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Etiqueta: Escuela de Geografía

Análisis del comportamiento de la precipitación con base en el déficit y el superávit de lluvia

Hace unos días el gobierno anunció racionamiento en el servicio de electricidad y agua potable del país debido a los bajos niveles de agua disponibles para la generación de energía y la presunta situación de sequía que enfrentamos.

En relación con esta problemática, el OACG en colaboración con la Doctora en Física, Ana María Durán Quesada y el candidato a doctorado en Hidrología, Nelson Venegas de la Universidad de Varsovia (Polonia), queremos compartir un breve análisis del comportamiento de la precipitación (con base en información global del producto CHIRPS que ha sido validado para la región, Arciniega et al. 2022 ) en donde comparamos el déficit y el superávit de lluvia para un periodo de 40 años (1981 al 2020) con el periodo que abarca de abril 2023 a marzo 2024.

Efectivamente, como resultado del impacto de la fase El Niño del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) se tuvo en el periodo de abril 2023 a marzo 2024 una reducción en la lluvia en las regiones Caribe y Pacífico Sur en comparación con el comportamiento promedio.

No obstante, de acuerdo con la información de CHIRPS, no hay evidencia de condiciones de sequía para la región central del país desde junio/julio 2023 al presente.

Por el contrario, se tuvo condiciones de lluvia cercana o incluso mayor con respecto al promedio desde octubre 2023.

Como muestran los mapas adjuntos, solo se presentó un leve déficit de precipitación en Guanacaste, pero con una duración hasta octubre 2023.

Desde ese momento, diferentes regiones del país experimentaron condiciones de lluvia normales o incluso con mayor cantidad de lluvia como fue el caso de noviembre.

Cabe destacar, que posterior a noviembre inicia la transición a la época seca, por lo que en este periodo la disminución de la precipitación es parte de las características climatológicas del país.

Durante marzo 2024, se observa condiciones secas propias de una época seca extendida por la influencia de El Niño. Esta condición es similar a las condiciones observadas durante eventos El Niño previos, aunque es importante mencionar que las condiciones secas en esta ocasión no fueron tan marcadas como en eventos El Niño anteriores.

En resumen, esta evaluación indica que el déficit de precipitación durante el reciente evento El Niño no ha sido tan marcado, incluso en periodos El Niño anteriores las condiciones deficitarias de lluvia fueron más severas.

El problema del recurso hídrico, tanto para consumo como para generación, sigue siendo un problema que resulta de la gestión ineficiente del recurso, infraestructura faltante u obsoleta y una toma de decisiones enmascarada por motivos políticos y no basadas en el interés de proveer de los servicios básicos a la población. *

*Esta publicación nace del compromiso de tres profesionales en el área del recurso hídrico con la importancia de la información basada en evidencia y no necesariamente refleja la opinión institucional de la Universidad de Costa Rica.

Fuente: Observatorio del Agua y Cambio Global – Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica: https://www.facebook.com/story.php?id=100057136965799&story_fbid=1037231108191445

Quebradores arrasan con los ríos para exportar materiales

El Trabajo Comunal Universitario “Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales” del Programa Kioscos Socioambientales y Escuela de Sociología de la UCR que acompaña distintas comunidades que defensa del agua en Puntarenas, denunció el aumento de la exportación de materiales de río y su impacto socioambiental.

Según datos de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Minae, los principales países receptores del material exportado desde Costa Rica entre el 2006 y el 2018 fueron Nicaragua y San Andrés de Colombia. Datos revelados por esa entidad evidencian que, durante el 2006, el país exportó 32.150,00 metros cúbicos (m3) de piedra de río y 24.255,00 m3 de arena de río. Seis años después, en el 2012, salieron 20.337,62 m3 de piedra de río y 24.829,59 m3 de arena de río, segunda cifra más alta con respecto al volumen de exportación registrado en ese periodo.

Esas cifras se mantuvieron los años siguientes con crecimientos y disminuciones leves hasta el 2018. Después de ese año, en la página web de la DGM no se ubica información sobre exportaciones de materiales extraídos de cauces. Sin embargo, el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), como fuente para acceder a información sobre visualización y distribución de datos en línea centrada en la geografía y la dinámica de las actividades económicas, da cuenta de que esta actividad sigue muy activa en el país, ya que según datos publicados en el 2021:

“Costa Rica exportó $1,69 Millones en Grava y piedra triturada, convirtiendo en el exportador número 74 de Grava y piedra triturada en el mundo. En el mismo año, Grava y piedra triturada fue el producto número 279 más exportado en Costa Rica. El principal destino de Grava y piedra triturada exportaciones de Costa Rica son: Colombia ($1,66 millones), Nicaragua ($15 mil), Estados Unidos ($6,98 mil), Panamá ($4,02 mil), y El Salvador ($2,23 mil)” (ver en https://oec.world/es/visualize/tree_map/hs92/export/cri/all/52517/2021)

En miras a profundizar esta información, desde el proyecto en mención como desde las organizaciones comunitarias, se procederá a realizar la solicitud formal a la DGM para corroborar los datos revelados por dicho Observatorio.

La coordinadora del proyecto de Acción Social, Dylanna Rodríguez Muñoz aseguró que “sin lugar a dudas, las cifras mostradas dan cuenta de las jugosas ganancias para las empresas dedicadas al mercado de la minería no metálica. No es un dato simple que el país se ubique en el lugar 74 del mundo como exportador de materia prima para la construcción, mientras tanto, comunidades y organizaciones alrededor del país denuncian privatización de los ríos, contaminación, pérdida de biodiversidad, sedimentación, afectación a manglares y disminución de caudales, todo ello como consecuencia de la sobre explotación de los ríos”. Según los mismos informes de la DGM, en el 2018, por ejemplo, en la Región Brunca se contabilizaron un total de 20 denuncias, mientras en la región Huetar Norte, durante el periodo 2019-2020, se recibieron un total de 51 denuncias por irregularidades en la práctica extractiva.

La minería no metálica en los cauces de los ríos o quebradores se ha extendido a todas las regiones socioeconómicas del país (Huetar Atlántico, Huetar Norte, Pacífico Central, Chorotega, Central, Brunca), amenazando algunos de sus ríos, principalmente los más grandes y caudalosos, debido al aumento en las demandas del mercado internacional, ya que una parte considerable de arena y piedra extraída de los ríos del país es exportada, señalan.

La Alianza de comunidades por la defensa del agua en Puntarenas se ha pronunciado en diversas ocasiones por la afectación que han generado estos proyectos mineros en los ríos Guacimal y Lagartos. La misma situación señalan comunidades como Atirro, en Turrialba, con el río Atirro, Maquengal de Guatuso con río Frío y, recientemente, Cóbano de Puntarenas con el río Ario.

Para Rodríguez Muñoz “estas situaciones despiertan cuestionamientos respecto al papel del Minae, a quienes las comunidades y organizaciones achacan la responsabilidad por falta de monitoreo en la ejecución que realizan las empresas concesionarias; pero, sobre todo, indigna que se continúen otorgando prórrogas y nuevos permisos, algunos de ellos a empresas acusadas de corrupción como H. Solís y Meco. A esta primera, el año anterior se le otorgó un permiso de explotación del río Aranjuez por 10 años. Es fundamental, frente a este escenario, una intervención al código de minería y una revisión de los mecanismos institucionales de monitoreo pues, si los permisos y procesos de adjudicación se hacen apegados a la ley, pero eso implica efectos devastadores en los ríos y limita el acceso al agua para las comunidades, algo definitivamente no está bien

Sobre lo mismo, la bióloga Isabel Alvarado, realizó una amplia investigación en su tesis de grado en 2018 sobre los estudios de fauna acuática en actividades de extracción en ríos. Para Alvarado, el principal problema radica en la falta de información, tanto por parte de las instituciones del Estado, como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la DGM. En su investigación halló que en el 96% de casos en que ha mediado un EsIA ha faltado monitoreo periódico institucional. Su investigación hizo un diagnóstico evaluativo de los Estudios de Impacto ambiental, los Planes de Gestión Ambiental y los Informes de Regencia de la SETENA. A partir de un análisis espacial se determinó la presencia de 188 concesiones de extracción en Cauces de Dominio Público otorgados entre el 2000 y el 2015, comprendiendo un 0,64% de la red hídrica del país. Está investigación concluye que la SETENA no está obteniendo datos en cantidad y calidad necesarios para adecuadamente caracterizar el ecosistema y medir su afectación.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Comisión Legislativa de Ambiente investigará Plan Regulador de Talamanca

En la sesión de Comisión del día de ayer 30 de agosto, se votó unánimemente una moción del diputado Ariel Robles para abrir una investigación sobre el polémico Plan Regulador Costero del cantón Talamanca.

La moción solicita “abrir un expediente de investigación que indague sobre la metodología, el procedimiento y los criterios técnicos y científicos que se utilizaron por la Municipalidad de Talamanca y las demás entidades públicas involucradas para generar dicho Plan Regulador”.

Para el diputado proponente “dicho proyecto ha generado total oposición de las comunidades y numerosas organizaciones no gubernamentales con el objetivo de salvaguardar el recurso hídrico en el lugar, evitar la densidad de construcción en áreas de alta fragilidad ambiental, entre otras posibles afectaciones al medio ambiente”.

Recalca que “dicho Plan Regulador también existe la posible violación al constitucional derecho de participación ciudadana y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

El Diputado Robles recuerda que “la Municipalidad de Talamanca publicó un Plan Regulador Costero, que, de acuerdo a su propuesta, podría permitir el cambio de uso de suelo en los sectores boscosos, colocando en riesgo inminente la biodiversidad del lugar”.

Si bien la fracción de Liberación Nacional quiso que este tema se discutiera en la Comisión Legislativa de la provincia de Limón, el diputado fue vehemente que sin importar el color político la Comisión de Ambiente es el lugar temático que corresponde y que hasta el día de hoy la comisión ha tenido una práctica abierta y unánime de llevar a cabo este tipo de investigación, como también lo señaló el mismo presidente de la Comisión, el diputado Gilberth Jiménez Siles.

Finalmente, por unanimidad fue votada con 6 votos a favor por las y los diputados: Gilberth Jiménez Siles, Kattia Cambronero Aguiluz, Oscar Izquierdo Sandí, Manuel Morales Díaz, Katherine Moreira Brown y Ariel Robles Barrantes.

Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur, Movimiento Cahuita Unida, Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), se señalan: (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019, ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.

Ver video de votación,en minuto 1:54:46 / 2:16:11 y moción adjunta.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

¡Jale aquí cerquita! Pococí y Guácimo lo esperan

A una hora y media de San José en el Caribe Norte puede conocer la “Ruta del Agua”, un destino que agrupa unos 40 proyectos distribuidos en 12 comunidades de Pococí y Guácimo con una amplia oferta de turismo rural.

Hay diversas actividades y opciones de aventura, hospedaje, gastronomía y agroturismo para pasear, divertirse o descansar en contacto directo con la naturaleza y muy cerca del Área Metropolitana.

¿Buscando una dosis de adrenalina y emoción? Vive la aventura al máximo con alguna de las diecisiete iniciativas turismo de aventura, donde podrás encontrar senderos, montañas, pozas, ríos limpios, cascadas y cataratas.

Si, aquí lo que sobra es agua para disfrutar, pues según el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, la región sur de la carretera nacional N° 32 (desde el cruce de Río Frío hasta Siquirres) es potencialmente la segunda región que produce más agua en el país, así como una actual y futura reserva estratégica.

Si lo que prefiere es otro tipo de actividades, existen más de quince proyectos agro turísticos, donde las fincas, lecherías y bellos jardines. En las fincas podrá comprar desde café local, artesanías, chocolate, vino de rosa de jamaica o una sangría.

Para después de caminar por la montaña o visitar alguna de las fincas puede disfrutar de las ricas comidas que incluye comidas típicas de la zona: chicharrones, tilapias, picadillo de fruta de pan o un casado al estilo caribeño.

También hay más de 20 establecimientos turísticos que ofrecen cabañas rústicas y opciones de camping rodeados de naturaleza.

Albergadas en el Corredor Biológico Acuíferos Pococí-Guácimo, estas iniciativas turísticas son claves para la protección del agua y la biodiversidad del lugar, asimismo, contribuyen a la generación de empleos en las comunidades de destino.

Puede ver todos los detalles de lugares, ubicaciones y contactos para disfrutar esta Semana Santa en la plataforma ¡Jale aquí cerquita!, lanzada el primero de abril y que se encuentra albergada en el sitio web: https://lilac-orange-c1bm3p.mystrikingly.com/

La campaña forma parte del proyecto de acción social de la Universidad de Costa Rica «Fortalecimiento de proyectos socio-productivos del Caribe Norte» en colaboración con la asociación “Ruta del Agua” y busca no sólo apoyar la economía local post-pandemia en Pococí y Guácimo sino también promover en sus habitantes el acceso a la recreación y al disfrute de sus bienes naturales.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Más información: Turismo en mi comunidad

Kioscos Ambientales UCR

Experto de la UCR participa en una iniciativa mundial que impulsa la sostenibilidad ambiental

Iniciativa mundial para el cambio transformativo busca, entre otras estratégias, el mejoramiento del ambiente y los servicios ecosistémicos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Este esfuerzo de investigación internacional aportaría a gobiernos de diversos países información científica que oriente sus acciones y estrategias en esta materia.

El Dr. Edgar Espinoza Cisneros, investigador de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), forma parte de los expertos que participan de la iniciativa mundial “Evaluación temática del cambio transformativo”, de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

La IPBES es un organismo intergubernamental independiente creado en el 2012 con el objetivo de evaluar el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.

La evaluación temática del cambio transformativo tiene una vigencia de 2019 hasta 2024 y su objetivo es comprender e identificar los factores de la sociedad humana que pueden ser impulsados hacia un cambio transformador para la conservación, restauración y uso racional de la biodiversidad.

“Esta iniciativa surge a raíz de peticiones de gobiernos y autoridades que exigían información científica y confiable sobre las acciones y estrategias necesarias para un cambio transformativo, hacia un viraje a lo que conocemos como la sostenibilidad. Dado el contexto en que estamos de insostenibilidad y cambios sociales tan drásticos ”, expresó Espinoza.

El investigador formó parte de la primera evaluación de la IPBES en 2018 y fue elegido como científico experto posterior a una etapa de evaluación y selección para la presente iniciativa, en la cual comparte con expertos de más de 100 países.

Costa Rica cuenta con dos representantes en esta iniciativa. Mientras que Espinoza participa de esta iniciativa mundial por parte de la UCR, el economista ambiental costarricense, Francisco Alpizar Rodríguez, lo hace en representación de la Wageningen University, de Países Bajos.

“Mi trabajo como evaluador consiste en una revisión exhaustiva de la ciencia que existe detrás del cambio transformativo, sintetizar y presentarla de una manera que pueda ser digerida por los tomadores de decisiones y autoridades, los cuales son parte de las audiencias objetivo de este tipo de evaluaciones”, agregó.

El Dr. Edgar Espinoza Cisneros, investigador de la Escuela de Geografía, representa a la Universidad de Costa Rica en la IPBES, como investigador experto en temas de sostenibilidad. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Este geógrafo destaca la participación de la UCR en la evaluación temática, ya que refleja el compromiso de la academia por generar acciones y estrategias hacia un cambio social, el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad y la aspiración de alcanzar la sostenibilidad en diversos ámbitos.

“La presencia de la Universidad de Costa Rica en una evaluación de esta envergadura es muy importante ya que visibiliza el compromiso por generar cambios sociales y en materia de biodiversidad”, expresó.

El experto enfatiza que el éxito de esta iniciativa establecería un paso importante para una transformación de la estructura social de los países involucrados. Agregó que “significaría una reestructuración grande en el plano económico, tecnológico, cultural y social; que nos haría virar hacia un modelo idóneo de sostenibilidad”.

El académico señala que pese a encontrarse en una fase inicial, la evaluación apunta a tener incidencia en las sociedades involucradas, puesto que se trata de una petición de los gobiernos y las autoridades de diversos países para contar con los insumos y las estrategias en la generación de cambios en materia de sostenibilidad en múltiples sectores sociales. 

Respecto a la posible aplicación de la iniciativa, posterior al 2024, el experto agregó que “la implementación de las acciones sugeridas en la evaluación ya depende de cada país, y ya eso se sale del rango de acción de la IPBES. Esta evaluación es un insumo para la toma de decisiones y planificación, pero la implementación en sí, depende de cada país”.

Además, señala que iniciativas de este tipo se diseminan rápidamente a través de redes de actores que ya tiene la IPBES, y que incluyen tomadores de decisiones, científicos, organizaciones no gubernamentales, corporaciones, y ciertos grupos más comunitarios/locales. Por lo cual, las evaluaciones calan rápidamente en países europeos y Estados Unidos, pero no están dirigidos a un país específico sino a una “comunidad global”.

Para conocer sobre la evaluación temática del cambio transformativo y la plataforma IPBES se puede acceder al siguiente enlace: https://ipbes.net/transformative-change

 

Gustavo Martínez Solís
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Escuela de Geografía de la UCR se pronuncia ante pesca de arrastre

PRONUNCIAMIENTO

La Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica desea pronunciar ante la sociedad nacional su posición respecto a la reciente aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ley para el Aprovechamiento Sostenible de Camarón en Costa Rica, la cual tendrá implicaciones negativas para los ambientes marinos y costeros y para las comunidades que dependen de sus servicios ecosistémicos:

En lo ambiental

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático – IPCC (2019), evidenció en su informe “El océano y la criosfera en un clima cambiante” que la estabilidad del océano se encuentra en declive debido a elementos como la desoxigenación, calentamiento, acidificación, contaminación y la sobreexplotación de los recursos marinos.

La pesquería semi-industrial de arrastre ha demostrado ser un arte de pesca destructivo, no sostenible, y que riñe con la garantía constitucional de asegurar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y en virtud de ello, la Sentencia 10540-2013 de la Sala Constitucional promovió, la necesidad de “una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático”.

En virtud de ello, se realizaron estudios desde INCOPESCA destinados a generar un respaldo científico y tecnológico al uso del arte de pesca. A pesar de ello, un análisis del expediente de la Ley recientemente aprobada muestra reacciones de instituciones públicas, como el SINAC que aducen que el estudio realizado no evidencia el daño en los corales, algas, y en general en el fondo marino, zonas de reproducción, alimentación y crecimiento de varias especies. Asimismo, señala que el estudio solo incluyó a 2 de las 10 especies de camarón que son objeto de captura de parte de la flota de arrastreros. El expediente en mención, demuestra que el mismo INCOPESCA, señala la necesidad de realizar estudios adicionales que no solamente aseguren la disminución de la pesca incidental, sino también analicen el impacto a los fondos marinos, se conozca la biomasa existente, y se mida el impacto social y económico que genera este arte de pesca en otros subsectores del sector pesquero tales como la pesca artesanal. El Centro de Investigaciones sobre el Mar (CIMAR-UCR), plantea que se necesita un verdadero análisis ecosistémico del efecto de la reapertura de la pesquería de camarón con redes de arrastre.

En lo económico

Entre los principales argumentos esgrimidos por los diputados que promovieron esta ley es que se va a generar empleo en comunidades costeras ya impactadas por el flagelo del desempleo desde antes de la pandemia por el COVID 19. Al respecto es importante señalar, que el modelo de desarrollo pesquero semi-industrial tiende a concentrar la riqueza en manos de pocos y que existen estimaciones que señalan que el 65 % de los ingresos generados por la pesca de arrastre, permanecen en manos de los propietarios de las licencias. Las condiciones de empleo de las personas a cargo del procesamiento del camarón son deplorables. En particular, son las mujeres y sus familias las más castigadas por condiciones que no respetan los derechos mínimos laborales.

Adicionalmente los estudios realizados a la fecha, como parte de la obligación señalada por la Sala Constitucional no contemplan los impactos reales de esta actividad sobre otras actividades pesqueras, como es el caso de la pesca artesanal, turística o deportiva. O las diferentes actividades turísticas en la costa y espejo marino.

Ambos efectos económicos señalados generan evidencias adicionales a la incompatibilidad con la contribución de este arte de pesca a un desarrollo sostenible democrático, establecido por la Sala Constitucional como “faro” para reestablecer condiciones de legalidad para el uso de este arte de pesca en Costa Rica.

En lo social

En términos sociales la aprobación del proyecto de ley no viene a solventar las necesidades de las comunidades pesqueras. Al contrario, este proyecto viene a deteriorar la situación precaria de muchas de las comunidades que dependen de la pesca a escala menores. Diversos sectores como Gobiernos locales, sectores académicos, sectores de la sociedad civil organizada y comunidades de Guanacaste y Puntarenas han manifestado su oposición al proyecto señalando que se verían seriamente afectados los medios de vida de diversas poblaciones en diferentes sitios del Pacífico, deteriorando la calidad de vida de una población mucho más numerosa que la que eventualmente tendría ocupación a través de la pesca de arrastre.

La pobreza y la desigualdad producto de años de abandono institucional han creado una brecha social sumamente profunda y en esa línea las comunidades costeras necesitan de proyectos que potencien la economía local y mejoren su calidad de vida.

Por lo tanto, y desde la visión de la Geografía, la cual estudia la relación de las personas y su entorno, utilizando los enfoques de integralidad y de holisticidad como derroteros de análisis del espacio geográfico (incluido el marino), y siendo una disciplina fundamentalmente multidisciplinar, de síntesis, descriptiva, exploratoria, correlacional, predictiva y explicativa que describe, cuantifica, analiza y organiza y gestiona el territorio con la misión de lograr su ordenamiento y aprovechamiento racional, contribuyendo con el paradigma de lograr la satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones, asegurando al menos, idénticas condiciones a las futuras generaciones.

La Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, se une al llamado de no reactivar una práctica pesquera no selectiva e insostenible, ya que además de dañar los bienes comunes en el ejercicio de su poder destructivo de ecosistemas marino costeros, de los cuales dependen las mismas comunidades costeras, tendrá impactos económicos y sociales adversos, en su integralidad, con el desarrollo sostenible democrático.

Además, instamos al Presidente de la República a mantener su compromiso con Costa Rica en garantizar un avance en la protección del mar consolidando áreas marinas de manejo de forma participativa que impulsen el desarrollo productivo sostenible y mejores oportunidades para las poblaciones pesqueras, y seguir contribuyendo en asegurar un futuro sostenible, resiliente y descarbonizado, en el cual la pesca de arrastre no tiene cabida.

D.E.A. Pascal Girot Pignot
Director
Escuela de Geografía

Mapear para mostrar otras realidades: culmina el Curso Corto de Cartografía Participativa para la Educación Popular

30 de octubre del 2020
José Antonio Mora Calderón, Kioscos Socioambientales

Este mes de octubre, desde el Programa Kioscos Socioambientales y la Escuela de Geografía, se llevó a cabo el curso corto de Cartografía Participativa para la Educación Popular, dirigido a docentes y estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Todos los miércoles de este mes, el grupo se encontró vía Zoom para dialogar y trabajar alrededor de distintos aspectos referentes a esta técnica de trabajo, ahora tan utilizada para acompañar procesos grupales y comunitarios. Este pequeño curso se planteó como objetivo que el grupo adquiriera herramientas básicas sobre la Cartografía Participativa y su vinculación con la Educación Popular, así como su aplicación a procesos comunitarios y proyectos de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, desde la experiencia de Kioscos Socioambientales.

La primera sesión trató sobre aspectos básicos de la Cartografía Participativa, tales como la diferencia entre la cartografía convencional y la participativa, la importancia de los mapas y la posibilidad de realizar otras cartografías para contar otras historias invisibilizadas, la vinculación de la Educación Popular con la Cartografía Participativa y con la Investigación Acción Participante (IAP). Este día se contó con la participación de los Iconoclasistas de Argentina, quienes comentaron parte del trabajo que han realizado en estos últimos 10 años, pero sobretodo ahora en tiempos de pandemia.

En la siguiente semana se habló sobre lo que podrían ser pasos para hacer Cartografía Participativa en comunidades y grupos, considerando elementos fundamentales como el ingreso a la comunidad y el inicio del vínculo grupal, el significado de mapear territorios a través de un proceso de sensibilización, la apropiación de los mapas durante el proceso de creación cartográfica, la importancia del trabajo de campo en conjunto con el grupo y la comunidad con el fin de recorrer el territorio que se mapea y la necesidad tan grande de estar sistematizando y devolviendo constantemente la información generada con el grupo, como parte de la responsabilidad que se tiene a la hora de trabajar temas sensibles y de acompañar procesos grupales, muchas veces comunitarios.

También se vieron aspectos básicos sobre distintos tipos de Cartografía Participativa, como los mapas sociales, los mapas mudos, la iconografía preestablecida y el uso de aplicaciones de celular con gente de comunidad, para poder elaborar mapas en conjunto. Se habló mucho de los mapas-cuerpo, en donde fueron vitales las charlas del Colectivo Geobrujas de México y el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. Estos últimos también comentaron parte de su trabajo en la zona amazónica del Ecuador, acompañando comunidades que han vivido los pasivos e impactos ambientales ocasionados por la actividad petrolera.

Cerramos este curso corto hablando sobre el sentido ético-político del trabajo con Cartografía Participativa en procesos socioeducativos. Se discutieron tanto aciertos como desaciertos a la hora de trabajar mapas con la gente: ¿Que se mapea? ¿Qué no se mapea? ¿Cómo acompañar estos procesos? ¿Quién se adueña de la información que se genera en los mapas? ¿Qué pasa si el grupo no quiere mapear? Fueron algunas de las preguntas que se trabajaron en esta última sesión. Para el cierre de este curso corto se contó con la compañía de Diana Ojeda, profesora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, quien nos compartió parte de su trabajo en la zona de los Montes de María del caribe colombiano utilizando lo que ella ha llamado contra-cartografías, ya que son otras formas de mostrar realidades y situaciones invisibilizadas, como son las historias del despojo colombiano.

Como Kioscos nos interesa muchísimo poder compartir parte de las metodologías que hemos utilizado durante todos estos años, acompañando organizaciones comunitarias que se han enfrentado a conflictos socioambientales y socioterritoriales diversos en distintas partes de la ruralidad costarricense. La idea es que otras personas de la comunidad universitaria adquieran estas herramientas de trabajo, pero sobretodo se habiliten espacios para la reflexión crítica de la importancia ética y política de cuando se acompañan procesos socioeducativos desde la academia.

UCR-taller: “Construcción de escenarios socio-ambientales en Centroamérica para el año 2050”

La Escuela de Geografía de la UCR, el Observatorio del Agua y Cambio Global CIMAR y CIGEFI le invitan al taller «Construcción de escenarios socio-ambientales en Centroamérica para el año 2050» que se realizará los días 6 y 7 de noviembre de 9 a.m. a 4 p.m. en la Sala Multiuso de la Escuela de Geografía.

El taller será impartido por la Dra. Mónica Orozco.

Esta es una invitación abierta para estudiantes del posgrado, profesionales, egresados y colegas. El taller tendrá un cupo limitado para 25 personas y se debe llevar laptop.

Para confirmar asistencia, comuníquese al correo electrónico: prigap.eg@ucr.ac.cr

 

Enviado por Jaime García.

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Brigada de Atención Psicosocial de UCR atiende víctimas de desastres naturales en todo el país

Luego de cualquier evento natural de carácter destructivo, el dolor que embarga a las víctimas por el fallecimiento de amigos, personas de la comunidad, o la pérdida de hogares y otros bienes de familiares, requiere de ayuda capacitada para hacer más llevadero el sufrimiento. Esa es una de las misiones de la Brigada de Atención Psicosocial de la Universidad de Costa Rica (UCR), la única en su tipo en el país, que desde 1983 apoya a las personas afectadas por una catástrofe.

Brigada de Atencion Psicosocial de UCR
Los brigadistas continúan proporcionando su servicio incluso años después del desastre, como ocurrió con los vecinos de Nicoya y Sámara, tras el terremoto ocurrido en setiembre de 2012. Foto: Laura Rodríguez /ODI.

Según relató la M.Sc. Lorena Sáenz, coordinadora de la brigada, antes de que esta iniciativa naciera, la atención que el país brindaba en casos de desastres se centraba, básicamente, en cuidados físicos, provisión de alimentos y hospedaje en albergues. Al inicio de la brigada, el enfoque del servicio era únicamente psicológico, pero después este evolucionó a psicosocial, el cual es transversal e interdisciplinario, pues involucra profesionales provenientes de las escuelas de Geología, Geografía, Medicina, Enfermería y Salud Pública, además de Psicología, así como de la Red Sismológica Nacional.

El cambio también abarcó al paradigma, que pasó de la atención de emergencias a la gestión de riesgo. Este último tiene un carácter más preventivo y permite anticipar las necesidades de las víctimas en caso de una pérdida de cualquier tipo.

La primera clave para la brigada es la capacitación. Sus equipos forman a los Comités Municipales de Emergencias y al menos a un funcionario por unidad académica, así como a una gran cantidad de estudiantes que se incorporan a través del Trabajo Comunal Universitario. Todas estas asesorías se basan en el Manual de Atención Psicosocial. Vale destacar que todos los requerimientos de los 25 brigadistas que se desplazan en caso de emergencias son también aportados por la universidad: colchonetas, camisetas, gorras, botas y cualquier otro material de trabajo.

«No basta ser profesional. Hay que estar capacitado y entrenado para saber qué procesos psicosociales se generan ante una situación de emergencias y cómo atenderlos. El personal debe saber trabajar en jornadas larguísimas, con mucho estrés, críticas, acompañando a las personas ante situaciones como duelo o trauma», explicó la M.Sc. Sáenz.

Trabajo en el campo

Tres son las características básicas que la atención que brinda la brigada debe tener en caso de una emergencia: rápida, oportuna y en el sitio de los acontecimientos.

Cuando una emergencia se presenta, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) convoca a la brigada, de manera coordinada con el Comité Asesor Técnico Psicosocial de la UCR. El Comité de Organización de Emergencias, adscrito a la CNE, y la Escuela Centroamericana de Geología se comunican con el Comité Asesor Técnico de la UCR y explica las proporciones del desastre.

Al llegar al sitio de los hechos, los brigadistas coordinan con el Comité Municipal de Emergencias y con otros equipos como bomberos y Cruz Roja, para escuchar las necesidades y elaboran un plan de trabajo.

«Cuando hablamos con las víctimas, si hay familiares desaparecidos, les explicamos el proceso de esa búsqueda, les ayudamos a afrontar el momento. Si hay fallecidos, los acompañamos a la morgue, les decimos el estado en el que se encuentran sus familiares o amigos, el proceso para la identificación y les ayudamos con la organización de honras fúnebres comunitarias», detalló la M.Sc. Sáenz.

Según la coordinadora, cuando se pierde un ser querido o un bien material que ha costado mucho esfuerzo, el papel del brigadista es escuchar. Luego, se reflejan los sentimientos y se refuerza su capacidad de salir adelante, como lo ha hecho la víctima en otras ocasiones en la vida, con el fin de que reelabore lo sucedido.

La Brigada de Atención Psicosocial también se ofrece como recolectora de alimentos y ropa para llevar a quienes sufrieron el desastre, así como financiamiento para cubrir sus necesidades básicas.

Al terminar la jornada, los brigadistas hacen una pequeña reunión para atender a las personas que ayudaron en la emergencia, pues ellos también resultan afectados por lo ocurrido. Incluso, los mismos voluntarios de la UCR hacen un descargo de lo que vivieron para no desarrollar estrés post trauma.

Una vez que pasa la emergencia, la brigada continúa ayudando a las víctimas por el tiempo que sea necesario. En casos como el terremoto de Cinchona, este equipo siguió colaborando con las comunidades durante dos años. De hecho, todavía se encuentran trabajando con quienes sufrieron los embates del terremoto de Nicoya, ocurrido en 2012.

Los servicios de la Brigada de Atención Psicosocial de la UCR incluso han trascendido las fronteras. Ellos estuvieron presentes en desastres como el huracán Mitch en 1998 o el terremoto de El Salvador en 2014.

 

Información originada desde la Rectoría, UCR.

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