El programa ALTERNATIVAS, desarrollado por el Colectivo Reflexión-Acción, presentará este 1º de agosto de 2025 una edición especial en vivo titulada «La escritura desde lo femenino, la maternidad y la crítica social». El evento contará con un panel diverso de personas invitadas que abordan la creación literaria desde perspectivas sociales, de género y vivenciales, especialmente en relación con la maternidad, los derechos humanos y la crítica cultural.
Panel de invitados:
Yolanda Bertozzi: Abogada, escritora y activista por los derechos humanos de las mujeres.
Tony Cordero: Bachiller en Filosofía con énfasis en Artes y Letras por la UNA.
Trabajo Digno | Derechos Laborales Equidad De Género | Salud Mental | Justicia Social
En coherencia con los principios de la Universidad de Costa Rica, su misión de resguardar los derechos humanos, laborales y sociales, así como de promover el pensamiento crítico y la transformación social desde una perspectiva interdisciplinaria, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica informa que, en la sesión N.º 132-2025, celebrada el jueves 10 de julio de 2025, acordó por unanimidad expresar su criterio a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y señores diputados sobre el Proyecto de Ley «Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados» (Expediente N.º 24.290), conocido como “jornadas 4×3”.
Consideraciones Generales
Este proyecto constituye una preocupante forma de desregulación del trabajo. Al permitir jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos sin pago de horas extraordinarias, consolida una lógica de precarización laboral que desvaloriza la función social del trabajo, lo subordina a los intereses del capital y debilita su carácter de derecho humano fundamental y pilar del bienestar colectivo.
Desde una mirada crítica en las Ciencias Sociales, esta iniciativa debe analizarse en el marco de transformaciones estructurales que afectan el mundo del trabajo y profundizan desigualdades históricas por género, clase, edad y territorio. Entre los principales indicadores que contextualizan este proyecto destacan: ◦ El debilitamiento del empleo público, tanto por la reducción en la creación de nuevos puestos como por el aumento de la tercerización de servicios. ◦ La diversificación de formas de empleo precarizado. ◦ El debilitamiento del sindicalismo y de las formas de organización colectiva. ◦ El aumento del subempleo y la informalidad. ◦ El fomento y la proliferación de discursos que deslegitiman el empleo formal y las conquistas laborales.
Desde una perspectiva histórica más amplia, este proyecto se suma a un conjunto de normas, políticas y acciones estatales que han venido precarizando la vida de miles de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos del país. Entre ellas:
Precarización de los contratos de trabajo.
Pérdida de conquistas históricas en materia de bienestar, jornada laboral, organización sindical y movimiento social.
Modificaciones regresivas en los sistemas de jubilación: aumento de edad, cuotas y obligatoriedad de pensiones complementarias.
Deterioro de los servicios de salud y destrucción de sistemas de asistencia social. ◦ Desconfianza generalizada en la institucionalidad pública como garante de derechos tanto del sector público como privado.
Orientación normativa para favorecer intereses empresariales bajo el argumento de que ello generará empleo.
Elementos Críticos del Proyecto
1. Retroceso histórico en derechos laborales:
La jornada de ocho horas constituye una conquista histórica de los movimientos sociales en la mayor parte del mundo y un principio básico de justicia laboral moderna. Sustituirla por jornadas de hasta 12 horas representa un retroceso normativo, ya que altera el equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo, al descanso y a la vida personal. Esta modificación atenta contra el derecho al tiempo libre y debilita los mecanismos de protección frente a la sobreexplotación.
2. Abaratamiento de las horas extras y pérdida de derechos adquiridos:
La propuesta sustituye el pago de horas extra —actualmente regulado con recargos legales— por un recargo fijo calculado sobre el salario mínimo, lo que representa una desmejora significativa para muchas personas trabajadoras. Aunque se plantea un aumento porcentual, este no se aplica sobre el salario real devengado, sino sobre el mínimo legal, lo cual puede traducirse en ingresos inferiores respecto al sistema actual de pago por tiempo extraordinario.
