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Etiqueta: equidad de género

Declaración de la Alianza Global CONVIDA20 ante la COP30

Por una política global al servicio de la vida; la justicia climática; la paz; la pluriculturalidad originaria y afro; la equidad de género; el derecho a migrar y ser protegido y una tecnología al servicio de los pueblos

Resumen

Hoy, más que nunca, nos debatimos entre dos polos: el de la vida y el de la muerte. Quienes creemos en el derecho a existir denunciamos que ese derecho está siendo violado por los poderosos de cada país, que destruyen la casa común, militarizan el planeta y mercantilizan la tecnología.

Nos resistimos al negacionismo climático, al extractivismo voraz, a la violencia patriarcal y al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de control, guerra y exclusión.

Desde nuestras siete comisiones de CONVIDA20:

Tecnología de la información / Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia / Paz, No Violencia y Anti-militarización / Pueblos Originarios y Afrodescendientes / Equidad de Género / Crisis Climática / Crisis Migratoria, elevamos esta declaración ante la COP30 en Belém Do Pará, Brasil.

Lo hacemos desde los pueblos de América Latina y el Caribe, desde las comunidades campesinas, rivereñas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares, desde las espiritualidades vivas que resisten y sueñan.

Esta declaración también recoge el eco de la peregrinación continental de la copresidenta de SICSAL-Mons. Oscar Arnulfo Romero e integrante de nuestra coordinación, Emilie Teresa Smith, quien, desde Vancouver, Canadá, ha recorrido el continente escuchando, conviviendo y recogiendo testimonios de mujeres y hombres defensoras y defensores de los territorios, que enfrentan múltiples violencias, especialmente la institucional, el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental con coraje, poesía y organización. Su caminar ha sido un acto de escucha radical, de acompañamiento espiritual y de denuncia profética.

La Inteligencia Artificial, la guerra, el extractivismo, la migración forzada y la crisis climática no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo modelo que pone el lucro, la codicia, por encima de la vida. Frente a ese modelo, proponemos otro horizonte: una humanidad reconciliada con la tierra, con el trabajo digno, con la hospitalidad y la justicia.

No venimos a pedir permiso. Venimos a anunciar que otro mundo está en marcha.

Que los pueblos que migran, las mujeres que cuidan, las juventudes que sueñan y los pueblos originarios y afrodescendientes que resisten ya están construyendo alternativas.

La Alianza Global CONVIDA20 reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida en todas sus formas, con la justicia climática, la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, las mayorías empobrecidas, la equidad de género, la paz y la espiritualidad encarnada en los pueblos.

Reafirmamos que no habrá justicia ambiental sin justicia social, ni justicia social sin acogida y reconocimiento del otro y la otra. Nos convocamos a seguir tejiendo redes de solidaridad continental, a cuidar los territorios y los cuerpos amenazados, a acompañar a quienes migran por hambre, guerra o sequía, y a construir, desde la ternura de los pueblos y la resistencia, un futuro donde ninguna persona sea descartada ni expulsada de la casa común. Nuestra esperanza es activa, nuestra fe se hace acción y nuestro horizonte es la vida plena para todos los pueblos y todas las criaturas de la tierra.

Vemos, juzgamos y actuamos

Porque no estamos ante una simple coyuntura técnica ni una crisis pasajera.

Estamos frente a una encrucijada histórica que interpela nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y nuestra acción política.

Este método —nacido en la juventud obrera católica de Bélgica y asumido por las luchas populares, la teología de la liberación, la pedagogía crítica y los movimientos sociales latinoamericanos— nos permite mirar la realidad con ojos abiertos, corazón sensible y voluntad transformadora.

Ver es dejarse afectar por lo que ocurre: reconocer las heridas del planeta, los rostros de los excluidos, los mecanismos de poder que destruyen la vida.

Juzgar es discernir desde una ética de la vida, confrontando los hechos con los principios de justicia, dignidad, solidaridad y cuidado.

Actuar es comprometerse, construir alternativas y transformar estructuras.

Vemos que:

La crisis climática no solo destruye ecosistemas: también expulsa pueblos enteros de sus territorios, provocando que millones de personas abandonen sus hogares por sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Se prevé que en 2050 sean más de 250 millones las personas refugiadas climáticas que se verán forzadas a dejar sus hogares por los efectos del calentamiento global: sequías prolongadas, desertificación, pérdida de cultivos, tormentas extremas, saqueo y expoliación de tierras cultivables.

Aunque el término “refugiado” sugiere protección internacional, no existe aún reconocimiento legal bajo la Convención de Ginebra de 1951. Por eso, quienes huyen del colapso ambiental son personas invisibilizadas, criminalizadas o reducidas a cifras, sin protección jurídica ni humanitaria efectiva.

En Europa y en las fronteras de Estados Unidos, la llegada de personas afectadas por crisis ambientales crece cada día más. Proceden de África, de Oriente Medio, de Asia meridional y de América Latina, y el Caribe donde los impactos del cambio climático agravan la pobreza, los conflictos y la inseguridad alimentaria.

El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y los muros, centros de detención y políticas xenófobas son el rostro más cruel de una civilización que ha perdido su humanidad.

