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Etiqueta: equidad social

UNDECA se opone a cualquier forma de privatización

Comunicado de UNDECA

Nuestro ejemplar sistema de Salud se construyó sobre la base de la universalidad, solidaridad, equidad y financiamiento tripartito, convertido en pilar fundamental de nuestra sociedad, generando no solo equidad social sino desarrollo humano.

La privatización de servicios, con la mentira de la “eficiencia del sector privado”, ha sido un fracaso demostrado en muchas latitudes de nuestra América, no hay ninguna solidaridad en mercantilizar el Derecho Fundamental.

El traslado de fondos públicos solo ha servido para aumentar las utilidades y satisfacer los intereses de las empresas que lucran con los derechos sociales de la población sobre todo la más vulnerable.

En las últimas décadas, los gobiernos han favorecido el sistema de salud privado, asfixiando y desmantelando a la Caja Costarricense de Seguro Social, con una deuda que supera los 3.000 millones de millones de colones (3 billones), deteriorando injustificadamente la prestación y continuidad de servicios con oportunidad y calidad.

Las empresas privadas que lucran con el derecho a salud determinan primero la “siniestralidad” del afiliado al sistema, es decir, los factores de riesgo de enfermar, buscando captar al individuo que le genere beneficio económico (rico y sano), y tratará por todos los medios de expulsar a los que generen mayores costos (pobre y enfermo).

Generan un círculo vicioso en el que se le entregan menos recursos a los Centros de Salud de la Caja y luego se lo hace competir con un sistema privado que recibe más ingresos, por servicios de menor complejidad, pagándole sobreprecios para generar utilidades a los que lucran con un mercado cautivo de salud, generalmente, grandes consorcios que se apropian del mercado. (holdings de salud)

Con la falaz excusa de que los centros de salud no tienen la capacidad de absorber la demanda, pretenden imponer modelos privatizadores como los copagos, un mecanismo de inequidad y de doble pago, que crea una “libertad para elegir” para aquellos que pueden pagarla, para las personas de menores ingresos la expulsión del sistema y la negación del derecho a la salud.

UNDECA defiende el derecho universal a la Salud, el fortalecimiento de la CCSS y el cierre de brechas en el ámbito nacional.

Rotundamente nos oponemos a cualquier forma de privatización institucional, exigimos el pago de las billonarias deudas, detener la sistemática precarización laboral de nuestro recurso humano -motor de la Seguridad Social- previniendo y evitando la migración al sector privado en detrimento de todos los niveles, desde la atención primaria hasta los hospitales de mayor complejidad, demandamos el fortalecimiento de la participación ciudadana.

¡Los trabajadores son el capital humano, los pacientes nuestra razón de ser!

San José, 04 de diciembre 2023

¿AMOR Y AMISTAD?

Marco Castillo Rojas

El origen de este día fue la celebración de un santo católico San Valentin, quien tenía la costumbre de celebrar el amor de parejas heterosexuales. Luego el comercio incluyó la amistad en la celebración porque no vendía suficiente con sólo la celebración del amor.

Pero, aparte del origen de ese día, ¿podemos decir que incluye el amor de parejas del mismo sexo y la amistad con las personas trans?

Les dejo esta interrogante que cuestiona la equidad social.

Dudas y cautela ante separación de su cargo de juez Francis Porras

Marco Antonio Castillo Rojas

La Corte Suprema de Justicia ratificó la separación de su cargo del juez notarial Francis Porras, quien trató de anular el matrimonio de Rodrigo Campos Hernández conmigo.

Esa noticia nos satisface porque conlleva el reconocimiento de nuestros derechos como personas de la diversidad sexual y de género. Además, porque conlleva el reconocimiento a la labor realizada por la jueza que nos casó.

Considero una victoria que nos hace sentir que vamos caminando hacia adelante y no retrocediendo como pretendía Francis Porras. Es el reconocimiento a la lucha emprendida por muchos y muchas y que nos llevará algún día a la equidad social.

Solo me preocupa que la resolución habla de separación del cargo, y no dice despido, lo que no sé como se interpreta porque Francis Porras fue entrevistado este jueves 27 por la comisión de la Corte de nombramientos para el cargo de Fiscal General. Indudablemente que el Fiscal debe ser una persona de amplio criterio jurídico y no alguien que se oponga al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
San José, enero de 2022.