Esta modificación desvaloriza el tiempo adicional laborado, elimina un incentivo justo por las jornadas prolongadas y debilita un derecho laboral históricamente ganado. Además, refuerza las potestades del empleador en un contexto donde la «voluntariedad» de aceptar jornadas extendidas está fuertemente condicionada por la necesidad económica y la vulnerabilidad laboral de muchas personas. En lugar de proteger el trabajo digno, la reforma institucionaliza una forma de desregulación que abarata la fuerza laboral y precariza las condiciones de empleo.
3. Afectaciones graves a la salud física y mental:
Las jornadas laborales extensas incrementan la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades musculoesqueléticas y el riesgo de accidentes. Diversos estudios internacionales coinciden en que tres días de descanso no compensan el desgaste físico y emocional acumulado durante cuatro días de trabajo intensivo. Estos efectos se agravan en contextos donde persisten deficiencias estructurales como los desgastantes desplazamientos, la sobrecarga de labores y las fallas del transporte público.
4. Impacto en la vida familiar, comunitaria y educativa:
Las jornadas extendidas reducen el tiempo disponible para actividades fundamentales como el auto cuido, la participación comunitaria, la vida familiar o la continuidad de estudios. Esta situación afecta de manera particular a personas jóvenes, jefaturas de hogar y personas trabajadoras en condiciones de pobreza, discriminación estructural o exclusión social, ampliando así las brechas de acceso al bienestar y al desarrollo personal.
5. Carga desproporcionada sobre mujeres y personas cuidadoras:
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEC), las mujeres dedican en promedio 36 horas semanales al trabajo no remunerado y de cuido, frente a 14 horas en el caso de los hombres. La reforma encarece los costos de cuido tanto en el sector formal como en el informal, y genera barreras adicionales para la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo formal. Esta intensificación laboral conlleva consecuencias personales y económicas directas, y profundiza desigualdades ya existentes.
6. Desigualdad en las relaciones laborales y falsa voluntariedad:
El proyecto parte de una premisa equivocada: que las personas trabajadoras pueden decidir libremente aceptar o rechazar la jornada extendida. Situación resultante de una relación que por su naturaleza es inequitativa. En un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la débil sindicalización, la «voluntariedad» está fuertemente condicionada por el temor a represalias, despidos encubiertos o la necesidad urgente de ingresos. Este desequilibrio reproduce relaciones laborales asimétricas y vulnera principios básicos de justicia contractual.
7. Débil institucionalidad para fiscalizar y proteger derechos:
El proyecto asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin prever un fortalecimiento institucional en términos de personal, presupuesto o capacidades técnicas. Esta institución ya enfrenta limitaciones estructurales para cumplir con sus funciones actuales de fiscalización y acompañamiento laboral. La omisión de instituciones clave —como el INAMU, el IMAS, la CCSS, entre otras— refleja un enfoque fragmentado y refuerza la permisividad frente a prácticas laborales abusivas, especialmente porque la reforma impactará los servicios públicos en salud, cuido y asistencia social.
8. Ausencia de garantías en las medidas compensatorias:
El proyecto plantea que las empresas ofrecerán servicios de cuido y transporte como mecanismos compensatorios, sin establecer obligaciones claras ni mecanismos de verificación. Esta promesa resulta inviable, especialmente en un contexto de debilitamiento del sistema nacional de cuidados. En 2023, cerca de 7 mil niñas y niños dejaron de recibir atención, y en 2025 el IMAS recortó en un 35 % el subsidio por persona menor atendida, afectando a más de 135 mil personas. Delegar estas responsabilidades al sector privado, cuando ni siquiera el Estado puede garantizarlas, constituye una omisión grave.
9. Impacto diferenciado por género:
Diversas investigaciones (CEPAL, OIT, OCDE) evidencian que las jornadas intensivas afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a jefas de hogar, madres solteras y cuidadoras, ampliando la brecha de género en el empleo y el ingreso. La OCDE (2018) destaca que la jornada laboral intensiva, aunque concentrada en menos días, genera dificultades para organizar el cuido infantil y otras responsabilidades familiares, especialmente para madres solteras o familias con menor red de apoyo.
