento económico caiga por debajo del 3%, con el agravante de que son las actividades de zona franca las más dinámicas, lo que significa que a “la economía donde realmente vive la mayor parte de la gente”, le va bastante mal.

En cuanto al empleo, la historia se cuenta en pocas palabras: en 2009 se registra un repentino y abrupto deterioro de los diversos índices sobre empleo, y la verdad, de entonces a la fecha no ha habido prácticamente ninguna mejoría. No solo tenemos problemas gravísimos (que afectan a más de 1,2 millones de personas trabajadoras), cuyas manifestaciones más agudas se dan entre las mujeres, la población joven y la de mayor edad, sino que, incluso, el porcentaje de personas que potencialmente podrían incorporarse al mundo del trabajo remunerado pero que no lo hacen, tiende a aumentar con el tiempo. Es una situación desastrosa, que no solo implica un grave despilfarro de capacidades productivas, sino, lo que es peor, pone de manifiesto la carencia de oportunidades laborales decentes, con todo el daño que esto inflige a la dignidad de las personas.

¿Y por qué es necesario reactivar la economía y, en especial, reactivar el empleo? Bueno, pues primero que nada por la gente misma, urgida de un empleo decente. Pero también por otras razones, incluso porque sin reactivación de la economía y del empleo, resolver el problema fiscal será mucho más difícil e implicará costos mucho más altos.

Y, entonces, ¿qué propone el acuerdo Alvarado-Piza?

Es innecesario entrar en mayores detalles. Lo escrito ahí corresponde al tipo de propuestas cliché que la demagogia en Costa Rica ha puesto a circular: créditos para micro y pequeñas empresas; capacitación en el INA; cursos de inglés; simplificación de trámites, y otras babosaditas por el estilo, todo perfectamente inofensivo.

Si uno se pone optimista, y asume que todo lo planteado va en serio y que, en efecto, se pondrá mucho empeño en lograrlo, lo que se podría decir es: “esto podrá quizá dar algunos frutos positivos dentro de unos cuantos años, quizá cuatro o cinco, no antes”. Pero la verdad yo no metería las manos al fuego por esto, ni creo que logre gran cosa, puesto que, para empezar, lo que se formula es un “frankenstein” construido a retazos, carente de integralidad y coherencia.

Pero, además, como ya dije, se necesita una reactivación inmediata de la economía y, en especial, del empleo. Parafraseando a Keynes: no para cuando todos estemos muertos.

La reactivación de la economía depende esencialmente de dos cosas que, en el contexto de una economía capitalista como la costarricense, son esenciales, por completo ignoradas en el documento que comento: la demanda y la rentabilidad.

Primero, porque las empresas no producen si no hay una demanda vigorosa que estimule esa producción. Segundo, porque no lo harán si su inversión no tiene una tasa de rentabilidad apropiada. Son un par de cosillas elementales que, en su momento, fueron puestas en evidencia por los que quizá son los dos más grandes economistas de la historia: Keynes y Marx, ambos cordialmente aborrecidos por la ortodoxia económica (incluida la ortodoxia marxista, que no soporta que le mencionen a Keynes).

La demanda anda floja porque el consumo de la gente y la propia inversión de las empresas andan muy flojas. La inversión de las empresas anda floja porque la rentabilidad también está adolorida, y porque no hay demanda saludable que la estimule. El consumo de la gente anda también averiado porque los salarios permanecen estancados, los problemas del empleo son de pegar gritos y, encima, el endeudamiento acumulado –que ha sido la forma como la gente suple sus malos salarios y sus problemas de empleo– ha llegado a un punto que obliga a apretarse el cinturón.

Y encima nos vienen con un paquete tributario que siendo en sí mismo una colección de parches, está formulado con total despreocupación respecto de esa delicada situación económica y del empleo, lo cual viene siendo como recurrir a las recetas de la medicina de otras épocas, cuando al paciente debilitado, se le debilitaba aún más sangrándolo.

Ahora, ¿Y por qué la rentabilidad anda damnificada? Pues un factor es la debilidad misma de la demanda. Otro –voy a pronunciar una grave blasfemia– tiene que ver con el tipo de cambio, algo que –lamento decirlo– fue explotado demagógicamente por Carlos Alvarado.

