SURCOS comparte el siguiente comunicado del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA:
M.Sc. Roxana Morales Ramos – M.Sc. Fernando Rodríguez Garro Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)
El efecto esperado de una reducción de salarios en el sector público debe considerar todos los impactos posibles
En los últimos días se ha insistido en promover una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, lo que a nivel mediático se ha planteado como si se tratara de la opinión general de los economistas de este país. Ante la ausencia de una valoración de los posibles efectos de esta medida, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional quiere llamar la atención sobre varios aspectos.
Por ahora advertimos sobre la dirección de los impactos más que sobre la magnitud de los mismos, ya que ello dependerá del alcance de una eventual propuesta en este sentido (si llegase a presentarse).
1. La reducción de salarios del sector público, o del Gobierno Central, reduciría la base contributiva de la CCSS (tanto en seguro de salud como de pensiones), ya seriamente afectada por los despidos y reducciones de jornada en el sector privado, lo que sumaría más problemas financieros a la entidad. Para evitar un mayor efecto negativo, si se continúa con la idea, se deberá compensar financieramente a la CCSS, lo que reducirá el eventual ahorro esperado de esta propuesta. Adicionalmente, esta posible rebaja de salarios afectaría, aún más, los ingresos del Fondo de Asignaciones Familiares e IMAS.
2. La recaudación del impuesto sobre la renta aplicado a los salarios en el Gobierno Central o en el sector público, también se vería afectada hacia la baja, lo que debe restarse de las cuentas de un eventual ahorro por reducción de salarios. La baja en la recaudación podría ser incluso mayor en términos porcentuales, pues los tramos más altos de salarios están gravados a tasas más altas, e incluso, habría trabajadores y trabajadoras a los que ahora no les aplicaría el impuesto, dada la reducción en su salario por debajo del primer tramo gravable. La pérdida de recaudación debe estimarse para considerar los ahorros netos de una eventual reducción de salarios.
3. Si se da una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, es de suponer que los funcionarios afectados tendrán el mismo derecho que sus pares del sector privado de retirar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), lo que pondría más presión financiera sobre las Operadoras de Pensiones Complementarias. La venta de títulos valores en el mercado para conseguir la liquidez necesaria para pagar los retiros del FCL, podría provocar una caída en el precio de los títulos valores y afectar las carteras de los propios fondos de pensiones y de los fondos de inversión, aumentando los rendimientos de esos títulos y generando una presión al alza sobre las tasas de interés.
4. Entre los funcionarios públicos se encuentran personas con altos niveles de endeudamiento que han autorizado, a ciertas entidades financieras, el rebajo automático del pago de sus créditos. Una rebaja de sus salarios crearía un problema para las entidades financieras que hacen estos rebajos o dejarían más expuestas a las personas que verían reducido su salario líquido más allá de lo razonable en estos casos. Esta situación, además de afectar a las personas asalariadas, podría convertirse en un serio problema financiero para algunas entidades que tienen una cartera muy concentrada en cierto grupo de trabajadores, como por ejemplo los del magisterio nacional.
5. La reducción en el consumo derivada de esta situación pesará más fuertemente en la producción, en el corto plazo, que algún beneficio producto de la reducción del déficit fiscal, que en todo caso tendría un efecto nulo o muy pequeño sobre el costo del financiamiento público y, por ende, en las tasas de interés. Es por esto que, si se llegase a plantear una reducción de salarios como se ha manifestado públicamente por algunos colegas economistas, debe estimarse el impacto que esto tendría en el consumo de las familias y por ende su efecto contractivo en el PIB, a fin de determinar qué tan negativa sería la medida en comparación con las ventajas macroeconómicas de la reducción del déficit, sobre todo en el corto plazo.
6. Creemos que las medidas deben seguir apuntando a buscar recursos para fondear ayudas para personas sin empleo y sin ingresos, incluyendo aquellos cuya actividad se clasifica como informal, para evitar un colapso social. Reiteramos nuestro llamado a una reforma tributaria amplia, altamente progresiva, que también grave otras formas de ingreso e incorpore contribuciones de los sectores ganadores o menos afectados por la crisis. Medidas que contengan los aumentos de salario, como la suspensión del ajuste salarial y la no aplicación de las anualidades en la actual coyuntura, también serán necesarias.
Adicionalmente es muy importante en esta discusión, más allá de si se llega a presentar o no una propuesta relacionada con los salarios del sector público, que el Gobierno de la República estime y haga públicos los ahorros que ya se están generando, particularmente en: horas extras, viáticos (dentro y fuera del país), compra de combustibles, pago de servicios públicos, eliminación de aumentos salariales, etc. El pago de horas extra y el no otorgamiento de aumentos salariales, también generará un ahorro en el pago de aguinaldos en diciembre, que es importante desde ya cuantificar, lo que permitiría hacer las rebajas respectivas del presupuesto gubernamental, para ir creando certeza sobre la evolución financiera del gobierno y sus necesidades de financiamiento.
El “Plan Proteger”, la moratoria de impuestos, las medidas tomadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por los bancos públicos y privados, por el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y muchas otras instituciones públicas, buscan, como lo ha declarado el Señor presidente -Carlos Alvarado Quesada-, proteger a las personas, los empleos y las empresas. Y todo eso está muy bien; enfrentamos una emergencia nacional y global y no es tiempo para promover la desunión nacional, el conflicto social o atrincherarse en intereses individualistas.
Pero tenemos otro problema tanto o más grave: más de un millón de costarricenses trabajan en la informalidad, ya sea en microempresas o como trabajadores (as) por cuenta propia. Para estas personas no habrá rescates, ni contratos de trabajo negociables, ni posibilidades de teletrabajo, ni vacaciones pagadas por adelantado, ni seguros de desempleo, ni se han propuesto ayudas estatales adicionales; ya que, hasta el momento, tanto para el gobierno como para el sector empresarial, “salvar la economía” y “salvar el empleo” es sinónimo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, lo cual no objetamos, pero esto deja por fuera a las personas más necesitadas; con la excepción de las ayudas que aporta la CCSS (pensiones del régimen no contributivo), el Ministerio de Educación (MEP) (alimentos básicos) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) (becas a estudiantes, por ejemplo), entre otros, que se mantendrán e incluso se aumentarán en esta hora tan aciaga para el país.