Las guerras, además, contaminan el aire, la tierra y el agua, obligando a poblaciones enteras a migrar incluso después de los conflictos. La migración forzada es hoy el rostro humano del colapso climático y la expresión más extrema de la injusticia ambiental global.

La militarización global representa entre el 5 y el 6% de las emisiones de carbono. Los países que fabrican y exportan armas concentran el 82% del gasto militar mundial y el 67,1% de las emisiones de CO₂. La guerra contamina, deforesta, desplaza y destruye ecosistemas.

Los países del sur global arrastran deudas externas impuestas por organismos financieros internacionales que condicionan sus economías y limitan su desarrollo. Mientras destinan enormes recursos al pago de intereses, millones de personas carecen de salud, educación, tierra, trabajo y techo digno.

La transición energética, basada en el litio y otros minerales raros, está afectando directamente a comunidades que habitan los territorios. En Ecuador, el pueblo Kichwa ha sufrido represión, invasión de tierras y asesinatos por resistir al extractivismo. En México, Guatemala, Colombia y Honduras, mujeres defensoras enfrentan amenazas constantes por proteger el agua, los bosques y la biodiversidad.

Las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas— enfrentan violencias múltiples: patriarcales, extractivistas, racistas. Son ellas quienes sostienen la vida, defienden los territorios, custodian las semillas, y, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas, criminalizadas y asesinadas. Su trabajo cotidiano, muchas veces invisible, es esencial para el sostenimiento de la vida y la resistencia comunitaria.

La lucha feminista en este contexto debe ser transversal a la COP30, mirando la realidad desde la desigualdad estructural que viven las mujeres. Esta mirada no es un añadido: es una clave para desmontar las violencias y construir justicia ambiental, social y tecnológica.

La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que transforma radicalmente la economía, la política, la naturaleza y la guerra. Su uso masivo genera impactos ecológicos alarmantes: consumo energético desmedido, uso intensivo de agua y minerales críticos, expansión de la huella ecológica de las grandes empresas tecnológicas y atenta contra el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento.

Juzgamos que:

La crisis climática es también una crisis ética y espiritual: sin sentido, sin comunidad y sin trascendencia, no hay futuro sostenible. La espiritualidad es el alma de la ecología integral.

Del mismo modo, la crisis migratoria es un espejo moral del mundo. Negar el reconocimiento a las personas desplazadas por causas ambientales es perpetuar un modelo de muerte. Reconocerlas y protegerlas es un deber moral y político. La indiferencia de los estados y las corporaciones, ante el sufrimiento de millones de personas migrantes y refugiadas climáticas constituye una violación estructural de los derechos humanos.

Denunciamos las políticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y patriarcales del Norte Global, que levantan muros mientras destruyen ecosistemas ajenos. Denunciamos también la corrupción de muchos gobiernos del Sur, que anteponen el lucro al bienestar de sus pueblos, permitiendo el saqueo extractivista de sus tierras.

Como han afirmado los Papas Francisco y León XIV los cuatro verbos que deben guiar toda política migratoria: acoger, proteger, promover e integrar. Estos principios son también una brújula para la justicia climática.

Acoger a las personas desplazadas es reconocer la interdependencia de la vida; protegerlas es garantizar sus derechos; promoverlas es acompañar su desarrollo humano integral; integrarlas es crear sociedades interculturales y solidarias.

La migración no es un problema: es una consecuencia de las injusticias globales y una oportunidad para reconfigurar el pacto humano desde la fraternidad universal.

Los pueblos originarios y afrodescendientes no son víctimas pasivas: son portadores de soluciones vivas, saberes milenarios y alternativas concretas. Ante cualquier proyecto gubernamental que tenga que ver con la madre naturaleza la consulta a los pueblos es prioritaria y obligatoria.

Las deudas externas y ecológicas son injustas y contrarias al bien común. Las deudas, muchas veces ilegítimas o heredadas de dictaduras, perpetúan la dependencia y el control de los poderosos sobre los pueblos. No se puede exigir a las naciones pobres pagar con el hambre de su gente lo que fue impuesto bajo mecanismos de dominación económica.ç

La IA no es neutral: su desarrollo está guiado por intereses corporativos y militares.

La militarización no garantiza seguridad: la verdadera seguridad es humana y comunitaria: Implica salud, educación, vivienda, trabajo digno y paz.

Actuamos así:

  • Reclamamos una transición ecológica justa, que respete los territorios y los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.

  • Nos sumamos a las acciones por la suscripción del protocolo de no proliferación de combustibles fósiles; también a la exigencia de canje de deuda por acción climática; presión por el aumento del fondo de los países ricos, que sea justo, equitativo y ético, para la mitigación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. De igual manera, cualquier acción de transición energética, ecológica, integral y justa, respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que requiere inclusión de garantías a los derechos humanos en las acciones que surjan de la COP30 de Belem do Pará, en Brasil.

  • Apoyamos la exigencia de auditorías éticas y transparentes de las deudas, promovemos sus condonaciones cuando sean ilegítimas y trabajamos por un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía de los pueblos. Sólo así las economías podrán liberarse de las cadenas que impiden su desarrollo humano integral.