Por ahora, omitiré una explicación en detalle sobre esto. Solo quiero enfatizar una cosa: la gestión neoliberal de la política sobre el tipo de cambio nos ha llevado a un peligroso callejón sin salida. Apegados al dogma de la baja inflación, han utilizado el tipo de cambio colón-dólar como al modo de un ancla para mantener los precios bajo control. Pero al hacerlo de esa forma, han propiciado que se pongan en marcha tendencias muy dañinas. Por un lado, el tipo de cambio se ha desconectado de la realidad de la economía y ello, al dañar la rentabilidad de muchas empresas pequeñas, medianas e incluso empresas grandes de capital nacional (exportadoras, del ámbito turístico o que compiten con importaciones) ha frenado la inversión y la generación de empleos (aclaro que la historia de las zonas francas es bien distinta). Pero ello además ha promovido el endeudamiento en dólares, por parte de personas, familias y empresas cuyos ingresos son en colones. Si se diera una devaluación significativa, esto último tendría muy perniciosos efectos. Pero el caso es que ese peligro también alcanza al sector público, cuyo endeudamiento en dólares también ha crecido considerablemente.

El tipo de cambio dificulta cualquier posible reactivación de la economía y el empleo, pero su corrección conlleva graves amenazas. Jugando con fuego, el neoliberalismo criollo nos ha puesto en un difícil predicamento.

Luego volveré sobre esto.

 

(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, (CICDE-UNED)

 

Tomado del blog http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

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“Desenganche” del bueno

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Programa Martes Económicos

Greivin Hernández González*

Jeison Rodríguez Flores

 

Los resultados de la última Encuesta Continua de Empleo (ECE) revelaron un cambio positivo en la dinámica del mercado laboral, la economía está generando puestos de trabajo más rápido de lo que crece su producción. En artículos previos habíamos llamado la atención del fenómeno contrario, esto es, una situación en que la producción del país aumentaba, pero a pesar de ello no se generaban empleos, lo cual ocurrió en 2014 y 2015, momentos en que a pesar de que la economía nacional creció en promedio 4,2% cada año, se perdieron 60 764 puestos de trabajo en el bienio. Tal situación no afecta solamente a Costa Rica, es un fenómeno mundial causado en gran parte por el avance tecnológico, y la ausencia de políticas públicas para abordarlo.

La buena noticia es que la ECE muestra que a partir del cuarto trimestre de 2016, las variaciones trimestrales en el número de personas que tienen trabajo pasaron a ser positivas, luego de cinco trimestres consecutivos en que venían cayendo de manera significativa.

La encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), registra además una mejora casi generalizada sino fuese porque el sector construcción perdió empleos. Asimismo, evidencia la recuperación en el sector primario, las actividades de agricultura, silvicultura y pesca finalmente mostraron tasas positivas de generación de empleo, luego de seis trimestres consecutivos en que el número de trabajadores descendió.

El sector primario generó 20 mil empleos más en relación al segundo trimestre del año anterior, y el sector servicios 79 mil. En el segundo caso, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida; comercio; y otras actividades de servicios, generaron: 25 mil, 22 mil y 14 mil empleos, respectivamente. Esto es notable por cuanto en el sector servicios es de los que presentaba de forma más aguda la desvinculación entre crecimiento y empleo, a pesar de su constante crecimiento productivo en los últimos años.

En cuanto al grado de calificación de los empleos generados, el mercado sigue privilegiando la formación en las aulas. Encontraron trabajo 71 195 personas con algún grado de educación universitaria, 26 673 que asistieron a la secundaria y 22 965 con estudios en primaria.

El otro aspecto positivo que se desprende del análisis de los datos de la ECE es la mejora en las condiciones laborales de una parte importante de la población asalariada. La cantidad de trabajadores que reciben menos de un salario mínimo se redujo en relación al segundo semestre del 2016, en aproximadamente 8 600 personas, y quienes están en el rango de uno a dos salarios mínimos aumentó en 11 mil. En cuanto a horas laboradas, se presentó una reducción de las personas que trabajan más de 48 horas (cerca de 43 mil trabajadores), mientras que todas las personas que trabajaban menos de las 48 horas aumentaron el tiempo de trabajo.

Si bien el resultado global es alentador, pues se alcanza la tasa de desempleo más baja de los últimos siete años, 8,5%, aún no se recupera el nivel máximo de personas ocupadas registrado por la ECE en el IV trimestre de 2013, que fue de 2 088 282 trabajadores, y restan cerca de 193 mil personas por encontrar trabajo. Además existen retos en el mercado de laboral que es preciso atender, como el alto grado de informalidad, brechas de género y regionales.