Ante este panorama, el Grupo de Trabajo FES-OES[1] sobre la crisis de empleo en Costa Rica, levanta el siguiente desafío: ¿Cómo ayudar a los sectores más vulnerables frente a esta crisis, en especial a los llamados “informales”? El presente documento es un intento de brindar un insumo que, una vez enriquecido y operativizado, permita poner en marcha una estrategia de apoyo solidario para estos sectores de la población.
EL CONTEXTO GENERAL: ¿CUÁL DEBE SER LA ESTRATEGIA MACROECONÓMICA ADECUADA FRENTE A LA CRISIS EN CURSO?
Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea lo reconocen: no es tiempo de escatimar recursos públicos para enfrentar la crisis[2]; a lo cual hay que agregar dos observaciones fundamentales: i) el endeudamiento privado no parece ser la mejor solución cuando este ya es de por sí alto y los ingresos de algunos sectores están siendo severamente afectados, ii) la gestión de la crisis puede ayudarnos a mitigarla, pero también la puede profundizar.
IMPEDIR EL COLAPSO DE CONSUMO PRIVADO. Desde nuestra perspectiva, evitar el colapso del consumo privado es fundamental, pues lo contrario nos llevaría a una profunda espiral recesiva. Claro, para ello es fundamental que las autoridades de salud y el comportamiento ciudadano logren, en primer lugar, controlar lo más posible la expansión del virus, cercando prioritariamente los principales focos de contagio, pero no poniendo en “cuarentena” a toda la población (a menos que lleguemos a una fase crítica). Costa Rica no cuenta con los instrumentos tecnológicos (inteligencia artificial), con equipamiento médico suficiente (pruebas de contagio para casi todos), ni con bases de datos de última generación (big data), que nos permitan una pronta identificación, aislamiento y tratamiento de las personas sospechosas o contagiadas, como sí ha podido hacerse en países como Corea del Sur. Por eso, cercar y controlar los principales focos de contagio a nivel local es una solución intermedia, sin necesidad de llegar a medidas extremas que paralicen toda la economía. Lo antes posible es necesario restablecer las condiciones para volver al trabajo, generar empleos y estimular el consumo de las familias; para lo cual el Banco Central de Costa Rica (BCCR) cuenta con información relevante sobre cuáles son los sectores con mayores encadenamientos productivos y con mayores elasticidades empleo-producto.
Por lo anterior, aplaudimos la medida gubernamental de no cerrar las ferias del agricultor, extremando medidas de prevención, de higiene y de distanciamiento. Pero también hay “ferias solidarias” que poco se conocen y menos se estimulan, así como campañas de concientización por parte de algunas municipalidades para que la ciudadanía no abandone el comercio local en sus respectivos cantones. Lo importante es evitar las aglomeraciones de gente, por lo que el servicio a domicilio masivo es una opción que permitiría mantener a flote a los pequeños negocios, e incluso, generar nuevos empleos para la distribución de los bienes.
CON TANTAS VIDAS EN RIESGO, NO ES TIEMPO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO. Algunos gobiernos europeos están ofreciendo avales estatales para el endeudamiento privado, pero esta opción es poco viable cuando la incertidumbre ha alcanzado niveles insospechados, o cuando el endeudamiento de las familias ya es demasiado elevado; como sucede en nuestro país. El gobierno no debe detener sus proyectos de infraestructura, eso sí, extremando medidas de prevención. Y lo más importante: para enfrentar la crisis se ocupan masivas ayudas directas (no condicionadas), tanto a trabajadores(as) que pierdan su empleo o vean disminuidos severamente sus ingresos, como para trabajadores (as) autónomos (as) y personas en la informalidad laboral.
El Plan Proteger contempla ayudas directas para personas desempleadas y en condición de pobreza, pero en el mejor de los casos, el mismo no entrará en ejecución hasta mediados de abril. Ante esta realidad, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿no sería más efectivo impedir que las empresas despidan trabajadores otorgándoles a estas un incentivo para tal propósito, en lugar de esperar a que los empleos se pierdan para luego subsidiar a quienes se queden sin empleo o pasen a la informalidad? ¿Las medidas implementadas por la cadena hotelera Fifco y por el Grupo Purdy, de no despedir a sus empleados, podría extenderse a otras grandes empresas? El Gobierno de la República debe, de manera inmediata, valorar esta opción, especialmente con medianas y grandes empresas; ya que la iniciativa de nacionalizar empresas si la crisis se profundiza, sería prácticamente inviable para Costa Rica.
Ahora bien, seguramente el Plan Proteger (3% del PIB) no generará tantos recursos como para cobijar a una buena cantidad de ocupados (as) informales, por lo que tendremos que pensar en un fondo especial para estos sectores, sobre lo cual se expondrá más adelante.
MITIGAR EL IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES. La economía costarricense depende altamente de sus exportaciones de bienes y servicios, y entre estos últimos, de manera crucial, del turismo. Por tanto, y dado el “cierre de fronteras” para personas no residentes, hay que proteger con especial recelo a aquellas empresas que generan más empleos y evitar una caída pronunciada del tipo de cambio mediante intervenciones oportunas del Banco Central. Con respecto a las empresas de zonas francas, una negociación con algunas de ellas sería, por ejemplo, convencerlas de que no paralicen su producción, siempre y cuando puedan almacenar stocks para cuando la economía mundial manifieste signos de recuperación.
¿QUÉ MEDIDAS SON MÁS EFICACES EN MATERIA DE LIQUIDEZ?
