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Etiqueta: empresariado

El bochinche alrededor del nombramiento de Ottón Solís en la OCDE

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista, CICDE-UNED

Diversas personas, incluida la jefa de fracción del PLN, dicen que ese nombramiento fue “ilegal”. Al margen de lo que cada quien opine sobre el señor Solís, esa cuestión merece una discusión por aparte, la cual, por cierto, tiene ramificaciones muy interesantes.

El argumento sobre la presunta ilegalidad, apela al artículo 4 de la ley 9981, de adhesión a la OCDE. Ese artículo básicamente dice dos cosas: i) que la delegación permanente ante la OCDE formará parte del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); ii) que el Consejo de Gobierno –“por iniciativa” de COMEX- nombrará al respectivo representante ¿Dónde estaría la “ilegalidad”? En el hecho, muy obvio, de que el nombre de Solís no surgió de la “iniciativa” de COMEX. Ahora bien, siendo que COMEX tiene la “iniciativa”, el Consejo de Gobierno es quien nombra, en ejercicio de las potestades que le atribuye el artículo 147 de nuestra Constitución. Absolutamente nada obliga a que se nombre a la persona que COMEX haya propuesto.

¿Que en este caso se incumplió el mandato que atribuye a COMEX la “iniciativa”? Bueno, eso se resuelve facilísimo: recordemos que el inciso 1) del artículo 139) de la Constitución atribuye al presidente de la república la potestad de “nombrar y remover libremente” a ministros y ministras. O sea, el ministro de COMEX es un subalterno del presidente. Basta que éste le ordene: “proponga a Fulanita o Zutanito”. El ministro tiene dos opciones: obedecer o renunciar. No hay más.

Sugiero ir un paso más allá y revisar el artículo 2) de ley número 7638, acerca de las atribuciones de COMEX. Es claro que éste es un órgano a cargo de una muy específica política sectorial: la de comercio e inversión extranjera. En concreto, el inciso d) le asigna la representación del país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y “demás foros comerciales internacionales”.

¿Es la OCDE un foro comercial? Claramente es mucho más que eso. En el sitio web de esa organización se dice que su “misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Nuestro objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas” (negrita del original). Retórica aparte, es obvio que, tratándose de la OCDE, lo comercial y las inversiones es solo un elemento entre otros, puesto que muchos otros asuntos deberían ser considerados para alcanzar tan ambiciosos objetivos.

¿Por qué entonces la Asamblea Legislativa asignó a COMEX la representación de Costa Rica? Se supone que es una representación diplomática ante una organización multilateral que maneja una agenda multifacética. Por lo tanto, debió naturalmente quedar en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Más aún ¿por qué se intentó amarrar la representación de Costa Rica a la “iniciativa” de COMEX? (lo cual, como ya vimos, no pasa de ser una treta leguleya nada imaginativa).

Resulta por completo desatinado poner en manos de un órgano como COMEX -cuyas atribuciones son de restringido alcance- una responsabilidad tan compleja, puesto que compleja y multifacética es la agenda de asuntos que se abordan en la OCDE. En esto debía primar una visión país, no un enfoque sectorial. Pero evidentemente se optó por el enfoque sectorial.

Solo hay una explicación plausible para este absurdo: ello refleja claramente la posición ampliamente hegemónica que han alcanzado en Costa Rica los intereses y las visiones ideológicas, del gran empresariado y de los muy ricos. Pero, para mejor entenderlo, es a su vez necesario entender cómo funciona el triunvirato constituido por COMEX, la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).

El artículo 4) de la ya mencionada ley 7638, crea, como parte de la estructura organizativa del COMEX, un Consejo Consultivo, el cual tiene la función de asesorar al Poder Ejecutivo “…en materia de políticas de comercio exterior e inversión extranjera” y velar “por el cumplimiento de tales políticas”. Ese Consejo está formado por 17 miembros, de los cuales 7 provienen de diversas cámaras empresariales. Considérese, además, que también hay una persona que representa a PROCOMER, y otra en representación de CINDE. Recordemos enseguida que estas dos organizaciones están fuertemente ligadas a los intereses empresariales. Queda claro entonces que estos últimos tendrán predominio en ese Consejo Consultivo.