  • Exigimos la reconstrucción ética de las políticas migratorias globales, con base en el respeto a la dignidad humana y en la responsabilidad compartida ante el cambio climático. Así mismo, promovemos la adopción de marcos jurídicos internacionales que reconozcan el status de “refugiado climático”.

  • Exigimos que ningún ser humano sea considerado ilegal y que se garantice el acceso universal a educación, salud y seguridad social para todas las personas migrantes. También denunciamos la criminalización de quienes acompañan o defienden los derechos de las personas migrantes, los crímenes de los defensores ambientales y exigimos justicia por los asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones.

  • Apoyamos las redes de solidaridad que, en Europa, América, África, Asia-Pacífico practican los principios de acoger, proteger, promover e integrar, resistiendo a la ultraderecha.

  • Reclamamos presupuestos públicos para el cuidado comunitario de bosques, ríos, semillas y saberes; para la acogida de personas desplazadas y para políticas de integración que fortalezcan la convivencia intercultural.

  • Reconocemos y celebramos las identidades, las diversidades sociales y étnicas porque en su expresión se refleja la dignidad y la riqueza de lo humano.

  • Denunciamos el patriarcado digital que se disfraza de modernidad mientras reproduce las viejas jerarquías del poder: algoritmos que invisibilizan a las mujeres, redes que premian la violencia simbólica y plataformas que lucran con la exposición del cuerpo femenino. Detrás de cada “like” o comentario misógino hay un sistema que perpetúa la desigualdad en el espacio virtual.

  • Proponemos como alternativa construir una cultura digital feminista, donde la tecnología sea herramienta de emancipación y no de control. Un internet diverso, ético y comunitario, que promueva la voz de quienes fueron silenciadas, y que use la inteligencia colectiva para tejer redes de cuidado, educación y justicia.

  • Exigimos protección integral para las defensoras de la vida —mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y migrantes— que enfrentan amenazas y violencia.

  • Apoyamos la regulación y el control democrático de la IA al servicio del bien común y exigimos políticas públicas de alfabetización tecno-política y rechazamos el uso de la IA con fines geopolíticos y militares, de vigilancia o manipulación.

  • Apoyamos la Campaña Global contra el Gasto Militar, y nos pronunciamos contra las bases militares de EE. UU. y la OTAN en nuestro continente que han ocupado, invadido, y dominado nuestros territorios ricos en bienes naturales y biodiversidad. Igualmente, nos hemos pronunciado contra el entrenamiento y ejercicios militares orientados a prepararse para la guerra y que se realizan cada año generando, al mismo tiempo, contaminación y daño ambiental.

Escuchen el clamor de la tierra.

Escuchen el clamor de los pueblos desplazados.

Escuchen el clamor de las mujeres migrantes que defienden sus cuerpos y territorios.

Porque la vida no se negocia.

Porque la justicia no se posterga.

Porque la paz no se militariza.

Porque la tierra no se vende.

Porque el futuro se construye hoy.

Alianza global CONVIDA20 está integrada por organizaciones y personas de América Latina, El Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico

Anexos

DECLARACION DE LA ALIANZA GLOBAL CONVIDA20 ANTE LA COP30 2025.pdf
DECLARAÇÃO DA ALIANÇA GLOBAL CONVIDA20 DIANTE DA COP30 2025.pdf
DÉCLARATION DE L’ALLIANCE MONDIALE CONVIDA20 DEVANT LA COP30 2025.pdf
https://sicsal.net/convida20/es/node/95

Red de Mujeres Rurales se prepara para la participación en la movilización del 25 de noviembre

La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica se prepara para participar activamente en las actividades del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, fecha en la que se realizarán diversas movilizaciones y espacios de articulación social en San José.

Esta organizacion mantiene una labor constante de formación, análisis y acción en defensa de los derechos de las mujeres del campo, denunciando los impactos de políticas que han reducido becas, servicios de salud, apoyos alimentarios y programas comunitarios que beneficiaban a las mujeres, niñas y familias rurales.

“Seguimos promoviendo la organización y fomentando formas para incrementar la pequeña producción de alimentos que permitan una mejor calidad de vida, la organización local de las mujeres y el acompañamiento de las luchas locales”, señalaron representantes de la Red.

La Red de Mujeres Rurales desarrolla encuentros regionales y procesos de capacitación con muy pocos recursos económicos, movilizando a mujeres de diversas comunidades mediante el trabajo voluntario y la cooperación solidaria.

Con motivo de la movilización nacional del 25 de noviembre, la Red organiza la participación de una delegación de 25 mujeres rurales provenientes de distintas zonas del país, entre ellas Pérez Zeledón, Siquirres, Matina, Upala, Los Chiles y territorios indígenas.

“La movilización del 25N es tan necesaria en estos tiempos y permite abrir espacios de diálogo con compañeras de otras organizaciones y movimientos», expresó Orfa Dalila Condega Pérez, representante de la Red.

Las imágenes muestran los espacios de encuentro, formación y organización que la Red impulsa en distintas regiones del país.