Estados Unidos y Europa disponen de Bancos Centrales que pueden darse el lujo de ofrecer “liquidez ilimitada” y a tasas de interés “cero”. Costa Rica no dispone de esas condiciones, ni está claro que esto sea lo más efectivo. ¿Qué empresas o particulares se van a endeudar en medio de proyecciones económicas tan pesimistas, incluso con tasas de interés reducidas? En este campo, las medidas más pertinentes para particulares y empresas son la suspensión de los pagos de deudas e intereses, por lo menos por toda la primera mitad de 2020, y con actualizaciones de esos pagos de manera fraccionada una vez que pase la crisis, o trasladándolos al principal con alargamiento del plazo de vencimiento de la deuda.
PRIORIZAR LA PRODUCCIÓN INTERNA, ESPECIALMENTE DE PRODUCTOS BÁSICOS
El BCCR dispone de estudios que le permitirían al gobierno priorizar políticas industriales hacia los sectores con mayores encadenamientos productivos y elasticidades de empleo – producto. A continuación, un extracto de su último estudio sobre este tema.
El comercio, la enseñanza, la construcción de edificios, el servicio doméstico y los servicios de alimentación son los que presentan los mayores coeficientes de elasticidad empleo – producto, es decir, que estas actividades son las que generan un mayor incremento en la ocupación total de la economía por cada punto adicional de crecimiento en su demanda. Se trata de actividades intensivas en mano de obra, muy vinculadas al ciclo económico; por lo que las medidas anticíclicas pueden contribuir a su dinamismo.
[…]
Los resultados presentados en este documento sugieren el fomento de la inversión pública en infraestructura, tanto de obras fijas como de transporte para el mejor aprovechamiento de los encadenamientos productivos presentes en las actividades económicas relacionadas y el consecuente impulso al empleo que se podría generar. Asimismo, el desarrollo de políticas sectoriales sobre las actividades en el agro, la manufactura y las actividades de servicios identificadas, pueden contribuir a la reactivación económica y al aumento de la ocupación. (Sánchez, 2019, p.26)
En resumen, una política de reactivación, si desea tener resultados en el corto plazo (en producción y en empleo), debe concentrarse en estímulos de demanda para determinados sectores, como los indicados en el estudio. Esto es congruente con las políticas de estímulo al consumo y al gasto público que expusimos previamente. Además, en las actuales condiciones sólo la producción interna podrá garantizar, con los correspondientes estímulos, el abastecimiento a toda la población de los productos básicos.
PROTEGER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES
MEDIDAS DE PLAZO INMEDIATO (MENOS DE TRES MESES)
Respaldamos totalmente la intención del Gobierno de aumentar el monto y ampliar la cobertura para beneficiarios del Régimen No Contributivo de Pensiones.
Nos preocupa el presumible aumento en la informalidad producto de la crisis económica, ya que para las Pymes la moratoria en el pago de impuestos es una medida insuficiente en la medida en que sus ventas disminuyan drásticamente.
La reducción en la Base Mínima Contributiva (BMC) por parte de la CCSS es una medida necesaria, siempre y cuando el Gobierno Central compense los cerca de 22 000 millones de colones que la Institución dejará de percibir. Sin embargo, y de profundizarse la crisis, recomendamos valorar su total eliminación, y que la cotización esté exclusivamente en función de las horas efectivamente trabajadas y los ingresos adquiridos.
La reducción de los costos laborales ya aprobados por la CCSS, es una medida que ayudaría principalmente a las personas trabajadoras del sector formal. Los trabajadores (as) del sector informal no son impactados por estas reducciones de costos, tienen menores ingresos que los formales y son más vulnerables. Se necesitan transferencias no condicionadas de parte del gobierno para mantener niveles de ingreso al menos de subsistencia para este grupo de la población. Las personas trabajadoras informales laboran en algunas de las industrias y ocupaciones que pueden verse más afectadas. Algunas de estas actividades son la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción y el comercio; las cuales se espera se vean muy afectadas por la caída tanto en la demanda interna como externa. Por ello es necesario localizar de manera detallada a las personas en estas ocupaciones y actividades de alto riesgo. En el Gráfico 1 se observan las 15 ocupaciones con mayor cantidad de personas en condición de informalidad (según la definición del INEC); las mismas representan el 56% de la informalidad en el país y suman 564 068 al cierre de 2019.
Gráfico 1.
Costa Rica: ocupaciones con el mayor número de personas que poseen empleos informales.
-IV trimestre de 2019-
De especial preocupación es el caso de las personas, en su inmensa mayoría mujeres, que se dedican a “oficios domésticos”. Si bien las familias de clase media-alta y alta seguramente no tendrían problemas en mantenerlas en sus trabajos; ese no será el caso para familias de clase media que con dificultad contratan a estas mujeres a medio tiempo o por horas. Y una situación igualmente dramática podrían sufrir los peones de explotaciones agrícolas, los peones de construcción, las cuidadoras de niños y los peones de jardinería, entre otros. Estamos hablando de no menos de 400 000 personas en situación altamente vulnerable, por lo que, en el plazo inmediato, hay que constituir un fondo de ayuda para esta población, mientras pasa lo peor de la crisis.
Este fondo solidario se podría constituir de diversas formas. A manera de ejemplo, podemos pensar en un impuesto solidario a los altos salarios (públicos y privados) y otros ingresos (consultores, profesionales liberales, personas contratadas por servicios profesionales), y a las rentas del capital. Según cálculos del economista José Francisco Pacheco, y a partir de datos la ENAHO 2019, al menos unos 50 000 costarricenses del sector público y privado obtienen ingresos mensuales brutos superiores a los dos millones de colones. Solo para contar con una estimación inicial, una contribución solidaria, por una única vez, del 10% de estos ingresos brutos, podría generar un fondo cercano a los 13 000 millones de colones. Este fondo podría aportar un subsidio de 130 000 colones, por una única vez, a 100 000 personas. Otra opción sería calcular la contribución solidaria sobre la base de los ingresos netos de impuestos (renta) y de las contribuciones a la seguridad social. En este caso la contribución podría fijarse a partir de una base exenta cercana al millón y medio de colones.