No obstante lo anterior, es destacable que en medio de un crecimiento económico moderado, la mayor parte de actividades económicas estén siendo capaces de absorber más trabajadores de lo que su dinamismo productivo diría, lo cual es esperanzador, dado que muestra que es posible revertir una tendencia que condenaba a miles de costarricenses a las consecuencias negativas de la falta de opciones laborales. Sería deseable que el gobierno y el sector privado estudien a fondo el fenómeno, para promover políticas que fortalezcan la tendencia, dado que un mercado laboral fuerte genera un círculo virtuoso entre demanda impulsada por el consumo privado, crecimiento económico y mayores ingresos fiscales, a propósito de las necesidades que tiene el país actualmente en este último tema.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de Masters a.

Enviado por UNA Comunicación.

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Confederación de Trabajadores Rerum Novarum: ante la situación de crisis fiscal y la liquidez señalada por el Gobierno

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El anuncio hecho por el señor Presidente Luis Guillermo Solís el pasado 1 de agosto de 2017, pone de manifiesto una grave situación nacional que tiene años de estarse anunciando y más años aún de estarse gestando.

Por un lado, se ha permitido que una creciente elite de empresarios se enriquezca evadiendo y eludiendo impuestos, así como aprovechándose de exenciones en el pago de sus obligaciones con el pretexto del libre comercio. Otros, peor aún, se han beneficiado de la corrupción abierta aprovechándose de nuestra debilitada banca estatal, para usufructuar en beneficio personal y contra el interés nacional. Esa Elite incluso tiene la capacidad de especular tanto con las finanzas que obligan a que la política bancaria esté en función de su crecimiento económico, sin importar que ese aumento; beneficie o no, a toda la población.

A estas actitudes irresponsables, hay que sumar la negativa de los grandes poderes político-económicos representados en gobiernos y asambleas legislativas que no han procurado una verdadera reforma fiscal, progresiva, para que los impuestos se cobren con justicia, pagando los ricos como ricos y como pobres el pueblo trabajador.

Esta situación tiene un telón de fondo que no debemos olvidar: el modelo neoliberal que se ha venido implantando desde los años 80 hasta la fecha, con privatizaciones, programas de ajuste estructural y tratados de libre comercio, que aún no han permitido un verdadero crecimiento económico de nuestro país. Por el contrario, han debilitado nuestra estructura económica que mayoritariamente es de pequeñas y medianas empresas, se ha centrado en acumularle riquezas a las grandes empresas -que no pagan o evaden impuestos- y han generado un alto desempleo, subempleo, empleo informal y en generar empleos de mala calidad que no dinamizan la economía nacional.

En este sentido, en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum creemos que es importante atacar las causas de fondo de esta crisis, para que no nos lleve a situaciones que pongan en peligro los derechos fundamentales y la paz de nuestro país, pero también para que no se aproveche esta situación para profundizar en acciones neoliberales en provecho de unos pocos que quieren seguir explotando al Estado.

El querer eliminar los componentes salariales del sector público no resuelve el problema fiscal ni la liquidez señalada por el Gobierno. Eso es una farsa.

Esta situación tan apremiante no la resuelve el Gobierno tomando medidas tales como:

-Generar más impuestos regresivos que pongan a pagar más al pueblo, que no ha sido ni culpable ni beneficiado de la política fiscal permisiva con los grandes millonarios del país;

-Deteriorar el ingreso de las familias de las personas trabajadoras del sector público, eliminando derechos laborales o generando inestabilidad en sus trabajos, lo que repercutirá en quitar más dinamismo a la economía nacional;

-Privatizar empresas e instituciones públicas que garantizan el acceso de la población a la mayoría de los servicios públicos y que le generan ingresos importantes a la hacienda pública;

-Eliminar o reducir los rubros que nutren los programas sociales orientados a cubrir las necesidades esenciales de toda la población, o aquellos que están orientados a proteger a la población más empobrecida y vulnerable;

-Cualquier medida que ponga en peligro los fondos de pensiones públicos;

-Ninguna reducción presupuestaria que ponga en juego o deteriore la educación costarricense, en ninguno de sus niveles (desde la preescolar hasta la superior).