Alternativas presenta: La escritura desde lo femenino, la maternidad y la crítica social

El programa ALTERNATIVAS, desarrollado por el Colectivo Reflexión-Acción, presentará este 1º de agosto de 2025 una edición especial en vivo titulada «La escritura desde lo femenino, la maternidad y la crítica social». El evento contará con un panel diverso de personas invitadas que abordan la creación literaria desde perspectivas sociales, de género y vivenciales, especialmente en relación con la maternidad, los derechos humanos y la crítica cultural.

Panel de invitados:

  • Yolanda Bertozzi: Abogada, escritora y activista por los derechos humanos de las mujeres.
  • Tony Cordero: Bachiller en Filosofía con énfasis en Artes y Letras por la UNA.
  • Adriano Corrales Arias: Reconocido escritor costarricense.
  • Andrea Meneses Rojas: Socióloga con posgrado en Políticas Públicas y autora del libro Autoficción sobre maternidad.
  • Maricela Pleités: Escritora salvadoreña, autora del libro 7 Ángeles y Fábulas y Cuentos para Subsistir.

Fecha: 1 de agosto de 2025
Hora: 18:00 horas (UTC -6)

Transmisión en vivo por:

Además, será retransmitido por emisoras amigas como Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, y 506 Ondas Alajuelita Radio.

Pronunciamiento del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales UCR sobre jornadas 4X3

Trabajo Digno | Derechos Laborales Equidad De Género | Salud Mental | Justicia Social

En coherencia con los principios de la Universidad de Costa Rica, su misión de resguardar los derechos humanos, laborales y sociales, así como de promover el pensamiento crítico y la transformación social desde una perspectiva interdisciplinaria, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica informa que, en la sesión N.º 132-2025, celebrada el jueves 10 de julio de 2025, acordó por unanimidad expresar su criterio a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y señores diputados sobre el Proyecto de Ley «Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados» (Expediente N.º 24.290), conocido como “jornadas 4×3”.

Consideraciones Generales

Este proyecto constituye una preocupante forma de desregulación del trabajo. Al permitir jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos sin pago de horas extraordinarias, consolida una lógica de precarización laboral que desvaloriza la función social del trabajo, lo subordina a los intereses del capital y debilita su carácter de derecho humano fundamental y pilar del bienestar colectivo.

Desde una mirada crítica en las Ciencias Sociales, esta iniciativa debe analizarse en el marco de transformaciones estructurales que afectan el mundo del trabajo y profundizan desigualdades históricas por género, clase, edad y territorio. Entre los principales indicadores que contextualizan este proyecto destacan: ◦ El debilitamiento del empleo público, tanto por la reducción en la creación de nuevos puestos como por el aumento de la tercerización de servicios. ◦ La diversificación de formas de empleo precarizado. ◦ El debilitamiento del sindicalismo y de las formas de organización colectiva. ◦ El aumento del subempleo y la informalidad. ◦ El fomento y la proliferación de discursos que deslegitiman el empleo formal y las conquistas laborales.

Desde una perspectiva histórica más amplia, este proyecto se suma a un conjunto de normas, políticas y acciones estatales que han venido precarizando la vida de miles de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos del país. Entre ellas:

  • Precarización de los contratos de trabajo.

  • Pérdida de conquistas históricas en materia de bienestar, jornada laboral, organización sindical y movimiento social.

  • Modificaciones regresivas en los sistemas de jubilación: aumento de edad, cuotas y obligatoriedad de pensiones complementarias.

  • Deterioro de los servicios de salud y destrucción de sistemas de asistencia social. ◦ Desconfianza generalizada en la institucionalidad pública como garante de derechos tanto del sector público como privado.

  • Orientación normativa para favorecer intereses empresariales bajo el argumento de que ello generará empleo.

Elementos Críticos del Proyecto

1. Retroceso histórico en derechos laborales:

La jornada de ocho horas constituye una conquista histórica de los movimientos sociales en la mayor parte del mundo y un principio básico de justicia laboral moderna. Sustituirla por jornadas de hasta 12 horas representa un retroceso normativo, ya que altera el equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo, al descanso y a la vida personal. Esta modificación atenta contra el derecho al tiempo libre y debilita los mecanismos de protección frente a la sobreexplotación.

2. Abaratamiento de las horas extras y pérdida de derechos adquiridos:

La propuesta sustituye el pago de horas extra —actualmente regulado con recargos legales— por un recargo fijo calculado sobre el salario mínimo, lo que representa una desmejora significativa para muchas personas trabajadoras. Aunque se plantea un aumento porcentual, este no se aplica sobre el salario real devengado, sino sobre el mínimo legal, lo cual puede traducirse en ingresos inferiores respecto al sistema actual de pago por tiempo extraordinario.

Esta modificación desvaloriza el tiempo adicional laborado, elimina un incentivo justo por las jornadas prolongadas y debilita un derecho laboral históricamente ganado. Además, refuerza las potestades del empleador en un contexto donde la «voluntariedad» de aceptar jornadas extendidas está fuertemente condicionada por la necesidad económica y la vulnerabilidad laboral de muchas personas. En lugar de proteger el trabajo digno, la reforma institucionaliza una forma de desregulación que abarata la fuerza laboral y precariza las condiciones de empleo.