Otro caso especial es el de los pequeños productores agropecuarios altamente endeudados. Si bien algunos bancos han respondido al acuerdo con el gobierno para la readecuación de sus deudas, cerca de 11 000 familias se encuentran en total incapacidad de pago, por lo que se exponen a perder sus propiedades. Así, el llamado más urgente para este sector es un proyecto de mora de los remates mientras se busca una solución más a mediano plazo (condonación, arreglos de pagos).
En lo que corresponde a medidas para mantener, e incluso aumentar, el poder adquisitivo de las familias en condición de mayor vulnerabilidad, recomendamos:
la pronta aprobación del proyecto de ley sobre tasas de usura,
la regulación por parte del MEIC de los precios de los productos altamente demandados en la actual crisis (de prevención e higiene personal, de limpieza de casas y oficinas) y,
garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta básica.
Hay que fortalecer las redes de protección social, extendiendo los permisos de maternidad y evaluando la posibilidad de entregar un bono de ayuda a las familias cuyas cabezas de hogar deban seguir trabajando, para de esta forma ayudarles con el cuido de sus hijos.
MEDIDAS PARA EL CORTO PLAZO (TRES MESES A UN AÑO)
En caso de extenderse la situación por más de 2-3 meses, constituir un monotributo para todos los pequeños contribuyentes de actividades que se mantengan activas, con el fin de que colaboren con la recaudación de ingresos, pero sin ser excesivo. El monotributo puede sustituir los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social; esto con el fin de mantener un balance entre reducir costos para las empresas y trabajadores (as) y proveer de ingresos al gobierno como una forma de mantener las acciones solidarias hacia el resto de la población. Desde luego, el gobierno debe comprometerse a transferir a la CCSS y en plazos perentorios, la parte de la recaudación que le corresponda.
Esquemas especiales de contribución a la seguridad social para las personas de bajos ingresos que trabajan menos de la jornada completa, pero no sólo de forma específica para una ocupación, como en el caso de las empleadas domésticas, sino de manera general, de forma que aplique para todas las personas de bajos ingresos que trabajan menos de una jornada completa.
El país no puede seguir postergando la discusión sobre un seguro de desempleo. Los seguros de desempleo sirven como estabilizadores en tiempos de crisis, países como Alemania han probado que son de gran utilidad en tiempos como los actuales. Costa Rica no tiene seguro de desempleo, pero reiteradamente se ha planteado la posibilidad de convertir el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en un seguro de este tipo. Esta es una medida que podría ayudar a estabilizar la economía si se presentaran despidos masivos por causa de una caída en la demanda, tanto interna como externa. Pero en el corto plazo, se puede recurrir al Auxilio de Cesantía y al FCL para paliar la disminución o pérdida de ingresos en muchas familias.
Renegociación internacional de las deudas públicas de los países de renta baja y media. Costa Rica debe unirse a las voces que piden una renegociación y eventual condonación de una parte de la deuda pública externa, con el propósito de redirigir estos recursos a la transformación económica, social y ecológica que demanda urgentemente el panorama de la economía, la sociedad y el clima mundial.
MEDIDAS PARA EL MEDIANO PLAZO: MÁS ALLÁ DE LA CRISIS
En el mediano plazo (uno a tres años) Costa Rica debe impulsar con audacia y energía, innovaciones sociales que le permitan crear nuevas opciones para la generación de empleos. Mencionamos tres especialmente prometedoras.
1. Emprendimiento: No busques empleo, ¡créalo!
El emprendimiento es un factor de empleabilidad cada vez más importante. Además del MEIC, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), entre otras entidades, cuentan con proyectos concretos, como INAPYMES, PROPYME y Costa Rica OPEN FUTURE (iniciativa de Telefónica Movistar).
Y si bien al Estado le corresponde una cuota importante de responsabilidad en la creación de condiciones para impulsar el emprendimiento, el sector empresarial ya establecido (público y privado) puede hacerlo también. ¿Cómo? El emprendimiento puede verse como una oportunidad de negocio desde varias perspectivas.
Desde lo laboral: impulso a nuevas profesiones (programadores y diseñadores web, analistas de datos, gerentes de comunidad, gerentes de contenido, especialistas en optimización de motores de búsqueda) y la diversificación de actividades en profesiones tradicionales; tal es el caso de los (as) abogados (as), quienes pueden apoyar a estas empresas en sus ciclos de vida (a veces muy cortos), desde un punto de vista corporativo, fiscal, laboral, de imagen y reputación, privacidad, propiedad intelectual y comercio electrónico. Todo lo anterior, sin impulsar la contratación laboral hacia el precariado.
Desde el emprendimiento individual y social. Hay que tener muy presente que más de la mitad de los empleos informales son autónomos o “por cuenta propia”. El Estado y la sociedad deben ver esta situación como un semillero de emprendedores.
Desde la oferta educativa. La educación técnica, parauniversitaria y universitaria, debe generalizar su oferta de capacitación en materia de emprendimientos.
Estas opciones pueden ser de especial relevancia para las mujeres, ya que son ellas precisamente las que están aumentando su participación en la población económicamente activa. Pero se requiere que toda la institucionalidad del Estado se vuelque a impulsar y fomentar estas opciones.
2. Diversificación de las formas de propiedad y de la gestión empresarial (impulso a la economía social solidaria – ESS)
El sector empresarial suele insistir en demandas de “flexibilización”: del trabajo, de la tramitología, de las reglas de juego, etc. Pero quizás la flexibilización que más puede ayudar a generar empleos es aquella en las formas de propiedad y en los tipos de gestión empresarial. Nos referimos especialmente, a las diversas formas de Economía Social.
La ESS puede contribuir en la generación de empleo decente de varias maneras:
Mediante la pluralidad en las formas de propiedad, con esquemas empresariales y productivos de carácter asociativo y solidarios.