Por su parte, PROCOMER es creado y funciona bajo la regulación de la misma ley (número 7638), cuyo artículo 10 crea una junta directiva a cargo de la dirección de este órgano. Esta junta está constituida por nueve personas, cuatro de las cuales son de directo nombramiento por cuatro cámaras empresariales (el presidente o vicepresidente de éstas), y una quinta persona, “representante de los pequeños y medianos exportadores”, será nombrada por el Consejo de Gobierno con base en una terna presentada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Vale decir que, sobre un total de nueve integrantes, hay cinco de las cámaras empresariales.

Por su parte, CINDE es, sin más, una organización privada, manifiestamente ligada a los intereses del gran empresariado, y la cual, según leo en un comunicado de prensa de marzo 2019, dice de sí misma ser una “organización privada y sin fines de lucro, encargada de la atracción de inversión extranjera a Costa Rica”. O sea, sin pedirle permiso a nadie, se apropia de una política pública muy importante, lo cual no sería tan relevante, si no fuese porque los sucesivos presidentes y una presidenta de la república, han cohonestado y legitimado, ese ejercicio espurio de privatización de esa política pública.

Aparte el argumento de la “legalidad”, a la hora de combatir el nombramiento de Solís, también se apeló al argumento “técnico”. COMEX sería, según esa narrativa, el órgano “técnico”, el depositario del “saber técnico” en tan importante materia. Esto no pasa de ser otra falacia, tan burda como la de la “ilegalidad”. No se me malentienda: no me refiero al personal de ese ministerio, que seguramente es gente profesionalmente competente. Me refiero al hecho de que, en realidad, estamos en presencia de un órgano político, mejor digamos, de un tridente de órganos politizados (COMEX-PROCOMER-CINDE), que funcionan bajo el influjo directo y predominante de los intereses y la ideología del empresariado más poderoso, un grupo ínfimo, pero extremadamente influyente. Es, por sobre todo, una cuestión política, teñida hasta la médula de intereses corporativos. Lo técnico si acaso entra a jugar en un lejano segundo plano, y de forma totalmente subordinada.

No veo realistas las tesis conspirativas que circulan. Creo que el estridente bochinche alrededor del nombramiento de Solís fue fundamentalmente una disputada de poder, un pulso por demostrar quién realmente manda en Costa Rica. En todo ello, los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa jugaron el rol usual: simple cámara de eco de los intereses empresariales. La batuta, como de costumbre, estuvo en manos de estos últimos. La cuestión, como he mostrado, se alimentó de múltiples falsedades, pero, además, tuvo el aspecto de una grotesca comedia de malentendidos. Y ello especialmente en un sentido: las cámaras empresariales identificaron como enemigo, a un sujeto -el señor Solís- que no lo es en absoluto. Ni siquiera es un crítico más o menos incómodo, sino un señor que asume, con ínfimas diferencias, la agenda corporativa-empresarial, lo cual quedó clarísimo en su carta de renuncia.

Me parece que el gran empresariado intuyó que aquí tenía la posibilidad de recomponer posiciones, luego de que el “caso cochinilla” lo pusiera a la defensiva. Vinieron, golpearon la mesa y se echaron el pulso. Ganarlo sirve para recordarnos y, en especial, recordárselo a Carlos Alvarado, quienes manejan las riendas en Costa Rica.

Podemos anticipar que ahora el Consejo de Gobierno nombrará a una persona a gusto del empresariado.

 

Tomado del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/07/el-bochinche-alrededor-del-nombramiento.html

El fracaso del gobierno

Marcos Chinchilla Montes

Si algo ha caracterizado a este gobierno, es su falta de voluntad para escuchar y tomar en cuenta los intereses de la población y de los movimientos sociales -y más recientemente a la ciencia; o pongámoslo en otros términos, suele solo sentarse a conversar y negociar con el empresariado que le resulta afín, porque el gobierno mismo es el empresariado.

El manejo público de la pandemia lamentablemente ha estado determinado por la imposición de los intereses empresariales, y cónsono con ello, las medidas han sido y siguen siendo reacias a restricciones a la movilidad que afecten los negocios – argumentando que se hace para proteger el empleo.

Arribamos entonces al temido momento de la pesadilla: la incapacidad del sistema de salud para atender los casos más graves de los nuevos miles de contagiados diarios. Se impuso a la postre, el “bolsonatrumpismo”, miles de inesperadas personas muertas gracias a la desidia del gobierno de Carlos Alvarado en complicidad con un sector del empresariado que antepone sus intereses ante la vida misma de la población costarricense.

La carta que le remitió hoy la Unión Médica Nacional al presidente Alvarado plantea 10 medidas concretas para incidir de manera contundente en el crecimiento de contagios, pero tengo la sospecha que el gobierno tomará nota de su recepción y la archivará; quizás con cuatro o seis mil nuevos casos de contagios diarios, y una economía naufragando en muertos, finalmente el gobierno termine reconociendo que fracasó en la atención de lo que podríamos denominar su mandato más relevante: el derecho a la vida misma de la población costarricense.

La ansiada recuperación económica

Óscar Madrigal

Los grandes empresarios reclaman cotidianamente por medidas para la llamada recuperación económica. Ellos conciben que la misma llegará siempre y cuando les aprueben algunas medidas, tales como reducciones en las tarifas eléctricas, disminución en las cuotas patronales de la Caja, moratorias a los que no las han pagado, eliminación de controles (lo que ellos llaman trámites), en fin, reducción de impuestos.

Estas medidas que exige el gran empresariado podrán ayudar, aunque no son las fundamentales e incluso en otros países se ha demostrado que la reducción de impuestos no ha contribuido en nada a aumentar la producción.

Lo que estamos viendo en estos momentos es lo que fundamentalmente ayuda a elevar la producción y a generar empleo: la invitación a que los costarricenses asistan a las playas y centros vacacionales.

Es en el fondo una invitación a los trabajadores y trabajadores para que vayan a los hoteles, restaurantes o parques a disfrutar de las vacaciones, pero fundamentalmente a GASTAR, a COSUMIR. Esto es lo que realmente levanta y reactiva los negocios, el turismo y las industrias.

Pero las personas para gastar o consumir necesitan tener plata o dinero y en el caso de los asalariados, tener buenos y jugosos salarios. Para que se eleve el consumo y reactive la economía se necesita que la gente gaste y esto solo es posible si tiene un salario que le permita hacer eso.

Los grandes empresarios y el Gobierno de Alvarado pretenden -como se dice- hacer chocolate sin cacao. Reactivar congelando los salarios de los empleados públicos por 10 años o más y pagando salarios raquíticos a los trabajadores de la empresa privada, es imposible.

Una verdadera política de reactivación económica necesita urgentemente de buenos salarios que logren aumentar el consumo. Esta es la ruta de la reactivación: SALARIOS CRECIENTES.

Si los empresarios y el Gobierno quieren realmente reactivar la economía, disminuir el desempleo, aumentar ingresos tributarios, la mejor receta es aumentar salarios.

Pueden empezar.

El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEP

Grupo Economía Pluralista[i]
(8 de junio de 2020)

En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”

Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.

  1. A modo de introducción, hacemos ver dos detalles que, a estos efectos, son clave. Primero, debe entenderse que en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la UCCAEP agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Segundo, subrayamos que Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la UCCAEP. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas. Tener esto en cuenta refuerza lo que apuntamos más arriba: las perspectivas y opciones que se abren frente a la crisis son necesariamente diversas.
  2. La carta que Sáenz remite al presidente, ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la UCCAEP y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio. El propósito ideológico detrás de esto, es obvio: se apela a tan disparatada hipótesis para exigir que todas las políticas públicas giren alrededor de los intereses empresariales. Y aunque en este documento se pretende hacer creer que, de forma equitativa, se habla a nombre de todas las empresas, desde las micro hasta las más grandes, ello tan solo agranda la falsificación ideológica en la que se incurre. En este coro hay voces del todo inaudibles, y voces que cuentan con amplificadores poderosísimos. Estas últimas son, al cabo, las que realmente pesan en la narrativa que se nos ofrece.
  3. Compartimos el llamado que se formula, a la responsabilidad y el compromiso por parte de funcionarios, funcionarias e instituciones del sector público. Diferimos en la pretensión de que esa responsabilidad tiene como único destinatario el sector empresarial, cuando, en realidad, es el deber de la institucionalidad pública para con la ciudadanía en general, pero, muy en especial, los sectores más vulnerables y carenciados de nuestra sociedad. Es más que notorio que la UCCAEP exige responsabilidades pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmiten es el de que se consideran una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía.
  4. En términos generales, la valoración de conjunto que hacemos de las medidas que formula la UCCAEP, es que éstas proponen recurrir al “dumping social”, como mecanismo para recuperar la maltrecha competitividad empresarial. Es lo que, en general, se desprende de las propuestas en materia de flexibilización laboral, debilitamiento financiero de las instituciones de seguridad social, debilitamiento de la normativa ambiental y de los esfuerzos de control de la evasión y elusión tributaria. Si bien algunos elementos en el documento difieren de ese énfasis, el tono general está claramente centrado en ese aspecto. Es decir, en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca “aplanar” los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad. Lograr construir una economía de alta productividad, exige al sector público, asumir sus responsabilidades para el logro de mayor eficiencia y capacidad de respuesta. Pero ello también exige un compromiso paralelo y equivalente del sector privado. Sin embargo, y como ya hemos indicado, la UCCAEP elude cualquier posible compromiso o responsabilidad. Exige todo y no ofrece nada.
  5. Hay razones teóricas, tanto como evidencia empírica, que permiten poner en duda que ese mecanismo del “dumping social”, pueda tener efectos positivos en términos de reactivación de la economía, particularmente en el contexto de la crisis económica, nacional y mundial, desatada a partir de la crisis sanitarias del Covid-19. Pero aún en la hipótesis, sumamente optimista, de que ello pudiese propiciar una reactivación económica en el corto plazo, sus implicaciones en el mediano y largo plazo serían muy negativas, tanto desde el punto de vista económico, como social, político y ambiental. Lamentamos la falta de visión estratégica que la UCCAEP pone así de manifiesto.
  6. Nos resulta alarmante lo que se plantea en los puntos 1.1. a 1.6 (pp. 9-11), lo cual pareciera proclamar la renuncia explícita, por parte de esta organización, a cualquier compromiso, democráticamente formulado y acordado, en materia laboral, tributaria, ambiental, de protección a las personas consumidoras y a la salud de la población. Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto a los derechos humanos, son “acoso” contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total despego a las más elementales normas de convivencia en democracia.
  7. Es llamativo que en distintas partes del documento, se exija facilitar la participación privada en mercados (por ejemplo seguros, p. 29) donde hay una importante presencia estatal, pero que explícitamente se demande limitar la participación del ICE en construcción de obra pública (p. 28), un sector que, como es conocido, ha sido dominado ampliamente por un grupo muy pequeño de grandes empresas privadas, cuya eficiencia es por lo menos dudosa. Estas inconsistencias ideológicas, aportan mucho material para la reflexión.
  8. Reconocemos que se plantean aspectos positivos. Si la UCCAEP fuese una organización respetuosa de los principios democráticos más básicos, reconocería –pero no lo hace– que inclusive esas ideas, aun siendo susceptibles de un acuerdo más amplio, deben necesariamente pasar por un proceso de estudio y discusión. Hay otros planteamientos –lamentablemente los que marcan la tonalidad dominante de la propuesta– de signo muy regresivo, y por ello mismo sumamente polémicos. Una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo. Para la UCCAEP eso está totalmente descartado: su tono, autoritario e imperativo, niega cualquier posibilidad de diálogo y de construcción democrática de acuerdos . Ello se hace evidente, con singular estridencia, en relación con la cuestión de la venta de activos públicos. No obstante ser una problemática que suscita grandes desacuerdos, para la UCCAEP es un “fait accompli”. Nada hay que discutir al respecto, tan solo corresponde “definir -en un plazo perentorio- un plan de venta de activos del Estado” (p. 16).
  9. Deploramos el grado de descomposición moral que todo esto pone de manifiesto. Una poderosa organización empresarial que no asume compromisos ni responsabilidades, que exige todo pero no ofrece nada, y que abiertamente opta por desconocer los mecanismos propios de la democracia, no puede ser una buena representante del empresariado costarricense, ni mucho menos ejercer ninguna forma de liderazgo ante el país. Confiamos, sin embargo, que esto sea tan solo un fenómeno que afecta a un pequeño sector de ese empresariado, y que éste, en su mayor parte, sí asume un posicionamiento político, ético y moral, digno de respeto.
  10. Exhortamos al presidente Carlos Alvarado para que mantenga un mínimo de distancia crítica e independencia de decisión, frente a las presiones que, de forma tan abierta y desembozada, ejerce sobre él esta organización, siendo repudiable que se quiera aprovechar la crisis generada por la emergencia del Covid-19, para imponer, a espaldas de la democracia y la ciudadanía, una agenda de estrecho interés gremial-corporativo. Confiamos asimismo que el presidente sabrá interpretar el desafío que esto plantea a la democracia, y, por lo tanto, la necesidad de promover un debate nacional, amplio y pluralista, en relación con asuntos tan polémicos como las privatizaciones o la flexibilidad laboral, entre otros. Reiteramos nuestra disposición de diálogo con el presidente, en el tanto éste mantenga el interés por escuchar otras voces y considerar otras perspectivas, y, sobre todo, lo que es más importante, tenerlas efectivamente en cuenta.