3. Afectaciones graves a la salud física y mental:

Las jornadas laborales extensas incrementan la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades musculoesqueléticas y el riesgo de accidentes. Diversos estudios internacionales coinciden en que tres días de descanso no compensan el desgaste físico y emocional acumulado durante cuatro días de trabajo intensivo. Estos efectos se agravan en contextos donde persisten deficiencias estructurales como los desgastantes desplazamientos, la sobrecarga de labores y las fallas del transporte público.

4. Impacto en la vida familiar, comunitaria y educativa:

Las jornadas extendidas reducen el tiempo disponible para actividades fundamentales como el auto cuido, la participación comunitaria, la vida familiar o la continuidad de estudios. Esta situación afecta de manera particular a personas jóvenes, jefaturas de hogar y personas trabajadoras en condiciones de pobreza, discriminación estructural o exclusión social, ampliando así las brechas de acceso al bienestar y al desarrollo personal.

5. Carga desproporcionada sobre mujeres y personas cuidadoras:

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEC), las mujeres dedican en promedio 36 horas semanales al trabajo no remunerado y de cuido, frente a 14 horas en el caso de los hombres. La reforma encarece los costos de cuido tanto en el sector formal como en el informal, y genera barreras adicionales para la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo formal. Esta intensificación laboral conlleva consecuencias personales y económicas directas, y profundiza desigualdades ya existentes.

6. Desigualdad en las relaciones laborales y falsa voluntariedad:

El proyecto parte de una premisa equivocada: que las personas trabajadoras pueden decidir libremente aceptar o rechazar la jornada extendida. Situación resultante de una relación que por su naturaleza es inequitativa. En un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la débil sindicalización, la «voluntariedad» está fuertemente condicionada por el temor a represalias, despidos encubiertos o la necesidad urgente de ingresos. Este desequilibrio reproduce relaciones laborales asimétricas y vulnera principios básicos de justicia contractual.

7. Débil institucionalidad para fiscalizar y proteger derechos:

El proyecto asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin prever un fortalecimiento institucional en términos de personal, presupuesto o capacidades técnicas. Esta institución ya enfrenta limitaciones estructurales para cumplir con sus funciones actuales de fiscalización y acompañamiento laboral. La omisión de instituciones clave —como el INAMU, el IMAS, la CCSS, entre otras— refleja un enfoque fragmentado y refuerza la permisividad frente a prácticas laborales abusivas, especialmente porque la reforma impactará los servicios públicos en salud, cuido y asistencia social.

8. Ausencia de garantías en las medidas compensatorias:

El proyecto plantea que las empresas ofrecerán servicios de cuido y transporte como mecanismos compensatorios, sin establecer obligaciones claras ni mecanismos de verificación. Esta promesa resulta inviable, especialmente en un contexto de debilitamiento del sistema nacional de cuidados. En 2023, cerca de 7 mil niñas y niños dejaron de recibir atención, y en 2025 el IMAS recortó en un 35 % el subsidio por persona menor atendida, afectando a más de 135 mil personas. Delegar estas responsabilidades al sector privado, cuando ni siquiera el Estado puede garantizarlas, constituye una omisión grave.

9. Impacto diferenciado por género:

Diversas investigaciones (CEPAL, OIT, OCDE) evidencian que las jornadas intensivas afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a jefas de hogar, madres solteras y cuidadoras, ampliando la brecha de género en el empleo y el ingreso. La OCDE (2018) destaca que la jornada laboral intensiva, aunque concentrada en menos días, genera dificultades para organizar el cuido infantil y otras responsabilidades familiares, especialmente para madres solteras o familias con menor red de apoyo.

10. Disminución de ingresos reales para las personas trabajadoras:

El esquema remunerativo planteado representa una pérdida en comparación con el pago actual de horas extra. Según datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Plantaciones (SITRAP, julio 2025), esta pérdida puede alcanzar los 587.373 colones anuales. Ello, lejos de mejorar la compensación económica, el proyecto reduce el ingreso real por trabajo adicional, afectando en especial a quienes actualmente perciben más del salario mínimo.

Ejemplo comparativo:

11. Normalización de prácticas injustas y arbitrarias:

En lugar de sancionar la aplicación irregular de jornadas extendidas sin fundamento legal ni constitucional, el proyecto busca legalizarlas. Esto vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, debilita el Estado de Derecho y normaliza condiciones de trabajo incompatibles con los marcos internacionales de protección del trabajo digno.

12. Menor productividad, no mayor:

Contrario a lo que plantea la iniciativa, las jornadas laborales extensas no garantizan el aumento de la productividad. Estudios de organismos internacionales como la OCDE y publicaciones académicas (ScienceDirect, 2023) demuestran que el exceso de horas reduce el rendimiento individual, afecta la toma de decisiones y eleva el riesgo de errores, accidentes y ausentismo. La productividad sostenible requiere condiciones laborales saludables, no jornadas intensivas.