Democratizando la gestión al interior de las empresas y organizaciones, propiciando la participación de todas las personas socias/trabajadoras de la organización.
Comprometiéndose con el desarrollo humano sostenible de manera coherente y consciente.
Involucrando a la comunidad local y regional y propiciando encadenamientos productivos.
Reafirmando que las organizaciones de ESS son empresas “orientadas al empleo”.
Comprometiéndose de forma decidida con el trabajo decente.
Por su mayor flexibilidad para afrontar los retos del futuro del trabajo.
Para cumplir con estos objetivos, que incluso sirven de principios orientadores, la ESS en Costa Rica sólo pide cinco condiciones.
Que se termine con la satanización que ciertos sectores conservadores han hecho de la misma, presentándola como agentes desestabilizadores y con supuestas obediencias a intereses o países extranjeros.
Que se termine con la invisibilización de la ESS, que ciertos sectores empresariales e incluso estatales han propiciado, quizás como una forma de impedir su crecimiento.
Que el Estado promueva, a través de sus diversas instituciones, la creación de ecosistemas de apoyo a la ESS a escala nacional.
Retomar la “Propuesta de la Cámara de Economía Social Solidaria (CANAESS)3 para los candidatos a la Presidencia 2018-2022”.
Incorporación al dialogo social a movimientos como la “Plataforma de Economías para la Vida”, la cual constituye otra expresión de la ESS y aglutina a diversas organizaciones comprometidas con la ESS y otras formas de economía para la vida.
3. Otras formas de economía en ascenso: economía circular, economía colaborativa (sharing economy).
La economía circular busca la imbricación de los aspectos ambientales, económicos y sociales. El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites, y se empieza a vislumbrar el agotamiento de diversos recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por eso, la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos; y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos.
Algo muy importante: la economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión integral de los residuos puede llegar a representar la creación de miles de puestos de trabajo.
La economía colaborativa o “economía del compartir” nació con el conocimiento abierto y el consumo colaborativo, aunque luego se extendió a las finanzas colaborativas y a la producción colaborativa. Sin embargo, el cambio más drástico con respecto a la idea original de “compartir” ocurre cuando empresas como Uber tienden a monopolizar el concepto de sharing economy. Sin embargo, la idea original, no necesariamente vinculada al lucro, sigue teniendo vigencia y representa no una, sino varias formas novedosas de poner en contacto usuarios y oferentes de bienes y servicios.
UNA DISCUSIÓN PENDIENTE
En otro orden de cosas, y como un eventual medio para estimular la transición a la formalidad de las empresas, debe ponerse en discusión la posible eliminación de los impuestos a la nómina que no representan aportes a la seguridad social de la persona trabajadora propiamente dicha (FODESAF, INA, etc.). Pero de manera simultánea, habría que trasladar estos rubros a los impuestos generales (IVA, Renta), de forma tal, que estas funciones y sus instituciones no resulten desfinanciadas. La manera de garantizar esto último es parte de la discusión.
En estrecha relación con lo anterior, es urgente que el país defina de una vez por todas la regulación de plataformas como Uber, Airbnb y otras similares, a fin de formalizar a las personas “colaboradoras” que en realidad trabajan para estas empresas, garantizando el cumplimiento de sus derechos laborales.
Referencias
Gaspar, V. y Mauro, P. (9 de marzo de 2020). Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus. Diálogo a fondo. Blog del FMI. Recuperado de https://blogdialogoafondo.imf.org/?p=12910
Ruiz, M. (2019). Fortalecer apoyo del Ejecutivo a la ESS y otras formas de economía social. Documento de la CANAESS presentado al Grupo de Trabajo UNA/FES sobre la crisis del empleo en Costa Rica. Recuperado de https://drive.google.com/open?id=1vaav6FcDteFG7s8KWGB4r8NN3wDicF2n
Sánchez, E. (2019). Identificación de actividades con potencial generador de empleo a partir del cálculo de encadenamientos productivos y de elasticidades empleo – producto, BCCR. Documento inédito.
[1] Fundación Friedrich Ebert, Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA (OES-UNA). En los talleres del Grupo realizados durante el segundo semestre de 2019 participaron activamente cerca de veinte personas de diversas organizaciones e instituciones. Con los insumos resultantes y frente a los nuevos desafíos, una comisión ha elaborado el presente documento bajo la coordinación del Dr. Henry Mora Jiménez (Investigador del OES-UNA). Participantes: Marco Vinicio Zamora Castro (Coordinador del Proyecto Transformación Social Ecológica, Fundación Friedrich Ebert – FES en América Central), Roxana Morales Ramos (coordinadora del OES-UNA), Fernando Rodríguez Garro (Investigador del OES-UNA), Juan Carlos Duran Castro (Secretario de Seguridad Social CTRN), Montserrat Ruiz Guevara (Directora Ejecutiva CANAESS), José Francisco Pacheco Jiménez (Consultor independiente), Martín Murillo Córdoba (Ibtar, Consultor), Margarita Bolaños Arquín (Antropóloga, Colectivo Mujeres x Costa Rica).
[2] Véase, por ejemplo: Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus (Gaspar y Mauro, 2020). También: Bruselas propone una suspensión de las reglas fiscales ante un desplome comparable al de 2009 (Pellicer, 2020).
Compartimos la carta enviada al Ministerio de Planificación y Política Económica solicitando las medidas que este Ministerio tomará ante la crisis económica y laboral que generará el COVID-19
San José, 23 de marzo 2020
M.Sc.
Maria del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra de Planificación y Política Económica
República de Costa Rica
Asunto: Solicitud de información
Estimada ministra:
Reciba por este medio nuestro respetuoso saludo, deseándole los mejores éxitos en sus gestiones personales y laborales.
En vista de la notoria situación que atraviesa el mundo y el país en particular, a razón de que podríamos catalogarla como una suerte de guerra bacteriológica de baja intensidad que se inscribe en una puja global que al final podría aspirar a dibujar el mapa de un nuevo control geopolítico mundial, una suerte de una nueva repartición del planeta.