10. Disminución de ingresos reales para las personas trabajadoras:
El esquema remunerativo planteado representa una pérdida en comparación con el pago actual de horas extra. Según datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Plantaciones (SITRAP, julio 2025), esta pérdida puede alcanzar los 587.373 colones anuales. Ello, lejos de mejorar la compensación económica, el proyecto reduce el ingreso real por trabajo adicional, afectando en especial a quienes actualmente perciben más del salario mínimo.
Ejemplo comparativo:
11. Normalización de prácticas injustas y arbitrarias:
En lugar de sancionar la aplicación irregular de jornadas extendidas sin fundamento legal ni constitucional, el proyecto busca legalizarlas. Esto vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, debilita el Estado de Derecho y normaliza condiciones de trabajo incompatibles con los marcos internacionales de protección del trabajo digno.
12. Menor productividad, no mayor:
Contrario a lo que plantea la iniciativa, las jornadas laborales extensas no garantizan el aumento de la productividad. Estudios de organismos internacionales como la OCDE y publicaciones académicas (ScienceDirect, 2023) demuestran que el exceso de horas reduce el rendimiento individual, afecta la toma de decisiones y eleva el riesgo de errores, accidentes y ausentismo. La productividad sostenible requiere condiciones laborales saludables, no jornadas intensivas.
13. Experiencias internacionales:
Las reformas laborales exitosas a nivel internacional tienden a reducir la jornada sin afectar el ingreso, promoviendo el bienestar y la eficiencia. Países como Alemania, Francia y Suecia han impulsado modelos de trabajo que priorizan el equilibrio entre vida personal y laboral. La propuesta costarricense, en cambio, promueve una flexibilización patronal sin garantías suficientes de supervisión ni mecanismos efectivos de defensa colectiva, lo que debilita la posición de la persona trabajadora.
Posicionamiento del Consejo Anterior:
Por las razones expuestas, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se posiciona en contra del Proyecto de Ley N.º 24.290 y su texto sustitutivo, por considerarlos un grave retroceso en materia de derechos laborales, equidad de género, salud mental y justicia social.
Asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno y con el debate democrático, plural e informado sobre el modelo de desarrollo que necesita Costa Rica. En este sentido:
Hace un llamado a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, así como a la ciudadanía, al sector académico, a los gremios y sindicatos, a reflexionar crítica y responsablemente sobre los alcances e implicaciones de esta propuesta.
Reitera su disposición para colaborar en la construcción de propuestas alternativas mediante espacios de diálogo y mesas de trabajo que promuevan condiciones laborales compatibles con la salud mental, la justicia distributiva, la sostenibilidad del cuido y la centralidad de la vida digna en las políticas públicas.
Suscriben,
Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales Dra. Claudia Palma Campos, directora, Escuela de Antropología Mag. Gréttel Aguilar Santamaría, directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva Dra. Tania Rodríguez Echavarría, directora, Escuela de Ciencias Políticas D.E.A. Pascal Girot Pignot, director, Escuela de Geografía M. Sc. Claudio Vargas Arias, director, Escuela de Historia Dr. Jorge Sanabria León, director, Escuela de Psicología Dr. Mauricio López Ruiz, director, Escuela de Sociología Mag. Carolina Navarro Bulgarelli, directora, Escuela de Trabajo Social Dr. Javier Tapia Balladares, director, Instituto de Investigaciones Psicológicas Dr. Francisco Robles Rivera, director a.i., Instituto de Investigaciones Sociales Dr. Anthony Goebel Mc Dermott, director, Posgrado de Historia y representante de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales Dr. Alonso Ramírez Cover, director, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), y representante de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
I. Contexto y surgimiento de la Economía Social Solidaria (ESS)
En Costa Rica, tras más de 30 años de políticas neoliberales, se ha profundizado la desigualdad social, debilitado la institucionalidad pública y marginado a los pequeños productores. Este entorno impulsó el surgimiento de formas alternativas de organización económica y social basadas en prácticas culturales solidarias, la autogestión y el respeto al entorno, como respuesta a la exclusión del modelo dominante.