13. Experiencias internacionales:

Las reformas laborales exitosas a nivel internacional tienden a reducir la jornada sin afectar el ingreso, promoviendo el bienestar y la eficiencia. Países como Alemania, Francia y Suecia han impulsado modelos de trabajo que priorizan el equilibrio entre vida personal y laboral. La propuesta costarricense, en cambio, promueve una flexibilización patronal sin garantías suficientes de supervisión ni mecanismos efectivos de defensa colectiva, lo que debilita la posición de la persona trabajadora.

Posicionamiento del Consejo Anterior:

Por las razones expuestas, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se posiciona en contra del Proyecto de Ley N.º 24.290 y su texto sustitutivo, por considerarlos un grave retroceso en materia de derechos laborales, equidad de género, salud mental y justicia social.

Asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno y con el debate democrático, plural e informado sobre el modelo de desarrollo que necesita Costa Rica. En este sentido:

  • Hace un llamado a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, así como a la ciudadanía, al sector académico, a los gremios y sindicatos, a reflexionar crítica y responsablemente sobre los alcances e implicaciones de esta propuesta.

  • Reitera su disposición para colaborar en la construcción de propuestas alternativas mediante espacios de diálogo y mesas de trabajo que promuevan condiciones laborales compatibles con la salud mental, la justicia distributiva, la sostenibilidad del cuido y la centralidad de la vida digna en las políticas públicas.

Suscriben,

Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales
Dra. Claudia Palma Campos, directora, Escuela de Antropología
Mag. Gréttel Aguilar Santamaría, directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
Dra. Tania Rodríguez Echavarría, directora, Escuela de Ciencias Políticas
D.E.A. Pascal Girot Pignot, director, Escuela de Geografía
M. Sc. Claudio Vargas Arias, director, Escuela de Historia
Dr. Jorge Sanabria León, director, Escuela de Psicología
Dr. Mauricio López Ruiz, director, Escuela de Sociología
Mag. Carolina Navarro Bulgarelli, directora, Escuela de Trabajo Social
Dr. Javier Tapia Balladares, director, Instituto de Investigaciones Psicológicas
Dr. Francisco Robles Rivera, director a.i., Instituto de Investigaciones Sociales
Dr. Anthony Goebel Mc Dermott, director, Posgrado de Historia y representante de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales
Dr. Alonso Ramírez Cover, director, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), y representante de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales

Perspectivas sobre la Economía Social Solidaria y los Circuitos Económicos Solidarios en Costa Rica – Resumen

I. Contexto y surgimiento de la Economía Social Solidaria (ESS)

En Costa Rica, tras más de 30 años de políticas neoliberales, se ha profundizado la desigualdad social, debilitado la institucionalidad pública y marginado a los pequeños productores. Este entorno impulsó el surgimiento de formas alternativas de organización económica y social basadas en prácticas culturales solidarias, la autogestión y el respeto al entorno, como respuesta a la exclusión del modelo dominante.

La Economía Social Solidaria (ESS) se presenta como una alternativa construida desde los territorios y las comunidades, rescatando saberes tradicionales y promoviendo la participación activa y colectiva de los sectores históricamente excluidos, la asociatividad, la producción local, la equidad de género y el respeto por el medio ambiente.

II. Circuitos Económicos Solidarios: concepto y potencial transformador

Dentro de la ESS, se plantea la necesidad de impulsar Circuitos Económicos Solidarios (CES), entendidos como redes locales de producción, comercialización y consumo, orientadas a satisfacer necesidades desde la lógica del bien común y no del lucro.

Estos circuitos:

– Promueven la autogestión comunitaria de los procesos económicos.

– Fortalecen la soberanía alimentaria, mediante alianzas directas entre productores y consumidores.

– Fomentan la producción limpia, agroecológica y sostenible, alineada con el respeto a la naturaleza.

– Revalorizan el conocimiento ancestral, la identidad cultural y la economía feminista.

– Generan mercados solidarios locales, como espacios para el intercambio justo y la promoción de valores colectivos.

Se enfatiza la necesidad de vincular estos circuitos a políticas públicas y a gobiernos locales para garantizar su sostenibilidad.

III. Propuestas para fortalecer los Circuitos Económicos Solidarios

La RedESS propone medidas concretas para consolidar estos circuitos en los territorios:

– Diagnóstico participativo de mercados solidarios ya existentes, para identificar sus necesidades y dinámicas.

– Fortalecimiento institucional y normativo, que contemple las características de la ESS y permita su reconocimiento legal diferenciado.

– Educación y campañas de sensibilización sobre el consumo responsable, la producción agroecológica y la certificación participativa.

– Compromiso de los gobiernos locales, que deben destinar presupuesto al desarrollo local solidario y promover espacios de participación comunitaria.

– Alianzas entre actores sociales, ONGs, universidades, municipalidades y colectivos para incidir en políticas públicas que respalden estos circuitos.

Experiencias como los mercados solidarios de Cartago, Pérez Zeledón y Guanacaste, junto con la red de canastas solidarias en Nicoya, son ejemplos vivos de estos esfuerzos.