Nuestro desarrollo debe apostar por la sostenibilidad ambiental

Luis Fernando Astorga Gatjens

Costa Rica es un país privilegiado por la enorme riqueza en recursos naturales que alberga en su territorio. El nuestro es uno de los 20 países con mayor biodiversidad del planeta. Contamos con una enorme pluralidad de vida silvestre, como consecuencia –en gran medida—de la posición geográfica entre las dos masas continentales de América del Norte y Sudamérica, el clima neotropical y la amplia variedad de hábitats.

Esta situación nos ha generado una serie de ventajas en la producción agrícola (venida a menos, en los últimos tiempos, por el limitado o nulo apoyo gubernamental a los agricultores) y en el desarrollo del turismo (principal fuente de nuestras divisas). Año tras año miles de turistas de distintos países del globo, son atraídos por nuestros volcanes, montañas, playas y, en general, por todas las bellezas escénicas, pero también por la estabilidad política del país.

Toda esta riqueza natural coloca a Costa Rica en condiciones para impulsar su desarrollo, presente y futuro, centrado en un triángulo armonioso que debe conjugar: Crecimiento económico, justicia y equidad social, y sostenibilidad ambiental. Desfortunadamente, la equidad social se ha venido debilitando hasta el punto de derivar en convertirnos en el octavo país más desigual del mundo (dicho por el Banco Mundial) y en materia ambiental, en varios aspectos, el país se muestra más como “candil en la calle y oscuridad en la casa”.

Dos ejemplos concretos de esa debilidad en la atención de los desafíos en materia ambiental, lo constituyen el desastre ecológico de la explotación descontrolada en “Crucitas” de Cutrís de San Carlos, y la polución de importantes ríos; entre los que se destaca la grave contanimación del Río Virilla, catalogado como el más contaminado de la región centroamericana.

Es dentro de tal contexto que hay que colocar la explotación de la minería en el país. Valga indicar que con respecto al petróleo no se tiene completa certeza si hay suficiente volumen para determinar si vale la pena su  eventual explotación. Lo que se tiene claro, hasta el presente, es que Costa Rica presenta potencialidad pero eso no se traduce automáticamente en existencia suficiente para su extracción comercial. Asimismo es muy necesario valorar el negativo e inevitable impacto ambiental que generaría la explotación del petróleo en nuestro pequeño territorio. En una época en que cada vez más países se inclinan por obtener le energía en proyectos ambientalmente limpios (producción hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz), el país debe afirmarse en una matriz de desarrollo, en la cual la protección y conservación ambiental debe ser una prioridad, asegurando la utilización de energías limpias; campo en el que se ha acumulado una valiosa experiencia.

Hace 18 años, en el gobierno del Presidente Abel Pacheco se impulsó un acertado decreto que impide la exploración y explotación petrolera hasta el año 2050. Sin embargo, tal decreto presidencial puede ser revocado por cualquier mandatario. De ahí la importancia de que se apruebe una ley que de mayores garantías a la veda de explotación del hidrocarburo.

Para resolver tal escollo, se presentó un proyecto de ley (expediente número 20.641), que no contó con el respaldo necesario en la Asamblea Legislativa. La iniciativa ha buscado avanzar en la eliminación del uso de los combustibles fósiles y en la declaratoria del territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Tal proyecto recibió el apoyo de un grupo de 150 organizaciones no gubernamentales y empresas, que han constituído el Movimiento Costa Rica Libre de Perforación, con la que el país se podría convertir en un referente mundial en este ámbito.

Sin embargo, esta propuesta de ley tiene detractores en el Parlamento que se oponen a ella, obnubilados ante el llamado “oro negro”. Ésto se reflejó en días recientes cuando al proyecto mencionado se le venció el plazo para ser tramitado, ya que solo 26 diputados se manifestaron a favor de extender el plazo cuatrianual del proyecto legislativo. Esta situación obliga al impulso de un nuevo proyecto, que asegure la meta de convertir a Costa Rica en un país en que no haya posibilidades de explotación petrolera. La lucha debe seguir porque se trata de un componente fundamental de nuestra propuesta de desarrollo social y ambientalmente sostenible.