Rechazamos, por tanto, cualquier convocatoria de proyectos de ley de parte del poder Ejecutivo que, tomando como pretexto la actual situación, pretenda golpear a la clase trabajadora para pagar una crisis que otros provocaron, entre ellos Empleo Público, el cual es mentira que resuelva el problema fiscal.

Tampoco aceptamos que la UCCAEP y los partidos políticos que nos han gobernado en el pasado y que endeudaron a Costa Rica con su visión neoliberal de la economía, quieran chantajear al actual gobierno ofreciendo más de la receta neoliberal para curar los males que ellos mismos provocaron. ¡Suficiente con el desastre que heredaron!

Proponemos que ante esta situación, el Gobierno tome las siguientes medidas:

-Sentar las responsabilidades políticas y judiciales de quiénes nos han llevado a esta situación;

-Hacer un fuerte plan de reducción de gastos superfluos y de todo aquello que no ponga en riesgo los derechos humanos, derechos básicos y derechos laborales de la población;

-Plantear una verdadera Reforma Tributaria Integral y Progresiva, que ponga a pagar como ricos a los ricos, así mismo un ágil y enérgico plan de cobro de la morosidad y la evasión fiscal que actualmente supera el 8% del PIB;

-Implementar a la mayor brevedad posible un plan de desarrollo de la economía nacional, de nuestro mercado interno, y de generación de empleo de calidad, centrado en la mediana y pequeña empresa, que impacte lo más pronto posible en la aceleración de la economía.

Hacemos un llamado a todo el movimiento sindical, legítimos representantes de la clase trabajadora de este país, a comprometernos a defender el Estado Social de Derecho y apoyar todas las acciones orientadas a superar esta situación de falta de liquidez del gobierno, y resolver estructuralmente el problema fiscal siempre que sea orientado por la justicia social y el bien común.

La confrontación social es lo que algunos sectores políticos y empresariales esperan que se dé, para llevar aguas a sus molinos, no es lo ideal, pero no renunciaremos a ello con tal de defender nuestros derechos.

Consideramos importante abrir un diálogo nacional serio, transparente, sin intereses partidarios, con los diferentes sectores de la sociedad, para llegar a soluciones que beneficien al país.

 

AFILIADOS A LA CTRN

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)

Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)

Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Comunicaciones (SITET)

Sindicato de Trabajadores de la Junta Administrativa Portuaria (SINTRAJAP)

Unión de Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (UNATROPYT)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Limón (SITRAMUPL)

Asociación de Trabajadores de FERTICA (ATFE)

Sindicato de los trabajadores de la Palma de Golfito (SDTG)

Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines – (SINTRACOBAL)

Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Transporte Agrícola y Afines de Costa Rica (SINTRASTAFCOR)

Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company, (SITRACHIRI)

Sindicato de Trabajadores División Quepos (SITRADIQUE)

Sindicato de Trabajadores del Fondo de Ahorro de RECOPE (SITRAFAR)

Sindicato de Trabajadores de la Piña y Frutas Tropicales (SINTRAPIFRUT)

Sindicato del Comercio (SINCO)

Sindicato Industrial de Pescadores Artesanales, Criadores Acuícolas y Anexos de Puntarenas (SIPACAAP)

Sindicato Nacional de Conductores Especializados y Afines (SINACOESA)

Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)

Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares (SITRACOME)

Sindicato de Trabajadores del MINAE (SITRAMINAE)

Unión Musical Costarricense (UMC)

Unión Nacional de Empleados Electorales (UNEC)

Sindicato Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG)

Sindicato de Profesionales de AyA (SIPAA)

Sindicato Nacional de Periodistas

Unión Nacional Técnicos y Profesionales en Tránsito (UNATEPROT)

Asociación Nacional de Agentes de Seguros (ANDAS)

Asociación de Ingenieros Civiles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (AIC-MOPT)

Unión de Profesionales del Banco Popular (UNPROBANPO)

Sindicato Nacional de Empleados del Banco Central de Costa Rica (SINEBACCR)

Sindicato Costarricense de Auxiliares de Enfermería (SINAE)

Sindicato Nacional Empleados de Salud Pública y Afines (SINAESPA)

Federación Agraria Nacional (FAN)

UCASARAPIQUI / UNAMI Guatuso / ASCAG Guácimo / ASOOOM

UNACOBRUS / AAHH / UNASACHI / ASOMOVI AMUPROCHIL / APROCHIL / UPACOCH /

SITRAMUDEGRE / SIEMPRHE / SEMG / SEMC / SITRAMUCOB

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Turrialba (SEMUTU)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Pococí (SUTRAM)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Palmares (SINTRAMPA)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de la Municipalidad de Pérez Zeledón (SITRAMUPZ)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Palmares Municipalidad de Curridabat (SITRAMUCU)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Nandayure (SITRAMUNA)

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de La Cruz (SITRAMULAC)

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook CTRN

Enviado por SEC CR.