La Economía Social Solidaria (ESS) se presenta como una alternativa construida desde los territorios y las comunidades, rescatando saberes tradicionales y promoviendo la participación activa y colectiva de los sectores históricamente excluidos, la asociatividad, la producción local, la equidad de género y el respeto por el medio ambiente.
II. Circuitos Económicos Solidarios: concepto y potencial transformador
Dentro de la ESS, se plantea la necesidad de impulsar Circuitos Económicos Solidarios (CES), entendidos como redes locales de producción, comercialización y consumo, orientadas a satisfacer necesidades desde la lógica del bien común y no del lucro.
Estos circuitos:
– Promueven la autogestión comunitaria de los procesos económicos.
– Fortalecen la soberanía alimentaria, mediante alianzas directas entre productores y consumidores.
– Fomentan la producción limpia, agroecológica y sostenible, alineada con el respeto a la naturaleza.
– Revalorizan el conocimiento ancestral, la identidad cultural y la economía feminista.
– Generan mercados solidarios locales, como espacios para el intercambio justo y la promoción de valores colectivos.
Se enfatiza la necesidad de vincular estos circuitos a políticas públicas y a gobiernos locales para garantizar su sostenibilidad.
III. Propuestas para fortalecer los Circuitos Económicos Solidarios
La RedESS propone medidas concretas para consolidar estos circuitos en los territorios:
– Diagnóstico participativo de mercados solidarios ya existentes, para identificar sus necesidades y dinámicas.
– Fortalecimiento institucional y normativo, que contemple las características de la ESS y permita su reconocimiento legal diferenciado.
– Educación y campañas de sensibilización sobre el consumo responsable, la producción agroecológica y la certificación participativa.
– Compromiso de los gobiernos locales, que deben destinar presupuesto al desarrollo local solidario y promover espacios de participación comunitaria.
– Alianzas entre actores sociales, ONGs, universidades, municipalidades y colectivos para incidir en políticas públicas que respalden estos circuitos.
Experiencias como los mercados solidarios de Cartago, Pérez Zeledón y Guanacaste, junto con la red de canastas solidarias en Nicoya, son ejemplos vivos de estos esfuerzos.
Importancia de la articulación organizativa y el fortalecimiento territorial
Para que los Circuitos Económicos Solidarios logren arraigo y sostenibilidad, es fundamental promover una articulación organizativa sólida entre actores comunitarios. Esta articulación permite una gobernanza más participativa, facilita el intercambio de recursos y saberes, y potencia la capacidad de incidencia territorial.
Asimismo, el apoyo a la gestión asociativa, mediante acompañamiento técnico, formación en liderazgo colaborativo y acceso a herramientas administrativas, fortalece la autonomía de las organizaciones locales. En paralelo, el fortalecimiento del tejido social en los territorios —a través de redes de confianza, espacios de diálogo y una cultura de cooperación— constituye la base sobre la cual la ESS puede prosperar como una alternativa estructural al modelo económico dominante.
IV. Conclusiones
La promoción de Circuitos Económicos Solidarios es fundamental para avanzar hacia una economía más justa, inclusiva y sostenible. Su desarrollo requiere el reconocimiento del derecho humano a la alimentación, el fortalecimiento de redes comunitarias y una incidencia política articulada.
La ESS no solo plantea una forma distinta de producir y consumir, sino que propone una opción de vida, de transformación profunda del modelo económico, desde el territorio, con participación democrática, equidad de género y justicia social.
Autoría y origen del resumen:
Este resumen fue elaborado por Carlos Hernández, con base en su documento original titulado Perspectivas de la Economía Solidaria en Costa Rica.