Otro lunar en el ámbito ambiental lo ha constituído la autorización que se dio en el pasado a la minería a cielo abierto en “Crucitas”. Hace díez años, en forma acertada, se revocó la autorización a la minera canadiense Infinito Gold Ltd. Sin embargo, lo que vino después de tan acertada revocatoria fueron una serie de acciones de extracción ilegal del oro, por parte de coligalleros, con subsecuentes daños ambientales. El uso del mercurio ya deja secuelas graves en el proceso extractivo.

Se ha denunciado con insistencia que alrededor de la explotación del oro en “Crucitas”, existe una “mafia” que explota a coligalleros de Nicaragua y Costa Rica que reciben una limitada remuneración por el peligroso trabajo que realizan, exponiéndose a sustancias químicas peligrosas. El grave problema de esta zona es que existen muy pocas oportunidades laborales; lo que empuja a muchos trabajadores a exponerse a estos riesgos y caer en las garras avariciosas de esta “mafia”. Una responsabilidad directa en que se esté dando este tipo de extracción ilegal y descontrolada, la tiene el Gobierno que no ha sido capaz de contener y revertir la situación.

La historia de “Crucitas” debe y puede ser cambiada a partir de una decisión política que junte positivamente el esfuerzo por seguir impulsando nuestro Estado Social de Derecho con la explotación controlada del oro en esa región sancarleña. Se requiere que se dé un claro compromiso del gobierno que iniciará funciones el próximo 8 de mayo, para que en este ámbito seamos también referente internacional y no motivo de vergüenza ecológica.

Aquí quiero resaltar la excelente iniciativa del destacado activista ambiental, Freddy Pacheco que se orienta a asegurar recursos de la explotación ambientalmente controlada del oro de “Crucitas” en inversión en atención y salud de las personas mayores del país. Como bien lo indicó el biólogo Pacheco al “Semanario Universidad”: “En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, tenemos un yacimiento de oro que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir más unos US$133 millones anuales (cerca de ¢82.000 millones) por al menos una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de 70.000 onzas de oro en lingotes. Parece un sueño, pero no lo es, y por eso hubo empresas extranjeras que buscaron realizar esa explotación en, por supuesto, beneficio propio”. Una iniciativa como ésta favorecería a coligalleros autorizados y debidamente supervisados y a las urgidas finanzas de la CCSS para la atención de la población adulta mayor.

Se trata de una excelente iniciativa que debe contar con el entusiasta respaldo de quienes creemos que Costa Rica debe seguir apostando por una propuesta de desarrollo armoniosa en lo económico, social y ambiental.

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?”, se pregunta el Papa Francisco en su Encíclica “Laudato Si”. Y responde: “Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”. Tal debe ser la convicción de todos y todas.

Pronunciamiento Rectoría UNA solicitando el veto a la pesca de arrastre

Pronunciamiento de la Rectoría de la Universidad Nacional, para solicitar el veto del proyecto de ley N°21.478 “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”

Estimada comunidad universitaria y nacional:

Me permito remitir el Pronunciamiento de la Rectoría de la Universidad Nacional, para solicitar el veto del proyecto de ley N°21.478 “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica” ante el señor Presidente de la República.

Considerando:

  1. Los principios del Estatuto Orgánico de Humanismo, Responsabilidad ambiental y Conocimiento Transformador, así como los valores de compromiso social, equidad y respeto, como pilares de la vinculación de la universidad con la sociedad.
  2. El trabajo denodado fundamentalmente emprendido por la Escuela de Ciencias Biológicas y otras unidades académicas de la Universidad Nacional desde 1985, el cual se ha caracterizado por la cooperación con el estado y las comunidades en diferentes campos de las pesquerías, brindado apoyo a la Dirección de Pesca convertida posteriormente en el INCOPESCA, siempre buscando los principios del desarrollo sostenible, con equidad social, el bienestar económico de la ciudadanía y la protección del medio ambiente.
  3. La alerta expresada por las y los investigadores de la UNA, a través de diversos estudios e informes científicos desde 1990, sobre la sobreexplotación de muchas especies marinas, entre ella el camarón, tanto por los pescadores artesanales en el Golfo de Nicoya como por la Flota semiindustrial arrastrera de camarón. En ellos se solicitaban un cambio en las políticas públicas relativas al manejo sostenible de la actividad pesquera.
  4. La pesca de arrastre desobedeció los llamados de la sociedad civil, y agravó la situación cuando sus ingresos principales, cambiaron de la especie objetivo (camarón) por los peces de interés comercial que capturaban (pargos, corvinas, cabrillas, robalos), afectando los ingresos del sector de pescadores artesanales. Sumando la carencia de INCOPESCA para vigilar y sancionar las actividades ilegales, no declaradas, no documentadas.
  5. El pronunciamiento de la Sala Constitucional en el 2013 que prohibió permitir o renovar nuevas licencias, recalcando los daños severos al fondo marino, ante lo cual la Junta Directiva del INCOPESCA después de tratar infructuosamente de cambiar la prohibición, optó por crear nuevas licencias.
  6. La preocupación expresada por la sociedad costarricense por la afectación al artículo 50 de la Constitución Política que expresa: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado». Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”.
  7. Las posibilidades de trabajo conjunto entre la Universidad Nacional y diferentes instituciones del Estado, así como con las comunidades pesqueras para desarrollar la pesca sostenible, entre otras del calamar en el Domo Térmico de Costa Rica (45.000 km2).
  8. La importancia de la consideración del Domo Térmico de Costa Rica (porción marina de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes), que está en aguas nacionales, como Área Marina de Manejo y que se solicite a la UNESCO la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad.
  9. La aprobación, por mayoría simple, por la Asamblea Legislativa del proyecto de ley N°21.478 “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.
  10. La potestad de la Presidencia de la República del vetar la ley “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.

Por tanto, resuelve:

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SOLICITA EN FORMA VEHEMENTE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR CARLOS ALVARADO, EL VETO A LA LEY DERIVADA DEL EXPEDIENTE N°21.478 “APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE ARRASTRE DE CAMARÓN EN COSTA RICA” Y EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MARINO COSTARRICENSE.

M.ed. Francisco González Alvarado, Rector Universidad Nacional

***Información: Oficina de Comunicación UNA, tel. 2237-5929 / 2277-3067***

La crisis del Covid en Costa Rica: una reflexión desde la geografía crítica

José Antonio Mora Calderón
Alberto Gutiérrez Arguedas

El presente documento es resultado de las reflexiones expuestas en el Foro “La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19”, realizado el 10 de junio de 2020, en el marco del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (GT-PGCL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como tal, el texto está estructurado en forma de una secuencia de ideas, a partir de las tres cuestiones/interrogantes que fueron levantadas en dicho Foro: (1) ¿Cómo ha sido la respuesta de cada gobierno? (2) ¿Cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno y cómo se complejiza en esta coyuntura? y (3) ¿De qué forma la geografía en general y la geografía crítica en particular contribuye o puede contribuir a enfrentar esta crisis?