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UCR crea carrera con alta demanda laboral para jóvenes de zonas costeras

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

  • Estudios prevén dinamismo económico en Puntarenas y cantones aledaños

 

Patricia Blanco Picado,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR crea carrera con alta demanda laboral para jovenes de zonas costeras
De acuerdo con estudios realizados por la UCR, el Puerto de Caldera contribuye a incrementar la dinámica económica del Pacífico Central, con lo cual crecerá la demanda de mano de obra calificada (foto archivo ODI).

Estudiar Ingeniería Electromecánica es posible ahora en la ciudad de Puntarenas. La Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica (UCR) abrió esta nueva carrera con miras a llenar las necesidades de demanda de empleo calificado en las distintas ramas de la economía de esa región.

La carrera creada este año brinda una oportunidad a jóvenes de zonas costeras de prepararse en un área muy especializada, con alta demanda laboral en el país, y en una parte del territorio nacional donde el 59 % de los ocupados no concluyó la secundaria, según estudios realizados por la misma UCR.

Frente a esta realidad social, la ampliación del puerto de Caldera y la construcción de otras obras de infraestrura pública y privada han venido a cambiar y a incrementar la dinámica económica del Pacífico Central, lo cual a su vez tiene repercusiones en el crecimiento de la economía local y de encadenamientos productivos.

«Los crecientes niveles de actividad económica que se proyectan en la región promoverán la creación de parques industriales y, consecuentemente, de distritos industriales con economías de aglomeración especializadas. El desarrollo del sector industrial en la región también demandará mejoras en la infraestructura y en la dotación de servicios básicos, como también de una mano de obra más calificada», indican los investigadores Rafael Arias y Yeimy Villalta en un estudio del 2010 sobre las perspectivas de desarrollo en el Gran Puntarenas (cantones de Puntarenas, Esparza y Montes de Oro), efectuado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) y la Sede del Pacífico.

Ante estas nuevas condiciones económicas y sociales, el sector productivo requiere profesionales en distintas disciplinas, que como la Ingeniería Electromecánica, contribuyan con su conocimiento a esa dinamización económica del Pacífico Central, donde las empresas revelan la dificultad que tienen para conseguir personal con formación empresarial, técnica y profesional.

En este contexto, la especialidad en Ingeniería Electromecánica establecida por la UCR en la Sede del Pacífico es una carrera novedosa, interdisciplinaria e innovadora, aseguró su director, Miguel Alvarado Arias, que pretende formar profesionales que aporten al desarrollo regional y local.

«La nueva opción tiene que ver con los retos y compromisos de la UCR en la región, donde hay un aumento de la población estudiantil y una respuesta alternativa de parte de la institución a las necesidades profesionales», señaló.

UCR crea carrera con alta demanda laboral para jovenes de zonas costeras2
La nueva carrera creada por la UCR es una fusión de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica con el fin de formar profesionales con capacidad para el diseño e instalación de sistemas que combinen componentes eléctricos y mecánicos (foto ilustrativa archivo ODI).

La carrera es una fusión de dos ingenierías: eléctrica y mecánica con el fin de formar profesionales con capacidad para el diseño e instalación de sistemas que combinen componentes eléctricos y mecánicos, como los sistemas de distribución de energía eléctrica y de redes informáticas y de telefonía.

La coordinadora de la carrera, Paola Montero Sánchez, recalcó que esta nueva ingeniería no viene a sustituir ni a los ingenieros eléctricos ni a los mecánicos, sino que forma profesionales en un ámbito mucho más especializado que toma conocimientos de ambas áreas.

Tradicionalmente, las labores de la Ingeniería Electromecánica han sido suplidas por profesionales en Ingeniería Mecánica o Eléctrica, pero en la actualidad no hay suficientes en el país para cubrir la demanda y tampoco este campo es de su interés primario.