Es en este marco general que algunos han denominado una especie de reseteo al sistema económico y financiero global, que el Covid 19 (coronavirus), desata una serie de debates de distinto signo y sumamente enriquecedores, pero en lo concreto este virus provoca efectos e impactos a las economías del orbe y sin duda trastoca el mundo del trabajo, lo cual nos coloca en la realidad tica y todo lo que esto implica para la gente de carne y hueso.
Es en tal sentido nuestro deber caracterizar y evaluar las distintas formas y enfoques en que los y las tomadores y tomadoras de decisiones dentro de los poderes del Estado deciden abordar el momento y cómo actúan los grupos de verdadero poder, pues de esta lectura dependen las posiciones y las decisiones que desde el sector social se puedan ir configurando.
Para el caso de Costa Rica hemos tomado nota y sin duda tenemos una lectura de lo que está aconteciendo en los teatros de operaciones visibles y en los paralelos que se desarrollan alrededor de la situación actual. Así las cosas, aprovechamos la presente para solicitarle de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico y el derecho de petición que nos asiste constitucionalmente, que se nos remita dentro del plazo de ley un cuadro en formato digital que contenga la siguiente información:
1- Un listado consolidado de las medidas adoptadas vía leyes, decretos, o similares, para atender la pandemia del Covid 19. Igualmente, un listado de las propuestas que se pretenden implementar a futuro, para paliar esta terrible situación desde un punto de vista económico y social, vía leyes, decretos, o similares.
2- Fuente de financiamiento (interna o externa) con que se pretenden respaldar las medidas adoptadas, y a adoptar, del punto anterior. Favor adjuntar la referencia del oficio que respalda el estudio técnico respectivo o similar.
3- Impacto financiero de aporte por institución en términos absolutos y relativos con relación al presupuesto de la institución de que se trate.
4- Sectores beneficiados o grupos humanos cubiertos por distrito, cantón, provincia y un desglose por sexo, edad y sector laboral. Igualmente, adjuntar los criterios bajo los cuales se definieron estas poblaciones como las adecuadas para dichas ayudas.
5- Un listado de las medidas que están valorándose ejecutar a partir de las negociaciones que se desarrollan desde la Asamblea Legislativa, su fuente de financiamiento, los pasos de trámite que estas iniciativas requieren y posibles plazos de acuerdo legislativo.
6- Documento oficial del Plan Proteger en formato digital.
La circulación veloz de información (no siempre bien intencionada y fundamentada) genera incertidumbre en relación con algunos temas de relevancia nacional, pero especialmente, produce una urgencia por consumir datos que impide la reflexión reposada. La Alianza por una Vida Digna y la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica comparten este diálogo realizado con los economistas Luis Paulino Vargas Solís y Guillermo Zúñiga Chaves, sobre temas de actualidad.
Nuestro propósito es contribuir a generar pensamiento crítico y autónomo, fomentando el aporte ciudadano para construir la ruta hacia una sociedad justa, lo cual será un factor político clave. De ahí el interés y compromiso de la Sede del Pacífico UCR mediante su proyecto de Acción Social: ED-3250 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa.
Puede ver el diálogo completo de una hora con 19 minutos, o bien, elegir uno o varios de los segmentos que se encuentran en esta misma página con los temas específicos. La suma se segmentos compone el diálogo total.
Diálogo completo:
Segmento 1:
Conceptos clave en este segmento: reactivación, empleo, ingresos, mercado interno. 9′ 24″
Segmento 2:
Conceptos clave en este segmento: Inflación y recomposición de la matriz productiva nacional. 5′ 58″
Segmento 3:
Conceptos clave en este segmento: Inflación, el huevo o la gallina, enfermedad de fondo en la economía, modelo de desarrollo, diálogo nacional, empleo como eje estratégico, mercado interno, economía ambientalmente sana como base de la reconversión. 13′ 37″
Segmento 4:
Conceptos clave en este segmento: Diálogo nacional, política centrada en la persona, empleo, calidad de vida, cualificación, concentración de la oferta de empleo en el área central del país, mercado interno, inversión pública, distribución de la riqueza. 25′ 05″
Segmento 5:
Conceptos clave en este segmento: Lo que significa transformar la estructura productiva, fortalecimiento de la seguridad social, acuerdo nacional, recuperación de la confianza entre personas y sectores. 10′ 23″
Segmento 6:
Conceptos clave en este segmento: ¿Cómo avanzar en el diálogo y no dejarse llevar por la confrontación? 11′ 08″
Segmento 7:
Conceptos clave en este segmento: Ejercicio democrático 6′ 31″
Le invitamos a ver, compartir y comentar cada segmento o el vídeo con el diálogo total; ahí igualmente puede dejar dudas o consultas si las tiene.
Trabajar en una piñera es estar bajo el yugo de un régimen laboral abusivo, que maltrata la dignidad humana, a extremos que a menudo merecerían ser considerados los propios de un sistema de semiesclavitud. Pero es que, además, la explotación piñera provoca graves daños ambientales y múltiples prejuicios a la salud humana y animal. La contaminación de mantos acuíferos está bien comprobada, con perniciosas repercusiones para las poblaciones vecinas y elevados costos para el AYA.
Los trabajadores de las piñeras, como asimismo quienes viven en las comunidades aledañas, lo comprenden perfectamente. Y, sin embargo, no ocultan la preocupación que les ocasiona pensar que las piñeras pudieran irse. Reunido en una oportunidad con vecinos de Pavón de Los Chiles, me lo expresaban con claridad: “queremos que se regulen las piñeras, pero no queremos que se vaya, porque si no ¿en qué trabajaríamos?”.
¿Será acaso posible regularlas y al mismo tiempo retenerlas? Es que, en realidad, su rentabilidad depende de un doble subsidio: el que le proveen los trabajadores a través de jornadas laborales bárbaramente extenuantes y salarios ridículos; y el que la colectividad les da, al permitirles dañar gravemente la naturaleza y afectar la salud humana y animal, sin ni siquiera solicitarles alguna compensación a cambio. Regular, como me decían en Pavón, supone corregir tales excesos. Y, entonces, ¿se mantendrían las piñeras en operación?
El cultivo de la piña.
Recordemos, por otra parte, el caso de la minería a cielo abierto en Crucitas. Hablar de “sostenibilidad” –como lo hace nada menos que el Colegio de Geólogos– es un oxímoron. Como hablar de un sol radiante a medianoche. Es imposible desarrollar una mina de este tipo sin que tenga importantes impactos en el paisaje, los bosques, la vida silvestre y el agua. Pero hoy nos dicen que haber frenado aquel proyecto que Oscar Arias definió como de interés público, implicó perder la oportunidad de brindar empleo a las comunidades vecinas. En su lugar, nos recuerdan, se ha establecido un tráfico clandestino del oro, que también tiene consecuencias ambientales negativas, y diversas repercusiones sociales adversas.
Lo anterior, sin embargo, deja abiertas importantes preguntas.
Primero, y aparte las consecuencias ambientales que este tipo de minería trae consigo, ¿de qué tipo de empleos estamos hablando? No son, en general, ocupaciones calificadas ni bien remuneradas, y es una actividad que, por su misma naturaleza, comporta considerables riesgos laborales. Además, la explotación minera tiene un ciclo de vida bien delimitado. Y luego, y aparte la destrucción ambiental, ¿qué les quedaría a las comunidades?
Segundo, y visto que el proyecto minero se cayó, ¿qué ofrecía la clase política como alternativa? Evidentemente nada. De haber existido esa alternativa, Crucitas no estaría atrapada en la situación deplorable que hoy se observa. Barajaban dos opciones: el “peor es nada” de la minería, o la nada desnuda. Se impuso esta última.
Lo cierto es que vivimos una época de marcada involución en la calidad de los empleos: inestables y precarizados, mal remunerados, con agravado irrespeto incluso a las más elementales normas laborales. Es sintomático que a las personas trabajadores del sector público, se les reclame airadamente gozar de estabilidad en sus trabajos. O sea: tener un empleo digno deja de ser un derecho y comienza a ser visto como privilegio aberrante. Y hay gente que gustosa se come esa torta envenenada: les parece que inestabilidad, incertidumbre y atropello son el estado deseable de las cosas, tan natural como las lluvias en pleno octubre. La dignidad no parece ser un valor que estas personas aprecien. Tales es la grave intoxicación que provoca el “ethos neoliberal”
Uber es, en muchos sentidos, icónico. La precarización es su alimento, a la vez que su hábitat. Se la defiende señalando que genera empleo. Y es cierto: provee empleo a personas que no lo tienen o a quienes sufren la urgencia de un segundo o tercer empleo. Pero es un empleo sin derechos ni protección alguna. Más aún: es un modelo que logra trastocar las bases tradicionales de funcionamiento del capitalismo, donde se suponían que los riesgos del negocio eran asumidos por el empresario capitalista. No más. Uber queda exenta de cualquier riesgo. Lo suyo es recolectar ganancias y llevárselas.
Y siendo que, para éxtasis y gloria del “consumidor”, Uber es más barato que el taxi tradicional, también es cierto que el milagro no es milagroso en absoluto: evadir todas las obligaciones sociales es solo una procaz forma de dumping. Uber reduce costos y tarifas evadiendo todas las responsabilidades que cualquier ciudadano que se respete sí cumpliría. En ese particular, Uber y las piñeras se dan la mano.
No se me malentienda: no tengo nada, ni remotamente, contra quienes se redondean unos cinquitos trabajando con Uber. Les guardo absoluto respeto, mucho más puesto que son víctimas de un modelo cuyo combustible es la irresponsabilidad.
Uber también es parte del juego de los empleos “peor es nada”. A más no haber, es menos malo trabajar en Uber que no trabajar del todo. Quizá las condiciones no sean tan groseramente agraviantes como las que se observan en las piñeras. Pero el problema de fondo es similar.
El empleo es territorio minado para las élites en Costa Rica, lo mismo la clase política, el empresariado o el poder mediático. Es tan grave y, en particular, tan pertinazmente grave, que les lanza un desafío que las deja petrificadas. Su única respuesta es, cada vez más, las ofertas “peor es nada”. Al mismo objetivo apunta la flexibilización de las jornadas laborales: que si los negocios no caminan bien, no será la empresa la que deba plantarle cara al ventarrón. No, al menos, en primera instancia. El problema –o sea, y de nuevo, los riesgos– se trasladan a las personas trabajadoras, mediante la reducción de su jornada y su ingreso salarial.
Pero el desafío va mucho más allá, y abre interrogantes de dimensiones oceánicas: automatización, robotización e inteligencia artificial y la perspectiva ominosa de la destrucción masiva de empleos.
Corresponde generar alternativas, puesto que las actuales élites gobernantes nada ofrecen.
Vino la crisis económica mundial, que inicia en 2007 en Estados Unidos, y luego se agudiza hasta alcanzar su clímax hacia fines de 2008 e inicios de 2009.
Los efectos de aquella gran perturbación mundial, empezaron a sentirse en Costa Rica desde 2008, pero más claramente en 2009.
Después de aquello, valga enfatizarlo, la economía costarricense nunca más volvió a ser lo que solía ser.
Como si nos hubiésemos deslizado hacia una “nueva normalidad”, pero, paradójicamente, una «normalidad patológica»: gravísima crisis del empleo, pertinaz crisis fiscal, agudizados desequilibrios regionales, disminuido dinamismo económico. Todo lo cual conlleva nefastas consecuencias sociales.
Más un serio agravante: cada uno de sus síntomas problemáticos se perpetúa. Diez años después, no hay alivio a la vista.
Y, sin embargo, el período 2010-2016 fue un poquito mejor. Y ello principalmente por una razón: el empuje proporcionado por el consumo de personas y familias.