  • 1) Respuesta del gobierno/Estado costarricense
  • Desde el punto de vista meramente técnico-epidemiológico, la respuesta del Estado y la sociedad costarricense para contener la pandemia del Covid ha sido bastante eficaz y satisfactoria. Los números así lo revelan: 1.375 personas infectadas y 11 personas fallecidas -al 9 de junio-. Un dato revelador es el hecho que han muerto casi el doble de costarricenses en Estados Unidos (20), que dentro del territorio nacional. No obstante, en la última semana (1-7 junio) se ha visto un aumento inusitado de los casos, localizados principalmente en la Zona Norte, asociado a los enclaves agroexportadores. Vale aclarar: a pesar de que los números son en apariencia “buenos”, no queremos ser fríos y restar importancia a esta situación, pues la misma ha provocado sufrimiento a cada una de esas personas afectadas y sus familias.
  • Las medidas tomadas por el gobierno, y especialmente ordenadas desde el Ministerio de Salud, han buscado aminorar la cantidad de casos, evitar el llamado contagio comunitario, y al mismo tiempo desacelerar la velocidad de propagación del virus, con el fin de que el sistema de salud no colapse. Estas medidas han sido el teletrabajo en el sector público, cierre de escuelas, colegios y universidades públicas trasladando la educación a una modalidad virtual, la cuarentena voluntaria, así como la obligatoria para las personas que han venido del extranjero durante el estado de emergencia, el cierre de playas, parques nacionales y parques urbanos y metropolitanos, cierre de bares y espacios de confinamiento como teatros y cines, restricción vehicular y partes sanitarios, y otros.
  • Otro aspecto a destacar en esta coyuntura es la propuesta realizada por el gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud -OMS-, para crear un repositorio de acceso público en donde se faciliten conocimientos y tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del Covid. Si bien es una iniciativa admirable, el peso político que esta puede tener es bastante limitado, tomando en cuenta el papel de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo.
  • El principal factor que explica este “éxito” es la existencia de un sistema público de seguridad social aún bastante sólido y funcional, a pesar del debilitamiento que ha sufrido durante cuatro décadas de neoliberalismo, lo cual demuestra su enorme resiliencia. Han tenido un papel protagónico, en primer lugar, la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- y el Ministerio de Salud, pero también, todo un conjunto de instituciones públicas solidarias (Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, universidades públicas, Fábrica Nacional de Licores -FANAL, encargada de la producción de alcohol en gel-, Consejo Nacional de Producción -CNP-, entre otros).
  • En ese sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más claros que nos deja esta crisis es la importancia de defender las instituciones públicas, las cuales han sido víctimas de hostigamiento y de un ataque fraudulento y sistemático por parte de los grupos de poder político-económico, que abogan por su privatización. Todas las instituciones mencionadas anteriormente sufren graves desequilibrios financieros, así como un deterioro de su imagen en la opinión pública.
  • 2) Contexto político y presiones económicas
  • La crisis sanitaria del Covid ocurre en un momento de profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región, en Costa Rica el proceso de neoliberalización no se ha caracterizado por “políticas de shock”, sino por una implementación gradual y progresiva durante casi 40 años, con algunas fases de aceleración, como la que vivimos actualmente. Otros ejemplos pueden ser los tres Programas de Ajuste Estructural (1985, 1989 y 1995), así como la firma del TLC con Estados Unidos (2008).
  • Como antecedente político más inmediato, tenemos la aprobación de una reforma fiscal de clara vocación regresiva, en 2018. Dicha reforma fue impuesta por el gobierno actual de forma vertical y autoritaria, a pesar de la masiva oposición por parte de diferentes sectores sociales. Entre algunas de sus medidas más cuestionables está la regla fiscal (que abre las puertas a recortar e inclusive cerrar instituciones públicas) y el Impuesto al Valor Agregado -IVA- (que recarga sobre la base social el mayor peso de la recaudación fiscal), al mismo tiempo que perpetúa privilegios fiscales sobre grandes capitales y no corrige los graves problemas de evasión y elusión.
  • Por detrás del “éxito” en la contención de la pandemia, se esconde un escenario social y económico muy preocupante, el cual se ha visto agravado y profundizado por esta crisis. Costa Rica ya está dentro de los diez países con mayor desigualdad en el mundo (el 20% más rico percibe 13 veces más ingresos que el 20% más pobre); el desempleo ha alcanzado uno de sus máximos históricos (12,5%) y apunta a seguir creciendo; hay una precarización económica y laboral acelerada (47,1% de la población económicamente activa en el sector informal), retroceso en derechos laborales; así como profundas asimetrías territoriales y regionales.
  • Los impactos económicos suscitados por el Covid han recaído mayoritariamente sobre aquellos sectores que ya, de por sí, estaban precarizados: pequeños productores y comerciantes, trabajadorxs informales, trabajadorxs del sector privado (el turismo sufrió un fuerte golpe), mujeres, jóvenes, entre otros. Cada vez más, importantes segmentos de la población enfrentan grandes dificultades y angustias para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda, trabajo y acceso a servicios. En muchas comunidades, rurales y urbanas, el hambre toca la puerta (encuesta reciente revela que una de cada tres personas se ha visto en la necesidad de disminuir tiempos de comidas).
  • Al mismo tiempo en que destacamos la importancia del Estado Social y las institucionalidad pública, criticamos el abandono histórico y sistemático que ha sufrido un conjunto de grupos sociales subalternos, por parte de ese mismo Estado. Campesinxs, pescadorxs, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante y refugiada, entre otras, han sido víctimas de exclusión y violencia estructural por décadas, y hoy, son algunos de los grupos en condición más vulnerable frente a la pandemia. El reciente brote de Covid en los enclaves agroexportadores -cuya mano de obra es mayoritariamente migrante- es clara muestra de ello.
  • Es precisamente a partir de estos grupos en condición de subalternidad que vemos algunas de las estrategias y alternativas más interesantes para encontrar salidas a la crisis social, económica y política del Covid. Frente al abandono y exclusión histórica, agravada en la coyuntura actual, se fortalecen los vínculos de solidaridad y reciprocidad, el autocuidado comunitario, muchas veces al margen del Estado, e inclusive, del mercado. Las comunidades fortalecen sus vínculos con el territorio, en busca de garantizar la reproducción de la vida.
  • En la coyuntura actual, el gobierno -y el Estado en general- se ha visto sometido a fuertes presiones por parte de grupos de poder político-económico. Si bien las medidas de contención de la pandemia han sido bastante eficaces, pareciera que hay sectores sobre los cuales el Estado prácticamente no tiene poder de injerencia, como el agronegocio. Las clases dominantes buscan aprovechar el estado de excepción provocado por la crisis del Covid para profundizar aún más el modelo, como quedó evidente en el documento publicado por Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado -UCCAEP- el pasado 5 de junio, titulado “Un pacto por el empleo”, en donde abogan, de manera cínica y autoritaria, por la eliminación y flexibilización de regulaciones laborales, fiscales y ambientales, para “reactivar la economía”.
  • 3) Aporte de la geografía crítica para enfrentar la crisis
  • La geografía crítica puede ayudarnos a visibilizar la centralidad del territorio como parte de la construcción de un modelo de organización societeria alternativo. Ha quedado en evidencia la grave vulnerabilidad de tener una economía tan liberalizada y abierta a los circuitos de acumulación globalizados (por ejemplo, el agronegocio y el turismo), por lo tanto, es un momento oportuno para problematizar este modelo y apostar en otros usos del territorio, buscando una mayor equidad social, autonomía y justicia ambiental, “desde abajo y hacia adentro”. Propuestas como la agroecología y la economía social solidaria toman fuerza y se muestran como horizontes alternativos posibles. La soberanía/autonomía alimentaria es fundamental.
  • No obstante, creemos que a pesar de lo central que se ha vuelto el territorio para comprender y pensar en alternativas, la discusión de pensar la pandemia desde la lógica del territorio de gobernanza (Estado-nación) también puede invitar a fortalecer los nacionalismos, queriendo compararse con otros países. Esto puede llevar a que se pierda la perspectiva crítica en cuanto a la construcción social e histórica de los territorios, las territorialidades y los estados-nación. Pensamos esto porque nos preocupa el aumento del discurso de odio, xenofobia y chauvinismo, que se está dando en Costa Rica, por el aumento de casos en la Zona Norte.
  • Las escalas geográficas han cambiado enormemente a partir de esta pandemia. En este contexto, hablar de conceptos básicos de la Geografía como desplazamientos, distancias y localizaciones se vuelve un enorme reto, principalmente por el aumento del uso a los mecanismos digitales de comunicación. Además de ello, el confinamiento ha implicado desde doble a triples jornadas de trabajo en las mujeres, y esto no se puede naturalizar. La gigantesca ola de desempleo que desató esta pandemia tiene y tendrá repercusiones sociales que aún no logramos imaginar. La violencia y el consumo de alcohol en las casas se ha disparado y en general han cambiado muchísimo las escalas desde donde la gente está produciendo y reproduciendo su vida, en la medida de sus posibilidades. Por todo ello, nos surge la pregunta de cómo será la actual Geografía del Confinamiento en medio de esta pandemia. ¿Cómo podríamos cartografiar más allá de los casos activos por cantón, sino más bien lograr evidencias todas estas otras dinámicas sociales que se han desarrollado?