Así lo comentó el profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UCR, Juan Gabriel Monge Gapper. «Conforme una primera promoción de estos profesionales adquieran experiencia, el impacto será en cuanto a cómo mejorarán la maquinaria existente de manera integral, dada su preparación en ambas ingenierías. También se volverán diseñadores de sistemas de distribución de energía eléctrica y en la integración de los sistemas de generación complementaria», aseveró.

Del lado de la Ingeniería Eléctrica, el profesor Gustavo Valverde Mora, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCR, destacó que los futuros egresados de la carrera de Ingeniería Electromecánica podrán desempeñarse en áreas directamente relacionadas con la industria y «esto es sumamente importante para impulsar el desarrollo económico y social en las zonas costeras del país».

UCR crea carrera con alta demanda laboral para jovenes de zonas costeras3
La Sede del Pacífico atiende a una población estudiantil de 1128 estudiantes, de los cuales 37 ingresaron a Ingeniería Electromecánica (foto Laura Rodríguez).

Aporte al desarrollo productivo

Según explicó el director de la Sede del Pacífico, la preparación de profesionales en Ingeniería Electromecánica pretende contribuir con los proyectos de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puntarenas -un conglomerado de empresas que se quiere instalar en esa región-, así como con el desarrollo portuario y, a más largo plazo, con la creación del aeropuerto en Orotina.

En un estudio del 2016 del IICE, se identificaron cuatro territorios con potencial para el establecimiento de las ZEE; uno de ellos es Puntarenas y los cantones aledaños al estar ubicados cerca del puerto de Caldera, que actúa como «catalizador y articulador de la actividad productiva del territorio».

Además, las actividades económicas con mayores posibilidades de desarrollo son logística y almacenamiento, construcción e inmobiliaria, agropecuaria, manufacturera y comercio y turismo, señalan los investigadores Rafael Arias R., Leonardo Sánchez H. y Luis Vargas M.

Los crecientes niveles de actividad económica que se proyectan en la región promoverán la creación de parques industriales y de distritos industriales con economías de aglomeración especializadas. El desarrollo del sector industrial en la región también demandará mejoras en la infraestructura, en la dotación de servicios básicos y de una mano de obra más calificada.

En el 2014, la UCR adquirió en Esparza un terreno para la ampliación de las necesidades de educación superior en el Pacífico Central. Allí se están empezando a construir las obras de infraestructura del espacio académico complentario de la Sede del Pacífico.

Esta Sede atiende a una población estudiantil de 1128 estudiantes, de los cuales este año ingresaron a la carrera de Ingeniería Electromecánica 37, de ellos nueve mujeres, procedentes de distintos lugares del país. La UCR les ofrece becas socioeconómicas, que incluyen residencia, transporte y alimentación, entre otros servicios.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UNA: Persisten desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Programa Martes Económicos

Diego Zárate Montero*

 

La Encuesta Continua de Empleo (ECE) del primer trimestre de 2017, publicada hace pocos días, revela una importante mejora en la dinámica de creación de empleos. Pese a esto, las desigualdades entre hombres y mujeres, en términos de empleo, se mantienen.

La encuesta del INEC estima que la tasa de desempleo abierto del primer trimestre se ubicó en 9,1%, ligeramente por debajo del valor observado en el mismo periodo de 2016. Este resultado es destacable, principalmente, porque correspondió con una disminución de la población desempleada en cerca de 2 mil personas, así como de la población fuera de la fuerza de trabajo aproximadamente en 8 mil personas. Esto quiere decir que más personas se incorporaron a la fuerza de trabajo y menos se quedaron sin empleo. Sin embargo, esto difiere de lo que venía sucediendo en nuestro país.

Durante cuatro trimestres consecutivos (desde el tercer trimestre de 2015 y hasta el tercer trimestre de 2016) la población fuera de la fuerza de trabajo iba en ascenso. Es decir, en los últimos años hubo un claro comportamiento de salida de trabajadores y trabajadoras del mercado laboral. Personas que al no encontrar un empleo dejaron de buscarlo o que por obligaciones familiares (mujeres principalmente), se vieron obligadas a abandonar su empleo o la búsqueda activa del mismo. Por ello, la ECE revelaba que la cantidad de personas desocupadas disminuía, pero no porque encontraran empleo, sino porque dejaban de buscarlo y por tanto dejaban de ser contabilizadas como desempleadas.