Importancia de la articulación organizativa y el fortalecimiento territorial

Para que los Circuitos Económicos Solidarios logren arraigo y sostenibilidad, es fundamental promover una articulación organizativa sólida entre actores comunitarios. Esta articulación permite una gobernanza más participativa, facilita el intercambio de recursos y saberes, y potencia la capacidad de incidencia territorial.

Asimismo, el apoyo a la gestión asociativa, mediante acompañamiento técnico, formación en liderazgo colaborativo y acceso a herramientas administrativas, fortalece la autonomía de las organizaciones locales. En paralelo, el fortalecimiento del tejido social en los territorios —a través de redes de confianza, espacios de diálogo y una cultura de cooperación— constituye la base sobre la cual la ESS puede prosperar como una alternativa estructural al modelo económico dominante.

IV. Conclusiones

La promoción de Circuitos Económicos Solidarios es fundamental para avanzar hacia una economía más justa, inclusiva y sostenible. Su desarrollo requiere el reconocimiento del derecho humano a la alimentación, el fortalecimiento de redes comunitarias y una incidencia política articulada.

La ESS no solo plantea una forma distinta de producir y consumir, sino que propone una opción de vida, de transformación profunda del modelo económico, desde el territorio, con participación democrática, equidad de género y justicia social.

Autoría y origen del resumen:

Este resumen fue elaborado por Carlos Hernández, con base en su documento original titulado Perspectivas de la Economía Solidaria en Costa Rica.

San José, Costa Rica – Junio 2025

La Secretaría de Género del PIT-CNT de Uruguay presentó su proclama por el paro del 8M: “Seguimos siendo vulneradas por las prácticas patriarcales”

El movimiento sindical convoca a las mujeres trabajadoras a parar este sábado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual del PIT-CNT brindó una conferencia de prensa este viernes, a propósito del [paro general de 24 horas convocado para este sábado 8 de marzo por la Mesa Representativa de la central sindical por el Día Internacional de la Mujer](https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2025/3/pit-cnt-convoco-a-paro-general-de-24-horas-para-el-8-de-marzo-por-un-pai…

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Un día como hoy debemos comprometernos… Día Internacional de la Mujer

Por: Ph.D Álvaro Martín Parada Gómez
Académico-Universidad Nacional

El día Internacional de la Mujer nos convoca a denunciar las desigualdades en torno a los derechos de las mujeres persistentes aún hoy en nuestro país y en el mundo entero.

Las mujeres, que han sido las principales responsables de cuidar y reproducir la vida, han tenido que lidiar con el peso de un sistema político-económico construido desde su invisibilización, con una institucionalidad que legitima muchas veces la desigualdad.

En Costa Rica, tenemos largo camino por recorrer, las cuentas nacionales evidencian que el trabajo de cuidados no remunerado representa el 21,3% del PIB, y es realizado principalmente por mujeres. Ese trabajo, fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad, tiene consecuencias económicas, sociales, políticas y de salud para las mujeres, quienes por su causa presentan una mayor dependencia económica y junto a ello son sujetas de múltiples tipos de violencias que deben erradicarse.

Desde la Universidad Nacional, que ha sido además enriquecida y diversificada desde lo epistémico, cultural, administrativo, político y en el mantenimiento de sus espacios por miles de mujeres a lo largo de estas décadas, debemos continuar en la defensa y lucha por el cumplimiento efectivo de los derechos de cada una de las mujeres que integran nuestra institución, en este sentido, cada una de nuestras áreas sustantivas ha venido aportando y además desde el quehacer extensionista se ha logrado catapultar los hallazgos y experiencias hacia el trabajo conjunto con comunidades y localidades, donde se amplían las brechas de género.

Las mujeres que estudian, que colaboran en las gestiones administrativas y de limpieza, las investigadoras, las extensionistas y las que asumen nuestra mayor vocación que es la docencia, son imprescindibles en nuestra querida UNA y son merecedoras de entornos que respeten cada uno de sus derechos, al igual que todas las mujeres que habitan nuestro país.

Un día como hoy debemos sumarnos al cambio necesario para darle paso a una sociedad costarricense que respete y custodie la vida de las mujeres, y preocuparnos por la ola de feminicidios que nos azota. Un día como hoy, lejos de celebrar debemos comprometernos con el cambio necesario con la justicia y equidad de género.

MUSADE en sus 38 años transformando el dolor en empoderamiento para las mujeres

Enid Cruz Ramírez
Fundadora y coordinadora general de MUSADE
Fundación: 6 diciembre 1986

Este 6 de diciembre, MUSADE conmemoró 38 años de trabajo incansable en favor de los derechos de las mujeres. Fundada en 1986, en un contexto de profundas desigualdades y discriminación, la organización nació como una respuesta de base para combatir las opresiones que silenciaban y limitaban a las mujeres en Costa Rica.

Desde entonces, MUSADE ha sido mucho más que una organización: ha sido un refugio y un espacio de acogida para las mujeres que enfrentan violencia, desigualdad y exclusión. Aquí, el dolor ha encontrado consuelo, y las voces que alguna vez fueron silenciadas han florecido en mensajes de lucha y esperanza.