El movimiento sindical convoca a las mujeres trabajadoras a parar este sábado en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual del PIT-CNT brindó una conferencia de prensa este viernes, a propósito del [paro general de 24 horas convocado para este sábado 8 de marzo por la Mesa Representativa de la central sindical por el Día Internacional de la Mujer](https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2025/3/pit-cnt-convoco-a-paro-general-de-24-horas-para-el-8-de-marzo-por-un-pai…
Hasta ahora ningún país ha logrado la equidad de género, y si no se actúa ya, “tardaremos 300 años para lograr la igualdad y 137 años en erradicar la pobreza extrema de las mujeres a escala global”, alerta ONU Mujeres México. Puede leer la nota completa mediante este enlace: LaJornada.
Por: Ph.D Álvaro Martín Parada Gómez Académico-Universidad Nacional
El día Internacional de la Mujer nos convoca a denunciar las desigualdades en torno a los derechos de las mujeres persistentes aún hoy en nuestro país y en el mundo entero.
Las mujeres, que han sido las principales responsables de cuidar y reproducir la vida, han tenido que lidiar con el peso de un sistema político-económico construido desde su invisibilización, con una institucionalidad que legitima muchas veces la desigualdad.
En Costa Rica, tenemos largo camino por recorrer, las cuentas nacionales evidencian que el trabajo de cuidados no remunerado representa el 21,3% del PIB, y es realizado principalmente por mujeres. Ese trabajo, fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad, tiene consecuencias económicas, sociales, políticas y de salud para las mujeres, quienes por su causa presentan una mayor dependencia económica y junto a ello son sujetas de múltiples tipos de violencias que deben erradicarse.
Desde la Universidad Nacional, que ha sido además enriquecida y diversificada desde lo epistémico, cultural, administrativo, político y en el mantenimiento de sus espacios por miles de mujeres a lo largo de estas décadas, debemos continuar en la defensa y lucha por el cumplimiento efectivo de los derechos de cada una de las mujeres que integran nuestra institución, en este sentido, cada una de nuestras áreas sustantivas ha venido aportando y además desde el quehacer extensionista se ha logrado catapultar los hallazgos y experiencias hacia el trabajo conjunto con comunidades y localidades, donde se amplían las brechas de género.
Las mujeres que estudian, que colaboran en las gestiones administrativas y de limpieza, las investigadoras, las extensionistas y las que asumen nuestra mayor vocación que es la docencia, son imprescindibles en nuestra querida UNA y son merecedoras de entornos que respeten cada uno de sus derechos, al igual que todas las mujeres que habitan nuestro país.
Un día como hoy debemos sumarnos al cambio necesario para darle paso a una sociedad costarricense que respete y custodie la vida de las mujeres, y preocuparnos por la ola de feminicidios que nos azota. Un día como hoy, lejos de celebrar debemos comprometernos con el cambio necesario con la justicia y equidad de género.
Enid Cruz Ramírez Fundadora y coordinadora general de MUSADE Fundación: 6 diciembre 1986
Este 6 de diciembre, MUSADE conmemoró 38 años de trabajo incansable en favor de los derechos de las mujeres. Fundada en 1986, en un contexto de profundas desigualdades y discriminación, la organización nació como una respuesta de base para combatir las opresiones que silenciaban y limitaban a las mujeres en Costa Rica.
Desde entonces, MUSADE ha sido mucho más que una organización: ha sido un refugio y un espacio de acogida para las mujeres que enfrentan violencia, desigualdad y exclusión. Aquí, el dolor ha encontrado consuelo, y las voces que alguna vez fueron silenciadas han florecido en mensajes de lucha y esperanza.
En un periodo en el que la violencia contra las mujeres era invisibilizada y la discriminación era parte del día a día, MUSADE rompió esquemas. Se posicionó como un referente, no solo para atender a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, sino también para empoderarlas, educarlas y acompañarlas en el proceso de reconstrucción de sus vidas. Ha sido un espacio de aprendizaje colectivo, donde cada mujer ha fortaleció su capacidad para desafiar las estructuras de opresión.
Retos a lo largo de 38 Años
A lo largo de estas décadas, MUSADE ha trabajado en múltiples áreas: prevención de la violencia de género, salud sexual y reproductiva, liderazgo comunitario y fortalecimiento de redes de apoyo. Ha contribuido a la creación de políticas locales que promuevan la igualdad de género y ha llevado adelante proyectos que benefician directamente a las mujeres en las diferentes regiones del país.
Entre sus mayores logros, destaca su capacidad para formar lideresas comunitarias, impulsar políticas públicas inclusivas y convertirse en un actor clave en la lucha por los derechos de las mujeres a nivel nacional. No obstante, MUSADE también enfrenta retos importantes:
Sostenibilidad financiera: Como muchas organizaciones de base, asegurar recursos económicos constantes para continuar con su labor es un desafío permanente.
Persistencia de la violencia de género: A pesar de los avances, la violencia sigue siendo una realidad para miles de mujeres, exigiendo que las estrategias de atención y prevención se adapten a contextos cada vez más complejos.
Desafíos culturales y sociales: Romper con estereotipos de género y arraigos culturales sigue siendo una tarea urgente, especialmente en comunidades donde las desigualdades están profundamente enraizadas.
Acceso a la tecnología y nuevos enfoques: En un mundo digital, MUSADE debe seguir integrando herramientas tecnológicas para amplificar su mensaje y llegar a nuevas generaciones de mujeres.
Una casa de empoderamiento
MUSADE ha sido y seguirá siendo un faro para aquellas mujeres que buscan transformar su realidad. Más allá de ser una organización, representa una red de sororidad, un hogar donde las historias se entrelazan, los miedos se superan y los sueños cobran vida. Su compromiso con la justicia social y la igualdad sigue siendo inquebrantable.
Celebrando el legado y mirando al futuro
En su 38 aniversario, MUSADE reafirma su misión de ser una voz para las mujeres, un espacio de aprendizaje y una plataforma para el cambio. Este aniversario no solo es un momento para celebrar lo que se ha logrado, sino también para recordar que la lucha por la equidad de género es un camino que sigue demandando esfuerzos colectivos.
MUSADE invita a la comunidad a ser parte de este legado, a unirse en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia para todas las mujeres.
¡Felicidades, MUSADE, por 38 años de transformar vidas y construir esperanza!
Jueves 07 de marzo 2024. La Defensoría de los Habitantes convocó a diferentes representaciones diplomáticas en el país para establecer un primer diálogo sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica.
La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, comentó la importancia de poder conversar de los retos país en esta materia, pero además escuchar a partir de la visión de cada una de las misiones diplomáticas distintas experiencias que permitan fortalecer los procesos de incidencia y acción conjunta para la defensa de los derechos de las personas habitantes.
En la actividad estuvieron presentes embajadores, embajadoras y representaciones de Alemania, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Países Bajos. Perú, Suiza, la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas.
La Defensora de los Habitantes presentó una radiografía de distintos hechos en materia de derechos humanos que Costa Rica debe prestar más atención para evitar una regresión en su cumplimiento, a saber, la situación de la disponibilidad e inversión en la protección del recurso agua como derecho fundamental, los niveles de violencia e inseguridad, el retroceso en la calidad de la educación, la presencia de discursos de odio en la sociedad, la exclusión, discriminación y desigualdad social, las debilidades en la atención de la pobreza, y cómo los flujos migratorios han rebasado las capacidades de la institucionalidad del Estado. También alertó de la situación de recortes presupuestarios que afecten la inversión social, en especial, a la niñez y adolescencia.
También expuso sobre las vulneraciones en el derecho a la salud reflejado no solo en la poca efectividad en la atención de las listas de espera, sino también en el abordaje para resolver problemas estructurales en materia de faltante de especialistas médico o el rezago en infraestructura hospitalaria, para mencionar dos casos.
Cruickshank expuso los grandes riesgos que representan la rigidez presupuestaria que, por años, viene enfrentando la Defensoría, que no solo afecta la posibilidad de hacerle frente a los gastos operativos esenciales, sino que impide la presencia institucional en zonas alejadas o críticas del territorio nacional. Igualmente compartió con las delegaciones diplomáticas algunos proyectos de cooperación que se estarían impulsando este año desde la perspectiva de derechos humanos y empresas, educación, equidad de género y población indígena.
Información complementaria: Costa Rica iniciará el 2024 con riesgos de regresividad en Derechos Humanos: https://acortar.link/U5MgQS
El curso «Caminando hacia la equidad e igualdad de género 2024» tiene como objetivo fomentar un proceso de reflexión para que las participantes examinen y reconstruyan sus creencias, actitudes y comportamientos relacionados con las desigualdades de género que afectan tanto en el ámbito personal como en el social.
Las temáticas a desarrollar son las siguientes:
Identidades y condiciones de Género en la vida de las mujeres.
Relaciones de poder intra e Inter genéricas y la violencia.
El amor, la afectividad y la sexualidad en la vida de las mujeres.
Metodologías holísticas en el trabajo con mujeres.
El curso está diseñado para mujeres que cuenten con un conocimiento básico sobre cuestiones de género y estén interesadas en embarcarse en un proceso de cambio personal. Está dirigido a aquellas que se sientan motivadas por la idea de adquirir nuevas perspectivas en el tema de género, así como en explorar metodologías teórico-vivenciales que puedan aplicar en su entorno laboral.
Se prioriza la participación de mujeres que estén activamente involucradas en ámbitos como el comunitario, educativo o religioso. Además, se espera que las participantes estén comprometidas con la idea de compartir los conocimientos adquiridos en el curso con otras mujeres, contribuyendo así a la multiplicación del impacto positivo en la sociedad.
El curso virtual de género entre mujeres se llevará a cabo de abril a julio de 2024, con una duración total de 72 horas. Durante este período, las participantes se comprometerán a asistir a sesiones virtuales semanales de 3 horas cada una, facilitadas por expertos regionales en género desde los enfoques de Educación Popular y Biocéntrica. Además, dedicarán otras 36 horas al autoaprendizaje.
La metodología del curso incluye procesos de reflexión individual y colectiva, intercambio de saberes contrastados con teorías de género, y la aplicación de técnicas alternativas como biodanza, arteterapia y danzas rituales, que fomentan la expresión libre y el aprendizaje vivencial en grupo.
Para recibir un certificado de participación, las asistentes deberán cumplir con ciertos requisitos, como asistir al menos al 75% de las sesiones y completar las tareas asignadas. Si las participantes son delegadas por organizaciones, se espera que permanezcan consistentes durante todas las sesiones debido a la secuencia temática y metodológica del curso.
El CEP ALFORJA proporcionará materiales didácticos con anticipación a las participantes individuales y a las organizaciones delegadas. Además, se facilitará un enlace de descarga para acceder a todos los materiales escritos y audiovisuales utilizados en cada sesión.
El curso se llevará a cabo a través de la plataforma de videoconferencias ZOOM, con enlaces enviados a los correos electrónicos registrados un día antes de cada sesión. Se recomienda a las participantes contar con equipos apropiados, una conexión a internet estable y un espacio privado para participar sin interrupciones.
El período de inscripción para el curso es del 26 de febrero al 7 de abril 2024, y tiene un costo $280.00 (Dólares estadounidenses) por participante. Cada participante asume gastos de transferencia bancaria. Y existe disponibilidad de media beca.
Circula una nota, fechada 4 de julio de 2023 y firmada por el señor Ricardo Antonio Sossa Ortiz, “comisionado de inclusión social”, así designado por el presidente Chaves. Según el sello colocado en la nota, esta se origina en Casa Presidencial. No especifica destinatarios, aunque, en el encabezado menciona a los/las “estimados señoras y señores jerarcas”, por lo que pareciera incluir a todas las instituciones públicas que, de una u otra forma, responden jerárquicamente a la Presidencia de la República.