De ahí que entre el cuarto trimestre de 2016 y el primero de 2017, hubo un fortalecimiento en la creación de puestos de trabajo que permitió a más costarricenses sumarse al mercado laboral y encontrar un empleo. Esta mejora también benefició a las personas que se encontraban trabajando menos de 40 horas a la semana pero querían trabajar más horas, es decir, a las subempleadas, ya que la tasa de subempleo disminuyó al 6,8%, la más baja desde que se realiza la ECE (2010).

Sin embargo no todas son buenas noticias. Al desagregar, entre hombres y mujeres, las tasas de desempleo y subempleo mencionadas, se observan las profundas desigualdades de género una vez más, sin que las mejoras en el mercado laboral tiendan a reducir esas brechas. La tasa de desempleo entre las mujeres fue de 11%, mientras que entre los hombres fue de 7,8%.

En términos absolutos, en el último año, el total de hombres desempleados disminuyó en casi cuatro mil, mientras que las mujeres desempleadas aumentaron en cerca de mil quinientas en el mismo periodo. Más aún, la cantidad de hombres fuera de la fuerza de trabajo disminuyó en catorce mil, mientras que la cantidad de mujeres en esta misma condición aumentó en seis mil. Esto quiere decir que la dinámica de creación de empleos está beneficiando principalmente a hombres, ya que sigue habiendo una salida sistemática de mujeres del mercado laboral.

Hay que reconocer, pese a este lamentable hecho, que en el primer trimestre de 2017 hubo una contención en la salida de mujeres de la fuerza de trabajo, ya que un año atrás, el resultado fue más dramático (cuando alrededor de 30 mil mujeres se salieron del mercado laboral).

Otro dato importante que revela la ECE es que si bien el subempleo disminuyó, al desagregarlo entre hombres y mujeres se observa esta misma asimetría: la tasa en hombres es de 5,4%, mientras en mujeres fue 9,1%. Esta desigualdad tiene una estrecha relación con que el ingreso promedio mensual de los hombres ronda los 478 mil colones, y el de las mujeres, 435 mil colones.

Lo anterior puede explicarse por el hecho de que son principalmente las mujeres quienes realizan los trabajos no remunerados, como el cuidado de niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, motivo por el cual suelen desarrollar actividades a tiempo parcial y de baja remuneración, lo que afecta directamente su nivel de ingresos.

Es muy importante desagregar la información económica a la hora de diseñar e implementar políticas públicas, ya que como se observó, detrás de un indicador general se esconden importantes desigualdades, en este caso se analizaron las de género, sin embargo, también muchas otras se hacen visibles si se desagregan los datos por grupos de edad, por zona y por región de planificación. Las realidades que viven los diferentes grupos de personas muchas veces distan de la que muestra un indicador general.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.infonews.com

Enviado por UNA Comunicación.

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UNA: Situación actual de las mujeres en el mercado laboral costarricense

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Programa Martes Económicos UNA

*Roxana Morales Ramos

 

Los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC muestran una mejora en varios indicadores para las mujeres en Costa Rica; no obstante, dicha mejora, como se verá, es un resultado solo aparente, es decir, responde a un efecto estadístico y no una mejora real en cantidad y calidad del empleo.

Indicadores que mejoraron en los últimos dos años (IV trimestre 2014 vs. IV trimestre 2016):

  • Cantidad de mujeres ocupadas sin seguro por trabajo (-54.274)
  • La tasa de presión general (-0,9 p.p.)
  • Cantidad de mujeres ocupadas que buscan cambiar de trabajo (-27.368)
  • Cantidad de mujeres con empleo informal (-38.527)
  • Cantidad de mujeres de 45 años y más con empleo informal (-35.782)
  • Cantidad de mujeres jóvenes con empleo informal (-13.840 mujeres)
  • Porcentaje de ocupadas con subempleo (-7,7 p.p.) (-63.911 mujeres)
  • Cantidad de mujeres que trabajan en la informalidad menos de 39 horas semanales (- 54.575)
  • Cantidad de mujeres que trabajan en la informalidad dentro de la propia vivienda o del patrono (-38.667). Relacionado con este resultado está la reducción en la cantidad de mujeres que laboran en el sector “Hogares como empleadores” (-14.787 mujeres).
  • Cantidad de mujeres que trabajan en la informalidad y que reciben mensualmente menos de un salario mínimo (-5.909 mujeres)
  • Otro indicador que pareciera mostrar una mejora, es la brecha de ingresos; muestra una tendencia a reducirse en los últimos trimestres.

