Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica
En la actualidad, observamos una coyuntura muy retadora para las universidades
estatales de nuestro país. La realidad nacional, así como el contexto regional
inmediato e internacional indirecto, constituyen un incentivo para reafirmar el
compromiso que es consustancial de estas instituciones: trabajar por y para la
sociedad. Este compromiso nos convierte en protagonistas de los esfuerzos
conjuntos por sacar adelante el país, y la naturaleza misma de las
instituciones universitarias es, quizá, una de las que más valor le da a esta
promesa.
No dudo, entonces, que en las comunidades universitarias surja
efervescencia por aportar a una sociedad en un momento delicado de su historia.
Incontables han sido los aportes históricos de la academia en varios de los
hitos más importantes de la nación, y la coyuntura presente no es, ni será, la
excepción.
El Consejo Nacional de Rectores mantiene este compromiso vigente y renovado,
pues más que nunca reconocemos el importante papel de la academia en la
sociedad y el gran abanico de posibilidades que ofrece al país mediante la generación
y la transmisión del conocimiento.
Es siempre oportuno recordar que la educación superior es un factor de
movilidad social, pues a partir de ella miles de familias han visto
transformada su calidad de vida, y han encontrado en sus hijos e hijas la
esperanza cumplida de un futuro con mayores oportunidades. La educación facilita
el desarrollo del talento y su potencial; expone a criterios diferentes, nuevos
puntos de vista, inquietudes, realidades complejas y diversas, y especialmente
al diálogo y la discusión constructiva. El fortalecimiento de la educación
superior pública es, por lo tanto, una manera de asegurar que los cambios
sociales puedan darse a partir de la exposición al conocimiento y a distintas
realidades.
La excelencia académica también es nuestro compromiso permanente. Es
gracias a este constante esfuerzo de mejora continua que en nuestras
instituciones tenemos incontables ejemplos y aportes sustantivos a la salud
pública, a la infraestructura nacional, a la comprensión de problemas sociales,
al acercamiento internacional y a la preservación de los recursos naturales,
por mencionar algunos.
En un país como el nuestro, orientado a convertirse en
una sociedad del conocimiento, la inversión en educación tiene una relevancia
estratégica que debe guiar las decisiones nacionales actuales y futuras. La
academia puede proveer el conocimiento basado en la evidencia y la
investigación profunda que se requiere para la toma de decisiones, y por ello
no debemos claudicar en los esfuerzos por trasladar este conocimiento a todos
los sectores, bajo la dinámica dialógica que ya caracteriza a
nuestras universidades, y que se nutre mutuamente con los conocimientos y
saberes de la colectividad.
Los retos que enfrenta la educación superior pública son muchos. Sobre
ella penden amenazas que ponen en peligro el acceso a la educación de miles de jóvenes en condiciones
socioeconómicas vulnerables; amenazas que ponen en duda su pertinencia para el desarrollo
social. También existen desafíos internos, entre los cuales garantizar la
sostenibilidad presupuestaria de las universidades no es uno de los menores,
sin repicar las campanas del reduccionismo tecnocrático que constriñe el
horizonte de comprensión de la complejidad social.
Es innegable que la educación superior pública ha sido fundamental en
la definición de desarrollo que nuestro país adoptó hace décadas, y también en
su competitividad en una economía global
basada en el conocimiento, que acarrea beneficios, pero que también produce acentuadas
desigualdades y procesos de exclusión masiva.
Frente a la perniciosa desigualdad que ofende y desgarra, las universidades estatales han emprendido acciones para garantizar oportunidades de acceso, permanencia y graduación. Estas medidas, que hacen de las universidades estatales instituciones modélicas en el contexto nacional, y que despiertan la admiración internacional, se han tomado a partir de principios de equidad y solidaridad.
No hay duda de que nuestro país requiere de una reactivación económica
que conduzca a empleos dignos y salarios decentes, a contrapelo de las tendencias
globales que acentúan la desigualdad, provocan exclusión y precarizan las
condiciones de vida. La educación superior puede potenciar aún más su impacto
sobre el bienestar de la comunidad, (1) si flexibiliza las vías de acceso a sus
instituciones y (2) si juega un papel innovador en las condiciones de
empleabilidad de poblaciones vulnerables.