La nota hace referencia a una llamada “Declaración de San José 2023”, al parecer promovida por una organización de nombre “Alianza Empresarial para el Desarrollo” (AED), la cual aparentemente tiene por objetivo promover el respeto a los derechos de las personas del colectivo LGBTIQA+.
En esa carta, el susodicho comisionado ordena a las y los jerarcas no firmar esa nota. O sea: desde Casa Presidencial se les prohíbe hacerse partícipes de esa iniciativa. Enseguida el señor Sossa Ortiz ordena que, “en un plazo de tres días hábiles” (negrita y subrayado del original), se le hagan llegar los nombres de quienes conforman, en cada institución, la comisión que debe ocuparse de estos asuntos, según los dispuesto en el Decreto Ejecutivo 38.999 del año 2015.
Al respecto, manifestamos lo siguiente:
Desconocemos en qué consiste la mencionada “Declaración de San José 2023”, pero sí debemos deplorar y condenar la actitud autoritaria e irrespetuosa que se pone de manifiesto en esta nota, la cual, por cierto, corresponde al estilo característico de este gobierno, y su tendencia sistemática hacia la centralización de decisiones, lo que implica frenar el flujo de información hacia la ciudadanía y asfixiar las iniciativas autónomas.
El irrespeto se agranda, puesto que no se ofrece ninguna razón que justifique esta orden, cuando tan solo se dice, en un estilo oscuro y retorcido, que esta “iniciativa no aparenta tener malicia alguna”. La ciudadanía en general, y los movimientos LGBTIQA+ en particular, tienen derecho a conocer por qué se toman decisiones de esta naturaleza. Tener el poder para tomarlas no es una justificación suficiente, primero, porque es un proceder arbitrario, carente de ninguna racionalidad clara, y, sobre todo, porque es algo completamente inapropiado en un contexto democrático.
Nos llama poderosamente la atención que el señor Sossa Ortiz venga a solicitar a estas alturas el nombre de quienes conforman las comisiones institucionales. El actual gobierno tiene ya 14 meses de haber asumido funciones ¿qué estuvo haciendo ese señor durante todo ese tiempo? ¿Se le fue su tiempo escuchando, impasible, a un tipo que, en su cara, se pavoneaba diciendo que fue él quien asesinó al líder indígena Jerhy Rivera? Todo esto es vergonzoso e indignante, y pone de manifiesto una actitud de desprecio hacia los derechos humanos, no solo los de las diversidades sexuales y de género, sino los de otros grupos discriminados, como los pueblos indígenas.
La actuación del señor Sossa Ortiz ha sido manifiestamente deficitaria, e, inclusive, tolerante y permisiva, respecto de situaciones claramente violatorias de los derechos humanos. Lo mencionado en el punto anterior, en relación con el caso de Jerhy Rivera, lo ilustra claramente. Su total abulia respecto de las celebraciones del día contra la homo-lesbo-bi.trans-fobia y su ausencia en la Marcha del Orgullo, lo ratifican. Tampoco le escuchamos decir nada cuando su jefe, el presidente Chaves, intentando descalificar al diputado Ariel Robles, recurrió a expresiones abiertamente homofóbicas. A todo lo cual suma ahora esta decisión tan arbitraria y antojadiza. Por todo ello, y por el respeto que se merecen todas las poblaciones que este sujeto dice representar, incluidas las personas LGBTIQA+, demandamos su inmediata renuncia.
Hacemos un llamado respetuoso a los liderazgos de las diversas organizaciones LGBTIQA+ de Costa Rica, para mantenerse muy alertas. La democracia y el Estado de derecho están siendo reiteradamente asediados, y los discursos de odio y los desplantes de intolerancia, circulan hoy y se expresan masivamente. La indiferencia y el silencio no son las respuestas apropiadas ante situaciones tan graves y preocupantes.
POR EL MOVIMIENTO DIVERSIDAD ABELARDO ARAYA
Luis Paulino Vargas Solís Víctor Hugo Monge Aguilar