¿Y por qué mejoraron estos indicadores?

La respuesta radica en que la población femenina fuera de la fuerza de trabajo aumentó en cerca de 83 mil en los últimos 2 años –en su mayoría mujeres catalogadas como no disponibles del todo para trabajar (+78 mil) o disponibles con limitaciones (+24 mil) –, es decir, las mujeres se están saliendo del mercado laboral y como resultado la tasa neta de participación se ha reducido.

Al desagregar los datos encontramos que las que se salieron del mercado en su mayoría son de la Región Central del país, jóvenes, mayores de 60 años (de las mujeres que se han salido del mercado laboral, el 64% se encuentra en este grupo de edad) y, con secundaria incompleta o menos.

Indicadores que empeoraron en los últimos dos años:

  • Tasa neta de participación (-2,7 p.p.)
  • Cantidad de ocupadas (-36.095).
  • Cantidad de ocupadas en edades de 15 a 24 años (-23.879)
  • Cantidad de ocupadas en edades de 45 a 59 años (-25.339)
  • Cantidad de desempleadas (+14.814)
  • Tasa de desempleo abierto entre las mujeres (+2 p.p.)
  • Mujeres con título universitario fuera de la fuerza de trabajo (+10 mil)

¿Y por qué se reduce la brecha de ingresos entre hombres y mujeres?

El ingreso promedio de las mujeres en la ocupación principal aumentó un 12,9% en los últimos dos años y entre los hombres solo un 3%; dando como resultado que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres se redujera significativamente, pasando de 13,9% en el IV trimestre de 2014 a 6,9% en el mismo trimestre de 2016. Este resultado se explica por la salida de mujeres del mercado laboral que ostentaban bajos niveles de ingresos, lo que hace que el promedio nacional de ingresos aumente. En otras palabras, esto no significa que el ingreso entre las mujeres aumentó, sino que el promedio de ingresos creció al haber menos mujeres con empleo informal y con ocupaciones de bajos ingresos laborando (menos mujeres en condición de subempleo).

En fin, la mejora en varios indicadores de empleo para las mujeres, en los últimos dos años, no obedece a una mayor cantidad de ocupadas ni a mejores condiciones laborales para ellas. Lamentablemente, los mejores números responden a la salida de mujeres del mercado laboral. En otras palabras, la mejora en los indicadores es solo “aparente”. Es importante que el gobierno le de seguimiento a esta situación, ya que la autonomía económica de las mujeres es fundamental para reducir las brechas y desigualdades de género, y si las mujeres se están saliendo del mercado laboral, significa que las políticas públicas impulsadas no están teniendo el efecto deseado.

¿Y por qué se están saliendo las mujeres del mercado laboral?

Lo que plantearé a continuación son solo algunas hipótesis que me surgen al analizar la información de la ECE. Dichas hipótesis tendrían que ser validadas a través de encuestas y otros medios.

  1. a) Mujeres se están saliendo del mercado laboral porque los ingresos que perciben no son suficientes para cubrir el costo del cuidado de sus hijos.
  2. b) Mujeres se salen del mercado laboral por obligaciones familiares: cuido de menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Cada vez el grupo de adultos mayores gana una mayor importancia relativa con respecto a los demás grupos de edad: envejecimiento de la población.
  3. c) Las familias se han endeudado mucho en los últimos años, por lo que se hace más difícil contar con suficientes recursos para contratar trabajadoras domésticas y, por ello, se ha reducido la cantidad de opciones de empleo en este sector.
  4. d) Aunado a lo anterior, los mayores controles del Estado para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras domésticas podrían haber provocado que muchas familias dejen de contratar estos servicios debido a los mayores costos económicos.
  5. e) Muchas mujeres que se dedican a labores domésticas remuneradas cuentan con bajos niveles de escolaridad por lo que se les dificulta encontrar empleo en otras actividades y terminan abandonando el mercado de trabajo.
  6. f) El proceso de envejecimiento de la población hace que cada vez más mujeres se retiren del mercado laboral. Los datos sí evidencian esta situación.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de http://www.dinero.com

Enviado a SURCOS por Oficina de Comunicación UNA.

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