Reformas como las propuestas por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), con la supuesta finalidad de fortalecer las
políticas nacionales en educación pública, sugieren mecanismos que promulgan la
equidad, pero no contemplan la intrincada realidad social y económica de miles
de estudiantes, ni los complejos mecanismos para garantizar la equidad de
oportunidades. Así, “un aumento regulado
pero sustancial de las tarifas de universidades públicas” no es un verdadero
aporte a la equidad, sino una recomendación que profundizaría las brechas de
desigualdad que ya afectan a nuestra población.
Hay que enfatizar que las universidades estatales deben ser proactivas
y anticipar por sí mismas las trasformaciones internas que deben realizar,
tanto en la gestión académica como la gestión administrativa – las cuales son
una unidad articulada -, pero sin subordinar sus propósitos a fines políticos
externos, frecuentemente desbordantes de oportunismo y demagogia, ni a la letra
de informes que desconocen la complejidad nacional y se asemejan más bien a
fórmulas tecnocráticas descontextualizadas.
Más prometedores son aquellos objetivos de desarrollo que han sido
formulados y adoptados por la sociedad global por cuanto expresan una
preocupación universal. Por ejemplo, nuestras instituciones se han adherido a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, y junto con los esfuerzos nacionales, han evidenciado sus aportes y
reafirmado su compromiso profundo y consecuente con contribuir a erradicar la
pobreza, fomentar la prosperidad y el buen vivir, y proteger el planeta y todas
las formas de vida.
Nuestras instituciones se inspiran en esta agenda, y reafirman su
compromiso con el trabajo integrado y pertinente para desarrollar una agenda
inclusiva de cooperación con el fin de contribuir al logro conjunto de los ODS. El verdadero reto de la educación superior
pública es incidir, aún más, en el bienestar de la sociedad.
Pero debemos acercarnos a las comunidades con mayor profundidad y
consecuencia, para evidenciar la cercanía que ya existe, y seguir construyendo
saberes compartidos que a la postre deriven en mejoras para el bien común. Esto
pasa por defender la inversión en la educación superior pública, pues sin ella
no sería posible la formación de profesionales al servicio de la comunidad, ni
la adquisición de equipo tecnológico para realizar investigación pertinente de
alta calidad, ni la capacidad de becar a nuestra juventud para estudiar en
nuestras propias instituciones o bien llevar a cabo estudios avanzados en las
mejores universidades del mundo.
El Consejo Nacional de Rectores debe permanecer firme y unido ante las
intervenciones que agentes externos pretendan hacer en nuestras universidades,
inmiscuyéndose en asuntos que, por razones constitucionales y de incumbencia
epistémica, no les competen. La autonomía universitaria no es un fuero que
proteja privilegios; es una garantía de que la educación superior se mantendrá íntegra a pesar de los vientos políticos o las presiones
externas. La autonomía no pretende aislar, sino resguardar uno de los más
importantes pilares de una sociedad madura y una cultura avanzada: la libertad
del conocimiento.
Nuestras instituciones no son indiferentes ante la actual situación
económica del país, cuyo equilibrio financiero enfrenta amenazas. Pero no
olvidamos que debe ser posible encontrar pesos y contrapesos entre medidas
macroeconómicas y la responsabilidad de las instituciones estatales de proteger
a las personas más vulnerables.
Desde nuestro quehacer, esto pasa por asegurar que el acceso a la
educación superior pública no se vea mermado, y que continuemos ofreciendo una
formación humanista, pertinente y excelente. Los retos por delante son muchos,
y las universidades están llamadas a brindar sus aportes sustantivos para
favorecer el progreso.
Y ahí estamos presentes, en
primera línea.
Por eso, confiamos en que nuestras instituciones estarán cada vez más integradas bajo objetivos comunes. La Universidad de Costa Rica agradece profundamente y felicita la gestión de la Universidad Técnica Nacional en su anterior presidencia del Consejo Nacional de Rectores, y asume el liderazgo en 2019 con rigor y compromiso.
Enviado a SURCOS por la rectoría de la Universidad de Costa Rica.