[i] El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Imagen con fines ilustrativos: https://www.elindependientedegranada.es/blog/democracia-participativa-aproximacion-radical-parte-i-teoria

Murió la oportunidad

Óscar Madrigal

Me atrevo a afirmar que las organizaciones sociales hicieron decenas, casi centenas, de propuestas al Presidente Alvarado. ¿Cuántas aceptó? Ninguna. Cero.

De las que hizo la UCCAEP, ¿cuántas aceptó? Todas.

Las cámaras patronales están muy satisfechas. Las organizaciones sociales una vez más muy decepcionadas.

El plan que el Gobierno presentó la semana pasada se resume en una sola cosa: salvar a las empresas. Darles 900.000 millones de colones en préstamos subsidiados para su rescate.

¿Y qué pasará en el futuro inmediato? Quedará a la suerte del empresariado. El Estado se ha negado rotundamente a señalar un nuevo derrotero económico al país. Para el Gobierno el futuro está solo en el cáñamo.

Mientras, los exportadores, los grandes comerciantes, los grandes bancos no aportarán nada más, ningún sacrificio ni esfuerzo. Tal vez unos salarios, pero con flexibilidad laboral, sin horas extras y con cotizaciones sociales bajas.

El movimiento popular una vez más sale en ascuas, sobresaltado, se da directamente contra una posición inquebrantable. Si esperaba algún cambio, por mínimo que fuera, tendrá que seguir esperando.

Si como dicen algunos, las crisis también son oportunidades, en este país ha muerto una de ellas, una vez más.

Lo público y lo privado: buscando el bien común

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.    

Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.

O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.

El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.

Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas  que  son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.

También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.

Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21 lecciones para el siglo XXI, p.179).

El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.  

Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.

Foto: ANEP