Las cosas cambiaron de 2016 para acá. Vamos cuesta abajo principalmente porque el dinamismo del consumo se derrumbó.
La pregunta inevitable: ¿cómo pudo el consumo tener tan notable desempeño si el poder adquisitivo de los ingresos de la población no ha tenido mejora alguna durante todo el período posterior a 2009 y por qué las cosas cambian de 2016 para acá?
Como dijo Cantinflas: “ahí está el detalle”. Y el detalle tiene un nombre: crédito para consumo. Por lo tanto deuda de personas y familias.
Es la burbuja del consumo que entra en fase de agotamiento a partir de 2016, y ahora nos está explotando en la cara.
La banca –en especial la privada– quiso inflarla y mucha gente se dejó arrastrar por la correntada.
La deuda proporcionó combustible al consumo que proporcionó combustible a la economía.
"Ante la creciente ola de desempleo que enfrentamos los limonenses y la necesidad de reinsertar al mundo del trabajo a la población afectada en Limón por el cambio en el modelo portuario, iniciamos el “Laboratorio de Innovación y Conocimiento -Programa de Habilitación para el Trabajo".
La Encuesta Continua de Empleo (ECE) es publicada trimestralmente por el INEC. La primera vez que se elaboró fue en el tercer trimestre de 2010. Ya en ese momento, quedó clarísimo que el país vivía serios problemas de empleo, heredados del impacto de la crisis mundial en 2009.
El miércoles de esta semana, en concordancia con las 22 propuestas de CAP 2022* (Francia), el Consejo de Ministros conoció el proyecto de ley que pretende continuar con la reforma estructural del empleo público.
La percepción de injusticia, la débil legitimidad de la democracia, la escasa presencia del Estado en las comunidades y la expectativa de emigrar, conforman la realidad de los jóvenes de barrios marginales en Centroamérica.
Por Carlos Sandoval García (*)
En 1987, se firmaron los Acuerdos de Esquipulas II, que prometieron la “paz duradera” en Centroamérica. Los presidentes de entonces dedicaron los acuerdos a las personas jóvenes, cuyos anhelos habían sido frustrados a lo largo de los años.
Tres décadas más tarde, cabe preguntarse qué expectativas y demandas se plantean los jóvenes, especialmente aquellos que tienen menos oportunidades. El proyecto Centroamérica Desgarrada se plantea documentar esas voces que, como ayer, demandan oportunidades.
Para ello se propuso un estudio exploratorio-cuantitativo con jóvenes residentes en comunidades o colonias populares urbanas de las capitales de Centroamérica. El Limón en Ciudad Guatemala, Nueva Capital en Tegucigalpa, Popotlán en San Salvador, Jorge Dimitrov en Managua y La Carpio en Costa Rica.
La investigación incluyó cuatro temas principales: la representación del entorno local y nacional, las demandas y deseos en torno al futuro, los medios que imaginan para alcanzar o no dichas demandas y factores sociodemográficos. Entre junio y noviembre 2017, se realizaron 300 encuestas por comunidad (1500 en total) a partir de un diseño muestral por cuotas (sexo, educación/empleo, edad) a partir de los datos sociodemográficos de las comunidades.
La percepción de la injusticia, el debilitamiento de la legitimidad de la democracia, la muy débil presencia del Estado y el sector privado en las comunidades y la expectativa de emigrar, se cuentan entre los hallazgos principales.
Para jóvenes residentes en colonias empobrecidas, no es fácil conseguir empleo. A veces porque no tienen el dinero suficiente para ir a dejar solicitudes de trabajo. Otras veces porque no tienen contactos que les presenten. Y muchas veces porque vivir en zonas marginales es motivo para descartar una solicitud. Son jóvenes “abusivos”, como se suele decir en Guatemala.
Creatividad para resistir
Durante el trabajo de encuesta en la colonia El Limón, conocí a Rogelio, un joven garífuna, originario de Livinsgton. A diferencia de sus compañeros del equipo encuestador, siempre llegaba a trabajar con una mochila grande y evidentemente incómoda.
Trabajar de encuestador implica caminar todo el día. No le tenía la confianza suficiente para indagar por qué cargaba con ese peso. Además, uno de los muchachos que también formaba parte del equipo encuestador, a menudo le hacía chistes racistas.
Rogelio respondía con un enorme ingenio e ironía. Me sorprendía lo bien que se expresaba; me dejaba la sensación de que era un activista en contra del racismo, pero también un poeta de la calle.
Poco tiempo después, Rogelio me compartió que rapeaba y que se gana la vida cantando en los camiones y autobuses urbanos en Ciudad de Guatemala. En la mochila cargaba una pequeña grabadora y un parlante que ocupaba para hacerse escuchar en medio del ruido de la ciudad.
Escucharlo nos recuerda que resistencias sin creatividad no se conectan con la vida cotidiana. Rogelio politiza la cultura y culturaliza la política con más ingenio y talento que muchos discursos enmohecidos y acartonados que no logran sintonizar con las demandas de las nuevas generaciones.
Una de sus creaciones responde el estigma que lo nombra “abusivo”:
“(…) Abusiva es esa gente que mete balas en el pecho…
Abusivas esas personas que desearon destrozar mis sueños…
Abusivo fue ese agente que a mí que quiso botar los otros dientes…
Abusivo el Presidente de Guatemala que escucha que frecuentemente gente se está muriendo
por balas y se pregunta “¿Ahora qué hago? mjm…¿será que este sillón se verá bien en mi sala?”
Abusivo aquel cabrón que se llamaba Ríos Montt que hasta el día de hoy se sigue negando su genocidio…”
(*)Doctor en Estudios Culturales por la Universidad de Birmingham en Inglaterra y profesor de la Universidad de Costa Rica. Trabaja en un proyecto de investigación sobre las expectativas y demandas de personas jóvenes de barriadas empobrecidas en las capitales de Centroamérica.