En un periodo en el que la violencia contra las mujeres era invisibilizada y la discriminación era parte del día a día, MUSADE rompió esquemas. Se posicionó como un referente, no solo para atender a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, sino también para empoderarlas, educarlas y acompañarlas en el proceso de reconstrucción de sus vidas. Ha sido un espacio de aprendizaje colectivo, donde cada mujer ha fortaleció su capacidad para desafiar las estructuras de opresión.

Retos a lo largo de 38 Años

A lo largo de estas décadas, MUSADE ha trabajado en múltiples áreas: prevención de la violencia de género, salud sexual y reproductiva, liderazgo comunitario y fortalecimiento de redes de apoyo. Ha contribuido a la creación de políticas locales que promuevan la igualdad de género y ha llevado adelante proyectos que benefician directamente a las mujeres en las diferentes regiones del país.

Entre sus mayores logros, destaca su capacidad para formar lideresas comunitarias, impulsar políticas públicas inclusivas y convertirse en un actor clave en la lucha por los derechos de las mujeres a nivel nacional. No obstante, MUSADE también enfrenta retos importantes:

  1. Sostenibilidad financiera: Como muchas organizaciones de base, asegurar recursos económicos constantes para continuar con su labor es un desafío permanente.
  2. Persistencia de la violencia de género: A pesar de los avances, la violencia sigue siendo una realidad para miles de mujeres, exigiendo que las estrategias de atención y prevención se adapten a contextos cada vez más complejos.
  3. Desafíos culturales y sociales: Romper con estereotipos de género y arraigos culturales sigue siendo una tarea urgente, especialmente en comunidades donde las desigualdades están profundamente enraizadas.
  4. Acceso a la tecnología y nuevos enfoques: En un mundo digital, MUSADE debe seguir integrando herramientas tecnológicas para amplificar su mensaje y llegar a nuevas generaciones de mujeres.

Una casa de empoderamiento

MUSADE ha sido y seguirá siendo un faro para aquellas mujeres que buscan transformar su realidad. Más allá de ser una organización, representa una red de sororidad, un hogar donde las historias se entrelazan, los miedos se superan y los sueños cobran vida. Su compromiso con la justicia social y la igualdad sigue siendo inquebrantable.

Celebrando el legado y mirando al futuro

En su 38 aniversario, MUSADE reafirma su misión de ser una voz para las mujeres, un espacio de aprendizaje y una plataforma para el cambio. Este aniversario no solo es un momento para celebrar lo que se ha logrado, sino también para recordar que la lucha por la equidad de género es un camino que sigue demandando esfuerzos colectivos.

MUSADE invita a la comunidad a ser parte de este legado, a unirse en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia para todas las mujeres.

¡Felicidades, MUSADE, por 38 años de transformar vidas y construir esperanza!

Defensoría realizó diálogo sobre situación de los derechos humanos en el país

Primer encuentro con delegaciones diplomáticas

Jueves 07 de marzo 2024. La Defensoría de los Habitantes convocó a diferentes representaciones diplomáticas en el país para establecer un primer diálogo sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica.

La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, comentó la importancia de poder conversar de los retos país en esta materia, pero además escuchar a partir de la visión de cada una de las misiones diplomáticas distintas experiencias que permitan fortalecer los procesos de incidencia y acción conjunta para la defensa de los derechos de las personas habitantes.

En la actividad estuvieron presentes embajadores, embajadoras y representaciones de Alemania, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Países Bajos. Perú, Suiza, la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas.

La Defensora de los Habitantes presentó una radiografía de distintos hechos en materia de derechos humanos que Costa Rica debe prestar más atención para evitar una regresión en su cumplimiento, a saber, la situación de la disponibilidad e inversión en la protección del recurso agua como derecho fundamental, los niveles de violencia e inseguridad, el retroceso en la calidad de la educación, la presencia de discursos de odio en la sociedad, la exclusión, discriminación y desigualdad social, las debilidades en la atención de la pobreza, y cómo los flujos migratorios han rebasado las capacidades de la institucionalidad del Estado. También alertó de la situación de recortes presupuestarios que afecten la inversión social, en especial, a la niñez y adolescencia.

También expuso sobre las vulneraciones en el derecho a la salud reflejado no solo en la poca efectividad en la atención de las listas de espera, sino también en el abordaje para resolver problemas estructurales en materia de faltante de especialistas médico o el rezago en infraestructura hospitalaria, para mencionar dos casos.

Cruickshank expuso los grandes riesgos que representan la rigidez presupuestaria que, por años, viene enfrentando la Defensoría, que no solo afecta la posibilidad de hacerle frente a los gastos operativos esenciales, sino que impide la presencia institucional en zonas alejadas o críticas del territorio nacional. Igualmente compartió con las delegaciones diplomáticas algunos proyectos de cooperación que se estarían impulsando este año desde la perspectiva de derechos humanos y empresas, educación, equidad de género y población indígena.

Información complementaria: Costa Rica iniciará el 2024 con riesgos de regresividad en Derechos Humanos: https://acortar.link/U5MgQS

Declaraciones de Defensora de los Habitantes: https://acortar.link/N22SdF

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes